miércoles, 25 de junio de 2014

PICARESCA Y NECESIDAD

Picaresca y necesidad

La Ley de Dependencia, de 2006, se aprobó en plena bonanza. Ahora que toca gestionar la precariedad hay que extremar los controles





La Comunidad de Madrid ha detectado en dos años casi 6.000 casos de ayudas a la Dependencia que se estaban recibiendo indebidamente. 

Las situaciones más extremas son las de familiares que, una vez fallecidos los beneficiarios, seguían cobrando.

La Administración autónoma ha reclamado a los herederos de estas personas cinco millones de euros y ya ha recuperado la mitad del dinero. 

De los seis millones y medio de habitantes que tiene la Comunidad de Madrid, el 1,3% percibe algún tipo de ayuda amparada en la Ley de Dependencia: familiares-cuidadores de enfermos, personas que requieren asistencia domiciliaria o usuarios que acudena los centros de día.

En 2012, la comunidad destinó de promedio 14.300 euros por dependiente (la media nacional fue de 9.200). 

Puede ser que la picaresca esté detrás de algunos de estos cobros irregulares y fraudulentos, pero muchas de las anomalías detectadas tienen un origen bien identificado: el descontrol de la Administración.

A veces, la descoordinación —en forma de duplicidades— juega a favor del beneficiario. Pero no son pocos los casos en los que la burocracia causa que el dependiente reciba una ayuda a la que tiene derecho cuando ya ha muerto.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) alertaba a principios de año de que casi 190.000 personas que tenían reconocido el derecho a alguna de las ayudas recogidas en la ley seguían aguardando. 

La media de espera viene a ser de ocho meses, y no solo por el embrollo del papeleo, sino porque las Administraciones carecen de financiación suficiente y han cortado el grifo a uno de los colectivos más débiles: los mayores con discapacidades.

La Ley de Dependencia, de 2006, fue un gran avance del Gobierno de Zapatero. 

Se aprobó —sin claridad sobre su financiación— en plena bonanza y por eso ha sido una de las que más ha acusado la crisis. 

Ahora que toca gestionar la precariedad hay que extremar los controles: para que no cobren los fallecidos, pero también para que quienes necesitan ayuda la reciban antes de que se mueran.

Fuente  :   http://elpais.com/elpais


LA PROTECCIÓN A LOS DEPENDIENTES SOLO AVANZA A TRAVÉS DE JUICIOS



La protección a los dependientes solo avanza a través de juicios

La justicia es la última esperanza para reconocer las ayudas que la Administración niega

Varios fallos admiten un “anormal funcionamiento” del servicio público


Felisa Pastor (izquierda) y su hija Pilar, en su casa del pueblo valenciano de El Puig. 

El desamparo y la desesperación que sufren miles de personas que tienen derecho a una ayuda pública por ser dependientes acaba en muchos casos en las salas de justicia. 

Cuando la Administración demora los procesos, tarda en conceder las ayudas (hay 184.319 personas con derecho a recibir prestación pendientes de recibirla) o las niega a los herederos, la última esperanza es acudir a los tribunales.

Funcionamiento anormal de la Administración”. “Abandono [de la persona dependiente] a su suerte durante todo el tiempo de tramitación del procedimiento”. “Enriquecimiento injusto” por “la resolución tardía de los expedientes”. 

Estas valoraciones son extractos de fallos en los que los jueces castigan a los servicios sociales autonómicos por su cicatera aplicación del sistema de dependencia. 

Se pueden leer frases como estas en resoluciones emitidas, entre otros, por tribunales de la Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias, Andalucía o Galicia. 

La crisis y los recortes han reducido las prestaciones de la ley y han atascado la concesión de ayudas hasta el punto de que los jueces se están convirtiendo en el último recurso de cientos de usuarios, que acuden a los tribunales para ver reconocidos los derechos que les concede la norma y les niegan sus gobiernos regionales.
Los últimos datos oficiales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), dependiente del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, hablan por sí solos del retroceso que está sufriendo el sistema. A finales de abril había menos personas amparadas por la ley (disfrutando de una plaza de residencia de mayores, ayuda a domicilio, prestación por cuidado en casa…) que cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno, en diciembre de 2011 (734.187 usuarios ahora por 738.587 entonces). Buena parte de ello se debe al atasco que existe en la concesión de ayudas, no solo por los farragosos trámites administrativos de la resolución de los expedientes, sino porque hay autonomías que, amparadas en las estrecheces presupuestarias, congelan la concesión de ayudas económicas o las dan con cuentagotas. De esta forma, las bajas de usuarios que fallecen —la mayoría de los beneficiarios son de edad avanzada— no se compensan con altas, y se reduce el número de beneficiarios.


Muchos de los afectados son personas mayores.

Ello tiene dramáticas consecuencias. Hay miles de personas que se quedan bloqueadas a mitad de camino en la resolución de su expediente, ya que superan las primeras etapas del procedimiento de concesión de ayudas y se les reconoce como personas merecedoras de recibir las prestaciones pero fallecen antes de que la Administración concluya el procedimiento y, por ello, de que comience a abonar las ayudas que les corresponden.

Hay 184.319 personas con derecho a prestaciones que no las reciben.
 
La mayoría de los recursos, presentados por el propio dependiente o por sus herederos, tienen que ver con los retrasos en los trámites que, en teoría, deberían resolverse en un máximo de seis meses. “La ley se está judicializando”, apunta José Manuel Ramírez, de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. “Sin duda, donde más denuncias se presentan es la Comunidad Valenciana, pero también se están moviendo en otras, como por ejemplo Castilla-La Mancha”, añade.

El hecho de que los tribunales de justicia más activos sean los valencianos no es ninguna casualidad. Esta autonomía se encuentra a la cola de toda España en cuanto al grado de implantación y desarrollo del sistema de dependencia, como la asociación de gerentes de servicios sociales pone de manifiesto una y otra vez en sus evaluaciones anuales.

La crisis y los recortes encogen la ley y atascan los expedientes

Buena parte de las quejas en esta autonomía las canaliza la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia. “Resulta muy evidente que la Administración no está cumpliendo la ley y que conculcar la norma le resulta ventajoso”, comenta Sandra Casas, la abogada de esta entidad. En dos años, Casas ha presentado unas 130 denuncias. Medio centenar ya tienen sentencia. Y, comenta, son abrumadoramente favorables hacia los reclamantes.

Como la presentada por Felisa Pastor por el retraso en la atención a su hija Pilar Albenca, de 40 años, que sufre unos severos ataques epilépticos. La solicitud de las ayudas se presentó en octubre de 2008. Han pasado cinco años y siete meses, y Felisa sigue sin percibir la prestación por cuidados familiares que le corresponde. En todo este tiempo, la Generalitat le reconoció una dependencia severa y acordó —en el Plan Individualizado de atención, PIA— una ayuda de 337,25 euros mensuales que no ha abonado. También accedió a un cambio de grado, a gran dependencia, por el empeoramiento de su situación que tampoco se ha aplicado. Pilar se desplaza en silla de ruedas, y sufre hidrocefalia y otros problemas derivados de las complicaciones de una delicada intervención de neurocirugía a la que se sometió para atenuar los ataques epilépticos.

En dos años, la abogada Sandra Casas ha tramitado 130 denuncias

Hartos de la espera, Felisa, de 65 años, y su hijo José Vicente, de 38, se decidieron a acudir a los tribunales. “No nos quedaba otra alternativa, no teníamos nada que perder y mucho que ganar: queríamos que nos reconocieran nuestro derecho”, relata el hermano de Pilar. “Sandra [LA ABOGADA]nos comentó que había más gente en nuestro lugar que estaba ganando casos”, añade. La sentencia, de marzo de este año, les dio la razón, y conmina a la Administración a resolver el expediente y a pagar, en concepto de retrasos, 15.513 euros.

“La prolongada, defectuosa y morosa tramitación del procedimiento (…) genera derecho a indemnización”, apunta el fallo de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. “Dicho derecho nace y deriva de la responsabilidad patrimonial de la Administración por deficiente y anormal funcionamiento del servicio público”, añaden los jueces. En otro momento, los magistrados sostienen que la persona dependiente “fue abandonada a su suerte durante todo el tiempo de tramitación del procedimiento injustificadamente lento y falto de impulso”.

Pronunciamientos similares los han emitido otros tribunales. “La gente se está animando, a la vista de que cada vez hay más sentencias que dan la razón a los reclamantes”, apunta Lorenzo Gutiérrez, presidente del Colegio de Trabajo Social de Murcia. Gutiérrez explica que cuando las personas se quedan a mitad de tramitación del expediente —se les reconoce con derecho a cobrar ayudas como dependientes pero fallecen antes de que se les abonen—, la Administración cierra el procedimiento a los seis meses y no paga el dinero que les corresponde a los herederos de los beneficiarios. Por ello, explica, “la mayor parte de las denuncias se refieren a las reclamaciones que plantean los descendientes por los retrasos y las ayudas no abonadas”.

Es el caso de los hijos de Josefa, que murió el 7 de febrero de 2013, más de un año y medio después de que el Gobierno de Murcia le hubiera reconocido su situación de dependencia y casi dos años después de haber solicitado las ayudas. 

El fallo del juzgado de lo Contencioso Administrativo número ocho de Murcia, también de marzo de este año, acredita “un incumplimiento del plazo [de tramitación de ayudas] que reviste las notas de esencial y significativo que tiene por causa un funcionamiento anormal de la Administración, incompatible con los estándares de racionalidad”. Por ello, otorga a los herederos el derecho a que el Gobierno murciano “abone las prestaciones no percibidas, incrementadas con intereses”.

Hay fallos mucho más contundentes. Como el dictado en 2011 por el juzgado número 10 de lo Contencioso Administrativo de Sevilla relacionado también con el retraso en tramitar un expediente y su archivo por la muerte de la beneficiaria mientras esperaba las ayudas. El juez sostiene que “la morosidad” de la Administración a la hora de resolver el expediente “no le puede suponer el beneficio de ahorrarse una ayuda a todas luces procedente si se hubiera resuelto en el plazo”. Es decir, plantea que no tiene sentido que debido a la tardanza en pagar, si la persona que espera las ayudas muere, la Administración salga beneficiada y no abone la cantidad que le corresponde.

La sentencia añade: “Si amparásemos la actuación administrativa impugnada, estaríamos alentando las dilaciones en la resolución de este tipo de asuntos”. El juez sugiere que, de existir una política expresa de retrasar expedientes para ahorrarse ayudas, “estaríamos probablemente en la órbita del derecho penal”, e indica: “Está claro que la resolución tardía de los expedientes produce a la Administración un enriquecimiento injusto” al no abonar las ayudas por el retraso en resolver los trámites.

Sandra Casas insiste en esta idea. Denuncia que los poderes públicos ahorran cuando retrasan el pago de las prestaciones hasta que el dependiente muere sin cobrarlas. Lo mismo sucede cuando se rebaja el grado de dependencia de los usuarios (y así se abona una prestación menor). O al negarse a pagar a los herederos.

Las personas que se deciden a dar el paso y acudir a un abogado son cada vez más. Especialmente en las autonomías donde la ley funciona peor, como la valenciana. Pero son solo una pequeña cantidad de quienes ven vulnerados sus derechos. No solo por el coste que implica el procedimiento judicial. “Es población vulnerable, muchos de ellos gente mayor sin demasiados recursos ni conocimientos jurídicos básicos”, apunta Sandra Casas. “No saben, por ejemplo que pueden recurrir a abogados de oficio”. “La Administración sabe que solo un pequeño porcentaje de personas reclamarán sus derechos”, apunta. Por ello, “le sale a cuenta incumplir la ley”.

Fuente  :   http://sociedad.elpais.com


sábado, 18 de enero de 2014

CATALUÑA - LAS PRESTACIONES BAJAN UN 5%

Las prestaciones por la ley de la dependencia en Catalunya bajan un 5%

La Generalitat atribuye el descenso a las muertes y a las reformas legislativas


El número de beneficiarios catalanes de la Ley de la dependencia se ha reducido un 1,4% en un año, al pasar de 158.589 en diciembre de 2012 a 156.333 en diciembre de 2013, y la cifra de prestaciones ha caído un 5,5% --han pasado de 122.011 a 115.656 en un año--.

La directora del Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (Icass), Carmela Fortuny, ha atribuido el descenso de beneficiarios y prestaciones a dos factores: a la muerte de una media de 2.200 usuarios al mes --más de la mitad superan los 80 años-- y a las reformas del Estado, que ha obligado a aplazar hasta 2015 los pagos a los dependientes moderados.

La reducción de prestaciones se contrapone al aumento de los servicios, teniendo en cuenta que "el Estado paga menos a las comunidades si no priorizan ofrecer servicios antes que pagar ayudas", ha recordado Fortuny. 

Ha recordado que, al margen de los dependientes moderados que no pueden entrar en el sistema, en Catalunya "ya están resueltos el 96,4% de los casos", y ha recordado que la mayor afluencia de solicitudes para cobrar la dependencia se produjo en los primeros años de la ley.

"Ahora lo que más hay son revisiones porque el estado de la gente con dependencia empeora con los años", ha dicho, y ha recordado que el Estado también ha endurecido los criterios de concesión de los grados, por lo que muchos evitan solicitar revisiones por miedo a perder su nivel.

Derecho reconocido

Los datos también revelan que 66.887 catalanes no recibirán ninguna ayuda hasta julio de 2015 porque su grado de discapacidad es moderado, una catalogación a la que el Estado pospuso del cobro por la falta de recursos económicos.

La cifra supone un 15% más que hace un año, cuando el Gobierno central decretó que los dependientes moderados deberían esperar al menos 36 meses para recibir alguna ayuda económica y eliminó la retroactividad, por lo que los afectados nunca recuperarán el dinero que no han percibido durante el tiempo de espera. 

Entre los dependientes moderados hay personas que necesitan ayuda para algunas actividades básicas --comer, ir al baño o vestirse-- y tienen necesidades de apoyo intermitente.

Fortuny ha recordado que estos usuarios "están atendidos a través de otros sistemas de ayudas de la Generalitat", como el apoyo a la acogida residencial, las prestaciones a discapacitados y las subvenciones a programas de autonomía en la propia vivienda. 

Al aplazamiento hasta julio de 2015 del pago a los dependientes moderados, se suma el recorte del 15% en la prestación de los cuidadores familiares que el Estado decretó en paralelo.

Cuidador familiar

En Catalunya hay ahora 161.436 dependientes que se benefician de algún tipo de prestación o servicio, de los que 109.600 tienen un cuidador familiar, figura que desempeñan principalmente mujeres, por las cuales el Estado ha dejado de cotizar.

"Si una familia quiere cuidar a un dependiente no vamos a negarle esta opción, pero la figura está mutilada por los recortes estatales", ha lamentado Fortuny, que ha recordado que la Generalitat cuenta con programas propios de formación y apoyo a los cuidadores no profesionales.

Fuente  :   elperiodico.com/es


CATALUÑA - LAS PRESTACIONES BAJAN UN 5%

Las prestaciones por la ley de la dependencia en Catalunya bajan un 5%

La Generalitat atribuye el descenso a las muertes y a las reformas legislativas


El número de beneficiarios catalanes de la Ley de la dependencia se ha reducido un 1,4% en un año, al pasar de 158.589 en diciembre de 2012 a 156.333 en diciembre de 2013, y la cifra de prestaciones ha caído un 5,5% --han pasado de 122.011 a 115.656 en un año--.
La directora del Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (Icass), Carmela Fortuny, ha atribuido el descenso de beneficiarios y prestaciones a dos factores: a la muerte de una media de 2.200 usuarios al mes --más de la mitad superan los 80 años-- y a las reformas del Estado, que ha obligado a aplazar hasta 2015 los pagos a los dependientes moderados.
La reducción de prestaciones se contrapone al aumento de los servicios, teniendo en cuenta que "el Estado paga menos a las comunidades si no priorizan ofrecer servicios antes que pagar ayudas", ha recordado Fortuny. 

Ha recordado que, al margen de los dependientes moderados que no pueden entrar en el sistema, en Catalunya "ya están resueltos el 96,4% de los casos", y ha recordado que la mayor afluencia de solicitudes para cobrar la dependencia se produjo en los primeros años de la ley.
"Ahora lo que más hay son revisiones porque el estado de la gente con dependencia empeora con los años", ha dicho, y ha recordado que el Estado también ha endurecido los criterios de concesión de los grados, por lo que muchos evitan solicitar revisiones por miedo a perder su nivel.

Derecho reconocido

Los datos también revelan que 66.887 catalanes no recibirán ninguna ayuda hasta julio de 2015 porque su grado de discapacidad es moderado, una catalogación a la que el Estado pospuso del cobro por la falta de recursos económicos.
La cifra supone un 15% más que hace un año, cuando el Gobierno central decretó que los dependientes moderados deberían esperar al menos 36 meses para recibir alguna ayuda económica y eliminó la retroactividad, por lo que los afectados nunca recuperarán el dinero que no han percibido durante el tiempo de espera. Entre los dependientes moderados hay personas que necesitan ayuda para algunas actividades básicas --comer, ir al baño o vestirse-- y tienen necesidades de apoyo intermitente.
Fortuny ha recordado que estos usuarios "están atendidos a través de otros sistemas de ayudas de la Generalitat", como el apoyo a la acogida residencial, las prestaciones a discapacitados y las subvenciones a programas de autonomía en la propia vivienda. 

Al aplazamiento hasta julio de 2015 del pago a los dependientes moderados, se suma el recorte del 15% en la prestación de los cuidadores familiares que el Estado decretó en paralelo.

Cuidador familiar

En Catalunya hay ahora 161.436 dependientes que se benefician de algún tipo de prestación o servicio, de los que 109.600 tienen un cuidador familiar, figura que desempeñan principalmente mujeres, por las cuales el Estado ha dejado de cotizar.
"Si una familia quiere cuidar a un dependiente no vamos a negarle esta opción, pero la figura está mutilada por los recortes estatales", ha lamentado Fortuny, que ha recordado que la Generalitat cuenta con programas propios de formación y apoyo a los cuidadores no profesionales.


Fuente  :   elperiodico.com



martes, 14 de enero de 2014

AVILA - SENTENCIA PARA APLICAR LA LEY A INTERNOS CENTRO RESIDENCIAL

Los afectados se agrupan en una plataforma

Nueva sentencia para aplicar la Ley de Dependencia a internos en el Centro Residencial

Tras una tercera sentencia a favor de los residentes, familiares de personas que se encuentran en el Centro Residencial Infantas Elena y Cristina han creado una plataforma para exigir el cumplimiento de la Ley de Dependencia por parte de la Junta. 

Y es que las sentencias les dan la razón a quienes habían denunciado que están pagando una residencia pública como si fuera privada.

La plataforma ha dado a conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que considera “improcedente” que los residentes de este centro, con los beneficios reconocidos de la Ley de Dependencia, paguen su plaza íntegramente como si fuera privada.

Se trata de una sentencia del mes de octubre, que se une a otra similar de mayo, en la que se falló de manera similar a favor de una persona interna en la residencia, y a otra en el mismo sentido de 2012.


Sentencia para todos

En la nueva sentencia se fija un criterio “extensible” a todos los afectados, que en Ávila podrían ser más de 40, por lo que algunos familiares han decidido adoptar las medidas necesarias para que la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León garantice el cumplimiento de la Ley de Dependencia.

Las medidas incluirán el requerimiento para que se deje de cobrar como si estas plazas fueran privadas y se cobre únicamente el precio de referencia en cada caso.

Los promotores de la plataforma reclamarán la totalidad de las cantidades que cada residente ha abonado sin tener obligación a ello.

Según han asegurado en un comunicado, tienen constancia de que las administraciones central y autonómica han ingresado a la Diputación de Ávila “toda o parte” de las cantidades que correspondían a los residentes por aplicación de la Ley de Dependencia, aunque institución provincial no ha transferido esas cuantías a los beneficiarios ni se han aplicado a financiar el precio de la plaza residencial.

Consideran que, “de ser así, se habría producido un hecho gravísimo”, ante lo que consideran una posible “indebida retención”.

La Plataforma de Afectados por el Incumplimiento de la Ley de Dependencia del Centro Residencial Infantas Elena y Cristina anuncia denuncias ante los organismos e instancias judiciales, y han invitado a todos los afectaos a agruparse para “depurar responsabilidades”.
 
Fuente  :  avilared.com
 
 

Junta critica "la falta de financiación" del Gobierno a la Ley de Dependencia que beneficia a 28.300 onubenses

La delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, Lourdes Martín, ha criticado "la falta de financiación" por parte del Gobierno central a la Ley de Dependencia que beneficia a 28.300 onubenses en sus distintas prestaciones.
  • Junta critica "la falta de financiación" del Gobierno a la Ley de Dependencia que beneficia a 28.300 onubenses
En una entrevista concedida a Europa Press, la delegada ha señalado que la Ley de Dependencia establecía que las administraciones central y autonómica se hicieran cargo de los recursos al 50 por ciento, pero en la actualidad "la Junta asume el 72 por ciento y el Gobierno tan sólo el 28".
Por ello, a su juicio, "el problema principal es la falta de financiación porque desde que se aprobó la Ley de Dependencia en 2007 esto era un recurso que se pagaba a partes iguales entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía, pero en los últimos años hemos dejado de percibir 314 millones de euros" en Andalucía.
"Esto nos complica la vida a la hora de solucionar esa demanda de personas, sobre todo mayores que solicitan ayudas", según ha remarcado la delegado. Hay que recordar que la ley ofrece distintas prestaciones como ayudas económicas personales, para el cuidado en el ámbito personal, servicio de ayuda a domicilio, centros de día, atención residencial y teleasistencia.
En Huelva, Martín ha señalado que, si se cuentan todos los recursos de los que dispone la Ley de Dependencia, "hay 28.300 beneficiarios de esta ley", lo que supone "una cifra muy importante", pero "lamentablemente no podemos seguir incrementando el número de usuarios debido a la falta de financiación" dado que "ahora es la comunidad autónoma la que hace frente al coste del mantenimiento de la red de usuarios".
Pese a ello, la delegada ha remarcado que para el Gobierno andaluz "la Ley de Dependencia es un pilar básico" y por tanto, aboga por "el mantenimiento de la red de beneficiarios" de la misma. De hecho, en el presupuesto autonómico para esta política social en 2014 se destinarán 1.115 millones a nivel andaluz.
De otro lado, la delegada ha asegurado la incorporación al sistema de dependencia de nuevos usuarios, que se encuentran actualmente en lista de espera, para intentar "poco a poco" ir incorporando a personas a estos servicios, puesto que debido a los "recortes" desde hace dos años no era posible nuevas incorporaciones, a excepción de situaciones de emergencia social importantes.
Así, ha dejado claro que "son pocos los que se suman no por la falta de recursos humanos, sino por la falta de financiación y el déficit tan importante" que padece por parte, a su juicio, del Gobierno central. El pasado año 2013 la administración regional invirtió en Huelva un total de 40 millones de euros en los distintos recursos y prestaciones de la ley.


Leer más:  Junta critica "la falta de financiación" del Gobierno a la Ley de Dependencia que beneficia a 28.300 onubenses  http://www.teinteresa.es/andalucia/huelva/Junta-financiacion-Gobierno-Ley-Dependencia_0_1064293708.html#WaQ1eiMY9pX32mkJ
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INICIATIVA PARLAMENTO

Presentan 250.000 firmas en defensa de la ley de dependencia

La Coordinadora Estatal de las Plataforma defensa de ley de la dependencia (Lapad) y la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales van a presentar en el Parlamento más de 250.000 firmas recogidas a través en una iniciativa ciudadana en defensa del cumplimiento de la ley.

Con esta iniciativa, ambas organizaciones reclaman al Congreso de los Diputados una resolución que obligue al Gobierno a dotar al Sistema de la Dependencia de la partida presupuestaria suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley.

Cuando se cumplen siete años de la entrada en vigor de la ley, la iniciativa ciudadana pretende denunciar "la demolición controlada del Sistema de Atención a la Dependencia tras las tres reformas que ha sufrido la ley por el Gobierno de Rajoy que ha impactado de manera cruel en las personas en situación de dependencia", explican en un comunicado.

Consideran que la política del Gobierno "impide el acceso al sistema de nuevos dependientes o expulsa a los que ya estaban -más de 200.000 se encuentran en el limbo de la dependencia".

Fuente  :   elmundo.es/espana


miércoles, 11 de diciembre de 2013

JAEN - DEPENDIENTES O REHENES POLÍTICOS?

¿Dependientes o rehenes políticos?

La decisión del Ayuntamiento de Jaén de renunciar a la ley de dependencia por los impagos de la Junta de Andalucía abre un camino a imitar por otros municipios

La cuidadora Ana María López atiende a Antonia Carrasco en su casa de Jaén. 



Una ley que gozaba de un amplio consenso político y social aunque la actual crisis económica la ha puesto en la picota. 

Meter la tijera en las políticas sociales parecía una línea roja infranqueable, pero la decisión del Ayuntamiento de Jaén (PP) de renunciar a prestar la dependencia acordada con la Junta de Andalucía parece que ha enseñado el camino a otros municipios.

El Ayuntamiento de Jaén denunció el pasado 1 de octubre el convenio que le vinculaba con la Junta hasta el 3 de diciembre para la prestación de la ayuda a domicilio, la más significativa incluida en el catálogo de la ley de dependencia. 

Según esta norma, la financiación de este servicio corresponde a la Junta, que recibe a su vez parte de los fondos del Estado, mientras que la prestación corresponde a los Ayuntamientos (como es el caso de Jaén) o las Diputaciones en los municipios de menos de 20.000 habitantes.

El Consistorio jiennense, sumido desde hace tiempo en una grave crisis financiera —los empleados aún no han cobrado la nómina de noviembre—, venía demorando, un mes sí y otro también, los pagos a la empresa concesionaria, Multiservicios Jabalcuz. Sus 200 trabajadoras han protagonizado en los últimos meses varias protestas por el impago de sus salarios, la última de ellas con una sonora pitada al alcalde durante el pregón de la feria de octubre.

El alcalde jiennense, el popular José Enrique Fernández de Moya, justificó la denuncia del convenio en la deuda de dos millones de euros que mantenía la Junta con la dependencia, deuda que la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales dice haber rebajado la última semana a 400.000 euros. 

“Hasta aquí hemos llegado”, espetó el regidor jiennense para avalar una decisión que no tiene precedentes en el país. 

El Consistorio jiennense ha presentado ante el TSJA un recurso contencioso-administrativo para reclamar la deuda de la Junta, aunque el conflicto tiene visos de enquistarse judicialmente. “Si hay que ir a los tribunales se va”, avisa Fernández de Moya.

“Si quitan la ayuda me parten”

Antonia Carrasco Gómez vive sola en su piso de la avenida de Andalucía de Jaén. 

Tiene 73 años y padece numerosas dolencias físicas que le reducen su movilidad a lo más mínimo. 

Por eso recibe cada día, durante dos horas, la ayuda domiciliaria de una trabajadora de la empresa concesionaria de la dependencia en Jaén. 

“Por Dios, que no me quiten la ayuda porque si no me parten”, exclama esta anciana, a quien una cuidadora ayuda en las tareas básicas del hogar y la acompaña a realizar las compras. 

Antonia, que también es usuaria de la teleasistencia, es una de las 422 personas dependientes que están amenazadas por la continuidad del servicio en Jaén. Detrás de cada una de ellas hay un drama familiar. 

Alguno tan extremo como el de Manuel Ortega, de 86 años y que, pese a su menguada movilidad, tiene a su cargo a dos personas dependientes: su esposa, de 81 años y enferma de Alzheimer, y su hijo, de 43 años, con síndrome de Down. 
“Que se lo piensen antes de quitar el servicio, para mucha gente la ayuda a domicilio es indispensable”, proclama Manuel. 
Como vital resulta la ayuda a domicilio que recibe a diario Rafaela Castro, otra anciana jiennense considerada gran dependiente por su escasa movilidad. “A muchos usuarios del servicio este clima de inquietud e incertidumbre les está afectando a su salud”, indica María del Carmen García, una de las cuidadoras y presidenta del comité de empresa de la concesionaria. 
Cada una de las 200 cuidadoras tiene a su cargo, al menos, dos familias dependientes. 
Es el caso de Ana María López que, como el resto de compañeras, no oculta su nerviosismo por su incierto futuro laboral. “Nos deben dos nóminas pero seguimos acudiendo a nuestro trabajo porque no podemos abandonar a los usuarios”, comenta. 

Las trabajadoras celebraron el pasado miércoles, primer día de inactividad municipal, una asamblea para valorar el nuevo escenario creado.

De entrada, indicaron que su prioridad es cobrar lo que se les adeuda y lograr una situación de estabilidad laboral. “Todo el mundo seguirá trabajando hasta nueva orden”, indicó la presidenta del comité de empresa. 
A su juicio, entrar a valorar de quién es la competencia para prestar el servicio no es algo que incumba a la plantilla, cuyo único interlocutor no es otro que la empresa que las contrató, Multiservicios Jabalcuz.

La Junta de Andalucía, por su parte, ha cargado contra la “falta de sensibilidad” del alcalde jiennense por haber traspasado una barrera que nadie creía que se atrevería a cruzar. 

La consejera de Salud, María José Sánchez Rubio, puso un ejemplo muy gráfico para ilustrar la gravedad de la decisión del alcalde jiennense: “Imaginen ustedes que nosotros nos desentendemos de los enfermos de la UCI porque el Estado no nos paga”, dijo el pasado miércoles durante una visita al hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

La Administración andaluza ha admitido los retrasos en los pagos a los Ayuntamientos, algo que achaca en buena medida al recorte en las aportaciones que le corresponden al Estado. 

Si hasta hace dos años, la cofinanciación era del 50% entre las dos Administraciones, ahora la Junta aporta el 78% frente al 22% del Gobierno de la nación. Con todo, la consejería se ha comprometido a que antes de fin de año se reduzcan a dos las mensualidades pendientes por la dependencia. 

“Ahora mismo, pagar por adelantado, como se hacía antes, es muy difícil”, indicó la consejera sin ocultar los problemas de liquidez de la Junta.

Pero más allá del debate de los números y del pulso competencial, lo que parece que subyace detrás de este conflicto es una cuestión ideológica. 

“El PP ha convertido al Ayuntamiento de Jaén en banco de pruebas de la derecha radical de este país y en laboratorio de las políticas antisociales”, ha declarado el presidente de la Diputación de Jaén, el socialista Francisco Reyes.

Lejos de desmentir las críticas socialistas, el Partido Popular en Andalucía ha salido en tromba  a apoyar al alcalde jiennense

“Nos ha marcado el rumbo a seguir”, declaró el portavoz parlamentario del PP, Carlos Rojas, en una frase que augura cuál puede ser la postura de los municipios gobernados por los populares en esta materia. 

Y el alcalde jiennense, también presidente provincial del PP, vaticina una “cascada de denuncias de convenios” por parte de otros Ayuntamientos a los que la Junta adeuda dinero.

Los populares, que han presentado una iniciativa parlamentaria para exigir los fondos de la dependencia, estiman que la Junta debe a los Ayuntamientos más de 100 millones por este servicio y critican que el gasto se haya recortado casi a la mitad en los dos últimos años. 

En torno a 20 millones es la deuda con el Ayuntamiento de Sevilla, cuyo alcalde, el también presidente andaluz del PP Juan Ignacio Zoido, ha indicado que sí seguirán prestando la dependencia. 

“Cada Ayuntamiento, según sus posibilidades económicas, tomará el rumbo que estime oportuno”, precisó Carlos Rojas.

Pero el órdago del alcalde jiennense ha ido tan lejos que incluso ha hecho caso omiso de las indicaciones de la Fiscalía de Jaén que, tras abrir diligencias informativas, concluyó que el responsable de la prestación es el Ayuntamiento, aunque también apremia a la Junta a pagar las cantidades que adeuda. 

“El incumplimiento por parte de la Junta en el pago de las transferencias no puede suponer en ningún caso la dejación del servicio por la entidad responsable, sin perjuicio de que esta realice las denuncias políticas y las acciones jurídicas que considere convenientes para su cobro”, se dice en el decreto elaborado por el fiscal encargado de la protección a las personas con discapacidad, Cristóbal Fábregas.

La fiscalía ha aclarado, no obstante, que solo actuará jurídicamente en caso de tener constancia de que se vean conculcados derechos fundamentales entre los beneficiarios de la ayuda a domicilio, algo que todavía no ha sucedido porque las trabajadoras de la empresa concesionaria siguen cuidando a los dependientes pese al limbo legal generado.

Sorprendentemente, la interpretación que Fernández de Moya ha hecho del decreto de la fiscalía no hace albergar demasiadas esperanzas para atisbar una rápida solución al conflicto. 

Tras congratularse de que el fiscal “enmienda la plana” a la Junta al apremiarle a pagar, el alcalde jiennense entiende que la indicación del Ministerio Público tan solo vincula al Ayuntamiento con las 179 personas que reciben la ayuda a domicilio que se presta a nivel municipal, pero no así con relación a los 422 dependientes atendidos dentro del convenio suscrito con la Junta de Andalucía. El PSOE de Jaén ha pedido la dimisión de Fernández de Moya por desoír a la fiscalía.

También sorprende la posición un tanto ambigua que adoptará a partir de ahora el Ayuntamiento jiennense. Por un lado, se desvincula de la prestación del servicio acordado con la Junta pero, al mismo tiempo, asegura que seguirá realizando la tramitación de nuevos expedientes y el seguimiento y valoración de los dependientes. 

“Lo que queremos es dejar de actuar como meros intermediarios en el pago entre la Junta y la empresa concesionaria”, ha indicado la concejala de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro.

Lo peor, en todo caso, es que el alcalde de Jaén ha sugerido que, tras la dependencia, vendrán otros servicios sociales que el Ayuntamiento no podrá seguir prestando. 

Es el caso, por ejemplo, de las cuatro guarderías o escuelas infantiles municipales, cuyas trabajadoras han anunciado una huelga indefinida a partir del día 13 de este mes para reclamar las cuatro nóminas que se les adeudan. 

“A pesar de que el Ayuntamiento culpa constantemente a la Junta, las escuelas infantiles constituyen un servicio municipal desde hace 30 años, y están recogidas en los presupuestos”, señaló María José Ortega, delegada de Personal de Ceian, la cooperativa encargada de gestionar estas escuelas infantiles.

La amenaza pende también sobre el centro especial de empleo, con 85 trabajadores de los que 65 tienen algún tipo de discapacidad. El centro se financia a medias por el Ayuntamiento y el Gobierno andaluz, que debe su parte desde hace dos años. El alcalde ha dicho que el Ayuntamiento ya no tiene dinero para pagar las nóminas de este centro, equivalentes al 50% del Salario Mínimo Interprofesional en el caso de los discapacitados.

En su espiral de enfrentamiento con las instituciones ajenas al PP, Fernández de Moya ha desafiado a la Junta instándole a abonar el millón de euros que debe al centro especial de empleo para así transferir él las cantidades adeudadas a la empresa concesionaria de la dependencia.

En cualquier caso, son muchos los colectivos y las instituciones que apremian al Ayuntamiento de Jaén y a la Junta de Andalucía a ponerse de acuerdo. El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se ha ofrecido para mediar en el enconado conflicto. “El enfrentamiento político entre dos Administraciones no debe afectar a los usuarios más desfavorecidos”, comenta Miguel Ángel Cazalilla, de UGT.

Por su parte, el sindicato CC OO dice no haberse sorprendido por la decisión del Ayuntamiento jiennense. “El PP lleva detrás de ello mucho tiempo, como un objetivo que tiene que cumplir. 

Y este alcalde ya lo ha cumplido: empezó con la disminución de calidad de la atención en domicilio, rebajando horas de atención a los usuarios, obligando de esta manera a que las únicas personas que pudieran acceder a estos cuidados fueran aquellas que lo puedan pagar”, indicó el sindicato en un comunicado.

El incierto futuro laboral para 200 cuidadoras

El Ayuntamiento de Jaén adjudicó en 2011 el servicio de la dependencia a la empresa Multiservicios Jabalcuz. 

Lo hizo por un periodo de cuatro años aunque renovables hasta los 24. 

El alcalde jiennense, José Enrique Fernández de Moya, presume de que la licitación y adjudicación del servicio se hizo en un tiempo récord, en apenas dos semanas, tras la renuncia unilateral de la anterior empresa, Macrosad, también acuciada por los impagos. 

Un tiempo que le sirve al regidor jiennense para apremiar a la Junta de Andalucía a asumir la prestación de la dependencia de manera directa. 

“Ha tenido dos meses, desde que denunciamos el convenio, para reestructurar el servicio”, indica De Moya, convencido de que la futura Ley de Administración local que prepara el Gobierno de la nación clarificará las competencias de cada organismo en políticas sociales. 

Sin embargo, el alcalde de Jaén sigue sin definir en qué situación queda ahora la empresa concesionaria una vez que el Ayuntamiento ha denunciado el convenio con la Junta. 

Si no hay prestación del servicio, no se entiende muy bien cuál es el papel que desempeña la concesionaria. Un limbo legal que ha generado la lógica zozobra entre las 200 trabajadoras de la empresa. 

“Claro que hay mucha inquietud por nuestro futuro laboral”, admite Mari Carmen García, presidenta del comité de empresa.

Al igual que piensa la oposición municipal, las trabajadoras sostienen que detrás de los impagos de sus nóminas se encuentra el desvío de fondos que hace el equipo de gobierno para pagar otros gastos con el dinero que le llega de la dependencia. 

El alcalde niega la mayor y dice que todo el dinero que reciben de la Junta lo transfieren a la empresa concesionaria, pero lo cierto es que entre lo que el Consistorio adeuda a Multiservicios Jabalcuz —en torno a dos millones y medio—, y lo que la Junta adeuda a la ciudad —400.000 euros, según el último dato ofrecido por la Administración autonómica— hay un desfase que supera los dos millones. 

“El PSOE también ocultó un desvío de fondos por más de tres millones en el anterior mandato municipal”, se defiende Fernández de Moya. 

Mientras tanto, el sindicato Comisiones Obreras ha alertado que la polvareda creada en torno a la dependencia en Jaén “está tapando todos los despidos que la empresa Multiservicios Jabalcuz lleva realizando desde hace dos meses y que ha ocasionado un cese del 10% de la plantilla”. 

El sindicato pide la readmisión de todos los despedidos, muchos de ellos afiliados a CC OO.

Fuente  :   elpais.com/ccaa