IU denuncia que más de mil abulenses esperan las ayudas de la Dependencia
Alberto Novoa e Isabel Casillas achacan esta situación, que afecta sobre todo al medio rural, a una«burocratización excesiva y lenta»
Izquierda Unida de Ávila denunció ayer que una «burocratización excesivamente lenta y densa» en la aplicación de la Ley de Dependencia está dejando «a más de mil personas en Ávila pendientes de resolución o de la declaración de la situación de dependencia».
Son palabras de José Alberto Novoa, coordinador provincial de IU, que explica que esa tramitación excesiva está «afectando principalmente al medio rural, porque si las resoluciones en condiciones normales deberían salir en seis meses como máximo, en algunos casos se están alargando hasta 15 meses».
Esto, continuó, «está provocando situaciones dramáticas, como que hay personas pendientes de resolución que ya han fallecido» y otras «en situación de desamparo».
Por ello «exigimos a la Junta un esfuerzo político y administrativo para que resuelva cuanto antes las más de mil solicitudes pendientes de este beneficio», lamentó.
En la misma línea se expresó Isabel Casillas, coordinadora de áreas de IU, que aseguró que «falta una gran voluntad política por parte del PP para que la ley sea efectiva y cumpla su objetivo; si se necesitan más recursos tienen que ponerse sobre la mesa», subrayó.
IU aportó datos sobre la situación de la aplicación de la ley en la provincia, citando fuentes de la Junta. De las 4.547 solicitudes recibidas a 30 de junio, 413 están pendientes de respuesta y 4.113 tienen reconocida la situación de dependencia, pero «a 665 se les están reclamando algún tipo de dato o requisito por la excesiva burocracia», remarcó Novoa.
Según la ley las solicitudes de los grandes dependientes deberían haber estado resueltas en 2007 y las de los dependientes severos, en 2008 y 2009. «Como no están resueltos los primeros, los siguientes siguen sin tener derecho a ello», lamentó Casillas, que a eso añadió la queja de los trabajadores sociales de esa excesiva burocratización, que lleva a «tener que rellenar hasta once folios».
Fuente: diariodeavila_digital
martes, 28 de julio de 2009
PRINCIPADO DE ASTURIAS. ESFUERZO POR FINANCIAR LA LEY DE DEPENDENCIA
LOS RECURSOS PARA CUBRIR UNO DE LOS PUNTALES DE LOS SERVICIOS SOCIALES.
El Principado equilibra el esfuerzo para financiar la ley de Dependencia
Los 50 millones de procedentes del nuevo modelo compensarán la aportación estatal.El Gobierno regional gasta anualmente más de 180 millones de los que el 30% llegan de Madrid.
La ley de Dependencia se lleva uno de los grandes pellizcos presupuestarios del Principado en los últimos años. El diagnóstico del número de dependientes duplicó de largo las expectativas y los costes de aplicación se dispararon, pero la premura de los acontecimientos no respetó la teórica igualdad de financiación entre el Estado y las comunidades.
Según explicó el consejero de Economía y Hacienda, Jaime Rabanal, a LA VOZ la aportación de alrededor de 50 millones de euros que Asturias se llevará del fondo específico para Dependencia que se articula en el nuevo modelo de financiación equilibrará prácticamente el esfuerzo de ambas administraciones para asumir los costes de la ley.
Hasta ahora el Principado viene gastando anualmente en la ley de Dependencia alrededor de 180 millones de euros, de los que el 30% llegan desde el Gobierno central. En más de una ocasión, el Gobierno regional ha admitido la deuda del Ejecutivo central y el sobreesfuerzo que por ello tenía que asumir.
El agujero de la Dependencia es uno de los problemas que en los últimos ejercicios han tenido que enfrentar las comunidades.
En teoría, un tercio de los costes de la ley tendrían que se asumidos por el copago de los servicios por parte de los usuarios, pero Asturias aún está lejos de esa cifra ya que ni siquiera tiene completada la articulación legal necesaria para ponerlo en marcha.
El otro 70 por ciento de la financiación total tendría que repartirse a partes iguales entre ambas administraciones , y ése el desajuste que corregirá el nuevo fondo para dependencia que se crea en el modelo de financiación porque era mucho mayor el esfuerzo realizado por el Principado que el que realizaba el Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales.
EL FONDO
El Principado fue la primera región que planteó que la financiación de la ley de Dependencia fuera uno de los elementos del nuevo sistema de financiación. El Gobierno articuló un fondo específico para este fin en el que los criterios de adjudicación son dos.
Por un lado, las regiones recibirán fondos según el número de dependientes que ya estén valorados y además, se repartirá otro montante en función de los potencialmente dependientes.
Ese mecanismo de reparto pretende que las comunidades con un mayor retraso en el desarrollo de la ley agilicen los trámites y las valoraciones.
Los principales objetivos de esta medida son las comunidades gobernadas por el PP en el que la puesta en marcha de la norma ha topado con muchos reparos de las administraciones regionales. En más de una ocasión los responsables del Ministerio han puesto como ejemplo a Asturias por la rapidez del desarrollo que ha logrado en la aplicación de la ley.
Fuente: lavozdeasturias.es
El Principado equilibra el esfuerzo para financiar la ley de Dependencia
Los 50 millones de procedentes del nuevo modelo compensarán la aportación estatal.El Gobierno regional gasta anualmente más de 180 millones de los que el 30% llegan de Madrid.
La ley de Dependencia se lleva uno de los grandes pellizcos presupuestarios del Principado en los últimos años. El diagnóstico del número de dependientes duplicó de largo las expectativas y los costes de aplicación se dispararon, pero la premura de los acontecimientos no respetó la teórica igualdad de financiación entre el Estado y las comunidades.
Según explicó el consejero de Economía y Hacienda, Jaime Rabanal, a LA VOZ la aportación de alrededor de 50 millones de euros que Asturias se llevará del fondo específico para Dependencia que se articula en el nuevo modelo de financiación equilibrará prácticamente el esfuerzo de ambas administraciones para asumir los costes de la ley.
Hasta ahora el Principado viene gastando anualmente en la ley de Dependencia alrededor de 180 millones de euros, de los que el 30% llegan desde el Gobierno central. En más de una ocasión, el Gobierno regional ha admitido la deuda del Ejecutivo central y el sobreesfuerzo que por ello tenía que asumir.
El agujero de la Dependencia es uno de los problemas que en los últimos ejercicios han tenido que enfrentar las comunidades.
En teoría, un tercio de los costes de la ley tendrían que se asumidos por el copago de los servicios por parte de los usuarios, pero Asturias aún está lejos de esa cifra ya que ni siquiera tiene completada la articulación legal necesaria para ponerlo en marcha.
El otro 70 por ciento de la financiación total tendría que repartirse a partes iguales entre ambas administraciones , y ése el desajuste que corregirá el nuevo fondo para dependencia que se crea en el modelo de financiación porque era mucho mayor el esfuerzo realizado por el Principado que el que realizaba el Ministerio de Sanidad y Políticas Sociales.
EL FONDO
El Principado fue la primera región que planteó que la financiación de la ley de Dependencia fuera uno de los elementos del nuevo sistema de financiación. El Gobierno articuló un fondo específico para este fin en el que los criterios de adjudicación son dos.
Por un lado, las regiones recibirán fondos según el número de dependientes que ya estén valorados y además, se repartirá otro montante en función de los potencialmente dependientes.
Ese mecanismo de reparto pretende que las comunidades con un mayor retraso en el desarrollo de la ley agilicen los trámites y las valoraciones.
Los principales objetivos de esta medida son las comunidades gobernadas por el PP en el que la puesta en marcha de la norma ha topado con muchos reparos de las administraciones regionales. En más de una ocasión los responsables del Ministerio han puesto como ejemplo a Asturias por la rapidez del desarrollo que ha logrado en la aplicación de la ley.
Fuente: lavozdeasturias.es
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA RETIRA LA AYUDA DOMICILIARIA
Ley de Dependencia El PSPV denuncia que el Ayuntamiento de Valencia retira la ayuda domiciliaria
El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia ha denunciado que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia está retirando las ayudas domiciliarias a las personas a las que la Generalitat les ha reconocido alguna de las prestaciones sociales o ayudas económicas previstas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia.
Así lo indicó en un comunicado el concejal socialista Julio Such, quien explicó que "son muchas las personas que vienen denunciando que el dinero que perciben por la aplicación de la Ley de Dependencia, en torno a 300 euros, no es suficiente para contratar el mismo número de horas de servicio que le prestaba el Ayuntamiento por ninguna de las empresas que constan en la relación que les han facilitado".
Por ello, Such ha presentado unas preguntas al próximo pleno municipal en las que se interesa por la cuantía destinada al servicio en 2009, a cuántas personas se les ha comunicado que dejarán de recibir las prestaciones y cuánta reducción de gasto pretende conseguir el Ayuntamiento.
El representante socialista consideró que la actuación del equipo de gobierno del Partido Popular es "irresponsable" pues "como consecuencia de su continua voluntad de enfrentamiento con el gobierno central está vulnerando el espíritu de una ley llamada a convertirse en el cuarto pilar del estado del bienestar", censuró.
Asimismo, Such recordó que la Ley de Dependencia "promueve la colaboración y la corresponsabilidad de las administraciones en la atención a los discapacitados y, en ningún caso, establece que las ayudas y prestaciones que prevé hayan de sustituir a las ya vigentes".
"Más bien, se pretende que sean acumulativas para aumentar el bienestar de los beneficiados", explicó el representante socialista, quien exigió al Ayuntamiento que restituya las ayudas. "¿Cuánto dinero pretende ahorrarse el Partido Popular a costa de vulnerar el espíritu de la norma y dejar de cubrir las necesidades de los dependientes?", se preguntó el edil.
Julio Such recordó que el Servicio de Atención Doméstica (SAD) es gratuito para las personas con escasos recursos económicos, mientras que el resto realiza una aportación económica por hora de servicio, en función de sus ingresos. Esta medida forma parte del Plan de Servicios Sociales para la Inclusión Social 2006-2010, que contempla un presupuesto para el SAD de 2009 de 5.565.069 euros y de 6.200.000 euros para el 2010.
Fuente: Europa Press Comunitat Valenciana
El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia ha denunciado que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia está retirando las ayudas domiciliarias a las personas a las que la Generalitat les ha reconocido alguna de las prestaciones sociales o ayudas económicas previstas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia.
Así lo indicó en un comunicado el concejal socialista Julio Such, quien explicó que "son muchas las personas que vienen denunciando que el dinero que perciben por la aplicación de la Ley de Dependencia, en torno a 300 euros, no es suficiente para contratar el mismo número de horas de servicio que le prestaba el Ayuntamiento por ninguna de las empresas que constan en la relación que les han facilitado".
Por ello, Such ha presentado unas preguntas al próximo pleno municipal en las que se interesa por la cuantía destinada al servicio en 2009, a cuántas personas se les ha comunicado que dejarán de recibir las prestaciones y cuánta reducción de gasto pretende conseguir el Ayuntamiento.
El representante socialista consideró que la actuación del equipo de gobierno del Partido Popular es "irresponsable" pues "como consecuencia de su continua voluntad de enfrentamiento con el gobierno central está vulnerando el espíritu de una ley llamada a convertirse en el cuarto pilar del estado del bienestar", censuró.
Asimismo, Such recordó que la Ley de Dependencia "promueve la colaboración y la corresponsabilidad de las administraciones en la atención a los discapacitados y, en ningún caso, establece que las ayudas y prestaciones que prevé hayan de sustituir a las ya vigentes".
"Más bien, se pretende que sean acumulativas para aumentar el bienestar de los beneficiados", explicó el representante socialista, quien exigió al Ayuntamiento que restituya las ayudas. "¿Cuánto dinero pretende ahorrarse el Partido Popular a costa de vulnerar el espíritu de la norma y dejar de cubrir las necesidades de los dependientes?", se preguntó el edil.
Julio Such recordó que el Servicio de Atención Doméstica (SAD) es gratuito para las personas con escasos recursos económicos, mientras que el resto realiza una aportación económica por hora de servicio, en función de sus ingresos. Esta medida forma parte del Plan de Servicios Sociales para la Inclusión Social 2006-2010, que contempla un presupuesto para el SAD de 2009 de 5.565.069 euros y de 6.200.000 euros para el 2010.
Fuente: Europa Press Comunitat Valenciana
MURCIA. MAS DE 16.000 MURCIANOS TIENE RECONOCIDO EL DERECHO A BENEFICIO DE LA LEY DE LA DEPENDENCIA
Un total de 16.661 personas de la Región de Murcia tienen reconocido el derecho a beneficiarse de la Ley de Dependencia, según ha dicho hoy el delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, durante el acto de colocación de sendas primeras piedras de dos centros para discapacitados en Lorca.
González Tovar ha recordado que el Gobierno central ha destinado a la Región una partida de 11'3 millones de euros para el desarrollo de proyectos de atención a personas dependientes, con cargo al Plan E, entre los que se encuentran los que han comenzado a ser construidos en las pedanías lorquinas de Purias y La Hoya.
En total los proyectos que beneficiarán a la región conllevarán la creación o adaptación de 1.135 plazas para personas dependientes en residencias, centros de día, servicios para la promoción de la autoría personal y alojamientos particulares.
La puesta en marcha de estos proyectos, seleccionados por el Gobierno regional, supondrán la creación de casi 600 puestos de trabajo en toda la Región de Murcia.
Fuente: EFE - 27 de julio
González Tovar ha recordado que el Gobierno central ha destinado a la Región una partida de 11'3 millones de euros para el desarrollo de proyectos de atención a personas dependientes, con cargo al Plan E, entre los que se encuentran los que han comenzado a ser construidos en las pedanías lorquinas de Purias y La Hoya.
En total los proyectos que beneficiarán a la región conllevarán la creación o adaptación de 1.135 plazas para personas dependientes en residencias, centros de día, servicios para la promoción de la autoría personal y alojamientos particulares.
La puesta en marcha de estos proyectos, seleccionados por el Gobierno regional, supondrán la creación de casi 600 puestos de trabajo en toda la Región de Murcia.
Fuente: EFE - 27 de julio
ALBACETE. LA LEY DE LA DEPENDENCIA LLEGA A 5.646 ALBACETEÑOS
La delegada provincial de Salud y Bienestar Social, Angelina Martínez, aseguró ayer que la crisis no está afectando a la Ley de Dependencia.
Martínez explicó que, a 24 de julio, en la provincia de Albacete se habían registrado 13.834 solicitudes; se habían realizado 12.158 valoraciones; 8.945 resoluciones y un total de 5.646 personas estaban recibiendo algún tipo de servicio.
La delegada quiso hacer un balance de los dos últimos años de gobierno de José María Barreda en Castilla-La Mancha, lo que le llevó a destacar que prestaciones como la ayuda a domicilio llegan a diario a 3.000 usuarios y la teleasistencia, que permite vigilar a los mayores durante las 24 horas del día, ya está presente en 6.108 viviendas.
En total, ya son 7.000 las viudas que reciben ayudas complementarias a su pensión; las plazas en residencias se han incrementado un 10% y la tarjeta naranja, la que permite que los mayores viajen gratis en el autobús, ya ha llegado a 8.037 personas.
Angelina Martínez repasó uno por uno los servicios que presta su Delegación, haciendo hincapié en que el gasto sanitario per cápita en Castilla-La Mancha supera en 100 euros a la media nacional. La delegada recordó que la Junta trabaja con el movimiento asociativo y dispone de 5.203 trabajadores, sólo en el Sescam, para alcanzar sus objetivos.
Fuente: laverdad.es - 28 de julio
Martínez explicó que, a 24 de julio, en la provincia de Albacete se habían registrado 13.834 solicitudes; se habían realizado 12.158 valoraciones; 8.945 resoluciones y un total de 5.646 personas estaban recibiendo algún tipo de servicio.
La delegada quiso hacer un balance de los dos últimos años de gobierno de José María Barreda en Castilla-La Mancha, lo que le llevó a destacar que prestaciones como la ayuda a domicilio llegan a diario a 3.000 usuarios y la teleasistencia, que permite vigilar a los mayores durante las 24 horas del día, ya está presente en 6.108 viviendas.
En total, ya son 7.000 las viudas que reciben ayudas complementarias a su pensión; las plazas en residencias se han incrementado un 10% y la tarjeta naranja, la que permite que los mayores viajen gratis en el autobús, ya ha llegado a 8.037 personas.
Angelina Martínez repasó uno por uno los servicios que presta su Delegación, haciendo hincapié en que el gasto sanitario per cápita en Castilla-La Mancha supera en 100 euros a la media nacional. La delegada recordó que la Junta trabaja con el movimiento asociativo y dispone de 5.203 trabajadores, sólo en el Sescam, para alcanzar sus objetivos.
Fuente: laverdad.es - 28 de julio
CASTILLA-LA MANCHA "EL DESARROLLO DE LA LEY ES SATISFACTORIO"
El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, aseguró hoy en Santander que el desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia "es satisfactorio" en Castilla-La Mancha, con un total de 22.775 personas que ya han hecho efectivo este nuevo derecho social mediante el cobro de una prestación económica o la atención en un centro o servicio especializado.
Lamata hizo estas declaraciones durante su participación, junto a otros consejeros autonómicos, en una mesa redonda sobre el empleo y la ejecución de esta ley por las comunidades autónomas que ha sido organizada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Fundación Once, informó la Junta en un comunicado.
En su intervención, el consejero indicó que Castilla-La Mancha se encuentra por encima de la media en el proceso de aplicación de la Ley de la Dependencia, tanto en solicitudes como en valoraciones, dictámenes, prestaciones a cuidadores o atención residencial.
Así, Castilla-La Mancha es la quinta comunidad autónoma en cuanto a número de beneficiarios con derecho a prestación por cada 1.000 habitantes y la sexta en cuanto a dictámenes de grado y nivel emitidos.
Para el consejero, Castilla-La Mancha se encuentra en una situación favorable para implantar este nuevo derecho ciudadano, porque dispone de una de las redes más extensas de España para la atención de las personas mayores y las personas con discapacidad, por lo que a día de hoy la inmensa mayoría de las personas con gran dependencia disfrutan de una plaza en los numerosos recursos públicos destinados a mejorar su calidad de vida.
UN 24% MÁS DE PLAZAS
En ese sentido, Lamata recordó que en los dos primeros años de legislatura ha aumentado un 24% el número de plazas residenciales para personas mayores en Castilla-La Mancha y que el programa de teleasistencia cuenta con 37.000 beneficiarios y el de ayuda a domicilio, 31.000, casi un 20% más que hace dos años.
La dependencia supone, según el responsable regional, la apuesta en el ámbito social más relevante del presente y del futuro próximo en España, ya que avanza en la consolidación del cuarto pilar del Estado del Bienestar, tras la universalización de la educación y la sanidad y el establecimiento de un sistema público de pensiones.
El consejero destacó el esfuerzo importante que están llevando a cabo los equipos de valoración y todos los trabajadores que realizan su labor en el ámbito de la Dependencia, para que las personas que solicitan este tipo de prestaciones puedan disponer de ellas lo antes posible.
Cada día 250 profesionales se dedican de forma específica a desarrollar e implantar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha, entre personal administrativo, técnico y valoradores a domicilio.
Una labor que se complementa con la que ejercen todas las entidades, asociaciones, ayuntamientos y Cruz Roja, que colaboran con la Administración regional en el desarrollo de este nuevo derecho ciudadano.
Además, el consejero recalcó que la decisión del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, de unificar en una única Consejería las políticas de salud y bienestar social es una oportunidad para acelerar el desarrollo gradual de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, teniendo siempre en cuenta el actual contexto de crisis económica y la necesidad de que haya una financiación estable y suficiente para garantizar su aplicación progresiva hasta 2015.
NICHO LABORAL
Respecto al impacto de la ley en el mercado laboral, el consejero indicó que se puede estimar en más de 4.500, los puestos de trabajo creados en la aplicación del Sistema de Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha, siendo Castilla-La Mancha la tercera comunidad autónoma que más altas en la Seguridad Social tiene en el Convenio Especial de Cuidadores no Profesionales de Personas en Situación de Dependencia.
También recordó que el convenio suscrito este año entre los Gobierno de Castilla-La Mancha y de España para dotar de un fondo adicional de 21,4 millones de euros a la región para el desarrollo del sistema de atención a la dependencia puede crear más de 1.800 puestos de trabajo en el ámbito sociosanitario.
Por último, el consejero señaló las actuaciones del Gobierno regional para promover la integración de las personas con discapacidad en el mercado laboral.
En esa línea, indicó que en los 96 centros especiales de empleo de la región hay más de 1.700 trabajadores con discapacidad y otros 320 tiene un empleo de calidad con apoyo de la Junta. Además, 37 autónomos han recibido ayuda del Ejecutivo regional para la puesta en marcha de sus proyectos empresariales y más de 1.000 trabajadores con discapacidad están realizando o van a realizar un itinerario personalizado de inserción sociolaboral.
Para Lamata, una de las tareas de las administraciones públicas es promover la aplicación de las prestaciones de asistencia personal previstas por la ley para las personas con gran dependencia, ya que facilitará al beneficiario de esta ayuda que esté en edad laboral su incorporación al mercado del trabajo.
Fuente: Europa Press - 27 de julio
Lamata hizo estas declaraciones durante su participación, junto a otros consejeros autonómicos, en una mesa redonda sobre el empleo y la ejecución de esta ley por las comunidades autónomas que ha sido organizada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Fundación Once, informó la Junta en un comunicado.
En su intervención, el consejero indicó que Castilla-La Mancha se encuentra por encima de la media en el proceso de aplicación de la Ley de la Dependencia, tanto en solicitudes como en valoraciones, dictámenes, prestaciones a cuidadores o atención residencial.
Así, Castilla-La Mancha es la quinta comunidad autónoma en cuanto a número de beneficiarios con derecho a prestación por cada 1.000 habitantes y la sexta en cuanto a dictámenes de grado y nivel emitidos.
Para el consejero, Castilla-La Mancha se encuentra en una situación favorable para implantar este nuevo derecho ciudadano, porque dispone de una de las redes más extensas de España para la atención de las personas mayores y las personas con discapacidad, por lo que a día de hoy la inmensa mayoría de las personas con gran dependencia disfrutan de una plaza en los numerosos recursos públicos destinados a mejorar su calidad de vida.
UN 24% MÁS DE PLAZAS
En ese sentido, Lamata recordó que en los dos primeros años de legislatura ha aumentado un 24% el número de plazas residenciales para personas mayores en Castilla-La Mancha y que el programa de teleasistencia cuenta con 37.000 beneficiarios y el de ayuda a domicilio, 31.000, casi un 20% más que hace dos años.
La dependencia supone, según el responsable regional, la apuesta en el ámbito social más relevante del presente y del futuro próximo en España, ya que avanza en la consolidación del cuarto pilar del Estado del Bienestar, tras la universalización de la educación y la sanidad y el establecimiento de un sistema público de pensiones.
El consejero destacó el esfuerzo importante que están llevando a cabo los equipos de valoración y todos los trabajadores que realizan su labor en el ámbito de la Dependencia, para que las personas que solicitan este tipo de prestaciones puedan disponer de ellas lo antes posible.
Cada día 250 profesionales se dedican de forma específica a desarrollar e implantar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha, entre personal administrativo, técnico y valoradores a domicilio.
Una labor que se complementa con la que ejercen todas las entidades, asociaciones, ayuntamientos y Cruz Roja, que colaboran con la Administración regional en el desarrollo de este nuevo derecho ciudadano.
Además, el consejero recalcó que la decisión del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, de unificar en una única Consejería las políticas de salud y bienestar social es una oportunidad para acelerar el desarrollo gradual de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, teniendo siempre en cuenta el actual contexto de crisis económica y la necesidad de que haya una financiación estable y suficiente para garantizar su aplicación progresiva hasta 2015.
NICHO LABORAL
Respecto al impacto de la ley en el mercado laboral, el consejero indicó que se puede estimar en más de 4.500, los puestos de trabajo creados en la aplicación del Sistema de Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha, siendo Castilla-La Mancha la tercera comunidad autónoma que más altas en la Seguridad Social tiene en el Convenio Especial de Cuidadores no Profesionales de Personas en Situación de Dependencia.
También recordó que el convenio suscrito este año entre los Gobierno de Castilla-La Mancha y de España para dotar de un fondo adicional de 21,4 millones de euros a la región para el desarrollo del sistema de atención a la dependencia puede crear más de 1.800 puestos de trabajo en el ámbito sociosanitario.
Por último, el consejero señaló las actuaciones del Gobierno regional para promover la integración de las personas con discapacidad en el mercado laboral.
En esa línea, indicó que en los 96 centros especiales de empleo de la región hay más de 1.700 trabajadores con discapacidad y otros 320 tiene un empleo de calidad con apoyo de la Junta. Además, 37 autónomos han recibido ayuda del Ejecutivo regional para la puesta en marcha de sus proyectos empresariales y más de 1.000 trabajadores con discapacidad están realizando o van a realizar un itinerario personalizado de inserción sociolaboral.
Para Lamata, una de las tareas de las administraciones públicas es promover la aplicación de las prestaciones de asistencia personal previstas por la ley para las personas con gran dependencia, ya que facilitará al beneficiario de esta ayuda que esté en edad laboral su incorporación al mercado del trabajo.
Fuente: Europa Press - 27 de julio
EL CERMI PIDE UN PACTO INTERINSTITUCIONAL PARA EVITAR 17 SUBSISTEMAS DE ATENCION A DEPENDIENTES
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, solicitó hoy a las instituciones estatales, autonómicas y locales que lleguen a un acuerdo para mejorar el despliegue de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que "incumple plazos y mandatos, además de empezar a originar 17 subsistemas de atención".
Durante su intervención en un seminario sobre dependencia, que se está desarrollando dentro de los Cursos de Verano 2009 de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), con la organización de la Fundación ONCE y la colaboración de la Federación de Residencias y Servicios de Atención a Mayores (Lares), Pérez Bueno indicó que la norma "no está siendo ejemplar, ni está a la altura de las expectativas".
Asimismo, denunció que la puesta en práctica de la Ley de Dependencia está "dejando de lado" el fomento de la autonomía personal, dando, a su juicio, poca capacidad de participación a los usuarios y ofreciendo una información "muy deficiente y fragmentada" de su desarrollo.
La puesta en marcha del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) no ha desarrollado, según el presidente, el Plan de promoción de la Autonomía para los menores de tres años, pese a que 3.000 niños de esta edad ya son beneficiarios de la norma, ni el relativo a la prevención de la situación de la dependencia.
Fuente: Europa Press - 27 de julio
Durante su intervención en un seminario sobre dependencia, que se está desarrollando dentro de los Cursos de Verano 2009 de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), con la organización de la Fundación ONCE y la colaboración de la Federación de Residencias y Servicios de Atención a Mayores (Lares), Pérez Bueno indicó que la norma "no está siendo ejemplar, ni está a la altura de las expectativas".
Asimismo, denunció que la puesta en práctica de la Ley de Dependencia está "dejando de lado" el fomento de la autonomía personal, dando, a su juicio, poca capacidad de participación a los usuarios y ofreciendo una información "muy deficiente y fragmentada" de su desarrollo.
La puesta en marcha del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) no ha desarrollado, según el presidente, el Plan de promoción de la Autonomía para los menores de tres años, pese a que 3.000 niños de esta edad ya son beneficiarios de la norma, ni el relativo a la prevención de la situación de la dependencia.
Fuente: Europa Press - 27 de julio
jueves, 23 de julio de 2009
CORDOBA. 18.600 PERSONAS SE BENEFICIARAN DE LA LEY DE LA DEPENDENCIA
La delegada provincial para la Igualdad y el Bienestar Social, Silvia Cañero, presidió ayer el Consejo Provincial de Mayores, un órgano de participación de estos en el ámbito de la política social, en el que insistió sobre uno de los puntos claves del orden del día, la ley de dependencia.
Cañero afirmó que de las 34.000 solicitudes que se presentaron en junio, ya se ha valorado un 80%. Como resultado, un total de 18.600 personas recibirán las ayudas de esta ley, de las cuales, 14.000 ya gozan de ellas.
"Córdoba es una provincia con un alto nivel de envejecimiento, aunque esto no implica que todas las personas envejecidas sean dependientes", afirmó la delegada, quien informó de que la zona norte de Córdoba es la más envejecida, si bien es cierto que a su vez, es una provincia activa en cuanto a las actividades ofertadas a un sector que constituye más del 15% de la población española, ya que cuenta con 26 centros de día, en los que colaboran 65.000 socios aproximadamente.
"La pirámide poblacional se ha invertido por completo. De 1990 a 2007 el numero de personas mayores de 65 años se ha multiplicado por siete, y el número de personas mayores de 80 años se ha multiplicado por 12", declaró Silvia Cañero, por lo que desde esta delegación, se cree que este aumento en la población de mayor edad implica mantenerse muy activos en las políticas sociales que atañen a este colectivo, con cursos que inviten a realizar actividades saludables.
Fuente: diariocordoba.com - 23 de julio
Cañero afirmó que de las 34.000 solicitudes que se presentaron en junio, ya se ha valorado un 80%. Como resultado, un total de 18.600 personas recibirán las ayudas de esta ley, de las cuales, 14.000 ya gozan de ellas.
"Córdoba es una provincia con un alto nivel de envejecimiento, aunque esto no implica que todas las personas envejecidas sean dependientes", afirmó la delegada, quien informó de que la zona norte de Córdoba es la más envejecida, si bien es cierto que a su vez, es una provincia activa en cuanto a las actividades ofertadas a un sector que constituye más del 15% de la población española, ya que cuenta con 26 centros de día, en los que colaboran 65.000 socios aproximadamente.
"La pirámide poblacional se ha invertido por completo. De 1990 a 2007 el numero de personas mayores de 65 años se ha multiplicado por siete, y el número de personas mayores de 80 años se ha multiplicado por 12", declaró Silvia Cañero, por lo que desde esta delegación, se cree que este aumento en la población de mayor edad implica mantenerse muy activos en las políticas sociales que atañen a este colectivo, con cursos que inviten a realizar actividades saludables.
Fuente: diariocordoba.com - 23 de julio
miércoles, 22 de julio de 2009
CANARIAS. A LA COLA EN LEY DE DEPENDENCIA
PSOE:Canarias, a la cola en Ley Dependencia por no descentralizar su gestión
Canarias, junto con Madrid y la Comunidad Valenciana, está a la cola en la aplicación de la Ley de la Dependencia por "falta de voluntad política" y por no descentralizar, como han hecho otras regiones como Andalucía, la gestión de la prestación de este derecho ciudadano, según el PSOE.
Así lo manifestó hoy en una rueda de prensa la secretaria de Bienestar Social del PSOE, Marisol Pérez Domínguez, quien solicitó al Gobierno canario "lealtad institucional y colaboración", -ya que, en su opinión, "la excusa no puede ser que no hay financiación", al haberse concedido más de 30 millones de euros-, para que mejore los datos que registra la comunidad en número de personas evaluadas y en las prestaciones concedidas.
Según detalló Pérez Domínguez, en los dos años transcurridos desde la entrada en vigor de esta ley, en Canarias, donde se ha contabilizado a 20.375 personas dependientes, se ha reconocido el derecho a una prestación a 12.230, mientras que sólo perciben ayudas 3.726 personas.
Por ello, y ante estas cifras, la secretaria de Bienestar Social del PSOE, animó al Gobierno canario "a preocuparse por los derechos de los ciudadanos" y a hacer un esfuerzo por mejorar los servicios de atención domiciliaria, así como los centros de día y de noche.
En opinión del presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Pérez, del consejero insular de Política Social y Sociosanitaria, y de la diputada regional Francisca Luengo, la tramitación de los expedientes de esta ley sería mucho más ágil si el Gobierno canario, al que corresponden las competencias en materia de Servicios Sociales, descentralizara su gestión en las corporaciones insulares, como ocurría con anterioridad, cuando se gestionaban las subvenciones del Plan Sociosanitario de Canarias.
Pérez destacó que seguir este procedimiento significaría, ni más ni menos, que hacer cumplir con el entramado administrativo canario, en el que los cabildos juegan un papel esencial, y con él, acortar los plazos de espera que, según dijo Luengo, son de hasta 24 meses desde que se solicita una prestación hasta que se concede, cuando la Ley de Procedimiento Administrativo establece que no superen los tres meses.
Sin embargo, el presidente del Cabildo consideró que no se quiere tener en cuenta esta descentralización administrativa porque desde el Gobierno regional "hay quien intenta la voladura de los cabildos, cargárselos por la puerta de atrás, por la vía de los hechos", algo que, a su juicio, "está empezando a ocurrir en asuntos sociales, pero también en otros ámbitos, como las carreteras".
La Secretaria de Bienestar Social del PSOE, Marisol Pérez Domínguez, visitó hoy en Gran Canaria los centros sociosanitarios de Taliarte y el Lasso (delegados del Gobierno regional al Cabildo), donde se ejecutan obras de mejora con los 2,5 millones que han correspondido a esta isla de los casi 13 que se han otorgado a Canarias de los 400 con los que se ha dotado al Plan E impulsado por el Gobierno español en materia social y sociosanitaria.
Este Plan E se ha invertido en 1.921 plazas de residencias y centros de día y ha supuesto la creación de 413 puestos de trabajo en el conjunto de España.
El consejero insular de Política Social y Sociosanitaria, Pedro Quevedo, lamentó el agravio que ha sufrido Gran Canaria en la distribución de estos fondos, ya que, en su opinión, los 2,5 millones que le han correspondido no son proporcionales a su población, que supone, dijo, el 40 por ciento del archipiélago.
Quevedo destacó, además, que Gran Canaria ha sido hasta el momento "la única isla que ha adjudicado todo los recursos que le han concedido", lo que ha generado 81 puestos de trabajo.
Pérez Domínguez manifestó, por su parte, que la singularidad de este Plan E sociosanitario reside en que, además de mejorar las infraestructuras de esta índole, permite crear "empleo no deslocalizable y de calidad".
Fuente: EFE - 22 de julio
Canarias, junto con Madrid y la Comunidad Valenciana, está a la cola en la aplicación de la Ley de la Dependencia por "falta de voluntad política" y por no descentralizar, como han hecho otras regiones como Andalucía, la gestión de la prestación de este derecho ciudadano, según el PSOE.
Así lo manifestó hoy en una rueda de prensa la secretaria de Bienestar Social del PSOE, Marisol Pérez Domínguez, quien solicitó al Gobierno canario "lealtad institucional y colaboración", -ya que, en su opinión, "la excusa no puede ser que no hay financiación", al haberse concedido más de 30 millones de euros-, para que mejore los datos que registra la comunidad en número de personas evaluadas y en las prestaciones concedidas.
Según detalló Pérez Domínguez, en los dos años transcurridos desde la entrada en vigor de esta ley, en Canarias, donde se ha contabilizado a 20.375 personas dependientes, se ha reconocido el derecho a una prestación a 12.230, mientras que sólo perciben ayudas 3.726 personas.
Por ello, y ante estas cifras, la secretaria de Bienestar Social del PSOE, animó al Gobierno canario "a preocuparse por los derechos de los ciudadanos" y a hacer un esfuerzo por mejorar los servicios de atención domiciliaria, así como los centros de día y de noche.
En opinión del presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Pérez, del consejero insular de Política Social y Sociosanitaria, y de la diputada regional Francisca Luengo, la tramitación de los expedientes de esta ley sería mucho más ágil si el Gobierno canario, al que corresponden las competencias en materia de Servicios Sociales, descentralizara su gestión en las corporaciones insulares, como ocurría con anterioridad, cuando se gestionaban las subvenciones del Plan Sociosanitario de Canarias.
Pérez destacó que seguir este procedimiento significaría, ni más ni menos, que hacer cumplir con el entramado administrativo canario, en el que los cabildos juegan un papel esencial, y con él, acortar los plazos de espera que, según dijo Luengo, son de hasta 24 meses desde que se solicita una prestación hasta que se concede, cuando la Ley de Procedimiento Administrativo establece que no superen los tres meses.
Sin embargo, el presidente del Cabildo consideró que no se quiere tener en cuenta esta descentralización administrativa porque desde el Gobierno regional "hay quien intenta la voladura de los cabildos, cargárselos por la puerta de atrás, por la vía de los hechos", algo que, a su juicio, "está empezando a ocurrir en asuntos sociales, pero también en otros ámbitos, como las carreteras".
La Secretaria de Bienestar Social del PSOE, Marisol Pérez Domínguez, visitó hoy en Gran Canaria los centros sociosanitarios de Taliarte y el Lasso (delegados del Gobierno regional al Cabildo), donde se ejecutan obras de mejora con los 2,5 millones que han correspondido a esta isla de los casi 13 que se han otorgado a Canarias de los 400 con los que se ha dotado al Plan E impulsado por el Gobierno español en materia social y sociosanitaria.
Este Plan E se ha invertido en 1.921 plazas de residencias y centros de día y ha supuesto la creación de 413 puestos de trabajo en el conjunto de España.
El consejero insular de Política Social y Sociosanitaria, Pedro Quevedo, lamentó el agravio que ha sufrido Gran Canaria en la distribución de estos fondos, ya que, en su opinión, los 2,5 millones que le han correspondido no son proporcionales a su población, que supone, dijo, el 40 por ciento del archipiélago.
Quevedo destacó, además, que Gran Canaria ha sido hasta el momento "la única isla que ha adjudicado todo los recursos que le han concedido", lo que ha generado 81 puestos de trabajo.
Pérez Domínguez manifestó, por su parte, que la singularidad de este Plan E sociosanitario reside en que, además de mejorar las infraestructuras de esta índole, permite crear "empleo no deslocalizable y de calidad".
Fuente: EFE - 22 de julio
martes, 21 de julio de 2009
GALICIA. EL BNG DICE QUE TRABALLO RALENTIZA LOS PAGOS DE LA LEY DE LA DEPENDENCIA
El portavoz del grupo parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, ha denunciado hoy, en rueda de prensa, que la Consellería de Bienestar no ha prestado a los grandes dependientes de Galicia «ni una sola ayuda más de las que ya estaba dispensando el gobierno bipartito».
El portavoz nacionalista ha afirmado que «el bipartito dejó a 14.000 grandes dependientes recibiendo efectivamente su prestación», y que «en 100 días de Gobierno popular no hay ni una sola prestación más facilitada».
Aymerich señaló que los datos facilitados en la página web del Ministerio de Sanidad reflejan que el número de solicitudes recibidas a las que se le reconoció el derecho a recibir una prestación, pasó de 5.675 a 26.385 entre mayo de 2008 y abril de 2009.
Así, señaló que durante el anterior gobierno de coalición PSdeG-BNG, el ritmo de tramitación era de 2.000 solicitudes al mes, mientras que, entre abril y julio de 2009, se reconocieron «apenas 800 prestaciones nuevas», por lo que «hay, como mínimo, 6.000 gallegos que están a la espera de que se resuelva su solicitud».
El diputado nacionalista atribuyó este hecho a un «problema de gestión», ya que según afirmó, el Departamento dirigido por Beatriz Mato, «está sumido en una parálisis administrativa y en un caos organizativo».
Fuente: EFE - 21 de julio
El portavoz nacionalista ha afirmado que «el bipartito dejó a 14.000 grandes dependientes recibiendo efectivamente su prestación», y que «en 100 días de Gobierno popular no hay ni una sola prestación más facilitada».
Aymerich señaló que los datos facilitados en la página web del Ministerio de Sanidad reflejan que el número de solicitudes recibidas a las que se le reconoció el derecho a recibir una prestación, pasó de 5.675 a 26.385 entre mayo de 2008 y abril de 2009.
Así, señaló que durante el anterior gobierno de coalición PSdeG-BNG, el ritmo de tramitación era de 2.000 solicitudes al mes, mientras que, entre abril y julio de 2009, se reconocieron «apenas 800 prestaciones nuevas», por lo que «hay, como mínimo, 6.000 gallegos que están a la espera de que se resuelva su solicitud».
El diputado nacionalista atribuyó este hecho a un «problema de gestión», ya que según afirmó, el Departamento dirigido por Beatriz Mato, «está sumido en una parálisis administrativa y en un caos organizativo».
Fuente: EFE - 21 de julio
VALENCIA. EXIGE AL GOBIERNO CENTRAL 394 MILLONES PARA DEPENDENCIA
Cotino exige al Gobierno central 394 millones para dependencia
La cantidad exigida responde a la deuda desde 2007
El vicepresidente Social, Juan Cotino, exigió al Gobierno central los 393,85 millones de euros para financiar el coste de la atención a los dependientes.
Con este dinero se podrá subsanar el déficit económico generado por el Ministerio en la Comunitat desde la puesta en marcha de la dependencia.
Cotino analizó ayer la repercusión del nuevo modelo de financiación autonómica del Gobierno central en relación al sistema de dependencia y recordó que la cantidad exigida responde a la deuda que el Gobierno central ha producido en la Comunitat desde 2007 por no haber aportado el cincuenta por ciento del gasto total, como marca la Ley.
Además, el vicepresidente aseguró que en 2010 el coste para dependencia alcanzará los 450 millones de euros.
Cotino denunció que el nuevo modelo «ignora» a las personas incorporadas al sistema a partir del 1 de abril y anunció que el próximo año «tampoco contarán».
Además acusó al Gobierno por su «actitud trilera», al avisar del cambio de criterio sólo a alguna comunidades, que pudieron modificar sus estadísticas.
El PSPV acusa a Cotino
Por otro lado, el secretario de Bienestar Social del PSPV, José Mayans, aseguró que la Comunitat deja de recibir 24 millones de euros por su «ineficacia» ya que el nuevo sistema central de financiación está condicionado al número de valoraciones que hace cada comunidad. De este modo, acusó a Cotino de culpar a Zapatero cuando él mismo no cumple «con su obligación».
Fuente: larazon.es - 21 de julio
La cantidad exigida responde a la deuda desde 2007
El vicepresidente Social, Juan Cotino, exigió al Gobierno central los 393,85 millones de euros para financiar el coste de la atención a los dependientes.
Con este dinero se podrá subsanar el déficit económico generado por el Ministerio en la Comunitat desde la puesta en marcha de la dependencia.
Cotino analizó ayer la repercusión del nuevo modelo de financiación autonómica del Gobierno central en relación al sistema de dependencia y recordó que la cantidad exigida responde a la deuda que el Gobierno central ha producido en la Comunitat desde 2007 por no haber aportado el cincuenta por ciento del gasto total, como marca la Ley.
Además, el vicepresidente aseguró que en 2010 el coste para dependencia alcanzará los 450 millones de euros.
Cotino denunció que el nuevo modelo «ignora» a las personas incorporadas al sistema a partir del 1 de abril y anunció que el próximo año «tampoco contarán».
Además acusó al Gobierno por su «actitud trilera», al avisar del cambio de criterio sólo a alguna comunidades, que pudieron modificar sus estadísticas.
El PSPV acusa a Cotino
Por otro lado, el secretario de Bienestar Social del PSPV, José Mayans, aseguró que la Comunitat deja de recibir 24 millones de euros por su «ineficacia» ya que el nuevo sistema central de financiación está condicionado al número de valoraciones que hace cada comunidad. De este modo, acusó a Cotino de culpar a Zapatero cuando él mismo no cumple «con su obligación».
Fuente: larazon.es - 21 de julio
lunes, 20 de julio de 2009
CANTABRIA. GOROSTIAGA PROPONE QUE CONSEJO DE SERVICIOS SOCIALES CONTROLE "COMO VA LA LEY"
La vicepresidenta de Cantabria, Lola Gorostiaga, ha propuesto hoy al Comité de Entidades de Representantes de Minusválidos (CERMI) la creación de una comisión, dentro del Consejo Asesor de Servicios Sociales, que se encargue de seguir cómo va la aplicación de la Ley de Dependencia.
Gorostiaga ha trasladado este planteamiento al presidente del CERMI en Cantabria, Alfonso Tazón, y a todos los representantes de las asociaciones que conforman este comité, con los que se ha reunido para hablar de la situación de la aplicación de la Ley de Dependencia y de los centros especiales de empleo.
La vicepresidenta regional, a quien el CERMI había solicitado un encuentro, ha recordado que en junio el Gobierno español aprobó trasladar a Cantabria un cantidad extraordinaria de 867.653 euros para financiar los proyectos de inserción laboral de personas con discapacidad.
Además, ha sumado a esta cantidad los seis millones de euros con los que se atiende la financiación de costes salariales de los trabajadores de estos centros especiales de empleo y ha dicho que con este dinero se alcanzará el 75 por ciento del coste necesario, según informa en nota de prensa el Gobierno cántabro.
Gorostiaga ha señalado el Gobierno regional está trabajando con el Estado para hacer efectiva esa aportación económica.
Fuente: EFE-Cantabria - 20 de julio
Gorostiaga ha trasladado este planteamiento al presidente del CERMI en Cantabria, Alfonso Tazón, y a todos los representantes de las asociaciones que conforman este comité, con los que se ha reunido para hablar de la situación de la aplicación de la Ley de Dependencia y de los centros especiales de empleo.
La vicepresidenta regional, a quien el CERMI había solicitado un encuentro, ha recordado que en junio el Gobierno español aprobó trasladar a Cantabria un cantidad extraordinaria de 867.653 euros para financiar los proyectos de inserción laboral de personas con discapacidad.
Además, ha sumado a esta cantidad los seis millones de euros con los que se atiende la financiación de costes salariales de los trabajadores de estos centros especiales de empleo y ha dicho que con este dinero se alcanzará el 75 por ciento del coste necesario, según informa en nota de prensa el Gobierno cántabro.
Gorostiaga ha señalado el Gobierno regional está trabajando con el Estado para hacer efectiva esa aportación económica.
Fuente: EFE-Cantabria - 20 de julio
ENCUENTRO DIGITAL CON TRINIDAD JIMENEZ
Envíe sus preguntas sobre la financiación de la sanidad, la gripe A, la Ley de Dependencia, la privatización de los servicios, el trapaso de competencias... sobre lo que quiera. La ministra de Sanidad y Política Social responderá a sus preguntas a partir de las 13.00 h.
En que.es - Noticias - Sociedad.
Fuente: Que.es - 20 de julio
En que.es - Noticias - Sociedad.
Fuente: Que.es - 20 de julio
NUESTRA WEB EN EL BLOG DE OBRA SOCIAL DE CAJA MADRID
CAJA MADRID INCORPORA A SU BLOG DE OBRA SOCIAL LA WEB ESPECIALIZADA EN DEPENDENCIA
www.laleydeladependencia.es
"Te queria hablar de una nueva página web que pretende informar y asesorar sobre la implantación, desarrollo, ejeccución y cumplimiento de la Ley de la Dependencia (Ley 39/2006).
Esta página ha sido creada para que las personas mayores puedan esclarecer las dudas que tengan al respecto de forma gratuita, confidencial y desinteresada.
El equipo de www.laleydeladependencia.es decidió que sería buena idea ofrecer la información esclarecida sobre esta Ley que todavía a muchos se nos escapa y poder atender las dudas que hay al respecto. Una idea para actuar de forma más directa, explicita y efectiva.
Son cientos las personas que han demandado ayuda, bien para pedir información o bien para requerir acciones, como consecuencia, en un alto porcentaje, de la ausencia de la ejecución y cumplimiento de esta Ley.
Es importante destacar que el equipo de este sitio web conduce a los interesados desde el inicio, a partir de la Solicitud de Valoración para el Reconocimiento de la Situación de Dependencia, hasta llegar a la efectividad de la modalidad de intervención más adecuada a las necesidades del interesado, de entre los servicios y Prestaciones previstos por la Ley 39/2006, en todo el territorio nacional."
www.laleydeladependencia.es
"Te queria hablar de una nueva página web que pretende informar y asesorar sobre la implantación, desarrollo, ejeccución y cumplimiento de la Ley de la Dependencia (Ley 39/2006).
Esta página ha sido creada para que las personas mayores puedan esclarecer las dudas que tengan al respecto de forma gratuita, confidencial y desinteresada.
El equipo de www.laleydeladependencia.es decidió que sería buena idea ofrecer la información esclarecida sobre esta Ley que todavía a muchos se nos escapa y poder atender las dudas que hay al respecto. Una idea para actuar de forma más directa, explicita y efectiva.
Son cientos las personas que han demandado ayuda, bien para pedir información o bien para requerir acciones, como consecuencia, en un alto porcentaje, de la ausencia de la ejecución y cumplimiento de esta Ley.
Es importante destacar que el equipo de este sitio web conduce a los interesados desde el inicio, a partir de la Solicitud de Valoración para el Reconocimiento de la Situación de Dependencia, hasta llegar a la efectividad de la modalidad de intervención más adecuada a las necesidades del interesado, de entre los servicios y Prestaciones previstos por la Ley 39/2006, en todo el territorio nacional."
GALICIA. ENTREVISTA A BEATRIZ MATO. CONSELLERIA DE TRABALLO E BENESTAR SOCIAL
«En Galicia hay 15.000 dependientes más con derecho a prestaciones»
A finales de verano la Xunta prevé tener datos que coincidan con los de Madrid, pues hay considerables diferencias que perjudican los intereses gallegos, afirma
Los recientes datos sobre la ley de dependencia facilitados por Xunta y Gobierno central difieren de forma importante. Madrid difundía que están registrados 69.032 solicitantes gallegos, y la Xunta contabiliza 79.351; y frente a los 29.153 gallegos que, según el Estado, reciben prestaciones, la Xunta indica 16.790.
Beatriz Mato, conselleira responsable de esta área, lo atribuye a que «en su momento Madrid no creó un sistema informático para tramitar la ley, sino que cada autonomía creó uno propio», y la Xunta bipartita «no transmitió a Madrid los mismos datos que tenía en su propio sistema».
Entre sus proyectos está acortar la tramitación a seis meses (ahora es un año) y contar con los ayuntamientos.
-¿Cómo se van a solucionar esas diferencias?
-Estamos comparando las dos bases de datos para ajustarlas y hablar el mismo idioma, porque son distintas. A final del verano esperamos que coincidan.
-¿Quedó alguien sin ayudas por falta de financiación?
-No, no. Pero el mayor problema que encontramos es que en Galicia hay 15.000 dependientes más con derecho a prestaciones. El actual Gobierno de la Xunta asumió el compromiso de atender a 16.000 grandes dependientes, que era la cifra que se nos había comunicado, y que consta en el Libro Blanco de la Dependencia. Pero nos han engañado, teníamos 15.000 personas más que acaban de aparecer y que tienen derecho a ser atendidas.
-¿Cómo son las cifras reales que deben asistir?
-Están atendidos unos 14.000 grandes dependientes, porque el resto de los 16.790 que perciben ayudas no tenían aún derecho a ellas, pero se aprovecharon de las condiciones del principio de la tramitación, que favorecían el orden de solicitud. Hay otras 13.462 personas con resolución de grado y nivel, pero sin derecho aún a percibir ayudas. En 13.737 casos han desistido de las ayudas, por diferentes motivos. Y las 35.362 restantes están en tramitación. De ellas, unas 2.000 pendientes de valoración.
-¿Cómo influye esa disparidad de cifras en la financiación de la dependencia?
-Nuestra previsión es recibir a final de año de Madrid 101 millones de euros, 78 por un concepto y 23 por otro. La Xunta debe aportar al menos otros 101 millones, pero entre ambas cantidades no alcanzan para cubrir las necesidades actuales. Por eso vamos a introducir 28 millones de euros a mayores en la negociación de los 144 millones del plan de austeridad sobre el que se dialoga con los agentes sociales. Para atender todas las obligaciones que impone la ley de dependencia, la Xunta reclamará del Gobierno central 440 millones de euros para el año 2010; es decir, 339 millones más que los que vamos a recibir este año.
-¿Por qué hay esa diferencia de más del cuádruple?
-La ley de dependencia trata de dar una atención pública a una necesidad y crear un nuevo pilar del bienestar. Pero tiene dos problemas serios: uno de tiempo, pues a veces se toma como referencia el sistema sanitario público cuando este es resultado de muchos años, y el sistema de dependencia se pretende tenerlo construido en el 2013, que es un plazo escaso; y, además, falla la financiación. Creo que las recientes declaraciones del secretario de Hacienda de que se van a congelar los fondos para la ley, aunque después se desmintieron, han dejado al descubierto la incapacidad financiera de Madrid para atender las exigencias de la ley de dependencia.
-¿Por qué falla la financiación?
-En Galicia tenemos la tercera población más envejecida de España, 611.774 personas mayores de 65 años, un 21,88% del total. Y es un colectivo más difícil de atender, por la dispersión poblacional: en una gran ciudad como Madrid o Valencia resulta más sencillo. Además, para atender a los grandes dependientes, del grado III nivel 2, que ya tienen derecho a prestaciones, desde Madrid abonan 263,93 euros por beneficiario al mes. Esa cantidad cubre la mitad de los 519,13 euros al mes que se pagan por un cuidador familiar. Pero por asistencia personal se abonan 831,47 euros al mes; una plaza en centro de día cuesta 1.700 euros al mes; en una residencia, 2.600 euros al mes; y, si la plaza es de una persona con discapacidad, en una residencia asciende a 3.000 euros al mes. En estos cuatro últimos casos Madrid abona lo mismo: 263,93 euros al mes; el resto lo pone la Xunta, de ahí el gran desfase; y lo mismo ocurre en los otros grados y niveles. Hay gente que caerá de la lista, pues lamentablemente morirá; pero es más alta la proporción de nuevas entradas que de salidas.
-¿Conseguirá la Xunta esos 339 millones adicionales?
-No soy ingenua y no trato de escribir una carta a los Reyes Magos. Quiero cumplir con una ley que me obliga, y para ello Galicia precisa esa financiación.
Fuente: lavozdegalicia.es - 20 de julio
A finales de verano la Xunta prevé tener datos que coincidan con los de Madrid, pues hay considerables diferencias que perjudican los intereses gallegos, afirma
Los recientes datos sobre la ley de dependencia facilitados por Xunta y Gobierno central difieren de forma importante. Madrid difundía que están registrados 69.032 solicitantes gallegos, y la Xunta contabiliza 79.351; y frente a los 29.153 gallegos que, según el Estado, reciben prestaciones, la Xunta indica 16.790.
Beatriz Mato, conselleira responsable de esta área, lo atribuye a que «en su momento Madrid no creó un sistema informático para tramitar la ley, sino que cada autonomía creó uno propio», y la Xunta bipartita «no transmitió a Madrid los mismos datos que tenía en su propio sistema».
Entre sus proyectos está acortar la tramitación a seis meses (ahora es un año) y contar con los ayuntamientos.
-¿Cómo se van a solucionar esas diferencias?
-Estamos comparando las dos bases de datos para ajustarlas y hablar el mismo idioma, porque son distintas. A final del verano esperamos que coincidan.
-¿Quedó alguien sin ayudas por falta de financiación?
-No, no. Pero el mayor problema que encontramos es que en Galicia hay 15.000 dependientes más con derecho a prestaciones. El actual Gobierno de la Xunta asumió el compromiso de atender a 16.000 grandes dependientes, que era la cifra que se nos había comunicado, y que consta en el Libro Blanco de la Dependencia. Pero nos han engañado, teníamos 15.000 personas más que acaban de aparecer y que tienen derecho a ser atendidas.
-¿Cómo son las cifras reales que deben asistir?
-Están atendidos unos 14.000 grandes dependientes, porque el resto de los 16.790 que perciben ayudas no tenían aún derecho a ellas, pero se aprovecharon de las condiciones del principio de la tramitación, que favorecían el orden de solicitud. Hay otras 13.462 personas con resolución de grado y nivel, pero sin derecho aún a percibir ayudas. En 13.737 casos han desistido de las ayudas, por diferentes motivos. Y las 35.362 restantes están en tramitación. De ellas, unas 2.000 pendientes de valoración.
-¿Cómo influye esa disparidad de cifras en la financiación de la dependencia?
-Nuestra previsión es recibir a final de año de Madrid 101 millones de euros, 78 por un concepto y 23 por otro. La Xunta debe aportar al menos otros 101 millones, pero entre ambas cantidades no alcanzan para cubrir las necesidades actuales. Por eso vamos a introducir 28 millones de euros a mayores en la negociación de los 144 millones del plan de austeridad sobre el que se dialoga con los agentes sociales. Para atender todas las obligaciones que impone la ley de dependencia, la Xunta reclamará del Gobierno central 440 millones de euros para el año 2010; es decir, 339 millones más que los que vamos a recibir este año.
-¿Por qué hay esa diferencia de más del cuádruple?
-La ley de dependencia trata de dar una atención pública a una necesidad y crear un nuevo pilar del bienestar. Pero tiene dos problemas serios: uno de tiempo, pues a veces se toma como referencia el sistema sanitario público cuando este es resultado de muchos años, y el sistema de dependencia se pretende tenerlo construido en el 2013, que es un plazo escaso; y, además, falla la financiación. Creo que las recientes declaraciones del secretario de Hacienda de que se van a congelar los fondos para la ley, aunque después se desmintieron, han dejado al descubierto la incapacidad financiera de Madrid para atender las exigencias de la ley de dependencia.
-¿Por qué falla la financiación?
-En Galicia tenemos la tercera población más envejecida de España, 611.774 personas mayores de 65 años, un 21,88% del total. Y es un colectivo más difícil de atender, por la dispersión poblacional: en una gran ciudad como Madrid o Valencia resulta más sencillo. Además, para atender a los grandes dependientes, del grado III nivel 2, que ya tienen derecho a prestaciones, desde Madrid abonan 263,93 euros por beneficiario al mes. Esa cantidad cubre la mitad de los 519,13 euros al mes que se pagan por un cuidador familiar. Pero por asistencia personal se abonan 831,47 euros al mes; una plaza en centro de día cuesta 1.700 euros al mes; en una residencia, 2.600 euros al mes; y, si la plaza es de una persona con discapacidad, en una residencia asciende a 3.000 euros al mes. En estos cuatro últimos casos Madrid abona lo mismo: 263,93 euros al mes; el resto lo pone la Xunta, de ahí el gran desfase; y lo mismo ocurre en los otros grados y niveles. Hay gente que caerá de la lista, pues lamentablemente morirá; pero es más alta la proporción de nuevas entradas que de salidas.
-¿Conseguirá la Xunta esos 339 millones adicionales?
-No soy ingenua y no trato de escribir una carta a los Reyes Magos. Quiero cumplir con una ley que me obliga, y para ello Galicia precisa esa financiación.
Fuente: lavozdegalicia.es - 20 de julio
COMUNIDAD VALENCIANA. NUEVAS TRABAS PARA CONSEGUIR LAS AYUDAS
Las demandas por la Ley de Dependencia tardarán al menos dos años en resolverse
Los abogados denuncian que el decreto de la Generalitat que regula las ayudas impide que las denuncias de los afectados se presenten en Alicante y les obliga a acudir al TSJ a Valencia
Enfrentarse a la Administración nunca resulta sencillo pero, en el caso de las personas que decidan reclamar por vía judicial las ayudas previstas en la Ley de Dependencia, va a ser "especialmente complicado y largo", según pronostican desde el Colegio de Abogados de Alicante.
Los letrados que han presentado las primeras demandas han visto cómo los jueces de la provincia se declaraban incompetentes y les remitían al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ), un órgano cuya única sede está en Valencia y que, además, rara vez logra dictar sentencia en menos de dos años.
El problema está en el reglamento de la Generalitat que desarrolla la Ley de Dependencia en la autonomía y que ya generó una fuerte polémica al establecer que el silencio administrativo sería negativo en este caso (las solicitudes no contestadas se entienden como rechazadas), al contrario de lo que es habitual.
Este documento también señala que es el conseller de Bienestar Social quien tiene la potestad para resolver las reclamaciones, por lo que sus decisiones sólo pueden recurrirse ante el TSJ, según explica Lydia García Olcina, responsable del turno de oficio del Colegio de Abogados.
Este organismo puso en marcha el pasado mes de febrero un servicio de asesoramiento gratuito para los afectados por los retrasos y otras incidencias que se están registrando en la tramitación de las ayudas. Desde entonces se ha atendido a 366 personas y ya hay concertadas otras 90 citas hasta el próximo mes de septiembre, muchas más de las que se esperaban en un principio. La mayoría de ellas todavía no ha agotado la vía administrativa pero, hasta en este supuesto, la asistencia de un abogado parece más que recomendable. "Es muy difícil argumentar una reclamación y, si no lo hacen bien, luego no les servirá como base para demandar", advierte García Olcina.
Lo más habitual son los recursos contra el citado silencio administrativo negativo (82), las solicitudes para exigir que se reconozca la retroactividad de las prestaciones (73) y las alegaciones al Plan Individualizado de Atención, en el que se evalúan las necesidades de cada dependiente (60).
Ya hay, sin embargo, 30 personas que han dado el siguiente pasos y se les ha asignado un abogado de oficio para que emprendan acciones judiciales; y unas 15 demandas presentadas, con el resultado ya conocido de que los juzgados alicantinos se han declarado incompetentes para resolverlas.
Para presentar su demanda ante el TSJ, los afectados necesitan que se les asigne un nuevo letrado de oficio en Valencia y también un procurador. "Estamos intentando articular un sistema para evitar que estas personas tengan que desplazarse. Vamos a recoger y comprobar la documentación aquí y nos encargaremos de enviarla a Valencia, pero esto complica mucho, muchísimo las cosas. Si tienen que tomarles declaración o cualquier otro trámite tendrán que ir y los procesos son mucho más farragosos", asegura Paloma Cascales, una de las abogadas del servicio de orientación.
Además, si en un juzgado normal estas demandas podrían tardar un año en resolverse, "en el TSJ échale dos años, como mínimo", añade.
Para las personas que no tienen derecho a la justicia gratuita existe un problema añadido, el coste. Las tarifas que cobran los abogados son superiores si se trata de un tribunal superior y hay que tener en cuenta que también es necesario contratar al procurador.
Más sencillo en Cataluña
Cascales denuncia que estas demandas resultan mucho más sencillas en otras comunidades autónomas y cita el caso de Cataluña.
Al contrario de lo que sucede aquí, el reglamento catalán de la Ley de Dependencia establece que los recursos judiciales se presentarán en los juzgados de lo Social, que están implantados en "todo el territorio" y que, además, "son mucho más ágiles ya que una buena parte del proceso es verbal y no hay tanto papeleo", asegura la abogada.
Esto también reduce a "sólo unos meses" la resolución de los expedientes.
En cualquier caso, apunta, en Cataluña también será menor el número de demandas porque el Gobierno de José Montilla sí que ha decidido reconocer la retroactividad de las prestaciones, incluso para las personas que ya han fallecido, una de las reivindicaciones de las plataformas de afectados que se han constituido en la Comunidad.
Según los últimos datos oficiales, 36.095 personas han solicitado las ayudas de la Ley de Dependencia en la autonomía.
Fuente: informacion.es - 20 de julio
Los abogados denuncian que el decreto de la Generalitat que regula las ayudas impide que las denuncias de los afectados se presenten en Alicante y les obliga a acudir al TSJ a Valencia
Enfrentarse a la Administración nunca resulta sencillo pero, en el caso de las personas que decidan reclamar por vía judicial las ayudas previstas en la Ley de Dependencia, va a ser "especialmente complicado y largo", según pronostican desde el Colegio de Abogados de Alicante.
Los letrados que han presentado las primeras demandas han visto cómo los jueces de la provincia se declaraban incompetentes y les remitían al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ), un órgano cuya única sede está en Valencia y que, además, rara vez logra dictar sentencia en menos de dos años.
El problema está en el reglamento de la Generalitat que desarrolla la Ley de Dependencia en la autonomía y que ya generó una fuerte polémica al establecer que el silencio administrativo sería negativo en este caso (las solicitudes no contestadas se entienden como rechazadas), al contrario de lo que es habitual.
Este documento también señala que es el conseller de Bienestar Social quien tiene la potestad para resolver las reclamaciones, por lo que sus decisiones sólo pueden recurrirse ante el TSJ, según explica Lydia García Olcina, responsable del turno de oficio del Colegio de Abogados.
Este organismo puso en marcha el pasado mes de febrero un servicio de asesoramiento gratuito para los afectados por los retrasos y otras incidencias que se están registrando en la tramitación de las ayudas. Desde entonces se ha atendido a 366 personas y ya hay concertadas otras 90 citas hasta el próximo mes de septiembre, muchas más de las que se esperaban en un principio. La mayoría de ellas todavía no ha agotado la vía administrativa pero, hasta en este supuesto, la asistencia de un abogado parece más que recomendable. "Es muy difícil argumentar una reclamación y, si no lo hacen bien, luego no les servirá como base para demandar", advierte García Olcina.
Lo más habitual son los recursos contra el citado silencio administrativo negativo (82), las solicitudes para exigir que se reconozca la retroactividad de las prestaciones (73) y las alegaciones al Plan Individualizado de Atención, en el que se evalúan las necesidades de cada dependiente (60).
Ya hay, sin embargo, 30 personas que han dado el siguiente pasos y se les ha asignado un abogado de oficio para que emprendan acciones judiciales; y unas 15 demandas presentadas, con el resultado ya conocido de que los juzgados alicantinos se han declarado incompetentes para resolverlas.
Para presentar su demanda ante el TSJ, los afectados necesitan que se les asigne un nuevo letrado de oficio en Valencia y también un procurador. "Estamos intentando articular un sistema para evitar que estas personas tengan que desplazarse. Vamos a recoger y comprobar la documentación aquí y nos encargaremos de enviarla a Valencia, pero esto complica mucho, muchísimo las cosas. Si tienen que tomarles declaración o cualquier otro trámite tendrán que ir y los procesos son mucho más farragosos", asegura Paloma Cascales, una de las abogadas del servicio de orientación.
Además, si en un juzgado normal estas demandas podrían tardar un año en resolverse, "en el TSJ échale dos años, como mínimo", añade.
Para las personas que no tienen derecho a la justicia gratuita existe un problema añadido, el coste. Las tarifas que cobran los abogados son superiores si se trata de un tribunal superior y hay que tener en cuenta que también es necesario contratar al procurador.
Más sencillo en Cataluña
Cascales denuncia que estas demandas resultan mucho más sencillas en otras comunidades autónomas y cita el caso de Cataluña.
Al contrario de lo que sucede aquí, el reglamento catalán de la Ley de Dependencia establece que los recursos judiciales se presentarán en los juzgados de lo Social, que están implantados en "todo el territorio" y que, además, "son mucho más ágiles ya que una buena parte del proceso es verbal y no hay tanto papeleo", asegura la abogada.
Esto también reduce a "sólo unos meses" la resolución de los expedientes.
En cualquier caso, apunta, en Cataluña también será menor el número de demandas porque el Gobierno de José Montilla sí que ha decidido reconocer la retroactividad de las prestaciones, incluso para las personas que ya han fallecido, una de las reivindicaciones de las plataformas de afectados que se han constituido en la Comunidad.
Según los últimos datos oficiales, 36.095 personas han solicitado las ayudas de la Ley de Dependencia en la autonomía.
Fuente: informacion.es - 20 de julio
sábado, 18 de julio de 2009
CASTILLA Y LEON. 3.600 FALLECIDOS ESPERANDO RECIBIR LAS AYUDAS
Alrededor de 3.600 personas han muerto esta Comunidad mientras esperaban que se les reconociera el grado de Dependencia para empezar a recibir las prestaciones.
Así lo denunció ayer el PSOE de Castilla y León, durante una jornada que organizó su grupo parlamentario en las Cortes para analizar el desarrollo y la aplicación de la Ley en nuestra Comunidad durante los dos años y medio que se lleva aplicándo.
Por este motivo, el secretario regional de los socialistas, Óscar López, que inauguró la jornada, pidió a la Junta de Castilla y León que agilice la aplicación de esta normativa en la medida de lo posible para evitar este tipo de situaciones.
Homologar las prestaciones
Asimismo, insistió en que la atención a la Dependencia es el cuarto pilar de la sociedad del bienestar, pero recordó que tiene el problema de que su gestión está transferida a las comunidades, lo que está provocando desequilibrios en su aplicación dependiendo de la Región en la que viva el dependiente.
Por ello, López pidió que se homologuen las prestaciones de los servicios en toda España.
Igualmente, dijo no entender por qué Castilla y León, siendo la comunidad más envejecida de España, se encuentre por debajo de la media nacional en cuanto a población susceptible de poder beneficiarse de la Ley, con una media de 868,44 solicitudes por cada 10.000 habitantes, «cuando debería estar a la vanguardia».
«Algo no me cuadra», insistió López, tras dudar del sistema de seguimiento que hace el Gobierno regional, «que actúa al margen del modelo nacional», dijo, y cargar contra el «autobombo» de la Junta, «que se dedica a engordar unas cifras que no se corresponden con la realidad».
En este sentido, alertó de que cada día reciben cientos de quejas de ciudadanos descontentos porque no están recibiendo las prestaciones, y señaló que la Ley de Dependencia debería ser la «prioridad número uno en Castilla y León, por delante incluso de las infraestructuras, ya que es un derecho ciudadano».
López criticó también que la Junta aún no haya construido ninguna residencia pública para dependientes, y apostó por promover el modelo concertado entre entidades públicas y privadas, como ya se hiciera con la Educación o la Sanidad, para garantizar la atención a la Dependencia.
Fuente: larazon.es
Así lo denunció ayer el PSOE de Castilla y León, durante una jornada que organizó su grupo parlamentario en las Cortes para analizar el desarrollo y la aplicación de la Ley en nuestra Comunidad durante los dos años y medio que se lleva aplicándo.
Por este motivo, el secretario regional de los socialistas, Óscar López, que inauguró la jornada, pidió a la Junta de Castilla y León que agilice la aplicación de esta normativa en la medida de lo posible para evitar este tipo de situaciones.
Homologar las prestaciones
Asimismo, insistió en que la atención a la Dependencia es el cuarto pilar de la sociedad del bienestar, pero recordó que tiene el problema de que su gestión está transferida a las comunidades, lo que está provocando desequilibrios en su aplicación dependiendo de la Región en la que viva el dependiente.
Por ello, López pidió que se homologuen las prestaciones de los servicios en toda España.
Igualmente, dijo no entender por qué Castilla y León, siendo la comunidad más envejecida de España, se encuentre por debajo de la media nacional en cuanto a población susceptible de poder beneficiarse de la Ley, con una media de 868,44 solicitudes por cada 10.000 habitantes, «cuando debería estar a la vanguardia».
«Algo no me cuadra», insistió López, tras dudar del sistema de seguimiento que hace el Gobierno regional, «que actúa al margen del modelo nacional», dijo, y cargar contra el «autobombo» de la Junta, «que se dedica a engordar unas cifras que no se corresponden con la realidad».
En este sentido, alertó de que cada día reciben cientos de quejas de ciudadanos descontentos porque no están recibiendo las prestaciones, y señaló que la Ley de Dependencia debería ser la «prioridad número uno en Castilla y León, por delante incluso de las infraestructuras, ya que es un derecho ciudadano».
López criticó también que la Junta aún no haya construido ninguna residencia pública para dependientes, y apostó por promover el modelo concertado entre entidades públicas y privadas, como ya se hiciera con la Educación o la Sanidad, para garantizar la atención a la Dependencia.
Fuente: larazon.es
MELILLA. EL IMSERSO RECIBE 1.800 PETICIONES PARA BENEFICIARSE DE LA LEY DE LA DEPENDENCIA
A día de hoy, la Dirección Provincial ha valorado ya 1.572 solicitudes y ha dado de alta en la Seguridad Social a un total de 253 cuidadores no profesionales
La mayoría de las peticionarias son mujeres, 1.084
La Dirección Provincial del Imserso en Melilla ha recibido, a día de hoy, un total de 1.800 solicitudes para beneficiarse de las ayudas y servicios estipulados en la Ley de la Dependencia. De éstas, 1.572 han sido ya valoradas y el 60 por ciento está recibiendo ya las prestaciones.
En declaraciones a SUR, la directora provincial, Francisca Coll, explicó que la gran mayoría de los peticionarios son mujeres, 1.084, frente a 670 hombres. La puesta en marcha de esta ley a principios de 2007 ha permitido reconocer a los familiares el trabajo realizado con los enfermos de dependencia y, en el caso de Melilla, 253 están ya dados de alta en la Seguridad Social, por lo que se encuentran actualmente cotizando.
Talleres de formación
Además, la Dirección Provincial está desarrollando talleres de apoyo y formación para los cuidadores no profesionales, unas actividades que proseguirán en el mes de septiembre después del éxito cosechado este año y en el que participarán más de 350 personas.
De igual forma, y con fecha 1 de junio de 2009, el número de solicitudes registradas en la ciudad fue de 1.569, lo que supone un 2,20 por ciento de la población y 699 de ellos reciben prestaciones.
En este sentido, la Dirección Provincial ha valorado 1.318 solicitudes, que se reparten de la siguiente forma: 168 corresponden a dependientes de grado tres nivel dos, 239 a grado tres nivel uno, 139 a grado dos nivel dos, 153 grado dos nivel uno, 154 a grado uno nivel dos, 183 a grado uno nivel 1 y 282 están sin grado.
Presupuesto en 2009
Por otra parte, Francisca Coll recordó que la Dirección Provincial del Imserso contará este año con un presupuesto de 2,5 millones de euros para la Ley de la Dependencia, una cantidad que permitirá sufragar las ayudas y prestaciones incluidas en la normativa, como la ayuda a domicilio o la teleasistencia.
Las obras de reconversión de la antigua residencia de mayores de Polavieja en un centro integral para discapacitados comenzarán a principios de 2010, después de que a finales de este año se adjudique el proyecto, que ya cuenta con la licencia de obra de la Ciudad Autónoma.
Según Francisca Coll, este centro de recursos, en el que también tendrán cabida las familias y las asociaciones que trabajen con los discapacitados, contará con 20 plazas de residencia permanente, cinco temporales y 20 para Centro de Día repartidas en tres plantas, semi sótano, planta principal y primera.
Si todo marcha según lo previsto, las obras tendrán una duración de entre 16 y 18 meses, por lo que para el año 2011 el centro estará en funcionamiento.
Para atender estas instalaciones, el Imserso contratará a cerca de 40 personas, a través de una Oferta de Empleo Pública, entre técnicos especialistas, terapeutas o auxiliares de atención sociosanitaria, entre otros.
Las contrataciones se realizarán de la bolsa de trabajo del Imserso en las categorías de enfermería, auxiliar de clínica y ayudante de servicios generales. A esta plantilla habrá que sumar los trabajadores procedentes de empresas externas que se encarguen de la limpieza, el mantenimiento o la cocina.
Fuente: diariosur.es - 19 de julio
La mayoría de las peticionarias son mujeres, 1.084
La Dirección Provincial del Imserso en Melilla ha recibido, a día de hoy, un total de 1.800 solicitudes para beneficiarse de las ayudas y servicios estipulados en la Ley de la Dependencia. De éstas, 1.572 han sido ya valoradas y el 60 por ciento está recibiendo ya las prestaciones.
En declaraciones a SUR, la directora provincial, Francisca Coll, explicó que la gran mayoría de los peticionarios son mujeres, 1.084, frente a 670 hombres. La puesta en marcha de esta ley a principios de 2007 ha permitido reconocer a los familiares el trabajo realizado con los enfermos de dependencia y, en el caso de Melilla, 253 están ya dados de alta en la Seguridad Social, por lo que se encuentran actualmente cotizando.
Talleres de formación
Además, la Dirección Provincial está desarrollando talleres de apoyo y formación para los cuidadores no profesionales, unas actividades que proseguirán en el mes de septiembre después del éxito cosechado este año y en el que participarán más de 350 personas.
De igual forma, y con fecha 1 de junio de 2009, el número de solicitudes registradas en la ciudad fue de 1.569, lo que supone un 2,20 por ciento de la población y 699 de ellos reciben prestaciones.
En este sentido, la Dirección Provincial ha valorado 1.318 solicitudes, que se reparten de la siguiente forma: 168 corresponden a dependientes de grado tres nivel dos, 239 a grado tres nivel uno, 139 a grado dos nivel dos, 153 grado dos nivel uno, 154 a grado uno nivel dos, 183 a grado uno nivel 1 y 282 están sin grado.
Presupuesto en 2009
Por otra parte, Francisca Coll recordó que la Dirección Provincial del Imserso contará este año con un presupuesto de 2,5 millones de euros para la Ley de la Dependencia, una cantidad que permitirá sufragar las ayudas y prestaciones incluidas en la normativa, como la ayuda a domicilio o la teleasistencia.
Las obras de reconversión de la antigua residencia de mayores de Polavieja en un centro integral para discapacitados comenzarán a principios de 2010, después de que a finales de este año se adjudique el proyecto, que ya cuenta con la licencia de obra de la Ciudad Autónoma.
Según Francisca Coll, este centro de recursos, en el que también tendrán cabida las familias y las asociaciones que trabajen con los discapacitados, contará con 20 plazas de residencia permanente, cinco temporales y 20 para Centro de Día repartidas en tres plantas, semi sótano, planta principal y primera.
Si todo marcha según lo previsto, las obras tendrán una duración de entre 16 y 18 meses, por lo que para el año 2011 el centro estará en funcionamiento.
Para atender estas instalaciones, el Imserso contratará a cerca de 40 personas, a través de una Oferta de Empleo Pública, entre técnicos especialistas, terapeutas o auxiliares de atención sociosanitaria, entre otros.
Las contrataciones se realizarán de la bolsa de trabajo del Imserso en las categorías de enfermería, auxiliar de clínica y ayudante de servicios generales. A esta plantilla habrá que sumar los trabajadores procedentes de empresas externas que se encarguen de la limpieza, el mantenimiento o la cocina.
Fuente: diariosur.es - 19 de julio
LOS RECURSOS CONTRA LAS ADMINISTRACIONES, TRAMITACION POR VIA SOCIAL
El cermi plantea que los recursos contra las administraciones por la ley de dependencia se tramiten por la vía social
El Cermi planteará que los recursos contra las administraciones en relación con la ley de dependencia se tramiten por la vía social, y no por la contencioso- administrativa, como sucede ahora.
Con vistas a la evaluación y revisión de la ley que hay que realizar en 2010, la plataforma de la discapacidad propondrá una reforma para declarar con competencia en esta materia a la jurisdicción social, más rápida, ágil y barata que la contencioso-administrativa, ahora la única competente, según informó el Cermi en una nota de prensa.
"Ante la enorme litigiosidad que se está dando, hay que optar por la jurisdicción que tenga más capacidad de resolución, con mayor rapidez y con menos coste para las personas y familias", argumenta el comité.
Para el Cermi, hay antecedentes que avalan esta solución.
Por ejemplo, los recursos contra las declaraciones del grado de discapacidad que realizan las comunidades autónomas, que son conocidos por los jueces de lo social y no por los de lo contencioso-administrativo, por lo que, a su juicio, la propuesta es viable desde un punto de vista jurídico.
Fuente: SERVIMEDIA - 18 de julio
El Cermi planteará que los recursos contra las administraciones en relación con la ley de dependencia se tramiten por la vía social, y no por la contencioso- administrativa, como sucede ahora.
Con vistas a la evaluación y revisión de la ley que hay que realizar en 2010, la plataforma de la discapacidad propondrá una reforma para declarar con competencia en esta materia a la jurisdicción social, más rápida, ágil y barata que la contencioso-administrativa, ahora la única competente, según informó el Cermi en una nota de prensa.
"Ante la enorme litigiosidad que se está dando, hay que optar por la jurisdicción que tenga más capacidad de resolución, con mayor rapidez y con menos coste para las personas y familias", argumenta el comité.
Para el Cermi, hay antecedentes que avalan esta solución.
Por ejemplo, los recursos contra las declaraciones del grado de discapacidad que realizan las comunidades autónomas, que son conocidos por los jueces de lo social y no por los de lo contencioso-administrativo, por lo que, a su juicio, la propuesta es viable desde un punto de vista jurídico.
Fuente: SERVIMEDIA - 18 de julio
MADRID. EMPRESARIOS ALERTAN DE QUE "PELIGRAN" 3.000 COMPAÑIAS DE SERVICIOS
Empresarios alertan de que "peligran" 3.000 compañías de servicios porque "todas las CC.AA deben dinero"
El presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, aseguró ayer que un total de 3.000 compañías de servicios residenciales, teleasistencia o ayuda a domicilio "están al borde de la bancarrota" porque "todas las comunidades autónomas les deben dinero". Esto supondría, según la patronal, la pérdida de 180.000 puestos de trabajo.
Esta es una de las principales conclusiones del Observatorio del V Convenio Colectivo Marco Estatal de Atención a las Personas Dependientes formado por FED junto a la Federación de Sanidad de CC.OO y la Federación de Residencias y Servicios de Atención a Mayores (LARES), que exigieron al Ministerio de Sanidad y Política Social el cumplimiento del desarrollo normativo de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, así como una mayor financiación y profesionalización del sector.
Los responsables de estas entidades recordaron que la norma contempla a la figura del cuidador informal como una excepción, pero que, sin embargo, "se está convirtiendo en algo normal".
Esta prestación significa, según explicó el presidente de LARES, Ignacio Santolalla, un 32,2 por ciento del total de prestaciones del sistema de Dependencia, "muy lejos de lo que se considera excepcional".
Además, Santolalla advirtió de que en los datos de ministerio aparece una categoría de prestaciones que no se sabe a qué corresponden y que "temen" que sea para cuidados en el entorno familiar, que suponen el 37,5 por ciento.
El presidente de LARES recordó que los grandes dependientes, que hasta ahora son los que contempla el desarrollo de la ley, "no están recibiendo debidamente los cuidados que necesitan". En este sentido, indicó que se observa un elemento de "abaratamiento" por parte del Estado y la comunidades autónomas, puesto que el coste de un cuidador supone 500 euros, mientras que el de una plaza residencial asciende a los 1.500.
MÁS DE LA MITAD DE LOS CUIDADORES SON JUBILADOS
Tras cruzar los datos del departamento de Trinidad Jiménez sobre los cuidadores, que alcanzan la cifra de 210.000, los representantes de este observatorio denunciaron que sólo hay registrado en el sistema de Seguridad Social 75.000 convenios y que, por tanto, hay 127.000 cuidadores no profesionales "jubilados o con otro empleo". Asimismo, indicaron que si la figura del cuidador fuera excepcional, en 2011 habría 115.000 puestos de trabajo "localizados y estables".
El secretario general de la FSS-CC.OO., Antonio Cabrera, recordó que según lo acordado por el Consejo Territorial de la Dependencia --integrado por las CC.AA. y el Ministerio de Sanidad y Política Social--, en 2011 deben estar cualificados el 35 por ciento de los trabajadores y, en 2015, el cien por cien. "Este objetivo es imposible de lograr", indicó Cabrera para concluir que eso significaría que en tres años tendrían que estar cualificados 74.200 gerocultores y con la financiación actual para la formación de este colectivo, "sólo podrían cualificarse 9.000 profesionales".
Fuente: Europa Press - 18 de julio
El presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, aseguró ayer que un total de 3.000 compañías de servicios residenciales, teleasistencia o ayuda a domicilio "están al borde de la bancarrota" porque "todas las comunidades autónomas les deben dinero". Esto supondría, según la patronal, la pérdida de 180.000 puestos de trabajo.
Esta es una de las principales conclusiones del Observatorio del V Convenio Colectivo Marco Estatal de Atención a las Personas Dependientes formado por FED junto a la Federación de Sanidad de CC.OO y la Federación de Residencias y Servicios de Atención a Mayores (LARES), que exigieron al Ministerio de Sanidad y Política Social el cumplimiento del desarrollo normativo de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, así como una mayor financiación y profesionalización del sector.
Los responsables de estas entidades recordaron que la norma contempla a la figura del cuidador informal como una excepción, pero que, sin embargo, "se está convirtiendo en algo normal".
Esta prestación significa, según explicó el presidente de LARES, Ignacio Santolalla, un 32,2 por ciento del total de prestaciones del sistema de Dependencia, "muy lejos de lo que se considera excepcional".
Además, Santolalla advirtió de que en los datos de ministerio aparece una categoría de prestaciones que no se sabe a qué corresponden y que "temen" que sea para cuidados en el entorno familiar, que suponen el 37,5 por ciento.
El presidente de LARES recordó que los grandes dependientes, que hasta ahora son los que contempla el desarrollo de la ley, "no están recibiendo debidamente los cuidados que necesitan". En este sentido, indicó que se observa un elemento de "abaratamiento" por parte del Estado y la comunidades autónomas, puesto que el coste de un cuidador supone 500 euros, mientras que el de una plaza residencial asciende a los 1.500.
MÁS DE LA MITAD DE LOS CUIDADORES SON JUBILADOS
Tras cruzar los datos del departamento de Trinidad Jiménez sobre los cuidadores, que alcanzan la cifra de 210.000, los representantes de este observatorio denunciaron que sólo hay registrado en el sistema de Seguridad Social 75.000 convenios y que, por tanto, hay 127.000 cuidadores no profesionales "jubilados o con otro empleo". Asimismo, indicaron que si la figura del cuidador fuera excepcional, en 2011 habría 115.000 puestos de trabajo "localizados y estables".
El secretario general de la FSS-CC.OO., Antonio Cabrera, recordó que según lo acordado por el Consejo Territorial de la Dependencia --integrado por las CC.AA. y el Ministerio de Sanidad y Política Social--, en 2011 deben estar cualificados el 35 por ciento de los trabajadores y, en 2015, el cien por cien. "Este objetivo es imposible de lograr", indicó Cabrera para concluir que eso significaría que en tres años tendrían que estar cualificados 74.200 gerocultores y con la financiación actual para la formación de este colectivo, "sólo podrían cualificarse 9.000 profesionales".
Fuente: Europa Press - 18 de julio
COMUNIDAD VALENCIANA. HA PERDIDO YA 31 MILLONES DE EUROS PARA DEPENDENCIA EN LOS ULTIMOS SEIS MESES
El PSPV considera "vergonzoso" que el Consell culpe al Gobierno de la pérdida de fondos "cuando es consecuencia del boicot a la ley estatal"
La Comunitat perderá unos 60 millones del nuevo fondo de 1.200 millones para personas dependientes de toda España incluido en la reforma de la financiación autonómica.
Pero la sangría es aún mayor. Nada menos que 31 millones es lo que se ha dejado de ingresar para estas personas en tan sólo seis meses por la escasa ejecución de la Ley de la Dependencia, según denunció ayer el portavoz de servicios sociales del PSPV en las Corts, Antonio Torres.
La Comunitat, que cuenta con el 10,90% de la población de España, sólo ha tramitado el 4,9% de las prestaciones reconocidas (el 5,67% sin incluir País Vasco y Navarra). Hay, por ejemplo, 19.378 beneficiarios reconocidos, menos que Castilla-La Mancha (20.020) o País Vasco (34.704).
Torres, quien consideró "vergonzoso" que el Consell culpe al Gobierno central de la pérdida de fondos cuando, según dijo, es "consecuencia del boicot a la Ley de la Dependencia", indicó que en estos seis meses del año el Consell ha ingresado menos por tres vías.
De un lado, el fondo anticrisis de Zapatero incluyó 400 millones para dependencia. La Comunitat ha recibido 36 millones, cuando, de haber estado al nivel del resto de España en aplicación de la ley, le hubieran correspondido 7 más, 43.
A esto se añade el reparto de los 283 millones del llamado "nivel acordado" para financiar la Dependencia en este año: El Consell, de haber cumplido, tendría derecho a 31 millones, pero sólo percibirá 26,4.
La tercera pata es el abono de 865 millones por las prestaciones mes a mes en función de los beneficiarios existentes: De contar con el 10% del total, la Comunitat ingresaría más de 80 millones en todo el año, la mitad hasta junio. Pero como sólo tiene el 4,9%, sólo han llegado unos 20. En total, alrededor de 31 millones. Torres advierte que ya en 2008 se perdieron otros 31 millones.
Fuente: levante-emv.com - 18 de julio
La Comunitat perderá unos 60 millones del nuevo fondo de 1.200 millones para personas dependientes de toda España incluido en la reforma de la financiación autonómica.
Pero la sangría es aún mayor. Nada menos que 31 millones es lo que se ha dejado de ingresar para estas personas en tan sólo seis meses por la escasa ejecución de la Ley de la Dependencia, según denunció ayer el portavoz de servicios sociales del PSPV en las Corts, Antonio Torres.
La Comunitat, que cuenta con el 10,90% de la población de España, sólo ha tramitado el 4,9% de las prestaciones reconocidas (el 5,67% sin incluir País Vasco y Navarra). Hay, por ejemplo, 19.378 beneficiarios reconocidos, menos que Castilla-La Mancha (20.020) o País Vasco (34.704).
Torres, quien consideró "vergonzoso" que el Consell culpe al Gobierno central de la pérdida de fondos cuando, según dijo, es "consecuencia del boicot a la Ley de la Dependencia", indicó que en estos seis meses del año el Consell ha ingresado menos por tres vías.
De un lado, el fondo anticrisis de Zapatero incluyó 400 millones para dependencia. La Comunitat ha recibido 36 millones, cuando, de haber estado al nivel del resto de España en aplicación de la ley, le hubieran correspondido 7 más, 43.
A esto se añade el reparto de los 283 millones del llamado "nivel acordado" para financiar la Dependencia en este año: El Consell, de haber cumplido, tendría derecho a 31 millones, pero sólo percibirá 26,4.
La tercera pata es el abono de 865 millones por las prestaciones mes a mes en función de los beneficiarios existentes: De contar con el 10% del total, la Comunitat ingresaría más de 80 millones en todo el año, la mitad hasta junio. Pero como sólo tiene el 4,9%, sólo han llegado unos 20. En total, alrededor de 31 millones. Torres advierte que ya en 2008 se perdieron otros 31 millones.
Fuente: levante-emv.com - 18 de julio
CANARIAS. EL CES CONSTATA EL RETRASO DEL GOBIERNO EN APLICAR LA LEY DE DEPENDENCIA
Según el avance del informe del Consejo Económico y Social, Canarias -en función de su demografía y del número de casos- debería contar con un mayor número de solicitudes, dictámenes y prestaciones a estas alturas, y alerta de que el Archipiélago está a la cola de las autonomías en número de dictámenes emitidos.
De nuevo un informe oficial pone en tela de juicio la aplicación de la Ley de Dependencia en Canarias, puesto que esta vez es el Consejo Económico y Social de Canarias (CES) el que asegura que "la baja intensidad del proceso de solicitudes, de su valoración y de la prestación de servicios no se puede explicar por la baja prevalencia de la dependencia.
Aunque la población canaria cuenta con un menor porcentaje de personas en edades avanzadas y las tasas de prevalencia según edad y sexo se encuentran ligeramente por debajo de las medias nacionales, gran parte de la menor intensidad y velocidad de la implantación de la ley debe contar con otros factores explicativos. Bajo las actuales condiciones demográficas y de prevalencia de la dependencia, Canarias debería contar con un mayor número de solicitudes, dictámenes y prestaciones".
Este informe se une al del Diputado del Común en el que aludía a la falta de la integración jurídica entre la red de servicios sociales y los servicios para las personas dependientes, lo que se traduce en un retraso causado por la superposición de los sistemas nacional y canario, "cuando tendrían que integrarse", según recoge el citado documento.
Sin embargo, el CES también se hace eco de los estudios publicados por el Observatorio de la Dependencia y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y señala que Canarias es la cuarta comunidad autónoma en lo que a número de solicitudes y dictámenes con respecto a la población total se refiere.
"Canarias ocupa posiciones poco favorables en este punto, ya que sólo cuenta con 0,96 solicitudes por cada 100 habitantes, frente a la media estatal de 1,62.
Aunque en la demanda de las solicitudes incide la estructura demográfica (menor grado de envejecimiento de la población canaria) y las tasas de prevalencia de la dependencia (algo inferiores en Canarias en comparación con la media española), estas grandes diferencias en el proceso de solicitación de las ayudas sorprenden", recalca el informe que además añade que "los dictámenes, a 1 de febrero de 2009 Canarias ocupa el último lugar en el ránking de las comunidades autónomas, con 0,4 dictámenes por cada 100 habitantes, posición muy alejada de la media española de 1,4 dictámenes.
En este sentido, si la propensión a las solicitudes sólo alcanza el 59% de la intensidad media nacional, en el caso de los dictámenes este porcentaje se reduce al 29%.
El Gobierno, a través de la Consejería de Bienestar Social, ha reconocido y explicado estos hechos en múltiples ocasiones, si bien alude a que con anterioridad a esta ley, en las Islas ya existía una red propia de atención a las personas dependientes más avanzada y completa que la nacional, lo que a su juicio ha dificultado la entrada en funcionamiento de la norma estatal que, en algunos casos, se queda corta en reconocimientos y servicios a los que tienen derechos las personas dependientes.
La ley no se ha desarrollado
Los sindicatos y patronal mayoritarios del sector de la dependencia alertaron ayer de que el escaso desarrollo normativo de la Ley de Dependencia está afectando a la formación de los profesionales y a las previsiones de creación de empleo.
Tras una reunión del Observatorio del V Convenio Marco Estatal de Atención a las Personas Dependientes, sus integrantes, CCOO, FED y LARES, han lamentado que las administraciones estén otorgando de forma mayoritaria prestaciones económicas de cuidador informal, cuando según la ley deberían ser excepcionales.
"El abuso de la figura del cuidador familiar, no profesional" está influyendo en el empleo, porque no se crearán los 115.000 puestos de trabajo previstos, ha alertado el presidente de la Federación de Residencias y Servicios de Atención a Mayores (LARES), José Ignacio Santaolalla.
Hasta el momento, del total de las prestaciones concedidas, el 32 por ciento han sido económicas de cuidado familiar y el 37 por ciento están pendientes de identificar, "por lo que en torno al 70 por ciento ha sido para cuidados del entorno familiar no profesionales", manifestó antes de incidir en la morosidad de las administraciones públicas con los prestadores de servicios.
Fuente: eldia.es canarias - 18 de julio
De nuevo un informe oficial pone en tela de juicio la aplicación de la Ley de Dependencia en Canarias, puesto que esta vez es el Consejo Económico y Social de Canarias (CES) el que asegura que "la baja intensidad del proceso de solicitudes, de su valoración y de la prestación de servicios no se puede explicar por la baja prevalencia de la dependencia.
Aunque la población canaria cuenta con un menor porcentaje de personas en edades avanzadas y las tasas de prevalencia según edad y sexo se encuentran ligeramente por debajo de las medias nacionales, gran parte de la menor intensidad y velocidad de la implantación de la ley debe contar con otros factores explicativos. Bajo las actuales condiciones demográficas y de prevalencia de la dependencia, Canarias debería contar con un mayor número de solicitudes, dictámenes y prestaciones".
Este informe se une al del Diputado del Común en el que aludía a la falta de la integración jurídica entre la red de servicios sociales y los servicios para las personas dependientes, lo que se traduce en un retraso causado por la superposición de los sistemas nacional y canario, "cuando tendrían que integrarse", según recoge el citado documento.
Sin embargo, el CES también se hace eco de los estudios publicados por el Observatorio de la Dependencia y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y señala que Canarias es la cuarta comunidad autónoma en lo que a número de solicitudes y dictámenes con respecto a la población total se refiere.
"Canarias ocupa posiciones poco favorables en este punto, ya que sólo cuenta con 0,96 solicitudes por cada 100 habitantes, frente a la media estatal de 1,62.
Aunque en la demanda de las solicitudes incide la estructura demográfica (menor grado de envejecimiento de la población canaria) y las tasas de prevalencia de la dependencia (algo inferiores en Canarias en comparación con la media española), estas grandes diferencias en el proceso de solicitación de las ayudas sorprenden", recalca el informe que además añade que "los dictámenes, a 1 de febrero de 2009 Canarias ocupa el último lugar en el ránking de las comunidades autónomas, con 0,4 dictámenes por cada 100 habitantes, posición muy alejada de la media española de 1,4 dictámenes.
En este sentido, si la propensión a las solicitudes sólo alcanza el 59% de la intensidad media nacional, en el caso de los dictámenes este porcentaje se reduce al 29%.
El Gobierno, a través de la Consejería de Bienestar Social, ha reconocido y explicado estos hechos en múltiples ocasiones, si bien alude a que con anterioridad a esta ley, en las Islas ya existía una red propia de atención a las personas dependientes más avanzada y completa que la nacional, lo que a su juicio ha dificultado la entrada en funcionamiento de la norma estatal que, en algunos casos, se queda corta en reconocimientos y servicios a los que tienen derechos las personas dependientes.
La ley no se ha desarrollado
Los sindicatos y patronal mayoritarios del sector de la dependencia alertaron ayer de que el escaso desarrollo normativo de la Ley de Dependencia está afectando a la formación de los profesionales y a las previsiones de creación de empleo.
Tras una reunión del Observatorio del V Convenio Marco Estatal de Atención a las Personas Dependientes, sus integrantes, CCOO, FED y LARES, han lamentado que las administraciones estén otorgando de forma mayoritaria prestaciones económicas de cuidador informal, cuando según la ley deberían ser excepcionales.
"El abuso de la figura del cuidador familiar, no profesional" está influyendo en el empleo, porque no se crearán los 115.000 puestos de trabajo previstos, ha alertado el presidente de la Federación de Residencias y Servicios de Atención a Mayores (LARES), José Ignacio Santaolalla.
Hasta el momento, del total de las prestaciones concedidas, el 32 por ciento han sido económicas de cuidado familiar y el 37 por ciento están pendientes de identificar, "por lo que en torno al 70 por ciento ha sido para cuidados del entorno familiar no profesionales", manifestó antes de incidir en la morosidad de las administraciones públicas con los prestadores de servicios.
Fuente: eldia.es canarias - 18 de julio
CASTILLA -LA MANCHA. TALAVERA HA REGISTRADO 2.188 SOLICITUDES DE DEPENDENCIA
El 75 por ciento de las peticiones registradas en la ciudad ya se ha resuelto, concediendo un total de 682 planes de atención individualizada y 260 plazas en residencias
El delegado de la Junta en Talavera, Fernando Mora, destacó ayer que Castilla-La Mancha es «la cuarta región que mejor gestiona la Ley de Dependencia».
Según los datos que manejan, en Talavera se han registrado un total de 2.188 solicitudes de las que se han resuelto el 75 por ciento, 1.643.
Se enmarcan dentro de los parámetros de la ley 910 de esos casos, entre los que se han otorgado 260 plazas en residencias y se han diseñado 682 planes de atención individualizada.
Durante el balance de la primera mitad de la legislatura, el delegado resaltó el capítulo de Estado del Bienestar, en cuestiones como la sanidad. En esta materia se ha hecho un «esfuerzo importante».
Actualmente, en la ciudad se está construyendo un nuevo centro de salud, además del helipuerto del Hospital. Pero también las localidades de Castillo de Bayuela, Belvís, Velada, Calera y Chozas, Pueblanueva, Santa Olalla, Navamorcuende, Cazalegas, San Bartolomé de las Abiertas, San Román, Malpica y Montearagón han visto o verán próximamente nuevas infraestructuras sanitarias.
En los dos últimos años, la plantilla sanitaria en Talavera se ha incrementado en 100 profesionales, tanto de Atención Primaria como en el Hospital. De este último, resaltó como un motivo de orgullo que sea un centro de referencia para los habitantes de la región vecina de Castilla y León, como ocurre con la comarca del Valle del Tiétar.
Según Mora, desde que se recibieron las transferencias, en el año 2002, «el cambio experimentado ha sido el más importante producido en toda la historia de nuestra tierra».
Entre las principales obras destacó, por ejemplo, la ampliación del Hospital Nuestra Señora del Prado. También la plantilla de profesionales ha crecido sensiblemente en estos siete años, con un aumento del personal que ronda el 40 por ciento según las cifras que maneja la Junta.
Fuente: Tribuna de Talavera Digital - 18 de julio
El delegado de la Junta en Talavera, Fernando Mora, destacó ayer que Castilla-La Mancha es «la cuarta región que mejor gestiona la Ley de Dependencia».
Según los datos que manejan, en Talavera se han registrado un total de 2.188 solicitudes de las que se han resuelto el 75 por ciento, 1.643.
Se enmarcan dentro de los parámetros de la ley 910 de esos casos, entre los que se han otorgado 260 plazas en residencias y se han diseñado 682 planes de atención individualizada.
Durante el balance de la primera mitad de la legislatura, el delegado resaltó el capítulo de Estado del Bienestar, en cuestiones como la sanidad. En esta materia se ha hecho un «esfuerzo importante».
Actualmente, en la ciudad se está construyendo un nuevo centro de salud, además del helipuerto del Hospital. Pero también las localidades de Castillo de Bayuela, Belvís, Velada, Calera y Chozas, Pueblanueva, Santa Olalla, Navamorcuende, Cazalegas, San Bartolomé de las Abiertas, San Román, Malpica y Montearagón han visto o verán próximamente nuevas infraestructuras sanitarias.
En los dos últimos años, la plantilla sanitaria en Talavera se ha incrementado en 100 profesionales, tanto de Atención Primaria como en el Hospital. De este último, resaltó como un motivo de orgullo que sea un centro de referencia para los habitantes de la región vecina de Castilla y León, como ocurre con la comarca del Valle del Tiétar.
Según Mora, desde que se recibieron las transferencias, en el año 2002, «el cambio experimentado ha sido el más importante producido en toda la historia de nuestra tierra».
Entre las principales obras destacó, por ejemplo, la ampliación del Hospital Nuestra Señora del Prado. También la plantilla de profesionales ha crecido sensiblemente en estos siete años, con un aumento del personal que ronda el 40 por ciento según las cifras que maneja la Junta.
Fuente: Tribuna de Talavera Digital - 18 de julio
viernes, 17 de julio de 2009
APROBADO DECRETO PARA CONVALIDAR EXPERIENCIA LABORAL POR ASIGNATURAS DE FP
El Gobierno aprueba el decreto para convalidar la experiencia laboral por asignaturas de FP.
Los conocimientos de Educación Infantil y el cuidado de dependientes serán los primeros en ser evaluados
El Consejo de Ministros aprobó hoy el Real Decreto de Formación Profesional para el reconocimiento de competencias adquiridas por la experiencia laboral y formación no reglada, que se pondrá en marcha este año y que tendrá una dotación de 3,5 millones de euros para evaluar a 8.000 personas. Las dos primeras convocatorias estarán relacionadas con los perfiles profesionales de Educación Infantil y la Ley de Dependencia.
"Esto supone un antes y un después", indicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que recordó que este decreto contribuye a la creación del "nuevo modelo económico" basado en el conocimiento. Para De la Vega esta iniciativa, elaborada por los ministerios de Educación y Trabajo, "dará más opciones a los ciudadanos para mejorar su formación y tener más posibilidades de futuro".
Los ciudadanos que decidan obtener un reconocimiento oficial de su experiencia o formación deberán inscribirse en la convocatoria que realizarán conjuntamente las administraciones educativa y laboral. Posteriormente, participarán en un proceso que se divide en tres fases: 'Asesoramiento', 'Evaluación y acreditación' y 'Registro de la competencia profesional'.
Al concluir todo el procedimiento, los candidatos recibirán, además, la orientación necesaria sobre las posibilidades para completar la formación que les lleve a obtener un título de Formación Profesional o un certificado de profesionalidad relacionado con esas competencias.
2.000 HORAS DE TRABAJO O 300 EN CURSOS
Las convocatorias para este año corresponden a los perfiles profesionales de Educación Infantil y la Ley de Dependencia, "dos sectores que requieren demanda de personal cualificado", recordó la vicepresidenta. Para acreditar esta experiencia laboral deberán justificarse, al menos, tres años, con un mínimo de dos mil horas trabajadas en total en los últimos diez años transcurridos antes de realizarse la convocatoria.
En el caso de la formación no reglada, habrá que justificar, al menos, trescientas horas de cursos sin reconocimiento oficial en los últimos diez años transcurridos antes de realizarse la convocatoria. Para las unidades de competencia de nivel 1, se requerirán dos años de experiencia laboral con un mínimo de 1.200 horas trabajadas en total.
La aprobación del Real Decreto viene acompañada de un presupuesto de 3,5 millones de euros para el año 2009, que se destinarán a los siguientes fines: una convocatoria de 2009, con la que se pretende evaluar y acreditar las competencias de unas 8.000 personas con 2,8 millones de euros; la elaboración de materiales específicos para cada una de las 26 familias profesionales (260.000 euros); y la formación de cerca de 3.000 orientadores, evaluadores y asesores (460.000 euros).
NUEVOS CERTIFICADOS PROFESIONALES
Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó 10 reales decretos que incluyen 28 nuevos certificados de profesionalidad, es decir, las acreditaciones competencia les que capacitan para el desarrollo de un trabajo. Se pueden obtener a través de formación o por procedimiento de evaluación y competencia adquiridas por la experiencia o vías no formales de formación. Para aprobar estas acreditaciones, el Gobierno ha tenido en cuenta factores como la incidencia económica de estos sectores o la demanda que existe en estas áreas por parte de los trabajadores.
"Potencialmente, se podrían presentar hasta 10 millones de trabajadores", indicó De la Vega para añadir que entre estos certificados destacan las áreas de Artes gráficas (2 certificados), Administración y gestión (5), Actividades físicas y deportivas (1), Agraria (5), Electricidad y electrónica (3), Energía y agua (1), Edificación y obra civil (3), Fabricación mecánica(4), Industrias extractivas (3), e Informática y comunicaciones (1).
Fuente: Europa Press - 17 de julio
Los conocimientos de Educación Infantil y el cuidado de dependientes serán los primeros en ser evaluados
El Consejo de Ministros aprobó hoy el Real Decreto de Formación Profesional para el reconocimiento de competencias adquiridas por la experiencia laboral y formación no reglada, que se pondrá en marcha este año y que tendrá una dotación de 3,5 millones de euros para evaluar a 8.000 personas. Las dos primeras convocatorias estarán relacionadas con los perfiles profesionales de Educación Infantil y la Ley de Dependencia.
"Esto supone un antes y un después", indicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que recordó que este decreto contribuye a la creación del "nuevo modelo económico" basado en el conocimiento. Para De la Vega esta iniciativa, elaborada por los ministerios de Educación y Trabajo, "dará más opciones a los ciudadanos para mejorar su formación y tener más posibilidades de futuro".
Los ciudadanos que decidan obtener un reconocimiento oficial de su experiencia o formación deberán inscribirse en la convocatoria que realizarán conjuntamente las administraciones educativa y laboral. Posteriormente, participarán en un proceso que se divide en tres fases: 'Asesoramiento', 'Evaluación y acreditación' y 'Registro de la competencia profesional'.
Al concluir todo el procedimiento, los candidatos recibirán, además, la orientación necesaria sobre las posibilidades para completar la formación que les lleve a obtener un título de Formación Profesional o un certificado de profesionalidad relacionado con esas competencias.
2.000 HORAS DE TRABAJO O 300 EN CURSOS
Las convocatorias para este año corresponden a los perfiles profesionales de Educación Infantil y la Ley de Dependencia, "dos sectores que requieren demanda de personal cualificado", recordó la vicepresidenta. Para acreditar esta experiencia laboral deberán justificarse, al menos, tres años, con un mínimo de dos mil horas trabajadas en total en los últimos diez años transcurridos antes de realizarse la convocatoria.
En el caso de la formación no reglada, habrá que justificar, al menos, trescientas horas de cursos sin reconocimiento oficial en los últimos diez años transcurridos antes de realizarse la convocatoria. Para las unidades de competencia de nivel 1, se requerirán dos años de experiencia laboral con un mínimo de 1.200 horas trabajadas en total.
La aprobación del Real Decreto viene acompañada de un presupuesto de 3,5 millones de euros para el año 2009, que se destinarán a los siguientes fines: una convocatoria de 2009, con la que se pretende evaluar y acreditar las competencias de unas 8.000 personas con 2,8 millones de euros; la elaboración de materiales específicos para cada una de las 26 familias profesionales (260.000 euros); y la formación de cerca de 3.000 orientadores, evaluadores y asesores (460.000 euros).
NUEVOS CERTIFICADOS PROFESIONALES
Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó 10 reales decretos que incluyen 28 nuevos certificados de profesionalidad, es decir, las acreditaciones competencia les que capacitan para el desarrollo de un trabajo. Se pueden obtener a través de formación o por procedimiento de evaluación y competencia adquiridas por la experiencia o vías no formales de formación. Para aprobar estas acreditaciones, el Gobierno ha tenido en cuenta factores como la incidencia económica de estos sectores o la demanda que existe en estas áreas por parte de los trabajadores.
"Potencialmente, se podrían presentar hasta 10 millones de trabajadores", indicó De la Vega para añadir que entre estos certificados destacan las áreas de Artes gráficas (2 certificados), Administración y gestión (5), Actividades físicas y deportivas (1), Agraria (5), Electricidad y electrónica (3), Energía y agua (1), Edificación y obra civil (3), Fabricación mecánica(4), Industrias extractivas (3), e Informática y comunicaciones (1).
Fuente: Europa Press - 17 de julio
COMUNIDAD VALENCIANA. EL CONSELL PIERDE 60 MILLONES DE EUROS
El Consell pierde 60 millones de euros del Estado por «frenar» las ayudas de la dependencia
El retraso de Bienestar Social en la evaluación de las peticiones relega a la Comunidad a 5 puntos de la media y muy por detrás de Andalucía y Cataluña
Pere Rostoll o toda la culpa de que la Comunidad continúe a la cola en el reparto de la tarta de la financiación autonómica la tiene el Gobierno.
También la Generalitat tiene su porción, obviamente, de responsabilidad.
El bloqueo del Consell a la Ley de Dependencia, decisión que le ha convertido en una de las autonomías en la que menos casos se han evaluado, le ha costado a la administración autonómica dejar de ingresar unos 60 millones de euros del nuevo modelo de financiación, según estimaciones de fuentes conocedoras del sistema.
El retraso a la hora de resolver las peticiones ha dejado a la Comunidad cinco puntos por debajo de la media que corresponde a su nivel de población y muy por detrás de Andalucía y Cataluña, las dos comunidades que liderarán el reparto de este fondo incluido en el nuevo modelo de financiación y que será efectivo a lo largo del próximo año.
De acuerdo con la letra del sistema aprobado el miércoles por el Consejo de Política Fiscal y Financiera -un farragoso documento de 76 páginas-, el Gobierno prevé un fondo extraordinario de 1.200 millones "repartidos" entre las autonomías de "régimen común, en atención al peso relativo del número de personas reconocidas como dependientes con derecho a prestación".
Es decir, sin ambages, que aquellas comunidades que hayan sido más diligentes a la hora de resolver las peticiones de las ayudas para los ciudadanos con problemas de dependencia recibirán más dinero conforme al nuevo modelo de distribución.
La Comunidad ha mantenido un duro pulso con el Gobierno en este asunto.
Ha bloqueado durante meses la validación de las peticiones entre quejas y denuncias por no disponer de fondos para atender las reclamaciones de los ciudadanos.
El documento en el que se basa la distribución de la nueva financiación autonómica, más allá de determinar cuánto dinero le corresponde a cada región, deja al descubierto las autonomías que sí han aplicado la nueva ley del Gobierno de Zapatero y las que han optado por ralentizar la resolución de las solicitudes.
Así, por ejemplo, Andalucía y Cataluña lideran la validación de ayudas a la Ley de la Dependencia con un 28% y un 18% de los dependientes de toda España, muy por encima de la media que marca su peso poblacional. Entre ambas, de hecho, suman casi la mitad de las subvenciones concedidas a dependientes en el Estado.
Por contra, en el extremo opuesto, los grandes bastiones del PP como la Comunidad Valenciana o Madrid están por debajo de la media y muy por detrás de otras autonomías con menor población como Galicia y Castilla-León -comunidades del PP que sí recibirán fondos por encima de la media- o Castilla-La Mancha.
De haber aplicado correctamente la Ley de la Dependencia, el Consell podría haber conseguido a través de este fondo más de 130,5 millones de euros, teniendo en cuenta el reparto que establece el documento del nuevo sistema de financiación autonómica.
Por contra, apenas percibirá unos 68,5. Con todo eso, dejará de embolsarse alrededor de 60 millones de euros, unos 10.000 millones de las antiguas pesetas, una decisión que tendrá una incidencia directa en las solicitudes de personas dependientes.
El conseller Gerardo Camps acusó ayer al Gobierno de ejercer de "trilero" y denunció, en este sentido, que el Ejecutivo de Zapatero ha cambiado la normativa de reparto de las cantidades incluidas en ese fondo.
El responsable económico del Consell echó en cara a Madrid que se utilicen los datos de evaluaciones realizadas a 1 de abril de 2009 cuando el dinero no empezará a llegar hasta 2010. Gerardo Camps abogó, de hecho, por repartir las cantidades de este fondo de 1.200 millones de euros con los datos cerrados el próximo 31 de diciembre. La petición del conseller de Economía no es baladí.
Todo lo contrario. Eso daría unos meses de margen al Conssell para intentar dar luz verde a peticiones de depedientes. También reclamó que se tenga en cuenta la variable de la tasa de inmigrantes de cada autonomía y que se reconozca el gasto que supone la tención a los desplazados. "Nuestra pretensión es y seguirá siendo mayor, porque los valencianos no pueden ser menos que los de cualquier otra comunidad", subrayó un Gerardo Camps inconformista con el reparto de la financiación.
Fuente: informacion.es - 17 de julio
El retraso de Bienestar Social en la evaluación de las peticiones relega a la Comunidad a 5 puntos de la media y muy por detrás de Andalucía y Cataluña
Pere Rostoll o toda la culpa de que la Comunidad continúe a la cola en el reparto de la tarta de la financiación autonómica la tiene el Gobierno.
También la Generalitat tiene su porción, obviamente, de responsabilidad.
El bloqueo del Consell a la Ley de Dependencia, decisión que le ha convertido en una de las autonomías en la que menos casos se han evaluado, le ha costado a la administración autonómica dejar de ingresar unos 60 millones de euros del nuevo modelo de financiación, según estimaciones de fuentes conocedoras del sistema.
El retraso a la hora de resolver las peticiones ha dejado a la Comunidad cinco puntos por debajo de la media que corresponde a su nivel de población y muy por detrás de Andalucía y Cataluña, las dos comunidades que liderarán el reparto de este fondo incluido en el nuevo modelo de financiación y que será efectivo a lo largo del próximo año.
De acuerdo con la letra del sistema aprobado el miércoles por el Consejo de Política Fiscal y Financiera -un farragoso documento de 76 páginas-, el Gobierno prevé un fondo extraordinario de 1.200 millones "repartidos" entre las autonomías de "régimen común, en atención al peso relativo del número de personas reconocidas como dependientes con derecho a prestación".
Es decir, sin ambages, que aquellas comunidades que hayan sido más diligentes a la hora de resolver las peticiones de las ayudas para los ciudadanos con problemas de dependencia recibirán más dinero conforme al nuevo modelo de distribución.
La Comunidad ha mantenido un duro pulso con el Gobierno en este asunto.
Ha bloqueado durante meses la validación de las peticiones entre quejas y denuncias por no disponer de fondos para atender las reclamaciones de los ciudadanos.
El documento en el que se basa la distribución de la nueva financiación autonómica, más allá de determinar cuánto dinero le corresponde a cada región, deja al descubierto las autonomías que sí han aplicado la nueva ley del Gobierno de Zapatero y las que han optado por ralentizar la resolución de las solicitudes.
Así, por ejemplo, Andalucía y Cataluña lideran la validación de ayudas a la Ley de la Dependencia con un 28% y un 18% de los dependientes de toda España, muy por encima de la media que marca su peso poblacional. Entre ambas, de hecho, suman casi la mitad de las subvenciones concedidas a dependientes en el Estado.
Por contra, en el extremo opuesto, los grandes bastiones del PP como la Comunidad Valenciana o Madrid están por debajo de la media y muy por detrás de otras autonomías con menor población como Galicia y Castilla-León -comunidades del PP que sí recibirán fondos por encima de la media- o Castilla-La Mancha.
De haber aplicado correctamente la Ley de la Dependencia, el Consell podría haber conseguido a través de este fondo más de 130,5 millones de euros, teniendo en cuenta el reparto que establece el documento del nuevo sistema de financiación autonómica.
Por contra, apenas percibirá unos 68,5. Con todo eso, dejará de embolsarse alrededor de 60 millones de euros, unos 10.000 millones de las antiguas pesetas, una decisión que tendrá una incidencia directa en las solicitudes de personas dependientes.
El conseller Gerardo Camps acusó ayer al Gobierno de ejercer de "trilero" y denunció, en este sentido, que el Ejecutivo de Zapatero ha cambiado la normativa de reparto de las cantidades incluidas en ese fondo.
El responsable económico del Consell echó en cara a Madrid que se utilicen los datos de evaluaciones realizadas a 1 de abril de 2009 cuando el dinero no empezará a llegar hasta 2010. Gerardo Camps abogó, de hecho, por repartir las cantidades de este fondo de 1.200 millones de euros con los datos cerrados el próximo 31 de diciembre. La petición del conseller de Economía no es baladí.
Todo lo contrario. Eso daría unos meses de margen al Conssell para intentar dar luz verde a peticiones de depedientes. También reclamó que se tenga en cuenta la variable de la tasa de inmigrantes de cada autonomía y que se reconozca el gasto que supone la tención a los desplazados. "Nuestra pretensión es y seguirá siendo mayor, porque los valencianos no pueden ser menos que los de cualquier otra comunidad", subrayó un Gerardo Camps inconformista con el reparto de la financiación.
Fuente: informacion.es - 17 de julio
EL CERMI Y SUS DELEGADOS AUTONOMICOS ANALIZAN DESPLIEGUE SISTEMA DEPENDENCIA
El cermi y sus delegados autonómicos analizarán el despliegue del sistema de dependencia.
El cermi reclama la aprobación urgente del plan de atención a menores de tres años en situación de dependencia
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha convocado para hoy una sesión de trabajo de los delegados regionales para la autonomía personal, con el fin de examinar el despliegue territorial de la Ley de Dependencia.
Durante la jornada, los delegados de los cermis autonómicos revisarán con el Cermi estatal el grado de implantación de la ley en cada territorio, el nivel de penetración de los servicios y prestaciones entre las personas beneficiarias y la equidad en la aplicación del derecho a la autonomía personal entre las comunidades autónomas.
Cada delegado autonómico informará del despliegue de la ley en su territorio y de los problemas más graves que están encontrando las personas con discapacidad y las personas mayores en situación de dependencia en el acceso a los servicios y prestaciones de la ley.
Asimismo, en la sesión se consensuará un plan de trabajo común para conseguir una implantación rápida, amplia y equitativa de la ley en cada uno de los territorios.
Los 19 comités autonómicos integrados en el Cermi estatal han creado la figura del delegado para la autonomía personal como responsable político del tejido asociativo encargado de realizar el seguimiento de la Ley de Dependencia en cada comunidad autónoma.
Fuente: SERVIMEDIA - 17 de julio
El cermi reclama la aprobación urgente del plan de atención a menores de tres años en situación de dependencia
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha convocado para hoy una sesión de trabajo de los delegados regionales para la autonomía personal, con el fin de examinar el despliegue territorial de la Ley de Dependencia.
Durante la jornada, los delegados de los cermis autonómicos revisarán con el Cermi estatal el grado de implantación de la ley en cada territorio, el nivel de penetración de los servicios y prestaciones entre las personas beneficiarias y la equidad en la aplicación del derecho a la autonomía personal entre las comunidades autónomas.
Cada delegado autonómico informará del despliegue de la ley en su territorio y de los problemas más graves que están encontrando las personas con discapacidad y las personas mayores en situación de dependencia en el acceso a los servicios y prestaciones de la ley.
Asimismo, en la sesión se consensuará un plan de trabajo común para conseguir una implantación rápida, amplia y equitativa de la ley en cada uno de los territorios.
Los 19 comités autonómicos integrados en el Cermi estatal han creado la figura del delegado para la autonomía personal como responsable político del tejido asociativo encargado de realizar el seguimiento de la Ley de Dependencia en cada comunidad autónoma.
Fuente: SERVIMEDIA - 17 de julio
MADRID. ALCORCON. AYUDA A DOMICILIO A LA ESPERA DE DATOS SOBRE LA DEPENDENCIA
Lo que ocurre en Alcorcón es sólo un ejemplo de la guerra de números que la semana pasada escenificaron UGT y Gobierno regional. Según el sindicato, "tan sólo" 15.061 dependientes de la Comunidad reciben la prestación por Depedencia, de un total de 34.850 que tendrían derecho.
Otros cinco casos urgentes se suman a los 36 que requieren Ayuda a Domicilio este año. El coste que estima el Ayuntamiento para dar servicio a estas cinco personas es de 1.629 euros al mes, con cargo a las cuentas del Ayuntamiento.
En total, este servicio atiende a 1.670 personas. "A fecha de hoy, llevamos 1.083.000 euros gastados en Ayuda a Domicilio y llegaremos a los 2'5 millones", asegura el primer teniente de alcalde, Marcelino García. El reproche se dirigía al Gobierno regional.
"Lo que aporta la Comunidad no llega al 40 por ciento, cuando su responsabilidad es acometer el 66 por ciento". Pero iba más allá. Porque, según García, "el Gobierno regional sigue sin hacernos llegar los datos relativos a la Ley de Dependencia". En la consejería de Familia y Asuntos Sociales, la reacción es de sorpresa. La solicitud de dependencia, explican, pasa por los ayuntamientos, por lo que no comprenden por qué no tienen esos datos.
Fuentes de Familia, sin embargo, aseguran que el presupuesto para la coordinación de la dependencia este año es de 830 millones de euros, mientras que para el conjunto de España es de 1.200 euros. ¿Faltan datos o comunicación?
"La consejera [Engracia Hidalgo] no ha cumplido el compromiso que adquirió de reunirse con los alcaldes y el plazo venció en junio", dice García. Mientras, los Ayuntamientos esperan. Según García, la aplicación de la Ley de Dependencia aliviaría el servicio de Ayuda a Domicilio y con ello las cuentas municipales.
Fuente: Gente digital - 17 de julio
Otros cinco casos urgentes se suman a los 36 que requieren Ayuda a Domicilio este año. El coste que estima el Ayuntamiento para dar servicio a estas cinco personas es de 1.629 euros al mes, con cargo a las cuentas del Ayuntamiento.
En total, este servicio atiende a 1.670 personas. "A fecha de hoy, llevamos 1.083.000 euros gastados en Ayuda a Domicilio y llegaremos a los 2'5 millones", asegura el primer teniente de alcalde, Marcelino García. El reproche se dirigía al Gobierno regional.
"Lo que aporta la Comunidad no llega al 40 por ciento, cuando su responsabilidad es acometer el 66 por ciento". Pero iba más allá. Porque, según García, "el Gobierno regional sigue sin hacernos llegar los datos relativos a la Ley de Dependencia". En la consejería de Familia y Asuntos Sociales, la reacción es de sorpresa. La solicitud de dependencia, explican, pasa por los ayuntamientos, por lo que no comprenden por qué no tienen esos datos.
Fuentes de Familia, sin embargo, aseguran que el presupuesto para la coordinación de la dependencia este año es de 830 millones de euros, mientras que para el conjunto de España es de 1.200 euros. ¿Faltan datos o comunicación?
"La consejera [Engracia Hidalgo] no ha cumplido el compromiso que adquirió de reunirse con los alcaldes y el plazo venció en junio", dice García. Mientras, los Ayuntamientos esperan. Según García, la aplicación de la Ley de Dependencia aliviaría el servicio de Ayuda a Domicilio y con ello las cuentas municipales.
Fuente: Gente digital - 17 de julio
EL OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA PIDE FINANCIACION PARA FORMAR A LOS CUIDADORES
El Observatorio de Empleo del V Convenio Colectivo Marco Estatal de Atención a las Personas Dependientes pidió hoy al Ministerio de Sanidad y Política Social una financiación suficiente para la formación de los profesionales en la ley de dependencia.
En rueda de prensa, el presidente de este observatorio y secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Antonio Cabrera, recordó que, según el desarrollo previsto de la ley, en 2011 deberían estar certificados el 35% de los profesionales que trabajan en el sector, es decir, 74.200 personas.
Cabrera aseguró que, sin embargo, "con la financiación actual (3 millones de euros)", sólo estarían formados "9.000 profesionales de esos 74.200 y no cumpliríamos los requisitos que marca la propia normativa".
Sobre la acreditación de los centros formativos, el titular del sector sanitario de CCOO dijo que "se está impartiendo formación a los profesionales, pero no sabemos siquiera si esa formación va a estar homologada en un futuro".
"No hay ningún centro en todo el Estado que cumpla los requisitos marcados por el propio ministerio", continuó. Por eso, pidió al departamento que dirige Trinidad Jiménez que "se abra un periodo transitorio, que haya una financiación suficiente en la formación y que se haga un desarrollo legislativo para aclarar que criterios deben incluir los centros para impartir esa formación".
Por otro lado, José Ignacio Santaolalla, presidente de la Federación de Residencias y Servicios de Atención a Mayores (Lares), criticó que "el 70% de los cuidadores actuales de las personas dependientes no tienen cualificación profesional", y aseguró que, de todos los dependientes, sólo el 25% tienen una atención profesionalizada.
En este sentido, el presidente de Lares aseguró que si la ley de dependencia se estuviera desarrollando correctamente y el cuidador familiar sólo se permitiera "en casos excepcionales", el sector crearía unos 115.000 puestos de trabajo.
Fuente: SERVIMEDIA - 17 de julio
En rueda de prensa, el presidente de este observatorio y secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Antonio Cabrera, recordó que, según el desarrollo previsto de la ley, en 2011 deberían estar certificados el 35% de los profesionales que trabajan en el sector, es decir, 74.200 personas.
Cabrera aseguró que, sin embargo, "con la financiación actual (3 millones de euros)", sólo estarían formados "9.000 profesionales de esos 74.200 y no cumpliríamos los requisitos que marca la propia normativa".
Sobre la acreditación de los centros formativos, el titular del sector sanitario de CCOO dijo que "se está impartiendo formación a los profesionales, pero no sabemos siquiera si esa formación va a estar homologada en un futuro".
"No hay ningún centro en todo el Estado que cumpla los requisitos marcados por el propio ministerio", continuó. Por eso, pidió al departamento que dirige Trinidad Jiménez que "se abra un periodo transitorio, que haya una financiación suficiente en la formación y que se haga un desarrollo legislativo para aclarar que criterios deben incluir los centros para impartir esa formación".
Por otro lado, José Ignacio Santaolalla, presidente de la Federación de Residencias y Servicios de Atención a Mayores (Lares), criticó que "el 70% de los cuidadores actuales de las personas dependientes no tienen cualificación profesional", y aseguró que, de todos los dependientes, sólo el 25% tienen una atención profesionalizada.
En este sentido, el presidente de Lares aseguró que si la ley de dependencia se estuviera desarrollando correctamente y el cuidador familiar sólo se permitiera "en casos excepcionales", el sector crearía unos 115.000 puestos de trabajo.
Fuente: SERVIMEDIA - 17 de julio
miércoles, 15 de julio de 2009
CASTILLA Y LEON. EL PP SOSTIENE QUE NO DEBE REDUCIRSE LA FINANCIACION
El PP sostiene que no debe reducirse la financiación para la Dependencia
Fernández Mañueco subraya en los cursos de verano del Partido Popular que el modelo actual de servicios sociales «es para que los ciudadanos se sientan satisfechos»
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, César Antón, se postuló ayer en contra de que el Estado «dé un giro» y reduzca el porcentaje actual de financiación de la Ley de Dependencia sin tener en cuenta las especiales características de la población que requiere de esta prestación y la dispersión territorial de la Comunidad.
«Nos preocupa que después de dos años la financiación siga siendo escasa e insuficiente», concretó Antón en la segunda jornada del Curso de Verano del PP sobre Políticas Sociales y la Ley de Dependencia.
A su juicio, el mayor peso lo soportan con un 83 por ciento del coste total las familias de las personas dependientes y la Junta, frente a un 12 por ciento que sufraga la Administración Central, «cuando la Ley dice que debe aportar mucho más».
Antón explicó que si en el conjunto del Estado Castilla y León supone un 8 por ciento de la población potencialmente dependiente, y en los dos últimos años se recibía este porcentaje de lo consignado en los Presupuestos Generales para la Ley de Dependencia, «ahora no puede darse un giro y que se proponga una menor cantidad».
«Hay que revisar la Ley y que no se llegue a percibir menos dinero porque en 2009 no se van a tener en cuenta criterios de población y circunstancias personales, bajando la percepción de recursos a un 7,8 por ciento, lo que obligaría a la Comunidad a realizar un esfuerzo económico aún mayor», precisó Antón.
La clausura de la segunda jornada del Curso de Verano del PP sobre Políticas Sociales, que se inició ayer en Burgos con ponencias sobre empleo, la llevó a cabo el secretario regional, Alfonso Fernández Mañueco, quien manifestó que estas iniciativas sirven «para estar cerca de los problemas de los ciudadanos, sin que se trabaje solo en las campañas electorales».
Fuente: diariopalentino.es - 15 de julio
Fernández Mañueco subraya en los cursos de verano del Partido Popular que el modelo actual de servicios sociales «es para que los ciudadanos se sientan satisfechos»
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, César Antón, se postuló ayer en contra de que el Estado «dé un giro» y reduzca el porcentaje actual de financiación de la Ley de Dependencia sin tener en cuenta las especiales características de la población que requiere de esta prestación y la dispersión territorial de la Comunidad.
«Nos preocupa que después de dos años la financiación siga siendo escasa e insuficiente», concretó Antón en la segunda jornada del Curso de Verano del PP sobre Políticas Sociales y la Ley de Dependencia.
A su juicio, el mayor peso lo soportan con un 83 por ciento del coste total las familias de las personas dependientes y la Junta, frente a un 12 por ciento que sufraga la Administración Central, «cuando la Ley dice que debe aportar mucho más».
Antón explicó que si en el conjunto del Estado Castilla y León supone un 8 por ciento de la población potencialmente dependiente, y en los dos últimos años se recibía este porcentaje de lo consignado en los Presupuestos Generales para la Ley de Dependencia, «ahora no puede darse un giro y que se proponga una menor cantidad».
«Hay que revisar la Ley y que no se llegue a percibir menos dinero porque en 2009 no se van a tener en cuenta criterios de población y circunstancias personales, bajando la percepción de recursos a un 7,8 por ciento, lo que obligaría a la Comunidad a realizar un esfuerzo económico aún mayor», precisó Antón.
La clausura de la segunda jornada del Curso de Verano del PP sobre Políticas Sociales, que se inició ayer en Burgos con ponencias sobre empleo, la llevó a cabo el secretario regional, Alfonso Fernández Mañueco, quien manifestó que estas iniciativas sirven «para estar cerca de los problemas de los ciudadanos, sin que se trabaje solo en las campañas electorales».
Fuente: diariopalentino.es - 15 de julio
CASTILLA Y LEON. POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL EN PRESTACIONES
'Por debajo de la media nacional en prestaciones de Ley de Dependencia'
Un estudio revela que también se encuentra a la cola en dictámenes
Un estudio sobre la aplicación de la Ley de Dependencia del PSCyL-PSOE constata que Castilla y León se encuentra por debajo de la media nacional en solicitudes presentadas, dictámenes emitidos y prestaciones reconocidas.
En concreto, las cifras aportadas por los socialistas indican que a fecha 29 de mayo, la Comunidad contabilizaba 371 prestaciones económicas por cuidados familiares por cada 100.000 habitantes, frente a las 403 de la media del conjunto de las autonomías; y 9,65 cuidadores no profesionales por cada 10.000 habitantes, frente a los 15,61 del conjunto nacional.
Sin embargo, el análisis pone de manifiesto que Castilla y León registraba en la fecha de estudio, 193 prestaciones de ayuda vinculada al servicio por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media nacional de 53, y 230 de atención residencial, cuando la media en España estaba en 162.
Los socialistas castellanos y leoneses fijan en 162,03 dictámenes por cada 10.000 habitantes los emitidos en Castilla y León a fecha 1 de junio, frente a una media nacional de 163,06; cifra que para el colectivo de mayores de 64 años se sitúa en la región en los 726,52, y en España en los 985,97. Asimismo, el número de solicitudes por cada 10.000 habitantes a 1 de junio se situó en la Comunidad en las 171,84, por debajo de las 187,98 de España, con guarismos para los mayores de 64 años de 868,44 y 1.266,62.
El secretario general del PSCyL-PSOE, Óscar López, afirmó que no le "cuadran" las cifras oficiales de la Junta sobre la aplicación de la Ley de Dependencia, porque se desarrolla con índices inferiores respecto a otras autonomías "más jóvenes", cuando Castilla y León es una Comunidad "muy envejecida".
López criticó también las estadísticas oficiales de "autobombo" que maneja el Ejecutivo regional, que son de elaboración propia y no están integradas en el sistema nacional.
Fuente: el mundo.es - 15 de julio
Un estudio revela que también se encuentra a la cola en dictámenes
Un estudio sobre la aplicación de la Ley de Dependencia del PSCyL-PSOE constata que Castilla y León se encuentra por debajo de la media nacional en solicitudes presentadas, dictámenes emitidos y prestaciones reconocidas.
En concreto, las cifras aportadas por los socialistas indican que a fecha 29 de mayo, la Comunidad contabilizaba 371 prestaciones económicas por cuidados familiares por cada 100.000 habitantes, frente a las 403 de la media del conjunto de las autonomías; y 9,65 cuidadores no profesionales por cada 10.000 habitantes, frente a los 15,61 del conjunto nacional.
Sin embargo, el análisis pone de manifiesto que Castilla y León registraba en la fecha de estudio, 193 prestaciones de ayuda vinculada al servicio por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media nacional de 53, y 230 de atención residencial, cuando la media en España estaba en 162.
Los socialistas castellanos y leoneses fijan en 162,03 dictámenes por cada 10.000 habitantes los emitidos en Castilla y León a fecha 1 de junio, frente a una media nacional de 163,06; cifra que para el colectivo de mayores de 64 años se sitúa en la región en los 726,52, y en España en los 985,97. Asimismo, el número de solicitudes por cada 10.000 habitantes a 1 de junio se situó en la Comunidad en las 171,84, por debajo de las 187,98 de España, con guarismos para los mayores de 64 años de 868,44 y 1.266,62.
El secretario general del PSCyL-PSOE, Óscar López, afirmó que no le "cuadran" las cifras oficiales de la Junta sobre la aplicación de la Ley de Dependencia, porque se desarrolla con índices inferiores respecto a otras autonomías "más jóvenes", cuando Castilla y León es una Comunidad "muy envejecida".
López criticó también las estadísticas oficiales de "autobombo" que maneja el Ejecutivo regional, que son de elaboración propia y no están integradas en el sistema nacional.
Fuente: el mundo.es - 15 de julio
EL IMSERSO NIEGA LA CONGELACION DEL PRESUPUESTO
Dependencia. el imserso niega la congelación del presupuesto destinado a la ley de dependencia
La directora del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Pilar Rodríguez, negó hoy "absolutamente" la congelación de la partida financiera estatal destinada al desarrollo de la Ley de Dependencia.
Rodríguez, que participó en los Cursos de Verano de la Complutense de San Lorenzo de El Escorial, donde inauguró el encuentro "Envejecimiento, servicios sociales y desarrollo rural", aseguró a los periodistas que "nadie ha dicho desde el Gobierno que se vaya a congelar el presupuesto para el despliegue de la Ley de la Dependencia".
La titular del Imserso respondió así a unas declaraciones del pasado lunes de la coordinadora de Participación Social del Partido Popular, Ana Pastor, en las que aseguraba que "la congelación presupuestaria provocará una catástrofe social en un pilar del Estado del bienestar que está ya insuficientemente financiado".
Según Rodríguez, la experiencia en la aplicación de la ley ha demostrado todo lo contrario, puesto que para el año 2009 había 900 millones de euros de partida presupuestaria para el desarrollo de la ley y gracias a los fondos adicionales se ha conseguido alcanzar los 2.000 millones de euros.
El responsable del Imserso habló, por otra parte, del paulatino envejecimiento de las poblaciones rurales, donde las ayudas y servicios sociales se hacen más necesarios que en las zonas urbanas.
Insistió, además, en la importancia de evitar este tipo de "discriminación", ya que las personas que viven en pequeños pueblos tienen menos posibilidades y "todos tienen que tener el mismo acceso a los recursos".
Por último, la directora del Instituto de Mayores destacó las comunidades autónomas que tienen una "ruralidad" asociada a un envejecimiento más alto, como pueden ser Castilla y León, Aragón, Asturias o parte de Galicia.
En su opinión, en todos estos territorios es necesario promover iniciativas que garanticen el despliegue de recursos novedosos, que se adapten al terreno en cada caso específico y que generen nuevos empleos para constituir núcleos atractivos en los que vivan mayores y jóvenes.
Fuente: ecodiario.eleconomista.es - 15 de julio
La directora del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Pilar Rodríguez, negó hoy "absolutamente" la congelación de la partida financiera estatal destinada al desarrollo de la Ley de Dependencia.
Rodríguez, que participó en los Cursos de Verano de la Complutense de San Lorenzo de El Escorial, donde inauguró el encuentro "Envejecimiento, servicios sociales y desarrollo rural", aseguró a los periodistas que "nadie ha dicho desde el Gobierno que se vaya a congelar el presupuesto para el despliegue de la Ley de la Dependencia".
La titular del Imserso respondió así a unas declaraciones del pasado lunes de la coordinadora de Participación Social del Partido Popular, Ana Pastor, en las que aseguraba que "la congelación presupuestaria provocará una catástrofe social en un pilar del Estado del bienestar que está ya insuficientemente financiado".
Según Rodríguez, la experiencia en la aplicación de la ley ha demostrado todo lo contrario, puesto que para el año 2009 había 900 millones de euros de partida presupuestaria para el desarrollo de la ley y gracias a los fondos adicionales se ha conseguido alcanzar los 2.000 millones de euros.
El responsable del Imserso habló, por otra parte, del paulatino envejecimiento de las poblaciones rurales, donde las ayudas y servicios sociales se hacen más necesarios que en las zonas urbanas.
Insistió, además, en la importancia de evitar este tipo de "discriminación", ya que las personas que viven en pequeños pueblos tienen menos posibilidades y "todos tienen que tener el mismo acceso a los recursos".
Por último, la directora del Instituto de Mayores destacó las comunidades autónomas que tienen una "ruralidad" asociada a un envejecimiento más alto, como pueden ser Castilla y León, Aragón, Asturias o parte de Galicia.
En su opinión, en todos estos territorios es necesario promover iniciativas que garanticen el despliegue de recursos novedosos, que se adapten al terreno en cada caso específico y que generen nuevos empleos para constituir núcleos atractivos en los que vivan mayores y jóvenes.
Fuente: ecodiario.eleconomista.es - 15 de julio
ANDALUCIA. DESTACA LA CAPACIDAD DE LA LEY DE DEPENDENCIA PARA "GENERAR EMPLEO Y RIQUEZA"
PSOE: Marisol Pérez destaca la capacidad de la Ley de Dependencia para generar empleo y riqueza
La Secretaria de Bienestar Social Marisol Pérez, destacó hoy que la aplicación de la Ley de la Dependencia, además de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos en la prestación de servicios, “es también una herramienta para enfrentarnos a la actual coyuntura económica, por su capacidad para generar empleo y para crear riqueza”.
Pérez hizo esta afirmación en un encuentro celebrado en Córdoba con Secretarios Generales de Bienestar Social y de Igualdad, Alcaldes, Portavoces y Concejales, enmarcado dentro del “Plan de Acción” que lleva a cabo el PSOE “para impulsar un nuevo modelo de crecimiento para España, sostenible y garante de la solidaridad”.
LEY DE DEPENDENCIA: LIDERAZGO EN CCAA SOCIALISTAS
La dirigente socialista subrayó que las CCAA gobernadas por los socialistas “son un ejemplo en el liderazgo y despliegue” de la Ley de Dependencia. “No es casualidad que Andalucía sea la primera CCAA en número de beneficiarios y de prestaciones a las personas en situación de dependencia, en relación a su población”, añadió, y “en Andalucía los Ayuntamientos tienen un papel fundamental en la gestión de la misma”, dijo.
A modo de ejemplo, Pérez explicó que en Andalucía las más de 150.000 personas que reciben prestaciones y servicios suponen el 34,12 % de quienes reciben prestaciones en España, “el doble de lo que tiene en porcentaje de población” (17,77%), subrayó, mientras Madrid apenas atiende con prestaciones y servicios a 17.600 personas (3,9%), y “siendo su porcentaje de población del 14%, no tiene atendido ni a un cuarto de la misma”, denunció.
LEY DE DEPENDENCIA: ACTIVA LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO
Como Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Sanidad y Política Social en el Congreso de los Diputados, Marisol Pérez también participó en Córdoba en las Jornadas “Derechos sociales: Bienestar Social y Generación de Empleo”, donde se puso de manifiesto que Andalucía tiene además “un papel fundamental” en el cambio de cultura económica y en el desarrollo de las políticas sociales como políticas productivas y no como gasto, “que es como son consideradas por la derecha”, diferenció.
En estas jornadas los protagonistas han sido las Empresas de Economía Social, que se han constituido y desarrollado para prestar los servicios que establece la Ley, “dando empleo a un gran número de personas, principalmente mujeres, de las zonas rurales”, subrayó Pérez, “llegando a ser incluso un ejemplo de integración alguna de ellas, por contar con inmigrantes entre sus trabajadores”.
Así, en este foro también defendió que la actual situación de crisis “hace aún más necesaria la Ley de Dependencia”, porque es buena para las personas en situación de dependencia y sus familias “y para activar la economía y el empleo”
Para Pérez, los países que apuestan por el fortalecimiento de sus políticas sociales y del Estado del Bienestar “resisten mejor las crisis”, y en ese sentido puso en valor el esfuerzo inversor del Gobierno de España. Así, señaló que este año 2009, el Gobierno destinará casi 2.000 millones de euros a la Ley de Dependencia, un 124% más que en 2008.
También destacó los 400 millones del Plan E, transferencia directa a las CCAA, incidiendo en que a nivel nacional se han creado o adaptado más de 50.000 plazas y ya se han creado más de 27.000 empleos de los 35.000 estimados; y a Andalucía le han correspondido 74.266.962 €, que se han invertido en 6.007 plazas y en 6.458 puestos de trabajo. Además, se felicitó por la propuesta del Nuevo fondo de Inversión Local para 2010, que estará dotado con 5.000 millones y que se destinará a actuaciones en dependencia, innovación y medioambiente.
Fuente: lacerca.com noticias - 15 de julio
La Secretaria de Bienestar Social Marisol Pérez, destacó hoy que la aplicación de la Ley de la Dependencia, además de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos en la prestación de servicios, “es también una herramienta para enfrentarnos a la actual coyuntura económica, por su capacidad para generar empleo y para crear riqueza”.
Pérez hizo esta afirmación en un encuentro celebrado en Córdoba con Secretarios Generales de Bienestar Social y de Igualdad, Alcaldes, Portavoces y Concejales, enmarcado dentro del “Plan de Acción” que lleva a cabo el PSOE “para impulsar un nuevo modelo de crecimiento para España, sostenible y garante de la solidaridad”.
LEY DE DEPENDENCIA: LIDERAZGO EN CCAA SOCIALISTAS
La dirigente socialista subrayó que las CCAA gobernadas por los socialistas “son un ejemplo en el liderazgo y despliegue” de la Ley de Dependencia. “No es casualidad que Andalucía sea la primera CCAA en número de beneficiarios y de prestaciones a las personas en situación de dependencia, en relación a su población”, añadió, y “en Andalucía los Ayuntamientos tienen un papel fundamental en la gestión de la misma”, dijo.
A modo de ejemplo, Pérez explicó que en Andalucía las más de 150.000 personas que reciben prestaciones y servicios suponen el 34,12 % de quienes reciben prestaciones en España, “el doble de lo que tiene en porcentaje de población” (17,77%), subrayó, mientras Madrid apenas atiende con prestaciones y servicios a 17.600 personas (3,9%), y “siendo su porcentaje de población del 14%, no tiene atendido ni a un cuarto de la misma”, denunció.
LEY DE DEPENDENCIA: ACTIVA LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO
Como Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Sanidad y Política Social en el Congreso de los Diputados, Marisol Pérez también participó en Córdoba en las Jornadas “Derechos sociales: Bienestar Social y Generación de Empleo”, donde se puso de manifiesto que Andalucía tiene además “un papel fundamental” en el cambio de cultura económica y en el desarrollo de las políticas sociales como políticas productivas y no como gasto, “que es como son consideradas por la derecha”, diferenció.
En estas jornadas los protagonistas han sido las Empresas de Economía Social, que se han constituido y desarrollado para prestar los servicios que establece la Ley, “dando empleo a un gran número de personas, principalmente mujeres, de las zonas rurales”, subrayó Pérez, “llegando a ser incluso un ejemplo de integración alguna de ellas, por contar con inmigrantes entre sus trabajadores”.
Así, en este foro también defendió que la actual situación de crisis “hace aún más necesaria la Ley de Dependencia”, porque es buena para las personas en situación de dependencia y sus familias “y para activar la economía y el empleo”
Para Pérez, los países que apuestan por el fortalecimiento de sus políticas sociales y del Estado del Bienestar “resisten mejor las crisis”, y en ese sentido puso en valor el esfuerzo inversor del Gobierno de España. Así, señaló que este año 2009, el Gobierno destinará casi 2.000 millones de euros a la Ley de Dependencia, un 124% más que en 2008.
También destacó los 400 millones del Plan E, transferencia directa a las CCAA, incidiendo en que a nivel nacional se han creado o adaptado más de 50.000 plazas y ya se han creado más de 27.000 empleos de los 35.000 estimados; y a Andalucía le han correspondido 74.266.962 €, que se han invertido en 6.007 plazas y en 6.458 puestos de trabajo. Además, se felicitó por la propuesta del Nuevo fondo de Inversión Local para 2010, que estará dotado con 5.000 millones y que se destinará a actuaciones en dependencia, innovación y medioambiente.
Fuente: lacerca.com noticias - 15 de julio
martes, 14 de julio de 2009
ASTURIAS. LA CONSEJERA RECONOCE LA LENTITUD DE LOS PROCEDIMIENTOS
Noemí Martín reconoce que los procedimientos de la ley de Dependencia son «cansinos»
La Consejera prevé la contratación de más equipos para hacer frente a las solicitudes
«Los procedimientos de la ley de dependencia son muy largos y cansinos», reconoció ayer la consejera de Bienestar Social, Noemí Martín (IU), minutos antes de inaugurar en Avilés un curso de verano de la Universidad de Oviedo sobre el cuidado de los mayores.
De ahí, añadió, que su Consejería tenga en marcha un «plan de choque» para acortar a seis meses los plazos de respuesta de la ley de Dependencia. Dicho plan, que se estrenará próximamente, consistirá en reforzar personal en todos los equipos implicados en la tramitación de las ayudas.
Sólo en los dos últimos años el Principado registró 29.000 solicitudes de asturianos en situación de dependencia.
Noemí Martín destacó, además, que el nuevo modelo de financiación autonómica debería haber dedicado «un espacio mucho más importante» a la ley de Dependencia. Afirmó además que los Ayuntamientos son una «pieza fundamental» para el desarrollo de esta normativa.
Fuente: La Nueva España - 14 de julio
La Consejera prevé la contratación de más equipos para hacer frente a las solicitudes
«Los procedimientos de la ley de dependencia son muy largos y cansinos», reconoció ayer la consejera de Bienestar Social, Noemí Martín (IU), minutos antes de inaugurar en Avilés un curso de verano de la Universidad de Oviedo sobre el cuidado de los mayores.
De ahí, añadió, que su Consejería tenga en marcha un «plan de choque» para acortar a seis meses los plazos de respuesta de la ley de Dependencia. Dicho plan, que se estrenará próximamente, consistirá en reforzar personal en todos los equipos implicados en la tramitación de las ayudas.
Sólo en los dos últimos años el Principado registró 29.000 solicitudes de asturianos en situación de dependencia.
Noemí Martín destacó, además, que el nuevo modelo de financiación autonómica debería haber dedicado «un espacio mucho más importante» a la ley de Dependencia. Afirmó además que los Ayuntamientos son una «pieza fundamental» para el desarrollo de esta normativa.
Fuente: La Nueva España - 14 de julio
GALICIA. LA LEY NO ESTA FUNCIONANDO
Si actualmente el dinero que aporta el Estado es insuficiente, todavía lo será más cuando en años venideros no aumente esta cuantía en un sólo euro y, por el contrario, los costes de los servicios derivados de la aplicación de la Ley de la Dependencia aumenten por el lógico envejecimiento poblacional.
La conselleira de Trabajo y Bienestar lanzó ayer este mensaje públicamente, después de que este fin de semana el secretario de Estado de Economía, Carlos Ocaña, anunciara al hilo del debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, que el Gobierno tiene previsto congelar la aportación que realiza a las autonomías por su obligada participación en el pago de la dependencia.
Según detalló la conselleira en un desayuno informativo, si actualmente «todas» las autonomías atraviesan una «asfixia» económica para hacer frente a los costes reales de los servicios recogidos en la ley, esta congelación derivará en un abultado «déficit presupuestario», difícil de sortear además en el actual periodo de crisis económica.
Mato, que subrayó el espíritu «muy loable» del llamado «cuarto pilar del Estado del Bienestar», alertó de la necesidad de convocar «cuanto antes» el Consejo Territorial de la Dependencia, representado por autonomías y Estado, y en el que Galicia planteará la necesidad de «hacer un ajuste en la financiación» para que la Administración central soporte de manera efectiva el 50% del coste de los distintos servicios, ya que ahora «apenas llega al 20%».
En la actualidad, la Ley ha tasado con una cantidad fija el aporte estatal según el grado y el nivel de dependencia que se le reconozcan a las personas beneficiadas, pero sin tener en cuenta lo que en realidad cuesta prestar los servicios. Mato puso el ejemplo de un gran dependiente de grado 3, cuya plaza en residencia asciende a 2.600 euros «pero el Estado sólo paga 263 euros, por lo que el resto le corresponde pagar a la Xunta. «No es la correlación que debería existir», apuntó, por lo que a su juicio «la ley no está funcionando».
Además, mantuvo el compromiso de que antes de fin de año, los 16.000 grandes dependientes de Galicia estarán percibiendo las ayudas que les garantiza la ley, para lo que se utilizarán 28 millones de euros procedentes del plan de austeridad de la Xunta. Asimismo, informó que su departamento reformará el decreto de tramitación de las ayudas, para que desde que se presenta la solicitud hasta que se perciben no pasen más de seis meses.
Fuente: abc.es - 14 de julio
La conselleira de Trabajo y Bienestar lanzó ayer este mensaje públicamente, después de que este fin de semana el secretario de Estado de Economía, Carlos Ocaña, anunciara al hilo del debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, que el Gobierno tiene previsto congelar la aportación que realiza a las autonomías por su obligada participación en el pago de la dependencia.
Según detalló la conselleira en un desayuno informativo, si actualmente «todas» las autonomías atraviesan una «asfixia» económica para hacer frente a los costes reales de los servicios recogidos en la ley, esta congelación derivará en un abultado «déficit presupuestario», difícil de sortear además en el actual periodo de crisis económica.
Mato, que subrayó el espíritu «muy loable» del llamado «cuarto pilar del Estado del Bienestar», alertó de la necesidad de convocar «cuanto antes» el Consejo Territorial de la Dependencia, representado por autonomías y Estado, y en el que Galicia planteará la necesidad de «hacer un ajuste en la financiación» para que la Administración central soporte de manera efectiva el 50% del coste de los distintos servicios, ya que ahora «apenas llega al 20%».
En la actualidad, la Ley ha tasado con una cantidad fija el aporte estatal según el grado y el nivel de dependencia que se le reconozcan a las personas beneficiadas, pero sin tener en cuenta lo que en realidad cuesta prestar los servicios. Mato puso el ejemplo de un gran dependiente de grado 3, cuya plaza en residencia asciende a 2.600 euros «pero el Estado sólo paga 263 euros, por lo que el resto le corresponde pagar a la Xunta. «No es la correlación que debería existir», apuntó, por lo que a su juicio «la ley no está funcionando».
Además, mantuvo el compromiso de que antes de fin de año, los 16.000 grandes dependientes de Galicia estarán percibiendo las ayudas que les garantiza la ley, para lo que se utilizarán 28 millones de euros procedentes del plan de austeridad de la Xunta. Asimismo, informó que su departamento reformará el decreto de tramitación de las ayudas, para que desde que se presenta la solicitud hasta que se perciben no pasen más de seis meses.
Fuente: abc.es - 14 de julio
HACIENDA RECTIFICA Y NO CONGELARA EL GASTO PARA LA LEY DE DEPENDENCIA
El secretario de Presupuestos afirma que la atención a los dependientes sigue siendo una prioridad del Gobierno
«La prioridad del Gobierno sigue siendo cubrir prestaciones sociales, más aun en la situación actual de crisis». Con estas palabras, el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, rectificaba las aseveraciones realizadas por un subordinado suyo, el director general de Presupuestos, Luis Espadas, quien aseguró que el gasto en materia de dependencia iba a congelarse en el 2010.
En esta línea, fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda ratificaron ayer que el esfuerzo realizado este año para financiar la ley de dependencia, con un incremento mayor del 70% con respecto a lo gastado en el 2008, no se repetirá el año que viene, pero que eso no significa que se vaya a «congelar» el dinero destinado a ayudar a las personas incapacitadas.
Además, señalaron que en estos momentos se están elaborando los presupuestos para el 2010, y aunque no adelantaron ningún dato de lo que se invertirá en este servicio social, señalaron que se implementará la filosofía impuesta por el Gobierno de apostar por seguir manteniendo y mejorando en lo posible las prestaciones sociales.
Estas discrepancias en el seno de Hacienda con respecto al gasto en dependencia han levantado las sospechas de los partidos de la oposición. Así, la portavoz de Política Social del PP en el Congreso de los Diputados, Lourdes Méndez, ha solicitado la comparecencia de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, para que explique la confusión que se ha creado sobre el futuro de esta importante ley.
Asimismo, calificó la posible congelación de fondos como «inadmisible».
Por su parte, el diputado de CiU Carles Campuzano considera la posible congelación como «una mala noticia», que va a suponer «en la práctica la paralización del desarrollo de la ley». Y añadió que el problema no es «solo una mala aplicación de la ley, sino es la propia ley, que necesita una revisión a fondo, porque es imposible que se cumpla».
El Gobierno comenzó invirtiendo 400 millones en el 2007, cifra que se duplicó al año siguiente, para alcanzar los 1.558 este año. Según la ley, debería alcanzar los 2.200 millones en el 2015. Está previsto que las comunidades autónomas aporten una cantidad similar. Más de 442.000 personas reciben ya una prestación, de más de un millón que la han solicitado.
Fuente: lavozdegalicia.es - 14 de julio
«La prioridad del Gobierno sigue siendo cubrir prestaciones sociales, más aun en la situación actual de crisis». Con estas palabras, el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, rectificaba las aseveraciones realizadas por un subordinado suyo, el director general de Presupuestos, Luis Espadas, quien aseguró que el gasto en materia de dependencia iba a congelarse en el 2010.
En esta línea, fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda ratificaron ayer que el esfuerzo realizado este año para financiar la ley de dependencia, con un incremento mayor del 70% con respecto a lo gastado en el 2008, no se repetirá el año que viene, pero que eso no significa que se vaya a «congelar» el dinero destinado a ayudar a las personas incapacitadas.
Además, señalaron que en estos momentos se están elaborando los presupuestos para el 2010, y aunque no adelantaron ningún dato de lo que se invertirá en este servicio social, señalaron que se implementará la filosofía impuesta por el Gobierno de apostar por seguir manteniendo y mejorando en lo posible las prestaciones sociales.
Estas discrepancias en el seno de Hacienda con respecto al gasto en dependencia han levantado las sospechas de los partidos de la oposición. Así, la portavoz de Política Social del PP en el Congreso de los Diputados, Lourdes Méndez, ha solicitado la comparecencia de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, para que explique la confusión que se ha creado sobre el futuro de esta importante ley.
Asimismo, calificó la posible congelación de fondos como «inadmisible».
Por su parte, el diputado de CiU Carles Campuzano considera la posible congelación como «una mala noticia», que va a suponer «en la práctica la paralización del desarrollo de la ley». Y añadió que el problema no es «solo una mala aplicación de la ley, sino es la propia ley, que necesita una revisión a fondo, porque es imposible que se cumpla».
El Gobierno comenzó invirtiendo 400 millones en el 2007, cifra que se duplicó al año siguiente, para alcanzar los 1.558 este año. Según la ley, debería alcanzar los 2.200 millones en el 2015. Está previsto que las comunidades autónomas aporten una cantidad similar. Más de 442.000 personas reciben ya una prestación, de más de un millón que la han solicitado.
Fuente: lavozdegalicia.es - 14 de julio
lunes, 13 de julio de 2009
GALICIA. EL PSdeG CREARA UNA OFICINA PARLAMENTARIA DE INFORMACION
El PSdeG creará una Oficina Parlamentaria para informar sobre la ley frente a la "parálisis" de la Xunta
La diputada socialista Laura Seara denunció hoy las "trampas" de la Xunta y su "parálisis" en la aplicación de la Ley de Dependencia para anunciar, al tiempo, que el PSdeG creará una Oficina Parlamentaria de Información sobre la Dependencia, que estará abierta a los ciudadanos los jueves y viernes por la tarde.
En una rueda de prensa celebrada en Ourense, Seara apostó por "combatir" con información las "mentiras y obstáculos" con los que --a su juicio-- trata la Xunta de "boicotear" la normativa estatal en lugar de "agilizarla" y ejercer así de "ariete" del presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, frente al Gobierno de Zapatero.
"El Gobierno de Feijóo antepone el interés partidista del PP al de los gallegos", sentenció la diputada ourensana antes de garantizar que el PSdeG "no va a tolerar" que el Gobierno gallego se escude "en las inexistentes políticas de austeridad" para no aplicar la Ley de Dependencia.
Además, Seara acusó al Gobierno de "ignorar" a los ayuntamientos de la comunidad en la aplicación de esta norma "incumpliendo" el compromiso de Feijóo de "hacer partícipes" a las entidades locales de su puesta en marcha. "Todavía no se sentaron con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para tratar esta cuestión", reprobó.
Fuente: Europa Press - 13 de julio
La diputada socialista Laura Seara denunció hoy las "trampas" de la Xunta y su "parálisis" en la aplicación de la Ley de Dependencia para anunciar, al tiempo, que el PSdeG creará una Oficina Parlamentaria de Información sobre la Dependencia, que estará abierta a los ciudadanos los jueves y viernes por la tarde.
En una rueda de prensa celebrada en Ourense, Seara apostó por "combatir" con información las "mentiras y obstáculos" con los que --a su juicio-- trata la Xunta de "boicotear" la normativa estatal en lugar de "agilizarla" y ejercer así de "ariete" del presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, frente al Gobierno de Zapatero.
"El Gobierno de Feijóo antepone el interés partidista del PP al de los gallegos", sentenció la diputada ourensana antes de garantizar que el PSdeG "no va a tolerar" que el Gobierno gallego se escude "en las inexistentes políticas de austeridad" para no aplicar la Ley de Dependencia.
Además, Seara acusó al Gobierno de "ignorar" a los ayuntamientos de la comunidad en la aplicación de esta norma "incumpliendo" el compromiso de Feijóo de "hacer partícipes" a las entidades locales de su puesta en marcha. "Todavía no se sentaron con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para tratar esta cuestión", reprobó.
Fuente: Europa Press - 13 de julio
ASTURIAS. LA CONSEJERA ANUNCIA PLAN DE CHOQUE PARA ACORTAR PLAZOS
La consejera de Bienestar anuncia un plan de choque para acortar plazos de la Ley de Dependencia
La consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado, Noemí Martín, han anunciado hoy en Avilés la puesta en marcha de un "plan de choque" para acortar a seis meses los plazos de respuesta de la Ley de Dependencia, antes de que finalice año.
Noemí Martín, que ha participado en un curso organizado en Avilés por la Universidad de Oviedo sobre el cuidado de los mayores, ha expresado su "preocupación" por los procedimientos de esta Ley "que soy muy largos y cansinos".
El plan de choque, que se pondrá en macha con carácter inmediato, consistirá en reforzar personal en todos los equipos implicados en la tramitación de las ayudas que recoge la Ley de Dependencia.
Así, se reforzará personal en los servicios municipales, en los equipos territoriales de cada área que realizan los requerimientos de valoración (hasta en diez profesionales), y el propio equipo de la Consejería que lleva a cabo el proceso de resolución (con diez personas más).
Finalmente, habrá un equipo compuesto por treinta personas distribuidas por toda Asturias, fundamentalmente la zona central, "en lo que van a ser los servicios sociales de base", con la idea tratar de resolver los problemas derivados de las más de 29.000 solicitudes registradas en los últimos dos años.
La consejera ha hablado de la Ley de Dependencia "con sus luces" y también con "sus sombras", entre las que ha situado la financiación y los plazos de ejecución.
Noemí Martín cree que en el nuevo modelo de financiación autonómica debería de haber ocupado un espacio "mucho más importante" la Ley de Dependencia, aunque ha añadido que "se estará negociando hasta el último minuto".
Las comunidades autónomas son las que van a llevar el peso de la financiación de la Ley y, por lo tanto, ésta debería estar mejor recogida en el nuevo modelo, sin embargo eso no conllevará que el Principado retire su apoyo a la propuesta del Gobierno.
"Eso es más difícil porque quedarse fuera del modelo de financiación seguramente supone muchos más riesgos, aunque soy de las que pienso que hay que exprimir hasta el último minuto la negociación y, por tanto, intentar sacar hasta el último euro", ha declarado la consejera.
Noemí Martín ha destacado el papel "fundamental" de los ayuntamientos en este proceso, que está llamado a crecer, porque son las auténticas puertas de los demandantes de estas ayudas y los que posteriormente hacen un seguimiento.
"Los ayuntamientos ya forman parte del procedimiento y queremos que sigan haciendo ese papel de puerta, entrada y seguimiento", ha explicado la consejera.
Fuente: EFE - 13 de julio
La consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado, Noemí Martín, han anunciado hoy en Avilés la puesta en marcha de un "plan de choque" para acortar a seis meses los plazos de respuesta de la Ley de Dependencia, antes de que finalice año.
Noemí Martín, que ha participado en un curso organizado en Avilés por la Universidad de Oviedo sobre el cuidado de los mayores, ha expresado su "preocupación" por los procedimientos de esta Ley "que soy muy largos y cansinos".
El plan de choque, que se pondrá en macha con carácter inmediato, consistirá en reforzar personal en todos los equipos implicados en la tramitación de las ayudas que recoge la Ley de Dependencia.
Así, se reforzará personal en los servicios municipales, en los equipos territoriales de cada área que realizan los requerimientos de valoración (hasta en diez profesionales), y el propio equipo de la Consejería que lleva a cabo el proceso de resolución (con diez personas más).
Finalmente, habrá un equipo compuesto por treinta personas distribuidas por toda Asturias, fundamentalmente la zona central, "en lo que van a ser los servicios sociales de base", con la idea tratar de resolver los problemas derivados de las más de 29.000 solicitudes registradas en los últimos dos años.
La consejera ha hablado de la Ley de Dependencia "con sus luces" y también con "sus sombras", entre las que ha situado la financiación y los plazos de ejecución.
Noemí Martín cree que en el nuevo modelo de financiación autonómica debería de haber ocupado un espacio "mucho más importante" la Ley de Dependencia, aunque ha añadido que "se estará negociando hasta el último minuto".
Las comunidades autónomas son las que van a llevar el peso de la financiación de la Ley y, por lo tanto, ésta debería estar mejor recogida en el nuevo modelo, sin embargo eso no conllevará que el Principado retire su apoyo a la propuesta del Gobierno.
"Eso es más difícil porque quedarse fuera del modelo de financiación seguramente supone muchos más riesgos, aunque soy de las que pienso que hay que exprimir hasta el último minuto la negociación y, por tanto, intentar sacar hasta el último euro", ha declarado la consejera.
Noemí Martín ha destacado el papel "fundamental" de los ayuntamientos en este proceso, que está llamado a crecer, porque son las auténticas puertas de los demandantes de estas ayudas y los que posteriormente hacen un seguimiento.
"Los ayuntamientos ya forman parte del procedimiento y queremos que sigan haciendo ese papel de puerta, entrada y seguimiento", ha explicado la consejera.
Fuente: EFE - 13 de julio
PP CREE QUE LA CONGELACION DE LA LEY DE DEPENDENCIA CAUSARA CATASTROFE SOCIAL
El Partido Popular ha criticado hoy el anuncio del Gobierno de congelar la financiación de la Ley de Dependencia en los presupuestos generales de 2010, porque provocará una "catástrofe social" en un "pilar del Estado del bienestar" que está ya "insuficientemente financiado".
La coordinadora de Participación Social del PP, Ana Pastor, ha hecho estas declaraciones a la prensa después de participar en los cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial.
Pastor ha respondido así al anuncio del secretario general de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Economía y Hacienda, Luis Espadas, de congelar en 2010 la partida financiera destinada a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia.
"La ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, tendría que desmentir a Espadas porque no quiero imaginar el colapso que se puede producir si se congela el dinero", ha señalado Pastor.
En este sentido, Pastor ha anunciado que el PP intentará llegar a un acuerdo con el resto de partidos políticos para solicitar mediante una enmienda que la Ley "tenga la financiación necesaria".
Según Pastor, si no hay recursos para que se siga implantado la Ley de Dependencia, estaríamos ante un "colapso", ya que "hay muchas personas pendientes de una plaza en una residencia o de una persona de apoyo en su domicilio".
"Por desgracia, ninguno de nosotros estamos libres de que un familiar pueda tener a lo largo de este año un diagnóstico de una patología que lo haga dependiente", ha añadido Pastor, por lo que "este país necesita que se cumpla el compromiso y el calendario de la Ley".
Preguntada por el retraso de la Comunidad de Madrid en tramitar las ayudas de la Ley de Dependencia, Pastor ha asegurado que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre es un "buen ejemplo", porque "aporta más del 60 por ciento", cuando se estableció que las administraciones central y regional cofinanciaran en un cincuenta por ciento la implantación de la Ley.
Fuente: adn.es - 13 de julio
La coordinadora de Participación Social del PP, Ana Pastor, ha hecho estas declaraciones a la prensa después de participar en los cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial.
Pastor ha respondido así al anuncio del secretario general de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Economía y Hacienda, Luis Espadas, de congelar en 2010 la partida financiera destinada a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia.
"La ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, tendría que desmentir a Espadas porque no quiero imaginar el colapso que se puede producir si se congela el dinero", ha señalado Pastor.
En este sentido, Pastor ha anunciado que el PP intentará llegar a un acuerdo con el resto de partidos políticos para solicitar mediante una enmienda que la Ley "tenga la financiación necesaria".
Según Pastor, si no hay recursos para que se siga implantado la Ley de Dependencia, estaríamos ante un "colapso", ya que "hay muchas personas pendientes de una plaza en una residencia o de una persona de apoyo en su domicilio".
"Por desgracia, ninguno de nosotros estamos libres de que un familiar pueda tener a lo largo de este año un diagnóstico de una patología que lo haga dependiente", ha añadido Pastor, por lo que "este país necesita que se cumpla el compromiso y el calendario de la Ley".
Preguntada por el retraso de la Comunidad de Madrid en tramitar las ayudas de la Ley de Dependencia, Pastor ha asegurado que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre es un "buen ejemplo", porque "aporta más del 60 por ciento", cuando se estableció que las administraciones central y regional cofinanciaran en un cincuenta por ciento la implantación de la Ley.
Fuente: adn.es - 13 de julio
domingo, 12 de julio de 2009
MADRID. NUEVA ORDENANZA REGULADORA
Una nueva ordenanza regula en la capital el acceso a la ayuda personal y doméstica para mayores y discapacitados
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el jueves una nueva ordenanza que regula el acceso a la ayuda personal y doméstica a mayores y discapacitados, que supone la implantación de un procedimiento único para el reconocimiento de los servicios sociales que se prestan desde el Consistorio.
Así lo detalló el alcalde de la ciudad, Alberto Ruiz-Gallardón, que considera que con la nueva ordenanza se da "un importante paso para colaborar en la aplicación de la Ley de Dependencia". Tras su aprobación en el Pleno municipal, está previsto que la nueva Ordenanza entre en vigor el 1 de octubre. Actualmente están en proceso de formación los 595 profesionales de los servicios sociales municipales que se encargarán de aplicarla.
La nueva norma establece que se podrán beneficiar de los servicios sociales todas las personas que, no siendo dependientes conforme a la Ley de Dependencia, sí se encuentran en una situación de vulnerabilidad social o de deterioro físico o psíquico que les hace necesitar ayuda para realizar los actos corrientes de la vida diaria.
El Ayuntamiento prestará también estas ayudas "a todas las personas calificadas como dependientes con arreglo a la Ley de Dependencia hasta el momento en que la Comunidad de Madrid haga efectivos los derechos derivados de esa ley", detalló Gallardón.
Los servicios están dirigidos a los españoles, nacionales comunitarios o extranjeros no comunitarios con residencia legal en España, que estén empadronados en la ciudad de Madrid. Para su prestación se aplicará un baremo de valoración de situaciones de necesidades, que se compone de dos cuestionarios. Uno valora el estado físico y psíquico del solicitante e identificar su capacidad para realizar las funciones básicas de la vida diaria y el otro evalúa su situación social y determina las necesidades.
La tramitación del expediente de reconocimiento tendrá una duración máxima de tres meses. Para los casos de urgencia, se ha establecido que se encarguen de su resolución los servicios sociales de la Juntas Municipales.
En la actualidad, como detalló el alcalde, el Ayuntamiento presta el servicio de Ayuda a Domicilio a 45.357 mayores y a 2.408 personas con discapacidad. Además, en los 105 centros de día se atiende a 5.318 mayores con deterioro físico o cognitivo y a 185 en centros residenciales.
La ordenanza supone la implantación de un procedimiento único para el reconocimiento de los servicios sociales municipales regulados en la misma. Se han previsto todas las garantías para el ciudadano contempladas en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común con el fin de reforzar la equidad y objetividad en el procedimiento de reconocimiento de la prestación.
La tramitación del expediente de reconocimiento tendrá una duración máxima de tres meses. Para los casos de urgencia, se ha establecido que se encarguen de su resolución los servicios sociales de la Juntas Municipales. En la actualidad, el Ayuntamiento presta el servicio de ayuda a domicilio a 45.357 mayores y a 2.408 personas con discapacidad. Además, en los 105 centros de día se atiende a 5.318 mayores con deterioro físico o cognitivo y a 185 en centros residenciales.
Fuente: Europa Press - 12 de julio
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó el jueves una nueva ordenanza que regula el acceso a la ayuda personal y doméstica a mayores y discapacitados, que supone la implantación de un procedimiento único para el reconocimiento de los servicios sociales que se prestan desde el Consistorio.
Así lo detalló el alcalde de la ciudad, Alberto Ruiz-Gallardón, que considera que con la nueva ordenanza se da "un importante paso para colaborar en la aplicación de la Ley de Dependencia". Tras su aprobación en el Pleno municipal, está previsto que la nueva Ordenanza entre en vigor el 1 de octubre. Actualmente están en proceso de formación los 595 profesionales de los servicios sociales municipales que se encargarán de aplicarla.
La nueva norma establece que se podrán beneficiar de los servicios sociales todas las personas que, no siendo dependientes conforme a la Ley de Dependencia, sí se encuentran en una situación de vulnerabilidad social o de deterioro físico o psíquico que les hace necesitar ayuda para realizar los actos corrientes de la vida diaria.
El Ayuntamiento prestará también estas ayudas "a todas las personas calificadas como dependientes con arreglo a la Ley de Dependencia hasta el momento en que la Comunidad de Madrid haga efectivos los derechos derivados de esa ley", detalló Gallardón.
Los servicios están dirigidos a los españoles, nacionales comunitarios o extranjeros no comunitarios con residencia legal en España, que estén empadronados en la ciudad de Madrid. Para su prestación se aplicará un baremo de valoración de situaciones de necesidades, que se compone de dos cuestionarios. Uno valora el estado físico y psíquico del solicitante e identificar su capacidad para realizar las funciones básicas de la vida diaria y el otro evalúa su situación social y determina las necesidades.
La tramitación del expediente de reconocimiento tendrá una duración máxima de tres meses. Para los casos de urgencia, se ha establecido que se encarguen de su resolución los servicios sociales de la Juntas Municipales.
En la actualidad, como detalló el alcalde, el Ayuntamiento presta el servicio de Ayuda a Domicilio a 45.357 mayores y a 2.408 personas con discapacidad. Además, en los 105 centros de día se atiende a 5.318 mayores con deterioro físico o cognitivo y a 185 en centros residenciales.
La ordenanza supone la implantación de un procedimiento único para el reconocimiento de los servicios sociales municipales regulados en la misma. Se han previsto todas las garantías para el ciudadano contempladas en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común con el fin de reforzar la equidad y objetividad en el procedimiento de reconocimiento de la prestación.
La tramitación del expediente de reconocimiento tendrá una duración máxima de tres meses. Para los casos de urgencia, se ha establecido que se encarguen de su resolución los servicios sociales de la Juntas Municipales. En la actualidad, el Ayuntamiento presta el servicio de ayuda a domicilio a 45.357 mayores y a 2.408 personas con discapacidad. Además, en los 105 centros de día se atiende a 5.318 mayores con deterioro físico o cognitivo y a 185 en centros residenciales.
Fuente: Europa Press - 12 de julio
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