UGT ha solicitado hoy que entre las medidas que apruebe el Consejo de Ministros que se celebrará la próxima semana en las islas debe figurar la dotación de recursos para impulsar la aplicación de la Ley de Dependencia en las islas para que llegue a las personas mayores.
Fonte, en una rueda de prensa que ofreció en la capital grancanaria, ha alertado sobre la situación de precariedad en la que se encuentran los mayores en Canarias, donde 90.000 viven con unas pensiones que rondan entre los 300 y los 400 euros, lo que significa que se encuentran en el umbral de la pobreza.
El secretario de UGT ha señalado además que es necesario que el Gobierno canario y los ayuntamientos se "pongan las pilas" y alcancen un pacto para los mayores, con motivo de la celebración mañana del Día Internacional de las Personas con Edad.
El acuerdo que reclama debe implicar la creación de consejos municipales de mayores, la materialización del derecho a recibir la Ley de Dependencia y la dotación de infraestructuras apropiadas, que se deberían incluir en el Fondo Estatal de Financiación Local anunciado por el Gobierno para el 2010.
Según Fonte, la situación de este sector de la población se agudizará más como consecuencia de la crisis económica y es tan preocupante como el crecimiento del desempleo en las islas.
La mayoría de las solicitudes de ayuda que se presentan en los ayuntamientos para pagar los recibos del agua y la luz procede de personas mayores, que incluso demandan alimentos, ha destacado Fonte.
Ha recordado que en Canarias sólo se han podido acoger a la Ley de Dependencia 4.000 personas, de las 23.000 solicitudes presentadas desde su entrada en vigor en 2007 y que es la segunda comunidad, después de Murcia, donde menos se aplica.
En cuanto a la dotación presupuestaria de esta ley, Canarias tiene asignados 78 millones de euros para la primera fase de aplicación que comprende cinco años, y de ellos, ha dicho que en 2007 se gastaron 18 millones de euros y en 2008, nueve millones.
Así mismo, ha subrayado que en Canarias, el 16 por ciento de las personas mayores vive sola, por lo que urge aún más la aplicación de esta ley.
El secretario de UGT ha señalado también que el desarrollo de esta ley implicaría la creación de empleo en el área de servicios sociales, pero en Canarias no se ha creado "ni uno".
Sólo en el municipio de la capital grancanaria se podrían crear 2.000 puestos de trabajo, ha indicado Fonte.
Fuente : EFE
miércoles, 30 de septiembre de 2009
COMUNIDAD VALENCIANA. LES CORTS VALENCIANES PIDEN REPARTOS FONDOS DEPENDENCIA TENGAN COMO FECHA REFERENCIA 2010
Les Corts Valencianes han aprobado, con los votos a favor del PP y en contra de la oposición, una propuesta de resolución de los populares en la que en el nuevo sistema de financiación autonómico para el desarrollo de la ley de Dependencia tenga como fecha de referencia el 31 de diciembre de 2010.
La iniciativa, que descarta así la fecha del 1 de abril de 2009 fijada por el Gobierno, también plantea que en el nuevo sistema de financiación autonómico se tenga en cuenta "el criterio de población potencialmente dependiente como criterio para la valoración económica de los costes de la dependencia".
La diputada del PP Marisol Llinares ha defendido que la ley de Dependencia "exige para su financiación un gran esfuerzo presupuestario por parte de todas las administraciones responsables, presupuestos que a medida que avanza el tiempo se tiene que incrementar porque la aplicación de dicha ley es progresiva".
Llinares ha planteado que la propuesta del Gobierno central no es aceptable, ya que no incluye los dependientes que puedan haber en la Comunitat Valenciana más allá de abril de 2009, y ha defendido que de este modo se incumplen los principios de suficiencia financiera.
La portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, ha afirmado que el PP pide ahora un dinero "que han perdido por su mala gestión, por su boicot consciente a la ley de Dependencia", y por que su único interés es "llenar determinados geriátricos de determinada familia".
Los populares también se han quedado solos en su propuesta para apoyar la ejecución del programa Más Vida, que tiene como objetivo proteger a la mujer embarazada y a la infancia, y que a juicio de Llinares sirve para consolidar "una nueva cultura de apoyo y defensa a un derecho tan fundamental, como poco reconocido históricamente, como es el derecho a la maternidad".
Oltra ha afirmado que la ley de Defensa de la Maternidad, en la que se apoya este programa, "no otorga derechos" y ha añadido que las iniciativas que se derivan de ella "sólo dan dinero a la red de corifeos, asociaciones que niegan los derechos de las mujeres y atacan sus derechos".
Fuente : EFE
La iniciativa, que descarta así la fecha del 1 de abril de 2009 fijada por el Gobierno, también plantea que en el nuevo sistema de financiación autonómico se tenga en cuenta "el criterio de población potencialmente dependiente como criterio para la valoración económica de los costes de la dependencia".
La diputada del PP Marisol Llinares ha defendido que la ley de Dependencia "exige para su financiación un gran esfuerzo presupuestario por parte de todas las administraciones responsables, presupuestos que a medida que avanza el tiempo se tiene que incrementar porque la aplicación de dicha ley es progresiva".
Llinares ha planteado que la propuesta del Gobierno central no es aceptable, ya que no incluye los dependientes que puedan haber en la Comunitat Valenciana más allá de abril de 2009, y ha defendido que de este modo se incumplen los principios de suficiencia financiera.
La portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, ha afirmado que el PP pide ahora un dinero "que han perdido por su mala gestión, por su boicot consciente a la ley de Dependencia", y por que su único interés es "llenar determinados geriátricos de determinada familia".
Los populares también se han quedado solos en su propuesta para apoyar la ejecución del programa Más Vida, que tiene como objetivo proteger a la mujer embarazada y a la infancia, y que a juicio de Llinares sirve para consolidar "una nueva cultura de apoyo y defensa a un derecho tan fundamental, como poco reconocido históricamente, como es el derecho a la maternidad".
Oltra ha afirmado que la ley de Defensa de la Maternidad, en la que se apoya este programa, "no otorga derechos" y ha añadido que las iniciativas que se derivan de ella "sólo dan dinero a la red de corifeos, asociaciones que niegan los derechos de las mujeres y atacan sus derechos".
Fuente : EFE
PRESUPUESTOS 2010 - DEPENDENCIA "LA GANADORA DE LA CRISIS"
Las políticas sociales y la inversión en alta velocidad se libran de los recortes a costa de los tijeretazos en obras hidráulicas, vivienda y educación infantil
DEPENDENCIA La ganadora de la crisis
La dotación para la Ley de Dependencia ha elevado el presupuesto de todo el Ministerio de Sanidad y Política Social en un 15,8%.
El Gobierno destinó 1.159 millones de euros este año para esta ley y el año que viene serán 1.581, un incremento del 36,5%. Eso aliviará, en parte, las incesantes peticiones de las comunidades, que en cada consejo territorial repiten como una letanía la necesidad de financiación estatal, a pesar de que las diferencias de gestión entre ellas son notabilísimas teniendo todas parecidas carencias.
En 2010 el fondo de apoyo para infraestructuras (geriátricos, centros de día) contará con 17 millones de euros que se distribuirán en función de los proyectos que presenten las empresas.
Además, por primera vez, gracias al acuerdo sobre financiación autonómica, el 80% de los nuevos recursos que se ponen a disposición de las comunidades se han calculado en función de la sanidad, la educación y la dependencia, por tanto, se repartirán teniendo en cuenta estas necesidades aunque su destino final dependa de las comunidades autónomas.
Y las políticas de Dependencia también contarán con una parte del fondo de inversión local, el Plan E de 2010, puesto que éste estará condicionado a inversiones relacionadas con la implantación de esta ley.
Algo parecido ocurrirá con los 20.000 millones del fondo de Economía Sostenible.
Fuente : elpais.com
DEPENDENCIA La ganadora de la crisis
La dotación para la Ley de Dependencia ha elevado el presupuesto de todo el Ministerio de Sanidad y Política Social en un 15,8%.
El Gobierno destinó 1.159 millones de euros este año para esta ley y el año que viene serán 1.581, un incremento del 36,5%. Eso aliviará, en parte, las incesantes peticiones de las comunidades, que en cada consejo territorial repiten como una letanía la necesidad de financiación estatal, a pesar de que las diferencias de gestión entre ellas son notabilísimas teniendo todas parecidas carencias.
En 2010 el fondo de apoyo para infraestructuras (geriátricos, centros de día) contará con 17 millones de euros que se distribuirán en función de los proyectos que presenten las empresas.
Además, por primera vez, gracias al acuerdo sobre financiación autonómica, el 80% de los nuevos recursos que se ponen a disposición de las comunidades se han calculado en función de la sanidad, la educación y la dependencia, por tanto, se repartirán teniendo en cuenta estas necesidades aunque su destino final dependa de las comunidades autónomas.
Y las políticas de Dependencia también contarán con una parte del fondo de inversión local, el Plan E de 2010, puesto que éste estará condicionado a inversiones relacionadas con la implantación de esta ley.
Algo parecido ocurrirá con los 20.000 millones del fondo de Economía Sostenible.
Fuente : elpais.com
CANARIAS. UGT DARA A CONOCER LA "ESCASA" APLICACION DE LA LEY DE DEPENDENCIA
UGT Canarias dará a conocer hoy la "escasa" aplicación de la Ley de Dependencia en el archipiélago
La Unión General de Trabajadores (UGT) dará a conocer hoy la "escasa" aplicación de la Ley de Dependencia en el archipiélago con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores que se celebrará el próximo 1 de octubre.
El secretario general de UGT Canarias, Juan Francisco Fonte, así como su homólogo en Gran Canaria, Gustavo Santana, y el secretario general de la Unión de Pensionistas y Jubilados de UGT en Canarias, Raimundo Peñate, criticarán la aplicación de dicha Ley en las islas, según informó el sindicato en nota de prensa.
Asimismo, expondrán datos sobre la "precaria" situación de este colectivo en Canarias y realizarán un balance final de la campaña 'La dignidad del trabajo bien hecho' llevada a cabo por UGT Gran Canaria con el fin de "dar visibilidad a los problemas con los que conviven las personas mayores".
Finalmente, leerán el manifiesto del Día Internacional de las Personas Mayores.
Fuente : EUROPA PRESS
La Unión General de Trabajadores (UGT) dará a conocer hoy la "escasa" aplicación de la Ley de Dependencia en el archipiélago con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores que se celebrará el próximo 1 de octubre.
El secretario general de UGT Canarias, Juan Francisco Fonte, así como su homólogo en Gran Canaria, Gustavo Santana, y el secretario general de la Unión de Pensionistas y Jubilados de UGT en Canarias, Raimundo Peñate, criticarán la aplicación de dicha Ley en las islas, según informó el sindicato en nota de prensa.
Asimismo, expondrán datos sobre la "precaria" situación de este colectivo en Canarias y realizarán un balance final de la campaña 'La dignidad del trabajo bien hecho' llevada a cabo por UGT Gran Canaria con el fin de "dar visibilidad a los problemas con los que conviven las personas mayores".
Finalmente, leerán el manifiesto del Día Internacional de las Personas Mayores.
Fuente : EUROPA PRESS
martes, 29 de septiembre de 2009
ARAGON. EL 64% DE LAS AYUDAS ECONOMICAS SON PARA CUIDADOS FAMILIARES
El 64 por ciento de las prestaciones o servicios de atención a la dependencia que ya son efectivos en Aragón, son prestación económica para cuidado en el entorno familiar.
De 15.980 prestaciones o servicios, 10.220 son prestaciones para el entorno familiar, ha informado hoy el Gobierno de Aragón con motivo de la inauguración de las "Jornadas Técnicas de Formación y Atención a la Dependencia: formación y cualificación de los profesionales y cuidadores", en las que más de 400 profesionales de diferentes CCAA analizan los aspectos más actuales de esta materia.
La consejera de Servicios Sociales y Familia, Ana Fernández, y la de Educación, Cultura y Deporte, María Victoria Broto, han participado en la inauguración de este encuentro, que se prolongará hasta mañana en el Auditorio Eduardo del Pueyo y que va a servir de foro de reflexión y debate sobre cuestiones como las cualificaciones profesionales o las perspectivas formativas en el sector.
Precisamente, la calidad de la atención es una clara prioridad de la Ley de Dependencia, en la que también se alude a la formación y a la cualificación requerida a los profesionales y cuidadores, explicando que se atenderá a su formación básica y permanente, ha añadido el Ejecutivo autonómico.
Así, las CCAA asumieron el mandato de desarrollar este capítulo de la Ley en el Consejo territorial de noviembre de 2008, en el que se acordaron los criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios de atención a la Dependencia.
El objetivo de este acuerdo es promover la profesionalidad y potenciar la formación de aquellas personas que prestan servicios de atención a la Dependencia. De hecho, a partir de 2015 el cien por cien de los profesionales deberán estar cualificados.
En este contexto, el Departamento de Servicios Sociales y Familia ha comenzado a trabajar con el de Educación, Cultura y Deporte para establecer estos criterios de cualificación profesional.
Además, Aragón es una comunidad pionera en el inicio de los procesos de formación y atención de los cuidadores no profesionales.
En la actualidad está en marcha el programa Cuidarte, una iniciativa del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) para atender las necesidades de los cuidadores familiares de las personas dependientes, contribuyendo a la mejora de su calidad de vida mediante su participación en grupos de apoyo.
En la actualidad, están en funcionamiento 16 grupos de apoyo (siete en la provincia de Huesca, siete en la de Zaragoza y dos en la de Teruel).
Antes de que acabe el año, comenzará la actividad en otros 17 grupos de toda la Comunidad Autónoma.
El otro programa es el de formación de cuidadores en el entorno familiar, que empezó la pasada semana.
Son cursos en todas las comarcas, dirigidos a personas reconocidas como cuidadores en el entorno familiar y que, en un primer momento, llegarán a 1.200 personas.
Fuente : adn.es
De 15.980 prestaciones o servicios, 10.220 son prestaciones para el entorno familiar, ha informado hoy el Gobierno de Aragón con motivo de la inauguración de las "Jornadas Técnicas de Formación y Atención a la Dependencia: formación y cualificación de los profesionales y cuidadores", en las que más de 400 profesionales de diferentes CCAA analizan los aspectos más actuales de esta materia.
La consejera de Servicios Sociales y Familia, Ana Fernández, y la de Educación, Cultura y Deporte, María Victoria Broto, han participado en la inauguración de este encuentro, que se prolongará hasta mañana en el Auditorio Eduardo del Pueyo y que va a servir de foro de reflexión y debate sobre cuestiones como las cualificaciones profesionales o las perspectivas formativas en el sector.
Precisamente, la calidad de la atención es una clara prioridad de la Ley de Dependencia, en la que también se alude a la formación y a la cualificación requerida a los profesionales y cuidadores, explicando que se atenderá a su formación básica y permanente, ha añadido el Ejecutivo autonómico.
Así, las CCAA asumieron el mandato de desarrollar este capítulo de la Ley en el Consejo territorial de noviembre de 2008, en el que se acordaron los criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios de atención a la Dependencia.
El objetivo de este acuerdo es promover la profesionalidad y potenciar la formación de aquellas personas que prestan servicios de atención a la Dependencia. De hecho, a partir de 2015 el cien por cien de los profesionales deberán estar cualificados.
En este contexto, el Departamento de Servicios Sociales y Familia ha comenzado a trabajar con el de Educación, Cultura y Deporte para establecer estos criterios de cualificación profesional.
Además, Aragón es una comunidad pionera en el inicio de los procesos de formación y atención de los cuidadores no profesionales.
En la actualidad está en marcha el programa Cuidarte, una iniciativa del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) para atender las necesidades de los cuidadores familiares de las personas dependientes, contribuyendo a la mejora de su calidad de vida mediante su participación en grupos de apoyo.
En la actualidad, están en funcionamiento 16 grupos de apoyo (siete en la provincia de Huesca, siete en la de Zaragoza y dos en la de Teruel).
Antes de que acabe el año, comenzará la actividad en otros 17 grupos de toda la Comunidad Autónoma.
El otro programa es el de formación de cuidadores en el entorno familiar, que empezó la pasada semana.
Son cursos en todas las comarcas, dirigidos a personas reconocidas como cuidadores en el entorno familiar y que, en un primer momento, llegarán a 1.200 personas.
Fuente : adn.es
PRESUPUESTO PARA 2010. AUMENTAN LAS PARTIDAS PARA DEPENDENCIA
El presupuesto destinado a políticas sociales en 2010 aumenta en un 8,4 por ciento hasta los casi 2.721 millones de euros, sobre todo para el desarrollo de la Ley de Dependencia, que aumenta en 422 millones, mientras que el Fondo de Ayuda a los inmigrantes pierde el 50 por ciento de su financiación.
Estos datos aparecen reflejados en el apartado destinado a políticas sociales del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2010 presentados hoy por el Gobierno.
Los presupuestos para políticas sociales se estructuran en tres bloques: acción social, promoción social y gestión de servicios sociales.
El área de Acción Social, que incluye los programas y medidas para paliar las carencias de colectivos como los drogodependientes, la tercera edad, los minusválidos, migrantes, infancia y familia, está dotada con casi 2.569 millones de euros.
El Plan Nacional sobre Droga cuenta con una dotación de 29,57 millones de euros, detallan los Presupuestos, el desarrollo de la Ley de Dependencia que contará con un presupuesto de 1.581 millones de euros, a los que se suma la financiación que corresponde al País Vasco y Navarra por sus conciertos económicos.
También en este apartado cabe destacar los 7,59 millones de euros que recibirá el Plan de Acción para discapacitados y programas de discapacitados, que incluye actuaciones de apoyo a las familias.
Otro colectivo cuyas necesidades contempla este apartado de Acción Social es el de los emigrantes españoles jubilados en otros países y que carecen de recursos, a este colectivo los PGE destinan 100 millones de euros.
Los "niños de la guerra" desplazados al extranjero a causa de la Guerra Civil recibirán 10,7 millones de euros.
Por su parte, los inmigrantes cuentan con un número de programas para su integración en España; así, el Fondo de Acogida e Integración se dota con 100 millones, lo que supone un descenso del 50 por ciento respecto al año pasado, cuando recibió 200 millones de euros.
Dentro de este fondo figuran los 15,48 millones para subvenciones a la Cruz Roja Española, la Comisión española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM); otros 6,90 millones destinados a programas de acogida básica y humanitaria en Canarias, Andalucía, Ceuta y Melilla, otros 3,53 millones más para acogida de menores no acompañados en Ceuta y Melilla.
El bloque de Promoción Social, que agrupa programas de juventud, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, actuaciones para la prevención de violencia de género, entre otros, contará con un presupuesto de 109,8 millones
Fuente : adn.es
Estos datos aparecen reflejados en el apartado destinado a políticas sociales del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2010 presentados hoy por el Gobierno.
Los presupuestos para políticas sociales se estructuran en tres bloques: acción social, promoción social y gestión de servicios sociales.
El área de Acción Social, que incluye los programas y medidas para paliar las carencias de colectivos como los drogodependientes, la tercera edad, los minusválidos, migrantes, infancia y familia, está dotada con casi 2.569 millones de euros.
El Plan Nacional sobre Droga cuenta con una dotación de 29,57 millones de euros, detallan los Presupuestos, el desarrollo de la Ley de Dependencia que contará con un presupuesto de 1.581 millones de euros, a los que se suma la financiación que corresponde al País Vasco y Navarra por sus conciertos económicos.
También en este apartado cabe destacar los 7,59 millones de euros que recibirá el Plan de Acción para discapacitados y programas de discapacitados, que incluye actuaciones de apoyo a las familias.
Otro colectivo cuyas necesidades contempla este apartado de Acción Social es el de los emigrantes españoles jubilados en otros países y que carecen de recursos, a este colectivo los PGE destinan 100 millones de euros.
Los "niños de la guerra" desplazados al extranjero a causa de la Guerra Civil recibirán 10,7 millones de euros.
Por su parte, los inmigrantes cuentan con un número de programas para su integración en España; así, el Fondo de Acogida e Integración se dota con 100 millones, lo que supone un descenso del 50 por ciento respecto al año pasado, cuando recibió 200 millones de euros.
Dentro de este fondo figuran los 15,48 millones para subvenciones a la Cruz Roja Española, la Comisión española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM); otros 6,90 millones destinados a programas de acogida básica y humanitaria en Canarias, Andalucía, Ceuta y Melilla, otros 3,53 millones más para acogida de menores no acompañados en Ceuta y Melilla.
El bloque de Promoción Social, que agrupa programas de juventud, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, actuaciones para la prevención de violencia de género, entre otros, contará con un presupuesto de 109,8 millones
Fuente : adn.es
DECLARACIONES DE JOSE BLANCO, MINISTRO DE FOMENTO
"A UNA FAMILIA DE CLASE MEDIA NO LE IMPORTARA PAGAR MAS EN IMPUESTOS SI TIENE ASEGURADAS SUS PRESTACIONES SOCIALES".
El ministro de Fomento, José Blanco, mostró este martes su convencimiento de que a una familia "de clase media" no le importará pagar "un poco más" en impuestos si tienen aseguradas sus prestaciones sociales.
"Yo estoy seguro de que a una familia de la clase media no le va a importar pagar un poco más si esa familia tiene cubierta la asistencia a sus mayores a través de la Ley de Dependencia, si tienen beca para sus hijos o si reciben 2.500 euros en caso de tener un hijo·", indicó Blanco en declaraciones a la COPE, recogidas por Europa Press, sobre la anunciada subida de impuestos.
En su opinión, "lo importante no es sólo lo que se ingresa, sino también cómo se gasta". "En los países más progresistas del mundo la redistribución viene no sólo en el ingreso, sino en cómo se gasta y donde se invierte", argumentó.
Blanco reconoció que "no es tarea fácil" subir impuestos y explicárselo a los ciudadanos. "Pero gobernar es decidir, y nosotros hemos tomado la decisión de que en este momento, más que nunca, es necesario mantener el gasto social y la inversión productiva".
"No se puede recortar una sola beca, no se puede dejar de subir las pensiones, dejar de invertir para aplicar Ley de la Dependencia o dejar de invertir en infraestructuras para que el país siga modernizándose y creando empleo", defendió.
Fuente : EUROPA PRESS
El ministro de Fomento, José Blanco, mostró este martes su convencimiento de que a una familia "de clase media" no le importará pagar "un poco más" en impuestos si tienen aseguradas sus prestaciones sociales.
"Yo estoy seguro de que a una familia de la clase media no le va a importar pagar un poco más si esa familia tiene cubierta la asistencia a sus mayores a través de la Ley de Dependencia, si tienen beca para sus hijos o si reciben 2.500 euros en caso de tener un hijo·", indicó Blanco en declaraciones a la COPE, recogidas por Europa Press, sobre la anunciada subida de impuestos.
En su opinión, "lo importante no es sólo lo que se ingresa, sino también cómo se gasta". "En los países más progresistas del mundo la redistribución viene no sólo en el ingreso, sino en cómo se gasta y donde se invierte", argumentó.
Blanco reconoció que "no es tarea fácil" subir impuestos y explicárselo a los ciudadanos. "Pero gobernar es decidir, y nosotros hemos tomado la decisión de que en este momento, más que nunca, es necesario mantener el gasto social y la inversión productiva".
"No se puede recortar una sola beca, no se puede dejar de subir las pensiones, dejar de invertir para aplicar Ley de la Dependencia o dejar de invertir en infraestructuras para que el país siga modernizándose y creando empleo", defendió.
Fuente : EUROPA PRESS
COMUNIDAD VALENCIANA. CREACION COMISION SECTORIAL APLICACION LEY DE DEPENDENCIA
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, ha anunciado la creación de una comisión sectorial para tratar aspectos relacionados con la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Según un comunicado de la Conselleria, Such ha realizado ese anuncio tras la reunión mantenida con la Junta Directiva del Comité Español de Representantes de Discapacitados de la Comunidad Valenciana (CERMI-CV), en la que han tratado, entre otros asuntos, el compromiso de su departamento de agilizar los plazos para el reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho al cobro de las prestaciones.
Por otro lado, Such ha pedido a los representantes de las principales asociaciones de afectados su colaboración para conseguir, con el consenso y el trabajo continuado, resultados a medio y largo plazo.
La consellera, asimismo, ha propuesto a los miembros de la Junta la celebración de reuniones periódicas que sirvan para analizar la situación y buscar soluciones en beneficio de los afectados y conseguir una mayor celeridad en la tramitación de las ayudas.
Durante el encuentro, la consellera ha propuesto la inclusión del CERMI como nuevo miembro de ese órgano, una medida que, según Such, supone "dar voz al colectivo de personas con discapacidad dentro del Consejo que valora los proyectos legislativos y de planificación sectorial relativos a los diversos ámbitos de los servicios sociales".
Asimismo, Such se ha comprometido a convocar antes de final de año un nuevo pleno del Consejo Valenciano de Bienestar Social, con la finalidad de abordar todos los asuntos que los representantes de los diferentes colectivos que forman este órgano consultivo le han trasladado en las diversas reuniones mantenidas en las últimas semanas.
Fuente : EFE
Según un comunicado de la Conselleria, Such ha realizado ese anuncio tras la reunión mantenida con la Junta Directiva del Comité Español de Representantes de Discapacitados de la Comunidad Valenciana (CERMI-CV), en la que han tratado, entre otros asuntos, el compromiso de su departamento de agilizar los plazos para el reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho al cobro de las prestaciones.
Por otro lado, Such ha pedido a los representantes de las principales asociaciones de afectados su colaboración para conseguir, con el consenso y el trabajo continuado, resultados a medio y largo plazo.
La consellera, asimismo, ha propuesto a los miembros de la Junta la celebración de reuniones periódicas que sirvan para analizar la situación y buscar soluciones en beneficio de los afectados y conseguir una mayor celeridad en la tramitación de las ayudas.
Durante el encuentro, la consellera ha propuesto la inclusión del CERMI como nuevo miembro de ese órgano, una medida que, según Such, supone "dar voz al colectivo de personas con discapacidad dentro del Consejo que valora los proyectos legislativos y de planificación sectorial relativos a los diversos ámbitos de los servicios sociales".
Asimismo, Such se ha comprometido a convocar antes de final de año un nuevo pleno del Consejo Valenciano de Bienestar Social, con la finalidad de abordar todos los asuntos que los representantes de los diferentes colectivos que forman este órgano consultivo le han trasladado en las diversas reuniones mantenidas en las últimas semanas.
Fuente : EFE
lunes, 28 de septiembre de 2009
MELILLA. LA LEY DEPENDENCIA COMENZARA A EVALUARSE EN OCTUBRE
De octubre a junio próximos se llevará a cabo una evaluación de la Ley de Dependencia cuyo objetivo es aplicar medidas correctoras que mejoren su funcionamiento, según se acordó en la última reunión del Consejo Territorial de Dependencia, en la que están representadas todas las Comunidades Autónomas a través de sus responsables de Política Social, entre ellos la Ciudad Autónoma de Melilla.
Según los datos aportados en el Consejo Territorial de Dependencia, nueve de cada diez personas que han solicitado prestaciones o servicios de la Ley de Dependencia han sido ya evaluados. Además, al ritmo actual de incorporación, antes de que finalice el año, dos de cada tres personas declaradas dependientes recibirán la atención del Sistema Nacional de Dependencia.
Asimismo, para seguir avanzando en la aplicación de la Ley, el Consejo ha aprobado adelantar los trabajos de evaluación de la misma. Estos trabajos, previstos inicialmente para el próximo año, comenzarán en octubre y permitirán llegar a acuerdos para la mejora de la implantación de la Ley antes del verano.
Información común
El Consejo Territorial de Dependencia ha acordado también cuál es la información común que deberán aportar todas las Comunidades Autónomas al Sistema de Información del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), que se hará con el mismo procedimiento y la misma periodicidad.
De esta manera se posibilita la elaboración de estadísticas públicas que ayudarán al conocimiento y funcionamiento de Sistema. La información que las autonomías aportarán es la relacionada con: Datos identificativos de las personas solicitantes; datos socioeconómicos de las personas beneficiarias; datos sobre el proceso de valoración.; datos sobre las resoluciones de grado y nivel; datos de las prestaciones reconocidas.
Formación de cuidadores no profesionales
Por último, el Consejo Territorial de Dependencia aprobó impulsar la formación de las personas cuidadoras no profesionales. Para ello se diseñarán e impartirán cursos (presenciales o a distancia) que mejoren los conocimientos de estas personas en aspectos como: Medidas de cuidados básicos (cambios posturales, higiene, nutrición, etc.); prevención de lesiones, estrés y riesgos para el cuidador; información de recursos para el cuidador y el dependiente y papel del cuidador.
Estos cursos tendrán una duración mínima de 15 horas en sus fases iniciales y de, al menos, 10 horas en la formación específica en aquellos casos que lo requieran. La financiación se llevará a cabo a través de los presupuestos previstos por cotización a la Seguridad Social para formación de cuidadores no profesionales, así como a través de los créditos establecidos en el nivel acordado.
Fuente : melillahoy.es
Según los datos aportados en el Consejo Territorial de Dependencia, nueve de cada diez personas que han solicitado prestaciones o servicios de la Ley de Dependencia han sido ya evaluados. Además, al ritmo actual de incorporación, antes de que finalice el año, dos de cada tres personas declaradas dependientes recibirán la atención del Sistema Nacional de Dependencia.
Asimismo, para seguir avanzando en la aplicación de la Ley, el Consejo ha aprobado adelantar los trabajos de evaluación de la misma. Estos trabajos, previstos inicialmente para el próximo año, comenzarán en octubre y permitirán llegar a acuerdos para la mejora de la implantación de la Ley antes del verano.
Información común
El Consejo Territorial de Dependencia ha acordado también cuál es la información común que deberán aportar todas las Comunidades Autónomas al Sistema de Información del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), que se hará con el mismo procedimiento y la misma periodicidad.
De esta manera se posibilita la elaboración de estadísticas públicas que ayudarán al conocimiento y funcionamiento de Sistema. La información que las autonomías aportarán es la relacionada con: Datos identificativos de las personas solicitantes; datos socioeconómicos de las personas beneficiarias; datos sobre el proceso de valoración.; datos sobre las resoluciones de grado y nivel; datos de las prestaciones reconocidas.
Formación de cuidadores no profesionales
Por último, el Consejo Territorial de Dependencia aprobó impulsar la formación de las personas cuidadoras no profesionales. Para ello se diseñarán e impartirán cursos (presenciales o a distancia) que mejoren los conocimientos de estas personas en aspectos como: Medidas de cuidados básicos (cambios posturales, higiene, nutrición, etc.); prevención de lesiones, estrés y riesgos para el cuidador; información de recursos para el cuidador y el dependiente y papel del cuidador.
Estos cursos tendrán una duración mínima de 15 horas en sus fases iniciales y de, al menos, 10 horas en la formación específica en aquellos casos que lo requieran. La financiación se llevará a cabo a través de los presupuestos previstos por cotización a la Seguridad Social para formación de cuidadores no profesionales, así como a través de los créditos establecidos en el nivel acordado.
Fuente : melillahoy.es
CASTILLA Y LEON. 47.393 CASTELLANOS Y LEONESES SE BENEFICIAN DE LA LEY DE DEPENDENCIA
El 89,25% de estas personas ya tienen reconocida la prestación, 21 puntos más que la media nacional.
Un total de 47.393 castellanos y leoneses ya tienen reconocida su situación de dependencia en la actualidad.
Así lo destacó el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, quien añadió que a pesar de la complejidad de la norma, en nuestra Comunidad se «están haciendo bien las cosas».
Y es que, según explicó de todas estas personas les corresponde recibir prestaciones a 35.785, el 76 por ciento del total. A los restantes, 11.608, podrá corresponderles las ayudas a partir de 2011 o 2013, por tener reconocido el Grado I y ser esas las fechas que marca para ello la Ley de Dependencia en función de su nivel.
En la Región, el 89,25 por ciento de los ciudadanos con derecho a prestación ya la tienen reconocida, en estos momentos, lo que supone 21 puntos más que la media nacional, que es del 67,96 por ciento. Esta circunstancia permite que Castilla y León sea la primera de las comunidades autónomas en concesión de prestaciones identificadas.
De las 35.785 personas con derecho a ayuda, 31.937, un total de 19.459 están recibiendo servicios, un 61 por ciento, muy por encima de la media nacional que se sitúa en el 48.
Los servicios pueden ser recibidos en centros residenciales (6.678), en centros de día (2.068), mediante ayudas a domicilio (2.153), a través de Teleasistencia (505), con prestación económica vinculada a la adquisición del servicio (6.427) o mediante prevención y promoción de la autonomía personal (1.619).
Por este motivo, César Antón subrayó que Castilla y León ocupa en la actualidad un puesto entre las primeras comunidades autónomas, destacando por la agilidad en la aplicación de la Ley.
Excelente valoración
Esta situación ha sido ratificada en los distintos Dictámenes del Observatorio de la Dependencia elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, habiendo obtenido la mejor de las calificaciones con 8,5 puntos, «una excelente valoración respecto a la puntuación media, en torno a los cinco puntos», añadió el consejero de Familia.
Para impulsar la Ley de la Dependencia, durante el presente año, se van a destinar 120 millones de euros, de los cuales el Estado invertirá 48 millones, mientras que la Junta 72 millones.
Fuente : larazon.es
Un total de 47.393 castellanos y leoneses ya tienen reconocida su situación de dependencia en la actualidad.
Así lo destacó el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, quien añadió que a pesar de la complejidad de la norma, en nuestra Comunidad se «están haciendo bien las cosas».
Y es que, según explicó de todas estas personas les corresponde recibir prestaciones a 35.785, el 76 por ciento del total. A los restantes, 11.608, podrá corresponderles las ayudas a partir de 2011 o 2013, por tener reconocido el Grado I y ser esas las fechas que marca para ello la Ley de Dependencia en función de su nivel.
En la Región, el 89,25 por ciento de los ciudadanos con derecho a prestación ya la tienen reconocida, en estos momentos, lo que supone 21 puntos más que la media nacional, que es del 67,96 por ciento. Esta circunstancia permite que Castilla y León sea la primera de las comunidades autónomas en concesión de prestaciones identificadas.
De las 35.785 personas con derecho a ayuda, 31.937, un total de 19.459 están recibiendo servicios, un 61 por ciento, muy por encima de la media nacional que se sitúa en el 48.
Los servicios pueden ser recibidos en centros residenciales (6.678), en centros de día (2.068), mediante ayudas a domicilio (2.153), a través de Teleasistencia (505), con prestación económica vinculada a la adquisición del servicio (6.427) o mediante prevención y promoción de la autonomía personal (1.619).
Por este motivo, César Antón subrayó que Castilla y León ocupa en la actualidad un puesto entre las primeras comunidades autónomas, destacando por la agilidad en la aplicación de la Ley.
Excelente valoración
Esta situación ha sido ratificada en los distintos Dictámenes del Observatorio de la Dependencia elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, habiendo obtenido la mejor de las calificaciones con 8,5 puntos, «una excelente valoración respecto a la puntuación media, en torno a los cinco puntos», añadió el consejero de Familia.
Para impulsar la Ley de la Dependencia, durante el presente año, se van a destinar 120 millones de euros, de los cuales el Estado invertirá 48 millones, mientras que la Junta 72 millones.
Fuente : larazon.es
domingo, 27 de septiembre de 2009
ALICANTE. ORIHUELA. PLATAFORMA RECLAMA CUATRO ESPECIALISTAS EN CONSISTORIO
La plataforma de la Ley de Dependencia reclama cuatro especialistas en el Consistorio
La plataforma en defensa de la Ley de la Dependencia de la Vega Baja mantuvo una reunión con las diversas plataformas de la Comunidad Valenciana y con el Secretario Autonómico de la Conselleria de Bienestar Social para tratar diversos puntos.
La plataforma de la Vega Baja reclamó a Conselleria la dotación de personal especializado en dependencia en los ayuntamientos.
Según Manuel García «se debe dotar a los ayuntamientos a partir de 25.000 habitantes con un especialista en dependencia, por lo que a Orihuela le corresponden cuatro personas que tienen que ayudar a aliviar el caos de expedientes sin tramitar».
De igual forma la plataforma exigió una explicación ante el retraso de dos años y medio de algunos expedientes y que según el presidente de la plataforma Manuel García, «tenemos que ponernos al día con otras comunidades autónomas que están haciendo sus deberes».
Otro de los puntos tratados fue la retroactividad de la ley, aspecto que Conselleria tiene en cuenta y reconoce las prestaciones desde la solicitud de las mismas.
Cuándo van a cobrar los familiares de los fallecidos y la compatibilidad de los derechos fueron otras de las preocupaciones expuestas.
En la reunión se dijo que las nuevas solicitudes las tramitaría en dos fases, recogida de datos y reconocimiento de derechos y pago.
Fuente : laverdad.es
La plataforma en defensa de la Ley de la Dependencia de la Vega Baja mantuvo una reunión con las diversas plataformas de la Comunidad Valenciana y con el Secretario Autonómico de la Conselleria de Bienestar Social para tratar diversos puntos.
La plataforma de la Vega Baja reclamó a Conselleria la dotación de personal especializado en dependencia en los ayuntamientos.
Según Manuel García «se debe dotar a los ayuntamientos a partir de 25.000 habitantes con un especialista en dependencia, por lo que a Orihuela le corresponden cuatro personas que tienen que ayudar a aliviar el caos de expedientes sin tramitar».
De igual forma la plataforma exigió una explicación ante el retraso de dos años y medio de algunos expedientes y que según el presidente de la plataforma Manuel García, «tenemos que ponernos al día con otras comunidades autónomas que están haciendo sus deberes».
Otro de los puntos tratados fue la retroactividad de la ley, aspecto que Conselleria tiene en cuenta y reconoce las prestaciones desde la solicitud de las mismas.
Cuándo van a cobrar los familiares de los fallecidos y la compatibilidad de los derechos fueron otras de las preocupaciones expuestas.
En la reunión se dijo que las nuevas solicitudes las tramitaría en dos fases, recogida de datos y reconocimiento de derechos y pago.
Fuente : laverdad.es
sábado, 26 de septiembre de 2009
EXTREMADURA. FUENTE DE CANTOS. EL LUNES 28 FINALIZA PLAZO INSCRIPCION CURSO
FUENTE DE CANTOS
El lunes finaliza el plazo de inscripción para un curso de dependencia y desarrollo rural
El servicio social de base del Ayuntamiento de Fuente de Cantos ha convocado el curso 'ley de dependencia y desarrollo rural', de 45 horas lectivas de duración, que se llevará a cabo en sesiones de tres horas diarias de lunes a viernes en horario de tarde.
Para inscribirse lo tienen de plazo hasta el lunes día 28 de septiembre en horarios de oficina en el Ayuntamiento.
Este curso está organizado por unión de centros de animación rural (Uncear), y dirigido a mujeres de entre dieciséis años a sesenta y cinco años que se encuentren en situación de desempleo.
Todos aquellas personas interesadas deben entregar una fotocopia del documento nacional de identidad, y el teléfono junto a la tarjeta de demanda de empleo.
El curso está patrocinado por el Ministerio de Medio-ambiente y medio rural y marino.
Fuente : hoy.es
El lunes finaliza el plazo de inscripción para un curso de dependencia y desarrollo rural
El servicio social de base del Ayuntamiento de Fuente de Cantos ha convocado el curso 'ley de dependencia y desarrollo rural', de 45 horas lectivas de duración, que se llevará a cabo en sesiones de tres horas diarias de lunes a viernes en horario de tarde.
Para inscribirse lo tienen de plazo hasta el lunes día 28 de septiembre en horarios de oficina en el Ayuntamiento.
Este curso está organizado por unión de centros de animación rural (Uncear), y dirigido a mujeres de entre dieciséis años a sesenta y cinco años que se encuentren en situación de desempleo.
Todos aquellas personas interesadas deben entregar una fotocopia del documento nacional de identidad, y el teléfono junto a la tarjeta de demanda de empleo.
El curso está patrocinado por el Ministerio de Medio-ambiente y medio rural y marino.
Fuente : hoy.es
CASTELLON. EL ALCALDE ATIENDE LA EXIGENCIA DE LOS SOCIALISTAS
A. Fabra pide cifras de usuarios tras la ley de la dependencia
El alcalde atiende la exigencia de los socialistas en el pleno del jueves.
El consistorio remitió hasta julio 507 informes de gente dependiente.
El alcalde de Castellón, Alberto Fabra, dio respuesta ayer a la exigencia que lanzaron desde la bancada socialista en el pleno del pasado jueves y remitió una carta a la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, para pedirle datos actualizados del número de personas que perciben las prestaciones de la ley de la dependencia, "para conocer de primera mano las familias que pueden ser susceptibles de necesitar con urgencia ayudas económicas".
En la sesión, la edila del PSPV-PSOE Inmaculada Enguídanos exigió al alcalde que no actuara de forma partidista y pidiera esos datos al Consell, debido a que semanas antes había remitido una carta solo al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, para solicitarle datos actualizados del número de desempleados.
En la misiva dirigida a Angélica Such, Alberto Fabra Part le explica que las previsiones de asistencias sociales "se han desbordado" y ha sido necesario ampliar el presupuesto de ayudas de emergencia en 200.000 euros, que se suman al millón que se consignó a principios de año. Fabra apunta que en el primer semestre de este 2009 remitió 507 informes al Consell para solicitar las prestaciones de la ley de dependencia, pero el consistorio ignora ahora el número final de personas beneficiadas actualmente porque "esa comunicación es directa con el usuario".
El alcalde popular recuerda también que el consistorio presta los servicios Major a Casa a 45 personas, el Menjar a Casa a 69 vecinos, el servicio de asistencia domiciliaria a 438 usuarios, se hace cargo de 20 plazas del centro de día de Cruz Roja y sostiene a 750 beneficiarios del servicio de teleayuda. "Estoy preocupado porque muchas familias con una situación económica tan dura pueden ver empeorada su economía al contar entre sus miembros con personas con algún tipo de enfermedad o discapacidad, lo que pueda suponer un esfuerzo mayor para su atención", expone en el escrito.
MÁS AYUDAS El primer edil recuerda, como hizo en la carta que remitió el día 12 a Corbacho, que hasta el 30 de junio recibieron ayudas económicas de emergencia 7.082 personas, frente a las 3.387 del mismo periodo del 2008 --un 109% más--. El albergue municipal sumó hasta un 65% más de usuarios.
Fuente : elperiodicomediterraneo.com
El alcalde atiende la exigencia de los socialistas en el pleno del jueves.
El consistorio remitió hasta julio 507 informes de gente dependiente.
El alcalde de Castellón, Alberto Fabra, dio respuesta ayer a la exigencia que lanzaron desde la bancada socialista en el pleno del pasado jueves y remitió una carta a la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, para pedirle datos actualizados del número de personas que perciben las prestaciones de la ley de la dependencia, "para conocer de primera mano las familias que pueden ser susceptibles de necesitar con urgencia ayudas económicas".
En la sesión, la edila del PSPV-PSOE Inmaculada Enguídanos exigió al alcalde que no actuara de forma partidista y pidiera esos datos al Consell, debido a que semanas antes había remitido una carta solo al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, para solicitarle datos actualizados del número de desempleados.
En la misiva dirigida a Angélica Such, Alberto Fabra Part le explica que las previsiones de asistencias sociales "se han desbordado" y ha sido necesario ampliar el presupuesto de ayudas de emergencia en 200.000 euros, que se suman al millón que se consignó a principios de año. Fabra apunta que en el primer semestre de este 2009 remitió 507 informes al Consell para solicitar las prestaciones de la ley de dependencia, pero el consistorio ignora ahora el número final de personas beneficiadas actualmente porque "esa comunicación es directa con el usuario".
El alcalde popular recuerda también que el consistorio presta los servicios Major a Casa a 45 personas, el Menjar a Casa a 69 vecinos, el servicio de asistencia domiciliaria a 438 usuarios, se hace cargo de 20 plazas del centro de día de Cruz Roja y sostiene a 750 beneficiarios del servicio de teleayuda. "Estoy preocupado porque muchas familias con una situación económica tan dura pueden ver empeorada su economía al contar entre sus miembros con personas con algún tipo de enfermedad o discapacidad, lo que pueda suponer un esfuerzo mayor para su atención", expone en el escrito.
MÁS AYUDAS El primer edil recuerda, como hizo en la carta que remitió el día 12 a Corbacho, que hasta el 30 de junio recibieron ayudas económicas de emergencia 7.082 personas, frente a las 3.387 del mismo periodo del 2008 --un 109% más--. El albergue municipal sumó hasta un 65% más de usuarios.
Fuente : elperiodicomediterraneo.com
ASTURIAS. CASTRILLON. LAS PRESTACIONES SOLO HAN LLEGADO AL 27% DE LOS SOLICITANTES
Las prestaciones de la Ley de Dependencia sólo han llegado al 27% de los solicitantes
La asignación de una paga para la personas que atienden a familiares de avanzada edad en sus domicilios representa el 68% de las prestaciones ya concedidas en Castrillón en virtud de la Ley de Dependencia.
En concreto, de las 151 solicitudes ya aprobadas, 103 corresponden a este concepto.
Si se añaden las 19 prestaciones económicas vinculadas al servicio de residencia (personas que reciben una ayuda para pagar un centro privado), el porcentaje asciende al 80%. Las cuantías dependen del grado de dependencia de la persona y de los ingresos económicos de sus familiares, aunque como referencia, la media se sitúa entre 300 y 400 euros.
El resto de prestaciones ya concedidas corresponden a servicios o recursos prestados por las instituciones, básicamente atención domiciliaria, centros de día o ingreso en residencias públicas.
En cualquier caso, las prestaciones, bien económicas o en servicios, ya atendidas en Castrillón apenas cubre 27% de la demanda.
En números, se han cursado 552 solicitudes en el municipio y hasta el momento sólo las 151 citadas tienen el plan individual de atención firmado, es decir, están atendidas.
La gran mayoría, concretamente, 417, ya han sido valoradas, pero están a la espera del referido plan.
Las prestaciones económicas se cobran con efecto retroactivo a la fecha de la valoración, pero si la persona fallece en el largo periodo de tiempo que transcurre hasta la firma, sus familias no tendrán derecho a contraprestación alguna. Las cifras de Castrillón son similares a las del resto de Asturias y de España.
Fuente : elcomerciodigital.com
La asignación de una paga para la personas que atienden a familiares de avanzada edad en sus domicilios representa el 68% de las prestaciones ya concedidas en Castrillón en virtud de la Ley de Dependencia.
En concreto, de las 151 solicitudes ya aprobadas, 103 corresponden a este concepto.
Si se añaden las 19 prestaciones económicas vinculadas al servicio de residencia (personas que reciben una ayuda para pagar un centro privado), el porcentaje asciende al 80%. Las cuantías dependen del grado de dependencia de la persona y de los ingresos económicos de sus familiares, aunque como referencia, la media se sitúa entre 300 y 400 euros.
El resto de prestaciones ya concedidas corresponden a servicios o recursos prestados por las instituciones, básicamente atención domiciliaria, centros de día o ingreso en residencias públicas.
En cualquier caso, las prestaciones, bien económicas o en servicios, ya atendidas en Castrillón apenas cubre 27% de la demanda.
En números, se han cursado 552 solicitudes en el municipio y hasta el momento sólo las 151 citadas tienen el plan individual de atención firmado, es decir, están atendidas.
La gran mayoría, concretamente, 417, ya han sido valoradas, pero están a la espera del referido plan.
Las prestaciones económicas se cobran con efecto retroactivo a la fecha de la valoración, pero si la persona fallece en el largo periodo de tiempo que transcurre hasta la firma, sus familias no tendrán derecho a contraprestación alguna. Las cifras de Castrillón son similares a las del resto de Asturias y de España.
Fuente : elcomerciodigital.com
viernes, 25 de septiembre de 2009
NAVARRA RECLAMA LA FINANCIACION "PROMETIDA"
Navarra reclama la financiación estatal "prometida" para dependencia
Navarra, a través de la consejera de Asuntos Sociales, Maribel García Malo, volvió a reclamar a la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, que su Ministerio cumpla con "el compromiso prometido" de que el Estado aporte el 33% para la financiación del sistema de atención a la dependencia, tal y como establece la propia ley.
"Actualmente sólo está aportando el 8%", recordó, vía descuento en el convenio económico entre la Comunidad foral y el Estado.
Madrid acogió una nueva reunión del pleno del Consejo Territorial para la Dependencia, en el que se aprobaron de forma unánime dos acuerdos, el primero, sobre el sistema de información y estadísticas.
García Malo recordó que "Navarra ha pedido en varias ocasiones que los datos sobre aplicación de la ley se elaboren con criterios comunes y de forma "veraz y coherente con la realidad". Por ello, pidió que "no se consideren oficiales las estadísticas hasta que la comisión delegada no las consensúe".
El segundo acuerdo versó sobre promover una mayor formación de los cuidadores familiares mediante cursos, tanto para atención al dependiente como para cuidar al propio cuidador.
Más tarde, la consejera navarra mostró su "preocupación" por la financiación estatal, que calificó de "claramente insuficiente". "El peso de la aplicación de la Ley de Dependencia lo estamos llevando las comunidades autónomas", cuando atender a las personas dependientes es, recordó, "cosa de todos, un esfuerzo común". "La financiación estatal prometida y obligada por ley no está llegando a las comunidades y nos está dificultando el mejor y más completo desarrollo de la ley", recordó. Si a ello se añade, dijo, la actual crisis que ha reducido también los ingresos de las administraciones autonómicas, el sistema "no va a ser viable".
Por tanto, reclamó al Ministerio que aumente la cuantía hasta cumplir con el 33% de los niveles mínimo y acordado. Además, y como han reclamado otras CC AA, pidió que se corrijan los criterios de reparto de la financiación estatal.
En concreto, García Malo propuso que se realice según las prestaciones con las que se atiende a las personas dependientes con derecho reconocido y no sólo en función del grado de dependencia como se hace ahora. Y es que, añadió, no es lo mismo atender a un usuario con una plaza residencial que con ayuda a domicilio o con teleasistencia... La ministra, por su parte, dijo que, pese a la crisis, el Gobierno "mantendrá el nivel presupuestario". Pero no dijo nada sobre aumentos.
También la senadora de UPN, María Caballero, preguntó al Gobierno central "cuando piensa sufragar" la parte del coste que le corresponde.
Descontento entre las CC AA
Otras comunidades también han mostrado su descontento, durante el Consejo o en declaraciones a medios de comunicación. Y con gobiernos de todos los colores. Así, Asturias, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia o Madrid, entre otras, han pedido un modelo de financiación "según la ayuda que reciba la persona dependiente", por ser más "acorde con los costes reales".
Y es que no sólo hay diferencia entre el coste de unas y otras prestaciones, sino también entre una plaza en el entorno urbano o en el rural y entre el coste y el volumen de cada tipo de prestaciones en cada CC AA.
Fuente : diariodenavarra.es
Navarra, a través de la consejera de Asuntos Sociales, Maribel García Malo, volvió a reclamar a la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, que su Ministerio cumpla con "el compromiso prometido" de que el Estado aporte el 33% para la financiación del sistema de atención a la dependencia, tal y como establece la propia ley.
"Actualmente sólo está aportando el 8%", recordó, vía descuento en el convenio económico entre la Comunidad foral y el Estado.
Madrid acogió una nueva reunión del pleno del Consejo Territorial para la Dependencia, en el que se aprobaron de forma unánime dos acuerdos, el primero, sobre el sistema de información y estadísticas.
García Malo recordó que "Navarra ha pedido en varias ocasiones que los datos sobre aplicación de la ley se elaboren con criterios comunes y de forma "veraz y coherente con la realidad". Por ello, pidió que "no se consideren oficiales las estadísticas hasta que la comisión delegada no las consensúe".
El segundo acuerdo versó sobre promover una mayor formación de los cuidadores familiares mediante cursos, tanto para atención al dependiente como para cuidar al propio cuidador.
Más tarde, la consejera navarra mostró su "preocupación" por la financiación estatal, que calificó de "claramente insuficiente". "El peso de la aplicación de la Ley de Dependencia lo estamos llevando las comunidades autónomas", cuando atender a las personas dependientes es, recordó, "cosa de todos, un esfuerzo común". "La financiación estatal prometida y obligada por ley no está llegando a las comunidades y nos está dificultando el mejor y más completo desarrollo de la ley", recordó. Si a ello se añade, dijo, la actual crisis que ha reducido también los ingresos de las administraciones autonómicas, el sistema "no va a ser viable".
Por tanto, reclamó al Ministerio que aumente la cuantía hasta cumplir con el 33% de los niveles mínimo y acordado. Además, y como han reclamado otras CC AA, pidió que se corrijan los criterios de reparto de la financiación estatal.
En concreto, García Malo propuso que se realice según las prestaciones con las que se atiende a las personas dependientes con derecho reconocido y no sólo en función del grado de dependencia como se hace ahora. Y es que, añadió, no es lo mismo atender a un usuario con una plaza residencial que con ayuda a domicilio o con teleasistencia... La ministra, por su parte, dijo que, pese a la crisis, el Gobierno "mantendrá el nivel presupuestario". Pero no dijo nada sobre aumentos.
También la senadora de UPN, María Caballero, preguntó al Gobierno central "cuando piensa sufragar" la parte del coste que le corresponde.
Descontento entre las CC AA
Otras comunidades también han mostrado su descontento, durante el Consejo o en declaraciones a medios de comunicación. Y con gobiernos de todos los colores. Así, Asturias, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia o Madrid, entre otras, han pedido un modelo de financiación "según la ayuda que reciba la persona dependiente", por ser más "acorde con los costes reales".
Y es que no sólo hay diferencia entre el coste de unas y otras prestaciones, sino también entre una plaza en el entorno urbano o en el rural y entre el coste y el volumen de cada tipo de prestaciones en cada CC AA.
Fuente : diariodenavarra.es
MURCIA. CARTAGENA EL AYUNTAMIENTO FORMA EN ATENCION A LA DEPENDENCIA A DESEMPLEADOS
El ayuntamiento formará a 32 desempleados en Atención a la Dependencia
La Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE) del ayuntamiento de Cartagena ha obtenido el visto bueno del Servicio Regional de Empleo y Formación de la Comunidad para realizar durante un año un taller de formación en atención a personas dependientes en instituciones sociales.
Este curso, en el que podrán participar 32 desempleados de la comarca, se pondrá en marcha el próximo mes de diciembre y contará con un presupuesto de 667.000 euros.
Un responsable municipal ha señalado hoy que este taller estará cofinanciado por el ayuntamiento, el Servicio Regional de Empleo y Formación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Unión Europea, a través del Fondo Social Europeo.
Los participantes se formarán como Auxiliares de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales y asistirán a 1.920 horas de formación que incluyen clases teóricas y prácticas laborales.
La práctica laboral se desarrollará en el Centro Ocupacional para Personas Discapacitadas de Canteras (Cartagena) adscrito a la consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).
Al finalizar el mismo, los participantes recibirán un certificado en el que constará la duración en horas, así como el nivel de formación teórico y práctico adquirido y los módulos formativos cursados.
Los Talleres de Empleo de la ADLE están incluidos dentro de las medidas de apoyo a la creación de empleo y se configuran como un programa mixto de empleo y formación dirigido a desempleados a partir de 25 años.
Fuente : EFE
La Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE) del ayuntamiento de Cartagena ha obtenido el visto bueno del Servicio Regional de Empleo y Formación de la Comunidad para realizar durante un año un taller de formación en atención a personas dependientes en instituciones sociales.
Este curso, en el que podrán participar 32 desempleados de la comarca, se pondrá en marcha el próximo mes de diciembre y contará con un presupuesto de 667.000 euros.
Un responsable municipal ha señalado hoy que este taller estará cofinanciado por el ayuntamiento, el Servicio Regional de Empleo y Formación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Unión Europea, a través del Fondo Social Europeo.
Los participantes se formarán como Auxiliares de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales y asistirán a 1.920 horas de formación que incluyen clases teóricas y prácticas laborales.
La práctica laboral se desarrollará en el Centro Ocupacional para Personas Discapacitadas de Canteras (Cartagena) adscrito a la consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).
Al finalizar el mismo, los participantes recibirán un certificado en el que constará la duración en horas, así como el nivel de formación teórico y práctico adquirido y los módulos formativos cursados.
Los Talleres de Empleo de la ADLE están incluidos dentro de las medidas de apoyo a la creación de empleo y se configuran como un programa mixto de empleo y formación dirigido a desempleados a partir de 25 años.
Fuente : EFE
CASTELLON. SERVICIOS SOCIALES PIDE AL ALCALDE DE CASTELLON QUE RECLAME DATOS A LA CONSELLERIA
Inmaculada Enguídanos insta al alcalde de Castellón a reclamar datos a la Conselleria de Bienestar Social sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia
La concejala socialista dice que los Servicios Sociales municipales tienen que redoblar esfuerzos para atender a las personas solicitantes de las prestaciones
La concejala Inmaculada Enguídanos, responsable de políticas sociales del grupo municipal socialista de Castellón, ha solicitado hoy al alcalde, Alberto Fabra, que remita una carta urgente a la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, con el objetivo de conocer la aplicación de la Ley de la Dependencia en la ciudad de Castellón.
“El bloqueo de la Generalitat está repercutiendo sobre la gestión diaria de los Servicios Sociales municipales, que tienen que redoblar esfuerzos para atender a las personas que solicitan las prestaciones”, afirma
La petición de Enguídanos se ha concretado en el transcurso del pleno municipal celebrado en Castellón. En concreto, ha instado a Alberto Fabra a solicitar a la Conselleria datos reales sobre el número de solicitantes de prestaciones de la Ley de la Dependencia en Castellón y sobre las fechas en que se inició el expediente de su prestación, así como datos sobre el tiempo que ha transcurrido entre la presentación de su solicitud y la contestación por parte de Bienestar Social y también sobre las personas a las que se les ha concedido la prestación y en estos momentos aún no han conseguido hacerla efectiva.
“El Partido Popular ha abandonado a miles de personas con dependencia en Castellón. La concejala Carmen Amorós prefiere dedicarse a criticar a Zapatero y a practicar el victimismo antes que ponerse a trabajar para que las personas con dependencia tengan una vida digna. Y Fabra no tiene ni voz ni voto en Valencia, porque de nada nos sirve a los castellonenses tener a un alcalde como diputado autonómico si lo único que hace es ir a las Corts a aplaudir a su jefe de filas cuando la Justicia le acosa”, afirma.
Enguídanos ha exigido al alcalde que actúe con la misma “urgencia” con que lo hizo hace 15 días ante una solicitud similar planteada por una concejala del PP.
En aquel caso, se solicitó al alcalde que reclamara al Ministerio de Trabajo los datos sobre el número de parados en la ciudad, pese a que la información era accesible desde la página web ministerial.
Además, Enguídanos ha solicitado a Fabra que ordene que se emita una nota de prensa con la petición socialista, igual que hicieron los servicios de prensa institucionales en aquella ocasión.
Fuente : elperiodic.com
La concejala socialista dice que los Servicios Sociales municipales tienen que redoblar esfuerzos para atender a las personas solicitantes de las prestaciones
La concejala Inmaculada Enguídanos, responsable de políticas sociales del grupo municipal socialista de Castellón, ha solicitado hoy al alcalde, Alberto Fabra, que remita una carta urgente a la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, con el objetivo de conocer la aplicación de la Ley de la Dependencia en la ciudad de Castellón.
“El bloqueo de la Generalitat está repercutiendo sobre la gestión diaria de los Servicios Sociales municipales, que tienen que redoblar esfuerzos para atender a las personas que solicitan las prestaciones”, afirma
La petición de Enguídanos se ha concretado en el transcurso del pleno municipal celebrado en Castellón. En concreto, ha instado a Alberto Fabra a solicitar a la Conselleria datos reales sobre el número de solicitantes de prestaciones de la Ley de la Dependencia en Castellón y sobre las fechas en que se inició el expediente de su prestación, así como datos sobre el tiempo que ha transcurrido entre la presentación de su solicitud y la contestación por parte de Bienestar Social y también sobre las personas a las que se les ha concedido la prestación y en estos momentos aún no han conseguido hacerla efectiva.
“El Partido Popular ha abandonado a miles de personas con dependencia en Castellón. La concejala Carmen Amorós prefiere dedicarse a criticar a Zapatero y a practicar el victimismo antes que ponerse a trabajar para que las personas con dependencia tengan una vida digna. Y Fabra no tiene ni voz ni voto en Valencia, porque de nada nos sirve a los castellonenses tener a un alcalde como diputado autonómico si lo único que hace es ir a las Corts a aplaudir a su jefe de filas cuando la Justicia le acosa”, afirma.
Enguídanos ha exigido al alcalde que actúe con la misma “urgencia” con que lo hizo hace 15 días ante una solicitud similar planteada por una concejala del PP.
En aquel caso, se solicitó al alcalde que reclamara al Ministerio de Trabajo los datos sobre el número de parados en la ciudad, pese a que la información era accesible desde la página web ministerial.
Además, Enguídanos ha solicitado a Fabra que ordene que se emita una nota de prensa con la petición socialista, igual que hicieron los servicios de prensa institucionales en aquella ocasión.
Fuente : elperiodic.com
jueves, 24 de septiembre de 2009
CASTILLA Y LEON. "BUENA ACOGIDA" A LA INVESTIGACION DE LA DEPENDENCIA
Amoedo reconoce la «buena acogida» a la investigación de la Dependencia
El Procurador del Común asegura que los retrasos en la tramitación de las quejas de los ciudadanos han descendido hasta el 9,8%
El procurador del Común, Javier Amoedo, reconoció ayer que la apertura de una investigación de oficio sobre la aplicación por parte de la Administración autonómica de la Ley de la Dependencia, que acaparó buena parte de las quejas de los ciudadanos, ha tenido «muy buena acogida» por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que ha mejorado sustancialmente varios de los aspectos reclamados por los ciudadanos.
Así lo subrayó en el Pleno en el que explicó el informe del Procurador del Común de 2008, en el que se recogen 2.234 quejas. A
llí recomendó a la Junta que adoptara medidas para reducir la duración de los expedientes, que constituyera una red suficiente y adecuada de recursos para satisfacer las necesidades específicas, así como el ofrecimiento de una información «comprensible» a los interesados y fórmulas de coordinación administrativa eficaces.
A pesar de todo, Amoedo reconoció que Castilla y León es, junto con Andalucía y Aragón, una de las regiones españolas donde mejor se aplica la ley, según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España.
Asimismo, subrayó que la situación «ha mejorado» y a fecha de 1 de septiembre
de 2009 se ha pasado de quedar sin resolver el 27,34 por ciento de las solicitudes tal y como refleja el informe al 9,8 por ciento. El procurador desgranó las quejas por áreas y señaló que en Función Pública, donde se han presentado 233, se refieren sobre todo al «excesivo» plazo de tiempo transcurrido entre la publicación de las listas de aprobados y los nombramientos.
En materia de urbanismo, un buen número denunciaba la ejecución de obras sin licencia, en educación se centraron en la atención a los alumnos con necesidades especiales y en sanidad, además de las listas de espera, se denunció la carencia de especialistas.
Fuente : diariodeburgos.es
El Procurador del Común asegura que los retrasos en la tramitación de las quejas de los ciudadanos han descendido hasta el 9,8%
El procurador del Común, Javier Amoedo, reconoció ayer que la apertura de una investigación de oficio sobre la aplicación por parte de la Administración autonómica de la Ley de la Dependencia, que acaparó buena parte de las quejas de los ciudadanos, ha tenido «muy buena acogida» por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que ha mejorado sustancialmente varios de los aspectos reclamados por los ciudadanos.
Así lo subrayó en el Pleno en el que explicó el informe del Procurador del Común de 2008, en el que se recogen 2.234 quejas. A
llí recomendó a la Junta que adoptara medidas para reducir la duración de los expedientes, que constituyera una red suficiente y adecuada de recursos para satisfacer las necesidades específicas, así como el ofrecimiento de una información «comprensible» a los interesados y fórmulas de coordinación administrativa eficaces.
A pesar de todo, Amoedo reconoció que Castilla y León es, junto con Andalucía y Aragón, una de las regiones españolas donde mejor se aplica la ley, según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España.
Asimismo, subrayó que la situación «ha mejorado» y a fecha de 1 de septiembre
de 2009 se ha pasado de quedar sin resolver el 27,34 por ciento de las solicitudes tal y como refleja el informe al 9,8 por ciento. El procurador desgranó las quejas por áreas y señaló que en Función Pública, donde se han presentado 233, se refieren sobre todo al «excesivo» plazo de tiempo transcurrido entre la publicación de las listas de aprobados y los nombramientos.
En materia de urbanismo, un buen número denunciaba la ejecución de obras sin licencia, en educación se centraron en la atención a los alumnos con necesidades especiales y en sanidad, además de las listas de espera, se denunció la carencia de especialistas.
Fuente : diariodeburgos.es
miércoles, 23 de septiembre de 2009
NUEVE DE CADA DIEZ HAN SOLICITADO ACOGERSE A LA LEY DEPENDENCIA
Nueve de cada diez personas han solicitado acogerse a la Ley de Dependencia
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, presidió ayer la reunión del Consejo Territorial de Dependencia, en la que están representadas todas las Comunidades Autónomas a través de sus responsables de Política Social.
Según los datos aportados en el Consejo Territorial de Dependencia y dados a conocer por el Ministerio, nueve de cada diez personas que han solicitado prestaciones o servicios de la Ley de Dependencia han sido ya evaluados. Además, al ritmo actual de incorporación, antes de que finalice el año, dos de cada tres personas declaradas dependientes recibirán la atención del Sistema Nacional de Dependencia.
Asimismo, para seguir avanzando en la aplicación de la Ley, el Consejo ha aprobado adelantar los trabajos de evaluación de la misma. Estos trabajos, previstos inicialmente para el próximo año, comenzarán en octubre y permitirán llegar a acuerdos para la mejora de la implantación de la Ley antes del verano.
El Consejo Territorial de Dependencia ha acordado también cuál es la información común que deberán aportar todas las Comunidades Autónomas al Sistema de Información del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), que se hará con el mismo procedimiento y la misma periodicidad. De esta manera se posibilita la elaboración de estadísticas públicas que ayudarán al conocimiento y funcionamiento de Sistema.
Formación de cuidadores
Por último, el Consejo Territorial de Dependencia ha aprobado impulsar la formación de las personas cuidadoras no profesionales. Para ello, según informan en nota de prensa, se diseñarán e impartirán cursos (presenciales o a distancia) que mejoren los conocimientos de estas personas. Estos cursos tendrán una duración mínima de 15 horas en sus fases iniciales y de, al menos, 10 horas en la formación específica en aquellos casos que lo requieran.
La financiación se llevará a cabo a través de los presupuestos previstos por cotización a la Seguridad Social para formación de cuidadores no profesionales, así como a través de los créditos establecidos en el nivel acordado.
Fuente : salud.diariovasco.com
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, presidió ayer la reunión del Consejo Territorial de Dependencia, en la que están representadas todas las Comunidades Autónomas a través de sus responsables de Política Social.
Según los datos aportados en el Consejo Territorial de Dependencia y dados a conocer por el Ministerio, nueve de cada diez personas que han solicitado prestaciones o servicios de la Ley de Dependencia han sido ya evaluados. Además, al ritmo actual de incorporación, antes de que finalice el año, dos de cada tres personas declaradas dependientes recibirán la atención del Sistema Nacional de Dependencia.
Asimismo, para seguir avanzando en la aplicación de la Ley, el Consejo ha aprobado adelantar los trabajos de evaluación de la misma. Estos trabajos, previstos inicialmente para el próximo año, comenzarán en octubre y permitirán llegar a acuerdos para la mejora de la implantación de la Ley antes del verano.
El Consejo Territorial de Dependencia ha acordado también cuál es la información común que deberán aportar todas las Comunidades Autónomas al Sistema de Información del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), que se hará con el mismo procedimiento y la misma periodicidad. De esta manera se posibilita la elaboración de estadísticas públicas que ayudarán al conocimiento y funcionamiento de Sistema.
Formación de cuidadores
Por último, el Consejo Territorial de Dependencia ha aprobado impulsar la formación de las personas cuidadoras no profesionales. Para ello, según informan en nota de prensa, se diseñarán e impartirán cursos (presenciales o a distancia) que mejoren los conocimientos de estas personas. Estos cursos tendrán una duración mínima de 15 horas en sus fases iniciales y de, al menos, 10 horas en la formación específica en aquellos casos que lo requieran.
La financiación se llevará a cabo a través de los presupuestos previstos por cotización a la Seguridad Social para formación de cuidadores no profesionales, así como a través de los créditos establecidos en el nivel acordado.
Fuente : salud.diariovasco.com
martes, 22 de septiembre de 2009
GALICIA. CONSELLEIRA BEATRIZ MATO EXIGE AL EJECUTIVO CENTRAL CONVOCATORIA REUNION EXTRAORDINARIA
La conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, ha exigido hoy al Ejecutivo central la convocatoria de una reunión extraordinaria, para tratar la financiación de Ley de Dependencia.
Además, la conselleira reclamó al Gobierno Central una mayor dotación presupuestaria para la financiación en 2010 de la Ley de Dependencia en Galicia.
Mato realizó estas peticiones en el transcurso de la reunión del Consejo Territorial de dependencia, en cuyo orden del día no se trató el asunto de la financiación, puntualiza el comunicado de la Xunta.
La titular de Benestar reiteró que el reparto de fondos no es "adecuado" para Galicia, ya que las condiciones de las pensiones, el envejecimiento y la dispersión poblacional, impedirán que las prestaciones lleguen en 2009 a dos de cada tres personas con derecho a ser atendidos, tal y como se comprometió el Gobierno.
De hecho, afirmó que en Galicia la cifra será 1 de cada 4 solicitantes las atendidas, por lo que pidió al Ejecutivo presidido por Jose Luis Rodríguez Zapatero "máxima receptividad" a las "justas" demandas de Galicia, para poder "acortar los plazos, garantizar las prestaciones y mejorar la calidad de los servicios".
"A día de hoy las autonomías tenemos que hacer frente al 80 por ciento del coste real de los servicios de la Ley, mientras que el Gobierno central, a quien le correspondía aportar el 50 por ciento, únicamente paga el 20 por ciento", aseveró Mato.
Fuente : EFE
Además, la conselleira reclamó al Gobierno Central una mayor dotación presupuestaria para la financiación en 2010 de la Ley de Dependencia en Galicia.
Mato realizó estas peticiones en el transcurso de la reunión del Consejo Territorial de dependencia, en cuyo orden del día no se trató el asunto de la financiación, puntualiza el comunicado de la Xunta.
La titular de Benestar reiteró que el reparto de fondos no es "adecuado" para Galicia, ya que las condiciones de las pensiones, el envejecimiento y la dispersión poblacional, impedirán que las prestaciones lleguen en 2009 a dos de cada tres personas con derecho a ser atendidos, tal y como se comprometió el Gobierno.
De hecho, afirmó que en Galicia la cifra será 1 de cada 4 solicitantes las atendidas, por lo que pidió al Ejecutivo presidido por Jose Luis Rodríguez Zapatero "máxima receptividad" a las "justas" demandas de Galicia, para poder "acortar los plazos, garantizar las prestaciones y mejorar la calidad de los servicios".
"A día de hoy las autonomías tenemos que hacer frente al 80 por ciento del coste real de los servicios de la Ley, mientras que el Gobierno central, a quien le correspondía aportar el 50 por ciento, únicamente paga el 20 por ciento", aseveró Mato.
Fuente : EFE
LAS COMUNIDADES "LIMPIAN" LAS ESTADISTICAS DE LA DEPENDENCIA
Las comunidades autónomas deberán a partir de ahora diferenciar en sus estadísticas entre las personas dependientes que estaban ya atendidas antes de la Ley de Dependencia y las que han recibido una ayuda después.
Porque no es lo mismo conceder nuevas ayudas una vez aprobada la ley que incluir en las listas a aquellos ancianos, por ejemplo, que ya estaban en una residencia o a quienes ya recibían una ayuda por invalidez, aunque todos ellos deban, finalmente, figurar en el mismo sistema social.
Las comunidades y el Gobierno alcanzaron ayer un acuerdo para poner un poco de orden en las estadísticas de la Ley de Dependencia, que hasta ahora permitían determinadas trampas para maquillar la realidad o estaban faltas de datos básicos.
Desde ayer, todas se comprometen a actualizar cada mes las cifras de ciudadanos dependientes, las bajas que haya habido y su causa, a diferenciar entre el número de personas beneficiarias y el de prestaciones concedidas (que no es el mismo, aunque ahora figure como tal). También se recoge en el acuerdo que las comunidades tendrán que explicar por qué algunos de los familiares que cuidan de un anciano en casa no se han dado de alta en la seguridad social, como está previsto. Si es porque ya son jubilados o porque están desempleados o bien dados de alta en otro trabajo.
Poco se sabía hasta ahora de los beneficiarios de las ayudas de la Dependencia lo que no contribuía a una financiación ajustada. En el acuerdo alcanzado ayer se pide también que las comunidades aporten información sobre la red de centros y servicios con que cuenta cada comunidad, así como el número de personas que trabajan en ellos.
"Esta ley tiene aspectos que evaluar y mejorar", dijo la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, y anunció que adelantarán la evaluación de la ley que se fijó para 2010, para que esté lista antes del verano de ese año. "Iniciaremos los trabajos a partir de hoy mismo". Jiménez se manifestó consciente de algunos problemas en la implantación de la ley, pero pidió paciencia de esta manera: "La construcción requiere un tiempo, a partir de cual serán visibles los resultados. En los primeros nueve meses de este año se doblará el número de prestaciones concedidas en los dos años anteriores de la ley".
La ministra valoró el acuerdo sobre el sistema de información de la Dependencia por su avance, dijo, "en la transparencia". "Ya en julio diferenciamos en las estadísticas los beneficiarios antiguos de los actuales", es decir, sacaron el número de personas fallecidas que aún figuraban como usuarios del sistema. "Y ahora se recogerán datos identificativos y socioeconómicos de los beneficiarios así como del proceso de evaluación y de las prestaciones reconocidas".
El acuerdo determina que cada comunidad está encargada de facilitar a sus ciudadanos información sobre cómo van los trámites de sus solicitudes y el Imserso se encargará de trasladar los expedientes de los beneficiarios cuando se trasladen de una comunidad a otra.
Cursos para los familiares que cuidan
El segundo acuerdo alcanzado ayer fija los requisitos comunes a todas las comunidades para poner en marcha la formación de los cuidadores no profesionales, es decir, aquellas mujeres -son la inmensa mayoría- que atienden a sus mayores en casa. Se les facilitarán conocimientos básicos sobre cómo mover a personas que están encamadas, posturas, higiene, prevención de lesiones, alimentación.
Pero también se facilitará asistencia a las cuidadoras, para que mejoren su calidad de vida, respeten sus momentos de ocio sin sentimiento de culpabilidad y sepan cuidarse tanto física como psíquicamente. Serán cursos presenciales, a distancia o mixtos, de 15 horas como mínimo y al menos de 10 cuando se trate de formación específica. Todo ello se financiará a través de las cuotas a la seguridad sociales de aquellas cuidadoras que se han dado de alta para ello o con otras partidas presupuestarias (nivel acordado).
El Imserso se encargará de redactar el material formativo para distribuir entre las comunidades.
Los profesionales que los impartan, bajo la dirección de una persona con titulación universitaria, tendrán títulos correspondientes al campo de las ciencias de la salud y de las ciencias sociales.
El documento acordado asegura que se tendrá en cuenta el ámbito rural y el urbano al diseñar e implantar estos cursos.
Fuente : elpais.com
Porque no es lo mismo conceder nuevas ayudas una vez aprobada la ley que incluir en las listas a aquellos ancianos, por ejemplo, que ya estaban en una residencia o a quienes ya recibían una ayuda por invalidez, aunque todos ellos deban, finalmente, figurar en el mismo sistema social.
Las comunidades y el Gobierno alcanzaron ayer un acuerdo para poner un poco de orden en las estadísticas de la Ley de Dependencia, que hasta ahora permitían determinadas trampas para maquillar la realidad o estaban faltas de datos básicos.
Desde ayer, todas se comprometen a actualizar cada mes las cifras de ciudadanos dependientes, las bajas que haya habido y su causa, a diferenciar entre el número de personas beneficiarias y el de prestaciones concedidas (que no es el mismo, aunque ahora figure como tal). También se recoge en el acuerdo que las comunidades tendrán que explicar por qué algunos de los familiares que cuidan de un anciano en casa no se han dado de alta en la seguridad social, como está previsto. Si es porque ya son jubilados o porque están desempleados o bien dados de alta en otro trabajo.
Poco se sabía hasta ahora de los beneficiarios de las ayudas de la Dependencia lo que no contribuía a una financiación ajustada. En el acuerdo alcanzado ayer se pide también que las comunidades aporten información sobre la red de centros y servicios con que cuenta cada comunidad, así como el número de personas que trabajan en ellos.
"Esta ley tiene aspectos que evaluar y mejorar", dijo la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, y anunció que adelantarán la evaluación de la ley que se fijó para 2010, para que esté lista antes del verano de ese año. "Iniciaremos los trabajos a partir de hoy mismo". Jiménez se manifestó consciente de algunos problemas en la implantación de la ley, pero pidió paciencia de esta manera: "La construcción requiere un tiempo, a partir de cual serán visibles los resultados. En los primeros nueve meses de este año se doblará el número de prestaciones concedidas en los dos años anteriores de la ley".
La ministra valoró el acuerdo sobre el sistema de información de la Dependencia por su avance, dijo, "en la transparencia". "Ya en julio diferenciamos en las estadísticas los beneficiarios antiguos de los actuales", es decir, sacaron el número de personas fallecidas que aún figuraban como usuarios del sistema. "Y ahora se recogerán datos identificativos y socioeconómicos de los beneficiarios así como del proceso de evaluación y de las prestaciones reconocidas".
El acuerdo determina que cada comunidad está encargada de facilitar a sus ciudadanos información sobre cómo van los trámites de sus solicitudes y el Imserso se encargará de trasladar los expedientes de los beneficiarios cuando se trasladen de una comunidad a otra.
Cursos para los familiares que cuidan
El segundo acuerdo alcanzado ayer fija los requisitos comunes a todas las comunidades para poner en marcha la formación de los cuidadores no profesionales, es decir, aquellas mujeres -son la inmensa mayoría- que atienden a sus mayores en casa. Se les facilitarán conocimientos básicos sobre cómo mover a personas que están encamadas, posturas, higiene, prevención de lesiones, alimentación.
Pero también se facilitará asistencia a las cuidadoras, para que mejoren su calidad de vida, respeten sus momentos de ocio sin sentimiento de culpabilidad y sepan cuidarse tanto física como psíquicamente. Serán cursos presenciales, a distancia o mixtos, de 15 horas como mínimo y al menos de 10 cuando se trate de formación específica. Todo ello se financiará a través de las cuotas a la seguridad sociales de aquellas cuidadoras que se han dado de alta para ello o con otras partidas presupuestarias (nivel acordado).
El Imserso se encargará de redactar el material formativo para distribuir entre las comunidades.
Los profesionales que los impartan, bajo la dirección de una persona con titulación universitaria, tendrán títulos correspondientes al campo de las ciencias de la salud y de las ciencias sociales.
El documento acordado asegura que se tendrá en cuenta el ámbito rural y el urbano al diseñar e implantar estos cursos.
Fuente : elpais.com
COMUNICADO DE PRENSA. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Fuente: © Ministerio de Sanidad y Consumo ·
http://www.msc.es
Los cuidadores no profesionales de personas dependientes contarán con formación especializada
La Ley de Dependencia comenzará a evaluarse en octubre
De octubre a junio próximos se llevará a cabo una evaluación de la Ley de Dependencia cuyo objetivo es aplicar medidas correctoras que mejoren su funcionamiento
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha presidido hoy la reunión del Consejo Territorial de Dependencia, en la que están representadas todas las Comunidades Autónomas a través de sus responsables de Política Social.
Según los datos aportados hoy en el Consejo Territorial de Dependencia, nueve de cada diez personas que han solicitado prestaciones o servicios de la Ley de Dependencia han sido ya evaluados. Además, al ritmo actual de incorporación, antes de que finalice el año, dos de cada tres personas declaradas dependientes recibirán la atención del Sistema Nacional de Dependencia.
Asimismo, para seguir avanzando en la aplicación de la Ley, el Consejo ha aprobado adelantar los trabajos de evaluación de la misma. Estos trabajos, previstos inicialmente para el próximo año,comenzarán en octubre y permitirán llegar a acuerdos para la mejora de la implantación de la Ley antes del verano.
INFORMACIÓN COMÚN DE TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
El Consejo Territorial de Dependencia ha acordado también cuál es la información común que deberán aportar todas las Comunidades Autónomas al Sistema de Información del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), que se hará con el mismo procedimiento y la misma periodicidad. De esta manera se posibilita la elaboración de estadísticas públicas que ayudarán al conocimiento y funcionamiento de Sistema.
La información que las Comunidades Autónomas aportarán es la relacionada con:
Datos identificativos de las personas solicitantes.
Datos socioeconómicos de las personas beneficiarias.
Datos sobre el proceso de valoración.
Datos sobre las resoluciones de grado y nivel.
Datos de las prestaciones reconocidas.
FORMACIÓN DE CUIDADORES NO PROFESIONALES
Por último, el Consejo Territorial de Dependencia ha aprobado impulsar la formación de las personas cuidadoras no profesionales.
Para ello se diseñarán e impartirán cursos (presenciales o a distancia) que mejoren los conocimientos de estas personas en aspectos como:
1. Medidas de cuidados básicos (cambios posturales, higiene, nutrición, etc.).
2. Prevención de lesiones, estrés y riesgos para el cuidador.
3. Información de recursos para el cuidador y el dependiente.
4. Papel del cuidador.
Estos cursos tendrán una duración mínima de 15 horas en sus fases iniciales y de, al menos, 10 horas en la formación específica en aquellos casos que lo requieran.
La financiación se llevará a cabo a través de los presupuestos previstos por cotización a la Seguridad Social para formación de cuidadores no profesionales, así como a través de los créditos establecidos en el nivel acordado.
http://www.msc.es
Los cuidadores no profesionales de personas dependientes contarán con formación especializada
La Ley de Dependencia comenzará a evaluarse en octubre
De octubre a junio próximos se llevará a cabo una evaluación de la Ley de Dependencia cuyo objetivo es aplicar medidas correctoras que mejoren su funcionamiento
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha presidido hoy la reunión del Consejo Territorial de Dependencia, en la que están representadas todas las Comunidades Autónomas a través de sus responsables de Política Social.
Según los datos aportados hoy en el Consejo Territorial de Dependencia, nueve de cada diez personas que han solicitado prestaciones o servicios de la Ley de Dependencia han sido ya evaluados. Además, al ritmo actual de incorporación, antes de que finalice el año, dos de cada tres personas declaradas dependientes recibirán la atención del Sistema Nacional de Dependencia.
Asimismo, para seguir avanzando en la aplicación de la Ley, el Consejo ha aprobado adelantar los trabajos de evaluación de la misma. Estos trabajos, previstos inicialmente para el próximo año,comenzarán en octubre y permitirán llegar a acuerdos para la mejora de la implantación de la Ley antes del verano.
INFORMACIÓN COMÚN DE TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
El Consejo Territorial de Dependencia ha acordado también cuál es la información común que deberán aportar todas las Comunidades Autónomas al Sistema de Información del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), que se hará con el mismo procedimiento y la misma periodicidad. De esta manera se posibilita la elaboración de estadísticas públicas que ayudarán al conocimiento y funcionamiento de Sistema.
La información que las Comunidades Autónomas aportarán es la relacionada con:
Datos identificativos de las personas solicitantes.
Datos socioeconómicos de las personas beneficiarias.
Datos sobre el proceso de valoración.
Datos sobre las resoluciones de grado y nivel.
Datos de las prestaciones reconocidas.
FORMACIÓN DE CUIDADORES NO PROFESIONALES
Por último, el Consejo Territorial de Dependencia ha aprobado impulsar la formación de las personas cuidadoras no profesionales.
Para ello se diseñarán e impartirán cursos (presenciales o a distancia) que mejoren los conocimientos de estas personas en aspectos como:
1. Medidas de cuidados básicos (cambios posturales, higiene, nutrición, etc.).
2. Prevención de lesiones, estrés y riesgos para el cuidador.
3. Información de recursos para el cuidador y el dependiente.
4. Papel del cuidador.
Estos cursos tendrán una duración mínima de 15 horas en sus fases iniciales y de, al menos, 10 horas en la formación específica en aquellos casos que lo requieran.
La financiación se llevará a cabo a través de los presupuestos previstos por cotización a la Seguridad Social para formación de cuidadores no profesionales, así como a través de los créditos establecidos en el nivel acordado.
CASTILLA Y LEON. CONSEJERO DE FAMILIA SOLICITA CONVOCATORIA DE UN CONSEJO TERRITORIAL EXTRAORDINARIO
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, reclamó este martes, durante la reunión del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la convocatoria de un Consejo Territorial "extraordinario y específico" para abordar la financiación del Sistema de atención de la Ley de la Dependencia para garantizar "la sostenibilidad en el tiempo" de estas cuantías.
Así lo subrayó César Antón, tras concluir la reunión del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia donde se acordó un sistema de información "homogéneo y conjunto" y fijó los criterios a seguir en la formación de los cuidadores familiares de personas dependientes en el conjunto nacional, tal y como informó el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, quien se felicitó por estos acuerdos pero consideró que deberían de haber llegado "antes".
Respecto a los cuidadores, el consejero de Familia recordó que el pago de una cuantía económica debe ser "algo excepcional" porque los servicios sociales tienen una mayor calidad asistencial aunque también son más costosos.
Por ello, aseguró que pidió durante la reunión del Consejo, celebrada en Madrid, que en el reparto de los créditos de la financiación de la Ley de la Dependencia el Gobierno tenga en cuenta que dar las prestaciones a través de servicios tiene un coste mayor, como es el caso, dijo, de Castilla y León.
Además, recordó que con el nuevo sistema de información se avanza para que todas las comunidades autónomas tengan los mismos indicadores de medida, si bien sostuvo que es necesario "seguir avanzando".
También, señaló Antón en cuanto a la formación de los cuidadores familiares se fijaron los "mínimos" para establecer los instrumentos que permitan ofrecer una formación adecuada a aquellas personas que en el entorno familiar cuidan de una persona dependiente.
Fuente : elmundo.es
Así lo subrayó César Antón, tras concluir la reunión del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia donde se acordó un sistema de información "homogéneo y conjunto" y fijó los criterios a seguir en la formación de los cuidadores familiares de personas dependientes en el conjunto nacional, tal y como informó el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, quien se felicitó por estos acuerdos pero consideró que deberían de haber llegado "antes".
Respecto a los cuidadores, el consejero de Familia recordó que el pago de una cuantía económica debe ser "algo excepcional" porque los servicios sociales tienen una mayor calidad asistencial aunque también son más costosos.
Por ello, aseguró que pidió durante la reunión del Consejo, celebrada en Madrid, que en el reparto de los créditos de la financiación de la Ley de la Dependencia el Gobierno tenga en cuenta que dar las prestaciones a través de servicios tiene un coste mayor, como es el caso, dijo, de Castilla y León.
Además, recordó que con el nuevo sistema de información se avanza para que todas las comunidades autónomas tengan los mismos indicadores de medida, si bien sostuvo que es necesario "seguir avanzando".
También, señaló Antón en cuanto a la formación de los cuidadores familiares se fijaron los "mínimos" para establecer los instrumentos que permitan ofrecer una formación adecuada a aquellas personas que en el entorno familiar cuidan de una persona dependiente.
Fuente : elmundo.es
CATALUÑA. EL 8,5% DE LAS SOLICITUDES SON DE ENFERMOS DE ALZHEIMER
El 8,5% de las solicitudes para Dependencia son de enfermos de Alzheimer
Un total de 13.815 personas, el 8,5 por ciento de las solicitudes presentadas en Cataluña para recibir ayudas de la ley de Dependencia, padecen Alzheimer, informó ayer la consellera de Acción Social, Carme Capdevila.
Durante su visita a las instalaciones de la fundación ACE Institut Català de Neuroci_ncies Aplicades de Barcelona, en coincidencia con el día mundial dedicado a la lucha contra esta demencia, Capdevila afirmó que la mayoría de las personas con esta enfermedad son mujeres (10.502), debido a su mayor esperanza de vida.
El 93%, muy enfermos
Del total de solicitantes afectados por Alzheimer, en su mayoría (un 93,6%) tienen una dependencia grande o severa.
La mitad de las prestaciones concedidas por esta causa (48,5%) corresponden a cuidadores no profesionales, y un alto porcentaje de las mismas (38,4%) permitirá ofrecer a los enfermos una plaza residencial o de centro de día.
En torno al 70 por ciento de los usuarios de las residencias y centros de día de Acción Social han desarrollado algún tipo de demencia. Actualmente, el departamento tiene unas 26.500 plazas residenciales y casi 6.000 más de centro de día, informa Efe.
La consellera quisó destacar la labor de la Fundación ACE con los enfermos de Alzheimer, a través de su centro, un equipamiento con 80 plazas, 30 de las cuales son concertadas.
30.000 euros al año
Por otra parte, la presidenta de la Federación Catalana de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer, Imma Fernández, informó ayer de que mmantener a un enfermo con esta dolencia cuesta alrededor de 30.000 euros anuales.
En declaraciones a Ep, Fernández concretó que los centros privados suelen costar entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, algo que es «insostenible» para la gran mayoría de familias, mientras que mantener al paciente en casa supone un coste de 21.000 euros anuales.
Fuente : abc.es
Un total de 13.815 personas, el 8,5 por ciento de las solicitudes presentadas en Cataluña para recibir ayudas de la ley de Dependencia, padecen Alzheimer, informó ayer la consellera de Acción Social, Carme Capdevila.
Durante su visita a las instalaciones de la fundación ACE Institut Català de Neuroci_ncies Aplicades de Barcelona, en coincidencia con el día mundial dedicado a la lucha contra esta demencia, Capdevila afirmó que la mayoría de las personas con esta enfermedad son mujeres (10.502), debido a su mayor esperanza de vida.
El 93%, muy enfermos
Del total de solicitantes afectados por Alzheimer, en su mayoría (un 93,6%) tienen una dependencia grande o severa.
La mitad de las prestaciones concedidas por esta causa (48,5%) corresponden a cuidadores no profesionales, y un alto porcentaje de las mismas (38,4%) permitirá ofrecer a los enfermos una plaza residencial o de centro de día.
En torno al 70 por ciento de los usuarios de las residencias y centros de día de Acción Social han desarrollado algún tipo de demencia. Actualmente, el departamento tiene unas 26.500 plazas residenciales y casi 6.000 más de centro de día, informa Efe.
La consellera quisó destacar la labor de la Fundación ACE con los enfermos de Alzheimer, a través de su centro, un equipamiento con 80 plazas, 30 de las cuales son concertadas.
30.000 euros al año
Por otra parte, la presidenta de la Federación Catalana de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer, Imma Fernández, informó ayer de que mmantener a un enfermo con esta dolencia cuesta alrededor de 30.000 euros anuales.
En declaraciones a Ep, Fernández concretó que los centros privados suelen costar entre 2.000 y 3.000 euros mensuales, algo que es «insostenible» para la gran mayoría de familias, mientras que mantener al paciente en casa supone un coste de 21.000 euros anuales.
Fuente : abc.es
LA LEY DE DEPENDENCIA PERPETUA EL CUIDADO DE ANCIANOS EN CASA
El 51% de las ayudas concedidas es una paga para las mujeres que atienden a sus mayores - La falta de servicios y la tradición abocan a este recurso económico
La paga para el familiar que cuida de los ancianos en casa se ha disparado entre las ayudas previstas en la Ley de Dependencia. Más de la mitad de las prestaciones concedidas ya son para atender a los mayores en el domicilio, es decir, una retribución para las mujeres -hijas, esposas y nueras- que los han atendido y lo seguirán haciendo.
La prestación económica por cuidados familiares, que así se llama, es mayoritaria en casi todas las comunidades autónomas y ya supone, como media, el 51,4 del total de ayudas concedidas.
Así que, la dirección que están tomando las cosas es justo la contraria de la que dice la ley. La ayuda al cuidador familiar debe ser "excepcional" y siempre que se den las condiciones adecuadas en la vivienda. Se redactó así previendo situaciones que ya se daban en nuestro país y para que aquellas zonas, sobre todo rurales, donde no llegan los servicios, tuvieran una contrapartida económica.
En Murcia apenas se ha concedido más que dinero para las cuidadoras
Pero dos factores han dado la vuelta a la tortilla: las preferencias de los ciudadanos, guiados aún por modelos tradicionales de cuidados a la vejez, y lo barata que les sale a las comunidades esta prestación, mucho más que una plaza en un geriátrico. A ello se añade la escasez de servicios, que aboca a los profesionales, en ocasiones, a recetar esta ayuda económica con tal de que el ciudadano reciba algo. Los trabajadores sociales reconocen que, a veces, no es lo más adecuado para el anciano, pero no hay otra cosa que ofrecer. La ley prevé, además, formación para el cuidador, que tampoco la está recibiendo.
Espectacular es el caso de Murcia, que, a juzgar por los datos, no ha hecho otra cosa en la Ley de Dependencia más que dar esa ayuda.
Baleares, Navarra, Ceuta y Melilla (ambas bajo la gestión del Gobierno), todas muy por encima de la media, que ya es bien alta. "Con estas cifras se puede decir que se ha desvirtuado la ley. Estas ayudas se contemplaron como algo excepcional para algunas zonas rurales, donde es más difícil que lleguen otros servicios, pero se están generalizando", explica Montserrat Muñoz, coordinadora ejecutiva de Política Institucional de IU. Muñoz, que participó activamente en el nacimiento de esta ley, opina que "estas ayudas están evitando que se cree empleo de calidad ligado al bienestar de los ciudadanos". Y añade: "La mayoría de los cuidadores son mujeres, lo que las consolida en el papel que han desempeñado siempre. No se les está dando un empleo, aunque éste fuera con un gran sesgo sexista".
La secretaria de Asuntos Social del PSOE, Marisol Pérez, opina que esta desviación de la ley hacia la prestación económica es propia de los inicios, pero que cambiará. "No hay suficientes servicios aún y sí una cultura familiar que persiste: esta tarea la hacían muchas mujeres y algunas quieren seguir haciéndola. Cuando se hizo la ley, éramos conscientes de esa realidad social. Se necesitará un cambio generacional para modificar esa costumbre, pero, mientras tanto, esas mujeres tienen ahora ventajas, cobran por ello y se dan de alta en la seguridad social", explica.
Por su parte, el portavoz de Asuntos Sociales de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, lamenta que "lo excepcional se esté convirtiendo en ordinario. Si se consolida este modelo, finalmente, la gente contará con un poco más de dinero, pero no se habrán resuelto los problemas de autonomía personal ni de calidad de vida. Por no hablar del empleo que dejará de generarse. Y encima, el aumento de esa prestación no va acompañado del apoyo y la formación a los cuidadores que también preveía la ley".
Una plaza en una residencia para ancianos (o discapacitados) es la segunda ayuda más concedida, con casi un 20% de los casos.
Pero esto es engañoso, porque muchas de las personas que aparecen como beneficiarias de una plaza geriátrica (86.220 en total) ya estaban atendidas allí antes incluso de que se aprobara la ley.
Las comunidades autónomas se limitaron, entonces, a registrarlos en las listas y a recibir dinero por cada uno de ellos, como han reconocido algunos responsables autonómicos.
Madrid sorprende por encima de todas las demás, 55 puntos por encima de la media en la supuesta concesión de plazas residenciales. Con esas cifras, la comunidad madrileña habría debido abrir en los últimos tres años docenas de geriátricos.
El Gobierno se hartó de las cifras que las comunidades reflejaban sobre la concesión de nuevas plazas en residencias y sacó un decreto en febrero en el que advertía a las comunidades de que sólo les daría dinero si el procedimiento de solicitud y reconocimiento de una ayuda lo había solicitado el propio beneficiario. Las comunidades pararon. Pero Madrid, por ejemplo, ya había sumado por entonces de un mes para otro más de 4.000 personas nuevas ingresadas en una residencia.
El resto de las prestaciones se han concedido en porcentajes muy escasos y alguna de ellas, como la ayuda a domicilio, está en manos de los ayuntamientos. Por tanto, la gran novedad, tres años después de iniciarse la Ley de Dependencia, ha sido la paga a los familiares por cuidar a sus ancianos, justo lo contrario de lo previsto. Pero, al menos, es una ayuda derivada directamente de esta ley, porque antes no existía. De todas las demás, caben dudas.
A las comunidades les sale muy barato prescribir estas ayudas. Castilla y León (PP), que ha hecho públicos datos como el número de beneficiarios y el de prestaciones, así como la financiación que recibe, ha calculado que si concediera un 51,4% de ayudas a los familiares (la media nacional), en lugar del 34,8% que da en la actualidad, se ahorraría 6,1 millones de euros al mes.
Hoy se reúnen los consejeros con el Gobierno para aprobar, previsiblemente, un nuevo modelo de información que clarifique las estadísticas de la Dependencia.
Fuente : elpais.com
La paga para el familiar que cuida de los ancianos en casa se ha disparado entre las ayudas previstas en la Ley de Dependencia. Más de la mitad de las prestaciones concedidas ya son para atender a los mayores en el domicilio, es decir, una retribución para las mujeres -hijas, esposas y nueras- que los han atendido y lo seguirán haciendo.
La prestación económica por cuidados familiares, que así se llama, es mayoritaria en casi todas las comunidades autónomas y ya supone, como media, el 51,4 del total de ayudas concedidas.
Así que, la dirección que están tomando las cosas es justo la contraria de la que dice la ley. La ayuda al cuidador familiar debe ser "excepcional" y siempre que se den las condiciones adecuadas en la vivienda. Se redactó así previendo situaciones que ya se daban en nuestro país y para que aquellas zonas, sobre todo rurales, donde no llegan los servicios, tuvieran una contrapartida económica.
En Murcia apenas se ha concedido más que dinero para las cuidadoras
Pero dos factores han dado la vuelta a la tortilla: las preferencias de los ciudadanos, guiados aún por modelos tradicionales de cuidados a la vejez, y lo barata que les sale a las comunidades esta prestación, mucho más que una plaza en un geriátrico. A ello se añade la escasez de servicios, que aboca a los profesionales, en ocasiones, a recetar esta ayuda económica con tal de que el ciudadano reciba algo. Los trabajadores sociales reconocen que, a veces, no es lo más adecuado para el anciano, pero no hay otra cosa que ofrecer. La ley prevé, además, formación para el cuidador, que tampoco la está recibiendo.
Espectacular es el caso de Murcia, que, a juzgar por los datos, no ha hecho otra cosa en la Ley de Dependencia más que dar esa ayuda.
Baleares, Navarra, Ceuta y Melilla (ambas bajo la gestión del Gobierno), todas muy por encima de la media, que ya es bien alta. "Con estas cifras se puede decir que se ha desvirtuado la ley. Estas ayudas se contemplaron como algo excepcional para algunas zonas rurales, donde es más difícil que lleguen otros servicios, pero se están generalizando", explica Montserrat Muñoz, coordinadora ejecutiva de Política Institucional de IU. Muñoz, que participó activamente en el nacimiento de esta ley, opina que "estas ayudas están evitando que se cree empleo de calidad ligado al bienestar de los ciudadanos". Y añade: "La mayoría de los cuidadores son mujeres, lo que las consolida en el papel que han desempeñado siempre. No se les está dando un empleo, aunque éste fuera con un gran sesgo sexista".
La secretaria de Asuntos Social del PSOE, Marisol Pérez, opina que esta desviación de la ley hacia la prestación económica es propia de los inicios, pero que cambiará. "No hay suficientes servicios aún y sí una cultura familiar que persiste: esta tarea la hacían muchas mujeres y algunas quieren seguir haciéndola. Cuando se hizo la ley, éramos conscientes de esa realidad social. Se necesitará un cambio generacional para modificar esa costumbre, pero, mientras tanto, esas mujeres tienen ahora ventajas, cobran por ello y se dan de alta en la seguridad social", explica.
Por su parte, el portavoz de Asuntos Sociales de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, lamenta que "lo excepcional se esté convirtiendo en ordinario. Si se consolida este modelo, finalmente, la gente contará con un poco más de dinero, pero no se habrán resuelto los problemas de autonomía personal ni de calidad de vida. Por no hablar del empleo que dejará de generarse. Y encima, el aumento de esa prestación no va acompañado del apoyo y la formación a los cuidadores que también preveía la ley".
Una plaza en una residencia para ancianos (o discapacitados) es la segunda ayuda más concedida, con casi un 20% de los casos.
Pero esto es engañoso, porque muchas de las personas que aparecen como beneficiarias de una plaza geriátrica (86.220 en total) ya estaban atendidas allí antes incluso de que se aprobara la ley.
Las comunidades autónomas se limitaron, entonces, a registrarlos en las listas y a recibir dinero por cada uno de ellos, como han reconocido algunos responsables autonómicos.
Madrid sorprende por encima de todas las demás, 55 puntos por encima de la media en la supuesta concesión de plazas residenciales. Con esas cifras, la comunidad madrileña habría debido abrir en los últimos tres años docenas de geriátricos.
El Gobierno se hartó de las cifras que las comunidades reflejaban sobre la concesión de nuevas plazas en residencias y sacó un decreto en febrero en el que advertía a las comunidades de que sólo les daría dinero si el procedimiento de solicitud y reconocimiento de una ayuda lo había solicitado el propio beneficiario. Las comunidades pararon. Pero Madrid, por ejemplo, ya había sumado por entonces de un mes para otro más de 4.000 personas nuevas ingresadas en una residencia.
El resto de las prestaciones se han concedido en porcentajes muy escasos y alguna de ellas, como la ayuda a domicilio, está en manos de los ayuntamientos. Por tanto, la gran novedad, tres años después de iniciarse la Ley de Dependencia, ha sido la paga a los familiares por cuidar a sus ancianos, justo lo contrario de lo previsto. Pero, al menos, es una ayuda derivada directamente de esta ley, porque antes no existía. De todas las demás, caben dudas.
A las comunidades les sale muy barato prescribir estas ayudas. Castilla y León (PP), que ha hecho públicos datos como el número de beneficiarios y el de prestaciones, así como la financiación que recibe, ha calculado que si concediera un 51,4% de ayudas a los familiares (la media nacional), en lugar del 34,8% que da en la actualidad, se ahorraría 6,1 millones de euros al mes.
Hoy se reúnen los consejeros con el Gobierno para aprobar, previsiblemente, un nuevo modelo de información que clarifique las estadísticas de la Dependencia.
Fuente : elpais.com
lunes, 21 de septiembre de 2009
CASTELLON. FONDOS DEL PLAN E. APOYO A LA DEPENDENCIA
Castellón recibirá una inyección económica que podría alcanzar hasta los 30 millones de euros con el nuevo Plan E, o plan Zapatero, que el Gobierno central pondrá en marcha durante 2010 para reactivar la economía.
El portavoz municipal socialista, Juan María Calles, ha anunciado hoy el nuevo plan de inversión local, que en esta ocasión tendrá una dotación de 5.000 millones de euros para el conjunto del Estado y estará destinado a proyectos verdes, I+D+i y apoyo a la dependencia.
Calles ha remarcado que “el plan Zapatero ha sido un éxito en 2009 y lo volverá a ser en 2010, todo lo contrario del ‘plan Confianza’ que prometió el Consell hace nueve meses, que no ha traído ni un euro a Castellón”. El dirigente socialista recuerda que el pleno del próximo jueves se limitará este jueves a aprobar un convenio para que el Ayuntamiento de Castellón asuma la gestión del 25% de los 36 millones que prometió el presidente de la Generalitat en diciembre.
Los fondos del nuevo Plan E se destinarán a inversiones productivas sostenibles, renovación tecnológica, creación de tecnología en el tejido urbano, ahorro energético, sostenibilidad medioambiental y equipamientos sociales para el desarrollo de la Ley de Dependencia.
En principio, las inversiones se concentrarán en municipios medianos y grandes, con lo que, a pesar a tener un presupuesto inferior a los 8.000 millones de 2009, el nuevo Plan E permitirá que Castellón se beneficie con una cantidad similar a los 30,5 millones que ha recibido este ejercicio.
“Los castellonenses pueden comprobar quién está trabajando para sacarnos de la crisis y quién no ha movido ni un dedo para activar la economía y generar empleo. El presidente de la Generalitat pasará a la historia política por su elegancia en el vestir, pero no por estar gobernando para que Castellón recupere la senda del crecimiento económico y la prosperidad”, explica Calles.
El portavoz socialista afirma que “el plan Activa es el plan Zapatero, porque las inversiones autonómicas en Castellón son inexistentes y las del Ayuntamiento van a paso de caracol”. El plan Activa es la marca publicitaria con que el equipo de gobierno del Partido Popular en Castellón ha agrupado las inversiones municipales, las autonómicas y las estatales.
Fuente : elperiodic.com
El portavoz municipal socialista, Juan María Calles, ha anunciado hoy el nuevo plan de inversión local, que en esta ocasión tendrá una dotación de 5.000 millones de euros para el conjunto del Estado y estará destinado a proyectos verdes, I+D+i y apoyo a la dependencia.
Calles ha remarcado que “el plan Zapatero ha sido un éxito en 2009 y lo volverá a ser en 2010, todo lo contrario del ‘plan Confianza’ que prometió el Consell hace nueve meses, que no ha traído ni un euro a Castellón”. El dirigente socialista recuerda que el pleno del próximo jueves se limitará este jueves a aprobar un convenio para que el Ayuntamiento de Castellón asuma la gestión del 25% de los 36 millones que prometió el presidente de la Generalitat en diciembre.
Los fondos del nuevo Plan E se destinarán a inversiones productivas sostenibles, renovación tecnológica, creación de tecnología en el tejido urbano, ahorro energético, sostenibilidad medioambiental y equipamientos sociales para el desarrollo de la Ley de Dependencia.
En principio, las inversiones se concentrarán en municipios medianos y grandes, con lo que, a pesar a tener un presupuesto inferior a los 8.000 millones de 2009, el nuevo Plan E permitirá que Castellón se beneficie con una cantidad similar a los 30,5 millones que ha recibido este ejercicio.
“Los castellonenses pueden comprobar quién está trabajando para sacarnos de la crisis y quién no ha movido ni un dedo para activar la economía y generar empleo. El presidente de la Generalitat pasará a la historia política por su elegancia en el vestir, pero no por estar gobernando para que Castellón recupere la senda del crecimiento económico y la prosperidad”, explica Calles.
El portavoz socialista afirma que “el plan Activa es el plan Zapatero, porque las inversiones autonómicas en Castellón son inexistentes y las del Ayuntamiento van a paso de caracol”. El plan Activa es la marca publicitaria con que el equipo de gobierno del Partido Popular en Castellón ha agrupado las inversiones municipales, las autonómicas y las estatales.
Fuente : elperiodic.com
FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER RECLAMAN QUE SE APLIQUE LA LEY DE DEPENDENCIA CON MAS RAPIDEZ
La asociación para las familias con Alzheimer AFAL Contigo ha recordado en el Día Mundial de esta enfermedad la necesidad de que la Ley de Dependencia se implante en todas las comunidades autónomas "de una vez como es debido". Además, alertan de que la investigación requiere recursos para seguir buscando las causas de la enfermedad y lograr acabar con ella.
"Las familias con enfermos de Alzheimer están muy sobrecargadas", recuerdan en este Día Mundial de la patología, que afecta a medio millón de españoles, aproximadamente.
Es el diagnóstico realizado por la asociación AFAL Contigo, que reclama "que la Ley de Dependencia se instale de una vez como es debido en todas las comunidades autónomas". Su portavoz, María Jesús Morala, ha explicado, en declaraciones a EL IMPARCIAL, que los recursos se asignan muy tarde, "incluso cuando el enfermo ha muerto".
Además, ha lamentado que "los recursos que están dando ahora los equipos de la Ley de Dependencia son los mismos de siempre: ayuda a domicilio, centros de día y residencias".
En este sentido, Morala ha denunciado la falta de plazas en residencias públicas. "Hay plazas sobradas en las residencias privadas, pero no todo el mundo se puede pagar una", ha aclarado.
La Ley de Dependencia también contempla un pequeño salario para la cuidadora familiar "como algo excepcional". Sin embargo, según Morala, "se está abusando de esta figura", sin que ello resuelva el problema, porque, en ocasiones, "el cuidador familiar se quema y hay que apoyarle con un centro de día o con una residencia para que vaya allí a visitarle".
Una enfermedad larga y cara
Una de las principales dificultades del Alzheimer es que se trata de "una enfermedad muy larga" y con un coste medio muy elevado, que AFAL Contigo cifra en 30.000 euros por enfermo y año.
También es muy cara la investigación que intenta determinar las causas de la patología para atajarla. "Lo que va a acabar con la enfermedad es la investigación biomédica", ha hecho hincapié María Jesús Morala.
Sin embargo, este tipo de estudios "no dan un resultado inmediato, no dan un fármaco que vender y recuperar el dinero invertido".
Por ello, "hace falta dinero público o dinero que no busque retorno", según Morala. "Nuestros investigadores españoles son muy buenos pero necesitan ayuda, necesitan más apoyo económico", ha puntualizado.
La importancia del diagnóstico
A pesar de que más del 30 por ciento de los enfermos de Alzheimer en España carecen de un diagnóstico formal, según la Sociedad Española de Neurología, AFAL ha puntualizado que "cada vez hay menos casos, gracias a la cultura".
En cualquier caso, reclaman a los médicos de cabecera que hagan más caso "a las familias que llevan a la consulta a sus viejitos" porque son ellas las que hacen el primer diagnóstico al detectar "cosas raras".
Asimismo, recomiendan a las familias que insistan para que sea un neurólogo quien haga un diagnóstico diferencial con todas las pruebas a su disposición.
En este sentido, María Jesús Morala ha recordado que "diagnosticar muy pronto es mejor que diagnosticar tarde porque se tiene acceso a fármacos que ralentizan el avance de la enfermedad".
Fuente : elimparcial.es
"Las familias con enfermos de Alzheimer están muy sobrecargadas", recuerdan en este Día Mundial de la patología, que afecta a medio millón de españoles, aproximadamente.
Es el diagnóstico realizado por la asociación AFAL Contigo, que reclama "que la Ley de Dependencia se instale de una vez como es debido en todas las comunidades autónomas". Su portavoz, María Jesús Morala, ha explicado, en declaraciones a EL IMPARCIAL, que los recursos se asignan muy tarde, "incluso cuando el enfermo ha muerto".
Además, ha lamentado que "los recursos que están dando ahora los equipos de la Ley de Dependencia son los mismos de siempre: ayuda a domicilio, centros de día y residencias".
En este sentido, Morala ha denunciado la falta de plazas en residencias públicas. "Hay plazas sobradas en las residencias privadas, pero no todo el mundo se puede pagar una", ha aclarado.
La Ley de Dependencia también contempla un pequeño salario para la cuidadora familiar "como algo excepcional". Sin embargo, según Morala, "se está abusando de esta figura", sin que ello resuelva el problema, porque, en ocasiones, "el cuidador familiar se quema y hay que apoyarle con un centro de día o con una residencia para que vaya allí a visitarle".
Una enfermedad larga y cara
Una de las principales dificultades del Alzheimer es que se trata de "una enfermedad muy larga" y con un coste medio muy elevado, que AFAL Contigo cifra en 30.000 euros por enfermo y año.
También es muy cara la investigación que intenta determinar las causas de la patología para atajarla. "Lo que va a acabar con la enfermedad es la investigación biomédica", ha hecho hincapié María Jesús Morala.
Sin embargo, este tipo de estudios "no dan un resultado inmediato, no dan un fármaco que vender y recuperar el dinero invertido".
Por ello, "hace falta dinero público o dinero que no busque retorno", según Morala. "Nuestros investigadores españoles son muy buenos pero necesitan ayuda, necesitan más apoyo económico", ha puntualizado.
La importancia del diagnóstico
A pesar de que más del 30 por ciento de los enfermos de Alzheimer en España carecen de un diagnóstico formal, según la Sociedad Española de Neurología, AFAL ha puntualizado que "cada vez hay menos casos, gracias a la cultura".
En cualquier caso, reclaman a los médicos de cabecera que hagan más caso "a las familias que llevan a la consulta a sus viejitos" porque son ellas las que hacen el primer diagnóstico al detectar "cosas raras".
Asimismo, recomiendan a las familias que insistan para que sea un neurólogo quien haga un diagnóstico diferencial con todas las pruebas a su disposición.
En este sentido, María Jesús Morala ha recordado que "diagnosticar muy pronto es mejor que diagnosticar tarde porque se tiene acceso a fármacos que ralentizan el avance de la enfermedad".
Fuente : elimparcial.es
domingo, 20 de septiembre de 2009
ASTURIAS. EL 35% DE LOS BENEFICIARIOS ESPERAN LAS AYUDAS
El 35 por ciento de las personas reconocidas como beneficiarias de la ley de Dependencia está a la espera de recibir algún tipo de prestación en Asturias, según los datos, a 1 de septiembre, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).
En el conjunto del país más del 30 por ciento de las 654.035 personas dependientes que deben recibir ayudas todavía está pendiente de que las comunidades autónomas le asigne qué tipo de prestación económica o servicio precisa. Baleares, Murcia, Extremadura y Madrid lideran la lista de retrasos.
Fuente : lne.es
En el conjunto del país más del 30 por ciento de las 654.035 personas dependientes que deben recibir ayudas todavía está pendiente de que las comunidades autónomas le asigne qué tipo de prestación económica o servicio precisa. Baleares, Murcia, Extremadura y Madrid lideran la lista de retrasos.
Fuente : lne.es
viernes, 18 de septiembre de 2009
COMUNIDAD VALENCIANA. CUIDADOR INFORMAL Y FEMENINO CENTRAN JORNADAS DE EMPLEO Y DEPENDENCIA
La figura del cuidador no profesional y el empleo femenino han centrado hoy en Valencia el debate "Empleo y Ley de Dependencia" durante la clausura de la jornada organizada por la Asociación Empresarial de Servicios a personas en Situación de Dependencia de la Comunitat (AERTE).
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, quien, según han informado fuentes de la Generalitat ha participado en esta jornada, ha asegurado que la aplicación de la ley "exige un alto contingente humanos y de recursos", y ha destacado que en la Comunitat "hay más de 25.000 personas en empleos directamente relacionados" con esa legislación.
Such ha indicado que sólo durante este año y, gracias a una inversión pública de la Generalitat superior a los 400 millones de euros, se han generado 8.700 nuevos puestos de trabajo a tiempo completo relacionados con el cuidado de personas dependientes.
Ha destacado además que el desarrollo de la ley "ha generado nuevos yacimientos de empleo entre el personal dedicado a la atención y a los cuidados personales, a la hostelería en residencias o centros de día, al mantenimiento de los centros, y entre el personal especializado".
Asimismo, ha valorado que el empleo que se está generando en la medida que se trata de un empleo estable, con vocación de continuidad, con calidad creciente, mayoritariamente femenino, con unas buenas perspectivas tanto económicas como de estabilidad laboral.
Por su parte, el representante de CCOO Luis Álvarez Agudo, quien también ha participado en la jornada, ha manifestado la preocupación de la organización por la generalización de la prestación económica y el abuso de la figura del "cuidador informal".
Para CCOO, los derechos derivados de la Ley de la Dependencia deben prestarse por profesionales, para garantizar la calidad de la prestación, pero el caso de "excepcionalidad" que la legislación permite para el cuidador informal se aplica con permisividad.
Según datos estadísticos del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) citados por el sindicato, ese tipo de prestación ha alcanzado en la primera quincena de septiembre el 34,99 por ciento del total de estas.
Estos datos, a juicio de CCOO, reflejan que "se vulnera el espíritu de la ley que contempla esa opción sólo en circunstancias en que no se pueda acceder a otra modalidad de asistencia".
Para CCOO, "uno de los principales efectos de que el cuidado se deje en manos del cuidador informal es que no se profesionaliza el sector, no se invierte en la formación del cuidador experimentado y no se genera empleo. Todo aspectos negativos tanto para el servicio, que pierde calidad, como para el usuario, que pierde limita su derecho".
Según datos del Consell, el 50% de todos los cuidadores no profesionales de personas dependientes que reciben este tipo de prestación en la Comunitat, están dados de alta en la Seguridad Social a través de este convenio especial desarrollado por el Ministerio, cifra que supera a la mayoría de otras autonomías.
Por su parte, los representantes del sector empresarial que han participado en el encuentro han hablado de los costes y precios del servicio, así como del reconocimiento de la formación al profesional.
Fuente : adn.es
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, quien, según han informado fuentes de la Generalitat ha participado en esta jornada, ha asegurado que la aplicación de la ley "exige un alto contingente humanos y de recursos", y ha destacado que en la Comunitat "hay más de 25.000 personas en empleos directamente relacionados" con esa legislación.
Such ha indicado que sólo durante este año y, gracias a una inversión pública de la Generalitat superior a los 400 millones de euros, se han generado 8.700 nuevos puestos de trabajo a tiempo completo relacionados con el cuidado de personas dependientes.
Ha destacado además que el desarrollo de la ley "ha generado nuevos yacimientos de empleo entre el personal dedicado a la atención y a los cuidados personales, a la hostelería en residencias o centros de día, al mantenimiento de los centros, y entre el personal especializado".
Asimismo, ha valorado que el empleo que se está generando en la medida que se trata de un empleo estable, con vocación de continuidad, con calidad creciente, mayoritariamente femenino, con unas buenas perspectivas tanto económicas como de estabilidad laboral.
Por su parte, el representante de CCOO Luis Álvarez Agudo, quien también ha participado en la jornada, ha manifestado la preocupación de la organización por la generalización de la prestación económica y el abuso de la figura del "cuidador informal".
Para CCOO, los derechos derivados de la Ley de la Dependencia deben prestarse por profesionales, para garantizar la calidad de la prestación, pero el caso de "excepcionalidad" que la legislación permite para el cuidador informal se aplica con permisividad.
Según datos estadísticos del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) citados por el sindicato, ese tipo de prestación ha alcanzado en la primera quincena de septiembre el 34,99 por ciento del total de estas.
Estos datos, a juicio de CCOO, reflejan que "se vulnera el espíritu de la ley que contempla esa opción sólo en circunstancias en que no se pueda acceder a otra modalidad de asistencia".
Para CCOO, "uno de los principales efectos de que el cuidado se deje en manos del cuidador informal es que no se profesionaliza el sector, no se invierte en la formación del cuidador experimentado y no se genera empleo. Todo aspectos negativos tanto para el servicio, que pierde calidad, como para el usuario, que pierde limita su derecho".
Según datos del Consell, el 50% de todos los cuidadores no profesionales de personas dependientes que reciben este tipo de prestación en la Comunitat, están dados de alta en la Seguridad Social a través de este convenio especial desarrollado por el Ministerio, cifra que supera a la mayoría de otras autonomías.
Por su parte, los representantes del sector empresarial que han participado en el encuentro han hablado de los costes y precios del servicio, así como del reconocimiento de la formación al profesional.
Fuente : adn.es
CASTILLA Y LEON. PRIMERA EN DIFERENCIAR ENTRE NUMERO DE DEPENDIENTES Y PRESTACIONES
La Comunidad de Castilla y León es la primera que diferencia entre número dependientes y prestaciones reconocidas, ya que una persona puede tener más de una, con un sistema de información que el próximo martes llevará al Consejo Territorial de Dependencia para que se aplique en toda España.
Así lo ha anunciado hoy el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, durante su comparecencia en la correspondiente comisión de las Cortes de Castilla y León para informar, a petición del grupo parlamentario socialista, de la aplicación y desarrollo de la Ley de Dependencia en la Comunidad.
Desde antes del verano Castilla y León tiene en marcha este sistema de información que recoge que a fecha 1 de setiembre en la Comunidad había 35.785 beneficiarios con derecho a prestación, con 31.937 prestaciones reconocidas e identificadas que corresponden a 29.813 personas, es decir hay 2.124 prestaciones más que personas.
De este modo, según ha observado el consejero, "Castilla y León ha vuelto a ser pionera en dar respuesta al problema que plantea el actual sistema de información que identifica personas con prestaciones, ello con independencia de que la financiación estatal se realice por persona dependiente, sin tener en cuenta el número de prestaciones que le conceda la Comunidad Autónoma.
Antón ha vuelto a recordar que el coste medio de una persona dependiente en Castilla y León es de 14.578 euros anuales, 1.215 al mes, de los que el usuario aporta una media del 21,55 por ciento, la Junta el 59,37 por ciento y el Estado el 19,09.
"Por lo tanto el usuario y la Comunidad aportan conjuntamente el 81 por ciento del coste real de la atención a la Dependencia", ha argumentado el consejero a la hora de recordar que en el Consejo de Dependencia del martes continuarán "luchando por una financiación suficiente y asegurada" por parte del Estado.
El objetivo es que si Castilla y León supone el 8 por ciento de la población potencialmente dependiente -90.000 de los dos millones de toda España- reciba, "como mínimo el 8 por ciento de los créditos del nivel acordado", que es el que tiene que aportar el Estado para contribuir con las autonomías y estancado en los últimos dos años, con lo que la diferencia la tienen que asumir las Comunidades.
El consejero ha recordado que Castilla y León seguirá insistiendo en que se anticipe la revisión de la Ley, para dar una mejor respuesta a los ciudadanos, y reivindicará su desarrollo normativo en cuanto a formación y respiro de los cuidadores familiares, planes de prevención, programa de atención temprana y el referido sistema de información.
En el debate entre Antón y el portavoz socialista en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades, Fernando Rodero, se ha vuelto a reproducir la guerra de cifras sobre el grado de cumplimiento de la Ley en la Comunidad y la tardanza en aplicarla.
Con datos del Sistema Nacional de Dependencia, el consejero ha recordado que en Castilla y León reciben prestaciones por dependencia un veinte por ciento más que la media nacional, lo que supone un veinte por ciento más de agilidad, teniendo en cuenta los indicadores que se usan en todas las autonomías.
Rodero ha acudido a Cicerón y su máxima "la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio" para acusar al consejero no de mentir sino de "maquillar los datos", con "una visión completamente parcial y excesivamente optimista" cuando "seguimos adheridos a un suspenso de forma clara y contumaz".
El consejero se ha mostrado extrañado con el análisis hecho por Rodero con toda la población como base o por 10.000 habitantes, que no sigue, a su juicio, ningún "criterio técnico ni de rigor", y ha rechazado un maquillaje de unos datos "que son los oficiales del Sistema Nacional de Dependencia".
Asimismo, Antón ha ironizado sobre el silencio en una materia en la que la Comunidad no ha estado precisamente "callada", en relación al cruce constante de declaraciones entre la Junta y el Gobierno y el PSOE en esta materia.
Fuente : EFE
Así lo ha anunciado hoy el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, durante su comparecencia en la correspondiente comisión de las Cortes de Castilla y León para informar, a petición del grupo parlamentario socialista, de la aplicación y desarrollo de la Ley de Dependencia en la Comunidad.
Desde antes del verano Castilla y León tiene en marcha este sistema de información que recoge que a fecha 1 de setiembre en la Comunidad había 35.785 beneficiarios con derecho a prestación, con 31.937 prestaciones reconocidas e identificadas que corresponden a 29.813 personas, es decir hay 2.124 prestaciones más que personas.
De este modo, según ha observado el consejero, "Castilla y León ha vuelto a ser pionera en dar respuesta al problema que plantea el actual sistema de información que identifica personas con prestaciones, ello con independencia de que la financiación estatal se realice por persona dependiente, sin tener en cuenta el número de prestaciones que le conceda la Comunidad Autónoma.
Antón ha vuelto a recordar que el coste medio de una persona dependiente en Castilla y León es de 14.578 euros anuales, 1.215 al mes, de los que el usuario aporta una media del 21,55 por ciento, la Junta el 59,37 por ciento y el Estado el 19,09.
"Por lo tanto el usuario y la Comunidad aportan conjuntamente el 81 por ciento del coste real de la atención a la Dependencia", ha argumentado el consejero a la hora de recordar que en el Consejo de Dependencia del martes continuarán "luchando por una financiación suficiente y asegurada" por parte del Estado.
El objetivo es que si Castilla y León supone el 8 por ciento de la población potencialmente dependiente -90.000 de los dos millones de toda España- reciba, "como mínimo el 8 por ciento de los créditos del nivel acordado", que es el que tiene que aportar el Estado para contribuir con las autonomías y estancado en los últimos dos años, con lo que la diferencia la tienen que asumir las Comunidades.
El consejero ha recordado que Castilla y León seguirá insistiendo en que se anticipe la revisión de la Ley, para dar una mejor respuesta a los ciudadanos, y reivindicará su desarrollo normativo en cuanto a formación y respiro de los cuidadores familiares, planes de prevención, programa de atención temprana y el referido sistema de información.
En el debate entre Antón y el portavoz socialista en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades, Fernando Rodero, se ha vuelto a reproducir la guerra de cifras sobre el grado de cumplimiento de la Ley en la Comunidad y la tardanza en aplicarla.
Con datos del Sistema Nacional de Dependencia, el consejero ha recordado que en Castilla y León reciben prestaciones por dependencia un veinte por ciento más que la media nacional, lo que supone un veinte por ciento más de agilidad, teniendo en cuenta los indicadores que se usan en todas las autonomías.
Rodero ha acudido a Cicerón y su máxima "la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio" para acusar al consejero no de mentir sino de "maquillar los datos", con "una visión completamente parcial y excesivamente optimista" cuando "seguimos adheridos a un suspenso de forma clara y contumaz".
El consejero se ha mostrado extrañado con el análisis hecho por Rodero con toda la población como base o por 10.000 habitantes, que no sigue, a su juicio, ningún "criterio técnico ni de rigor", y ha rechazado un maquillaje de unos datos "que son los oficiales del Sistema Nacional de Dependencia".
Asimismo, Antón ha ironizado sobre el silencio en una materia en la que la Comunidad no ha estado precisamente "callada", en relación al cruce constante de declaraciones entre la Junta y el Gobierno y el PSOE en esta materia.
Fuente : EFE
GALICIA. UNION CORUÑESA DENUNCIA RETRASOS AYUDAS LEY DEPENDENCIA
Unión Coruñesa exige a la Xunta que reforme la ley de dependencia.
El dirigente de la formación, Carlos Marcos, denunció ayer el caso de una coruñesa a la que le denegaron la ayuda a pesar de que cumple los requisitos para obtenerla. "Si el cambio que anunció el señor Feijóo es éste, parece que no cambió mucho. Cuando las ayudas llegan tarde es una humillación para quien las solicita", subrayó Carlos Marcos, quien insistió en que la historia de la coruñesa Beatriz Nión no es el único que hay en la ciudad.
La mujer, que está al cuidado de su padre enfermo, contó que está en el paro y que la llamaron desde el Inem para asistir a un curso obligatorio sobre formación. "Si no va a esas clases pone en peligro el cobro del paro", recalcó el dirigente de Unión Coruñesa. Beatriz relató que solicitó a la Xunta ayuda para que alguien se haga cargo de su padre durante las horas que asiste al curso y que le dijeron por teléfono que se la denegaban.
"Me dijeron que no me lo podían mandar por escrito, por lo que me niegan mi derecho a presentar un recurso. Cumplo todos los requisitos que hay para solicitar la ayuda de la ley de dependencia", aseguró la afectada. "Es una tomadura de pelo y una indefensión. Siento una impotencia increíble y mucha indignación", comentó Beatriz.
Carlos Marcos exigió a la Xunta una "respuesta inmediata" a la afectada, que presentó el documento que certifica la dependencia que tiene su padre. El Gobierno autonómico, según afirmó la afectada, está tramitando las ayudas solicitadas en el año 2006 y empezando con las del 2007. "Me dijeron que en el caso de que me la concediesen no llegaría hasta el año 2011", subrayó la mujer.
"Se deben creer que somos ricos. ¿Para qué le vale la ayuda dentro de dos años?", dijo Carlos Marcos, quien insistió en que Beatriz necesita la subvención ahora para pagar el servicio a una trabajadora social que cuide a su padre, al que le amputaron una pierna.
Unión Coruñesa destacó el "mal funcionamiento" de la ley de dependencia desde su puesta en marcha y lo atribuyó a las "diferencias" entre la administración central y la autonómica. "Los políticos tienen que cubrir estos gastos. Exijo a la Xunta que cambie la ley porque así no funciona para nadie. Hay muchísima gente esperando a que le den las ayudas", destaca el presidente del grupo político.
Fuente : laopinioncoruña.es
El dirigente de la formación, Carlos Marcos, denunció ayer el caso de una coruñesa a la que le denegaron la ayuda a pesar de que cumple los requisitos para obtenerla. "Si el cambio que anunció el señor Feijóo es éste, parece que no cambió mucho. Cuando las ayudas llegan tarde es una humillación para quien las solicita", subrayó Carlos Marcos, quien insistió en que la historia de la coruñesa Beatriz Nión no es el único que hay en la ciudad.
La mujer, que está al cuidado de su padre enfermo, contó que está en el paro y que la llamaron desde el Inem para asistir a un curso obligatorio sobre formación. "Si no va a esas clases pone en peligro el cobro del paro", recalcó el dirigente de Unión Coruñesa. Beatriz relató que solicitó a la Xunta ayuda para que alguien se haga cargo de su padre durante las horas que asiste al curso y que le dijeron por teléfono que se la denegaban.
"Me dijeron que no me lo podían mandar por escrito, por lo que me niegan mi derecho a presentar un recurso. Cumplo todos los requisitos que hay para solicitar la ayuda de la ley de dependencia", aseguró la afectada. "Es una tomadura de pelo y una indefensión. Siento una impotencia increíble y mucha indignación", comentó Beatriz.
Carlos Marcos exigió a la Xunta una "respuesta inmediata" a la afectada, que presentó el documento que certifica la dependencia que tiene su padre. El Gobierno autonómico, según afirmó la afectada, está tramitando las ayudas solicitadas en el año 2006 y empezando con las del 2007. "Me dijeron que en el caso de que me la concediesen no llegaría hasta el año 2011", subrayó la mujer.
"Se deben creer que somos ricos. ¿Para qué le vale la ayuda dentro de dos años?", dijo Carlos Marcos, quien insistió en que Beatriz necesita la subvención ahora para pagar el servicio a una trabajadora social que cuide a su padre, al que le amputaron una pierna.
Unión Coruñesa destacó el "mal funcionamiento" de la ley de dependencia desde su puesta en marcha y lo atribuyó a las "diferencias" entre la administración central y la autonómica. "Los políticos tienen que cubrir estos gastos. Exijo a la Xunta que cambie la ley porque así no funciona para nadie. Hay muchísima gente esperando a que le den las ayudas", destaca el presidente del grupo político.
Fuente : laopinioncoruña.es
miércoles, 16 de septiembre de 2009
LA ASAMBLEA DE MADRID ACUERDA EXIGIR A ZAPATERO QUE PROPORCIONE LA FIANANCIACION NECESARIA PARA DESARROLLO LEY DE DEPENDENCIA
La Asamblea de Madrid decidió hoy, con 67 votos a favor y 53 en contra, exigir al Gobierno de la Nación que proporcione la financiación necesaria para la implantación de la Ley de Dependencia, así como se comprometió a seguir mejorando las políticas sociales en su conjunto "y en especial las dirigidas al fomento de la autonomía y a la atención a las personas en situación de dependencia".
Según los populares, en esta resolución aprobada hoy, sus políticas sociales han posibilitado la incorporación a la red de la Comunidad de Madrid de servicios sociales en los dos últimos años de "5.901 nuevas plazas para mayores dependientes y para personas discapacitadas y con enfermedad mental".
En la misma dirección, también se acordó reclamar al Gobierno central que tome en consideración los criterios de las comunidades autónomas en cuanto a distribución de los fondos disponibles destinados a la asistencia integral a mujeres víctimas de violencia de género y coordine con aquellas las medidas y actuaciones que, en esta materia, se vienen desarrollando.
Así, el Ejecutivo autonómico se compromete, con la aprobación de esta resolución, a aumentar la calidad de la atención integral que se presta a estas mujeres, a través de formación especializada de los profesionales implicados en la misma.
Por otro lado, la Asamblea de Madrid insta al Gobierno regional a que en la formación para el Empleo que se oferta en el ámbito de la Comunidad de Madrid, se refuerce el contacto y la atención a las necesidades de los sectores empresariales y de las empresas, "de manera que impartiendo una formación de calidad, se contribuya al mantenimiento del empleo y a que los trabajadores desempleados puedan acceder al mismo.
Del mismo modo, se pide la ejecución del III Plan de Prevención de Riesgos Laborales, y que se impulse todos los mecanismos necesarios junto con las organizaciones empresariales y sindicales y el resto de administraciones implicadas, para "lograr reducir la siniestralidad laboral y que los índices de Incidencia sigan bajando en la Comunidad".
Esta resolución recoge también reclamar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que adopte las medidas necesarias para que los españoles residentes en el extranjero puedan ejercer su derecho a voto en las elecciones generales, autonómicas y municipales en las urnas.
LAS POLÍTICAS SOCIALES COMO EJE VERTEBRADOR
Como destacó su portavoz en la Asamblea, Inés Sabanés, para el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida las Políticas Sociales son el eje vertebrador del Estado de Bienestar "que garantizan el carácter universal y público del acceso a determinadas prestaciones, reconocidas como derecho subjetivo, a los ciudadanos en condiciones de igualdad y no discriminación".
Sin embargo, a su juicio, la "tendencia" del Gobierno de la Comunidad a privatizar la gestión de estos derechos de los ciudadanos madrileños "está poniendo en peligro tanto la calidad de las prestaciones como la desigualdad a la hora de acceder a las mismas".
Por ello, en otra de sus resoluciones, rechazadas por la amplia mayoría del PP, solicitaban crear una Mesa de Coordinación entre ayuntamientos y Comunidad de Madrid para el seguimiento de la Ley de Dependencia y la unificación del programa informático con el que trabajan las distintas administraciones implicadas en el desarrollo de esta ley.
Además, consideran que hay que dotar de una financiación "suficiente y adecuada" a los ayuntamientos para que se puedan establecer los criterios de actuación en la gestión de sus Servicios Sociales y de la Ley de Dependencia, y dentro de los programas de respiro familiar, apuestan por establecer un mínimo de 20 horas por año para la formación del cuidador no profesional, "de tal forma que esa formación sobre atención a personas dependientes, le sirva en un futuro para su incorporación en el mercado laboral", explicó Sabanés.
En materia de Inmigración, IU opta por reforzar los medios de lucha contra las contrataciones irregulares de los trabajadores inmigrantes, "robusteciendo particularmente la Inspección Laboral y las formas de colaboración con las autoridades en aras a erradicar las prácticas de contratación que vulneran los derechos de los trabajadores".
También se opta por impulsar proyectos de formación y capacitación profesional como mejores herramientas para favorecer la inserción laboral de los trabajadores inmigrantes que les permitan adquirir los conocimientos necesarios para poder acceder al mercado laboral y así favorecer su integración social.
En materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, IU propuso incluir cláusulas sociales de género en los pliegos de condiciones para las contrataciones y subvenciones ofertadas por parte del Gobierno o de cualquiera de las empresas o entes del sector público de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral.
NECESIDAD DE UN PACTO LOCAL
Por otro lado, el PSOE recalcó la necesidad de desarrollar un pacto local, desbloqueando el trabajo de la Comisión Mixta de Coordinación de Competencias y de las Comisiones Sectoriales para determinar funciones o servicios susceptibles de delegación o transferencia a las Entidades Locales, así como a los medios financieros, materiales y personales que, como consecuencia, se traspasen.
En este sentido, el portavoz adjunto del PSOE, José Manuel Franco, señaló que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ya intento ayer "criminalizar de buena manera a los regidores municipales" sospechando, a su juicio, primero con la nueva Ley del Suelo y luego dándoles el "apoyo moral pero no económico" para que sigan adelante.
Franco, que criticó que los ayuntamientos están endeudados y "no reciben ningún tipo de ayuda económica por parte de la comunidad de Madrid, señaló que con el fin de potenciar el desarrollo regional y la creación de empleo, se debe activar también el PRISMA 2008-2011 y adoptar medidas, en colaboración con los consistorios, para que su ejecución sea "más y eficaz".
Además, apostaban en esta resolución de corporaciones locales, que también fue rechazada, por la creación, con cargo a los presupuestos del año 2010, de un Fondo Autonómico de Inversión Local como complemento como complemento del Fondo Estatal y del Prisma regional destinado a la realización de inversiones productivas y la renovación tecnológica.
Del mismo modo, en este documento se aboga por incrementar en el presupuesto del año 2010 el Fondo Regional de Cooperación Municipal destinado a sufragar gastos corrientes de los ayuntamientos para el mantenimiento de infraestructuras, equipamientos y zonas verdes municipales.
Por último, apuesta por establecer un pacto, en el marco de la Federación de Municipios Madrileños (FMM), con los ayuntamientos de la región que fije criterios y contemple medidas para afrontar el desarrollo económico de la región, para llevar a cabo las inversiones necesarias que permitan una eficaz prestación de los servicios públicos esenciales y para hacer efectiva la aplicación de políticas
Fuente: adn.es
Según los populares, en esta resolución aprobada hoy, sus políticas sociales han posibilitado la incorporación a la red de la Comunidad de Madrid de servicios sociales en los dos últimos años de "5.901 nuevas plazas para mayores dependientes y para personas discapacitadas y con enfermedad mental".
En la misma dirección, también se acordó reclamar al Gobierno central que tome en consideración los criterios de las comunidades autónomas en cuanto a distribución de los fondos disponibles destinados a la asistencia integral a mujeres víctimas de violencia de género y coordine con aquellas las medidas y actuaciones que, en esta materia, se vienen desarrollando.
Así, el Ejecutivo autonómico se compromete, con la aprobación de esta resolución, a aumentar la calidad de la atención integral que se presta a estas mujeres, a través de formación especializada de los profesionales implicados en la misma.
Por otro lado, la Asamblea de Madrid insta al Gobierno regional a que en la formación para el Empleo que se oferta en el ámbito de la Comunidad de Madrid, se refuerce el contacto y la atención a las necesidades de los sectores empresariales y de las empresas, "de manera que impartiendo una formación de calidad, se contribuya al mantenimiento del empleo y a que los trabajadores desempleados puedan acceder al mismo.
Del mismo modo, se pide la ejecución del III Plan de Prevención de Riesgos Laborales, y que se impulse todos los mecanismos necesarios junto con las organizaciones empresariales y sindicales y el resto de administraciones implicadas, para "lograr reducir la siniestralidad laboral y que los índices de Incidencia sigan bajando en la Comunidad".
Esta resolución recoge también reclamar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que adopte las medidas necesarias para que los españoles residentes en el extranjero puedan ejercer su derecho a voto en las elecciones generales, autonómicas y municipales en las urnas.
LAS POLÍTICAS SOCIALES COMO EJE VERTEBRADOR
Como destacó su portavoz en la Asamblea, Inés Sabanés, para el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida las Políticas Sociales son el eje vertebrador del Estado de Bienestar "que garantizan el carácter universal y público del acceso a determinadas prestaciones, reconocidas como derecho subjetivo, a los ciudadanos en condiciones de igualdad y no discriminación".
Sin embargo, a su juicio, la "tendencia" del Gobierno de la Comunidad a privatizar la gestión de estos derechos de los ciudadanos madrileños "está poniendo en peligro tanto la calidad de las prestaciones como la desigualdad a la hora de acceder a las mismas".
Por ello, en otra de sus resoluciones, rechazadas por la amplia mayoría del PP, solicitaban crear una Mesa de Coordinación entre ayuntamientos y Comunidad de Madrid para el seguimiento de la Ley de Dependencia y la unificación del programa informático con el que trabajan las distintas administraciones implicadas en el desarrollo de esta ley.
Además, consideran que hay que dotar de una financiación "suficiente y adecuada" a los ayuntamientos para que se puedan establecer los criterios de actuación en la gestión de sus Servicios Sociales y de la Ley de Dependencia, y dentro de los programas de respiro familiar, apuestan por establecer un mínimo de 20 horas por año para la formación del cuidador no profesional, "de tal forma que esa formación sobre atención a personas dependientes, le sirva en un futuro para su incorporación en el mercado laboral", explicó Sabanés.
En materia de Inmigración, IU opta por reforzar los medios de lucha contra las contrataciones irregulares de los trabajadores inmigrantes, "robusteciendo particularmente la Inspección Laboral y las formas de colaboración con las autoridades en aras a erradicar las prácticas de contratación que vulneran los derechos de los trabajadores".
También se opta por impulsar proyectos de formación y capacitación profesional como mejores herramientas para favorecer la inserción laboral de los trabajadores inmigrantes que les permitan adquirir los conocimientos necesarios para poder acceder al mercado laboral y así favorecer su integración social.
En materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, IU propuso incluir cláusulas sociales de género en los pliegos de condiciones para las contrataciones y subvenciones ofertadas por parte del Gobierno o de cualquiera de las empresas o entes del sector público de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral.
NECESIDAD DE UN PACTO LOCAL
Por otro lado, el PSOE recalcó la necesidad de desarrollar un pacto local, desbloqueando el trabajo de la Comisión Mixta de Coordinación de Competencias y de las Comisiones Sectoriales para determinar funciones o servicios susceptibles de delegación o transferencia a las Entidades Locales, así como a los medios financieros, materiales y personales que, como consecuencia, se traspasen.
En este sentido, el portavoz adjunto del PSOE, José Manuel Franco, señaló que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ya intento ayer "criminalizar de buena manera a los regidores municipales" sospechando, a su juicio, primero con la nueva Ley del Suelo y luego dándoles el "apoyo moral pero no económico" para que sigan adelante.
Franco, que criticó que los ayuntamientos están endeudados y "no reciben ningún tipo de ayuda económica por parte de la comunidad de Madrid, señaló que con el fin de potenciar el desarrollo regional y la creación de empleo, se debe activar también el PRISMA 2008-2011 y adoptar medidas, en colaboración con los consistorios, para que su ejecución sea "más y eficaz".
Además, apostaban en esta resolución de corporaciones locales, que también fue rechazada, por la creación, con cargo a los presupuestos del año 2010, de un Fondo Autonómico de Inversión Local como complemento como complemento del Fondo Estatal y del Prisma regional destinado a la realización de inversiones productivas y la renovación tecnológica.
Del mismo modo, en este documento se aboga por incrementar en el presupuesto del año 2010 el Fondo Regional de Cooperación Municipal destinado a sufragar gastos corrientes de los ayuntamientos para el mantenimiento de infraestructuras, equipamientos y zonas verdes municipales.
Por último, apuesta por establecer un pacto, en el marco de la Federación de Municipios Madrileños (FMM), con los ayuntamientos de la región que fije criterios y contemple medidas para afrontar el desarrollo económico de la región, para llevar a cabo las inversiones necesarias que permitan una eficaz prestación de los servicios públicos esenciales y para hacer efectiva la aplicación de políticas
Fuente: adn.es
LEY DE DEPENDENCIA. OPINION.
Mª CRUZ GALLEGO SORIA
Como dice Rajoy, "la democracia es ejercer derechos".
Qué gran frase y qué bien le queda a quien la dice.
Pero debe ser que cuando Rajoy daba esta gran lección de democracia en una de sus comunidades preferidas, no estaba muy atento: lo hizo en la Comunidad Valenciana.
Parece que, su hasta ahora conseller de Bienestar Social, no ha logrado entender esta parte de la democracia y se ha dedicado a impedir de manera vergonzosa que las personas dependientes de esta comunidad puedan ejercer su derecho a las prestaciones y servicios que les da desde el 1 de enero de 2007, la Ley 39/2006, conocida como la Ley de Dependencia.
Y el presidente Camps, que parece que tampoco estuvo cuando se dio esta lección, lo premia por su gran labor al frente de Bienestar Social, dándole la Conselleria de Urbanismo.
Pero para entender mejor estos argumentos, vamos a hacer un balance del resultado desde el uno de enero de 2007, fecha en la que entró en vigor la ley en esta nuestra comunidad: tres veces menos de solicitudes de lo que cabría esperar según población.
¿Será que se están falseando los datos para minimizar su nefasta gestión? Servicio estrella: plazas residenciales, y por si alguien aún no lo sabe, casi el 40% de las residencias de esta Comunidad pertenecen a la familia del señor Cotino. 15 plataformas en defensa de la ley de dependencia (esperemos que Ángela Such, la nueva consellera que llevará Bienestar Social, estuviera presente cuando Rajoy dio esta clase magistral).
En Aspe y Hondón de las Nieves, de 323 solicitudes, sólo 11 ya son beneficiarias de la ley.Pero de esas 11, nueve han logrado ejercer su derecho, puesto que a dos les llegó después de fallecer, el 2,7 % de los solicitantes tras 2 años y 8 meses después de su entrada en vigor.
Los procesos que te llevan a ser beneficiario de la ley como mucho son de nueve meses, con lo que todos los grandes dependientes tendrían que ser beneficiarios desde septiembre de 2007, sin embargo, en Aspe los primeros beneficiarios empiezan a serlo a partir de 2009.
81 personas de Aspe y Hondón de las Nieves siguen todavía sin ser valoradas, han solicitado la prestación, y aún no les han llamado de Valencia para venir a valorarlos. Esto supone que al 25% de solicitantes aún no se les ha hecho ni caso después de 2 años y 8 meses. Del 75% restante que si ha sido valorado sólo 13 tienen una resolución del PIA, paso último antes de recibir el servicio.
El resto está atascado en cualquier parte del proceso. La emisión de informes sociales corresponde al ayuntamiento y, aunque hay que decir que se ha hecho un esfuerzo para agilizarlos, lo cierto es que resulta insuficiente.
Y mientras éstos no se realicen o se ralenticen, los dependientes seguirán esperando y desesperando porque no accederán a lo que la ley les concede. Si el ayuntamiento no tiene medios para que se siga manteniendo una segunda trabajadora en los servicios destinados a la dependencia, que se los exija al Gobierno valenciano.
Pero no se puede seguir esperando, cuando en otras comunidades la implantación es del 100% y desde que los plazos lo establecen.
En junio salió publicado el tercer dictamen del observatorio sobre el desarrollo y la implantación territorial de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. Este dictamen pretende poner de manifiesto la situación actual de la ley en cada comunidad. Tiene una parte en la que se habla de las buenas prácticas en esta materia de muchas comunidades y otra con los criterios y resultados obtenidos por cada una.
¡Y qué vergüenza!, un apartado especial con portada propia para la Comunidad Valenciana: Las Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana. Formadas por personas en situación de dependencia y sus familiares, con el apoyo de sus profesionales y ciudadanos, en defensa de sus derechos y contra las malas prácticas de su comunidad, reconociéndose y apoyándose la gran labor que están realizando en la lucha para que en esta comunidad se aplique y se implante la ley de dependencia.
Mientras, en otras comunidades reciben halagos, aquí se forman 15 plataformas porque no se cumple la ley, con multitud de quejas y demandas a la sindicatura para presionar al Gobierno valenciano, manifestaciones, concentraciones,É Incluso se ha conseguido en Alicante un servicio de asesoramiento especializado con la colaboración del Colegio Oficial de Abogados y se está luchando por conseguir una colaboración en Valencia para que sea posible un turno de oficio especializado.
En esta comunidad hay que ganarse el derecho en los tribunales.
Fuente . informacion.es
Como dice Rajoy, "la democracia es ejercer derechos".
Qué gran frase y qué bien le queda a quien la dice.
Pero debe ser que cuando Rajoy daba esta gran lección de democracia en una de sus comunidades preferidas, no estaba muy atento: lo hizo en la Comunidad Valenciana.
Parece que, su hasta ahora conseller de Bienestar Social, no ha logrado entender esta parte de la democracia y se ha dedicado a impedir de manera vergonzosa que las personas dependientes de esta comunidad puedan ejercer su derecho a las prestaciones y servicios que les da desde el 1 de enero de 2007, la Ley 39/2006, conocida como la Ley de Dependencia.
Y el presidente Camps, que parece que tampoco estuvo cuando se dio esta lección, lo premia por su gran labor al frente de Bienestar Social, dándole la Conselleria de Urbanismo.
Pero para entender mejor estos argumentos, vamos a hacer un balance del resultado desde el uno de enero de 2007, fecha en la que entró en vigor la ley en esta nuestra comunidad: tres veces menos de solicitudes de lo que cabría esperar según población.
¿Será que se están falseando los datos para minimizar su nefasta gestión? Servicio estrella: plazas residenciales, y por si alguien aún no lo sabe, casi el 40% de las residencias de esta Comunidad pertenecen a la familia del señor Cotino. 15 plataformas en defensa de la ley de dependencia (esperemos que Ángela Such, la nueva consellera que llevará Bienestar Social, estuviera presente cuando Rajoy dio esta clase magistral).
En Aspe y Hondón de las Nieves, de 323 solicitudes, sólo 11 ya son beneficiarias de la ley.Pero de esas 11, nueve han logrado ejercer su derecho, puesto que a dos les llegó después de fallecer, el 2,7 % de los solicitantes tras 2 años y 8 meses después de su entrada en vigor.
Los procesos que te llevan a ser beneficiario de la ley como mucho son de nueve meses, con lo que todos los grandes dependientes tendrían que ser beneficiarios desde septiembre de 2007, sin embargo, en Aspe los primeros beneficiarios empiezan a serlo a partir de 2009.
81 personas de Aspe y Hondón de las Nieves siguen todavía sin ser valoradas, han solicitado la prestación, y aún no les han llamado de Valencia para venir a valorarlos. Esto supone que al 25% de solicitantes aún no se les ha hecho ni caso después de 2 años y 8 meses. Del 75% restante que si ha sido valorado sólo 13 tienen una resolución del PIA, paso último antes de recibir el servicio.
El resto está atascado en cualquier parte del proceso. La emisión de informes sociales corresponde al ayuntamiento y, aunque hay que decir que se ha hecho un esfuerzo para agilizarlos, lo cierto es que resulta insuficiente.
Y mientras éstos no se realicen o se ralenticen, los dependientes seguirán esperando y desesperando porque no accederán a lo que la ley les concede. Si el ayuntamiento no tiene medios para que se siga manteniendo una segunda trabajadora en los servicios destinados a la dependencia, que se los exija al Gobierno valenciano.
Pero no se puede seguir esperando, cuando en otras comunidades la implantación es del 100% y desde que los plazos lo establecen.
En junio salió publicado el tercer dictamen del observatorio sobre el desarrollo y la implantación territorial de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. Este dictamen pretende poner de manifiesto la situación actual de la ley en cada comunidad. Tiene una parte en la que se habla de las buenas prácticas en esta materia de muchas comunidades y otra con los criterios y resultados obtenidos por cada una.
¡Y qué vergüenza!, un apartado especial con portada propia para la Comunidad Valenciana: Las Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana. Formadas por personas en situación de dependencia y sus familiares, con el apoyo de sus profesionales y ciudadanos, en defensa de sus derechos y contra las malas prácticas de su comunidad, reconociéndose y apoyándose la gran labor que están realizando en la lucha para que en esta comunidad se aplique y se implante la ley de dependencia.
Mientras, en otras comunidades reciben halagos, aquí se forman 15 plataformas porque no se cumple la ley, con multitud de quejas y demandas a la sindicatura para presionar al Gobierno valenciano, manifestaciones, concentraciones,É Incluso se ha conseguido en Alicante un servicio de asesoramiento especializado con la colaboración del Colegio Oficial de Abogados y se está luchando por conseguir una colaboración en Valencia para que sea posible un turno de oficio especializado.
En esta comunidad hay que ganarse el derecho en los tribunales.
Fuente . informacion.es
MADRID. AGUIRRE ACUSA AL GOBIERNO DE INCUMPLIR LA LEY DE DEPENDENCIA
Aguirre acusa al Gobierno de incumplir la Ley de Dependencia y sólo hacerse cargo del 13 por ciento del coste
Asegura que la Comunidad dedica el 78 por ciento de su presupuesto a políticas sociales
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, acusó hoy al Gobierno central de incumplir la memoria económica de la Ley de Dependencia al no alcanzar el 50 por ciento del coste de su aplicación y quedar limitada en el 13 por ciento, mientras las comunidades autónomas asumen el 77 por ciento y las familias el 10 por ciento.
"La Ley de Dependencia ha supuesto una gran campaña de publicidad para el presidente Zapatero y el traslado de la carga financiera a las comunidades autónomas, que somos las que realmente atendemos a la dependencia", declaró Aguirre durante el Debate del Estado de la Región ante las acusaciones de los socialistas de que el Gobierno regional está incumpliendo la aplicación de esta normativa nacional.
"Es una Ley que no está dotada económicamente y aunque la memoria económica dice que el Gobierno de la nación se hará cargo del 50 por ciento del coste, la realidad hoy es que el Estado se hace cargo solamente del 13 por ciento, las familias del 10 por ciento y las comunidades autonómas del 77 por ciento", lamentó la presidenta.
El Gobierno de Zapatero "dice que nos da entre 70 y 268 euros mensuales por cada persona dependiente, suponiendo que nos las dé, cada plaza de residencia nos cuesta 1800 euros al mes. ¿Me quiere decir qué hacemos con 70?", se preguntó.
En este sentido, aseguró que la Comunidad dedica el 78 por ciento de su presupuesto a políticas estrictamente sociales, tres de cada cuatro euros, y el cuarto euro a transporte público, considerado también política social. "El que hoy la Comunidad sea la comunidad autónoma líder en recursos asistenciales no se lo debemos a la Ley de Dependencia de Zapatero, sino a la voluntad y sensibilidad de este Gobierno autonómico, éste y a los anteriores", planteó.
"Cada día dedicamos 1 millón de euros a la atención de personas con algún tipo de discapacidad, y un millón y medio de euros cada día a personas mayores, donde el incremento de número de plazas en centros de día y residencias desde 2003 ha sido del 71 por ciento", añadió.
El presupuesto de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales se ha duplicado, pues en 2003 era de 670 millones de euros y hoy es de 1.230 millones de euros. "Para políticas relacionadas directamente con la ley de dependencia, la Comunidad de Madrid destina 831 millones de euros este año", remachó.
"Desde 2003, hemos aumentado 6.628 plazas para la discapacidad y a la enfermedad mental. En esta legislatura se han creado 2.163 plazas nuevas, hoy para la atención a las personas dependientes en la Comunidad de Madrid tenemos más de 45.000 plazas entre residencias, plazas de día, pisos tutelados, plazas para personas con discapacidad fisica, intelectual y enfermedad mental, y prestamos 78.000 ayudas a domicilio", insistió Aguirre.
"Lo que tiene que hacer el señor Zapatero, en lugar de llenar de palabras las Ley de Dependencia, que la llene de hechos, y que haga lo que está comprometido a hacer, que es pagar el 50 por ciento del coste de la dependencia", reclamó la presidenta regional.
Fuente : Europa Press
Asegura que la Comunidad dedica el 78 por ciento de su presupuesto a políticas sociales
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, acusó hoy al Gobierno central de incumplir la memoria económica de la Ley de Dependencia al no alcanzar el 50 por ciento del coste de su aplicación y quedar limitada en el 13 por ciento, mientras las comunidades autónomas asumen el 77 por ciento y las familias el 10 por ciento.
"La Ley de Dependencia ha supuesto una gran campaña de publicidad para el presidente Zapatero y el traslado de la carga financiera a las comunidades autónomas, que somos las que realmente atendemos a la dependencia", declaró Aguirre durante el Debate del Estado de la Región ante las acusaciones de los socialistas de que el Gobierno regional está incumpliendo la aplicación de esta normativa nacional.
"Es una Ley que no está dotada económicamente y aunque la memoria económica dice que el Gobierno de la nación se hará cargo del 50 por ciento del coste, la realidad hoy es que el Estado se hace cargo solamente del 13 por ciento, las familias del 10 por ciento y las comunidades autonómas del 77 por ciento", lamentó la presidenta.
El Gobierno de Zapatero "dice que nos da entre 70 y 268 euros mensuales por cada persona dependiente, suponiendo que nos las dé, cada plaza de residencia nos cuesta 1800 euros al mes. ¿Me quiere decir qué hacemos con 70?", se preguntó.
En este sentido, aseguró que la Comunidad dedica el 78 por ciento de su presupuesto a políticas estrictamente sociales, tres de cada cuatro euros, y el cuarto euro a transporte público, considerado también política social. "El que hoy la Comunidad sea la comunidad autónoma líder en recursos asistenciales no se lo debemos a la Ley de Dependencia de Zapatero, sino a la voluntad y sensibilidad de este Gobierno autonómico, éste y a los anteriores", planteó.
"Cada día dedicamos 1 millón de euros a la atención de personas con algún tipo de discapacidad, y un millón y medio de euros cada día a personas mayores, donde el incremento de número de plazas en centros de día y residencias desde 2003 ha sido del 71 por ciento", añadió.
El presupuesto de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales se ha duplicado, pues en 2003 era de 670 millones de euros y hoy es de 1.230 millones de euros. "Para políticas relacionadas directamente con la ley de dependencia, la Comunidad de Madrid destina 831 millones de euros este año", remachó.
"Desde 2003, hemos aumentado 6.628 plazas para la discapacidad y a la enfermedad mental. En esta legislatura se han creado 2.163 plazas nuevas, hoy para la atención a las personas dependientes en la Comunidad de Madrid tenemos más de 45.000 plazas entre residencias, plazas de día, pisos tutelados, plazas para personas con discapacidad fisica, intelectual y enfermedad mental, y prestamos 78.000 ayudas a domicilio", insistió Aguirre.
"Lo que tiene que hacer el señor Zapatero, en lugar de llenar de palabras las Ley de Dependencia, que la llene de hechos, y que haga lo que está comprometido a hacer, que es pagar el 50 por ciento del coste de la dependencia", reclamó la presidenta regional.
Fuente : Europa Press
COMUNIDAD VALENCIANA. LA LISTA INTERMINABLE DE LA LEY DE DEPENDENCIA
El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia destacó hoy que el PP tiene "atascadas" en el consistorio y en la Generalitat un total de 7. 135 solicitudes de discapacitados y mayores, vecinos de la capital valenciana, para que se les reconozca el derecho a recibir las prestaciones y cobrar las ayudas previstas en la Ley de Dependencia, según informó el PSPV en un comunicado.
A este respecto, el concejal socialista Julio Such explicó que sólo el 12 por ciento de los solicitantes de la ciudad está cobrando o recibiendo las ayudas, al tiempo que lamentó que la "estrategia" del PP de "obstaculizar" el desarrollo de la norma en la Comunitat impida que los ciudadanos "se puedan beneficiar de una ley llamada a convertirse en el cuarto pilar del estado del bienestar".
"Se ha tardado dos años en reconocer el derecho a 920 personas. Si el PP sigue al mismo ritmo, se tardará 15 años en reconocérselo a las 7. 135 restantes", precisó el edil.
Asimismo, comentó que los ayuntamientos desempeñan "un papel fundamental" en la tramitación de las solicitudes, pues tras la recepción de la instancia y la valoración de las necesidades del interesado, la administración autonómica remite el caso al ayuntamiento para que realice una valoración del entorno social, precisó.
Tras recibir dicha valoración, la Generalitat emite el dictamen y lo remite de nuevo a la administración municipal junto a una propuesta de Plan Individual de Atención (PIA). Después, el consistorio negocia el PIA definitivo con el interesado y lo registra en un acta de acuerdo, que remite de nuevo al Gobierno valenciano para que determine y reconozca qué servicios debe prestar cada administración, sostuvo el PSPV.
Asimismo, indicó que Ley de Dependencia entró en vigor el 1 de enero de 2007 y el plazo de presentación de solicitudes de valoración se inició el 23 de abril, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 504/2007, que aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia.
"Se ha tardado dos años en reconocer el derecho a 920 personas", dicen los socialistas
El decreto autonómico 171/2007, que establece el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes, contempla un plazo máximo de seis meses para que la Generalitat resuelva sobre cada caso desde el momento del registro de las instancias.
Julio Such aseveró que "sin embargo, pese a los plazos legales y a la dotación económica destinada por el Gobierno, la aplicación de la ley en Valencia está absolutamente paralizada".
"De las 8. 055 solicitudes presentadas en la Generalitat por vecinos de la ciudad, sólo 920 están ya resueltas", apuntó.
El concejal socialista señaló que, de acuerdo con las cifras suministradas por el equipo municipal de gobierno en la última Comisión de Seguimiento de la Ley de Dependencia, integrada en el Consejo de Acción Social y celebrada la semana pasada, la Generalitat ha registrado 8. 055 solicitudes, de las que sólo ha remitido al Ayuntamiento 7. 177 para que realice el informe de entorno social.
A su vez, dijo, el consistorio ha realizado sólo 5. 756, con lo que existe un "atasco" en los servicios municipales de 1. 488 solicitudes.
De los 5. 756 informes de entorno social remitidos por el Ayuntamiento de Valencia a la Generalitat, la administración autonómica ha remitido a la municipal 2. 295 propuestas de PIA a negociar y el consistorio ha devuelto al Consell 2. 387 planes ya negociados.
Finalmente, según el PSPV, la Generalitat sólo ha reconocido las prestaciones económicas o de servicios previstos por la ley a 920 residentes de la ciudad de Valencia, lo que representa sólo el 12, 8 por ciento de las 8. 055 solicitudes registradas inicialmente por la Generalitat.
"NUMEROSAS TRABAS" Julio Such aseveró que el Gobierno central "impulsó la Ley de Dependencia y la dotó económicamente para que fuera el cuarto pilar del Estado de Bienestar", pero criticó que "sin embargo, el PP está obstaculizando y poniendo numerosas trabas a su aplicación en la Comunitat Valenciana y en la ciudad" de Valencia.
El edil reclamó a la alcaldesa de la capital valenciana, Rita Barberá, que se ocupe de las necesidades de los dependientes de la ciudad, desbloquee la tramitación de sus solicitudes en el Ayuntamiento y exija a la Generalitat que deje de obstaculizar el desarrollo de la ley.
Fuente : abc.es
A este respecto, el concejal socialista Julio Such explicó que sólo el 12 por ciento de los solicitantes de la ciudad está cobrando o recibiendo las ayudas, al tiempo que lamentó que la "estrategia" del PP de "obstaculizar" el desarrollo de la norma en la Comunitat impida que los ciudadanos "se puedan beneficiar de una ley llamada a convertirse en el cuarto pilar del estado del bienestar".
"Se ha tardado dos años en reconocer el derecho a 920 personas. Si el PP sigue al mismo ritmo, se tardará 15 años en reconocérselo a las 7. 135 restantes", precisó el edil.
Asimismo, comentó que los ayuntamientos desempeñan "un papel fundamental" en la tramitación de las solicitudes, pues tras la recepción de la instancia y la valoración de las necesidades del interesado, la administración autonómica remite el caso al ayuntamiento para que realice una valoración del entorno social, precisó.
Tras recibir dicha valoración, la Generalitat emite el dictamen y lo remite de nuevo a la administración municipal junto a una propuesta de Plan Individual de Atención (PIA). Después, el consistorio negocia el PIA definitivo con el interesado y lo registra en un acta de acuerdo, que remite de nuevo al Gobierno valenciano para que determine y reconozca qué servicios debe prestar cada administración, sostuvo el PSPV.
Asimismo, indicó que Ley de Dependencia entró en vigor el 1 de enero de 2007 y el plazo de presentación de solicitudes de valoración se inició el 23 de abril, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 504/2007, que aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia.
"Se ha tardado dos años en reconocer el derecho a 920 personas", dicen los socialistas
El decreto autonómico 171/2007, que establece el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes, contempla un plazo máximo de seis meses para que la Generalitat resuelva sobre cada caso desde el momento del registro de las instancias.
Julio Such aseveró que "sin embargo, pese a los plazos legales y a la dotación económica destinada por el Gobierno, la aplicación de la ley en Valencia está absolutamente paralizada".
"De las 8. 055 solicitudes presentadas en la Generalitat por vecinos de la ciudad, sólo 920 están ya resueltas", apuntó.
El concejal socialista señaló que, de acuerdo con las cifras suministradas por el equipo municipal de gobierno en la última Comisión de Seguimiento de la Ley de Dependencia, integrada en el Consejo de Acción Social y celebrada la semana pasada, la Generalitat ha registrado 8. 055 solicitudes, de las que sólo ha remitido al Ayuntamiento 7. 177 para que realice el informe de entorno social.
A su vez, dijo, el consistorio ha realizado sólo 5. 756, con lo que existe un "atasco" en los servicios municipales de 1. 488 solicitudes.
De los 5. 756 informes de entorno social remitidos por el Ayuntamiento de Valencia a la Generalitat, la administración autonómica ha remitido a la municipal 2. 295 propuestas de PIA a negociar y el consistorio ha devuelto al Consell 2. 387 planes ya negociados.
Finalmente, según el PSPV, la Generalitat sólo ha reconocido las prestaciones económicas o de servicios previstos por la ley a 920 residentes de la ciudad de Valencia, lo que representa sólo el 12, 8 por ciento de las 8. 055 solicitudes registradas inicialmente por la Generalitat.
"NUMEROSAS TRABAS" Julio Such aseveró que el Gobierno central "impulsó la Ley de Dependencia y la dotó económicamente para que fuera el cuarto pilar del Estado de Bienestar", pero criticó que "sin embargo, el PP está obstaculizando y poniendo numerosas trabas a su aplicación en la Comunitat Valenciana y en la ciudad" de Valencia.
El edil reclamó a la alcaldesa de la capital valenciana, Rita Barberá, que se ocupe de las necesidades de los dependientes de la ciudad, desbloquee la tramitación de sus solicitudes en el Ayuntamiento y exija a la Generalitat que deje de obstaculizar el desarrollo de la ley.
Fuente : abc.es
COMUNIDAD VALENCIANA. SOLICITA UN NUEVO MODELO DE FINANCIACION
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, ha solicitado hoy al secretario general de Política Social y Consumo del Ministerio de Sanidad y Política Social, Francisco Moza, un nuevo modelo de financiación de la ley de Dependencia, que incluya a todos los dependientes reconocidos hasta final de año y no sólo a los reconocidos hasta abril.
Según fuentes de la Generalitat, Such, que se ha reunido hoy con Moza, ha explicado que ignorar a las personas dependientes incorporadas al sistema a partir de abril de este año "supondría una carencia aún mayor de financiación estatal durante el próximo año".
Por otra parte, Such ha trasladado al secretario general de Política Social y Consumo "la voluntad del Gobierno valenciano de trabajar en colaboración con la Administración central en beneficio de las personas en quienes repercute la ley de Dependencia".
Asimismo, ha manifestado su satisfacción ante la voluntad que le ha transmitido el representante del Ministerio de "alcanzar un acuerdo mayoritario y, a ser posible, de todas las autonomías en temas relativos a la aplicación" de esta norma.
Entre ellos, ha destacado la resolución de expedientes en caso de fallecimiento de la persona dependiente durante la tramitación o la formación de cuidadores, con el fin de conseguir "una mejor aplicación de la ley, una mayor celeridad y un servicio de mayor calidad para las personas dependientes".
La consellera de Bienestar Social también ha indicado que su departamento ha elaborado un nuevo decreto que "simplifica el largo sistema establecido" en la norma anterior.
Según las mismas fuentes, el nuevo decreto tiene como finalidad obtener la máxima eficacia y celeridad en la tramitación de los expedientes, por lo que introduce modificaciones en el proceso de reconocimiento de la dependencia y concesión de las prestaciones correspondientes.
Entre otros cambios, establece que la documentación de carácter económico se aporte desde un principio, junto con el informe social y la documentación en la que se constate la elección de la persona interesada respecto al servicio o prestación que desea recibir, de forma que se simplifica hasta el máximo posible la recepción de documentación al inicio del expediente.
Según ha indicado Such, estos cambios "van a permitir que el solicitante vea reducido a la mitad el tiempo de espera para recibir las ayudas".
Fuente : EFE
Según fuentes de la Generalitat, Such, que se ha reunido hoy con Moza, ha explicado que ignorar a las personas dependientes incorporadas al sistema a partir de abril de este año "supondría una carencia aún mayor de financiación estatal durante el próximo año".
Por otra parte, Such ha trasladado al secretario general de Política Social y Consumo "la voluntad del Gobierno valenciano de trabajar en colaboración con la Administración central en beneficio de las personas en quienes repercute la ley de Dependencia".
Asimismo, ha manifestado su satisfacción ante la voluntad que le ha transmitido el representante del Ministerio de "alcanzar un acuerdo mayoritario y, a ser posible, de todas las autonomías en temas relativos a la aplicación" de esta norma.
Entre ellos, ha destacado la resolución de expedientes en caso de fallecimiento de la persona dependiente durante la tramitación o la formación de cuidadores, con el fin de conseguir "una mejor aplicación de la ley, una mayor celeridad y un servicio de mayor calidad para las personas dependientes".
La consellera de Bienestar Social también ha indicado que su departamento ha elaborado un nuevo decreto que "simplifica el largo sistema establecido" en la norma anterior.
Según las mismas fuentes, el nuevo decreto tiene como finalidad obtener la máxima eficacia y celeridad en la tramitación de los expedientes, por lo que introduce modificaciones en el proceso de reconocimiento de la dependencia y concesión de las prestaciones correspondientes.
Entre otros cambios, establece que la documentación de carácter económico se aporte desde un principio, junto con el informe social y la documentación en la que se constate la elección de la persona interesada respecto al servicio o prestación que desea recibir, de forma que se simplifica hasta el máximo posible la recepción de documentación al inicio del expediente.
Según ha indicado Such, estos cambios "van a permitir que el solicitante vea reducido a la mitad el tiempo de espera para recibir las ayudas".
Fuente : EFE
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