domingo, 31 de enero de 2010

CASTILLA-LA MANCHA - AYUDAS DEPENDENCIA POR NIÑOS PREMATUROS

Unas 30 familias reciben ayudas de dependencia por niños prematuros

Castilla-La Mancha ya cuenta desde el año pasado con un Decreto que reduce el plazo a un mes para recibir una ayuda en el caso de los niños de cero a tres años

El jefe del Servicio Provincial de Atención a la Dependencia en la provincia de Albacete, Antonio Peralbo, informó que la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha ya aprobó el año pasado un Decreto que establece que el plazo que debe oscilar entre la presentación de la solicitud de dependencia hasta la resolución del reconocimiento del derecho no debe exceder los seis meses, un acuerdo que ahora acaba de aprobar a nivel nacional el Consejo Interterritorial de Sanidad, integrado por representantes del Ministerio de Sanidad y de todas las comunidades autónomas.

Lo novedoso de ese acuerdo es que para los niños de entre 0 y 3 años el procedimiento se acorta hasta un mes desde la presentación de la solicitud hasta que la familia recibe la resolución de concesión de la ayuda.

Algo, que según Peralbo, ya se contemplaba también en el Decreto que la Junta de Comunidades aprobó el año pasado, para los niños de bajo peso al nacer, para cuyas familias se fija de plazo máximo de un mes para la concesión de la ayuda desde que presentan la solicitud hasta que reciben la resolución de concesión.

De hecho, desde mediados del año pasado hasta ahora ya son una treintena los expedientes resueltos favorablemente en la provincia de Albacete. De éstos, muy pocos continuan con la ayuda de dependencia pasados los seis meses desde el nacimiento del menor.

Para ello, cuando entró en vigor este Decreto, la delegada provincial de Salud y Bienestar Social, Angelina Martínez, se ocupó de mantener reuniones de coordinación con el Servicio de Neonatología y de la UCI Pediátrica para llevar a cabo esta novedad.

Y es que la Ley establece que un niño por debajo de 1.100 gramos al nacer directamente es un gran dependiente. De hecho, un niño entre 1.100 y 1.500 gramos tiene la consideración de un grado II de la Ley de Dependencia y un niño por encima de 1.500 grados es grado I de la Ley, aunque éste grado último todavía no se aplica.

Protocolo.
El jefe del Servicio de Dependencia de la Delegación explicó cual es el protocolo a seguir desde que nace un niño de bajo peso en cualquier centro hospitalario de Albacete. «Inmediatamente el servicio acredita en un informe el peso del niño, después los Servicios Sociales hacen un informe y nos lo envían a nosotros, que automáticamente mandamos un valorador al lugar de hospitalización del pequeño. Seguidamente se cita a la familia para conocerla y tras comprobar el grado de dependencia se dicta una resolución».

Sin embargo, la diferencia está en que esta situación es temporal, desde el nacimiento hasta los seis meses, es decir, que en ese momento «la situación jurídica y por tanto la ayuda de dependencia desapare», aunque en función de los casos «se vuelve a revalorar al niño y a establecer si sigue siendo merecedor de la ayuda de dependencia».

Hasta el pasado viernes las resoluciones emitidas por el Equipo de Valoración de la Dependencia en la provincia de Albacete se elevaba a 8.375. De ellas 4.753 son solicitudes de ayuda económica por el concepto de cuidador no profesional, y otras casi 400 son vinculadas al servicio (ayudas que se le dan a una persona ingresada en una plaza privada de residencia para personas dependientes).

A ello hay que sumar, que otras 1.500 resoluciones corresponden a plazas residenciales públicas; 200 son del Servicio de Estancias Diurnas o de centros de día públicos y otras 650 son solicitudes de ayuda del Servicio de Ayuda a Domicilio, que desde el año pasado también se solicitan a través de la Ley de Dependencia.

Fuente : latribunadealbacete.es

TOLEDO - UN EJEMPLO MÁS DEL FUNCIONAMIENTO

La Junta solventará «en breve» los retrasos en los pagos de dependencia

Un vecino de Toledo denuncia el estado de «indefensión» en el que se halla al retrasarse el abono concedido por ser beneficiario de la Ley de Dependencia. La Junta afirma que se ha producido por la entrada del nuevo presupuesto

La Ley de Dependencia lleva en funcionamiento tres años. Desde entonces, han sido muchos los beneficiarios, bien a través de una cuota mensual, con ayudas en servicios... Sin embargo, todavía hay una serie de problemas burocráticos que hacen que algunos se sientan en una situación de «indefensión y desesperación».

Es el caso de un vecino de Toledo que ha preferido guardar su anonimato. Él es beneficiario de esta ley desde hace aproximadamente un año y en los últimos meses ha visto como la nómina que le era asignada en su día no llegaba a tiempo, sino con retrasos.

Reconoce que en su caso depende de la asignación mensual que le fue concedida en su momento, tras un largo proceso de «valoración y burocracia», el cual duró más de un año. Entonces no se quejó, pero ahora, asegura, «la situación ha llegado a unos límites en los que no sabemos qué hacer».

Resulta que el pasado 22 de diciembre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no le había abonado todavía la nómina del mes de octubre, algo que hicieron justo al día siguiente. El día 29 de diciembre del pasado año le fue ingresada la de noviembre, todo, tras realizar las pertinentes llamadas solicitando que hicieran efectivo el pago, por la necesidad que le suponía. Pero los retrasos han seguido y es que la nómina de diciembre se hacía esperar casi a punto de finalizar el mes de enero. A esto se le une que la paga trimestral que cobra por familia numerosa, tampoco se veía por ninguna parte.

En su caso asegura, tiene el caso de familiares en situaciones difíciles, casos de enfermedades graves, al igual que otras muchas personas beneficiarias de esta Ley de Dependencia, y lo que no comprende, es porqué no les llega el dinero que en su día les fue asignado, dependiendo mes a mes de la «buena voluntad» de los políticos. Criticaba que además de tener que sufrir personalmente situaciones de dolencias graves, sin solución médica, tiene que soportar la angustia diaria de no poder hacer frente a las necesidades familiares porque «la Junta de Comunidades no afronta la regularidad de sus pagos».

Los abonos, en breve. Ante este asunto, este diario se ha puesto en contacto con la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Hugo Muñoz, es el director general de Familia, y sobre esta asunto aseguraba que los pagos de las prestaciones «habitualmente lo hacemos a mes vencido».

Sin embargo, reconocía que en los últimos meses se han producido ciertos retrasos, pero por problemas puntuales, pero las nóminas de octubre y noviembre de 2009 se pagaron juntas y la de diciembre, en breves días, si es que no se llegó a hacer efectivo este mismo viernes.

En este caso, señalaba que ha venido motivado por la apertura del presupuesto de este año 2010. El director general de Familia pedía disculpas a los ciudadanos que puedan verse perjudicados por esto y, decía que «es un retraso mínimo», solicitándoles que «no se preocupen que lo van a cobrar sin ningún problema». En este mismo mes de enero, y justo después del pago atrasado, se hará efectiva la prestación por familia numerosa y la cuota de enero de la Ley de Dependencia.

Muñoz hablaba de la delicadeza de este asunto de la Ley de Dependencia, un tema «muy sensible», donde los beneficiarios varían mucho. Afirmaba que mes a mes hay nuevas bajas y nuevas altas en el sistema y los casos se analizan uno a uno, porque «cada uno tiene sus peculiaridades». Todos los meses, explicaba se introducen alrededor de mil personas de alta en el sistema y hay que hacerlo de manera manual, algo que puede llevar a algún retraso mínimo de cara a los pagos, por este aspecto.

De las más efectivas. Castilla-La Mancha, sin embargo, es una de las Comunidades Autónomas que más efectiva es a la hora de abonar las prestaciones de esta nueva ley. Y aunque la crisis afecta a todos, incluso a la administración regional, Hugo Muñoz indicaba que «el Gobierno hace siempre priorizar los pagos de todos los beneficiarios de Bienestar Social».

Fuente : latribunadetoledo.es

sábado, 30 de enero de 2010

DEPENDIENTES, ANCIANOS Y POLÍTICOS SIN ALMA

Envejecer puede ser, además de irremediable, una pequeña faena de la vida. Envejecer y ser dependiente en España es, sencillamente, una condena que nos aleja del primer mundo al que supuestamente pertenecemos. Nuestro sistema político, con un nivel de protección social muy por debajo de nuestros socios europeos y una pensión media de jubilación de 874 euros que también nos sitúa a la cola, sentencia a la mayoría de nuestros mayores y a sus familias a vivir la última etapa de su existencia como un desesperante calvario.

Las ayudas a la dependencia o no llegan o se adjudican demasiado tarde.

Los datos son dramáticos: 250.000 personas y, por tanto, 250.000 familias esperan a día de hoy angustiadas a que su comunidad autónoma correspondiente, en caso de que haya tenido a bien responder a sus requerimientos, les otorgue la ayuda a la que, por ley, tienen derecho.

La mayoría de los grandes dependientes son ancianos que en muchas ocasiones morirán antes de ser atendidos. El último estudio de la Asociación Estatal de Directoras [no es una errata; es el nombre de la organización en un sector fuertemente feminizado] y Gerentes de Servicios Sociales asegura que la media de espera para lograr ese apoyo estatal tarda entre 12 y 18 meses durante los cuales los ciudadanos están obligados a enredarse en torturantes trámites burocráticos.

La sanidad pública no asume el tratamiento de nuestros grandes dependientes; personas con sus capacidades mentales y físicas mermadas por complicaciones de salud acumuladas en el tiempo. Sus allegados deben hacer malabares en este país para atender a su profesión, a sus hijos y a su vida social mientras cuidan a un mayor que, en ocasiones, necesita ayuda durante las 24 horas del día. Son familias a las que sólo libera la muerte del ser querido. Ésa es la irritante realidad.

Los centros públicos, ya sean residencias o centros de día, administrados por ayuntamientos y comunidades autónomas, suelen estar completos y, además, sólo son accesibles para las rentas más bajas. A los centros privados sólo pueden optar los más pudientes. El resultado es que la mayoría de las familias de este país añaden al dolor de la enfermedad y la pérdida la irritación y la impotencia frente a unos poderes públicos que no ponen el más mínimo interés por aplicar la ley (la de Dependencia) y administrar correctamente los fondos públicos que esos mismos ciudadanos maltratados generan con su esfuerzo y sus impuestos.

Hay pocas comunidades autónomas que hayan desarrollado tan importante ley con la celeridad que merece. Es verdad que la aplicación de la ley requiere estructuras y personal antes inexistentes, pero la enorme disparidad entre unas comunidades autónomas y otras pone de manifiesto que son otros los obstáculos. Hay comunidades en las que los procesos y la cobertura está más avanzada. Son los casos de Andalucía, La Rioja, Castilla y León o Navarra. Otras están regidas por políticos que prefieren ocuparse de otras cosas más importantes, como las bondades de instaurar la cadena perpetua o la visita del Papa a precio de oro.

Deberíamos grabarnos los nombres de algunos de los más desalmados en este terreno: Esperanza Aguirre, Francisco Camps, Ramón Luis Valcárcel, Paulino Rivero Baute... No son nombres elegidos al azar o en función de las afinidades políticas. Son los presidentes de las cuatro comunidades autónomas con un menor índice de población atendida y una gestión escandalosa que obliga a las familias a hacer papeleos aun más allá del año y medio. Esta misma semana, todas se han comprometido a reducir los plazos a seis meses. Sólo el tiempo dirá si se cumple el compromiso.

Tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, estos señores, que no tolerarían un solo día de sus vidas sin su coche oficial, siguen poniendo palos en las ruedas de esta norma tan crucial para tantos ciudadanos. Nos escandaliza que en Estados Unidos haya más de 40 millones de personas sin seguro médico alguno. Aquí somos 46 millones de habitantes con el riesgo potencial en un futuro más o menos próximo de ser abandonados a nuestra suerte cuando más lo necesitemos.

El gasto adicional de la Ley de Dependencia lo sufragan al 50% las comunidades autónomas y la Administración central. Es una debilidad de origen, dado que está sujeta a la confrontación y los cálculos electorales de políticos que olvidan que su mandato fundamental consiste en administrar correctamente los fondos públicos que los ciudadanos les han confiado.

Hay en Madrid un centro privado donde intentar la rehabilitación de una persona paralizada por un accidente cardiovascular cuesta 3.200 euros al mes. Los hay más caros y hay algunos (pocos) más baratos. Algunas familias, al cabo de los meses, se llevan al enfermo a casa huyendo de la ruina, aun sabiendo que eso supondrá una tragedia para sus propias vidas.

En el vestíbulo del centro hay una placa con el nombre de Esperanza Aguirre y la credencial de calidad de la Comunidad de Madrid. Algunos familiares preguntan si eso significa que podrán obtener alguna ayuda pública por insignificante que sea. La respuesta es no. No hay apoyo público; es que la señora Aguirre fue allí un día a cortar la cinta y dejar inaugurado el lugar.

GABRIELA CAÑAS

Fuente : elpais.com

viernes, 29 de enero de 2010

ALICANTE - ELCHE - MÁS DE 1.000 DEPENDIENTES SIN AYUDA

Más de mil dependientes no tienen todavía ayuda

En Elche son ya 1.166 los casos de personas dependientes que han solicitado la ayuda contemplada en la Ley de Dependencia sin que la Generalitat haya iniciado ningún trámite

En Elche son ya 1.166 los casos de personas dependientes que han solicitado la ayuda contemplada en la Ley de Dependencia sin que la Generalitat haya iniciado ningún trámite, según informó ayer la concejala de Bienestar social, Vicenta Pérez, y la secretaria de Movimientos Sociales del PSOE, María Dolores Asencio, tras la reunión que mantuvieron con varias familias afectadas.

Lo más dramático, según indicó, Asencio, es que "de estos casos, hay 422 que solicitaron la ayuda en el año 2007, 429 lo hicieron en 2008 y 315 el pasado año. Hay gente que lleva más de dos años esperando ser valorada por la Generalitat y sin poder cobrar las ayudas recogidas por ley. Estamos hablando de personas mayores y de niños cuyo grado de dependencia es muy alto, pero siguen en una situación de abandono por parte de la Generalitat", comentó.

Desde el PSOE ilicitano se denunció ayer la "dramática" situación de estas familias y el abandono que sufren por parte del Gobierno del Consell.

Fuente : diarioinformacion.com

ARAGÓN - CATALOGO DE SERVICIOS SOCIALES CON APORTACIONES PROFESIONALES

Catálogo Servicios Sociales contará con aportaciones de profesionales sector

De esta manera se inicia la segunda fase del proceso de participación de la elaboración del catálogo, en la que se valorarán las más de 900 propuestas que, sobre el documento básico, hicieron las entidades, según ha informado el Gobierno de Aragón.

Esta jornada se centra, sobre todo, en los servicios sociales que se prestan en los centros municipales y comarcales, y que se incluirán en el catálogo.

La Ley de Servicios Sociales, aprobada el pasado verano, estructura el sistema público de servicios sociales sobre la organización territorial de la Comunidad Autónoma.

Por eso, para la consejera, Ana Fernández, la coordinación entre administraciones (autonómica y local) es fundamental para que los servicios que se presten sean eficaces y de calidad.

Una de las actuaciones que mejorarán esta coordinación es la implantación del Sistema Informático para gestionar los datos relativos al Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD) en todas las comarcas.

De esta forma, los profesionales de los servicios sociales tendrán acceso en todo momento a la información sobre el estado del procedimiento para obtener las prestaciones por dependencia, cuando la requieran los usuarios.

Fernández ha señalado que la implantación de este sistema contribuirá a reducir a seis meses el periodo desde que se solicita la prestación de dependencia y se reconoce el derecho a percibirla, tal y como han acordado las Comunidades Autónomas en el último Consejo Territorial de Dependencia.

En las próximas semanas, las entidades convocadas al proceso de participación se reunirán en grupos de trabajo para examinar todas las aportaciones que se hicieron en la primera fase del proceso, y valorar si se incluyen en el Catálogo de Servicios Sociales.

Este documento se estructurará en tres ramas de prestaciones, de servicios, económicas y tecnológicas, que responderán a lo dispuesto por la Ley de Servicios Sociales.

Fernández ha recordado que con la aprobación de la Ley, en junio de 2009, se cumplió el compromiso del departamento de elaborar una norma que reconociera el derecho a los servicios sociales, y ahora el desarrollo legislativo se está anticipando a los plazos que marca la ley.

De esta forma, según el departamento, los ciudadanos podrán ver satisfechos sus derechos con las prestaciones, y de igual forma en todo el territorio.

Fuente : abc.es

CASTILLA Y LEÓN - EN BUSCA DE UNA LEY 10

El anteproyecto de Ley de Servicios Sociales Regional ya tiene mucho recorrido avanzado y culminará con la aprobación de la nueva Ley a lo largo de este año 2010.

Cubrir esta parte del trayecto y el propio procedimiento no ha sido rápido, de hecho, en la legislatura anterior, ya el Gobierno autonómico tomó el compromiso de sacarlo adelante, hecho este que finalmente se vio frustrado.

La futura Ley de Servicios Sociales Regional, por lo que afecta las personas con discapacidad intelectual, junto con el desarrollo de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, quizá sea lo más importante de la presente legislatura, en el ámbito de los derechos y los servicios a las personas con discapacidad, de su propio futuro y del sector en sí mismo.

Por este motivo, es imprescindible una ley que realmente responda a las necesidades de las personas, cuyo contenido y compromisos no quede en el ámbito del voluntarismo y la falta de concreción.

Con seguridad será una ley para los próximos veinte años.

Este anteproyecto que conocemos se aproxima a nuestros deseos porque incorpora importantes avances con respecto a la normativa actual, pero no garantiza todos los derechos de las personas con necesidades de atención, ni es protectora de los movimientos sociales que hasta la fecha han venido dando la respuesta y las soluciones necesarias.

Pensamos que el texto propuesto no les asegura un completo sistema de recursos y apoyos para cubrir sus necesidades específicas en adecuadas condiciones de calidad. Tampoco garantiza un sistema de cooperación estable entre las administraciones públicas y las entidades de iniciativa social de Castilla y León que consideramos tan necesario y justificado.

Por lo tanto, esperamos que en este periodo de tramitación hasta su aprobación definitiva sean escuchadas las voces que los diferentes órganos e instituciones con el fin de contar con una legislación justa y moderna, con la pretensión de ser capaz de llegar a donde han llegado normas de otras comunidades autónomas más ambiciosas.

Artículo completo en Fuente : nortecastilla.es

MURCIA - DE LAS 50.500 SOLICITUDES, 42.000 EVALUADAS

De las 50.500 solicitudes presentadas para la ley de dependencia 42.000 ya han sido evaluadas

El Consejero de Politica Social Joaquin Bascuñana ha asegurado hoy en la Cope que ya se han gestionado más del 84% de las solicitudes presentadas a la Ley de Dependencia. En concreto de las 50.500 solicitudes sa han evaluado 42.000

Hoy en La Mañana de la Cadena Cope, el Consejero de Politica Social, Mujer e Inmigración Joaquin Bascuñana ha salido al paso de las críticas del Partido Socialista de la Región de Murcia por el retraso de los trámites de la Ley de Dependencia con los siguientes datos : de las 50.500 personas que han solicitado dicha ley en la Región de Murcia, 42.000 ya han sido valoradas.

El Consejero ha asegurado que el plazo de tiempo desde la solicitud, hasta que se evalúa, es de tres meses. En este sentido, Joaquin Bascuñana, con los datos en la mano, ha pedido al Partido Socialista, que deje de dar mensajes engañosos y colaboren para que la Ley se gestione de la mejor forma posible.

Con motivo de la celebración en este 2010 del año Europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social el Consejero ha asegurado que el ratio de pobreza en Murcia está por encima de la media nacional porque esta región tiene una gran cantidad de población inmigrante, y ha añadido que la inmigración en Murcia es necesaria y además cuenta con todos los servicios sociales, de educación, sanidad y vivienda que cualquier otro ciudadano español.

Por último, Bascuñana ha anunciado que el Gobierno Regional ha destinado 14 millones de euros extraordinarios para combatir la pobreza y cree que la solución fundamental para esta personas es fomentar la creación de empleo.

Fuente : cope.es

EXTREMADURA - LA JUNTA ELEVA A 232 MILLONES LAS AYUDAS

La Junta eleva a 232 millones las ayudas de dependencia

Extremadura destinará, como mínimo, 232 millones de euros para desarrollar la Ley de Dependencia a lo largo de este año. En porcentaje, un 16% más que en 2008, donde el principal problema, como sucede en el resto del país, es la lentitud en la tramitación de los expedientes y en el pago de las prestaciones a las que se tiene derecho.

En nuestra comunidad, el tiempo de espera media entre que se solicita la ayuda y se resuelve es de nueve o diez meses, según la Junta, a lo que hay que sumar otros tres meses para empezar a pagar.

La consejera de Sanidad, María Jesús Mejuto, incide en que el Gobierno regional «redobla» su esfuerzo para desarrollar esta Ley que nació con unas expectativas considerables pero cuyo día a día está generando cierta decepción. No tanto en Extremadura como en Madrid o Comunidad Valenciana, pero también aquí. «Vamos a hacer el esfuerzo porque el tiempo de espera no sobrepase de los seis meses», afirma la consejera. 2009 se cerró con 36.269 solicitudes y 19.804 dictámenes en los que se reconoce el derecho al cobro a quienes lo piden.

Partidas y oposición Declaración de intenciones al margen, Mejuto recalca que Sanidad y Dependencia es la única partida que aumenta en el Presupuesto de Extremadura de este año, con un incremento de 26 millones de euros (alcanzando los 1.967 millones), «lo que evidencia que, a pesar de la situación de fuerte contención del gasto, la Junta apuesta por garantizar que derechos esenciales como el cuidado de la salud, la atención a la dependencia y la protección de la autonomía personal, no se vean afectados», indica.

En cuanto a inversiones, se destinan 60,7 millones para obras y equipamientos en centros, a la vez que se pondrán en marcha 12 nuevos centros de salud, entre ellos los cuartos de Mérida y Plasencia, el de Cerro Gordo y Suerte de Saavedra-La Pilara, en Badajoz, y los de Fuente del Maestre o Coria. Además, habrá dos Unidades de Agudos de enfermos en salud mental en los hospitales de Mérida y Plasencia, una Unidad del Dolor también en el centro placentino; y una Unidad de Neurocirugía Infantil en Badajoz, donde también habrá otra Unidad Cardíaca en el Infanta Cristina.

Mejuto adelanta que se convocarán este año oposiciones para médicos pero eludió concretar cuántas plazas. «Aún se está negociando con los sindicatos», agrega.

Fuente : hoy.es

SEVILLA - 25.000 SEVILLANOS RECIBEN AYUDAS

25.000 sevillanos reciben ya ayudas de la Ley de Dependencia

Desde que en 2007 el Gobierno central aprobara la Ley de Dependencia, más de 25.000 sevillanos han recibido algún tipo de ayuda. El trabajo llevado a cabo por los asistentes sociales de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social ha permitido hacer de Sevilla una provincia más justa y adaptada.

Fuentes de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social habían registrado a finales de 2009 unas 63.800 solicitudes de las que ya se han realizado unas 49.000 valoraciones. De estas valoraciones, casi 39.000 pertenecen a gran dependencia o dependencia severa. Estos pacientes son los primeros casos a los que la administración está atendiendo, aunque prevén que en 2014 puedan estar todos los grados atendidos.

Los servicios sociales que ofrece la Junta de Andalucía a los ciudadanos son los de teleasistencia, el servicio de ayuda a domicilio, los servicios de centros de día y noche, residencias y la prestación económica al cuidador en el entorno familiar.

Conjuntamente a los recursos que la ley ofrece, el Plan E, aprobado por el Gobierno central para impulsar la economía en tiempo de crisis, dedicará una parte importante al servicio de las personas en situación de dependencia. Según la delegación provincial de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social se construirán nuevos centros y se ampliarán los ya existentes, y de darán cursos de formación a las personas que trabajan con dependientes con el fin de hacer de la Ley de Dependencia una realidad.

La provincia de Sevilla ha recibido de este presupuesto 16,2 millones de euros para dedicarlos a programas sociales. Con una especial atención a las personas mayores, el Plan E va a suponer la incorporación de un total de 1.202 plazas al sistema de atención, de las que 315 plazas serán de nueva construcción, 109 de adecuación y mejora, y otras 778 plazas concertadas.

Estas plazas son las que conforman cinco centros de día y tres residencia de personas mayores; dos residencias para personas con discapacidad física y un centro de día para personas con discapacidad psíquica.

Por último, una parte significativa de estos fondos se va a destinar a la realización de acciones didácticas con un total de 79 cursos de formación previstos en toda la provincia. Además, se llevan a cabo acciones exclusivamente destinadas a los cuidadores de personas dependientes, como el conocido Cuidabús de la Dependencia que ya ha recorrido 24 municipios de la provincia.


Fuente : elcorreoweb.es

CANTABRIA - GOROSTIAGA ESTÁ "ORGULLOSA" APLICACIÓN LEY

Gorostiaga está «orgullosa» de la aplicación de la Ley de Dependencia

La vicepresidenta regional, Dolores Gorostiaga, citó ayer la Ley de Dependencia como la iniciativa de la que siente más «orgullosa» en su gestión al frente de la Consejería de Empleo y Bienestar Social.
En una entrevista en el programa de Punto Radio 'Protagonistas Cantabria'.

Gorostiaga explicó que la comunidad autónoma «ha conseguido que más de 12.000 personas que necesitaban ayuda, la tengan». La previsión para este ejercicio es llegar a los 20.000 beneficiarios.

Aclaró Gorostiaga que la subvención para el cuidador tiene efectos retroactivos desde el momento de la solicitud y siempre que el dependiente tenga ya aprobado el plan individualizado de atención.

Más información en Fuente : eldiariomontanes.es

jueves, 28 de enero de 2010

NAVARRA - 47% DE LOS CUIDADORES, NO COTIZAN A LA S.S.

Un 47% de quienes atienden a dependientes en el hogar no cotiza a la S.Social

No obstante, un 70% de cuidadores cotiza en el régimen especial del hogar, obligatorio para quienes trabajan más de veinte horas a la semana, con lo que el porcentaje de irregularidad descendería hasta un 20% aproximadamente.

El estudio, presentado en conferencia de prensa por la técnica del gabinete de estudios de CCOO Mari Cruz Bona, señala además que un 40% de personas cuidadoras trabaja sin contrato y un 16% ha establecido sólo un acuerdo verbal con el empleador.

Asimismo, subraya CCOO en el documento, un 35% de personas que atienden a dependientes trabaja más de cuarenta horas semanales.

En Navarra hay un total de 16.380 personas empleadas de hogar, de las que 7.158 se dedican a atender a dependientes en domicilios particulares (unas 1.550 en exclusiva y unas 5.600 compaginando esta labor con tareas domésticas).

No se tiene en cuenta en el cálculo otro tipo de empleos relacionados con la atención a la dependencia que se realizan en otros ámbitos como residencias o centros de día.

Las personas cuidadoras son mayoritariamente mujeres, de unos 40 años, con un nivel educativo medio, de nacionalidad española en el caso de quienes se dedican al cuidado de dependientes en exclusiva y extranjeras cuando compaginan con labores domésticas.

En la conferencia de prensa, el secretario de Política Social, Empleo y Formación del sindicato en Navarra, Manuel Rodríguez, ha rechazado también las críticas "gratuitas y faltas de rigor" recibidas por el acuerdo para el desarrollo de la Ley de Dependencia firmado por el Gobierno Foral con UGT, CCOO y CEN.

Rodríguez ha recordado que CCOO fue uno de los "padres" de la ley, por lo que no pretende "paralizarla o debilitarla" y ha subrayado que, precisamente, el objetivo de este acuerdo es mejorar tanto la atención a dependientes en Navarra como las condiciones laborales de los trabajadores del sector.

Con este acuerdo, ha afirmado, "no se va a privatizar nada", ya que, de hecho, el 90% de las residencias, centros de día o de atención a dependientes y la atención domiciliaria ya están privatizados.

Además, ha dicho, se trata de un sector "tremendamente precarizado" y, ante esta realidad, se puede "esconder la cabeza, como el avestruz" o "dar la cara" para intentar mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores.

El sindicalista ha aseverado que la actual falta de control de las ayudas económicas que se dan en Navarra para la atención a la dependencia son "el 'humus' donde crece la economía sumergida", por lo que se trabajará para que exista una mayor vigilancia y seguimiento de estas subvenciones.

La Ley de Dependencia, ha comentado, tuvo un "parto difícil" y ahora es necesario "mimarla un poquito" mediante medidas como el control de la contratación irregular, el fomento de la formación de los trabajadores del sector y la vigilancia del cumplimiento de las condiciones de concertación con centros privados.

Fuente : abc.es

MURCIA - PSOE INVITA A RECLAMAR VIA JUDICIAL

PSOE invita a personas no reciben ayudas Dependencia a reclamar vía judicial

En una rueda de prensa, Hernández ha denunciado que la Comunidad Autónoma "está impidiendo que los murcianos y murcianas puedan acceder a prestaciones o servicios de la Ley de Dependencia para atender sus necesidades, para poder realizar una vida lo más normalizada posible, tanto ellos como sus familias".

"Los murcianos también tenemos derecho a cobrar las prestaciones y poder ir a residencias con cargo a los presupuestos públicos", ha dicho la diputada socialista quien a su juicio, el Gobierno regional "miente continuamente sobre el número de solicitudes y sobre los recursos que destina a la Dependencia".

Para Hernández, la gestión de la Ley de Dependencia en la Región "es oscura y va contra todos los principios de la Administración Pública de transparencia, celeridad y capacidad de defensa de los ciudadanos".

Lola Hernández ha explicado que el Ministerio de Sanidad y Política Social ha promovido un Acuerdo en el Consejo Territorial de la Dependencia por el que se establece un máximo de 6 meses entre la fecha en que se solicite una prestación y el reconocimiento del derecho a percibirla.

En la Región de Murcia es obligatorio el plazo de seis meses, porque la Comunidad no tiene reglamentado nada, ni procedimiento, ni co-pago, ni incompatibilidades, a pesar de que el consejero Bascuñana se comprometió a tener el desarrollo normativo en septiembre u octubre de 2009.

Al no tener desarrollo normativo, ha dicho Hernández, se aplica la norma que regula todos los procedimientos en la Administración, La Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, lo que supone tres meses para la resolución, valoración y grado, y tres meses para la resolución de las prestaciones o servicios.

La diputada socialista ha informado de que en la Región las personas valoradas con derecho a prestación son más de 30.000 a fecha 15 de enero -según datos del IMAS-, y sólo hay 14.873 prestaciones.

Ha destacado que Murcia es "una de las Regiones peor valoradas por el Observatorio de la Dependencia", que ha encontrado desequilibrios entre servicios y prestaciones económicas y "malas prácticas" en la gestión, la tramitación se dilata más de un año y echan las culpas a los ayuntamientos.

Hernández ha recordado que el Gobierno de España ha entregado en 2009 a Murcia un total de 30 millones de euros para este fin.

Fuente : abc.es

miércoles, 27 de enero de 2010

LA LIDERESA NIEGA PLAZAS PÚBLICAS Y EMPLEO A LOS PARADOS

La lideresa niega a los dependientes plazas públicas en las residencias y a los parados empleo estable

¿Crea Esperanza Aguirre puestos de trabajo privatizando la Ley de Dependencia?

La ecuación ‘enfermedad más remedio igual a cura’ no siempre se cumple.
De hecho, los hay que con estos mismos ingredientes fabrican varias enfermedades y agotan la medicación.

Es el caso de la Comunidad de Madrid. Enfermedad uno: un paro que se incrementa cinco puntos por encima de la media nacional, con especial incidencia en los jóvenes hacen de la provincia la campeona nacional del desempleo. Enfermedad dos: una larga lista de dependientes esperando recibir la prestación correspondiente.

Remedio: utilización de los fondos públicos, en gran medida aportados por el Estado, para crear obra y empleo público, incluida una red de asistencia social a los dependientes. Pues bien, la receta prescrita por Esperanza Aguirre no entiende de lógica. La lideresa -también- ha manipulado torticeramente la Ley de Dependencia introduciéndole un sesgo privatizador.

En Madrid, los dependientes recibirán un ‘cheque residencia’ y podrán elegir a qué institución privada acudir –estas sólo tienen un 20% de ocupación-. Resultado: los parados siguen parados, los dependientes se conforman con un ‘paño de agua’, y el dinero para la dependencia se agota… aunque descansará en los bolsillos de algunos empresarios.

Si ayer salió a la luz que la Comunidad privatizará hasta el sistema de citación médica, hoy El País da cuenta de que el Ejecutivo ha perfeccionado su plan para hacer lo mismo con la Dependencia. Aguirre ya apuntó maneras el pasado 14 de enero, cuando abogó por contratar agentes privados para asignar las ayudas.

Los parados sin trabajo...
Ahora la Comunidad ha dado una nueva vuelta de tuerca y ha decidido manipular la Ley aprobada en 2006, que apuesta por la creación de un sistema público de atención y reserva las ayudas económicas directas “únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado”, según se recoge en el artículo 17. ¿Es el caso de Madrid? Es difícil pensar que con 451.929 parados no haya personal capacitado o en vías de estarlo para prestar estos servicios, como es difícil pensar que no hay voluntad gubernamental para implementar una solución eficaz en este sentido. Pero también es cierto que en esta región lo público es una especie en vías de extinción.

...y los dependientes sin plaza
Así las cosas, las personas dependientes de esta autonomía tendrán que conformarse con un cheque social -una tarjeta en la que se cargarán las ayudas- que oscilará entre 400 y, como mucho, 831 euros, una cifra que no cubre el coste total de una plaza de residencia, y menos si ésta es privada: según la Asociación Madrileña de Residencias de la Tercerea Edad, aquellas rondan los 2.700 euros. Los beneficiarios de la ayuda deberán, por tanto, sufragar de su bolsillo el resto. Aviso para navegantes: la consejera de Familia y Asuntos Sociales ha adelantado que “en otoño se implantará también ese sistema para las personas que quieran ir a centros de día o recibir atención domiciliaria”.

Privatizando la Ley
Por su parte, el director general de Dependencia de Madrid, Miguel Ángel García, ha destacado que el cheque social permitirá que los beneficiarios “puedan ir a la residencia que deseen y que esté autorizada por la Comunidad de Madrid”. “Este sistema da mayor libertad y capacidad de elección al usuario, que incluso puede cambiar de centro si lo desea”, ha concretado. Pero hay un beneficio adicional en el método elegido: que “dará estabilidad al sector de las residencias privadas y permitirá el sostenimiento de las que están abiertas. Así las cosas, no es de extrañar que las residencias privadas hayan aplaudido con las orejas el anuncio: estas venían pidiendo el ‘flexicheque’ desde 2006. El 20% de las plazas privadas están sin ocupar.

Las empresas se frotan las manos
Desde las residencias privadas se ha apuntado que la medida “fomentará una competencia sana entre los operadores”, sin embargo, esta valoración en términos de competencia ya resulta preocupante. “El sistema del cheque abre la brecha de la dualidad. Quien tenga dinero puede utilizar la ayuda para elegir, y quien no lo tenga seguirá sin poder pagarla” denuncia, por otro lado, la presidenta del Consejo General del Trabajo Social. “Eso beneficiará a las empresas, que incluso podrán elegir a sus clientes, y no a los ciudadanos medios. Sería más justo concertar plazas” corrobora Gustavo García, de la Asociación de Directores y Gerentes de Centros Sociales. En Madrid solo reciben la ayuda 26.287 personas, aunque 54.515 tienen el derecho a la prestación concedido y 66.170 personas la han solicitado.

Fuente : elplural.com

MADRID - AGUIRRE EXTIENDE SU MODELO PRIVATIZADOR

Aguirre extiende su modelo privatizador a la dependencia

La Comunidad opta por dar 'cheques residencia' en vez de construir más plazas públicas


Ahí tiene el dinero, vaya donde quiera. Con ese objetivo, el Gobierno regional va a poner en marcha esta primavera un cheque social para que las personas dependientes "puedan ir a la residencia que deseen y que esté autorizada por la Comunidad de Madrid", detalla el director general de Dependencia, Miguel Ángel García.

Pero esa libertad estará limitada por el bolsillo: el cheque, de 831 euros al mes como máximo, no cubre el coste total de la plaza. Y todo indica que será sobre todo privada (su precio ronda los 2.700 euros al mes, según la Asociación Madrileña de Residencias de la Tercera Edad).

El beneficiario deberá aportar el resto: la Ley de Dependencia, en cuyo cumplimiento se establece esta medida, fija el copago del usuario. El sistema de otorgar una prestación vinculada a un servicio evita a la Administración regional construir plazas públicas. Además, prefiere concertarlas con el sector privado, admite García.

La ayuda mensual, 831 euros como máximo, se cargará en una tarjeta.
La puesta en marcha del cheque residencial (una tarjeta en la que se cargará la cuantía concedida al beneficiario en función de su nivel de dependencia y de su renta), anunciada por la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, en Abc el pasado lunes, será el primer paso. Habrá otros.

"En otoño se implantará también ese sistema para las personas que quieran ir a centros de día o recibir atención domiciliaria", anuncia el director general. Con estas medidas se busca desatascar la puesta en marcha de la Ley de Dependencia -Madrid es una de las regiones más retrasadas-. Y se hace recurriendo al mercado.

La medida va en línea con la doctrina liberal del Gobierno de Esperanza Aguirre y con su Ley de Servicios Sociales, que prevé este tipo de prestaciones económicas directas.

Sin embargo, la Ley de Dependencia, aprobada por las Cortes en 2006, contempla ese tipo de ayudas "únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado" (artículo 17). Al apostar por ella, el Ejecutivo madrileño aparca la posibilidad de potenciar los servicios públicos de cuidado a dependientes.

"No hay compromiso de crear plazas públicas ni de sufragar el coste total", critica Ana Lima, presidenta del Consejo General de Trabajo Social (agrupa a los colegios de diplomados sociales). "El sistema del cheque abre la brecha de la dualidad social. Quien tenga dinero puede utilizar la ayuda para elegir una residencia mejor, y quien no lo tenga seguirá sin poder pagarla", añade. "Eso beneficiará a las empresas, que incluso podrán elegir a sus clientes, y no a los ciudadanos medios. Sería más justo concertar plazas", plantea Gustavo García, de la Asociación de Directores y Gerentes de Centros Sociales.

En cambio, para el director general de Dependencia, las ventajas son evidentes: "Este sistema da mayor libertad y capacidad de elección al usuario, que incluso puede cambiar de centro si lo desea. Además, se permite elegir si se quiere la prestación o si, por ejemplo, se prefiere una plaza en residencia concertada
[cofinanciadas entre la Administración y los usuarios]
". Este responsable ve más beneficios en el cheque: "Dará estabilidad al sector de las residencias privadas y permitirá el sostenimiento de las que están abiertas". Asegura que la cuantía de la ayuda oscilará entre los 400 y los 831 euros mensuales. Añade que se vigilará para evitar que la medida provoque una eventual subida de precios.

El anuncio ha caído como agua de mayo en el sector de la atención residencial privada. La Asociación Madrileña de Residencias de Tercera Edad y Centros de Día (AMRTE) venía demandando este "flexicheque" (así lo llaman) desde que se aprobó la Ley de Dependencia. Lo asegura, por correo electrónico, su presidente, José Luis Palacios: "Nos parece una buena iniciativa, porque da capacidad de elección al dependiente, que es quien va a recibir el servicio".

El representante de las residencias ve más ventajas en el cheque social: "Fomentará una competencia sana entre los operadores del sector" y servirá para "agilizar el acceso de los dependientes a la atención residencial". También podría empujar a nuevos clientes. El 20% de las plazas privadas están vacías. Entre las concertadas, el 15%, según AMRTE. Estos huecos se deben a la crisis, a las expectativas ante las ayudas previstas y al incremento de residencias en los últimos años, dice Palacios. La Administración regional sostiene 21.711 plazas en residencias de mayores públicas y concertadas.

Por la vía del cheque, la Comunidad busca dejar de ser el farolillo rojo a escala nacional en la aplicación de la Ley de Dependencia. Ahora, sólo 178 de las 26.287 personas que reciben alguna prestación cobran una ayuda económica vinculada al servicio (para lo que está previsto el cheque). Además, otras 28.228 tienen reconocida ayuda, pero aún no la reciben.

Fuente : elpais.com

martes, 26 de enero de 2010

C.VALENCIANA - DOS AÑOS DE ESPERA Y 13.000, HAN FALLECIDO

Dependientes esperan dos años para ser evaluados y 13.000 han muerto

Ninet ha criticado, en un comunicado, que la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, afirma ayer, tras la reunión del el Consejo Territorial de Dependencia, que la Comunitat Valenciana tiene fijado un plazo máximo de seis meses para dictaminar las prestaciones de dependencia desde hace tiempo.

Ha negado que la Generalitat "evalúe en seis meses a los dependientes", ya que, según ha dicho, hay personas que esperan "hasta dos años" para lograr esa evaluación, y ha acusado a Such de perder el tiempo "fabricando mentiras", mientras "hay muchos dependientes que esperan la ayuda para poder vivir con dignidad".

"Es lamentable que el ejecutivo de Camps se vanaglorie de la aplicación de una ley que en la Comunitat Valenciana no existe", ha criticado la portavoz adjunta del PSPV, quien ha destacado que en esta autonomía "13.000 personas han muerto sin que se les hayan reconocido sus derechos".

Asimismo, ha señalado que "otros 70.000 no han solicitado la ayuda porque no saben que tienen derecho a ella y 30.000 esperan que se les reconozca su dependencia para poder recibirla", mientras que "35.000 personas tendrían que estar recibiendo una ayuda porque ya se les ha reconocido la dependencia, pero no la perciben".

En este sentido, Ninet ha asegurado que el próximo Gobierno socialista de la Generalitat "resolverá en un plazo máximo de 30 días las solicitudes de dependencia, aunque para ello tenga que poner a trabajar hasta al último funcionario".

Además, la responsable socialista ha afirmado que una aplicación real de la Ley de Dependencia, "como la que pondrán en marcha los socialistas cuando gobiernen la Generalitat, generaría entre 30.000 y 40.000 empleos".

Fuente : abc.es

COCEMFE PIDE REVISIÓN DE LA LEY

COCEMFE pide al Ministerio de Sanidad una revisión "exhaustiva" de la Ley de Autonomía Personal

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) pidió hoy al Ministerio de Sanidad y Política Social una revisión "exhaustiva" de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia "para que se desarrollen los servicios destinados a la primera parte de la Ley, la autonomía personal".

Además, COCEMFE aprobó el establecimiento de un plazo máximo de seis meses entre la fecha de entrada de la solicitud y el reconocimiento del derecho a una prestación, acordado ayer por el Gobierno y las Comunidades Autónomas en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

No obstante, el presidente de COCEMFE, Mario García, considera "primordial" realizar profundos cambios en la normativa y en el desarrollo de la ley, pues, a su juicio, "debería comprender servicios de prevención de las situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal y no se ha desarrollado nada, tan solo teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche, y atención residencial".

"Hay que superar este modelo asistencialista para poder prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades o discapacidades y sus secuelas", señaló García, y añadió que "para ello es imprescindible mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones, local, autonómica y central".

En este sentido COCEMFE pide que se evalúen los resultados, tal y como estipula la propia ley al pasar tres años, y se realicen las modificaciones necesarias para la óptima implantación de este sistema "en el que el sector de la discapacidad había puesto muchas esperanzas y está comprobando que no cumple con sus expectativas y necesidades".

La confederación también reclamó a los consejeros de Política Social que ayer acudieron al Consejo Territorial "que en sus respectivas comunidades autónomas cambien de inmediato la tendencia de recortar subvenciones a programas específicos para personas con discapacidad".

Para COCEMFE el problema radica en que "muchas comunidades autónomas donde se concedían ayudas y subvenciones para las organizaciones de la discapacidad están recortando dichas ayudas amparándose en que no son situaciones de dependencia

Fuente : europapress.es

LAS AUTONOMÍAS SE COMPROMETEN A RESOLVER EN SEIS MESES

Las autonomías se comprometen a resolver en 6 meses las solicitudes de la dependencia

Las comunidades autónomas adquirieron ayer en Madrid el compromiso oficial de reducir el tiempo de espera en la resolución de las solicitudes de ayudas y prestaciones de la ley de Dependencia a un máximo de seis meses.

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, reconoció que en la actualidad las regiones tardan en valorar los expedientes entre 12 y 18 meses. En Asturias, y según la Consejería de Bienestar Social, el tiempo de espera es de unos 10 meses, y en las alas, donde el número de solicitudes es inferior, está incluso por debajo de los seis meses que el Consejo Territorial de Dependencia se ha propuesto como objetivo. La reducción de los tiempos de resolución de las solicitudes de la dependencia será aun mayor en el caso de los menores de 3 años, para los que se rebaja a un mes.

Trinidad Jiménez destacó el «gran valor político» de este acuerdo y «el firme compromiso político» para que quienes sufren esas demoras sean incorporados al sistema nacional de dependencia cuanto antes.

El compromiso, de todos modos, no se refiere en absoluto al tiempo que transcurre desde que es reconocido el derecho por la Administración hasta que el solicitante percibe efectivamente la prestación.

Según la ministra de Sanidad y Política Social, a 1 de enero de 2010 había en España 743.596 ciudadanos con derecho a percibir las ayudas por dependencia, de las que 258.070 aún continúan esperándola. Hay unas 280.000 personas que reciben una prestación económica para el cuidado familiar, lo que supone casi el 50 por ciento de las prestaciones del sistema.

La consejera de Bienestar Social del Principado, Noemí Martín, planteó la conveniencia de que la aportación del Ministerio para la ley de Dependencia se calcule atendiendo al tipo de prestación que recibe cada beneficiario, no por el grado y nivel de dependencia. La aportación del Estado este año será de 70 a 266 euros por beneficiario, en función de su grado y nivel de dependencia, según Martín. Sin embargo, la Consejera afirma que el coste de cualquier servicio es muy superior. En opinión de la consejera asturiana, los incrementos en la aportación del Estado a la dependencia son «anecdóticos».

Actualmente, según la Consejería, en Asturias hay 10.725 beneficiarios de la ley de Dependencia con prestación reconocida, 5.348 reciben una prestación económica para cuidados familiares; 2.800, atención residencial; 1.033 disfrutan de ayuda a domicilio; 982 cuentan con una prestación vinculada a servicio; 883 son atendidos en un centro de día y 164 disponen de servicio de teleasistencia. En total, en el Principado se ofrecen 11.210 prestaciones y servicios.

Fuente : lne.es

MADRID - "BURLA" LA LEY Y AHORA PRETENDER PRIVATIZAR

Madrid 'burla' la Ley de Dependencia y ahora también pretende privatizar su aplicación

Es lo que denuncian los sindicatos a propósito del último invento del Gobierno de Esperanza Aguirre: la tarjeta-monedero.

Está por ver si esta Comunidad, una de las que más incumplen la ley, aplica el acuerdo al que ha llegado el Consejo Territorial de Dependencia.

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha anunciado tras la reunión del Consejo Territorial de Dependencia, el acuerdo alcanzado entre su departamento y todas las comunidades autónomas, por el que se comprometen a dictaminar las prestaciones de dependencia en un plazo máximo de seis meses --que será de treinta días en el caso de niños menores de 3 años-- entre la fecha de entrada de la solicitud y el reconocimiento de este derecho.

Asimismo, en el encuentro de consejeros autonómicos se ha acordado la realización de un seguimiento anual de las condiciones en las que vive el beneficiario y de la capacitación de sus cuidadores "para garantizar la calidad de las prestaciones recibidas". El nivel mínimo de protección garantizado por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se ha incrementado en un 1 por ciento.

Coincidiendo con esta reunión, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de servicios sociales ha hecho público un estudio en el que se revela que más de 250.000 españoles en situación de dependencia son "víctimas de una contención de expedientes" que les impide recibir la ayuda o prestación a la que tienen derecho.

Es decir, estas 250.000 personas se encuentran en el llamado "limbo de la dependencia", el tiempo que pasa desde que se les reconoce una prestación o servicio y finalmente se les concede, una espera que a juicio de los expertos es "excesiva, abusiva y sin explicación posible" y que va desde los 12 hasta los 18 meses.

No obstante, el "incumplimiento" no está generalizado en todas las comunidades autónomas. El informe destaca que mientras uno de cada tres dependientes atendidos en España vive en Andalucía, otras de las comunidades con más población, Madrid, "está ofreciendo una cobertura más allá del ridículo" y forma parte del "club de los desesperantes" con Canarias, Murcia y Comunidad Valenciana.

El responsable del estudio, José Manuel Ramírez, ha llegado a decir que "es muy difícil hacer entender a los madrileños hasta qué punto les está perjudicando la falta de voluntad política del Gobierno de Esperanza Aguirre para aplicar la Ley de Dependencia", pese a que los datos revelan que "sólo un 0,4% de la población está siendo atendida cuando la media nacional está en el 1,04%".

Y añade que "el área roja de personas con derecho reconocido y a la espera es elevadísimo y existe un claro falseamiento de los datos migrados al Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD) por la imposibilidad de dictaminar en el momento de presentación de la solicitud". El estudio tilda esta situación de "indefendible" y "deleznable" y exige medidas a todos los poderes del Estado.

LOS 'ATAJOS' DE ESPERANZA AGUIRRE
Precisamente, este lunes, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid ha anunciado que los dependientes madrileños podrán elegir antes de verano la residencia concertada que deseen gracias a un cheque o tarjeta monedero cargada con dinero procedente de la administración autonómica.

El dependiente recibirá en su tarjeta el dinero que le corresponda en función de su grado de Dependencia con el fin de poder afrontar los costes de la residencias concertada que elija. En el caso de que desee un centro que cueste más de la asignación de la tarjeta, será el propio dependiente el que ponga la diferencia.

Pero la medida tampoco ha sido bien recibida por los sindicatos. CC.OO. la ha calificado de "manipuladora" ya que, en su opinión, lo que se está diciendo al colectivo es que no les van a proporcionar una plaza en una residencia, sino que "les van a dar un cheque y que se busquen la vida, y si les falta dinero que lo pongan de su bolsillo".

El sindicato ha señalado que la prestación vinculada o 'cheque-servicio' está considerada una excepción en la Ley de Dependencia, aplicable sólo para aquellos casos concretos en los que la Administración no pueda proporcionar un determinado servicio.

CCOO recuerda que la Ley prioriza claramente los servicios sobre las prestaciones económicas, instando a la Consejería de Servicios Sociales a aplicar la Ley y no "burlarla": "No han dejado de burlar la Ley, bien a través del silencio administrativo, que ya rechazó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), bien a través del establecimiento de dos procedimientos, uno para valorar y otro para establecer la prestación, que demora la ejecución de la prestación o bien provocando cortinas de humo que lo que ocultan es la desastrosa situación en la gestión de la Ley en la Comunidad de Madrid".

Según los últimos datos disponibles, elaborados por CC.OO., Madrid sigue siendo la última de la lista en la implantación de la Ley de Dependencia. Con un 0,69 por ciento, apenas llega a un tercio de la media nacional y es cuatro veces menor que en comunidades como la andaluza, situada en un 3,75 por ciento. En cuanto a la lista de espera, Madrid también tiene datos peores que la media nacional. Frente a un 38 por ciento de media, en Madrid cerca del 50 por ciento de los dependientes que ya tienen reconocido el derecho no han recibido la prestación.

UGT-Madrid coincide en el rechazo al anuncio de la Comunidad por estimar que "fomenta el despilfarro y discrimina a las personas según la renta". El sindicato califica de "populista" la medida anunciada por la Consejería: "Esta solución, improvisada y capciosa, contribuye al despilfarro de recursos públicos, fomenta la desigualdad entre los ciudadanos con menores ingresos y discrimina, por tanto, de acuerdo al nivel de renta.

Sólo aquellas personas dependientes que puedan costear el precio de la residencia concertada, que se ve reforzada frente a la pública, serán beneficiarios de este derecho".

Según UGT, la iniciativa de habilitar una 'tarjeta monedero' parte de la idea de la cofinanciación entre el usuario y la Administración, que en este caso delega la prestación del servicio a una empresa, "que verá cómo aumenta notablemente su cuenta de resultados".

"Aquellas personas que no puedan pagar la diferencia entre el coste de la residencia y la cantidad adelantada por la Administración se verán privados del disfrute de este derecho", indica y exige que el Gobierno regional frene con carácter inmediato "la privatización encubierta" del sistema de dependencia y diseñe la estructura del programa de inversiones "para cumplir la legislación algo para lo que, a su juicio, "es necesario que se aumenten el número de infraestructuras y plazas públicas".

"El anuncio de hoy no es sino una traba más para dilatar en el tiempo el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno regional con las personas dependientes que residen en la Comunidad de Madrid, condenándolas a seguir padeciendo los desafueros de una acción política que se desentiende de ellas, personas que son las más frágiles de la población de Madrid", señala UGT y, por último, asegura que la 'tarjeta monedero' no mejora la situación y, frente ello, "debe acelerarse el proceso de resolución de solicitudes, invertir en infraestructuras públicas y formar al personal encargado de la atención a los dependientes". "El resto no son sino cortinas de humo para hacer pagar a los dependientes el disfrute de su legítimo derecho".

Por su parte, los ayuntamientos socialistas de la región presentarán esta semana una propuesta formal a la Comunidad de Madrid para que sean los consistorios los que baremen a las personas susceptibles de recibir prestaciones en virtud de la Ley de Dependencia para agilizar la tramitación de ayudas, a pesar de que es una competencia del Ejecutivo regional.

El anuncio lo ha hecho el secretario general del PSM, Tomás Gómez, que ha explicado que esta oferta se produce "ante a la inacción del Gobierno autonómico" y su "fracaso estrepitoso y falta de acción política en una materia sensible, prioritaria y que afecta a miles de personas en la Comunidad".

Según los datos que manejan los socialistas madrileños, en Madrid "hay 200.000 personas dependientes, de las cuales escasamente 16.000 tienen concedidos sus derechos y no todos ellos están percibiendo" las ayudas. "Algunos de ellos no llegan a percibir nunca los servicios y prestaciones a pesar de tenerlos concedidos", por lo que "los ayuntamientos socialistas dan un paso adelante y dicen: señora presidenta de la Comunidad de Madrid, como usted es incapaz, nos ofrecemos para hacer lo que usted no sabe, no puede o no quiere hacer".

Fuente : nuevatribuna.es

lunes, 25 de enero de 2010

LA LEY: ESTANCADA EN PROMESAS Y PAPELEOS

Nueve años para hacer efectivo el derecho a la prestación de dependencia puede ser una eternidad para muchos ciudadanos.

Y es que hasta 2015 no será una realidad y una obligación para las Administraciones Públicas.


Hasta entonces, el balance de la aplicación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia es discreto y desigual entre las comunidades autónomas, que hoy se darán una nueva oportunidad para enderezar el rumbo dentro del Consejo Territorial sobre Dependencia.

Los consejeros autonómicos de Política Social y la ministra del ramo, Trinidad Jiménez, intentarán llegar en primer lugar a un acuerdo sobre la calidad de las prestaciones económicas de ayudas familiares. El objetivo es que las ayudas cubran las necesidades del dependiente y no se queden "en un quiero pero no puedo" como sucede en la actualidad.


Además, el Ministerio de Sanidad y Política Social presentará dos decretos para repartir las prestaciones económicas que apenas suponen una mejoría.
Uno fijará las cuantías máximas de las prestaciones económicas, que serán las mismas cantidades del año pasado, más la subida del IPC (0,3 por ciento).
El otro borrador recogerá el dinero que da el Estado por persona dependiente atendida, que oscilará entre un mínimo de 70 euros y un máximo de 273 euros, según el nivel de dependencia, al que se suma el IPREM (1 por ciento) o índice de referencia para acceder a ayudas y subvenciones.

El reparto, gran escollo
El gran escollo sigue siendo el reparto de los fondos de la dependencia, porque muchas comunidades autónomas, como Madrid o Asturias, reclaman que se prime el coste de los recursos invertidos en cada dependiente, en lugar de repartir el dinero atendiendo al número de beneficiarios reconocidos, como sucede hasta ahora. Y es que no es lo mismo dar ayudas para cuidados familiares que costear los gastos de una residencia.

Los datos de Sanidad reflejan muy bien la deriva del sistema de dependencia. A fecha de 1 de enero, hay 485.526 beneficiarios de alguna prestación de dependencia, pero se han registrado 1,1 millones de solicitudes. Es decir, más de la mitad están en lista de espera y casi 300.000 dependientes no perciben la prestación que la ley les ha reconocido, según los datos del Ministerio de Sanidad.

Diferencias autonómicas
Las diferencias en la aplicación de la ley son más que notables entre regiones. Andalucía, por ejemplo, acumula el 30% de las solicitudes, mientras que la Comunidad de Madrid sólo alcanza el 4,47% del total, por subrayar los dos extremos. Lo que sigue siendo una incógnita es qué financia y recibe del Estado cada Administración autonómica.

El Ministerio de Sanidad y Política Social no facilita los datos del reparto por región, por lo que hay que recurrir a los Presupuestos y a fuentes no oficiales. Y lo cierto es que faltan recursos para poner en marcha esta prestación, tanto por parte del Gobierno como de las comunidades autónomas, que deben aportar cada año al menos una cantidad igual a la del Estado.

En total, el Gobierno destinó el año pasado 1.657,8 millones de euros para dependencia (1.374,6 en el nivel mínimo de protección garantizado para cada uno de los beneficiarios, según el grado y nivel de su dependencia, y 283 millones para el nivel acordado, que se negocia con las comunidades).

La partida de 1.581 millones de euros consignada en los Presupuestos de 2010 para el nivel mínimo supone un aumento del 15% que, sin embargo, no dará para mucho. Porque, si se divide esta cantidad por los 743.596 beneficiarios a los que se ha reconocido el derecho, tan sólo suponen 177,1 euros al mes. Y hay que recordar que el coste medio mensual de una plaza en una residencia es de 1.800 euros, según la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia.

Por este motivo, el derecho se ha convertido en una ley de subvenciones, ya que la mitad de las prestaciones concedidas son para cuidados familiares (280.013), mucho más baratas que sufragar el coste de una residencia o apostar por la figura del cuidador profesional.

No se crea empleo
Además, este tipo de prestaciones, que deberían ser "excepcionales" según la propia ley, tampoco están sirviendo para crear empleo. Sólo están dados de alta en el convenio especial de la Seguridad Social el 36,5 por ciento de los cuidadores informales. Y tampoco están tirando de los cuidados profesionales, ya que la atención residencial tan sólo supone el 17,7 por ciento del total y las ayudas a domicilio, el 10,6 por ciento.

La aportación de cada región por habitante y año es, además, muy dispar. De hecho, algunas comunidades autónomas, como Canarias, se estarían beneficiando de los fondos del Estado sin asumir ningún compromiso, según un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en España.

Su presidente, José Manuel Ramírez, explica a elEconomista que el problema de la financiación es que "hay que cambiar la distribución de los fondos, que no puede ser territorial, ni tampoco en función de los dictámenes de dependencia aprobados, sino según las personas dependientes que reciben las prestaciones o servicios".

Incumplimientos del trato
Esta asociación ha hecho el esfuerzo de analizar la gestión de las comunidades autónomas y evaluar el coste real de los servicios y prestaciones ofrecidas a las personas dependientes. Según estas cifras, la factura global de servicios y prestaciones de dependencia asciende a 3.956 millones de euros, de los que el Estado y los usuarios estarían abonando el 61,8%, mientras que las comunidades autónomas asumirían el resto.

Pero no todas las regiones estarían cumpliendo su parte del contrato. En el caso canario, el Estado correría con el 90,3% de la factura, mientras que sólo con el 33,9% en Castilla y León. Incluso algunas autonomías estarían reteniendo fondos porque la financiación se entrega según los dictámenes de valoración realizados y no por los servicios prestados. En Canarias, por ejemplo, hay 14.024 personas con derecho a prestación y sólo 5.012 están atendidas, pero esta región recibe fondos por el total de los beneficiarios reconocidos, denuncia José Manuel Ramírez.

El mayor esfuerzo autonómico en dependencia correspondería a La Rioja o Cantabria, donde sus gobiernos superan los 70 euros por habitante, mientras que la Comunidad de Madrid sólo alcanza los 20 euros, la Comunidad Valenciana (19 euros), Murcia (5), Islas Baleares (4) y en Canarias se daría la paradójica situación de que no sólo no aporta, sino que ingresa dos euros en 2009 por el exceso de financiación estatal, según esta asociación.

Fuente : eleconomista.es

domingo, 24 de enero de 2010

REPORTAJE - LA VIDA DE CUATRO FAMILIAS, DOS AÑOS DESPUÉS

Información.es » El Dominical
Reportaje. Pocos avances en una ley ralentizada

UN CAMINO DE OBSTÁCULOS

Cuatro ciudadanos que solicitaron sus derechos con la Ley de Dependencia abrieron su casa a este diario hace dos años. Hoy, Mercedes está peor, Rosa ha perdido a su marido, Jesús reclama los atrasos y Victoria sobrevive. El desaliento prevalece.

La vida de cuatro familias con personas dependientes, dos años después

Frustración, papeleo, trabas, quejas, supervivencia, vacío, lentitud y cansancio, mucho cansancio. Son palabras que pronuncian cuatro familias de la provincia que corrieron a solicitar las ayudas de la Ley de Dependencia poco después de abrirse el plazo.

Entre los meses de mayo y junio de 2007 presentaron sus peticiones a la Generalitat y al finalizar el año contaron su situación a este diario. Si en medio año les dio tiempo a pasar de la euforia a la desilusión por la lentitud del proceso, aún en mantillas, dos años y medio más tarde reina la decepción, incluso entre dos familias que ya reciben una prestación económica, mientras las otras dos se sienten engañadas de principio a fin.

"Seguimos igual. Bueno, igual, no. Mi madre peor, yo más cansada, bastante más cabreada, y convencida de que están esperando que se muera. Es muy triste pensarlo pero esta sensación deberían sentirla los responsables de la Conselleria de Bienestar Social porque es de burla. Si no hay ley, no hay ley, pero si hay no es justo que nos agoten de esta forma".

Así de duro es el mensaje de Mercedes Navarro, vecina de Novelda de 56 años, que ha estado cuidando a sus padres más de una década. Cuando habló con este diario en diciembre de 2007 su padre acababa de fallecer, unos meses después de solicitar su valoración como gran dependiente, mientras que su madre -víctima de varios infartos cerebrales y dependiente absoluta de 84 años- continúa sin recibir la prestación a la que tiene derecho, a pesar de que ya tiene reconocida su condición.

"La chica que vino a valorarla ni pasó de la puerta. Nada más verla dijo 'grado III, nivel 2' (lo máximo). En marzo del año pasado recibí una carta diciéndome lo que correspondía por ayuda de cuidador familiar y aún estamos así. En esto, nada ha ido deprisa. Me he quejado, me he manifestado. No me creo nada", explica Mercedes, que hace años que dejó su trabajo y su casa para vivir en la de sus padres.

Desde diciembre de 2007, poco ha cambiado en el escenario donde viven madre e hija. La anciana sigue encamada, a las 6 de la mañana su hija la mueve para que su cuerpo no se llague, luego le da el desayuno con una jeringuilla y a mediodía las auxiliares de la Asociación de Alzheimer de Novelda -que acuden una hora al día y que paga Mercedes- la levantan y la asean, y a veces ella les dedica una sonrisa; las demás son para su hija, que nunca ha querido ingresarla en una residencia: "Prefiero renunciar a la ayuda que renunciar a mi madre", indica ella, que censura a quienes piensan que las familias de dependientes recurren a la prestación económica por la crisis en lugar de solicitar residencias. "Si en once años nadie se ha preocupado de mi madre, por qué se preocupan ahora", se pregunta.

Sin embargo, los años van pasando, y pesando, incluso para ella, que sólo busca un poco de ayuda en el cuidado de su madre, "por si tengo que salir a comprar o hacer algo, aunque más de una hora no la dejo sola". Mercedes reconoce que el problema de ser cuidador es "qué haces luego. Yo dejé de trabajar y no se cómo voy a remontar ni qué haré cuando mi madre no esté porque estoy muy cansada y no me veo con fuerzas para trabajar".

Rosa Blasco, de 67 años y vecina de Novelda, vivió durante tres años dedicada en exclusiva a su marido, paralizado por un infarto cerebral. En 2007 ya era dependiente absoluto y con el tiempo su estado fue empeorando, "llevaba oxígeno, tenía un aspirador, una máquina para alimentarle... Esto era un hospital".
Rosa esperaba que la ley le ayudara a contar con una persona un tiempo determinado para descansar un poco de una asistencia que la reclamaba las 24 horas del día. Presentó su solicitud en mayo de 2007 y su marido murió un año después sin ninguna resolución.

"Vinieron a valorarle pero encima le pusieron un grado menos, y luego falleció", apunta Rosa, a la que le cuesta mucho hablar de este episodio y lo hace por si con su denuncia ayuda a otras personas, tras añadir que "yo pedía una ayuda que estaba en la ley, no pedía una limosna y me siento totalmente engañada. Toda la asistencia de mi marido la pagué yo y cuando necesitaba la ayuda era entonces. Creo que teníamos derecho y no hubo una respuesta a tiempo".

Ella pensó en reclamar "por los atrasos, si esto estaba en la ley, pero luego ya no tuve fuerzas. Me ha costado mucho salir de este pozo porque psicológicamente es muy duro lo que pasas, te quedas muy mal, y la única ayuda que tienes es la de la familia".

Rosa agradece la atención que recibió de los servicios sociales municipales de Novelda, pero confía en que las personas que ahora están como estuvo ella "no tengan que desesperarse y se agilicen los trámites por parte de la Generalitat o, de lo contrario, vamos a creer que lo que esperan es que los dependientes fallezcan uno a uno antes de darles solución".

Según los últimos datos de las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, alrededor de un millar de solicitudes presentadas en 2007 aún están pendientes de resolución en la Comunidad Valenciana, por lo que el colectivo reclamó a Bienestar Social un compromiso para resolverlas de forma prioritaria, sin respuesta hasta la fecha. El otro dato apuntado por la Plataforma es que 13.000 personas han fallecido durante la espera.

El caso de Victoria Sánchez, separada de 52 años, y su hija Inés -de 24, que sufre las secuelas de una meningitis: parálisis en la mayor parte de su cuerpo, dificultades del habla y problemas para tragar (disfagia) y respirar- ha tenido en dos años una respuesta más favorable que las anteriores en este tiempo. Aunque estuvo más de un año y medio en espera, hace meses que le autorizaron una prestación económica por cuidar de una gran dependiente de 580 euros, "con la que podemos sobrevivir porque yo no puedo trabajar al tener que estar todo el día con ella".

Eso, sumado a la pensión de su hija, le permite hacer frente a los gastos médicos que requiere "pero vamos justitas, menos mal que la vivienda ya está pagada".
La madre, que recuerda que su solicitud iba encaminada a la posibilidad de que ambas pudieran desconectar unas horas y que su hija acudiera a algún centro, reconoce que eso aún no es posible. "Nos dieron tres opciones: la prestación económica, que Inés fuera al Hogar Provincial en horario escolar -donde sólo hay menores de 6 años y ancianos- o que viniera una persona tres horas al día de lunes a viernes, pero eso no me saca de apuros porque el resto del día qué hago.

Me interesaba más tenerla en un centro pero ya me dijeron que aquí no había para ella", explica Victoria. En la Comunidad Valenciana, además, la prestación económica es incompatible con otros servicios, a diferencia de otras comunidades autónomas. Sobre la idea de acudir al Hogar Provincial con personas mayores, Inés -que piensa con lucidez, tiene un humor a prueba de bombas y es una coqueta- confiesa que "la verdad es que no me apetece, para eso me quedo aquí".

Su madre reconoce que pocas veces la puede dejar con otra persona, "sigo cuidándola yo. He estado enferma y he tenido que buscar a alguien pero es carísimo, porque mucha gente no se atreve y tiene que ser un profesional y te cobran 50 euros al día, sin contar la noche".

"Las cosas no son de la manera que quisiéramos pero nos podemos dar por contentas porque hay gente que está peor", apunta Victoria, cuya preocupación ahora es que debe hacer un cursillo de quince días como cuidadora, según le ha comunicado Bienestar Social, y a ver qué hago porque tendré que buscar a alguien para que se quede con ella".

Los padres de Jesús González, afectado de espina bífida de 41 años y reconocido como gran dependiente, reciben desde octubre de 2008 una prestación económica que ronda los 400 euros y no están conformes con el hecho de que los 17 meses anteriores, desde que formularon su solicitud, no hayan contado en la resolución de Bienestar Social.

La familia, que vive en Alicante, ha presentado un recurso de alzada solicitando la aplicación del carácter retroactivo que contempla la ley. Para ello, han recurrido a un abogado de oficio y su recurso está ahora en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Juan y Dolores, los padres, -de 73 y 68 años, respectivamente-, que hace dos años reconocían que era la primera vez en su vida que solicitaban una ayuda, apuntan que a su hijo "no le han dado lo que le pertenece, y si nos dijeron que el tiempo contaba desde la solicitud, ¿por qué no lo pagan?".

Dolores apunta que "esto es un jaleo y no sabéis la de papeles que hemos mandado. Esto lo hacen así para que la gente se canse y no haga nada, y mucha gente se aguanta. Pero si tiene derecho a que se lo paguen, que se lo paguen", mientras su marido añade que "yo a veces le digo a mi mujer que lo deje estar por el follón que es". Pero ella es tajante: "A mi me dicen que no ceda, que hay gente a la que sí le están pagando desde el principio ¿y porqué unos sí y otros no?"

POR ÁFRICA PRADO

Fuente : diarioinformacion.com

C.VALENCIANA - CREVILLENT - "AGILIZAR LAS AYUDAS"

Alarte plantea agilizar las ayudas de la dependencia eliminando burocracia local

Los vecinos centran su reunión con el líder socialista en temas de bienestar social y en la "dejadez" del Consell y el Ayuntamiento

El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, presentó ayer a varias entidades vecinales de Crevillent su propuesta de ley para agilizar en la Comunidad Valenciana la aplicación de la Ley de la Dependencia.

El líder de los socialistas valencianos visitó ayer la localidad y mantuvo una intensa reunión con entidades vecinales de la localidad. Los vecinos ocuparon casi toda la reunión con cuestiones relacionadas con el retraso en la aplicación de la Ley de la Dependencia y la "dejadez" del Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana.

Por este motivo, Jorge Alarte les presentó sus propuestas al respecto. Según dijo Alarte, "sugerimos una ley que declare el silencio administrativo positivo, que reconozca el efecto retroactivo de las ayudas, con la que estableceríamos convenios con los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes para eliminar tanto papeleo y dotaríamos a los centros Prop de un servicio específico para la dependencia".

Jorge Alarte aseguró ante los vecinos que "es un problema de todos. En cualquier momento cualquier persona puede necesitar acogerse a la Ley de la Dependencia". No obstante, el socialista aseveró que "con el actual Gobierno no se aplicará la ley, no hay voluntad y no es una prioridad para el PP". Además, el secretario general del PSPV-PSOE aseguró que "la enfermedad del Alzheimer necesita un programa de atención especializada".

Mientras tanto, Jorge Alarte animó a continuar trabajando en las plataformas. El socialista dijo que, "sin la acción de las plataformas, no habría treinta casos resueltos en Crevillent".

Más información en Fuente - diarioinformacion.com

C.VALENCIANA - QUEJAS AL SÍNDIC POR APLICACIÓN DEPENDENCIA

Las reclamaciones por la Dependencia concentran el 78% de las quejas del Síndic

Bienestar Social acumula en 2009 casi un millar de resoluciones del Defensor por los retrasos en las ayudas

El retraso en la aplicación de la ley de Dependencia concentra en la actualidad el grueso del trabajo del Síndic de Greuges, José Cholbi, que dictó el año pasado casi un millar de resoluciones en contra de la Conselleria de Bienestar Social.

Un informe del sindicato CC OO revela que el 78% de los dictámenes del Defensor del Pueblo valenciano están relacionados con el incumplimiento de la ley de Dependencia.

Si en el año 2008 el número de expedientes remitidos por la Sindicatura de Greuges a Bienestar Social se situó en 333 (incluida una investigación de oficio), en 2009 resolvió 990 quejas a favor de las personas dependientes o sus familiares.

El sindicato CC OO considera escandaloso que de un total de 1.269 quejas dictadas 990 sean contra Bienestar Social. "El Síndic trabaja de forma casi exclusiva para resolver las reclamaciones por la aplicación de la ley de Dependencia", lamentó el responsable de comunicación de CC OO, Salvador Roig.

En la mayoría de los casos, las denuncias de los ciudadanos se producen por el retraso en la valoración y el reconocimiento de las prestaciones contempladas en la cartera de servicios de la propia ley. El segundo grupo importante de quejas son de personas que solicitaron las ayudas, fallecieron sin obtener respuesta de la Administración y Cholbi exige ahora el pago a sus familiares. El Síndic de Greuges también ha tramitado decenas de reclamaciones referentes al cobro retroactivo de las ayudas económicas cubiertas por la ley.

CC OO lamentó que los datos reflejan "de forma muy evidente la situación de miles de personas con algún tipo de dependencia que teniendo derecho a una serie de prestaciones que faciliten su autonomía personal no pueden acceder a ellas de manera ágil por la lentitud y la inoperancia de la conselleria". Según el sindicato, la "mala planificación y la deficiente gestión en el desarrollo del Sistema para la Atención a la Dependencia ha situado a la Comunitat a la cola del Estado" en la concesión de las prestaciones.

Roig insistió en que es "inadmisible" que Bienestar Social no acate las resoluciones de Cholbi. El portavoz de CC OO apuntó que el Defensor del Pueblo valenciano debería mostrar una "mayor beligerancia" con la Generalitat para que la institución "no pierda crédito ante los ciudadanos".

La Sindicatura ha solicitado a la Conselleria de Sanidad que impida las demoras en la atención de las urgencias sanitarias, después de que un paciente falleciera en el Hospital General de Valencia tras ser intervenido con un retraso de tres horas.

El Síndic, José Cholbi, responde así en una sugerencia a la queja remitida por el hijo de un paciente que falleció en marzo de 2008 por un aneurisma de la aorta, después de que su operación se retrasara tres horas porque el cirujano vascular no se encontraba en el Hospital General. Cholbi considera que Sanidad debería resolver las gestiones sanitarias para garantizar los principios de eficacia.

Fuente : levante-emv.com

sábado, 23 de enero de 2010

ZAMORA - 94,4 % DEPENDIENTES ZAMORANOS YA RECIBEN PRESTACIONES

El 94,4% de los zamoranos dependientes con derecho a ayudas ya reciben prestaciones

Casi 2.000 personas eligen la subvención y 282 optan por el servicio a domicilio

El 94% de las 4.702 personas dependientes de la provincia con derecho a algún tipo de servicio o prestación ya han recibido la ayuda, según los datos facilitados por el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Alberto Castro. Aunque la Gerencia de Servicios Sociales ha valorado 5.832 solicitudes de dependencia, el 80% de ellas son las que tienen derecho a percibir servicios o prestaciones, según establece la Ley de Dependencia.

El 55,7% de las personas con derecho a prestaciones ya están recibiendo servicios en residencias, centros de día, teleasistencia o asistencia personal mientras que el 44,3%, es decir, 1.964, reciben ayudas económicas para los cuidados en el entorno familiar.

Esta modalidad es la opción mayoritaria entre los demandantes, si bien 1.006 son beneficiarios de la prestación vinculada a la adquisición de un servicio y 282 están recibiendo el servicio de ayuda a domicilio. Otros 182 dependientes han elegido el servicio del Centro de Día mientras que 62 son beneficiarios de la teleasistencia. Sólo uno ha elegido la prestación de asistente personal. El resto ha elegido las prestaciones conforme al denominado Programa Individualizado de Atención (PIA) o requieren completar datos para el cálculo de su capacidad económica.

A juicio del delegado territorial de la Junta los datos constituyen «todo un éxito porque suponen el reconocimiento de un derecho para todas las personas dependientes y lo importante es que ya están recibiendo esas prestaciones», recalca el responsable.

La provincia cuenta en la actualidad con 61 centros residenciales autorizados para personas mayores que se traducen en 4.108 plazas y 319 estancias diurnas. La Junta prevé poner en funcionamiento las residencias de El Puente de Sanabria y Tábara. La cifra de plazas públicas se reparte en 1.001 permanentes, 43 temporales y 108 diurnas que se distribuyen, a su vez, en propias y concertadas. Las plazas propias se corresponden con 443 residencias permanentes, 13 temporales y 20 diurnas, mientras que las plazas concertadas son 558 residenciales permanentes, 25 temporales y 88 diurnas.

Fuente : laopiniondezamora.es

C.VALENCIANA - GENERALITAT: 31.000 EMPLEOS GRACIAS A LA LEY

Generalitat dice que Ley Dependencia ha creado 31.000 empleos en C.Valenciana

Según indica en un comunicado, estos datos ponen de manifiesto que la aplicación de la Ley de Dependencia, "más allá de la importantísima vertiente asistencial, tiene una incuestionable relevancia económica y social porque se han generado nuevos empleos en los ámbitos público y privado".

Al respecto ha puntualizado que, que no sólo ha sido entre el personal sociosanitario, sino también "a través del personal dedicado a la atención y a los cuidados personales, a la hostelería en residencias o centros de día; al mantenimiento de los centros, y personal de gestión y administración de centros y programas, entre otros".

La Consellera de Bienestar Social ha asegurado que la creación de estos 31.000 puestos de trabajo se debe "principalmente", al "importante esfuerzo presupuestario que la Generalitat está llevando a cabo por la correcta y eficaz aplicación de la Ley en la Comunitat Valenciana".

En este sentido ha recordado "el fuerte impulso que se va a dar a lo largo de este año a su aplicación, con un incremento del presupuesto destinado a la atención a la dependencia del 22'38% del total, lo que supone 298'6 millones de euros, y el aumento del 10'93% de las ayudas a la atención de las personas discapacitadas".

Ambas partidas, ha añadido, "suman un total de más de 467 millones de euros, lo que representa un 69'46% del presupuesto global de la conselleria de Bienestar Social".

En algo más de un año, un total de 5.000 personas se han dado de alta en el sistema de la Seguridad social como cuidadores no profesionales de personas dependientes, según fuentes de la Generalitat.

Fuente : abc.es

LA GOMERA - CABILDO RECLAMA LAS COMPETENCIAS EN DEPENDENCIA

Cabildo de La Gomera reclama las competencias en dependencia

Así lo informó hoy en un comunicado el presidente de la institución insular, Casimiro Curbelo, quien asegura que son muchas las personas de la isla a las que todavía no se presta la atención debida dada la falta de inversión regional.

Alude a la escasa información que se ofrece a los beneficiarios, la poca formación que se da a los profesionales y la conveniencia de contar con infraestructuras nuevas.

Recuerda que en La Gomera sólo está previsto construir un centro de atención a la dependencia, que se ubicará en la Casa de los Leones, en la Capital insular, y pagará el Estado, con una inversión de 800.000 euros, y el Cabildo, que compró el edificio y se encarga del proyecto.

La consejera insular de Asuntos Sociales, Ventura del Carmen Rodríguez, aboga por una mayor implicación del Ejecutivo regional pese a los recortes presupuestarios que sufren todas las instituciones públicas como consecuencia de la crisis.

Asegura que existen en La Gomera más de 200 dependientes valorados y apenas un tercio tiene el programa individualizado de atención.

Los representantes insulares señalan que no es una reivindicación nueva, pues ya fue planteada en el pasado ejercicio por ayuntamientos y cabildos, y más tarde respaldada por la Fecai.

Recuerdan que desde 2007 se han planteado demandas relacionadas con una correcta dotación para cumplir con los servicios que se derivan de la Ley de Dependencia.

Apuntan que el Cabildo ha puesto a disposición del Gobierno de Canarias suelo, proyectos e infraestructuras para construir o habilitar centros de mayores, además de promover jornadas informativas, entre otras muestra de esfuerzo.

Al respecto, Rodríguez explica que el Cabildo, en colaboración con la asociación Solidaridad Intergeneracional, desarrolla estos días una campaña de divulgación sobre la Ley de Dependencia y los servicios sociales.

Fuente : abc.es

CÓRDOBA - CAMPAÑA INFORMATIVA

Una campaña informa de la Ley de la Dependencia en la provincia

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Junta, el Fondo Social Europeo y COAG

La Asociación de Personas Mayores Solidaridad Intergeneracional ha puesto en marcha en la provincia de Córdoba una campaña informativa y de divulgación sobre la Ley de Atención a la Dependencia y sobre los servicios sociales andaluces en el medio rural. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Consejería de Empleo de la Junta, el Fondo Social Europeo, COAG y los ayuntamientos.

Según la asociación, el creciente envejecimiento social del medio rural como consecuencia del incremento de la esperanza media de vida es más notable en el medio rural debido a la emigración del campo a la ciudad o zonas de costa.

Este hecho conlleva una creciente necesidad de apoyo de las personas muy mayores o de personas dependientes. Solidaridad Intergeneracional apunta que esta problemática la sufren una gran parte de los pueblos de la provincia, ya que Córdoba cuenta con 75 pueblos de los que 29 son inferiores a 2.000 habitantes; 14 son inferiores a 1.000 habitantes; y seis son mayores de 20.000 habitantes.

Por ello la asociación está impulsando una red de servicios sociales en las distintas zonas rurales de España para la atención específica de las personas mayores o ayuda a sus familiares.

Fuente : eldiadecordoba.es

viernes, 22 de enero de 2010

EL CERMI PIDE HERENCIAS RECIBIDAS ESTADO SE DESTINEN A DEPENDENCIA

CERMI pide que las herencias que recibe el Estado se dediquen a dependencia

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha propuesto al Gobierno que cambie la legislación actual para permitir que las herencias que recibe el Estado se destinen íntegramente al sistema de dependencia.

Según el artículo 956 del Código Civil, cuando una persona fallece sin haber dejar testamento ni herederos legales, el Estado es quien recibe sus bienes, que deben ser dedicados a diversos fines sociales y a la amortización de la deuda pública.

Sin embargo, el CERMI asegura hoy en un comunicado que esta regulación, que data del siglo XIX, ha quedado obsoleta, y pide que se modifique para que todos esos recursos se dediquen a acciones de autonomía personal y atención a la dependencia.

La reforma busca evitar la dispersión de fondos que se produce con la actual regulación y concentrarlos en un único fin social: la promoción de la autonomía personal.

Fuente : eldiariomontanes.es

C. VALENCIANA - ASISTENCIA A DEPENDENCIA, GENERADOR DE EMPLEO

Such: “La asistencia a la dependencia se ha convertido en generador de empleo”

La consellera de Bienestar Social destaca el esfuerzo presupuestario llevado a cabo por la Generalitat para la aplicación de la Ley

La aplicación del sistema de la dependencia ha permitido la creación de un total de 31.000 empleos directos e indirectos

5.000 personas de la Comunitat se han dado de alta en la Seguridad Social como cuidadores no profesionales de personas dependientes

La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, ha manifestado que en estos momentos en la Comunitat Valenciana la asistencia a la dependencia “se ha convertido en generador de empleo”, y ha subrayado que la aplicación del sistema de la dependencia ha permitido “la creación de un total de 31.000 empleos directos e indirectos”.

Such ha explicado que estos datos ponen de manifiesto que la aplicación de la Ley de Dependencia, “más allá de la importantísima vertiente asistencial, tiene una incuestionable relevancia económica y social porque se han generado nuevos empleos en los ámbitos público y privado relacionados con el desarrollo de programas asistenciales”.

Y ha puntualizado, que no sólo entre el personal sociosanitario, sino también “a través del personal dedicado a la atención y a los cuidados personales, a la hostelería en residencias o centros de día; al mantenimiento de los centros, y personal de gestión y administración de centros y programas, entre otros”.

La Consellera de Bienestar Social ha asegurado que la creación de estos 31.000 puestos de trabajo se debe “principalmente”, al importante esfuerzo presupuestario que la Generalitat está llevando a cabo por la correcta y eficaz aplicación de la Ley en la Comunitat Valenciana.

En este sentido ha recordado “el fuerte impulso que se va a dar a lo largo de este año a su aplicación, con un incremento del presupuesto destinado a la atención a la dependencia del 22’38% del total, lo que supone 298’6 millones de euros, y el aumento del 10’93% de las ayudas a la atención de las personas discapacitadas. Ambas partidas, suman un total de más de 467 millones de euros, lo que representa un 69’46% del presupuesto global de la conselleria de Bienestar Social”.

Cuidadores no profesionales
En algo más de un año, un total de 5.000 personas se han dado de alta en el sistema de la Seguridad social como cuidadores no profesionales de personas dependientes.

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia contempla entre sus prestaciones, aquellas que van a destinadas a atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria, a través de un cuidador no profesional.

Esta prestación es de carácter nominativo y la recibe la persona en situación de dependencia para los gastos derivados de su atención. El cuidador no profesional que lo atienda deberá cumplir las condiciones de afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales reguló un convenio especial para la inclusión en la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia.

Fuente : elperiodic.com

C. A. VASCA - CONFERENCIA LEY DEPENDENCIA

Conocer la Ley de Dependencia

El Consejo de Mayores de Gipuzkoa y el Hogar Azkoitiarra organizan una conferencia el próximo miércoles, día 27, a las 16.30 en la Casa de Cultura.

El tema es la Ley de Dependencia y se darán a conocer los derechos de los mayores, qué es una ayuda técnica, objetivos y servicios... En el mismo acto, será presentado el Consejo Municipal de Mayores de Azkoitia.

Fuente : diariovasco.com

jueves, 21 de enero de 2010

C. AUTONÓMICA VASCA - KUTXA SUBVENCIONA ADAPTAR BAÑOS VIVIENDAS

Kutxa subvenciona adaptar los baños de las viviendas de personas mayores

Según ha informado hoy la entidad de ahorro, la cuantía de la subvención a fondo perdido está ligada a los ingresos de la unidad convivencial de la persona mayor, que no pueden superar los 21.000 euros, y con un importe máximo de la obra de 4.000 euros.

El objetivo de la reforma de los baños es procurar la permanencia de las personas mayores en sus domicilios en las mejores condiciones y prevenir así situaciones de dependencia.

La ayuda máxima será del 90 por ciento del coste de la obra para ingresos inferiores a 8.000 euros, desde el 50 al 85 por ciento para ingresos menores a 12.000 euros y del 10 al 30 por ciento para aquellas unidades de convivencia que cobren menos de 21.000 euros.

Los beneficiaros tienen que ser mayores de 60 años, empadronados en Guipúzcoa, propietarios o usufructuarios vitalicios de la vivienda a adaptar, que no perciban ayudas oficiales por dependencia y sean clientes de la Kutxa.

En las primeras semanas de la puesta en marcha de este programa más de 100 familias han solicitado acogerse a estas ayudas.

Fuente : abc.es

NAVARRA - 13.100 GRANDES DEPENDIENTES Y DEPENDIENTES SEVEROS

Detectados 13.100 grandes y severos dependientes tras valorar a 20.880 personas en tres años

El número total de personas que han recibido y están percibiendo una o más prestaciones públicas es de 10.770, el 82%

Con la aplicación de la ley de Dependencia, desde hace tres años, se ha valorado a un total de 20.880 personas, de las que 7.017 han sido detectadas como grandes dependientes, 6.083 como dependientes severos, 5.038 dependientes moderados y 2.742 no dependientes. El número de personas con derecho a prestaciones públicas, grandes dependientes y dependientes severos, asciende a 13.100.

Así lo expuso esta mañana en rueda de prensa la consejera de Asuntos Sociales del Gobierno foral, Maribel García Malo, al hacer balance de la aplicación de la Ley de Dependencia en Navarra desde el uno de enero de 2007 y al 31 de diciembre de 2009. La consejera estuvo acompañada por la directora general de Asuntos Sociales, Marta Álvarez, y la directora gerente de la Agencia Navarra para la Dependencia, Begoña Rodríguez.

García Malo manifestó que gran dependencia "significa que necesitas un apoyo continuado durante las 24 horas del día para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria". "Cuando el apoyo es necesario al menos tres veces al día hablamos de dependencia severa y si es menor, de dependencia moderada", precisó.

Según indicó, la aplicación de la Ley de Dependencia es progresiva y en el año 2015 "está previsto que termine de implantarse el sistema aplicándose a los dependientes moderados". "Tenemos muchos aspectos que mejorar, es un sistema que se está implantando, se están dando pasos sólidos, pasos coherentes, se están poniendo pilares fuertes", expuso, para añadir que son todavía "muchos los retos que nos quedan por trabajar".

Prestaciones percibidas
Según los datos aportados, el número total de personas que han recibido y están percibiendo uno o más prestaciones públicas en estos tres años es de 10.770, el 82 por ciento de las personas con derecho reconocido. Actualmente, hay 8.916 personas valoradas con derecho a prestación, de las que 7.393 ya la están percibiendo, un 83 por ciento. El resto de las personas beneficiarias se encuentran en trámite.

Respecto a las prestaciones que están percibiendo estas 7.393 personas y familias, 1.634 reciben atención residencial en una plaza pública en 2009 frente a las 966 de 2007, lo que supone un incremento del servicio de atención residencial público del 69 por ciento.

Además en 2009 perciben servicio de atención residencial mediante prestación vinculada al servicio 393 personas, frente a las 107 de 2007, lo que supone que en 2009 un total de 2.027 personas fueron atendidas en residencia a través del sistema público frente a 1.073 en 2007, lo que supone un incremento del 89,3 por ciento de personas atendidas en residencia de forma pública.

Hay además 307 personas que son atendidas en centros de día públicos, de las que 247 perciben además, como prestación compatible, la ayuda para cuidados en el entorno familiar. En 2007, había 206 personas atendidas en centro de día público, de las que 193 percibían además la ayuda para cuidados en el domicilio. A estas cifras hay que sumar las 61 personas atendidas en centro de día que perciben una prestación vinculada al servicio frente a 30 en 2007, lo que hace un total de personas usuarias de centro de día público de 368 personas en 2009, frente a las 236 de 2007, con un incremento del 56 por ciento.

El Servicio Telefónico de Emergencia cuenta en 2009 con 915 usuarios, de los que 728 lo compatibilizan con otro recurso. En 2007 eran 563 personas, de las que 510 lo compatibilizaban con otro recurso. Otras 383 personas dependientes reciben el servicio de atención a domicilio municipal, de las que 381 lo compatabilizan con otro recursos.

Por otra parte, 5.058 personas y familias perciben en 2009 las ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar, frente a las 3.881 de 2007, en que se implantó esta ayuda, y las 5.639 de 2008.

PRESUPUESTO
Según detalló la consejera, el presupuesto destinado por el Gobierno de Navarra entre 2007 y 2009 a la dependencia fue de 389,9 millones de euros, en concreto, 104,1 millones en 2007, 133,3 millones en 2008 y 152,4 en 2009. En 2010 se va a incrementar el dinero destinado a la dependencia en un 10,31 por ciento.

García Malo manifestó que estas cifras reflejan la "importante apuesta" del Gobierno y de la sociedad en su conjunto por la atención a la dependencia, la mejora de los servicios y la protección a los ciudadanos más vulnerables.

En cuanto a la aportación del Estado, la consejera detalló que en 2007 aportó 5,9 millones (6% del presupuesto de ese año); en 2008, 12,7 millones (9,54%) y en 2009, 24,7 millones (16,25%), una cifra que se incrementará algo más al estar pendiente la liquidación final del año.

Según expuso, el Estado "no está cumpliendo su compromiso establecido en la Ley de Dependencia que es del 33 por ciento". "Esto supone que los navarros estemos haciendo un esfuerzo aportando esas cuantías económicas para desarrollar convenientemente la ley", dijo.

Fuente : 20minutos.es