lunes, 31 de mayo de 2010

CANTABRIA - PRC Y PSOE RECHAZAN PROPUESTA PP PARA NO CONGELAR LAS PENSIONES

PRC y PSOE rechazan la propuesta del PP para que no se congelen las pensiones

Los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de Cantabria (PRC y PSOE) han rechazado hoy, en el pleno de la Cámara, la proposición no de ley presentada por el PP para exigir al Ejecutivo central que retire su propuesta de congelar el próximo año las pensiones contributivas.

La diputada regionalista Rosa Valdés ha argumentado su voto en contra a esta propuesta en que el Parlamento de Cantabria "no es el lugar" para debatir una decisión aprobada ya por el Congreso y, por ello, ha calificado de "tramposa" la propuesta del PP.

La parlamentaria socialista Susana Mediavilla ha afirmado que el PP está "intentando hacer mero oportunismo electoralista" y ha lamentado que, además, la oposición lance críticas que "sabe que no son justas" sobre una medida que es "necesaria" ante la actual situación económica.

La portavoz del PP en materia económica, Cristina Mazas, ha calificado de "absoluta vergüenza" que PRC y PSOE rechacen que los pensionistas cántabros vean revalorizadas sus pensiones en 2011 y ha considerado que esto es porque a socialistas y regionalistas les "importa lo justo" este colectivo.

Valdés ha insistido en que el PP no actúa "en beneficio de los cántabros", sino por "intereses partidistas" y ha reiterado que el Parlamento regional "no es el órgano competente" para hablar del decreto, que recoge la congelación de las pensiones, que "han aprobado las Cortes y ha establecido la Unión Europea".

Y ha asegurado que el "tono agresivo y los planteamientos falsos no son la manera de defender el estado del bienestar de los cántabros", sino que ha afirmado que ahora hay que actuar con "tranquilidad".

Mediavilla ha recordado que estos años el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha subido "25 puntos" las pensiones no contributivas, frente a "los 4 puntos" de aumento con el Ejecutivo del PP y ha lamentado que los populares sólo intenten "desprestigiar" con sus críticas a su país y su comunidad autónoma.

"Flaco favor se hacen ustedes para demostrar su amor patriota", ha apostillado.

Mazas ha recordado que, además de la congelación de sus ingresos, los pensionistas van a tener que afrontar las subidas del IVA, del canon de saneamiento y de la tasa de residuos, y ha dicho que si una persona mayor tiene también que acudir a la Ley de Dependencia puede ver incrementado el copago en un 50 por ciento.

"Es el mayor ataque a los derechos sociales", ha opinado Mazas, quien se ha preguntado si éstas son las políticas de los socialistas.

El pleno también ha rechazado hoy, con el voto del PRC y el PSOE, una iniciativa presentada por el PP para agilizar la construcción de viviendas sociales tras el "fracaso" que, a su juicio, han supuesto los PSIR (Proyecto Singular de Interés Regional), una figura que sólo ha servido para "la manipulación urbanística".

El portavoz del grupo popular, Francisco Rodríguez, ha considerado "lamentable" la gestión del Gobierno en esta materia, porque, según ha dicho, sólo se han construido viviendas sociales en los ayuntamientos gobernados por el PP.

Ha recordado que hace tres años el consejero de Vivienda, José María Mazón, anunció que en esta legislatura se construirían 8.000 viviendas sociales y que se aprobaría una ley específica para facilitar el acceso a la vivienda de los ciudadanos y el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), para agilizar la tramitación de los planes generales.

En ese comparecencia en el Parlamento, Mazón también anunció que en esta legislatura se aprobarían la mitad de los nuevos planes generales de los municipios.

El portavoz del PP también ha aseverado que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, anunció en junio de 2008 que en el primer trimestre de 2008 se aprobaría el PROT y varios planes generales, cuando, en esta legislatura, sólo se ha dado el visto bueno a uno y en siete años a cuatro.

Rodríguez ha dicho que o Revilla mintió o alguien no debería estar en el Gobierno por "ineficaz", y ha opinado que los PSIR como el del Bojar, aprobado para impulsar la construcción de viviendas sociales, no han servido para nada "más que para la manipulación urbanística".

El diputado del PRC Rafael Pérez Tezanos ha asegurado que su grupo no acepta que se siembre "la menor sombra de duda" sobre la gestión de José María Mazón y ha pedido al PP que no inicie el camino "fácil" de la crítica permanente, porque los ciudadanos demandan consenso y acuerdo.

Pérez Tezanos ha dicho que nadie "va a creer" las críticas del PP a la gestión de Mazón, porque ha contribuido al mayor desarrollo de las infraestructuras de Cantabria.

El socialista Martín Berriolope ha afirmado que el PP busca un debate electoral y un "ataque" al PSIR, pero "la vivienda social no le interesa para nada".

Según este parlamentario, el PSIR es una figura urbanística "estratégica" para los intereses de Cantabria.

Fuente : abc.es

LA DISCAPACIDAD EN BLOQUE RECHAZA LOS RECORTES SOCIALES

La discapacidad en bloque rechaza los recortes sociales que acometerá Zapatero.

En concreto, se opone a la eliminación de la retroactividad de las prestaciones económicas derivadas de la ley de dependencia


El Comité Ejecutivo del Cermi ha aprobado, en su última reunión, un documento donde expresa el “firme rechazo” de la discapacidad organizada a las decisiones restrictivas de derechos y prestaciones sociales para la reducción del déficit público que ha aprobado el Gobierno.

En especial, muestra su oposición a la eliminación de la retroactividad de las prestaciones económicas a favor de personas en situación de dependencia derivadas de la Ley de Autonomía Personal, ya que “va a suponer una reducción en la protección económica de estas personas y de sus familias, mermando incluso situaciones consolidadas, que van a sufrir los efectos negativos de la pésima gestión de muchas Comunidades Autónomas”.

En opinión del Cermi, serán los ciudadanos más vulnerables los que paguen las consecuencias de la actuación de unas Administraciones territoriales que no han sido capaces de resolver las solicitudes de prestaciones en los plazos marcados por la propia Ley. Muchas personas con discapacidad que perciben pensiones de los distintos sistemas públicos de previsión social van también a verse perjudicados por las medidas en materia de congelación de este tipo de prestaciones.

La Ley y el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia no necesitan recortes, moratorias o replanteamientos a la baja, sino un impulso político y presupuestario decidido para consolidar definitivamente un nuevo dispositivo de protección social que tiene que dar una cobertura suficiente y digna a enormes necesidades sociales aún sin respuesta.

Según este Comité, “la superación de la actual crisis económica y de empleo, que sufren las personas con discapacidad y sus familias con mucha mayor intensidad que otros sectores ciudadanos, no puede pasar por la salida fácil de recortar o suprimir los derechos y prestaciones de carácter social, que en España son todavía débiles, inestables y discontinuos”.

En su opinión, “estos recortes debilitan los niveles de inclusión social conseguidos con tanto esfuerzo en los últimos tiempos y pueden originar un proceso progresivo de desmantelamiento de recursos y apoyos de consecuencias impredecibles para el bienestar social de los hombres y mujeres con discapacidad y sus familias”.

El Cermi, como organización representativa de las personas con discapacidad y sus familias, actuará para impedir y contrarrestar la adopción de medidas, presentes y futuras, que vayan en contra de la inclusión y las protección sociales de los grupos ciudadanos más vulnerables, alertando, movilizando y activando sus estructuras y su capacidad de influencia y presión para la consecución de estos objetivos.

En estos momentos en los que un contexto económico y social tan adverso exige decisiones de gran calado y alcance, los poderes públicos y los gobiernos deben contar activamente con los movimientos sociales, como el de la discapacidad, en la preparación, diseño, implantación y seguimiento de las medidas que hayan de adoptarse para afrontar la crisis, a fin de que éstas surjan con la legitimidad ciudadana imprescindible.

Fuente : solidaridaddigital.discapnet.es

C.VALENCIANA - PSOE PREGUNTA A CAMPS POR EL USO FONDOS DEPENDENCIA

El PSOE pregunta a Camps por el uso de los fondos de Dependencia

La secretaria de Bienestar Social del PSOE, Marisol Pérez, defendió ayer la repercusión de las políticas sociales del Gobierno central en la Comunitat Valenciana, aunque lamentó que «muchos dependientes y sus familias tienen que padecer la ineficacia del Gobierno de Francisco Camps», al que preguntó «qué ha hecho» con el dinero del Estado.

La dirigente socialista ofreció una charla en la sede de los socialistas valencianos en Valencia. En el encuentro también participaron el secretario de Bienestar Social del PSPV, José Ramón Mayans, y la secretaria de Organización, Elena Martín.

Entre los asistentes figuraban los representantes de diversas entidades sociales de la Comunitat, como Cocemfe, Feps, Asocide, ONCE, Cermi y la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia.

En su ponencia, Pérez trató los nuevos derechos y prestaciones aprobados durante los años de gobierno socialista y, de manera concreta, analizó la repercusión de la Ley de Dependencia en la Comunitat.

En este sentido, lamentó que «desafortunadamente muchas personas en situación de dependencia y sus familias que viven en la Comunitat tienen que padecer la ineficacia de un Gobierno, el de Camps, que sólo piensa en hacer oposición al Gobierno de España a costa de lo que sea».

Según la responsable de Bienestar Social del PSOE, sólo algo más de 29.000 personas dependientes de la Comunitat están recibiendo las prestaciones que contempla la ley, mientras que casi 31.000 personas aún la están esperando. «Dinero hay», advirtió, y se preguntó por los más de 212 millones de euros que, según dijo, el Gobierno ha inyectado desde 2007.

Fuente : lasprovincias.es

domingo, 30 de mayo de 2010

NAVARRA - AYUDAS QUE ESCUECEN A LOS "RECORTADOS"

Incentivos como los 180 euros al mes a quienes contraten a un empleado de hogar o los 100 por reparar el vehículo son para el Gobierno foral una palanca necesaria en estos momentos.

A funcionarios y pensionistas les cuesta hoy trabajo entenderlos.

Todos los hogares que contraten a una persona para el cuidado de niños o de mayores en situación de dependencia pueden beneficiarse desde esta semana de una ayuda mensual del Gobierno de Navarra de 180 euros si dan de alta al empleado en la Seguridad Social.

Del mismo modo, aquellos que deseen o necesiten cambiar alguna pieza de sus coches se podrán beneficiar de ayudas de hasta cien euros.

En plena época de vacas flacas, el anuncio de estos incentivos ha causado sorpresa entre los 88.000 pensionistas a los que el Estado ha decicido congelar el sueldo y los 33.000 funcionarios y contratados a los que se les recortará la nómina desde junio.

Por mucho que los valedores de estos incentivos recuerdan que en época de crisis son necesarias medidas que puedan actuar como "palanca" del crecimiento económico y del empleo, aquellos que se han tenido que ajustar la hebilla del cinturón se preguntan por qué se otorgan ayudas a las que se pueden acoger por igual familias con más de 6.000 euros de ingresos mensuales y que viven en un chalet que las que intentan llegar a fin de mes con 1.500 o menos en un piso de 70 metros cuadrados.

Los bolsillos afectados por los recortes cuestionan que se financie a todos desde la reparación del coche a la rehabilitación de una vivienda. Un debate al que distintos afectados y expertos ponen voz.

Jubilados y contratados

Entre los pensionistas se pide que se informe bien sobre los resultados de estas medidas. Francisco Javier Santos Odérizes el presidente de la Asociación Navarra de Prejubilados y Pensionistas (ANAPP).

A esta entidad, integrada en la confederación nacional CEPYP, la congelación le ha pillado enfrascada en la batalla de que la Seguridad Social actualice el 100% de la base reguladora de los prejubilados al cumplir los 65 años. No por ello, han dejado de sorprenderse con los nuevos incentivos. Para Santos hay muchas medidas de los últimos tiempos que han resultado ser un "fiasco". "Lo del Plan Renove, que con el mismo derecho se podía acoger Botín que cualquier otro, los 400 euros... Todo esto es dinero que sale del bolsillo de todos pero que no sabemos a ciencia cierta ni qué empleo genera ni qué resultados tiene sobre la economía".

Pero Santos tiene también un recado más para los sindicatos: "el hecho de que Zapatero no nos suba la pensión 9 ó 10 euros el año que viene quizás no nos suponga a muchos un gran problema, nos preocupa más todas aquellas personas que llevan años con una pensión mínima. Los sindicatos parecen ahora muy preocupados por la congelación de nuestras pensiones, lo suman a su causa, pero ni tan siquiera han sido capaces de llamarnos para ver si queremos manifestarnos con ellos".

Entre los funcionarios y contratados de la Administración también hay opiniones sobre los nuevos incentivos. Gracia San Agustín Dencausa está cubriendo una vacante en Osasunbidea; al no tener una plaza en Salud suele encontrar empleo através de las sustituciones. Los recortes, sin embargo, le pueden poner ahora las cosas más difíciles. "Todo lo que sean ayudas del Gobierno bienvenidas sean, pero me parece injusto que a la hora de concederlas no se mire la nómina ni la renta de las personas que las reciben", indica esta trabajadora afiliada al sindicato AFAPNA.

Unas ayudas "injustas"

"Cuando el Gobierno de Navarra anunció esta nueva ayuda de los 180 euros lo primero que me vino a la cabeza fueron todas las personas a las que se les va a recortar el sueldo y a las que se les va a congelar la pensión. Es cierto que este tipo de medidas que no son progresivas te escuecen más en una situación como la actual", señala Javier Barinaga, responsable sindical de CC OO y uno de los valedores del último acuerdo económico entre los funcionarios y el Gobierno de Navarra.

Barinaga insiste en que estas ayudas, igual que las del cheque bebé, "no tienen en cuenta los ingresos de la gente" y, por lo tanto, "son injustas". "Lo lógico -afirma-es que se graduaran de acuerdo al nivel de renta". Además, se muestra un tanto excéptico por el empleo nuevo que se pueda crear mediante una ayuda de 180 euros. "Cuántos serán?", se pregunta.

Crear más economía

Desde el Gobierno foral, se considera que hay motivos más que justificados para conceder este tipo de incentivos en medio de la crisis. Según el consejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda, es imprescindible que el control del gasto público se combine con otras medidas de ayuda "contracíclicas" que sirvan para estimular la economía y crear empleo: "si no, no podremos salir de la crisis", asegura.

La filosofía es que con poco dinero algunas medidas puedan actuar como palanca del crecimiento. En este sentido, el consejero no tiene dudas de que la situación más favorable de la economía navarra respecto a la española durante la crisis, con menor tasa de paro y menor caída del PIB, "tiene que ver entre otras cosas con las medidas de activación de la economía que hemos ido introduciendo". En épocas de ajuste, prosigue, "es más necesario que nunca dedicar una parte de los impuestos a crear economía".

En cuanto al criticado aspecto de la progresividad de la medida, Álvaro Miranda recuerda que el objetivo de estos incentivos "en ningún caso es ayudar a las personas que los reciben, sino estimularles para que el dinero se mueva y se genere empleo y riqueza. Tenemos claro que quienes pueden ser motor de la economía en estos momentos son las personas que tienen capacidad de gastar y lo que interesa es crear y que esa riqueza se traslade a todos. Por eso, a estas medidas no se les da carácter retroactivo".

Rigor sobre los efectos

Finalmente, es un economista quien valora la oportunidad o no de adoptar este tipo de incentivos en el momento actual de crisis. José Luis Álvarez, experto en economía española de la Universidad de Navarra, destaca, antes que nada, que este tipo de medidas no sólo se adoptan desde un punto de vista puramente "económico" sino también desde los "intereses" de los partidos.

No obstante, Álvarez está de acuerdo en que la lógica más sencilla recomienda que cuando las cosas van mal "se debe tratar de estimular la economía" y considera que la Hacienda foral gracias a su contención en épocas de superávit "está en mejor posición que el Estado para introducir este tipo de medidas". No obstante, también muestra sus peros y se pregunta hasta qué punto una ayuda como la de los 180 euros "tiene un efecto real" en la creación de nuevo empleo. Y subraya que uno de los problemas que existe en la política española "es que se toman decisiones, pero no se cuenta con estudios previos. Falta un poco más de rigor a la hora de explicar al ciudadano por qué y para qué se hacen las cosas".

Fuente : diariodenavarra.es

MÁLAGA - CAMBIO DE PASO EN LOS GERIÁTRICOS

La crisis y los efectos imprevistos de la Ley de Dependencia frenan los proyectos de las grandes empresas del sector en la provincia

La Ley de Dependencia, en vigor desde el 1 de enero de 2007, despertó grandes expectativas en el sector de los centros geriátricos en España y también en la provincia de Málaga en particular, donde además existía una demanda añadida por parte de los jubilados extranjeros que acudían en busca de un retiro soleado. Sin embargo, la realidad a día de hoy es bien distinta.

Buena parte de los proyectos que surgieron al calor de esas previsiones se han quedado por el camino.

«La gente está optando cada vez más por tener a su familiar en casa y así poder ahorrarse lo que le cuesta la plaza en un residencia», apuntan fuentes del sector.

Un recorrido por las diferentes residencias de mayores de la provincia confirma que los niveles de ocupación han caído respecto a hace sólo un año, y como media están ahora al 80%. Ésta es la estimación que hace la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Málaga (Artema), que agrupa a medio centenar de centros con unas 2.000 plazas en total.

«La Ley de la Dependencia generó muchas expectativas que no se han cumplido, y además se está exigiendo un esfuerzo extra de reformas e inversiones para conseguir las acreditaciones oficiales de la Junta de Andalucía, lo que nos está haciendo perder mucha rentabilidad y que no nos salgan las cuentas», se queja el presidente de Artema, José María Escobar.

Como ejemplo, uno de los escasos proyectos de geriátricos que se ha puesto en marcha este año en la provincia, la residencia Sanysol de Vélez-Málaga –impulsada por una empresa familiar local–, inició su andadura a mediados de este mes con sólo diez de sus 144 plazas cubiertas.

No obstante, la cifra es considerada «adecuada» para el momento de crisis que vivimos por el director del centro, Miguel Muñoz. «Es un concepto de residencia totalmente distinto, destinado principalmente a la población extranjera», comenta el responsable de este nuevo centro, que de momento no ha optado por concertar plazas con la Junta de Andalucía

Déficit en la Axarquía
«Esperamos que de aquí a un año podamos tener la mayor parte de nuestras plazas cubiertas», augura Muñoz, quien explica que la nueva residencia ha supuesto una inversión cercana a los diez millones de euros. El déficit histórico de plazas en residencias geriátricas de la Costa del Sol Oriental explica que sea precisamente en esta zona de la Axarquía donde se han inaugurado en los últimos años el mayor número de centros.

Así, además de la mencionada residencia Sanysol, en Rincón de la Victoria el presidente de Artema está ultimando los trámites para iniciar la construcción de un centro con un centenar de camas en el que prevé invertir 4,5 millones de euros y que podría inaugurarse antes de finales de 2011.

En Torre del Mar inauguró hace un año el grupo malagueño Seniors su cuarto centro en la provincia –los demás están en Vélez-Málaga, Benalmádena y Marbella–, con el que suma ya un total de 650 plazas.

«Debido a la crisis, las familias están solicitando más ayudas económicas para cuidadoras en casa que plazas residenciales, por lo que la generación de empleo y la demanda de plazas para residencias no han cubierto las expectativas que tenía el sector», explican fuentes de Seniors.

A pesar de las dificultades, esta firma de capital malagueño trabaja ahora en la construcción de un quinto complejo en Ronda con 210 plazas, cuyas obras se prevé que comiencen antes de final de año. Además, está estudiando otros tres proyectos repartidos por Andalucía. «La crisis económica «esta expulsando del sector a inversionistas y promotores inmobiliarios no especialistas que habían realizado aventuras en un sector que requiere mucha profesionalización y una gestión muy especializada», opinan sus portavoces.

Mientras estas pequeñas cadenas locales de geriátricos siguen contemplando planes de expansión, las grandes empresas nacionales del sector dan marcha atrás. Es el caso del grupo catalán SAR, que cuenta actualmente con diez centros en Andalucía, de los que cinco están en Málaga (Alhaurín de la Torre, Estepona, Guaro y Benalmádena). Así, su nueva residencia SAR Montemar en Fuengirola, no tiene aún una fecha concreta de apertura, según reconocen fuentes de la firma.

«Sigue pendiente por parte de la Administración la adecuación de las tarifas al servicio real que se presta en los centros y también en función del grado de dependencia.

Actualmente, la Junta tiene establecida una tarifa única que es insuficiente y en la que no se establece diferenciación alguna por el grado de dependencia», argumentan desde el grupo SAR, al tiempo que apuestan por un mayor desarrollo de la normativa, con una tendencia hacia la especialización, mediante la creación de unidades especiales para enfermos de Alzhéimer, de cuidados paliativos o con trastornos de conducta. «Aún está por ver si se darán pasos en este sentido, sobre todo con la actual situación económica, que se deja notar en el sector», añaden.

En esta misma idea abunda el director de marketing del grupo Ballesol –propiedad en un 70% de Seguros Santa Lucía–, Francisco Javier Gamo. «La Ley de Dependencia se está aplicando de forma muy dispar en cada comunidad autónoma. Aquí en Andalucía se ha impuesto una cultura del subsidio, que convierte a la norma en una especie de PER encubierto», se lamenta. En sus tres centros de la capital Ballesol cuenta con 476 plazas, que tienen una ocupación media del 60% actualmente .

Otra de las firmas importantes del sector que ha rectificado sus planes de expansión en la provincia es la cordobesa Sanyres –propiedad de Prasa y CajaSur–, que hace tres meses cerró una de sus residencias en Marbella, donde también tenía acordado construir un tercer centro que iba a abrir en abril de 2011 y cuya construcción aún no ha comenzado. Además, Sanyres ha descartado construir un segundo centro en la capital, donde ya cuenta con uno en la barriada de El Limonar –que se suma a otros dos en Benalmádena y Puerto Banús–.

Sobre las críticas a las ayudas directas que se dan a las familias desde la Junta, la delegada provincial de Bienestar Social, Ana Navarro, recuerda que uno de los principios de la Ley de Dependencia era favorecer que los mayores «pasaran el mayor tiempo posible en su entorno». «Es una opción a la que voluntariamente se están acogiendo las familias», dice.

Fuente : sur.es

PP PIDE CAMBIAR LA LEY PARA AJUSTAR DESIGUALDAD TERRITORIAL

El PP pide cambiar la ley de dependencia para ajustar la desigualdad territorial

El PP ha propuesto una modificación de la Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia para que se implanten unos "requisitos mínimos comunes" a todo el territorio español y se corrijan, así, las "crecientes desigualdades" entre comunidades autónomas.

El grupo parlamentario popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley, en cuya exposición de motivos asegura que la actual norma, aprobada hace más de tres años, "está resultando un fracaso", además de generar "una enorme frustración a las personas dependientes y a sus familias".

En concreto, el PP reclama que haya unos criterios homogéneos sobre la acreditación de centros, servicios y entidades que actúen en el ámbito de la dependencia, con la finalidad de "garantizar" unos servicios de calidad comunes a todos los españoles.

Para ello, el grupo parlamentario popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley, en cuya exposición de motivos asegura que la actual norma, aprobada hace más de tres años, "está resultando un fracaso", además de generar "una enorme frustración a las personas dependientes y a sus familias".

Según los populares, el sistema para la autonomía y atención a la dependencia se está aplicando de forma "muy desigual".

"No sólo no se han reducido las desigualdades territoriales preexistentes en la atención a las personas dependientes, sino que se han acrecentado hasta el punto de que con idéntico grado y nivel de dependencia, la prestación puede ser completamente dispar, en función de la comunidad autónoma de residencia", según el PP.

Para este grupo, la "falta de unidad" de criterios en los servicios, públicos y privados, también afecta a la calidad de los mismos en "determinadas comunidades autónomas", si bien no especifica cuáles.

En este sentido, el PP plantea una nueva redacción del artículo 34 de la citada ley, en la que establece la obligación de la administración general del Estado de fijar a través de un reglamento los criterios comunes de acreditación de centros y planes de calidad del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.

Se trata de que, "sin perjuicio de las competencias" de las comunidades, acuerde criterios de calidad y seguridad para los centros y servicios; indicadores de calidad para la evaluación, la mejora continua y el análisis comparado de los centros y servicios; guías de buenas prácticas, entre otras cuestiones.

Además, en la exposición de motivos de esta proposición de ley, el PP recuerda que la "grave situación económica" ha provocado que el sector empresarial de la dependencia viva una "situación de crisis sin precedentes y que, en la práctica, se haya paralizado la construcción de centros de atención residencial".

Según los datos que maneja el PP, la atención a la población dependiente debería generar más de 600.000 puestos de trabajo en cinco años "si las administraciones apostaran por dar servicios".

Fuente : telecinco.es

C.VALENCIANA - PSOE LAMENTA DEPENDIENTES PADEZCAN "INEFICACIA" GOBIERNO CAMPS

Pérez (PSOE) lamenta dependientes padezcan "ineficacia" Gobierno de Camps

La secretaria de Bienestar Social del PSOE, Marisol Pérez, ha defendido la repercusión de las políticas sociales del Gobierno central en la Comunitat Valenciana, y ha lamentado que "muchos dependientes y sus familias tienen que padecer la ineficacia del Gobierno de Francisco Camps".

Según un comunicado del PSPV-PSOE, Pérez ha hecho estas manifestaciones en el transcurso una charla celebrada en la sede de los Socialistas Valencianos y en la que también han participado el secretario de Bienestar Social y Sanidad, José Ramón Mayans, y la secretaria de Organización, Elena Martín.

También asistieron representantes de entidades sociales de la Comunitat, entre los que se encontraban miembros de Cocemfe-CV, Feps-CV; Asocide, ONCE-CV, Cermi y de la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia.

En su ponencia, Pérez ha tratado los nuevos derechos y prestaciones aprobados durante los años de gobierno socialista y, de manera concreta, ha analizado la repercusión de la Ley de Dependencia en la Comunitat.

Marisol Pérez ha defendido que los nuevos derechos y prestaciones aprobados por el Gobierno socialista de España han permitido "tejer una red social que nos ayuda y protege aún más en estos tiempos difíciles de crisis".

"Sin embargo, desafortunadamente muchas personas en situación de dependencia y sus familias que viven en la Comunitat tienen que padecer la ineficacia de un gobierno, el de Camps, que sólo piensa en hacer oposición al gobierno de España a costa de lo que sea", ha indicado.

Según Pérez, "no se puede asumir que en la Comunitat tan sólo sean 29.212 las personas dependientes y sus familias las que estén recibiendo prestaciones en una Comunitat con más de 5 millones de habitantes".

"Tampoco se puede tolerar que aún estén a la espera de recibir un servicio o una prestación 30.997 personas dependientes y sus familias", ha agregado.

Ante esta situación, la responsable de Bienestar Social del PSOE ha señalado que habría que preguntar a Camps "qué ha hecho con los más de 212 millones de euros recibidos desde el gobierno de España para los dependientes de la Comunitat desde el año 2007".

Sobre los recursos para aplicar la norma, Marisol Pérez ha dicho que "dinero hay. Sólo hace falta que Camps ponga la parte que le corresponde de financiación a la Comunitat y que haya una gestión eficiente y voluntad política", ha apuntado.

La dirigente del PSOE también ha reflexionado sobre otros de los derechos y prestaciones que ha impulsado el Gobierno central, como la Renta Básica de Emancipación, de la que disfrutan 14.367 jóvenes con sus respectivas familias a fecha 31 de marzo.

Además, ha recordado que se ha aprobado el permiso por paternidad y la Prestación Adicional por Desempleo, es decir, la ayuda de 426 euros para las personas que han agotado el subsidio.

En esta línea, ha indicado que en "una autonomía que encabeza la lista de parados, reciben la prestación 62.998 parados y sus familias a 20 de mayo".

Fuente : adn.es

ANDALUCÍA - CON REPARTO DE FONDOS ACTUAL, SE PERDERÁ DINERO ESTE AÑO DESARROLLO DE LEY

"Con el reparto de fondos actual Andalucía perderá este año dinero al desarrollar la ley", según la Junta

Andalucía defiende el martes en el Consejo Territorial que el Estado reparta los fondos en función de las personas realmente atendidas

La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, aseguró hoy que con los criterios que rigen actualmente la distribución de fondos entre las CCAA para la financiación de la Ley de la Dependencia, y que priman la población potencialmente dependiente por encima de las personas realmente atendidas por el sistema, Andalucía y otras comunidades "perderán este año dinero al desarrollar la Ley".

Según indicó la consejera en una entrevista con Europa Press, con los criterios vigentes, que organizan el reparto teniendo en cuenta en un 20 por ciento las personas valoradas por el Servicio para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en cada región y el resto atendiendo a la población, Andalucía y otras CCAA "recibirían menos dinero que el año pasado a pesar de la inversión que han hecho y el crecimiento de la población dependiente atendida, mientras que otras comunidades, que siguen atendiendo prácticamente a las mismas personas, recibirían más fondos".

Es por ello que el próximo martes 1 de junio, Andalucía defenderá en el Consejo Territorial de la Dependencia, dónde se reúnen todas las CCAA y el Gobierno central, un cambio en el reparto de fondos, por el cual éstos se distribuyan en un 50 por ciento en función de las personas realmente atendidas. Esta iniciativa cuenta con el respaldo unánime de todo el Parlamento andaluz.

"Es una reivindicación absolutamente justa después de tres años de desarrollo de la Ley", defendió la consejera, quien señaló que actualmente hay en Andalucía más de 155.000 personas beneficiarias de la Ley de la Dependencia en Andalucía, lo que representa el 30 por ciento de las personas que reciben alguna prestación en toda España.

Sin embargo, indicó, Andalucía percibe actualmente por cada beneficiario una cantidad de 419 euros, frente a los 1.270 de Canarias, los 950 de la Comunidad de Madrid o los 868 euros de la Comunidad Valenciana.

La titular del ramo de Igualdad aseveró que Andalucía "no quiere que ninguna CCAA salga perjudicada" con esta modificación, pero apuntó que con los criterios actuales las que salen "gravísimamente perjudicadas son las comunidades que están desarrollando la Ley, especialmente Andalucía, que no está haciendo una inversión que no están siendo respondida con el reparto de este fondo".

Dijo que si, con la nueva fórmula de reparto, hay comunidades que reciben más dinero que Andalucía le parecerá "estupendo", pero insistió en que "desde luego los actuales criterios no son justos para la región andaluza con el esfuerzo que está haciendo".

De este modo, argumentó que, Andalucía, con 204.400 prestaciones concedidas —hay que tener en cuenta que hay personas que reciben más de una prestación gracias a la compatibilidad entre los servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia y unidad de estancia diurna—, aglutina el 32 por ciento de todas las concedidas a nivel nacional, lo que duplica el peso poblacional que representa la comunidad en el conjunto del Estado, que es del 17 por ciento.

Además, señaló que las comunidades gobernadas por el PP que se oponen a este cambio y apuestan por que se sigan manteniendo los mismos criterios de población potencialmente dependiente "están reconociendo implícitamente que no están atendiendo a las personas dependientes".

Hasta el 90% EN 2013
No obstante, Navarro afirmó que la pretensión de Andalucía no termina con esta propuesta, sino que la meta es que el criterio de reparto correspondiente a las personas realmente atendidas adquiera mayor peso progresivamente hasta que, en 2013, alcance el 90 por ciento.

"Conseguir que el 50 por ciento de los fondos se reparta en función del personas atendidas es un paso muy importante, pero no vamos a quedarnos ahí", afirmó.

Además, la consejera destacó el "esfuerzo" que está llevando a cabo Andalucía por desarrollar los servicios previstos en la Ley —residencias, unidades de estancia diurna, teleasistencia o ayuda a domicilio— frente a las prestaciones económicas contempladas en la normativa como "excepcionales".

Resaltó que mientras que hay CCAA "que no tienen una sola prestación de ayuda a domicilio concedida, el 53 por ciento de las personas que reciben este servicio en España —48.400— pertenecen a Andalucía" y apostó por el fomento de los servicios, que generan retornos a la Seguridad Social a través de la creación de empleo.

Fuente : 20minutos.es

sábado, 29 de mayo de 2010

MURCIA EL DECRETO DE COPAGO DEBE AJUSTARSE A LEGALIDAD

PSOE advierte que el decreto del copago debe ajustarse a la legalidad para evitar castigar a los dependientes murcianos

La diputada regional y responsable de Bienestar Social de la Ejecutiva regional del PSRM, Lola Hernández, manifestó hoy a propósito de la aprobación del Decreto regional que regula el copago de la Dependencia que afortunadamente el Consejo Económico y Social y el Consejo Jurídico de la Región de Murcia "han puesto cordura a un decreto que vulneraba la ley y los acuerdos del Consejo Territorial de la Dependencia".

Lola Hernández subrayó que el decreto debe ajustarse a la legalidad, al acuerdo del Consejo Territorial y a los dictámenes del CES y del Consejo Jurídico para evitar que se siga castigando a los dependientes murcianos.

Recordó que Murcia es una de las últimas comunidades autónomas en regular el copago y criticó que después de tres años de aplicación, aprueben el decreto de copago "con el interés exclusivo de hacer caja, dejando pendiente el de incompatibilidades y de procedimiento, lo que ha perjudicado a algunos dependientes".

Asimismo aprovechó para denunciar que no se entiende cómo más de 16.000 personas dependientes murcianas no han recibido todavía su prestación.

La parlamentaria socialista advirtió que el PSOE estará vigilante "para que el decreto no castigue a los dependientes murcianos, no retrase el papeleo y no obligue a los usuarios a poner más recursos de los que la ley y el acuerdo establecen".

Fuente : 20minutos.es

CATALUÑA - RECOGEN FIRMAS POR FALTA DE APOYO

Familias hijos discapacitados recogen 2.500 firmas por falta apoyo a una aula

Dos familias de Montcada i Reixac con hijos "grandes dependientes" han recogido más de 2.500 firmas de apoyo ante la negativa del Departamento de Educación de la Generalitat de ofrecer a estos niños un auxiliar especial de apoyo dentro del aula ordinaria.


Las familias de Laura, de nueve años y con discapacidad intelectual, y de Pau, de 7 años, y con discapacidad intelectual y espectro autista, denuncian "discriminación por parte del Departament respecto a otros discapacitados, con el mismo grado de dependencia", ha informado a Efe Laura Ballesta, portavoz de la Asociación de Discapacitados ADIMIR de Montcada i Reixac.

Los padres de los niños afectados, catalogados según la actual Ley de la Dependencia de la Generalitat como "grandes dependientes", reclaman, además del tutor del curso, un auxiliar de educación especial dentro del aula que apoye a los niños respecto al conjunto del grupo de la clase y les sirva de refuerzo para realizar sus tareas.

Este apoyo facilitaría, según Ballesta, "el aprendizaje y la inclusión de los niños y evitaría su aislamiento respecto al resto de la clase".

Según Ana Ballesta, para las familias la opción de escolarizar a sus hijos en centros exclusivamente para niños con necesidades especiales "no es la mejor", ya que la escuela ordinaria "aporta beneficios a los niños, que al estudiar en su municipio se sienten apoyados por compañeros de su edad y su propio entorno".

La Conselleria, donde se entregarán las 2.500 firmas recogidas, deniega la ayuda pública basándose en que este tipo de recursos sólo se destinan en los centros ordinarios a aquellos niños con discapacidad motora, graves problemas de conducta o de salud.

Sobre este argumento, Ana Balesta ha explicado que los dos niños afectados "cumplen sobradamente estos requisitos y cuentan con informes médicos neurológicos elaborados por hospitales públicos en los que se reconoce la necesidad de que cuenten con un soporte educativo dentro del aula, a parte del tutor, para poder conseguir una pauta de trabajo correcta".

La diputada del Partido Popular (PP), Eva García, formuló el pasado día 26 de mayo una interpelación parlamentaria al Conseller d'Educació, Ernest Maragall, para exponer la situación concreta de estas familias, que según García, están "sufriendo una situación discriminatoria, vergonzosa y contradictoria", a lo que el conseller contestó que el departamento que dirige "sigue incrementando el servicio que prestan los veladores sociales en el marco del Plan de la Escuela Inclusiva, cuyo despliegue finaliza en 2015".

Fuente : abc.es

ASTURIAS - "NO SE PODRÁ CUMPLIR LA LEY SIN MÁS PERSONAL"

Bienestar advierte de que no se podrá cumplir la Ley de la Dependencia «sin más personal»

Noemí Martín afirma que «seguirá la tensión» con el PSOE, porque el compromiso de atender en seis meses «no es posible sin contratos»


«Sin más personal no se podrá cumplir con el plazo de seis meses para atender los casos de dependientes». Es decir, el Principado no podrá cumplir con la Ley de la Dependencia, que no solo marca ya en su texto ese plazo máximo de seis meses -entre que se solicita la valoración y se concede la prestación, en el caso de tener derecho a ella- sino que de nuevo un decreto, el que el Gobierno central impulsará dentro de su plan de ajuste económico, obligará a que la tramitación no supere el semestre.


Y no podrá hacerlo el Principado porque, tal y como explicó ayer la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín, «ese límite de los seis meses es un reto que nosotros ya nos habíamos puesto el año pasado», un calendario que, reconoció, «no hemos podido cumplir», puesto que, ahora mismo, la respuesta en Asturias a las peticiones de las personas con dependencia, desde que acuden a servicios sociales para ser valorados hasta que reciben el servicio al que tienen derecho «tienen una media de doce meses de retraso», un plazo que ella misma calificó de «absolutamente desproporcionado».

Afirmó que, aún así, «hemos hecho grandes esfuerzos», palabras que encuentran refuerzo en el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, desde donde se dio un aprobado al Principado en la gestión de la dependencia, ya que en un año rebajaron un 50% el volumen de personas pendientes de recibir una prestación.

Tal y como adelantó EL COMERCIO, entre mayo de 2009 y este mismo mes se pasó de 9.246 personas con derecho, pero sin prestación, a los 4.448 que, actualmente, tienen pendiente la firma de su Plan Individual de Atención (PIA) con Bienestar.

Empleo precario
No obstante, esos más de 4.000 expedientes son «un volumen extraordinario», que no ha podido ser resuelto aún, según justificó la consejera, porque no contamos con el personal suficiente», ya que las nuevas contrataciones «en muchos casos no son buenas, sino que son contratos temporales que concluyen casi cuando la persona ha empezado a manejar la situación».

Directamente, lamentó que «la Administración haga este tipo de contratos» de carácter precario «que no sirven para dar la respuesta que necesita la sociedad».
Tanto es así, que avisó que «seguirá la tensión» con su socio en el Gobierno regional, el PSOE, ya que además del nuevo calendario de atención que impondrá el Gobierno central «que no hemos discutido aún», su departamento «ya sufre recortes».

En esa línea, dejó claro que entiende «las movilizaciones de los trabajadores», porque, «aunque intentamos que la atención personal a mayores, menores y discapacitados no se vea afectada», sí sabe que hay problemas «en sustituciones», además de falta de personal «en los servicios de administración» que tiene, por ejemplo, paralizado el salario social desde febrero.

Fuente : elcomerciodigital.com

MURCIA - LA COMUNIDAD CRITICA EL RECORTE EN LA LEY

La Comunidad critica el recorte en la Ley Dependencia y dice que Gobierno Nación necesita otro buque insignia

El Gobierno regional criticó hoy que entre los recortes para reducir el déficit público del Gobierno central esté también una de las leyes estrella de la primera legislatura de Zapatero: la Ley de Dependencia.


Así lo señaló el consejero de Política Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana, al término del Consejo de Gobierno, al tiempo que recordó que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero "había hecho de las políticas sociales su buque insignia".

Ayer, apuntó, "éste naufragó, ahora necesitará que alguien recoja la bandera", habrá que ver, exclamó, "cuál será su buque insignia a partir de estos momentos".

Sobre el recorte en la Ley de Dependencia, el consejero explicó que afectará básicamente a aquellos que soliciten la ayuda a partir del 1 de junio.
En concreto, una persona de Grado 3, nivel I-II dejará de percibir 3.000 euros, 1.800 euros en el caso de las personas en Grado 2, con 300 euros al mes.

Esto, destacó, "es importante para muchas personas no porque venga bien la cantidad en una economía familiar, sino porque el objetivo es ayudar a aquellas personas que han estado prestando el servicio al dependiente".

Y es que el presidente del Gobierno anunció este miércoles en el Congreso que, además de bajar un 5 por ciento los sueldo de los funcionarios y eliminar el cheque bebé, se suprimirá la retroactividad del pago de las prestaciones para ayudar a las personas que no pueden valerse por sí mismas.

A partir de ahora, la prestación se cobrará desde el momento en el que sea aprobada y no desde el día en el que se presentó la solicitud, como recogía la ley. Este recorte sólo se aplicará a los nuevos solicitantes. A los que ya tenían pedidas las ayudas no les afectará.

Fuente : europapress.es

EXTREMADURA - LA LEY SERÁ "UNA REFERENCIA A NIVEL EUROPEO"

Vara destaca que la Ley de Dependencia será "una referencia a nivel europeo" cuando esté plenamente aplicada

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, destacó ayer en Coria, en la inauguración de las I Jornadas sobre Edad, Dependencia y Asistencia, 'Edasist', que la Ley de Dependencia será "una referencia a nivel europeo" cuando esté plenamente aplicada.


Vara destacó la "importancia" que la Ley de Dependencia tiene para el conjunto del Estado en el acto inaugural de dichas jornadas que se celebran durante todo este fin de semana en la citada localidad cacereña, informó la Junta en nota de prensa.

Para el presidente del Ejecutivo extremeño es "muy importante" que se entienda que la aplicación de la ley "debe pasar por algunas etapas iniciales que hacen que no pueda aplicarse en su totalidad con toda la celeridad que gustaría". "Pero en cuanto esta etapa esté superada en este país "nos enorgulleceremos de tener un instrumento de estas características", indicó.

Tras las intervenciones inaugurales del alcalde de Coria, Juan Valle, y de Fernández Vara, las autoridades asistentes al acto, entre las que también se encontraban el presidente de la Asamblea de Extremadura, Juan Ramón Ferreira; y el presidente de la Diputación de Cáceres, Juan Andrés Tovar, visitaron los 'stands' instalados en la Plaza de la Solidaridad.

Tras su estancia en Coria, el presidente de la Junta se trasladó a Don Benito para asistir a la décima Cena de Convivencia Empresarial de los empresarios de esta localidad pacense.

Fuente : europapress.es

EL CIEMPIÉS Y LA LEY DE DEPENDENCIA

El ciempiés y la Ley de Dependencia

Aunque probablemente un ciempiés no tenga exactamente cien pies, su nombre deriva del hecho de tener un número muy alto de patas.

Suponiendo que pudiera sobrevivir sin alguna de ellas, ¿cuál sería el número máximo de patas que podríamos quitarle para que pudiéramos seguir llamándole "ciempiés"?
Esta es una pregunta sin una fácil respuesta.

Como tampoco la tiene esta otra: ¿cuántos principios fundamentales de la llamada "Ley de Dependencia" aprobada por las Cortes en diciembre de 2006 pueden incumplirse por parte de las administraciones públicas para que podamos seguir pensando que estamos delante de la misma "Ley de Dependencia"?

Analicemos brevemente alguno de ellos. La Ley de Dependencia nace como una ley de prestación de servicios a personas en situación de dependencia fundamentada, entre otros, en los principios fundamentales de universalidad, calidad de los servicios y sostenibilidad.

El principio de universalidad significa que toda persona en situación de dependencia tiene un derecho subjetivo a ser atendida en el marco de la ley. ¿Hasta qué punto se cumple este principio cuando la ley no engloba a la dependencia leve?

O ¿cuándo establece un calendario para su aplicación en función del grado de dependencia del beneficiario, calendario que las administraciones pueden retrasar por motivos presupuestarios?

O ¿cuándo no se han aprobado los decretos de copago que deben establecer qué cantidades exactas va a pagar cada usuario por los servicios que tiene derecho a recibir, con lo que todavía no está garantizado en la práctica que nadie se quede fuera de recibir un servicio por motivos económicos?

El principio de calidad en los servicios significa que los servicios que provengan de la Ley de Dependencia se prestarán por entidades profesionales sociosanitarias, que cumplan unos altos estándares a la hora de prestarlos tanto desde el punto de vista de sus medios humanos como técnicos.

¿Hasta qué punto se cumple este principio cuando mucho más del 50% de las ayudas que se han dado hasta el momento se han dado en la modalidad de ayudas económicas a familiares no profesionales?

¿Puede una persona de 80 años dependiente proporcionar una atención de calidad en un domicilio particular a una persona también de 80 años todavía más dependiente?

Por último, el principio de sostenibilidad del sistema significa que todos los servicios, plazos y procedimientos establecidos por la ley se deben diseñar de manera que sean sostenibles financieramente en el tiempo de manera que, una vez puestos en marcha, se garantice que se podrán mantener indefinidamente en el futuro.

¿Hasta qué punto se cumple este principio cuando las administraciones públicas pueden paralizar la concertación de plazas en centros para personas dependientes con la excusa de tener problemas presupuestarios?

¿O que puedan modificar aspectos fundamentales de la ley como la retroactividad en el pago de los servicios también por el mismo motivo? ¿Es realmente sostenible la ley que tenemos?

La pregunta inicial sobre cuántas patas tiene que tener un ciempiés para poder seguir llamándole ciempiés no tiene una respuesta única.

Lo que sí está claro es que un ciempiés con dos patas en ningún caso puede seguir siendo un ciempiés. Como tampoco puede seguir siendo la misma Ley de Dependencia aprobada por las Cortes una ley cuyos principios de universalidad, calidad y sostenibilidad no se cumplen.

Una ley que ha pasado de ser una ley de servicios profesionales de calidad a una ley de subsidios. Y una ley que se ha convertido en un mero instrumento por parte de nuestros políticos en la lucha entre partidos.

¡Pobre ciempiés con dos patas! ¡Y pobres ciudadanos dependientes!


Dr. Guillermo Bell Cibils

Fuente : diarioinformacion.com

ASTURIAS - ILLAS CONTROLA LA DEPENDENCIA

El Ayuntamiento de Illas ha implantado una plataforma tecnológica que, según explicó el alcalde, Alberto Tirador, permitirá el seguimiento en tiempo real de los servicios que reciben los beneficiarios de la Ley de Dependencia.

Es el Piacontrol, «un sistema remoto de gestión y control pionero en el mundo», afirmó el alcalde antes de explicar en qué consiste y qué ventajas ofrece.

Los teléfonos móviles, el sistema de posicionamiento por satélite (GPS) e internet son la base de esta plataforma, unas herramientas que serán utilizadas por los asistentes domiciliarios para la gestión y captura de información.

Una vez procesada, facilitará el control por parte de la Administración y de los familiares de la persona beneficiaria, y «redundará en una correcta aplicación de los recursos socio-sanitarios generados por la ley y recogidos en los programas individuales de atención», añadió Alberto Tirador.

El sistema permite comprobar la prestación efectiva de los servicios en tiempo real, mediante firma electrónica y posicionamiento GPS, así como la calidad de los mismos, gracias a una serie de cuestionarios 'online.'

También ofrece la posibilidad de seguir en tiempo real la prestación del servicio y de elaborar informes que asegurarán el correcto control y seguimiento de los servicios.

En concreto, del control presupuestario, del número de horas pendientes de prestar para completar el programa de atención, de la medición del grado de cumplimiento de las tareas, controles de calidad, grado de absentismo y movilidad de la plantilla que realiza la prestación...
También permitirá una mejor coordinación del trabajo del Sistema Social con el de Salud, que podrán compartir información acerca de un usuario al que se le aplican cuidados paliativos. De igual forma, mejora la eficiencia, promueve el teletrabajo y optimiza los recursos.

El sistema proporcionará información a través de un cuadro de mando integral que permite, mediante una serie de indicadores, realizar un correcto seguimiento de la gestión y control de los recursos de la Ley de Dependencia por parte de los distintos roles presentes en Piacontrol, facilitando así la toma de decisiones.

Una empresa especializada se encargará de implantar y gestionar la plataforma en estrecha colaboración con el Ayuntamiento, que podrá seguir el desarrollo en tiempo real del servicio de ayuda a domicilio, así como de cualquier otro recurso al alcance de los cuidadores informales y los asistentes personales.

Fuente : elcomerciodigital.com

MURCIA - CIEZA - DEPENDIENTES CONTRIBUIRÁN EN EL PAGO

Los usuarios que utilicen el sistema aportarán en función de su renta y patrimonio

La Región aprueba el Decreto para que los dependientes contribuyan al pago


El Consejo de Gobierno, que se celebró ayer en Cieza, aprobó el Decreto por el que se establecen los criterios para determinar la capacidad económica de los beneficiarios y su participación en la financiación de las prestaciones económicas y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en la Región de Murcia.

Este Decreto da cumplimiento a la Ley de Dependencia aprobada por el Gobierno de la Nación, que establece que los usuarios contribuirán a la financiación del sistema, junto a las comunidades autónomas y el Gobierno central.

El consejero de Política Social, Joaquín Bascuñana, explicó que hasta ahora los usuarios pagaban independientemente de su renta sus plazas de acuerdo a las tarifas de la Comunidad Autónoma, pero con el nuevo sistema, acordado por todas las autonomías en el Consejo del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en 2008, pagarán más los que más tienen.

Bascuñana también indicó que los usuarios con las rentas más bajas no tendrán que pagar nada, salvo en el caso de las residencias y que todas las personas que sean actualmente beneficiarias de este servicio o lo hayan solicitado podrán acogerse al régimen anterior o al nuevo, por lo que no tendrá carácter retroactivo.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno autorizó los convenios de colaboración por valor de casi 3,5 millones de euros con los ayuntamientos de Abarán, Archena, Blanca, Fuente Álamo y Murcia para financiar sus servicios sociales de atención primaria. Del total, 1.445.546 euros serán para la ayuda a domicilio, y para el mantenimiento de centros de servicios sociales, en cofinanciación con el Ministerio de Sanidad y Política Social la cuantía es de 1.820.620 euros, mientras que se destinará 182.819 euros a acompañamiento para la inclusión social.

Noticia completa en Fuente : larazon.es

viernes, 28 de mayo de 2010

A PARTIR DEL 1 DE JUNIO

PLAZO PARA RESOLVER – SEIS MESES

El decreto establece un máximo de seis meses para tramitar el expediente, desde la solicitud hasta la resolución del Programa Individual de Atención. Finalizado este período sin Notificación de la Resolución y al solicitante se le reconoce derecho a prestación, ésta se hará efectiva desde el día siguiente al plazo máximo de seis meses.

“…En el marco de lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones…”


CARÁCTER RETROACTIVO

La retroactividad se elimina para los seis primeros meses, los comprendidos desde la fecha de entrega de la solicitud para la valoración a la situación de dependencia en el registro habilitado a tal efecto hasta la Resolución del Programa Individual de Atención.

“…El reconocimiento del derecho contenido en las resoluciones de las administraciones públicas competentes generará el derecho de acceso a las prestaciones correspondientes, previstas en los artículos 17 a 25 de la Ley 39/2006, a partir de la fecha de la resolución en la que se reconozca la concreta prestación o prestaciones que corresponden a la persona beneficiaria…”

- Prestación económica vinculada al servicio. Art. 17
- Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales. Art.18
- Prestación económica de asistencia personal. Art. 19
- Prevención situaciones dependencia. Art. 21
- Servicio de Teleasistencia. Art. 22
- Servicio de Ayuda a Domicilio. Art. 23
- Servicio de Centro de Día y de Noche. Art. 24
- Servicio de Atención Residencial. Art. 25


“…Si una vez transcurrido el plazo máximo de seis meses desde la solicitud, no se hubiera notificado resolución expresa de reconocimiento de prestación, el derecho de acceso a la prestación económica que, en su caso, fuera reconocida, se generará desde el día siguiente al del cumplimiento del plazo máximo indicado…”


APLAZAMIENTO Y ABONO DE CANTIDADES

Las cuantías en concepto de efectos retroactivos de las prestaciones económicas previstas en el artículo 18 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ( art. 18 Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales) podrán ser aplazadas y su abono periodificado en pagos anuales de igual cuantía, en un plazo máximo de 5 años desde la fecha de la resolución firme de reconocimiento expreso de la prestación.

El aplazamiento deberá ser notificado a la persona beneficiaria de la prestación y a la Administración General del Estado como responsable del nivel mínimo, a efectos de que ésta ajuste su abono al aplazamiento y periodificación de los importes de las prestaciones económicas determinado por la Comunidad Autónoma.

Las cuantías en concepto de efectos retroactivos de la Prestación Vinculada a un Servicio y de la Prestación por Asistente Personal no se contemplan para aplazar su abono en plazo de cinco años.


SOLICITUDES PRESENTADAS ANTES DEL 1 DE JUNIO

Las solicitudes presentadas con anterioridad al 1 de junio de 2010 les será de aplicación la retroactividad a que tuviesen derecho según la Ley 39/2006 antes de esta modificación. Es decir tienen derecho a la retroactividad a partir de la fecha de la solicitud de valoración de dependencia que conste en el expediente.

Disposición transitoria tercera. Solicitud de prestaciones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
“…A las personas que hayan solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, y se les reconozca un Grado III o un Grado II, les será de aplicación la Disposición Final Primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en la redacción vigente en el momento de presentación de la solicitud…”


Disposición final primera Ley 39/2006. Aplicación progresiva de la Ley.

1. La efectividad del derecho a las prestaciones de dependencia incluidas en la presente Ley se ejercitará progresivamente, de modo gradual y se realizará de acuerdo con el siguiente calendario a partir del 1 de enero de 2007:
El primer año a quienes sean valorados en el Grado III de Gran Dependencia, niveles 2 y 1.
En el segundo y tercer año a quienes sean valorados en el Grado II de Dependencia Severa, nivel 2.
En el tercero y cuarto año a quienes sean valorados en el Grado II de Dependencia Severa, nivel 1.
El quinto y sexto año a quienes sean valorados en el Grado I de Dependencia Moderada, nivel 2.
El séptimo y octavo año a quienes sean valorados en el Grado I de Dependencia Moderada, nivel 1.

2. El reconocimiento del derecho contenido en las resoluciones de las administraciones públicas competentes generará el derecho de acceso a los servicios y prestaciones correspondientes, previstos en los artículos 17 a 25 de esta Ley, a partir del inicio de su año de implantación de acuerdo con el calendario del apartado 1 de esta disposición o desde el momento de su solicitud de reconocimiento por el interesado, si ésta es posterior a esa fecha.

3. Transcurridos los primeros tres años de aplicación progresiva de la Ley, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia realizará una evaluación de los resultados de la misma, proponiendo las modificaciones en la implantación del Sistema que, en su caso, estime procedentes.

4. En la evaluación de los resultados a que se refiere el apartado anterior se efectuará informe de impacto de género sobre el desarrollo de la Ley.


El equipo de www.laleydeladependencia.es y www.laleydeladependencia.com

GUADALAJARA - 3.500 PERSONAS ATENDIDAS

La Ley de Dependencia atiende a 3500 personas en Guadalajara

La Ley de Dependencia atiende en la actualidad a 3500 personas en Guadalajara desde su implantación en 2006. El director general de este área y el delegado de salud y Bienestar Social han hecho balance positivo de estos tres primeros años.


La Junta de Comunidades, desde un primer momento, apostó fuertemente por este tipo de prestaciones en la región. En la actualidad Castilla la Mancha es la cuarta comunidad en número de prestaciones por cada mil habitantes.

El perfil del beneficiario de estas ayudas es una mujer de más de 80 años de edad. En cuanto a la tipología del servicio: en un 40% es de tipo económico para cuidados en el entorno familiar y en un 27% referido a atención residencial. Le siguen en porcentaje la teleasistencia, con un 15% y la ayuda a domicilio, con un 6,6% .

Además, cabe destacar que la inversión económica (unos 900.000 euros al día) y humana realizada por el Gobierno regional para Dependencia ha posibilitado además la creación de aproximadamente 6.200 puestos de trabajo, de los que más de 700 han sido en la provincia de Guadalajara.

Fuente : cope.es

SAN SEBASTIÁN - MÁS DE 15.000 FAMILIAS, ATENDIDAS POR CENTROS SOCIALES

Son los datos de 2009 de una extensa memoria de ayudas en las que se registra que los centros de servicios sociales de la ciudad, siete en total, atendieron a 15.178 familias, un 17,2% más que a lo largo de 2008. La nueva responsable de Bienestar Social, Alicia González, indicó que, además, aquellas que solicitaban algún recurso por primera vez se incrementaron en un 31%.

¿La razón? Que mientras la demanda derivada de la Ley de Dependencia se ha suavizado, se ha incrementado la que está motivada por la crisis económica, sobre todo las Ayudas de Emergencia Social.

El presupuesto fue de 29 millones de euros para todo el departamento, prácticamente la misma cantidad que de la que se dispondrá a lo largo de este año. González matizó que en este montante se mantienen aquellas partidas que tienen que ver de forma directa con la prestación y atención a las personas y que lo que se ajusta son otro tipo de gastos.

Respecto a las familias, el porcentaje más elevado, un 29,8% reside en la zona de Amara Berri-Loiola-Martutene con casi un 30%, mientras que un 22,3%, vive e en Gros y Egia, seguido ya a distancia, un 12,3%, que tienen domicilio en Altza y Larratxo.
La concejala repasó otras actuaciones como las que tienen que ver con las mujeres víctimas de malos tratos, programa que atendió a 213 personas, la protección de los menores o la ayuda domiciliaria, que llegó a 1.701 ciudadanos, una cifra que se mantiene estable en los últimos años.

Otro dato aportado ayer se refiere a la posibilidad de que menores a los que se detiene por tenencia y consumo de alcohol o drogas se acojan a medidas alternativas a las multas. Participaron en la iniciativa 209 jóvenes, de los que como dato significativo, el 17,2% tenía menos de catorce años.

Fuente : diariovasco.com

LA RIOJA - LA HORA DE DEFINIR PRIORIDADES

La hora de definir «prioridades» en las administraciones públicas

«Nos encontramos en una situación complicada y tal vez pueda darse la tentación de analizar los servicios sociales desde el recorte presupuestario», reconoció de forma explícita Sagrario Loza durante su intervención ante los medios de comunicación.

«Pero los políticos tenemos la responsabilidad de que no se produzcan porque afectaría a un sistema único que se preocupa y ocupa de las personas en situación más desfavorable», asumió a renglón seguido la consejera de Servicios Sociales.

Ella se encargó de efectuar, curiosamente, la primera reflexión antes de inicio de un encuentro concebido para el análisis. «La crisis nos permite cuestionar y replantear cuáles son las prioridades en nuestros compromisos con la sociedad a la hora de desarrollar programas básicos desde los Ayuntamientos» y, de forma más especializada, a través de los equipos de la Administración autonómica.
«El reto no ha acabado», apuntó la consejera.

«El siguiente es lograr que los trabajadores sociales intervengan en la creación de recursos para la recuperación personal de los ciudadanos afectados por la situación económica y reflexionar sobre el contenido de los programas de ayuda a domicilio que no sólo deberían ajustarse al cumplimiento de la Ley de Dependencia, sino fomentar la incorporación personal de las personas en situación de exclusión social».

Fuente : elcorreo.com

PLATAFORMA DE DEPENDENCIA CRITICA DECRETO DE ZAPATERO

Desde que la Ley de Dependencia entró en vigor, los afectados no han parado de denunciar "la falta de interés" del gobierno valenciano por tramitar sus solicitudes y conceder las ayudas. Muchos afectados han fallecido sin recibir la prestación que les tocaba. Otros están perdidos en el proceso burocrático.

A partir del 1 de junio se aplicarán las medidas del decreto-ley de 20 de mayo para recortar el déficit público.

Una de ellas aplaza a cinco años el pago de la retroactividad a la que tenían derecho los solicitantes. "Van a salir beneficiadas las administraciones públicas, especialmente aquellas que, como la Comunitat, han hecho una aplicación muy cicatera" de este aspecto, denunciaron ayer desde la Plataforma en defensa de la ley de Dependencia.

Como punto positivo, el decreto establece un máximo de seis meses para tramitar el expediente, desde la solicitud hasta la resolución. Si al terminar este período no ha llegado la notificación y más tarde el solicitante tenía derecho a la prestación, ésta se hará efectiva desde el día siguiente al plazo máximo de seis meses. "En nuestro caso, y dada la tardanza con que resuelve nuestra Conselleria de Bienestar Social los expedientes, es una garantía de que las retroactividades se cobrarán", afirmaron.

La plataforma pidió además al Consell que resuelva todos los expedientes iniciados en el año 2007 de grandes dependientes, que por ley deberían haber quedado resueltos el 31 de diciembre de 2007.

Fuente : adn.es

ASTURIAS - IGLESIAS LAMENTA QUE PSOE IMPONGA PAGO CRISIS A LOS MÁS DÉBILES

El coordinador general de IU de Asturias, Jesús Iglesias, ha lamentado que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con la aprobación en el Congrso del real decreto-ley con las medidas de recorte del gasto por sólo un voto de diferencia, haya impuesto en solitario "que la crisis la paguen los más débiles".

En un comunicado, Iglesias critica además que Zapatero haya renunciado a una reforma profunda y estable del sistema fiscal y haya dejado "que los ricos se escapen sin aportar nada a la salida de la crisis".

A su juicio, frente a esta "rendición a los mercados", la respuesta por la izquierda debe ser recuperar el impuesto sobre el patrimonio ya que sólo con reactivarlo el Estado obtendría 2.000 millones de euros, el equivalente a lo que dedica a la Ley de Dependencia, y establecer un nuevo impuesto específico para los bancos que financie las políticas para salir de la crisis.

También plantea poner fin al fraude fiscal que, asegura, los inspectores de Hacienda sitúan en unos 80.000 millones de euros al año dado que la economía sumergida supera el 20 por ciento en España y, con una reducción de sólo 3 puntos del PIB, la recaudación aumentaría en 10.000 millones de euros por año.

En cuanto a la tributación extraordinaria anunciada ayer por Zapatero, el dirigente de la coalición considera que se trata de "un mero maquillaje que no tendrá efectos recaudatorios sustanciosos y no compensará, en modo alguno, el esfuerzo que se pide a los pensionistas y trabajadores".

Fuente : finanzas.com

jueves, 27 de mayo de 2010

EL CONGRESO APRUEBA LOS RECORTES POR UN VOTO DE DIFERENCIA

El Congreso aprueba los recortes por un voto de diferencia y deja el futuro de Zapatero en suspenso

• La posibilidad de que el PSOE no tenga mayoría para validar el presupuesto del 2011 abre la puerta a la convocatoria de elecciones anticipadas


CiU pide a Zapatero que dimita antes de acabar el año, pero salva el decreto con su abstención

Rajoy: "El PP no contribuirá con su voto, señor Zapatero, a que usted siga ahí"
Salgado asegura que el plan de recortes del Gobierno es "doloroso pero inevitable"

Los autónomos ya pueden cobrar hasta un año de paro

El 58,2% de los españoles ven necesario el tijeretazo de Zapatero

El Congreso ha aprobado hoy con solo un voto de diferencia (169 a favor, 168 en contra y 13 abstenciones) el decreto de ley del plan de ajuste del Gobierno tras un tenso debate que deja en el aire el futuro de José Luis Rodríguez Zapatero.

La abstención de CiU, pese a que salvó la validación de los recortes, deja muy tocado al Ejecutivo, ya que el portavoz de la federación en la Cámara, Josep Antoni Duran-Lleida se unió a la reclamación del PP de convocatoria de elecciones anticipadas.

El voto en contra al decreto del PNV, el único socio posible que le quedaba, hasta ahora, al PSOE para aprobar el presupuesto del 2011 augura un callejón sin salida para Zapatero, que le podría obligar a avanzar un año la cita electoral prevista para el 2012.

CCOO ya ha pedido huelga general

La previsible resolución con otro decreto gubernamental de la reforma laboral complica también la alternativa de buscar la mayoría con los partidos de la izquierda minoritaria y el grupo mixto, ya que ello desembocaría en una huelga general que, según se comentaba hoy en los pasillos del Congreso, podría convocarse para este mismo mes de junio, por petición expresa de CCOO. Así las cosas, el debate del estado de la nación, que se celebrará el 14 de julio, podría convertirse en el plebiscito final de la legislatura.

Los parlamentarios votaron en contra de tramitar el decreto como proyecto de ley, tal y como pedían la mayoría de los grupos de la oposición. De haberse aprobado esta iniciativa se hubiera retrasado la entrada en vigor del plan, pese a que ya está publicado en el BOE, y se hubiera podido modificar su contenido a través de las enmiendas presentadas por los grupos.

Fuente : elperiodico.com

EL GOBIERNO SACA ADELANTE, POR LA MÍNIMA, SU PLAN DE AJUSTE

El Gobierno saca adelante, por la mínima, su plan de ajuste

El Cermi propone "más creatividad política" en lugar de recortes sociales y plantea seis medidas concretas


El Gobierno ha conseguido este jueves, en una ajustada votación, que el Pleno del Congreso convalidara el Real Decreto Ley de medidas extraordinarias para reducir el déficit público, gracias a la abstención de CiU, Coalición Canarias y UPN. Los 169 diputados del PSOE votaron a favor de la iniciativa, que obtuvo 168 votos en contra, los de PP (153), PNV (6), ER-IU-ICV (5), BNG (2), Na-Bai (1) y UPyD (1), que suman 168.

Entre las medidas aprobadas se encuentra la suspensión en 2011 la revalorización de las pensiones, excepto las mínimas y las no contributivas. Además, eliminará el carácter retroactivo de la ley de dependencia.

Ambas medidas sacuden notoriamente los pilares del estado del bienestar, y afectarán a los colectivos más débiles y desfavorecidos.

El movimiento asociativo en su conjunto, a través del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), ha criticado duramente este recorte en la cobertura global del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

"Con esta medida", afirma el Cermi, "se castiga a una parte de los beneficiarios de la Ley de Dependencia, que han visto dilatadas durante meses y hasta años sus solicitudes de valoración y reconocimiento de derechos, y se premia la incompetencia de las Administraciones autonómicas, que han generado bolsas de atrasos, por no resolver en tiempo prudencial, tal como marcan las propias leyes".

Y es que, advierte el comité, serán las personas en situación de dependencia y sus familias las que sufrirán los efectos de la mala gestión de muchas comunidades autónomas, "que si resolvieran en plazo, no generarían atrasos a los que después no pueden hacer frente".

En todo caso, concluye el Cermi, se entiende que este recorte sólo se aplicará a las personas en situación de dependencia que formen parte del sistema a partir de la entrada en vigor de esta decisión, y que no tendrá efectos retroactivos para los beneficiarios que ya tienen generada la deuda, pues se atentaría contra derechos consolidados y adquiridos, lo que, asegura, "daría pie a innumerables litigios ante los Juzgados".

“MÁS CREATIVIDAD POLÍTICA”
Una vez aprobado el plan de austeridad, el Cermi propone apostar por "más creatividad política" para salir de la actual situación económica, en lugar de recortes sociales que "inciden siempre en los grupos más vulnerables o sometidos a mayor riesgo de exclusión".

El Cermi considera que estas situaciones deben dar lugar a procesos de creatividad política que pongan en marcha medidas innovadoras de avance que no lleven aparejado necesariamente un coste adicional. En el ámbito de la discapacidad, según el Comité, el despliegue de este tipo de medidas es posible y viable, por lo que sólo hace falta imaginación y audacia políticas para llevarlas a término.

En este caso, sugiere seis iniciativas que podrían contribuir a mejorar las condiciones de vida y ciudadanía de las personas con discapacidad y sus familias, sin coste directo para las arcas públicas.
En el ámbito de la inclusión laboral, modificar la Ley de Contratos del Sector Público para establecer que sólo puedan participar en procesos de contratación con las Administraciones públicas las empresas, que estando obligadas, acrediten previamente el cumplimiento de la reserva de empleo a favor de personas con discapacidad.

También propone introducir en esta ley una reserva obligatoria ?de entre el 6 y el 10%-de contratos públicos en favor de empresas sociales, como los centros especiales de empleo o las empresas de inserción.

Asimismo, pide cambiar la Ley General de Subvenciones para que cualquier empresa o entidad que desee acogerse a una subvención o ayuda pública acredite previamente el cumplimiento de la reserva de empleo a favor de personas con discapacidad, si estuviera obligada.

En la esfera del acceso a la vivienda, el Cermi plantea elevar del 2 al 6% la reserva de viviendas de iniciativa pública en favor de personas con discapacidad, abriendo la adjudicación no sólo a particulares, como hasta ahora, sino también a entidades del tercer sector de la discapacidad para que las destinen a programas de inclusión social y de vida autónoma de personas con discapacidad.

Por otro lado, sugiere modificar la Ley General de Carreteras para declarar exentos de peaje los vehículos de los que sean titulares o sirvan para transportar a personas con movilidad reducida, que posean tarjeta identificativa que les reconozca esta situación. Esta medida está vigente en la mayor parte de los países europeos, y puede materializarse negociando el Estado con las concesionarias de autopistas de peaje las condiciones de prestación del servicio (plazos de concesión, etc.).

En el ámbito de la atención a las víctimas de accidentes de circulación, el Cermi propone desarrollar reglamentariamente la Ley de Seguridad Vial, que entró en vigor este martes, para dedicar el 33% de lo que el Estado recaude por sanciones de tráfico a programas de asistencia, apoyo y promoción de la vida activa de víctimas de accidentes de circulación que a consecuencia de los mismos hayan adquirido una discapacidad.
La Ley incluye la atención a las víctimas como uno de los objetivos del fondo que generen las multas, pero debe ser la norma reglamentaria la que determine los detalles del reparto.

Estas seis medidas, que no ocasionan gasto directo, según el Cermi, "solo requieren voluntad política y prueban que a pesar de la crisis y las dificultades presupuestarias, hay espacio para la acción política transformadora".

Fuente : solidaridaddigital.discapnet.es

miércoles, 26 de mayo de 2010

NAVARRA - "LA VELOCIDAD DE LA LEY, GARANTIZA SU FUTURO"

Moza afirma que la "velocidad" de la Ley de Dependencia garantiza su futuro

El secretario general de Política Social y Consumo del Ministerio de Sanidad y Política Social, Francisco Moza, ha declarado hoy que la "velocidad" alcanzada en la aplicación de la Ley de Dependencia en los últimos meses es una garantía de su desarrollo en el futuro "de manera efectiva".

Moza, quien ha participado hoy en el acto inaugural del IX Congreso Nacional de la Federación Lares, ha señalado que más de 550.000 personas han sido atendidas en España desde la entrada en vigor de la ley hace tres años, más de la mitad de ellas en el último año, y ése es un desarrollo "suficientemente importante" para asegurar el mantenimiento del sistema en el futuro.

En este momento, ha subrayado, una de cada cuatro prestaciones que se conceden están relacionadas con plazas residenciales para personas mayores, lo que sitúa a España en una "situación de privilegio" dentro de Europa, aunque ha reconocido que es necesario seguir profundizando en la política de prestación de servicios.

El secretario general ha afirmado asimismo estar "cansado" de que en España "sólo se hable de sostenibilidad" del sistema "desde el punto de vista del gasto", cuando las políticas sociales son a su juicio "una inversión" en la "mejora de la calidad de vida de muchas personas dependientes" y también en la generación de empleo.

En ese sentido, ha declarado que el sector de las políticas sociales, que ocupa a más de 120.000 personas, ha generado más del 20 por ciento del empleo de España en los últimos dos años y registra aumentos en la afiliación a la Seguridad Social todos los meses.

Se trata, ha destacado, de un sector "de los más potentes de Europa" que es además "un aliado estratégico" de la política social española y sin el cual, en su opinión, no se hubiera logrado el actual nivel de desarrollo del Estado del Bienestar.

Moza ha resaltado el hecho de que en Navarra, como en "pocos sitios" de España, se ha alcanzado un consenso entre el Gobierno foral y el PSN en cuanto al desarrollo de la Ley de Dependencia, sobre la que no se hace un uso "partidista", lo que ha permitido "grandes avances" en este ámbito.

Al respecto, la consejera de Asuntos Sociales del Gobierno Foral, Maribel García Malo, ha destacado el "consenso importante" alcanzado entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales en el desarrollo de la Ley de Dependencia y en Navarra con el PSN en la aplicación tanto de esta normativa como de la Ley Foral de Servicios Sociales, que va, ha dicho, "un poco más allá" que la estatal.

La consejera ha apuntado que los "pilares" del nuevo modelo aplicado en Navarra son esas dos leyes, la estatal y la foral, así como la Cartera de Servicios Sociales, que recoge 140 prestaciones, 90 de las cuales están garantizadas, por lo que son exigibles por los ciudadanos con independencia de la disponibilidad presupuestaria.

El IX Congreso Nacional se celebra en Baluarte del 26 al 28 de mayo bajo el lema "Calidad en el empleo, calidad en la atención" y en el mismo se debatirá sobre la mejora de la calidad en el empleo en los centros Lares, 627 en toda España y, de ellos, 34 en Navarra.

En el congreso participan unas 500 personas entre profesionales de servicios sociales y sanitarios, personal directivo y técnico de residencias, instituciones, empresas y personas que directa o indirectamente están relacionadas con el cuidado de los mayores.

Fuente : abc.es

CANARIAS - NC CRITICA LA CONTRATACIÓN DE UNA TREINTENA DE PERSONAS PARA IMPULSAR LA LEY

NC critica la contratación de una treintena de personas para impulsar la ley

Nueva Canarias (NC) destacó hoy que el impulso a la Ley de Dependencia en Canarias no pasa por engrosar en una treintena el número de nóminas que dependen del Ejecutivo canario.

La formación nacionalista considera "un disparate" que, en vez de confiar en los cabildos, el Gobierno autonómico haya montado una "estructura paralela mediante el contrato de 120 personas", a las que ahora se sumarían 30 más, según indica en un comunicado.

Estas personas no tienen la suficiente experiencia y suponen un "incremento del gasto corriente y la duplicación administrativa".

Para Nueva Canarias esto evidencia "el neocentralismo del Ejecutivo autonómico que le lleva a mantener un discurso "prepotente y falaz tratando constantemente de ocultar la evidencia", diciendo, por ejemplo, que Canarias es la comunidad que mejor desarrolla la ley.

Fuente : abc.es

"EL GOBIERNO SOCIALISTA NO ACEPTA LECCIONES DEL PP"

Trinidad Jiménez: "El Gobierno socialista no acepta lecciones en materia de política social del PP"

Los 'populares' dicen que con el recorte, Zapatero "ha perjudicado a los más débiles y ha mentido a todos los españoles"

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha espetado este miércoles a la bancada 'popular', durante la sesión de control del Congreso de los Diputados, que "el Gobierno socialista no acepta lecciones en materia de política social del PP", al tiempo que ha acusado a las comunidades autónomas gobernadas por el PP de incumplir la Ley de Dependencia.

Jiménez reaccionaba así, en el Pleno de la Cámara Baja, a las acusaciones de la diputada 'popular' Inmaculada Guaita, quien ha recalcado que el presidente del Gobierno, con el recorte para reducir el déficit público, "ha perjudicado a los más débiles y ha mentido a todos los españoles", pues en su día aseguró que con él de presidente "jamás habría recortes sociales". "Los españoles se merecen un gobierno que no les miente", ha apostillado.

La ministra ha dicho que el Gobierno no acepta lecciones de un partido que durante sus ocho años de mandato "ni subió las pensiones mínimas por encima del IPC, ni el salario mínimo interprofesional, ni destinó un solo euro a dependencia".

SE MANTIENE EL ESTADO DE BIENESTAR
Jiménez ha asegurado que el recorte "no va a afectar a la provisión de servicios básicos y esenciales del Estado: las prestaciones por desempleo, la educación, las becas, la I+D y la sanidad se mantienen intactas" y se van a seguir otorgando servicios y prestaciones a todas las personas dependientes que lo necesiten. "Es en las comunidades gobernadas por del PP donde no se está cumpliendo la Ley de Dependencia", ha aseverado.

Igualmente, ha señalado que las medidas para reducir el déficit público "han sido difíciles pero necesarias" y ha añadido que el Gobierno "pide un cierto sacrifico a la ciudadanía" pero sin que el recorte afecte "a los pilares básicos del Estado de bienestar".

Para el PP, "el mayor recorte social de la historia de la democracia" rompe el acuerdo sobre pensiones asumido en el Pacto de Toledo, deja cada año a 400.000 parejas sin los 2.500 euros del 'cheque-bebé' y va a suponer la pérdida de 20.000 empleos debido al recorte del gasto farmacéutico.

"Es un ajuste innecesario que tienen que pagar funcionarios, pensionistas y futuras madres. Es un recorte equivalente a lo que han costado los dos planes locales de inversión que no han generado riqueza ni empleo", ha concluido.

Fuente : europapress.es

GOBIERNO SALVA DEL RECORTE LOS ATRASOS POR DEPENDIENTES EN ASILOS

El Gobierno salva del recorte los atrasos por dependientes en asilos

La polémica por el aplazamiento de la retroactividad en la Ley de Dependencia se ve ahora suavizada. El real decreto ley con las medidas para combatir el déficit salva a algunas prestaciones económicas, que seguirán llegando a los familiares de los dependientes con los atrasos adeudados, sin demora de ninguna clase.

Se trata de las llamadas prestaciones económicas vinculadas al servicio, un dinero que se da a aquellas familias de grandes dependientes que optan por una plaza de residencia pero la Administración no puede dársela, porque no las hay en los geriátricos públicos ni en los concertados.

Estos usuarios contratan con un geriátrico privado, pero, por ley, reciben una cantidad para que no les resulte tan caro. Las cuantías oscilan entre 400 y 800 euros, que, en muchos casos, han venido adelantando a los gobiernos puesto que ya tenían al anciano o discapacitado en una residencia.

Esa prestación la reciben en la actualidad más de 43.000 personas, sobre todo en Castilla y León y Cataluña.

La medida ha sido acogida con agrado por las organizaciones implicadas en el desarrollo de la Ley de Dependencia. "Vemos en ello sensibilidad por parte del Ministerio de Sanidad y Política Social, a quien ya habíamos avisado de que aplazar estos pagos se iba a considerar una gran injusticia, puesto que la retroactividad de estos casos se refiere a cantidades efectivamente abonadas para procurar cuidados y adelantadas por las personas dependientes y sus familias", dijo ayer el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

La subida del IVA en julio también iba a penalizar a estas familias, pero ayer mismo CiU alcanzó un acuerdo con el PSOE para sacar adelante su propuesta: que el IVA que se aplique a estos servicios privados para las familias sea sólo del 4%.

El real decreto también libra del aplazamiento a las prestaciones económicas para el asistente personal, aunque esta ayuda es muy minoritaria todavía, apenas alcanza los 700 usuarios. El asistente personal está previsto para quien tiene alguna discapacidad, por ejemplo un invidente, o alguien que va en silla de ruedas. Contratan a una persona que les ayuda a moverse y, sobre todo, a salir de casa, por ejemplo para estudiar, lo que les permite mucha más autonomía.

Por tanto, las comunidades sólo podrán pagar en plazos, hasta en cinco años, aquellos atrasos que les deben a los cuidadores familiares.

Fuente : elpais.com

EL GOBIERNO ACELERA CONCRECIÓN AYUDAS POR DEPENDENCIA LEVE

El Gobierno acelera la concreción de la ayuda por dependencia leve

• Confía en que no se colapse el sistema de asistencia como alertan los ayuntamientos

• Acció Social anuncia que no dividirá pagos en 5 años como prevé el Ejecutivo, sino en 3


El Gobierno concretará «lo antes posible» las ayudas a las que tendrán derecho los ciudadanos con un grado de dependencia leve, que a partir del año que viene podrán solicitar una prestación pública de acuerdo con la ley de la dependencia.

Así lo confirmó ayer el secretario general de Política Social y Consumo del Ministerio de Sanidad, Francisco Moza, quien explicó que está en marcha un grupo de trabajo para fijar, de acuerdo con las autonomías y las entidades del sector, los servicios a los que tendrán acceso las personas a las que se reconozca el grado de dependencia 1, el menos grave.

La consellera de Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, había exigido al Gobierno que acelerase este proceso para poder planificar los servicios que las administraciones deberán prestar a los nuevos usuarios. Capdevila formuló esta reclamación a la vista del riesgo de colapso del sistema que han denunciado los servicios sociales de numerosos municipios catalanes.

Los ayuntamientos alertan de que los nuevos beneficiarios pueden hacer inviable en el 2011 una atención a la dependencia que ya desborda en muchos casos las capacidades locales.

Al respecto de esta denuncia, Moza reconoció el «importante esfuerzo» de los profesionales municipales, pero sostuvo que el sistema sigue absorbiendo un gran número de nuevos casos «a un ritmo similar que el año pasado» y que durante este ejercicio ha incorporado a 250.000 ciudadanos. Preguntado sobre si ante la queja municipal el Gobierno tiene previsto algún apoyo adicional, el secretario general de Política Social recordó que las autonomías han incrementado sus fondos para el despliegue de la ley y que el segundo Plan E del Gobierno incluyó una parte destinada a reforzar servicios municipales del ámbito social, que ha representado 737 millones extras. Moza añadió que «hay que explicar a la gente la complejidad del sistema».

DISCREPANCIA EN LOS PLAZOS
Respecto a la decisión del Gobierno de restringir los pagos retroactivos solo a partir del periodo superior a los seis meses de demora y de fraccionar estos desembolsos en hasta cinco años, el responsable ministerial argumentó que se viven «momentos económicos complicados» y que con estos pagos a plazos se evita congelar la entrada en el sistema del grado de dependencia leve como alguna Administración había sugerido.

La consellera de Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila criticó por «excesivo» este pago en hasta cinco años y apuntó que el Govern limitará estos periodos a dos o tres ejercicios. La dirigente recordó que la mayoría de las solicitudes proceden de personas con más de 80 años.

La titular de Acció Social también advirtió de que, pese a que a su juicio la ley de dependencia no está en peligro, es necesario tomar medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema, cuestionada reiteradamente por parte de numerosos municipios catalanes.

Fuente : elperiodico.com

CIU PACTA EXTENDER IVA DEL 4% EN DEPENDENCIA AL SECTOR PRIVADO

El PSOE y Convergència i Unió (CiU) acordaron ayer que cuando entre en vigor la subida del IVA el próximo primero de julio, se aplicará el tipo superreducido del 4% a las prestaciones económicas vinculadas a los servicios de dependencia, es decir, a aquellos servicios privados que se contratan con fondos públicos, tal y como fija la actual Ley de Dependencia.

El Gobierno ya aprobó en abril aplicar el tipo del IVA superreducido a los centros concertados. El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, indicó que la modificación se llevará a cabo en las próximas semanas en alguna de las iniciativas que se tramitan actualmente en el Senado.

Para aquellas personas dependientes que no puedan acceder a un servicio público o concertado de atención, el Estado facilita servicios alternativos, desde plazas en una residencia privada a atención a domicilio. "A estos servicios alternativos se les aplicará una IVA del 4% a partir de julio", explicaron desde CiU. A pesar del acuerdo con el grupo catalán, el PSOE rechazó ayer una propuesta del PP que pedía lo mismo. El tipo superreducido es el único que se mantendrá en su nivel actual. En cambio, el tipo general del 16% subirá hasta el 18% y el IVA del 7% se elevará hasta el 8%.

No a congelar las pensiones

Por otra parte, PSOE, PP y CiU rechazaron ayer en el Congreso tramitar una proposición de ley en la que se pretendía incorporar nuevos impuestos medioambientales a las nucleares, bolsas de plástico, vertidos e incineración.

Además, el Congreso aprobó ayer una moción del PP con el voto en contra del PSOE que insta al Gobierno a no congelar las pensiones, medida incluida en el decreto-ley que se debatirá mañana.

Fuente : cincodias.com

SEVILLA - EL PLENO AYUNTAMIENTO CELEBRA HOY DEBATE FINAL DE LAS LEYES LOCALES

El Pleno del Parlamento celebra hoy el debate final de la leyes locales

El Pleno del Parlamento celebrará hoy el debate final de los proyectos de Ley de Autonomía Local y de participación de los entes locales en los tributos de la comunidad, que previsiblemente serán aprobados en virtud de la mayoría absoluta que ostenta el PSOE, que en los últimos días ha hecho un llamamiento a PP-A e IULV-CA para posibilitar el consenso en torno a esas normas.


Durante la tramitación de ambos proyectos de Ley en comisión, el grupo socialista a aceptado unas 30 enmiendas de PP-A e IULV-CA, que mantendrán para el debate final en pleno las enmiendas que le han sido rechazadas.

Según el orden aprobado, el pleno, que se desarrollará hoy y mañana, se iniciará con la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, para presentar el Informe Anual correspondiente a la actividad desarrollada por su institución en el año 2009.

A continuación, se procederá a la votación del acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente del 18 de mayo sobre mantenimiento del texto de la Ley de Aguas aprobada por el Pleno el pasado 28 de abril. Posteriormente, se debatirá la propuesta de toma en consideración de la proposición de Ley de Aguas de Andalucía, presentada por el Grupo Socialista, y que cuenta con el criterio favorable del Consejo de Gobierno para su tramitación.

La jornada de hoy en el Pleno se cerrará con las comparecencias del Consejo de Gobierno, la primera de ellas de la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Aguilar, para informar sobre la evaluación del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (Pista) 2007-2008.

Seguidamente, tendrá lugar la comparecencia del Consejo de Gobierno a fin de dar cuenta de las repercusiones en Andalucía de las medidas de ajuste económico anunciadas por el Gobierno de la Nación, solicitada por los tres grupos parlamentarios.

En la sesión de control al Consejo de Gobierno de mañana jueves, el presidente del grupo popular, Javier Arenas, preguntará al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, sobre la situación socioeconómica de Andalucía, mientras que el portavoz de IULV-CA lo hará acerca de la repercusión de los recortes salariales anunciados por el Gobierno central.

En cuanto a las proposiciones no de Ley que serán debatidas mañana, se encuentran dos del PSOE sobre III Pacto por la Economía Social en Andalucía y financiación de la Ley de Dependencia en función de las prestaciones concedidas, y otras dos del PP-A relativas a defensa del Pacto de Toledo y a recorte del gasto público.

También se debatirá una moción relativa a política general en materia de infraestructuras de transporte, defendida por el Grupo Popular, que además interpelará al Consejo de Gobierno acerca de atención a la dependencia.

Fuente : europapress.es

martes, 25 de mayo de 2010

C. VALENCIANA - AERTE: "EL GOBIERNO SE EQUIVOCA CON EL RECORTE"

AERTE asegura que el Gobierno se equivoca con el recorte porque incentivar la ley reduciría el déficit

El presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (AERTE), Alberto Giménez, aseguró hoy que los recortes previstos por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en las políticas sociales establecidas son un "error" y consideró que hay "indicios evidentes" y "estudios económicos sólidos" que defienden que incentivar la ley de dependencia ayudaría a reducir el déficit.

Giménez señaló en un comunicado que la "apuesta por la atención sociosanitaria profesional genera empleo y retornos económicos directos e indirectos para la administración, además de ayudar a la recuperación de otros sectores como la construcción y las infraestructuras, el alimentario o las nuevas tecnologías, entre otros".

En este sentido, el presidente de la patronal autonómica recalcó que, sólo en la Comunitat Valenciana, la adjudicación a personas en situación de Dependencia de las 4.000 plazas disponibles en la red sociosanitaria "permitiría la creación de cerca de 3.000 empleos, además de un retorno de unos 12 millones de euros para las administraciones públicas".

Como ejemplo, citó que los impuestos que recuperaría la Administración central --IVA e IRPF--, el ahorro en prestaciones por desempleo y los ingresos por la Seguridad Social de los trabajadores incorporados a la citada red serían "muy superiores" a medio plazo a la reducción prevista por el ejecutivo de Rodríguez Zapatero mediante unos recortes que calificó de "poco sensibles".

Del mismo modo, Alberto Giménez se mostró partidario de que la administración "priorice" los servicios "centrándose en los grandes dependientes y dependientes severos que siguen sin recibir la atención que necesitan". Una vez atendidos con criterios profesionales y de calidad, dijo, "podremos estudiar la atención de la dependencia leve o moderada en función de los recursos disponibles y con criterios realistas y teniendo en cuenta la situación económica que vivimos".

Giménez se mostró "a favor" de que se implanten protocolos de control de la atención de las personas en situación de dependencia atendidas por cuidadores informales, al igual que se hace con los centros residenciales y/o los servicios socioasistenciales complementarios, como los centros del día, los servicios de ayuda a domicilio o la teleasistencia.

En este sentido, el portavoz de Aerte indicó que los empresarios del sector "entienden y apoyan" que personas con una dependencia leve o moderada "aboguen por mantener su independencia y/o permanecer en el entorno familiar, si bien, es necesario que exista un control sobre aquellos que prestan servicios asistenciales fuera de la órbita de los recursos profesionales".

En todo caso, Alberto Giménez criticó que esta medida "se haya intentado extender hacia las personas con dependencia severa o grave, que requieren atención especializada las 24 horas, por el simple hecho de que supone una menor inversión inicial de la Administración".

El presidente de Aerte destacó que ya existen estudios "que rechazan esta premisa de recorte presupuestario" y sostuvo que su permanencia "va en contra del articulado de la Ley" ya que, tal y como indica expresamente, "los cuidadores son una excepción aplicable únicamente ante la inexistencia de recursos profesionales".

Fuente : europapress.es