viernes, 30 de abril de 2010

ELCHE - LA LARGA ESPERA HACIA LAS AYUDAS

Una lucha sin tregua.

Afectados por los retrasos en la aplicación de la Ley de Dependencia secundaron ayer una concentración en Elche para exigir avances. Más de setenta personas se sumaron a esta acción en la que exhibieron pancartas exigiendo a la Generalitat que cese en su "negativa" de ayuda a los dependientes.


Con una reivindicación que les acompaña desde hace años, los afectados por las demoras en la aplicación de la Ley de Dependencia de Elche quisieron dejar ayer claro que pese al paso de los días no cesarán en sus intentos por lograr que se "cumplan unas medidas a las que tenemos derecho", explicaron los representantes de la plataforma en defensa de la aplicación de esta ley.

Con este objetivo, más de setenta personas salieron ayer a la calle para secundar un paro ante el edificio de La Calahorra, sede de la Subdelegación del Conselle en Elche, en señal de protesta por las demoras en las evaluaciones y las ayudas a las personas dependientes. Un mensaje que quedó recogido en una enorme pancarta que portaron los asistentes.

Los afectados mostraron su malestar "por las continuas excusas y acusaciones llevadas a cabo por la Conselleria de Bienestar Social". Una actitud que, según explicó la portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Elche, Rosario Rives, "lo único que demuestra es la nula voluntad de la administración autonómica para llevar a cabo esta ley".

La representante del colectivo criticó, además, las últimas declaraciones ofrecidas esta misma semana en Elche por el secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Joaquín Martínez, "señalando al Ayuntamiento como el culpable de los retrasos. Una versión que es contraria a la actuación que los afectados hemos vivido, ya que tras presentar la documentación necesaria las demoras han venido desde Valencia".

De igual manera, el colectivo, que ayer estuvo arropado por representantes de la política, los movimientos vecinales y sindicatos, incidieron en que continuarán reivindicando la aplicación de la ley "en los términos que corresponde a todas las personas beneficiarias de este derecho". Una lucha que les ha llevado a convocar diferentes manifestaciones que tendrán lugar los últimos jueves de cada mes.
Asimismo, el próximo 13 de junio la plataforma celebrará un acto festivo en el Parque Municipal de Elche bajo el nombre de "Fiesta Naranja" con la finalidad de concienciar a los ciudadanos sobre este problema.

Por su parte, la encargada de la Oficina Municipal de Minusválidos del Ayuntamiento, Susi Fenoll, exigió ayer el cumplimiento de los principios que recoge este marco legal por parte "de los responsables de una comunidad como la valenciana, que figura a la cola en la aplicación de estas ayudas". Una actitud "que ataca a la diversidad y se ceba con un colectivo que para ellos resalta poco".

Fuente : diarioinformacion.com

CÁDIZ - ALCALDES IU PEDIRÁN GESTIÓN DE SERVICIOS DE DEPENDENCIA

Alcaldes de IU pedirán la gestión de los servicios de dependencia

El Foro de Alcaldes ha considerado “más beneficioso para la gestión del servicio a domicilio que éste sea gestionado desde el ámbito de lo público”

IU pedirá que los Ayuntamientos gestionen el servicio

Los alcaldes de Izquierda Unida acordaron solicitar a la Diputación Provincial de Cádiz la cesión de la gestión de los servicios de Dependencia que se ofrecen a la ciudadanía, tales como el de servicio a domicilio, con objeto de impedir que se produzcan situaciones como los recientes despidos en Clece (concesionaria del servicio dependiente de Diputación) y se puedan atender desde la órbita de lo público.

El coordinador provincial, Manuel Cárdenas, mostró su satisfacción por que finalmente vayan a ser readmitidas las trabajadoras de Clece que fueron despedidas, aunque considera que “sería muy beneficioso para la buena prestación del servicio que éste fuera gestionado directamente por los ayuntamientos que estén dispuestos a hacerlos, y este es el caso de los gobernados por Izquierda Unida”.

Cárdenas apunta que “se ha puesto de manifiesto la insuficiente dotación presupuestaria con que cuenta la Ley de Dependencia, que favorece la privatización de los servicios así como la precarización laboral en el sector”.


Fuente : cope.es

jueves, 29 de abril de 2010

MADRID - AGUIRRE: "SIN PRUEBAS, NO HAY DELITO"

Aguirre y la Ley de Dependencia: Sin pruebas no hay delito

Las triquiñuelas de la presidenta de la CAM están a la orden del día cuando se trata de la Ley de Dependencia.

La capital sigue en los últimos puestos a la hora de aplicar los procedimientos y los tiempos de espera son récord. Sin embargo la lideresa hace folletos publicitarios en los que manipula las cifras y elimina documentos para evitar denuncias.

Mientras la comunidad de Madrid mantiene su puesto de cola en lo que ayuda a la Dependencia se refiere, en otras comunidades autónomas como la catalana, aparecen sentencias en las que sí defienden los intereses de los pacientes.

Es el caso de Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) quien ha reconocido a una persona dependiente su derecho a cobrar los atrasos de la ayuda que le corresponde desde el mismo día que entró en vigor la Ley de Dependencia (el 1 de enero de 2007), aunque la solicitud de la ayuda se presentó cinco meses después (el 29 de mayo del mismo año).

La sentencia se ha recurrido y la administración catalana se defiende y argumenta que hasta el mes de abril de 2007 no se estableció un baremo para fijar los grados de dependencia, por lo que no se podía evaluar a las víctimas. En los próximos meses se sabrá si la sentencia del TSJC es firme, sin embargo la importancia del caso es la posibilidad que tienen en otras comunidades autónomas de recurrir lo que no está bien hecho.

Volviendo a la Comunidad de Madrid, hay que reconocer que pese a los alarmantes retrasos de la puesta en marcha de la Ley, el principio de retroactividad siempre se ha contemplado en el procedimiento.

“Aquí el problema no es ése. Es cierto que Madrid lo contempla, sin embargo sólo se puede producir cuando la ayuda es una prestación económica, ya que una plaza en una residencia no se puede ofrecer de forma retroactiva. Son justamente las prestaciones económicas las que menos se ofrecen, con lo cual el principio de retroactividad que ampara la Ley apenas se aplica, porque saben que si lo tuvieran que aplicar bien tendrían una deuda inimaginable”, le cuenta a nuevatribuna.es la secretaria de Política Social e Igualdad de CCOO Madrid, Ana González.

Los malabares de Esperanza Aguirre a la hora de aplicar la Ley son el campo de batalla de sindicatos y de la oposición , quienes ejercen de vigilantes ante una aplicación que “se mueve en el terreno de la ambigüedad”, especifica González. Pero lo peor es que apenas hay documentación que pueda servir a los dependientes y a sus familiares para denunciar el trabajo mal hecho.

Hace seis meses este periódico se hacía eco de cómo la Comunidad de Madrid una vez que reconocía una solicitud con su respectivo grado de dependencia se lo comunicaba al enfermo por teléfono y no a través de ninguna carta o documento que lo certificara.

En esa ocasión Ana González explicó que era una fórmula para poder prolongar el plazo a la hora de darle la prestación o el servicio que necesitara: “Si el dependiente no tiene un papel con la fecha en la que dice que le dan la dependencia no puede denunciar en un juzgado que la Comunidad de Madrid ha superado el plazo para darle su prestación”. Sin pruebas no hay delito.

Actualmente a las llamadas telefónicas se le ha sumado una nueva triquiñuela, y es que hasta ahora el dependiente podía declarar en un papel que tipo de servicio preferiría recibir: “Ahora ese documento tampoco existe por lo que lo tienen muy difícil para demostrar qué tipo de ayuda habían solicitado”, señala González, quien insiste: “Las posibilidades de reclamar de los ciudadanos se ven muy limitadas”.

FALSOS DEPENDIENTES
La Comunidad de Madrid sigue ocupando los últimos puestos en el desarrollo de la norma. Es la última región en número de solicitudes registradas con una media del 1,12% frente al 2,69% nacional y la penúltima en dictámenes (personas valoradas), con un 1,10%, cuando la media nacional es de un 2,34%.

Según los últimos datos del mes de abril existen 71.629 personas registradas que han hecho la solicitud de dependencia. De este número hay un total de 70.291 que han sido dictaminadas (evaluadas), de las cuales sólo 51.257 podrían recibir en estos momentos la ayuda (la prestación de dependencia se está haciendo en función de los grados y en esta primera etapa sólo se ofrecen las prestaciones a los ‘gran dependientes’).

Del total que ya podrían recibir la ayuda, sólo la tienen 31.852 personas, por lo que el 40% de los ciudadanos que en estos momentos deberían gozar de una prestación, no pueden acceder a ella, pese haber realizado los pasos adecuados.

En este sentido, CCOO le exigió hace una semana a Esperanza Aguirre que respetara el plazo máximo de 6 meses que establece el Consejo de Territorialidad, en el que se obliga a que el procedimiento de solicitud de la prestación no exceda estos 6 meses. “Los procedimientos para ser valorado como dependiente y recibir las prestaciones en la región duran entre 12 y 18 meses”, nos cuenta Ana González.

Desde CCOO Madrid, su secretaria de Política Social e Igualdad, también solicitó a la Comunidad de Madrid que retirara “de inmediato” los folletos donde Aguirre presumía aplicación de Ley de Dependencia: “Publicitaba que más de 115.000 personas reciben teleasistencia, mientras que los datos oficiales señalan que son 1.457 las personas dependientes beneficiaras.

En cuanto a la ayuda a domicilio el panfleto afirmaba que la reciben más de 75.000 personas frente a las 2.936 oficiales y 45.000 plazas residenciales y centros de día cuando los datos oficiales registran 22.812 personas dependientes beneficiarias de estos servicios”, explica González, quien además recuerda que estos datos son de atención en el ámbito de servicios sociales y no de atención a la dependencia: “Son los mismos datos que el propio Gobierno publicó en el año 2007 lo que lleva a pensar que la Comunidad de Madrid no ha realizado ningún esfuerzo extraordinario tal y como nos quiere hacer creer, más bien han utilizado datos de personas que ya eran atendidas en servicios sociales enmascarándolos como nuevos dependientes”.


Fuente : nuevatribuna.es

NAVARRA - APROBADA RESOLUCIÓN PARA HACER EFECTIVA APORTACIÓN QUE CORRESPONDE AL ESTADO

Gobierno foral deberá insistir al estado sobre su aportación Ley Dependencia

El Pleno del Parlamento foral ha aprobado por unanimidad una resolución para que el Ejecutivo Foral insista ante el de España a hacer efectiva la aportación que le corresponde conforme establece la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.

La iniciativa, impulsada por CDN, requiere en concreto que se sea efectiva la aportación del 33% de la financiación de los servicios que le corresponde al Estado, conforme establece esta ley.

El grupo proponente no ha aceptado una enmienda in voce de modificación presentada por el NaBai, en la que se planteaba la "liquidación anual" de ese 33% "en la cuenta del convenio económico".

En la exposición de motivos, la iniciativa esgrime que el hecho de que el Gobierno de España esté "incumpliendo" sus compromisos en materia de dependencia está obligando al Ejecutivo Foral a "completar" esa financiación "a costa de otro tipo de recursos o proyectos que, no siendo garantizados ni prioritarios, sí son importantes".

En ese sentido, se asegura que, lejos del 33% que le corresponde, el Estado "sólo ha aportado durante estos últimos entre el 8 y el 11% de la financiación de las prestaciones previstas en materia de dependencia", circunstancia que ni siquiera ha logrado corregir el convenio que, a través del Plan E, "elevó la aportación del Gobierno central al 17%".

Fuente : abc.es

EXTREMADURA - PP INSTA A LA JUNTA A CREAR FONDO ECONÓMICO DE RESERVA

PP insta a la Junta a crear Fondo Económico de Reserva para garantizar pagos

El Grupo Popular ha presentado una propuesta de impulso en la Asamblea de Extremadura por la que se insta a la Junta a crear un Fondo Económico Regional de Reserva que garantice anualmente el pago de las prestaciones por la Ley de Dependencia a cada uno de los usuarios con derecho a ello.

La diputada del PP, Cristina Herrera, ha justificado hoy la presentación de esta iniciativa para evitar lo que está ocurriendo en los últimos cuatro meses, con la paralización del pago de las prestaciones económicas a personas que tienen reconocido su derecho a recibirlas.

La iniciativa popular señala que en Extremadura, como en la mayor parte de las Comunidades Autónomas, se constata cómo el sistema se va consolidando, pero "con una precariedad que lleva consigo una serie de obstáculos que hacen de la lentitud de su aplicación la desesperación de los ciudadanos".

Recuerda que el Gobierno regional creó nuevas estructuras de planificación y gestión, como el SEPAD, cuya misión es agilizar la implantación y desarrollo de la Ley de Dependencia.

"Además del retraso existente en el inicio de los procedimientos (hasta 18 meses), en la resolución de los PIAS (seis meses), en el plazo de inicio del cobro de las prestaciones (alrededor de 5 meses), se da la circunstancia de que los usuarios dependientes que cobraban de manera regular, han dejado de percibirlas desde el mes de enero", según expone el Grupo Popular en su iniciativa.

Esto ha provocado, según los populares, que muchos de los afectados, con bajo nivel económico, no pueden hacer frente al adelanto del pago a sus cuidadores, mientras que los cuidadores-familiares, que han dejado sus trabajos para el cuidado de sus dependientes, se encuentran en la misma situación.

Por ello, instan a la Junta a crear un Fondo Económico Regional de Reserva que garantice anualmente el pago de las prestaciones correspondientes a cada uno de los usuarios con derecho a ello.

Fuente : abc.es

C. VALENCIANA - "SECTOR DEPENDENCIA ESTÁ EN CRISIS"

Sector de la dependencia está en crisis, según Asociación de Residencias

El presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), Alberto Giménez, ha señalado hoy que el sector ha entrado en crisis como consecuencia del atasco en la negociación de la financiación de la dependencia.

Según han puntualizado fuentes de Aerte en un comunicado, esto sucede tanto en el ámbito estatal como en la Comunitat Valenciana, y es uno de los aspectos que se ha tratado en la clausura de la asamblea de la patronal, a la que han asistido 150 empresarios y la consellera de Bienestar Social, Agélica Such.

Giménez ha insistido en la necesidad de que las Administraciones y sus representantes sean capaces de encontrar un consenso "que no perjudique a los ciudadanos y las empresas que operan en el sector", y ha citado como prioridades "conseguir el IVA superreducido" y apostar "por los servicios profesionales".

Respecto a esto, ha remarcado que los servicios profesionales en la atención sociosanitaria generan "retorno económico tanto directo como indirecto y empleo" y revitalizan la economía "de otros sectores como la alimentación, el inmobiliario y el tecnológico".

Por su parte, Such ha destacado en un comunicado que Bienestar Social destina cada año "179 millones de euros para financiar más de 14.700 plazas residenciales y de día para personas mayores dependientes", y que la atención residencial para personas mayores "se ha incrementado en un 64% con respecto a 2003".

El presidente de Aerte, que agrupa a cerca de 80% de los operadores de la dependencia, ha reiterado que la situación del sector es "crítica" y que la "incertidumbre" que genera la "incorrecta aplicación de la Ley de la Dependencia" entre los empresarios les ha obligado "a estudiar nuevos mercados en Europa".

Por último, Giménez ha criticado que el Gobierno apruebe el IVA más reducido para determinados sectores de la dependencia y "deje de lado a gran parte de los usuarios que reciben las ayudas a través de prestaciones económicas o bien por seguros privados", y ha recordado que los servicios de la dependencia son "de primera necesidad".

Fuente : abc.es

C. VALENCIANA - VALENCIA CUMPLE CON SUS OBLIGACIONES EN LA LEY

Valencia afirma que cumple sus funciones en la Ley de Dependencia

La concejala de Bienestar Social e Integración del Ayuntamiento de Valencia, Marta Torrado, aseguró este jueves que el consistorio está llevando a cabo "plenamente" las funciones que le asigna la Ley de Dependencia, como son "atender la totalidad de los casos que llegan a esta administración a través de los centros de Servicios Sociales de cada zona, donde se atiende a las personas dependientes".

La edil se expresó en estos términos en un comunicado en respuesta a las declaraciones realizadas este jueves por el concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia Julio Such, quien anunció la presentación de una moción al pleno municipal de mañana en la que propone al equipo de gobierno que firme un convenio con la Generalitat para convertirse en entidad colaboradora para la aplicación de la Ley de Dependencia.

Torrado consideró que Such "desconoce por completo el funcionamiento de la Ley de Dependencia". Asimismo, la concejala explicó que "son los propios técnicos municipales de la Concejalía de Bienestar Social e Integración, quienes informan a los interesados sobre los trámites a realizar para acceder a las ayudas que ofrece la Ley de Dependencia".

A continuación, y según marca la ley estatal, la función del Ayuntamiento es "la redacción de los informes de valoración de la dependencia y propuestas individuales de actuación, informes y propuestas que se llevan a cabo con total normalidad", manifestó.

Finalmente la concejala delegada de Bienestar Social denunció que Julio Such "se dedica a lanzar falsas acusaciones, cuando lo que está haciendo el Ayuntamiento es resolver, día a día, las necesidades apremiantes de estas personas, sin manipular su situación para hacer campañas políticas y publicitarias".

Fuente : diariocriticocv.com

ARAGÓN - TRABAJADORES SERVICIO ATENCIÓN A DOMICILIO, OBTENDRÁN UNA TITULACIÓN

Las personas, sobre todo mujeres, que trabajan en el servicio de asistencia a domicilio en el mundo rural en Aragón verán reconocidas sus capacidades profesionales y obtendrán una titulación, tal y como exige la Ley de Dependencia, si demuestran una experiencia de al menos tres años.

En este momento, unas 1.000 personas trabajan en los servicios de ayuda a domicilio prestados por los servicios sociales comarcales, y el 87 por ciento no han accedido al certificado de profesionalidad ni han recibido un título de Formación Profesional.

No obstante, unas 650 tienen ya acreditada una experiencia profesional de tres años o de 300 horas, requisitos necesarios para acceder al proceso de validación de competencias diseñado por los departamentos de Educación, Cultura y Deporte, y Servicios Sociales y Familia, y firmado con las comarcas.

Así queda de manifiesto en un convenio de colaboración que se ha firmado hoy en un acto al que han asistido el presidente aragonés, Marcelino Iglesias; y las consejeras de Educación, Cultura y Deporte, María Victoria Broto, y de Servicios Sociales y Familia, Ana Fernández, además de representantes de las comarcas aragonesas.

En su intervención, Iglesias ha insistido en que en momentos difíciles, cuando aumentan las familias que tienen dificultades para acceder al mercado laboral, se hacen más necesarias las políticas sociales, y por ello ha insistido en que en los últimos tres años se ha incrementado un 60 por ciento el presupuesto para el desarrollo de importantes proyectos como la Ley de la Dependencia.

A su juicio, "la parte más frágil de la sociedad es la gente mayor con dificultades para valerse por si mismos", por lo que su atención constituye un objetivo prioritario para el Gobierno, y ha recalcado que el objetivo debe ser mantener a esas personas en su casa y la excepción trasladarlos a una residencia.

Con los mayores "tenemos todas las obligaciones", porque han sido ellos los que durante muchos años han trabajado y en tiempos muy duros, ha comentado el presidente, quien ha valorado el papel de las comarcas, un modelo que "tenemos que hacer sostenible" y que es el más adecuado para un territorio como el aragonés.

Así, gracias al convenio se reconocerán las competencias profesionales a aquellas personas que acrediten una experiencia de al menos 3 años en el ámbito de los servicios de ayuda a domicilio prestados por los servicios sociales o entidades sociales.

Este reconocimiento de competencias de los trabajadores vinculados a servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia es uno de los criterios comunes para todas las comunidades autónomas, que garantizan la calidad en los centros y servicios de atención a las personas en situación de dependencia.

No obstante, Aragón es la primera comunidad que dispone de un convenio de estas características con las administraciones locales.

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte coordinará las fases del procedimiento y expedirá las acreditaciones que procedan, mientras que las comarcas designarán a unos trabajadores sociales de su área para que asesoren y asistan a aquellas personas que quieran beneficiarse de esta certificación.

La ayuda a domicilio afecta a más de 10.000 personas en Aragón y es un servicio que prestan las comarcas, y en la actualidad se están unificando los criterios de prestación del servicio para que se haga de manera uniforme en todo el territorio y pase a formar parte de los servicios integrados en el Sistema Aragonés de Atención a la Dependencia.

Ana de Salas ha recalcado que la intención es que en 2011 estén acreditadas el 35 por ciento de los profesionales, mientras que en 2012 se alcanzará el cien por cien.

Broto ha dicho que apostar por la educación es apostar por el futuro y ha recalcado que se ha trabajado mucho para "tratar de dar respuesta desde el punto de vista de la formación a las necesidades que plantean los ciudadanos".

Fuente : abc.es

CASTILLA Y LEÓN - 260 ENMIENDAS DE PSOE A LEY

260 Enmiendas de PSOE para dar giro 180º y consensuar Ley Servicios Sociales

Un total de 260 enmiendas a la Ley de Servicios Sociales, con dos títulos nuevos y un catálogo específico de servicios y prestaciones, ha presentado hoy el grupo parlamentario socialista para dar un "giro de 180 grados" al texto presentado por la Junta y poder llegar al consenso.

El secretario del grupo parlamentario socialista y responsable de asuntos sociales, Jorge Félix Alonso, ha argumentado en rueda de prensa que no han querido presentar una enmienda a la totalidad del texto para dejar clara su disposición a llegar a un acuerdo en una ley que "debe ser de futuro y con una importante vigencia".

Competencias confusas sobre qué administración, la local o la autonómica, hace qué, para responder a "quién financia qué", prestaciones sociales que recojan las que mandata el Estatuto de Autonomía, más allá de las que ya garantiza la Ley nacional de dependencia son algunas de las lagunas que busca llenar el grupo parlamentario socialista.

El texto que ha presentado la Junta para su aprobación en las Cortes regionales contiene el doble de artículos que la ley que ha estado vigente durante 22 años "aunque con la mitad del contenido", ha explicado Alonso, quien ha detallado que además proponen dos nuevos títulos, uno relativo a la coordinación socio-educativa, para los casos de exclusión social, y otro sobre el tercer sector, la iniciativa social que componen asociaciones y fundaciones.

El proyecto de ley fía a dieciocho meses la elaboración de un catálogo de prestaciones y servicios del sistema público de servicios sociales de Castilla y León, lo que no tiene sentido para el PSOE dada la tardanza en contar con este nuevo texto.

En las enmiendas, para las que han tenido en cuenta el resto de leyes de servicios sociales autonómicas, algunas tan recientes como la de 2010 de La Rioja, que gobierna el PP, detalla ese catálogo con doce servicios sociales básicos y 74 específicos para menores, jóvenes, mayores, discapacitados, familias, problemas sociales derivados de enfermedades mentales, exclusión social, mujeres y adicciones.

El portavoz en familia del PSOE, Fernando Rodero, ha lamentado que el proyecto de ley siga "anclado en un concepto asistencial y de beneficencia" y que en cuanto a las prestaciones esenciales sea "prácticamente idéntica a la Ley de Dependencia", por lo que ha detallado que el catálogo amplia y recoge las prestaciones que señala el Estatuto de Autonomía.

Entre ellas, ha destacado la protección de los mayores de 65 años, garantizar el alojamiento a los mayores discapacitados, un transporte social para acceder a los servicios sociales, la integración social y laboral de las personas con discapacidad, la promoción de la lengua de signos o la respuesta urgente a los casos de violencia de género, malos tratos y abandono.

Fuente : abc.es

CINCO AUTONOMÍAS APLICARON CON RETRASO LAS AYUDAS

Cinco autonomías aplicaron con retraso las ayudas a la dependencia

Las solicitudes de los afectados tuvieron que esperar al desarrollo de la norma

Cuando la Ley de Dependencia entró en vigor, el 1 de enero de 2007, los dependientes adquirieron de forma automática el derecho a recibir una ayuda. Pero al menos en cinco comunidades autónomas no pudieron empezar a reclamarla hasta que se desarrolló la norma. Además de Catalunya, que ha sido sancionada por ello, Cantabria, Galicia, Comunitat Valenciana y Andalucía hicieron esperar unos meses a sus dependientes antes de que pudieran solicitar sus ayudas. El retraso se justificó en que aún no estaba definido cómo evaluar el grado y nivel de dependencia.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) falló el 20 de abril a favor de una familia de Barcelona que exigía cobrar la ayuda económica que le fue asignada con carácter retroactivo desde que la ley entró en vigor. El TSJC multó a la Generalitat a pagar a la familia 2.435 euros por los cinco meses que tardó en admitir a trámite su solicitud.

Sentencia recurrida
La Generalitat, que ya ha anunciado que recurrirá la sentencia, en la actualidad paga los atrasos en las ayudas tomando como punto de partida la fecha en que se pidieron, tal y como determina la ley. No obstante, el TSJC ha dado la razón a la familia en su queja de que no pudo presentar la solicitud desde el primer día porque la Administración catalana no se lo permitió.

En otras autonomías, como La Rioja, Navarra o Castilla y León, sí empezaron a recoger solicitudes desde el principio.

Navarra empezó a tramitarlas dsde el principio, con una normativa propia. El resto espero a que se desarrollara la norma estatal, casi cinco meses después. A efectos prácticos, los dependientes de estas autonomías sí cobran los atrasos desde antes de que se desarrollara la normativa de la ley, en abril.

Otras comunidades ofrecieron la prestación con carácter retroactivo
La sentencia del TSJC es la primera en todo el Estado que se refiere al plazo que dieron las autonomías para presentar las solicitudes.

Aunque admite un recurso de casación y la Generalitat irá al Tribunal Supremo, el abogado Rafael Pérez, experto que asesora a la asociación Papàs de Alex a cuyos fundadores se refiere el fallo del TSJC, cree que el Govern catalán "lo tiene difícil".

Según explica, no existe una sentencia con fallo opuesto que sirva de argumento a la Generalitat para recurrir. A juicio de Pérez, el Ejecutivo se equivocó al aprobar la Ley de Dependencia y no establecer un periodo hasta su entrada en vigor, para dar tiempo a aprobar las normas necesarias para su aplicación.

Catalunya, Valencia, Andalucía, Galicia y Cantabria retrasaron los trámites
De ser firme, el fallo judicial abriría la puerta a centenares de familias de dependientes
que, como la de Barcelona, no pudieron pedir las ayudas desde un principio.

El abogado de la Plataforma por la Dependencia de Alcorcón, José Ausín, recuerda que, en todo caso, sólo se podrían recuperar las ayudas económicas dirigidas al cuidador familiar.

Fuente : publico.es

miércoles, 28 de abril de 2010

CATALUÑA - CONDENA EJEMPLAR

Condena ejemplar por retrasar la ayuda a los dependientes

El TSJC sanciona a la Generalitat de Catalunya con el pago de 2.435 euros a una familia por los cinco meses pasados entre la entrada en vigor de la ley y la recogida de las solicitudes de ayudas

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha reconocido a una persona dependiente su derecho a cobrar los atrasos de la ayuda que le corresponde desde el mismo día que entró en vigor la Ley de Dependencia (el 1 de enero de 2007), aunque la solicitud de la ayuda se presentó cinco meses después (el 29 de mayo del mismo año).

Previendo posibles retrasos en la concesión de las prestaciones, la Ley de Dependencia establece que las ayudas se otorgarán con carácter retroactivo tomando como punto de partida el momento en que se presentó la solicitud. No obstante, en este caso, el alto tribunal establece que si no se pidió antes la ayuda fue porque la administración catalana no lo permitió.

La sentencia puede sentar precedente y destapar casos en toda España

Por ello, el TSJC obliga a la Generalitat de Catalunya a pagar a la familia del dependiente 2.435 euros. Esta cantidad corresponde a los 487 euros mensuales que recibe la familia de ayuda, multiplicados por los cinco meses que transcurrieron entre la entrada en vigor de la ley y el momento en que se aprobó la normativa que permitió presentar su solicitud.

Antonio Moreno y Mari Saludes, los padres de Alexander, el gran dependiente de 20 años a quien se refiere la sentencia del TSJC, estaban ayer muy satisfechos por la decisión judicial. Llevan meses prácticamente metidos en los juzgados porque, según aseguran, no piensan dejar pasar ni uno de sus derechos. De hecho, son los fundadores de la asociación Papás de Álex, que reúne a decenas de familias catalanas con personas dependientes a su cargo.

Mari explica que tiene que estar todo el día detrás de Alexander. Su hijo es como un niño atrapado en cuerpo adulto, es incapaz de tomar una decisión por sí mismo. Por eso, en octubre de 2007, la Generalitat dictaminó que Alexander tiene el máximo grado de dependencia (grado 3 nivel 2). En enero de 2008, la Generalitat le concedió una ayuda económica por cuidador familiar, en este caso su madre, Mari, de 487 euros mensuales.

El Govern catalán recurrirá el fallo, que admite casación
Si la sentencia fuera firme, sentaría un precedente y beneficiaría a dependientes de otras autonomías a los que tampoco se les permitió registrar sus solicitudes cuando entró en vigor de la ley. Pero el TSJC admite un recurso de casación y la Generalitat recurrirá, aseguraron fuentes del Departament d'Acció Social de la Generalitat.

El abogado de Alexander, Josep Bertomeu, confía en que el recurso del Gobierno catalán no prospere, porque según explica, necesita una sentencia contraria a la actual y no existe ningún caso comparable.

Sin reglamento estatalLa familia cobra 487 euros mensuales desde enero de 2008
Fuentes de la Administración catalana argumentan que hasta abril de 2007, cuatro meses después de la entrada en vigor de la ley, no se aprobó el real decreto estatal que establece la forma de evaluar a los dependientes y los baremos para determinar hasta qué punto estos necesitan ayuda para realizar las tareas básicas. Por tanto, justifican, hasta entonces no podían admitir las solicitudes.

Otras autonomías sí empezaron a recoger las solicitudes desde que entró en vigor la ley, aunque no las pudieran empezar a tramitar hasta pasados cuatro meses.

La sentencia del TSJC responde al recurso que presentó la familia de Alexander a la resolución de un juzgado de primera instancia que dio la razón a la Generalitat.

Fuente : publico.es

TRINIDAD JIMENEZ - RESPONDERÁ PREGUNTAS - ENTREVISTA DIGITAL

Trinidad Jiménez

Sostenibilidad de la Dependencia - Ministra de Sanidad

Jueves, 06 de Mayo de 2010 de 17:00 a 18:00

Trinidad Jiménez es la titular de Sanidad y Política Social, desde cuyo ministerio se coordina el desarrollo de la Ley de Dependencia.

¿Por qué hay esas diferencias en la aplicación de la ley entre unas comunidades y otras?

¿Por qué el tiempo medio de espera de los dependientes para recibir sus ayudas va de los 8 a los 12 meses?

Jiménez charlará con los lectores de estos asuntos.

Fuente : elpais.com - los internautas preguntan - encuentros digitales

C. VALENCIANA - ELCHE - EL DESENCUENTRO DE LA DEPENDENCIA

Los desencuentros entre administraciones por la aplicaciones de la Ley de Dependencia volvieron a salir ayer a escena.

La aplicación de la Ley. El Ayuntamiento y la Conselleria de Bienestar volvieron a escenificar ayer sus posturas encontradas en materia de Dependencia en Elche.

Mientras el Consistorio acusaba a la Generalitat de pagar servicios a dos gabinetes jurídicos externos para asesorar en los casos "conflictivos" , la administración autonómica sacaba a relucir que las demoras en Elche son causa de los retrasos municipales en la elaboración de los informes sociales.

A la guerra de cifras, se sumaron las acusaciones vertidas por parte de la concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Elche, Vicenta Pérez, hacia la Generalitat calificando "de indignante la contratación de dos gabinetes jurídicos externos" con el objetivo de "defenderse de las denuncias de los dependientes".

Las críticas de la edil miraban de nuevo hacia la adjudicación en 2008 de los servicios de asesoramiento adjudicados por la Conselleria de Bienestar Social a dos despachos jurídicos -J&A Garrigues y Carel&Dem- . Unas críticas que se retomaron ayer calificando de "inaudito el hecho de que la Generalitat se gaste dinero contratando estos servicios para asesorarse y defenderse de las denuncias que están presentando los ciudadanos por la falta de aplicación de la Ley", insistió la representante municipal.

El rifirrafe se iniciaba en el marco de unas jornadas sobre dependencia organizadas en Elche por el Colegio de Abogados, en las que el secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Joaquín Martínez, impartía una ponencia sobre la situación de las ayudas y el desarrollo de la aplicación de la legislación en la Comunidad Valenciana.

Negando de manera rotunda las acusaciones del Ayuntamiento, fuentes de la Conselleria insistieron en que el asesoramiento al que hace referencia la edil "se adjudicó en 2008 mediante la convocatoria de un concurso a ambas empresas sin que haya ningún paso nuevo ni modificación" que aliente estas declaraciones, e insistieron en que "su vigencia se extiende hasta octubre de 2010".

De igual manera, subrayaron que la finalidad con la que se aprobó esta prestación fue la de que se "ofreciera una asistencia en materia administrativa a la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales SA (Avapsa), "por lo que estos servicios no se encargan de pleitos ni de contenciosos" .

Agilización de las ayudas
Por otra parte, el secretario autonómico afirmó ayer que al cierre de 2010 se habrá dado asistencia a los 1.500 dependientes ilicitanos que aún están a la espera de recibir las ayudas que contempla la aplicación de la Ley.
El representante de la Conselleria de Bienestar Social subrayó que en el municipio hay en la actualidad un volumen de 3.000 solicitudes con grado y nivel de dependencia reconocido, de las que 1.500 continúan a la espera de recibir las prestaciones.

Lejos de devolver las aguas a la calma, las tensiones volvieron a aflorar al apuntar como causante de los retrasos arrastrados en materia de dependencia por Elche al propio Ayuntamiento. En su análisis, el secretario autonómico hizo hincapié en que la situación de demoras que se arrastra en la actualidad en la ciudad "responde a los retrasos acumulados por el propio Consistorio", que hasta el pasado mes de junio de 2009, "ha figurado entre los puntos más retrasados en la elaboración de los informes sociales" necesarios en el proceso para la asignación de las ayudas.

"Errores y duplicidades"
Además, puntualizó que se está evaluando de manera exhaustiva el informe municipal remitido a la Conselleria relacionado con los a casos pendientes de los años 2007 y 2008. Un informe "que acumula errores, ya que muchos de los expedientes están duplicados o corresponden a personas que han fallecido", precisó.

En este punto, la concejal de Bienestar Social insistió en que los expedientes "están ahí y en lugar de empezar a dejar de faltar el respeto a las personas que después de tres años no tienen resolución se sigue incidiendo en los mismos argumentos".

Vicenta Pérez matizó que desde la Conselleria se "sigue intentando manipular a la gente mintiendo con datos falsos, porque es inaudito que se quejen de que hay casos en los que el afectado ha fallecido y no se les ha avisado después de tres años esperando una resolución".

En lo relativo al conjunto de la Comunidad Valenciana, el representante de la secretaria autonómica de Dependencia matizó que se están "centrando todos los esfuerzos para conseguir que al final del año 2010 todos los casos registrados se hayan puesto al día" cumpliendo con los plazos establecidos". Un número de solicitudes superior a las 100.000 "de las que 65.000 tienen derecho a las prestaciones y que, a fecha de hoy, ya se han atendido alrededor de 32.5000", terminó diciendo.

Fuente : diarioinformacion.com

martes, 27 de abril de 2010

MADRID - HORTALEZA - CHARLA COLOQUIO

Charla coloquio bajo el título “La Ley de Dependencia, excelente norma y especulativa aplicación"

Izquierda Unida organiza el viernes 30 de abril una charla coloquio en torno a la Ley de Dependencia.

La charla se celebra en el local de Izquierda Unida, Asamblea Victoriano Perales, calle Santa Susana 28, bajo, a partir de las 19 horas.

El objetivo de la charla es conocer este tema de interés, visibilizar a colectivos afectados y conocer las propuestas de Izquierda Unida en torno a este tema.

Participarán en el coloquio:

Pepa Amat, Diputada de la Comunidad de Madrid por Izquierda Unida. Portavoz de Familia y asuntos Sociales
Manuel Muñoz, Coordinador Federal de Bienestar Social y conocedor técnico y social en la puesta a punto de esta ley
Valentín Huerta, Miembro de CECU-Madrid y vecino de Hortaleza

Fuente : hortalezaenred.org

CATALUÑA - GENERALITAT DEBE PAGAR BENEFICIARIO POR RETRASOS

La Generalitat deberá pagar a beneficiario por retrasos en la aplicación de la ley

Recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado al Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (Icass) de la Generalitat a pagar 2.435 euros a un gran dependiente como prestación para un cuidador profesional, correspondiente al periodo entre el 1 de enero de 2007 --cuando entró en vigor la Ley de la Dependencia-- y el 30 de mayo de 2007 --cuando el Govern abrió el plazo para solicitar las ayudas, y a partir del cual efectuó los pagos--

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el TSJC apuntó que el reconocimiento administrativo del derecho a la prestación de cuidador no profesional por importe de 587 euros mensuales "habrá de serlo con efectos del inicio de su año de implantación --1 de enero de 2007".

El tribunal, que estimó en parte el recurso de suplicación interpuesto por Antonio Moreno en representación de su hijo, Alexander Moreno, consideró que el Instituto "vulneró" la ley al no abonar la prestación a pesar de que, tal y como explicó el Icass a Europa Press, el decreto que fija el baremo para valorar el grado de dependencia no se aprobó hasta el 21 de abril de 2007.

También en declaraciones a Europa Press, Moreno, que preside la Asociación Papás de Álex de apoyo a discapacitados, consideró que la sentencia es un "gol por la escuadra" a la Generalitat, con la que expresó su descontento por "despreciar" a la entidad, que agrupa a más de 200 familias.

Moreno, que confió en que la sentencia cree jurisprudencia, instó a las personas con prestaciones de cuidador no profesional que solicitaron las ayudas entre mayo y junio de 2007, que reclamen el pago de las ayudas desde la entrada en vigor de la ley.

Fuentes del Icass confirmaron a Europa Press que recurrirán la sentencia en el Tribunal Supremo, alegando que las comunidades autónomas no dispusieron de criterios para valorar el grado de dependencia pasados los tres meses de la aprobación de la norma.

Fuente : europapress.es

ASTURIAS - IU EXAMINA LA LEY Y LA DISCAPACIDAD

IU examina la Ley de la Dependencia y la discapacidad

La coalición analizará esta tarde en el Palacio de Valdecarzana el trato a los colectivos de discapacitados y sus necesidades

Izquierda Unida examinará esta tarde a la Ley de la Dependencia, con un temario muy concreto: la discapacidad, buscando saber cómo se aplica a las personas discapacitadas y tratar de conocer las carencias y las posibilidades de mejorar que existen en la aplicación del texto legal.

Es el objetivo principal de un acto público que hoy, 27 de abril, se celebrará a partir de las 19 horas en el Palacio de Valdecarzana con entrada libre para todos los interesados y que ayer presentó el coordinador local de la coalición de izquierdas, José Fernando Díaz Rañón, y el secretario de organización, Ángel Guido.

En el encuentro participarán como ponentes Noemí Martín, consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias, Javier Calvo Rodríguez, gerente del centro especial de empleo Ateam integra, y Purificación García, concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Avilés. La convocatoria se encuentra abierta a todas las personas interesadas en participar.

«Para Izquierda Unida es importante saber cómo se aplica la Ley de la dependencia y cómo se aplica en nuestro entorno. Todos conocemos la vertiente que afecta a las personas mayores, pero estamos preocupados por su repercusión en los discapacitados, donde sabemos que existen algunos problemas y queremos tratar de conocer», aseguró ayer Rañón.

El portavoz de IU no se olvidó de destacar que «aunque la atención a la discapacidad se encuentra dentro de la Ley de la Dependencia, sabemos que hay dificultades».

En ese sentido, Rañón destacó la importancia de los ponentes, habida cuenta que se juntan las personas con responsabilidades políticas en los ámbitos autonómico (Noemí Martín) y local (Purificación García), además de un portavoz del colectivo de discapacitados integrados en Ateam.

«Además de ser una de las organizaciones más veteranas de la comarca, Javier Calvo cuenta con una gran experiencia en la discapacidad», explicó el coordinador de Izquierda Unida. Rañón avanzó que el objetivo es conocer tanto la situación de los discapacitados físicos como psíquicos.

Ángel Guido destacó, por su parte, la complejidad del asunto a tratar habida cuenta que «es importante conocer la relación entre discapacidad y dependencia, además de que existen diferentes tipos de discapacidades. Es un colectivo muy amplio».

Fuente : elcomerciodigital.com

EXTREMADURA - LA ATENCIÓN DEPENDENCIA CUESTA 1 MILLÓN DIARIO

La atención a la dependencia le cuesta un millón diario a la región

El servicio de gestión, el Sepad, reconoce fallos, y el impago de las prestaciones económicas desde enero

El Gobierno regional dedica cada día un millón de euros en atención a las personas dependientes, el servicio consagrado mediante una ley nacional que prometía crear muchos puestos de trabajo pero que se ha visto frustrada por la crisis económica, y la opción de los familiares que prefieren una prestación dineraria a recibir el servicio.

El cumplimiento de la ley se ha convertido en un quebradero de cabeza para Gobierno y comunidades autónomas, y los ritmos de valoración de los beneficiarios, y percepción de la ayuda, son menores de los anunciados.

El presupuesto para este año en la Comunidad es de 303 millones de euros, que puede ser ampliable en función de las necesidades, y de los que 63 se destinan al pago de prestaciones económicas, cifró ayer Juan Carlos Campón, gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD).

Este año se han producido, reconoce Campón, retrasos en el pago de estas prestaciones debido a algunos «fallos internos» y por la falta de publicación a escala nacional de la actualización de precios correspondiente a 2010 hasta bien avanzado el mes de marzo.

A fecha de hoy, asegura el responsable del Sepad, los ciudadanos que percibían prestaciones a lo largo de 2009 están en proceso de cobrar enero, febrero, y algunos de ellos incluso marzo, y a lo largo de esta y de la próxima semana todos tendrán actualizados sus pagos correspondientes al primer trimestre y «normalizados a partir de abril».

Posteriormente se fijará la paga compensatoria que recupere el dinero que no han cobrado por falta de actualización de precios correspondientes a 2010.
No ha habido ningún problema de liquidez, sino organizativo y achacable al Sepad, sostiene Campón, que ha pedido disculpas a los afectados.

40.000 solicitudes
Desde que en mayo de 2007 se levantara la ventanilla de la Ley de Dependencia, en Extremadura se han presentado 38.563 solicitudes, un ritmo de un millar al mes.

La Comunidad es la séptima en tasa de peticiones, de cada 100 extremeños 3,1 pretenden acogerse a estas ayudas, una cifra que resulta lejana de Andalucía, región socieconómicamente equiparable a la extremeña y donde la tasa alcanza el 4,3 por ciento, muy por delante de País Vasco y Rioja con cifras empatadas de 3,7 por ciento.

Esto ya indica que la aplicación de la Ley de Dependencia es muy dispar y no está directamente relacionada con el envejecimiento o las posibilidades económicas de la población.

En cualquier caso Extremadura está por encima de lo que le 'corresponde' dentro del contexto nacional ya que los extremeños son sólo el 2,4 por ciento de la población española, pero su peso en reclamación de la dependencia es del 2,8.

El Sepad hizo ayer balance del trabajo hasta el momento. De las 38.563 solicitudes recibidas los técnicos de la Junta han valorado el 77 por ciento, 29.609, pero de éstas el 25 por ciento han sido rechazadas de manera que al final el derecho ha sido reconocido a 22.079.

Otra cosa es que se haya procedido efectivamente a la prestación, y ahí el total de beneficiarios es de 14.512 personas, que reciben 18.418 prestaciones ya que hay dependientes que tienen derecho a varios servicios, o a un servicio y una prestación económica.

En la actualidad hay expedientes de solicitud que tardan en resolverse más de seis meses y en algunos casos se ha llegado incluso al año y medio, pero la Junta tiene propósito de enmienda y promete poner al día todos los procedimientos y cumplir el plazo máximo de seis meses antes de que termine este año.

La Junta de Extremadura se compromete a «cumplir rigurosamente», antes de que termine este año, el plazo de seis meses como máximo para resolver todos los expedientes de solicitud de la Ley de Dependencia, tal y como establece el decreto 1/2009.

El director gerente del Sepad confía en que antes de que termine este año la Junta pueda organizar el proceso de valoración en un plazo máximo de tres meses y resolver el plan de cuidados del ciudadano en otros tres meses

Cristina Herrera, responsable de asuntos sociales y dependencia del PP, ve en todas estas palabras un reconocimiento explícito de las denuncias que los populares vienen haciendo desde hace 15 meses. «Lo achacan a que no está actualizada la prestación, pero podían haber adelantado las cantidades y después efectuar una asignación complementaria», se refiere a la falta de cobro.

Hay retrasos en los que esperan, y retrasos en los que ya tienen concedida la dependencia y que llevaban cuatro mese sin cobrar. Más de 3.000 personas que ya tenían concedido el derecho y recibían esa aportación, «han visto perjudicada su vida». Y junto a cada persona hay una familia entera en la que repercute el problema.
El papel «lo aguanta todo», pero desde 2007 en que se empezó aplicar la ley de Dependencia se han creado organismos como el SEPAD para agilizar la tramitación «que no han servido para nada bueno».

Como mínimo, exige Cristina Herrera, debería dimitir Juan Carlos Campón por «incompetente».


Fuente : hoy.es

lunes, 26 de abril de 2010

CERMI EXIGE CUMPLIMIENTO LEY SIN MORATORIAS

El CERMI exige que se cumpla la Ley y no haya ninguna moratoria posible

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) exigió hoy que se cumpla la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia en los plazos establecidos, y no sea posible ningún tipo de moratoria o aplazamiento por grado o nivel de dependencia.

El sector de la discapacidad se ha visto obligado a alertar del peligro de hablar de moratorias en su aplicación, "que genera un enorme desconcierto e inquietud en la ciudadanía", y recordó que en un Estado de Derecho las leyes están para cumplirlas.

Los derechos subjetivos, como el de recibir apoyos públicos para la autonomía personal para los ciudadanos que los necesitan, no pueden según dicen, "estar al albur de las coyunturas del momento, sino que se vinculan y son exigibles para todos, especialmente a los poderes públicos y a las administraciones".

Asimismo, piden que en este año 2010 se evalúe y se revise el despliegue de la ley en sus tres años de vigencia, realizando propuestas y ajustes de mejora, tal y como dispone la propia Ley, y no se planteen paralizaciones o aplazamientos en su calendario por problemas económicos.

Fuente : europapress.es

SALAMANCA - PSOE Y UGT, POR EL DESARROLLO DE LA LEY

PSOE y UGT apuestan por el desarrollo de la ley de dependencia, la comarcalización de servicios, las infraestructuras y la industria agroalimentaria

Una delegación del PSOE de Salamanca encabezada por su secretario general, Fernando Pablos, y varios miembros de su Ejecutiva provincial, mantuvo hoy una reunión con UGT enmarcada en la iniciativa socialista de contactar con todos los agentes sociales para elaborar el libro blanco de la provincia salmantina donde diagnosticar los problemas de Salamanca y sus posibles soluciones.

Fuente : icalnews.com

GALICIA - PSdeG EXIGE EXPLICACIONES A FEIJÓO

PSdeG exige explicaciones a Feijóo en Parlamento sobre recorte presupuestario

Esta iniciativa, que se une a las comparecencias de todos los conselleiros solicitada por el PSdeG, pretende aclarar en qué medida afecta este reajuste a los programas de gasto de la Xunta, sobre todo en las áreas de sanidad, educación y de servicios sociales, explicó en rueda de prensa Xoaquín Fernández Leiceaga.

El portavoz del grupo parlamentario Socialista hizo hincapié en que el plan de recorte presupuestario afecta a "tres elementos clave en la acción política contra la crisis" como las políticas sociales (-76 millones), inversión en infraestructuras (-50 millones) y fondos de apoyo a la economía productiva (-45 millones).

Leiceaga afirmó que "llueve sobre mojado" en cuanto a las prioridades de la Xunta en materia presupuestaria, y se remitió al caso concreto del gasto sanitario, hasta 90 millones de euros inferior al del ejercicio anterior si al actual recorte se le añade la rebaja inicial contemplada en los presupuestos de 2010.

Subrayó que mientras en la mayoría de Comunidades autónomas aumentó el gasto en atención primaria, en Galicia disminuyó, en tanto que en atención especializada se ha producido un incremento de los tiempos de espera de los pacientes, con índices "especialmente preocupantes" en el área de Compostela.

El portavoz de los socialistas en el Parlamento también habló de una "gravísima situación" en el área de los servicios sociales.

Y es que, al contrario de lo que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció en su discurso de investidura, que todos los dependientes severos cobrarían su prestación antes de que acabara el 2009, "ese número ha aumentado, sobre todo entre los diagnosticados", insistió el diputado socialista.

Esta situación, denunció Leiceaga, provocará un "efecto de bola de nieve" que, dijo, "compromete el futuro de la Ley de Dependencia".

"O (Núñez Feijóo) toma decisiones drásticas en la Consellería de Bienestar o será directamente el responsable de lo que suceda en la aplicación de la Ley de Dependencia", aseveró.


Respecto al área educativa, el portavoz del PSdeG en la Cámara gallega apreció "datos preocupantes" en la gestión de la Xunta, como "la desaparición de los libros de texto gratuitos, los problemas en los pagos a comedores, la escuelas de idiomas, la recepción de fondos europeos...", enumeró.

"Está acabando el curso y determinadas actividades no se pueden desarrollar por falta de fondos", lamentó Leiceaga, quien dijo que esta situación "compromete la calidad y equidad del sistema educativo".

Instó a Núñez Feijóo a que "no se empecine en modelos más costosos por mero revanchismo con el anterior Gobierno" y a que lleve a efecto su compromiso con la austeridad mediante la desaparición de órganos públicos a los que citó directamente en su investidura.

Por todo ello, Leiceaga dedujo: "se está haciendo menos o peor con una cantidad de recursos similar a la de años anteriores".

Fuente : abc.es

GALICIA - 18.000 DEPENDIENTES GRAVES ESPERAN AYUDA

Casi 18.000 dependientes graves esperan la ayuda y la Xunta promete que en junio serán 4.000 menos

La Xunta propone aplazar el pago a los casos leves, que ya son catorce mil en Galicia y deberían empezar a cobrar el próximo año

Un total de 17.645 dependientes severos con derecho a prestación todavía esperan a que sus solicitudes aprobadas se traduzcan en dinero real en su cuenta bancaria. De los 48.339 gallegos con el visto bueno para recibir la ayuda al no poder valerse por sí mismos, sólo 30.694 (el 60%) la perciben. La Consellería de Traballo e Benestar Social se compromete a incluir en nómina 4.000 más antes de verano, de modo que Galicia cerraría el primer trimestre de 2010 con 14.000 dependientes graves en espera o, mirando por la otra cara de la moneda, con más de 34.000 dependientes atendidos.

Además de los casos graves, la ley indica que en 2011 debe iniciarse el pago a los leves, que en Galicia ya son 14.000. Ante la escasez de financiación, la Xunta ya ha advertido al Gobierno central que será complicado cumplir los plazos y propone una moratoria para los menos severos, hasta que la situación económica se calme.

La lista de espera para recibir las ayudas de la dependencia disminuye a cuentagotas. La escasa financiación para cubrir el elevado número de solicitudes sigue siendo un quebradero de cabeza para la Administración autonómica. El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, atribuía hace unos días la lentitud en la gestión de la dependencia a la falta de fondos del Gobierno central para financiarla.

Pese al recorte en el presupuesto de la Xunta en 200 millones de euros, en términos globales, el actual Ejecutivo ha decidido no tocar la partida destinada a los dependientes, dejándola al margen del plan de austeridad.

Las trabas presupuestarias para abonar las ayudas en el plazo esperado y satisfacer al total de demandantes no han impedido, sin embargo, ir avanzando, aunque a paso lento, en el grueso de beneficiarios reales.

Si en septiembre de 2009 aguardaban el cobro de la prestación 26.000 dependientes severos, hoy son 18.000. Si bien las cifras son desorbitadas, hablando de miles de personas en espera, el último impulso, con 8.000 pagos más de un tirón, ha aliviado notablemente el listado. Según confirman fuentes del departamento que dirige Beatriz Mato, el segundo empujón será un hecho en junio, con 4.000 prestaciones más.

Según el último informe del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), el 40% de los gallegos dependientes de Grado III y II (considerados severos) con derecho a prestación todavía no la perciben. Y las estadísticas exponen otro problema: los 18.000 dependientes graves en espera no son los únicos. Hay otros 14.000 dependientes aguardando: se trata de los leves (Grado I) que, según el calendario de aplicación de la Ley de la Dependencia, deberían empezar a percibir las ayudas en 2011.

La Consellería de Traballo advierte de que, uno de los últimos cambios que contribuye a agilizar la gestión, ha sido dar prioridad a los casos más severos en la tramitación tras tres años de aplicación de la ley.

El actual Ejecutivo autonómico insiste en que, los más graves, son los primeros en ser atendidos, y la Xunta ha adelantado que los más leves tendrán que esperar.

¿Podrá la Administración autonómica liberar el pago a 18.000 personas, con dependencia grave, este año? ¿Será posible cumplir los plazos que marca la ley y empezar a abonar las prestaciones a los menos severos en 2011?

Dependerá del presupuesto y la gestión, como ocurre en el resto de comunidades, según los datos del Ministerio de Sanidad y Política Social. Para cubrir todos los casos graves este año habría que añadir en nómina en el segundo semestre a 14.000, prácticamente la misma cifra de beneficiarios agregados desde mayo de 2008, pasando de 15.152 prestaciones reales dos años atrás a las 30.694 de hoy.

Fuente : farodevigo.es

90.000 PERSONAS DEPENDIENTES HAN FALLECIDO ESPERANDO AYUDAS

Casi 90.000 personas dependientes han muerto a la espera de las ayudas

El Gobierno admite oficialmente la cifra en una respuesta parlamentaria

El enrevesado y complejo sistema para solicitar las ayudas, que denunció el PP, culpable de los retrasos.

La contestación es escueta, cuatro líneas bajo los mimbretes oficiales de la Secretaría de Estado de Relaciones Institucionales y del Registro del Congreso de los Diputados.

Pero la cifra hace innecesarias más palabras.

«Desde la puesta en marcha del sistema informático del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención para la Dependencia), el número total de solicitudes recibidas es de 1.306.239. De éstas, el número de fallecidos, a 19 de febrero del 2010, sin tener conocimiento de grado y nivel, es de 37.425, siendo el número de personas sin prestación, pero que sí tenían reconocido grado y nivel, de 52.563».

Por tanto, tras tres años y dos meses de vigencia de la Ley de Dependencia, uno de los proyectos estrella del Gobierno para dar contenido al eslogan de que todo está al servicio de las políticas sociales, en toda España han fallecido 89.988 personas esperando recibir la atención que la ley les ha reconocido. Las 52.563 personas que tenían dictamen de grado y nivel estaban incluso esperando unos recursos que ya se les había asignado, pero que nunca llegaron.

Para explicar el drama de estas muertes hay que tener en cuenta, por un lado, la lentitud de los protocolos, ya que el sistema exige hasta 32 pasos diferentes desde la solicitud hasta la recepción de la ayuda, cuestión que ha sido denunciada con insistencia por parte del PP y de otros grupos políticos, así como por distintos interlocutores sociales. Y en segundo lugar, la falta de presupuesto.

En relación a este último punto, el ajuste de gasto en el que se ha embarcado in extremis el Ejecutivo para poner sordina al desbocado déficit público ha supuesto que en 2010 los recursos para la Ley de Dependencia hayan caído un 18 por ciento con relación al año anterior. Este año se han presupuestado 1.671 millones de euros, mientras que en 2009 se destinaron 1.958 millones de euros.

Las quejas por la lentitud y la carencia de recursos han sido generalizadas. Desde el informe oficial del grupo de expertos solicitado por el Congreso de los Diputados, hasta el del Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (Cermi), de enero de 2010. La Unión de Consumidores ha calculado que el tiempo medio de espera entre la fecha de solicitud para la valoración y la fecha de recepción de la ayuda ronda entre los 12 y los 18 meses.

La respuesta parlamentaria, dirigida al diputado del PP Miguel Barrachina, que fue ponente de la Ley de Dependencia, evita dar detalles de la distribución de fallecimientos por comunidades autónomas. Ahora bien, el análisis de las cifras de las listas de espera territoriales, a las que sí es posible acceder, llevan a ser muy pesimista sobre el futuro. Hay 516.043 mayores y discapacitados esperando que la Administración les conceda la ayuda que les reconoce la Ley de Dependencia.


Andalucía en cabeza
Los fallecimientos que oficializa el Gobierno a través de su respuesta parlamentaria son hasta febrero de 2010, pero, de acuerdo con los datos ofrecidos por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, a fecha 1 de abril de 2010 existe una primera cola de 149.391 personas mayores o con discapacidad que todavía esperan ser valorados (1.417.824 solicitudes y 1.268.433 dictámenes).

El mayor retraso se da en Andalucía, con 64.282 casos, seguida de Castilla-La Mancha, con 12.792; Extremadura, con 9.847; y País Vasco, con 9.569. Después están Galicia, con 8.233; Asturias, con 7.658; Canarias, con 7.330; Aragón, con 5.698; y Comunidad Valenciana, con 5.627. Andalucía acapara el 43 por ciento del total nacional.

En la lista de quienes están ya esperando el recurso que se les asignó (y en la que el Gobierno reconoce que ha habido 52.563 fallecidos), hay otras 366.652 personas. Por comunidades autónomas, la palma se la lleva nuevamente Andalucía, con 82.042. Después aparece Cataluña, con 71.071.

Fuente : larazon.es

domingo, 25 de abril de 2010

CASTELLÓN - EL ÚNICO CENTRO PÚBLICO PARA DISCAPACITADOS, CERRADO

El único centro público de Castellón para discapacitados sigue cerrado

La obras acabaron hace un año, pero falta el mobiliario para las 262 plazas

Enfermos y familiares de enfermos de Alzheimer, de enfermos mentales o de daño cerebral sobrevenido, todos ellos dependientes, esperan, desde hace casi un año, que las obras acabadas del antiguo hospital Gran Vía de Castellón se inauguren y el centro se ponga en funcionamiento.

El edificio alberga 262 plazas y servicios tanto para residentes como para centro de día y ha supuesto una inversión de más de siete millones de euros, pagada por cuatro administraciones.

Sin embargo, la Generalitat, de quien depende su puesta en marcha, mantiene la puerta cerrada y, ahora, y pese a que las obras se licitaron en 2006, alega que aún están pendientes la adjudicación del mobiliario y la gestión, con lo que la apertura se retrasara, como poco, a finales de 2010.

Mientras, en la provincia de Castellón, los enfermos de Alzheimer no tienen más plazas que las privadas procuradas por las propias asociaciones de familiares y, en algunos casos, en centros de mayores más o menos adaptados para acoger a pacientes con esta enfermedad.

Pese a que las obras están visiblemente acabadas desde antes del pasado verano, momento en el que dejó de verse cualquier tipo de trabajo, fuentes de la Consejería de Bienestar indicaron ayer que "oficialmente" la obra no ha sido entregada hasta el pasado mes de marzo. Los cambios en el diseño del edificio son, según las mismas fuentes, el motivo por el que la entrega del proyecto se ha demorado, pese a que el plazo de ejecución era de 18 meses.

Sin embargo, de Castellón no es el único acabado. El caso de Burriana es aún más destacado ya que la Consejerel centro Gran Vía ía de Bienestar Social inauguró, a principios de año, otro centro que tampoco se ha puesto en marcha.

"El Consell no tiene prisa", se lamenta Emilio Marmaneu, presidente de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Castellón (AFA) y de la Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer (CEAFA). "Las obras están claramente acabadas desde verano pero aún no está equipado", añade. Marmaneu sitúa en las dificultades financieras del Consell y los meses que quedan para el inicio de la campaña electoral los posibles motivos por lo que el centro aún no se ha abierto.

"Es un tremendo error que el centro permanezca cerrado", indicó el presidente de AFA, que calificó de "vital" la infraestructura y de "negativo" el hecho de que la Generalitat no abra una residencia "para dar servicio a casi 300 familias".

El antiguo hospital Gran Vía de Castellón cerró sus puertas hace más de una década tras abrir el hospital comarcal La Plana de Vila-real. Muchas han sido las promesas desde entonces: un centro de investigación de Alzheimer, una residencia, un centro de mayores. Finalmente, en 2006, se licitó la obra para rehabilitar el antiguo hospital, de más de 3.500 metros cuadrados, y crear una residencia para dependientes.

El Gobierno central ha transferido a la Generalitat más de dos millones de euros en tres años. Éstos deberían financiar la creación de 157 nuevas plazas de atención residencial y de centro de día para personas afectadas de Alzheimer, con discapacidad psíquica y con daño cerebral sobrevenido. El resto de la financiación se repartió entre la Generalitat, la Diputación de Castellón y el Ayuntamiento de la ciudad.


Desidia, apatía y desinterés
El secretario general del PSPV en Castellón, Francesc Colomer, acudió ayer a la puerta cerrada del Centro de Atención para Personas Dependientes Gran Vía, ante la que criticó la "desidia, apatía y el desinterés" de la Generalitat para la puesta en marcha de esta infraestructura. "No existe ninguna justificación para que el Centro Gran Vía no esté ya en funcionamiento, ya que las obras del centro están ya finalizadas desde hace casi un año", alegó y calificó de "inadmisible" el coste social de la actitud del Consell y la privación de sus derechos a 262 familias que podrían beneficiarse de la infraestructura.

Colomer lamentó que mientras el PP "centra sus esfuerzos en intentar impulsar PAI", en referencia a las continuas reuniones mantenidas entre el presidente de la Diputación, Carlos Fabra y consejero de Medio Ambiente, Juan Cotino, "no mueve un dedo para exigir que ponga en marcha este centro de dependientes". Por ello, presentará iniciativas en la Diputación para instar a la Generalitat a la puesta en funcionamiento de estas instalaciones.

El secretario de los socialistas castellonenses aprovechó para destacar la inversión del Gobierno central, desde 2007, para la construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento de centros para la atención de personas dependientes, un total de 9,5 millones de euros, y sostuvo que, mientras, "otros permiten que la trama Gürtel se embolse más de siete millones en la visita del Papa a Valencia".

El secretario general de la agrupación local, Josep Lluís Grau, habló además de los posibles "oscuros intereses" de la Consejería de Bienestar Social para retrasar su puesta en marcha.

Fuente : elpais.com

MADRID - ¡ESPERANZA, DIMISIÓN!

¡Esperanza, dimisión!

Fue un grito unánime en un momento determinado de la manifestación contra la impunidad del franquismo que se celebró el sábado en Madrid. La petición de que Aguirre se vaya de una vez de la presidencia de la Comunidad de Madrid se fundamenta en varias cuestiones de peso...

En primer lugar, su negativa a condenar el franquismo, que la sitúa claramente en el sector más 'ultra' del PP y del lado de la carcundia fascistoide que se esconde bajo las siglas del partido. De ello, tuvimos buena prueba la semana pasada cuando el portavoz de Izquierda Unida, Gregorio Gordo, le pidió que condenara el franquismo y ella contestó: "Para ustedes, en 1936 los españoles disfrutaban de una modélica república en la que se respetaban los derechos de todos los ciudadanos, y de repente, una coalición de militares fascistas y de clérigos carcas, dio un golpe, provocó una guerra civil de 3 años y se mantuvo 36 años en la dictadura (...) Idílica la II República, nada de nada (...) "¿Usted condena el golpe del 34 o condena que la escolta de Prieto asesinase al jefe de la oposición? -en referencia a Calvo Sotelo". Independientemente de sus valoraciones políticas de estos hechos de nuestra historia, la presidenta de la Comunidad de Madrid NO CONDENÓ en ningún momento el golpe del 36, la guerra civil a la que condujo y los cuarenta años posteriores de dictadura militar.

En segundo lugar, Aguirre se ha embarcado en una cruzada personal contra el rector de la Universidad de Madrid, Carlos Berzosa, cortándole el grifo de los recursos con un recorte del 74% a todos las universidades públicas de la comunidad y, más recientemente, acusándole de haber asestado una especie de golpe de mano al Estado de Derecho por haber permitido la celebración en la Facultad de Medicina de un acto en apoyo del juez Garzón.

En tercer lugar, la presidenta regional lo es a la vez del PP madrileño, inmerso en el lodazal del escándalo de corrupción conocido como Gürtel en igual o mayor grado que otras formaciones regionales del partido o que la propia sede central de Génova 13. A ello hay que sumar su permanente bronca con el alcalde Gallardón que desembocó en otro asunto turbio, el del espionaje del que el vicealcalde Manuel Cobo fue una de las víctimas principales.

Y en cuarto lugar, no puede decirse que sus políticas ultraliberales en la Comunidad de Madrid hayan situado a la región por delante de otras en cuanto a resultados en la lucha contra la crisis. Datos como 500.000 parados y 200.000 personas dependientes esperando la aplicación de los derechos que le corresponden son suficientemente explícitos.

Todo esto ha llevado este domingo al secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, a pedir también la dimisión de Esperanza Aguirre.

En un mitin celebrado en Fuenlabrada, junto con el vicesecretario de Organización del PSOE, José Blanco, el líder socialista ha acusado al PP de "querer eliminar a todo el que no piensa igual", sin ningún "respeto al que piensa diferente". Ha recordado que lo que se reclama estos días, con las movilizaciones en contra de la impunidad del franquismo, es "restaurar el derecho a la memoria" y que el 1 de noviembre, día de Todos los Santos, "todos sepamos dónde poner flores y honrar a nuestros muertos" (...) "Tenemos derecho a la memoria porque es necesaria para que no se vuelvan a cometer errores", ha señalado para reprochar al PP que intente "reescribir la historia otra vez".

A su juicio, Aguirre representa el "extremismo ideológico más duro que hay en toda España" que, en lugar de dedicarse "a lo que tiene que hacer", se gasta en propaganda en cuatro años 700 millones de euros, con los que se podrían haber hecho 400 escuelas infantiles, 200 centros de salud y 150 residencias para personas mayores.

Tras recordar las cifras de parados y dependientes que esperan atención, ha descrito un panorama desolador de la comunidad: "Una comunidad donde hay pueblos donde los colegios son barracones, una comunidad en la que todos los días vemos la desorganización en los servicios sanitarios, como en el hospital Clínico de Madrid, donde los enfermos de cáncer no pueden recibir quimioterapia porque los aparatos no funcionan. ¡Eso no puede ser la Comunidad de Madrid!". (...) "¿Cómo es posible que haya una presidenta que en vez de ocuparse en resolver esos problemas se dedique al chascarrillo, al show, que se dedique a la confrontación, a berlusconizar la política madrileña? Este es un gobierno de pandereta y de charanga que no merecen los madrileños".

Su conclusión es la obvia: "Hay que pedir a los ciudadanos que se rebelen contra la corrupción del PP, hay que decirles que han metido la mano en la caja y se lo han llevado. Hay que decirles que no nos van a amedrentar, que es lo están intentando hacer, vamos a llegar hasta las máximas consecuencias".

Fuente : nuevatribuna.es

ANDALUCÍA - PRESTACIONES DE LA LEY SUPERAN LAS 200.000

Las prestaciones de la Ley de la Dependencia en Andalucía superan ya las 200.000, el 30% de toda España

Cuando se cumplen tres años desde el inicio de la aplicación de la Ley de la Dependencia, en Andalucía ya hay en funcionamiento más de 200.000 prestaciones de las contempladas en el catálogo de servicios de la normativa, lo que significa que la comunidad andaluza acapara más del 30 por ciento de los servicios que se ofrecen en toda España.

Estos datos figuran en el balance realizado por el Gobierno andaluz con motivo del primer año de José Antonio Griñán en la Presidencia de la Junta, en el que se destaca que en Andalucía hay más de 41.500 plazas tanto en residencias como en Unidades de Estancia Diurna (UED) financiadas por el Gobierno andaluz.

Esto significa que durante 2009 el número plazas en estos dispositivos se incrementó en un 16 por ciento con respecto a 2008. Asimismo, el crecimiento en el número de plazas sostenidas con fondos públicos es del 50 por ciento desde el año 2007, cuando entró en vigor la Ley de la Dependencia.

En esta línea, el presupuesto destinado por el Gobierno andaluz para la financiación de los servicios previstos por la Ley de la Dependencia --residencias, unidades de estancia diurna y nocturna, ayuda a domicilio, teleasistencia o ayudas económicas para el cuidado en el entorno familiar, entre otras-- asciende a los 790 millones de euros para el año 2010, lo que implica un crecimiento del 49 por ciento respecto al presupuesto inicial de 2009, año en el que la partida se amplió a mediados de año en más de 200 millones de euros.

A fecha de 1 de abril de 2010, había registrada en el Sistema de Atención a la Dependencia en Andalucía un total de 359.893 solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia. En la misma fecha, se habían emitido 312.677 dictámenes, lo que supone la valoración del 86,88 por ciento de las solicitudes presentadas.

Asimismo, a principios del presente mes de abril había en la comunidad andaluza 212.379 personas beneficiaras de alguno de los servicios del sistema de la Dependencia, lo que representa el 67,92 por ciento del total de dictámenes emitidos.

Por tipo de prestaciones, la mayoría de ellas, el 45,39 por ciento --92.786 personas--, corresponden a ayudas económicas para el cuidado de la persona dependiente en el entorno familiar. A ésta le siguen el servicio de teleasistencia, que acapara el 22,4 por ciento; el de ayuda a domicilio, 18,03 por ciento; el de atención residencial, 8,21 por ciento y el de centros de día y de noche, 4,17 por ciento.

Noticia completa en Fuente : europapress.es

ASTURIAS - MIL CASOS DE DEPENDENCIA AL MES

Mil casos de dependencia al mes

Tres años después de entrar en vigor, la ley que promueve la autonomía personal acumula 10.000 casos a la espera 36.000 asturianos solicitaron al Principado ser considerados dependientes desde 2007.

En Asturias, la dependencia va a 1.000 por mes. 36 meses después de aquel 23 de abril de 2007, cuando Asturias fue una de las primera comunidades en poner realmente en marcha la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, en la Consejería de Bienestar Social y Vivienda se han recibido 36.262 peticiones de otras tantas personas que han solicitado que se certifique su grado y nivel de dependencia.

La cifra, que corresponde al registro histórico del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), se ha visto reducida a 30.634, a fecha 1 de abril, momento en el que en Asturias había a la espera 10.909 personas: 6.771 para ser valoradas. 4.138, para una prestación.

Esas son algunas de las cifras de la conocida popularmente como Ley de la Dependencia, cuya fecha de entrada en vigor se marcó el 1 de enero de hace tres años, pero que, como queda dicho, no fue hasta el 23 de abril, cuando algunas comunidades decidieron poner en marcha la maquinaria del nuevo Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), creado para ser un clon del sistema de salud o del educativo. Es decir, que las personas con discapacidad o falta de autonomía tuvieran, por derecho, la atención que necesitaran.

Tres años después, y en los cuatro primeros meses del ejercicio, el de 2010, que la propia ley marcó como de obligatorio parón para examinar el funcionamiento del SAAD, lo que queda claro para todos, administraciones y administrados, es que la Ley de la Dependencia es dependiente... del dinero.

Porque la norma, que fija un calendario para su entrada en servicio, que concluye en 2015 -año en el que todas las personas, por leve grado de dependencia que tengan, deben estar atendidas- también marca los compromisos económicos de cada parte: gobiernos central y regional deben hacer frente, a partes iguales, al grueso del gasto.

Falta dinero

Sin embargo, Asturias ha puesto el acento en que, en este primer tercio del calendario de la ley, el Principado ha hecho frente al 70% del coste total, mientras que la Administración central, representada por el Ministerio de Sanidad y Política Social, sólo aporta 2 de cada 5 euros a los que está obligada.

Ahora mismo, la batalla entre Principado y Ministerio está en que este último incremente la cantidad que paga a la región por cada tipo de dependiente. El aporte oscila entre los 267 y los 71 euros al mes para atender a una persona con el máxino nivel (grado III-2) y al mínimo ahora con derecho (grado II-1).

Incluso la cantidad más alta, los 267 euros, queda muy lejos del coste real de una plaza asistencial para una persona con total falta de autonomía: 2.000 euros. Al mes.

Faltan servicios

Pero la pelea no sólo se centra en el dinero. La rapidez en la gestión y los servicios ofrecidos, o la falta de ellos, son la principales quejas de los usuarios. Para superar los 10.000 asturianos a la espera, ya sea de valorar, ya de recibir su prestación, el Principado se justifica en el excesivo volumen de demanda, una disculpa que encuentra respaldo en el propio Libro Blanco de la Dependencia: El documento sobre el que se armó el esqueleto de la ley fija sólo en 6.000 los asturianos con total dependencia. La realidad es que ya están certificados 10.040.

En cuanto a los servicios, los usuarios «se sienten defraudados por la falta de asistentes personales, la figura en la que más confiaban los discapacitados más jóvenes», asegura Ana Díaz, responsable de Acción Social de la Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos (Aspaym), mientras que las empresas geriátricas protestan «por el excesivo reparto de pagas a los cuidadores familiares». Unos y otros esperan en que este año de examen sirva para que la ley mejore baremo y reparto de servicios.

El 1 de enero de 2011 empezarán a entrar en el sistema las personas con menos dependencia. 2.194 asturianos ya saben que tienen derecho.

La Administración no sabe si tendrá fondos.

Fuente : elcomerciodigital.com

ASTURIAS - "SIN ASISTENTE SOCIAL Y A CARGO DE MI PADRE DE 90 AÑOS"

«Pensé que ya tendría asistente personal, pero sigo a cargo de mi padre, que tiene 90 años»

«¿Qué quieres que te diga? Yo esperaba más» Con Rafa Funes el tuteo no solo es obligatorio, sino natural, porque este entreguino, con un 84% de minusvalía debido a una tetraparesia -dolencia que le impide controlar el movimiento de brazos y piernas-, es un habitual de EL COMERCIO.

Este periódico fue testigo de cómo, el 23 de abril de 2007, Funes era el primer candidato a beneficiarse de la Ley de la Dependencia que planteaba la solicitud de valoración ante los Servicios Sociales de Sotrondio.

Antes, en diciembre de 2006, ya había desvelado a través de unas líneas semejantes a éstas sus esperanzas ante una norma de obligado cumplimiento que parecía hacer realidad el sueño de toda persona con discapacidad: la cobertura de sus necesidades sería tan universal como la atención médica o la enseñanza.

En aquel momento, Funes, militante socialista, integrante de la comisión contra las barreras arquitectónicas y estudioso del Libro Blanco de la Dependencia, confiaba en que con la norma «logre la independencia».

Tres años después, igualmente militante socialista, además de director del Centro Social de El Entrego y presidente de la Asociación de Pensionistas San Andrés, Funes no puede ocultar tras su eterna sonrisa que «como te digo, esperaba más», ya que «pensé que tendría ya asistente personal, pero sigo a cargo de mi padre, que tiene 90 años».

Su resumen de estos primeros 36 meses de desarrollo de la ley es que «evidentemente, es mejor tenerla, pero, en realidad, a mi hasta ahora sólo me aportó 300 euros más».

Y eso que Funes tiene el máximo grado de dependencia, el III de nivel 2, con lo que, sobre el papel, tendría derecho a elegir cualquier servicio, entre un amplio abanico de plaza residencial, centro de día, ayuda a domicilio o teleasistencia, o por una prestación, tanto para pagarse un asistente personal, como para pagar a un familiar.

«Esto es un cajón desastre»
Y es aquí donde llegan las primeras pegas a una ley «de la que sigo esperando más», porque «resulta que como yo ya tenía reconocida una gran minusvalía y mi padre cobra por ello un complemento, pues no tengo derecho a casi nada». Además, Rafa Funes asegura que «no es dinero lo que quiero, eso lo dije siempre», sino la figura más demandada por el colectivo de discapacitados «el asistente personal. Sólo por eso esta ley ya merecía la pena y, resulta, que es el elemento más retrasado, aún por regular».

De hecho, en todo el país sólo 698 beneficiarios de la Ley de la Dependencia cuentan con esa figura, «pero ninguno en Asturias. Esa es la clave, que nos den esa atención, ya que la autonomía no se está teniendo en cuenta. Sólo se mira la dependencia».

En su opinión, la ley «es un cajón de sastre» donde se busca atención «a muchos colectivos con diferentes necesidades. Están personas muy mayores, con demencia y jóvenes con alguna minusvalía. Como es obvio, no le interesa lo mismo a un octogenario con Alzheimer que a mi, que voy en silla de ruedas, pero no paro en todo el día».

Lo único que ha cambiado en su vida en estos tres años es la llegada de Nadime, una no asistente personal, «pero que hace las veces de eso», con cargo «al dinero de mi padre». Ella cubre una figura insustituible, la de Consuelo, la madre de Rafa que fue, hasta 2008, «la que, con mi padre, se consagró a que a mi no me faltara de nada».

A la cara de Rafa vuelve la sonrisa, porque tiene claro que «no gano nada estando triste». Su cruzada ahora es que «se revisen las pensiones de orfandad para grandes minusvalías. Si me quedo solo, sólo tendré el 30% de la pensión de mi padre. Lo que tienen que dejarnos es el cien por cien». Y mientras sigue luchando, prepara la maleta, ya que su club de pensionistas «nos vamos a Málaga. ¡A ver si te crees que me voy a quedar parado!».

Fuente : elcomerciodigital.com

C. VALENCIANA - BENIGÁNIM - CENTRO DE DÍA ATENDERÁ A 34 MUNICIPIOS

La Ribera-Costera

El centro de día de Benigànim atenderá a 34 municipios de la Vall

Sor Martina Muñoz es el nuevo centro de día con que cuenta la localidad de Benigànim.

Una infraestructura que atenderá a las personas mayores dependientes de la comarca de la Vall d'Albaida, que aglutina a 34 municipios, es decir, más de 90.000 ciudadanos.

En el centro, que cuenta con 85 plazas, 40 de ellas convenidas con la Generalitat, trabajará personal cualificado como fisioterapeutas y enfermeras. Diversas salas, con las condiciones necesarias para el descanso y para realizar labores, están ubicadas en el centro.

Fue ayer cuando se destapó la placa y así quedaba inaugurado el edificio. La amenaza de lluvia y la lluvia que llegó más tarde no impidió que decenas de personas se acercaron al centro para saludar al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.

Alcaldes de la comarca, autoridades y todo el personal que trabaja en el centro dieron la bienvenida al presidente. Eso sí, los periodistas en ningún momento tuvieron la oportunidad de acercarse a él ni hubo turno de preguntas.
«Es la primera vez que Francisco Camps visita Benigànim», comentó el alcalde del municipio Juan Antonio Puchades.

Además, el primer edil señaló que este centro de día no es la única inversión que se está llevando a cabo. Destacó que, en lo que a deporte se refiere, «próximamente se inaugurarán dos campos de césped artificial, una pista de atletismo y otra de pádel». No obstante, «otro de los proyectos que está en marcha es el auditorio de música que acogerá a unas 600 personas».

Tras el parlamento del alcalde, el presidente de la Generalitat subió a la tribuna. Destacó que «la Generalitat en el año 2010 destinará 467 millones de euros para impulsar la ley de la dependencia, que ha permitido crear más de 30.000 empleos». Y además, según Camps, «el sistema valenciano de atención social está atendiendo a más de 150.000 personas de distintos recursos sociales».

Sin embargo, estas declaraciones chocan con las realizadas por la plataforma de Defensa de la Ley de Dependencia que señaló el pasado 16 de abril que «según el observatorio valenciano de la Dependencia la Comunitat tiene desatendidas a más de la mitad de las personas con derecho a prestación» según se desprendió de «las últimas estadísticas del Imserso sobre la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia».

Desde la misma plataforma se manifestó que la Comunitat es la «única autonomía que mantiene porcentajes 0,0 en cuatro prestaciones clave del catálogo, como son de prevención y promoción de la autonomía personal, teleasistencia, ayuda a domicilio y asistente personal».

Por otro lado, el presidente tampoco quiso pasar por alto la inversión del Consell en la comarca, y señaló que se destinará «durante este año más de seis millones de euros en proyectos y actuaciones sociales a través del Plan Confianza y de la reforma de equipamientos».

Además explicó que la Vall D'albaida cuenta con una red social «compuesta por 23 centros para personas mayores, con un total de 1.076 plazas».

Fuente : lasprovincias.es

JEREZ - UNA DE CADA CIEN SOLICITUDES, SE HACE EN JEREZ

Una de cada cien solicitudes por la Ley de Dependencia en España se hace en Jerez

Un 5,3% de los jerezanos ha pedido acogerse a las ayudas y el 4% tiene reconocido el grado

Una de cada cien solicitudes presentadas en España para acogerse a la Ley de Dependencia se hace en Jerez, según las cifras que ayer ofreció el delegado municipal de Bienestar Social. "Es uno de los grandes esfuerzos que se ha hecho desde este Ayuntamiento y los datos son bastante significativos", subrayó Jiménez.

Hay que tener en cuenta que el 5,3% de los jerezanos ha solicitado el reconocimiento de su dependencia y el 4,05% de la población la tiene ya reconocida. "Jerez tiene la mayor ratio de solicitudes sobre el total de la población y duplica con creces la ratio de España".

Desde 2007 a 2009 la delegación de Bienestar Social ha atendido 10.801 solicitudes y las resoluciones de reconocimiento de la dependencia alcanzan las 8.278: 679 corresponden a 2007; 3.421 al año 2008 y 4.178 al pasado año.

En cuanto a los programas individuales de atención, el Ayuntamiento ha realizado 5.799 en el citado periodo y se han resuelto 5.154. Los programas individuales de atención son los que determinan la prestación más adecuada para las personas que han visto reconocida su dependencia y en este sentido, la ayuda económica para cuidadores no profesionales sigue siendo la más demandada.

Jiménez recordó que según los grados y niveles de la Ley de Dependencia, en 2007 se reconocieron los derechos de los grandes dependientes, mientras que en 2008-2009 se resolvieron expedientes de personas con un grado 2 (dependencia severa), que siguen gestionándose también este año.

Hasta 2011-2012 no se empezará a reconocer la dependencia moderada. "Se puede decir que el Ayuntamiento no ha escatimado en esfuerzos para que la ciudadanía puede acogerse a los derechos de la Ley de Dependencia", abundó.

Por otro lado, el delegado de Bienestar Social manifestó que el servicio de ayuda a domicilio ha sufrido un importante incremento en los dos últimos años, pasando de los 1,7 millones de euros que se gastaron en 2007 a los 4,2 millones en 2009.

Este incremento ha sido paralelo al aumento tanto en las horas de atención como en el número de familias atendidas. Así de las 139.096 horas prestadas de este servicio en 2007 se ha pasado a las 309.051 de 2009 y en cuanto a familias, las 662 de 2007 se han convertido en 1.470 el pasado año.

El servicio de ayuda a domicilio es además una de las prestaciones recogidas en la Ley de Dependencia, junto a la ayuda económica para los cuidadores de las personas con dependencia, la residencia y los centros de día.

Fuente : diariodejerez.es

viernes, 23 de abril de 2010

ESPERANDO SU DERECHO, FALLECIERON

PERSONAS DEPENDIENTES FALLECIDAS ESPERANDO SU DERECHO

Para el reconocimiento de los derechos de las personas en situación de dependencia, ya en el año 2002, bajo la presidencia española, la Unión Europea decidió tres criterios que debían regir las políticas, actuales y futuras, de dependencia en los Estados miembros:

- Universalidad
- Alta calidad y
- Sostenibilidad en el tiempo.


La Ley 39/2006 nace bajo estos fundamentos.

Regulando las condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Se estableció un primer nivel, con un mínimo de protección garantizado por parte de la Administración General del Estado. Se instauró un segundo nivel de protección, la Ley contempla un régimen de cooperación y financiación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.

El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia nace por la necesidad de cooperación entre todas las Administraciones.

Las Comunidades Autónomas, en base a la Ley 39/2006, deben efectuar el desarrollo de ésta, atendiendo de forma equitativa y responsable a todos los ciudadanos en situación de dependencia, asegurando la calidad y la eficacia.

Partiendo con un mínimo común de derechos, los mismos, para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio del Estado español.

“Las personas en situación de dependencia tienen derecho a la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, en cualquiera de los ámbitos de desarrollo y aplicación de la Ley”. (Ley 39/2006)

Por lo que no pueden existir Comunidades de primer y segundo grado, ni ciudadanos de primera y de segunda con respecto a la Comunidad Autónoma en la que residan.

Los retrasos al gestionar las ayudas que otorga la Ley de Dependencia son la causa de que un significativo número de personas en situación de dependencia, ancianos en su mayoría, fallezcan a lo largo del proceso, como denunció el Defensor del Pueblo en su informe anual.

Conscientes de ello, las comunidades han legislado para que los herederos puedan recibir de forma retroactiva las prestaciones económicas que nunca llegaron, pero cada una ha aprobado una normativa propia, lo que está ocasionando una disparidad de criterios y situaciones que, en algunos casos, ya se están dirimiendo en los tribunales.

La mayoría de las comunidades han establecido que se pague a los herederos cuando el beneficiario tuviera ya el derecho reconocido sobre el papel, es decir, cuando se supiera qué servicio o ayuda económica le correspondía aunque no hubiera llegado a percibirlos.


Qué recoge la Ley al respecto: "El reconocimiento del derecho contenido en las resoluciones de las Administraciones públicas competentes generará el derecho de acceso a los servicios y prestaciones (...) a partir del inicio de su año de implantación de acuerdo con el Calendario (…) o desde el momento de su solicitud de reconocimiento por el interesado, si ésta es posterior a esa fecha". (Ley 39/2006).

Galicia con su Decreto 15/2010, de 4 de febrero que establece dos requisitos para hacer efectivo este derecho: que existan pruebas documentales del gasto efectuado, y que se pruebe el nivel de dependencia del fallecido. Pero no todos podrán beneficiarse de estas prestaciones que se concederán de forma póstuma, ya que será requisito imprescindible presentar justificantes de gasto de una residencia o de que se ha contratado a un cuidador profesional, lo que en la práctica excluye a todos aquellos dependientes que hayan sido asistidos por sus parientes, situación que es la más habitual en Galicia. También reclamará una copia del expediente que se le abrió al presentar la solicitud para comprobar que al fallecido le correspondía, según el calendario de implantación de la Ley de Dependencia, recibir la prestación antes de la fecha de su defunción.

En Madrid, el director general de Coordinación de Dependencia señaló (eleconomista.es) que la Comunidad de Madrid abona las cuantías retribuidas al paciente dependiente desde la fecha de efectos de solicitud de la prestación hasta la fecha del fallecimiento, aunque no exista todavía un reconocimiento o resolución expresa de la prestación a percibir.

Los herederos de los dependientes del País Valenciano, Castilla y León, Navarra, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y el País Vasco podrán cobrar las ayudas a posteriori, si se determinó en vida que tenían un grado de dependencia reconocido en esta fase de implantación de la ley.

Castilla-La Mancha que considera que los herederos pueden cobrar desde que se cursó la solicitud siempre que el solicitante hubiera sido valorado.

La Rioja, se les paga si tienen reconocida la prestación que les corresponde. Y se darán atrasos desde el momento en el que se determinó el grado de dependencia del solicitante.

Extremadura sólo paga cuando el beneficiario hubiera tenido tiempo antes de morir a estar de acuerdo con el servicio o ayuda económica que se le concedía, aunque no se hubiera formalizado aún sobre el papel. En esos casos se tomarán como fecha para iniciar los pagos, el momento de la solicitud.

En Aragón, para la consejera de Servicios Sociales, Ana Fernández, (heraldo.es), "Las prioridades para este Gobierno de Aragón son las personas que están vivas, pero no desatendemos al resto”.

Aragón, para los dependientes que tenían reconocido su derecho a recibir un servicio o una ayuda económica, pero fallecieron sin poder haberla disfrutado, la documentación que se les solicita es prácticamente la misma que para una herencia: la acreditación de su condición de herederos, la liquidación del impuesto de sucesiones y una cuenta bancaria en la que hacer el depósito, por citar los requisitos más básicos.

En cambio, en el resto de autonomías, para tener este derecho es necesario haber recibido la resolución que determina qué tipo de ayuda corresponde a quien la solicita: Programa Individual de atención, (el PIA).


Así se encuentran los familiares, ante dos perdidas, una dolorosa e irremplazable y la otra, la pérdida del derecho y a la retroactividad de las prestaciones cuando el dependiente fallece por causa del curso de estos procedimientos "demorados".

Pero existe la retroactividad de los derechos en los supuestos en los que la persona dependiente fallezca con anterioridad a la aprobación del PIA por causa de las demoras administrativas, a tenor del principio jurisprudencial que determina que la Administración "no puede verse beneficiada por el incumplimiento de sus obligaciones de resolver expresamente en plazo las solicitudes de los ciudadanos".

Los afectados y familiares tienen la posibilidad de instar la exigencia de responsabilidad patrimonial derivada de estas demoras, especialmente cuando de las mismas se concluye con la pérdida de los derechos a que hubiera podido acceder la persona dependiente de haberle sido aprobado su Programa Individual de Atención en vida.

El equipo de www.laleydeladependencia.es y www.laleydeladependencia.com

LA RIOJA - EL EJECUTIVO REGULA ACCESO PLAZAS PÚBLICAS

El ejecutivo regula el sistema de acceso a plazas públicas en los Centros de Día para personas mayores

El Gobierno riojano ha aprobado esta mañana el Decreto por el que se regula el sistema de acceso a plazas públicas en Centros de Día para personas mayores dependientes del Sistema Riojano para la autonomía personal y la dependencia.

La entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, así como la nueva Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja, comporta la necesidad de adecuar el procedimiento de concesión de plazas públicas de Centros de Día para personas mayores a las nuevas situaciones de dependencia.

Los Centros de Día para personas mayores dependientes son un servicio de atención diurna abierto y polivalente con funciones terapéuticas y asistenciales, que tienen por objeto prestar una atención integral a quienes precisen apoyos para el desarrollo de sus habilidades personales y sociales, así como mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía y apoyar a sus familias y cuidadores.

Con este Decreto se ha querido articular una red territorial de plazas públicas de Centro de Día del Sistema Riojano basado en la organización territorial, es decir, en la prestación del servicio en el ámbito de las entidades locales con el objetivo de acercarlo a los domicilios de los usuarios.

De esta forma, las plazas públicas se distribuyen en cuatro zonas: Rioja Alta, Rioja Centro, Logroño y Rioja Baja.

Según regula el nuevo Decreto, podrán acceder a una plaza pública de Centro de Día aquellas personas que tengan reconocida la situación de dependencia, residan en La Rioja en el momento de presentar la solicitud y hayan vivido en territorio español durante cinco años y ser mayor de 60 años, excepto quienes tengan reconocida la situación de gran dependencia, diagnóstico de Alzheimer u otra demencia de origen neurodegenerativo.

El Centro de Día para personas mayores es incompatible con el servicio de atención residencial, así como con las prestaciones económicas del Sistema Riojano para la Autonomía Personal y la Dependencia. Sin embargo, el servicio de Centro de Día sí es compatible con el servicio de ayuda a domicilio y con el servicio de teleasistencia.

En el supuesto de que no existiera una plaza pública vacante para el ingreso del solicitante en el Centro de Día, se le incluirá en la lista de espera de la zona que le corresponda y, hasta que se le otorgue la plaza, tendrá derecho a una prestación económica vinculada al servicio.

Los usuarios dispondrán de transporte gratuito desde su domicilio al Centro de Día y viceversa, de acuerdo con la distribución de la red de plazas públicas.

El Decreto establece que todo usuario puede solicitar el traslado a cualquier otro Centro de Día en función del domicilio del interesado y de la red territorial, reduciendo, respecto a la anterior normativa, el periodo de tiempo necesario para solicitarlo de 6 a 3 meses desde el ingreso en la plaza pública del centro asignado.

Por otra parte, las personas que a la fecha de entrada en vigor de este Decreto se encuentren ocupando una plaza pública de Centro de Día tendrán garantizada la misma independientemente de su grado y nivel de dependencia, siempre que se haya iniciado el correspondiente procedimiento de valoración de dependencia.

Cabe destacar que el Decreto aprobado hoy reduce la documentación a aportar junto a la solicitud de plaza pública de Centro de Día a un volante de empadronamiento y a un informe médico en caso de una persona gran dependiente (con Alzheimer u otra demencia de origen neurodegenerativo) menor de 60 años, cumpliendo así lo establecido en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, según la cual el interesado tiene derecho a no presentar aquellos documentos que ya obren en poder de la Administración.

Fuente : cope.es