¿Tiene política social Rajoy?
Horas y horas de confrontación dialéctica en el Congreso de los Diputados no han servido para hacernos saber a los españoles cuál va a ser la política social de Rajoy.
La Ley de Dependencia, que aunque no lo parezca existe, está en vigor, no ha sido mentada por ninguno de los intervinientes ni mucho menos refrendada por Mariano Rajoy.
En el caso del futuro presidente no me extraña en absoluto, es más yo creo que lo que hizo fue no mencionarla por aquello de evita la ocasión y evitará el peligro, y digo evitar porque Rajoy es consciente de que en aquellas comunidades gobernadas por el Partido Popular esta ley fue muy mal recibida hasta el punto de que hemos asistido a espectáculos frívolos y sangrantes como el de conceder las ayudas que obliga esta ley a dar a los que se encuentran en situación de dependencia a personas ya extintas, aquí en la Comunidad Valenciana se han dado centenares de casos en los que se ha concedido esta ayuda después de fallecer los que las han solicitado, en el caso de la comunidad madrileña se ha llegado hasta el extremo de haber concedido esta ayuda a más de 3.200 personas después de que estas hayan fallecido.
Por lo visto la táctica a seguir para que la cosa no salga muy cara es demorar la concesión de ayudas y esperar a que los solicitantes fallezcan ya que dada su precaria situación en lo que a buena salud se refiere, es cuestión de tiempo.
La prensa ha sido muy contundente con esto al publicar que mueren más dependientes de los que acceden a las ayudas.
Otra prueba de la desidia con que se está procediendo al “cumplimiento” de esta ley, es la del pago a los geriátricos privados que tienen establecidos conciertos con las comunidades autónomas para acoger a personas en situación de dependencia, aquí en la Comunidad Valenciana el Consell ha puesto al borde del cierre a los geriátricos privados con concierto porque no pueden soportar la deuda que el Consell tiene contraída con ellos y que asciende a más de 30 millones de euros, lo que pone en grave riesgo la continuidad asistencial a las personas allí acogidas que se pueden ver en la calle.
Como se puede comprobar Rajoy tenía “razones” más que suficientes para no abordar el tema directamente, indirectamente tampoco lo hizo, pero lo cierto y verdad es que en todo su largo, tedioso e indescifrable discurso, los españoles nos hemos quedado sin saber cuál va a ser la política social de Rajoy.
Publicado por Pascual Mogica Costa en Sociopolítica
Fuente : ellibrepensador.com
viernes, 23 de diciembre de 2011
EL AÑO INTERNACIONAL DEL ALZHEIMER 2011 MARCARÁ UN ANTES Y UN DESPUÉS
El año internacional del alzheimer 2011 "marcará un antes y un después"
La Fundación Reina Sofía y la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias (Ceafa) han señalado, durante un encuentro informativo en Servimedia, que el Año Internacional del Alzheimer 2011 "marcará un antes y un después".
El secretario de la Fundación, Arturo Coello, destacó que los objetivos del Año Internacional 2011 "se han cumplido sobradamente" y se ha conseguido sensibilizar a la población sobre la importancia de la investigación en Alzheimer. Por ello, consideró que el Año Internacional 2011 "marcará un antes y un después".
La Fundación Reina Sofía ha agradecido su labor a las asociaciones, a la Fundación Pasqual Maragall, a la Administración y a las entidades privadas por el trabajo realizado en este Año Internacional 2011.
Según los expertos, se calcula que en 2050 se duplicará el número de personas enfermas de Alzheimer y esta cifra irá creciendo de forma exponencial. De ahí, la importancia de invertir en investigación como vía para paliar la degeneración que provoca la enfermedad.
En esta línea, especialistas en la materia coinciden en que el objetivo de curar a un enfermo de Alzheimer está muy lejos, pero existen muchas vías de investigación abiertas y que si se pudiera lograr el diagnóstico precoz se reduciría a la mitad el número de personas con Alzheimer.
Por su parte, el presidente de Ceafa, Arsenio Hueros, afirmó que el problema ha sido siempre la "invisibilidad" y un acontecimiento de este tipo a nivel mundial, ha permitido llevar a los medios esta problemática. Por ello, coincidió en señalar que el Año Internacional 2011 "ha marcado un antes y un después".
Sobre la Ley de Dependencia y su aplicación, Hueros destacó que se trata de una buena ley "aunque no todo lo buena que quisiéramos" y explicó que "el gran problema es que no se ha podido aplicar por falta de recursos económicos. Hay 150.000 personas pendientes de que se aplique la ley".
Las asociaciones, según el presidente de Ceafa, "son el único recurso que tiene el Estado para hacer frente a la enfermedad". "Si la labor de las asociaciones las asumiera el Estado, se hundiría la Seguridad Social", aseveró, al tiempo que destacó la necesidad de impulsar una política de Estado a este respecto y articular un Plan Nacional, para lo que, dejó claro, "vamos a hacer lo posible".
Sobre posibles recortes en los fondos destinados a las asociaciones por parte del Estado, Hueros afirmó que "hay miedo ante posibles recortes porque ya se sienten los efectos de la crisis". Según aseguró, "hay muchas asociaciones que se encuentran en una situación insostenible porque dependen de subvenciones y si no hay subvenciones no se pueden mantener servicios", por lo que "la terapia farmacológica se convierte, hoy por hoy, en la solución".
Finalmente, respecto al ámbito de la investigación, ha mostrado “cautela” y “esperanza” y, aunque no confía en una cura a corto y medio plazo “porque la posibilidad de origen del Alzheimer es enorme”, se puede conseguir que se llegue a cronificar, tal y como pasó con el SIDA en su momento.
Fuente : ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias
La Fundación Reina Sofía y la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias (Ceafa) han señalado, durante un encuentro informativo en Servimedia, que el Año Internacional del Alzheimer 2011 "marcará un antes y un después".
El secretario de la Fundación, Arturo Coello, destacó que los objetivos del Año Internacional 2011 "se han cumplido sobradamente" y se ha conseguido sensibilizar a la población sobre la importancia de la investigación en Alzheimer. Por ello, consideró que el Año Internacional 2011 "marcará un antes y un después".
La Fundación Reina Sofía ha agradecido su labor a las asociaciones, a la Fundación Pasqual Maragall, a la Administración y a las entidades privadas por el trabajo realizado en este Año Internacional 2011.
Según los expertos, se calcula que en 2050 se duplicará el número de personas enfermas de Alzheimer y esta cifra irá creciendo de forma exponencial. De ahí, la importancia de invertir en investigación como vía para paliar la degeneración que provoca la enfermedad.
En esta línea, especialistas en la materia coinciden en que el objetivo de curar a un enfermo de Alzheimer está muy lejos, pero existen muchas vías de investigación abiertas y que si se pudiera lograr el diagnóstico precoz se reduciría a la mitad el número de personas con Alzheimer.
Por su parte, el presidente de Ceafa, Arsenio Hueros, afirmó que el problema ha sido siempre la "invisibilidad" y un acontecimiento de este tipo a nivel mundial, ha permitido llevar a los medios esta problemática. Por ello, coincidió en señalar que el Año Internacional 2011 "ha marcado un antes y un después".
Sobre la Ley de Dependencia y su aplicación, Hueros destacó que se trata de una buena ley "aunque no todo lo buena que quisiéramos" y explicó que "el gran problema es que no se ha podido aplicar por falta de recursos económicos. Hay 150.000 personas pendientes de que se aplique la ley".
Las asociaciones, según el presidente de Ceafa, "son el único recurso que tiene el Estado para hacer frente a la enfermedad". "Si la labor de las asociaciones las asumiera el Estado, se hundiría la Seguridad Social", aseveró, al tiempo que destacó la necesidad de impulsar una política de Estado a este respecto y articular un Plan Nacional, para lo que, dejó claro, "vamos a hacer lo posible".
Sobre posibles recortes en los fondos destinados a las asociaciones por parte del Estado, Hueros afirmó que "hay miedo ante posibles recortes porque ya se sienten los efectos de la crisis". Según aseguró, "hay muchas asociaciones que se encuentran en una situación insostenible porque dependen de subvenciones y si no hay subvenciones no se pueden mantener servicios", por lo que "la terapia farmacológica se convierte, hoy por hoy, en la solución".
Finalmente, respecto al ámbito de la investigación, ha mostrado “cautela” y “esperanza” y, aunque no confía en una cura a corto y medio plazo “porque la posibilidad de origen del Alzheimer es enorme”, se puede conseguir que se llegue a cronificar, tal y como pasó con el SIDA en su momento.
Fuente : ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias
CASTILLA LA MANCHA - ANUNCIAN ENCIERROS SI PERSISTEN LOS IMPAGOS
Plataforma Dependencia en C-LM anuncia encierros en Consejerías y Presidencia si persisten los impagos de la Junta
La Plataforma de la Ley de la Dependencia en Castilla-La Mancha ha anunciado que, si en "breve plazo" de tiempo el Gobierno regional no ha saldado las deudas que mantiene con los beneficiarios de la Ley de Dependencia, que a fecha de hoy es de dos meses, se encerrarán en las distintas consejerías y en dependencias de Presidencia hasta que se proceda a los pagos correspondientes.
En nota de prensa la plataforma ha indicado que adopta esta decisión "ante los reiterados incumplimientos en los pagos a los beneficiarios de la Ley de Dependencia en la Región, la falta de respuesta por parte de la presidenta regional, María Dolores Cospedal, la mentira y tomadura de pelo a todas las personas en situación de dependencia".
Denuncian desde la plataforma que los pagos están contabilizados en la Tesorería de la Consejería de Hacienda desde el pasado trece de diciembre y "la negativa a liberarlos".
Esto demuestra, a juicio de los integrantes de esta plataforma, "la falta de voluntad política de protección de este colectivo por parte de Cospedal, como demuestra el hecho que otras Comunidades Autónomas que reciben en igual forma y plazo el dinero de la parte estatal están al corriente de pago como Andalucía, País Vasco, Castilla y León".
Fuente : ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias
La Plataforma de la Ley de la Dependencia en Castilla-La Mancha ha anunciado que, si en "breve plazo" de tiempo el Gobierno regional no ha saldado las deudas que mantiene con los beneficiarios de la Ley de Dependencia, que a fecha de hoy es de dos meses, se encerrarán en las distintas consejerías y en dependencias de Presidencia hasta que se proceda a los pagos correspondientes.
En nota de prensa la plataforma ha indicado que adopta esta decisión "ante los reiterados incumplimientos en los pagos a los beneficiarios de la Ley de Dependencia en la Región, la falta de respuesta por parte de la presidenta regional, María Dolores Cospedal, la mentira y tomadura de pelo a todas las personas en situación de dependencia".
Denuncian desde la plataforma que los pagos están contabilizados en la Tesorería de la Consejería de Hacienda desde el pasado trece de diciembre y "la negativa a liberarlos".
Esto demuestra, a juicio de los integrantes de esta plataforma, "la falta de voluntad política de protección de este colectivo por parte de Cospedal, como demuestra el hecho que otras Comunidades Autónomas que reciben en igual forma y plazo el dinero de la parte estatal están al corriente de pago como Andalucía, País Vasco, Castilla y León".
Fuente : ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias
ASTURIAS - LOS GERIÁTRICOS DENUNCIAN AMENAZAS A BENEFICIARIOS DE LA LEY
Los geriátricos denuncian amenazas a beneficiarios de la Ley de la Dependencia
«No existe libertad de elección de centro público, privado o concertado por parte del solicitante, ya que desde los servicios sociales y desde Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) se obliga a elegir un centro público».
Una de las tres patronales geriátricas asturianas, la Asociación de Centros y Servicios de Mayores de Asturias (Asacesema) denunció ayer amenazas por parte de los servicios sociales o del ERA a beneficiarios de la Ley de la Dependencia.
Así figura en el decálogo de peticiones que ha presentado a la Consejería de Bienestar Social e Igualdad para «la mejor aplicación de la Ley de la Dependencia».
La entidad, que preside Ana Gil, asegura que «se dan casos de amenazas a las personas que han optado por una ayuda económica para utilizar una plaza privada».
Según ha constatado Asacesema, «se les ha dicho que pueden perder la prestación económica si renuncian a la plaza pública que se les ha adjudicado».
Más dinero a los concertados
Eso se traduce, explican en el documento, «que los usuarios de centros privados acreditados acaban aceptando el traslado a los centros públicos».
En su decálogo de peticiones incluye Asacesema el incremento de los precios que el Principado paga a los privados para concertar plazas, a pesar de que en la entidad no hay socios en esa situación, que monopolizan las otras dos patronales, Ascege y AARTE.
Fuente : elcomercio.es
«No existe libertad de elección de centro público, privado o concertado por parte del solicitante, ya que desde los servicios sociales y desde Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) se obliga a elegir un centro público».
Una de las tres patronales geriátricas asturianas, la Asociación de Centros y Servicios de Mayores de Asturias (Asacesema) denunció ayer amenazas por parte de los servicios sociales o del ERA a beneficiarios de la Ley de la Dependencia.
Así figura en el decálogo de peticiones que ha presentado a la Consejería de Bienestar Social e Igualdad para «la mejor aplicación de la Ley de la Dependencia».
La entidad, que preside Ana Gil, asegura que «se dan casos de amenazas a las personas que han optado por una ayuda económica para utilizar una plaza privada».
Según ha constatado Asacesema, «se les ha dicho que pueden perder la prestación económica si renuncian a la plaza pública que se les ha adjudicado».
Más dinero a los concertados
Eso se traduce, explican en el documento, «que los usuarios de centros privados acreditados acaban aceptando el traslado a los centros públicos».
En su decálogo de peticiones incluye Asacesema el incremento de los precios que el Principado paga a los privados para concertar plazas, a pesar de que en la entidad no hay socios en esa situación, que monopolizan las otras dos patronales, Ascege y AARTE.
Fuente : elcomercio.es
CASTILLA Y LEÓN - LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES PAGARÁN EN FUNCIÓN DE SU RENTA PERSONAL
Los usuarios de los servicios sociales pagarán en función de su renta personal
El beneficiario costeará como máximo el 90% y el precio se computará por día.
Los usuarios de los servicios sociales de la Junta como residencias o centros de día pagarán en función de su patrimonio y renta personal y nunca más del 90% de su coste.
«La nueva norma beneficiará a las rentas más bajas, porque pagarán en función de su capacidad económica», recalcó el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde anunció que ayer se aprobó el decreto que establece los precios de los servicios públicos para personas mayores, discapacitados y dependientes.
En concreto, esta norma se refiere a las prestaciones de atención residencial —residencias y viviendas—, centros de día —estancias diurnas y centros ocupacionales— y servicio de estancias nocturna.
Los detalles los ofrecerá hoy la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, en una rueda de prensa junto a los representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y del Consejo de Mayores.
Precio por día.
Como novedad, la normativa fija un precio público por día para cada uno de los servicios en función del sector de la población (personas con discapacidad o mayores), del subsector (discapacidad intelectual, discapacidad física, autismo o enfermedad mental), del tipo de centro (residencia, vivienda o centro de día), del tipo de plaza y la modalidad del usuario (grado de asistido o de afectación de la discapacidad y grado de dependencia) y de la cobertura del servicio (días de la semana y del año).
Así, el consejero destacó que con el nuevo decreto ya no se computarán los pagos de forma mensual, «como se realizaba hasta ahora» y que tampoco tomará como referencia la situación familiar, si no la renta personal y parte del patrimonio del usuario. También reconoció que la Administración prevé recaudar mayor cantidad con esta tasa.
Con este decreto se establece, por tanto, un único sistema de precios, se unifican los criterios para el cálculo de la aportación de los servicios de la Ley de Dependencia y del resto de Servicios Sociales y se homologa la aportación de los usuarios.
El objetivo —en palabras de Santiago Juárez— reside en que la mayor parte de los contribuyentes «no vean aumentadas sus aportaciones, pero sí reguladas». Además, anunció que Marcos comparecerá a petición propia en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades en las Cortes para informar sobre este decreto.
La finalidad de la nueva norma es ajustarse a los criterios establecidos por acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre la determinación de la capacidad económica del beneficiario y sobre los criterios de participación de este en las prestaciones del sistema de la Dependencia
Fuente : diariodeleon.es/noticias/castillayleon
El beneficiario costeará como máximo el 90% y el precio se computará por día.
Los usuarios de los servicios sociales de la Junta como residencias o centros de día pagarán en función de su patrimonio y renta personal y nunca más del 90% de su coste.
«La nueva norma beneficiará a las rentas más bajas, porque pagarán en función de su capacidad económica», recalcó el consejero de Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde anunció que ayer se aprobó el decreto que establece los precios de los servicios públicos para personas mayores, discapacitados y dependientes.
En concreto, esta norma se refiere a las prestaciones de atención residencial —residencias y viviendas—, centros de día —estancias diurnas y centros ocupacionales— y servicio de estancias nocturna.
Los detalles los ofrecerá hoy la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, en una rueda de prensa junto a los representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y del Consejo de Mayores.
Precio por día.
Como novedad, la normativa fija un precio público por día para cada uno de los servicios en función del sector de la población (personas con discapacidad o mayores), del subsector (discapacidad intelectual, discapacidad física, autismo o enfermedad mental), del tipo de centro (residencia, vivienda o centro de día), del tipo de plaza y la modalidad del usuario (grado de asistido o de afectación de la discapacidad y grado de dependencia) y de la cobertura del servicio (días de la semana y del año).
Así, el consejero destacó que con el nuevo decreto ya no se computarán los pagos de forma mensual, «como se realizaba hasta ahora» y que tampoco tomará como referencia la situación familiar, si no la renta personal y parte del patrimonio del usuario. También reconoció que la Administración prevé recaudar mayor cantidad con esta tasa.
Con este decreto se establece, por tanto, un único sistema de precios, se unifican los criterios para el cálculo de la aportación de los servicios de la Ley de Dependencia y del resto de Servicios Sociales y se homologa la aportación de los usuarios.
El objetivo —en palabras de Santiago Juárez— reside en que la mayor parte de los contribuyentes «no vean aumentadas sus aportaciones, pero sí reguladas». Además, anunció que Marcos comparecerá a petición propia en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades en las Cortes para informar sobre este decreto.
La finalidad de la nueva norma es ajustarse a los criterios establecidos por acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre la determinación de la capacidad económica del beneficiario y sobre los criterios de participación de este en las prestaciones del sistema de la Dependencia
Fuente : diariodeleon.es/noticias/castillayleon
martes, 20 de diciembre de 2011
EXTREMADURA - RECORTES SOCIALES 2012 PONEN EN RIESGO ESTADO BIENESTAR
Recortes sociales en 2012 ponen en riesgo el estado de bienestar, según CCOO
La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSP) de CCOO ha asegurado hoy que la disminución en 2012 de las partidas presupuestarias destinadas a políticas sociales ponen en "claro riesgo" el estado del bienestar, ya que prácticamente la totalidad de los programas relacionados con la atención directa sufren un "recorte sustancial".
Dado que estas partidas ya habían mermado, las cuentas sitúan en "peligro y en riesgo de exclusión social a la población más vulnerable", así como un número importante de puestos de trabajo asociados a la atención social, sobre todo en dependencia, advierte en un comunicado remitido a Efe.
Según CCOO, de mantenerse estos recortes, será imposible atender nuevas demandas y un elevado número de personas que están cubiertas por el sistema de atención a la dependencia se verán abocadas a la desatención.
A estos casos, el sindicato añade las miles de personas que hasta ahora venían siendo atendidas por los Servicios Sociales de Base, un número que ha aumentado considerablemente debido a la crisis.
CCOO critica que el proyecto de presupuestos incluya un recorte del 83 por ciento en la partida destinada a mantener los equipos de valoración de la dependencia, que no aparece consignada, ni directamente ni de forma "compartida", como ha manifestado el Gobierno de Extremadura, ha precisado.
Como la valoración del grado de dependencia es la entrada al sistema, dichos recortes, a su juicio, hacen "inviable" el desarrollo e implantación de la ley.
En la actualidad, dado el elevado número de personas que han solicitado el reconocimiento y valoración de su situación de dependencia, así como el continuo número de solicitudes que se reciben por agravamiento de la situación, la dotación de profesionales de los equipos de valoración son ya "insuficientes" para atender la demanda.
Según CCOO, no existen otros profesionales que puedan realizar las valoraciones y el sistema de Atención Primaria de salud y el de servicios sociales está "colapsado".
Respecto al empleo, el reconocimiento de la situación de dependencia y el acceso a los recursos de este sistema genera miles de puestos de trabajos, que, en su opinión, "corren un grave peligro de mantenerse con los recortes planteados".
Fuente : abc.es/agencias/noticia
La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSP) de CCOO ha asegurado hoy que la disminución en 2012 de las partidas presupuestarias destinadas a políticas sociales ponen en "claro riesgo" el estado del bienestar, ya que prácticamente la totalidad de los programas relacionados con la atención directa sufren un "recorte sustancial".
Dado que estas partidas ya habían mermado, las cuentas sitúan en "peligro y en riesgo de exclusión social a la población más vulnerable", así como un número importante de puestos de trabajo asociados a la atención social, sobre todo en dependencia, advierte en un comunicado remitido a Efe.
Según CCOO, de mantenerse estos recortes, será imposible atender nuevas demandas y un elevado número de personas que están cubiertas por el sistema de atención a la dependencia se verán abocadas a la desatención.
A estos casos, el sindicato añade las miles de personas que hasta ahora venían siendo atendidas por los Servicios Sociales de Base, un número que ha aumentado considerablemente debido a la crisis.
CCOO critica que el proyecto de presupuestos incluya un recorte del 83 por ciento en la partida destinada a mantener los equipos de valoración de la dependencia, que no aparece consignada, ni directamente ni de forma "compartida", como ha manifestado el Gobierno de Extremadura, ha precisado.
Como la valoración del grado de dependencia es la entrada al sistema, dichos recortes, a su juicio, hacen "inviable" el desarrollo e implantación de la ley.
En la actualidad, dado el elevado número de personas que han solicitado el reconocimiento y valoración de su situación de dependencia, así como el continuo número de solicitudes que se reciben por agravamiento de la situación, la dotación de profesionales de los equipos de valoración son ya "insuficientes" para atender la demanda.
Según CCOO, no existen otros profesionales que puedan realizar las valoraciones y el sistema de Atención Primaria de salud y el de servicios sociales está "colapsado".
Respecto al empleo, el reconocimiento de la situación de dependencia y el acceso a los recursos de este sistema genera miles de puestos de trabajos, que, en su opinión, "corren un grave peligro de mantenerse con los recortes planteados".
Fuente : abc.es/agencias/noticia
C.VALENCIANA - EL CONSELL INSTA A REVISAR LAS AYUDAS
El Consell insta a revisar las ayudas a la dependencia y primar a los profesionales
Los colectivos de dependientes piden que no haya recortes y creen “vital” la ley.
Quiere que el Estado aporte mayor financiación y sugiere un impuesto especial
Es viable la ley de dependencia? Sí, pero con algunos matices. El secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Joaquín Martínez, abogó ayer por corregir la normativa en su aplicación práctica y orientarla exclusivamente al otorgamiento de servicios profesionales en detrimento de la paga al familiar cuidador. “En mi opinión los servicios profesionales deberían ser el 100% de las ayudas”, dijo.
Martínez realizó estas declaraciones en la mesa de debate del III Congreso Castelló 2020, que ayer llevaba por título Una tercera edad joven de espíritu y en la que se debatió el futuro de la ley de dependencia, de la que precisamente estos días se cumplen cinco años desde su aprobación, acaparó buena parte del debate.
Además de una reorientación de las ayudas (en Castellón el 60% son prestaciones económicas para el familiar cuidador del dependiente), el secretario autonómico de Dependencia defendió la necesidad de que el Estado aporte más a la financiación de la ley. “De los 1.300 millones que se han invertido en dependencia en la Comunitat, 900 los ha aportado la Generalitat y el resto el Gobierno central. Eso no debería ser así”, subrayó y sugirió la posibilidad de crear un impuesto especial (a imagen y semejanza de Francia o Alemania) para generar recursos con los que costear la norma.
UNA LEY “VITAL”
De que la ley se ha “pervertido” habló también Emilio Marmaneu, presidente de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (AFA) de Castellón. “Lo ideal sería primar los cuidados profesionales, pero lamentablemente lo que predomina es el recurso fácil, la paga de 500 euros al familiar”, argumentó. No obstante, Marmaneu hizo una defensa “absoluta” de la normativa e instó al futuro presidente, Mariano Rajoy, a no realizar recortes en una materia que consideró “de vital importancia”.
Además de la ley de dependencia, en la mesa redonda se abordó el papel de las personas mayores, que en España representan el 17% de la población. “En 2020 este colectivo supondrá el 30% de la población en nuestro país y eso significa que vamos a tener que contar con ellos”, concluyó Mariví Conde, directora del centro de día para personas mayores de la oenegé Cruz Roja.
Fuente : elperiodicomediterraneo.com/noticias
Los colectivos de dependientes piden que no haya recortes y creen “vital” la ley.
Quiere que el Estado aporte mayor financiación y sugiere un impuesto especial
Es viable la ley de dependencia? Sí, pero con algunos matices. El secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Joaquín Martínez, abogó ayer por corregir la normativa en su aplicación práctica y orientarla exclusivamente al otorgamiento de servicios profesionales en detrimento de la paga al familiar cuidador. “En mi opinión los servicios profesionales deberían ser el 100% de las ayudas”, dijo.
Martínez realizó estas declaraciones en la mesa de debate del III Congreso Castelló 2020, que ayer llevaba por título Una tercera edad joven de espíritu y en la que se debatió el futuro de la ley de dependencia, de la que precisamente estos días se cumplen cinco años desde su aprobación, acaparó buena parte del debate.
Además de una reorientación de las ayudas (en Castellón el 60% son prestaciones económicas para el familiar cuidador del dependiente), el secretario autonómico de Dependencia defendió la necesidad de que el Estado aporte más a la financiación de la ley. “De los 1.300 millones que se han invertido en dependencia en la Comunitat, 900 los ha aportado la Generalitat y el resto el Gobierno central. Eso no debería ser así”, subrayó y sugirió la posibilidad de crear un impuesto especial (a imagen y semejanza de Francia o Alemania) para generar recursos con los que costear la norma.
UNA LEY “VITAL”
De que la ley se ha “pervertido” habló también Emilio Marmaneu, presidente de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (AFA) de Castellón. “Lo ideal sería primar los cuidados profesionales, pero lamentablemente lo que predomina es el recurso fácil, la paga de 500 euros al familiar”, argumentó. No obstante, Marmaneu hizo una defensa “absoluta” de la normativa e instó al futuro presidente, Mariano Rajoy, a no realizar recortes en una materia que consideró “de vital importancia”.
Además de la ley de dependencia, en la mesa redonda se abordó el papel de las personas mayores, que en España representan el 17% de la población. “En 2020 este colectivo supondrá el 30% de la población en nuestro país y eso significa que vamos a tener que contar con ellos”, concluyó Mariví Conde, directora del centro de día para personas mayores de la oenegé Cruz Roja.
Fuente : elperiodicomediterraneo.com/noticias
VIZCAYA - APLICACIÓN SOBRESALIENTE DE LA LEY
Un diez para la Diputación en atención a la dependencia en Bizkaia
El Observatorio estatal califica de "sobresaliente" la aplicación de la Ley de la Dependencia en Bizkaia
Es una de las prioridades en la acción de gobierno de la Diputación: la atención a las personas, en especial a las que, por diferentes motivos, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Entre ellos, las que, tras perder autonomía física o intelectual, no pueden valerse por sí mismas.
Ahora, todo ese esfuerzo se ha visto reconocido. El Observatorio estatal para la Dependencia ha calificado con la nota máxima, un diez sobre diez, la aplicación de esta normativa en Euskadi que, en el caso del territorio vizcaino, se encuentra en manos de la Diputación.
La diputada de Acción Social, Pilar Ardanza, se felicitó ayer por el resultado obtenido en la evaluación, que realiza de forma semestral la Asociación Española de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, desde la puesta en marcha de la Ley de la Dependencia, hace ahora cinco años.
"La ciudadanía vizcaina está satisfecha del esfuerzo y la atención que reciben por parte de la Diputación. Que también un organismo independiente reconozca ese esfuerzo es algo que nos llena de orgullo y nos anima a seguir adelante. Es la constatación de que lo estamos haciendo bien", valoró Ardanza.
Bizkaia, junto a Araba y Gipuzkoa, han obtenido un sobresaliente en el último dictamen elaborado por la asociación. Junto a Castilla y León, Euskadi ha sido la única comunidad, en todo el Estado, que ha obtenido la máxima puntuación. "Somos las únicas que, con la que está cayendo en el ámbito económico, seguimos manteniendo el tipo en la atención a la dependencia", destacó la diputada.
La media, en todo el Estado, se sitúa en un 5,9 sobre 10, siendo La Rioja (con una nota de 9) y Aragón y Castilla La Mancha (ambas con un 8,5), las que consiguen las siguientes mejores calificaciones. Por su parte, Canarias (con un exiguo 0,5) y la Comunidad Valencia (con un 2), son las que prestan el peor nivel de servicios, y, lo que es peor, su pobre nivel de servicios se está "cronificando", según destacaron los responsables del informe.
Todos los parámetros En el caso de la Diputación de Bizkaia, el Observatorio ha otorgado la máxima puntuación en todos los parámetros de eficiencia que se tienen en cuenta a la hora de valorar la atención a la dependencia, como la gestión, los servicios, las listas de espera, los gastos por habitante y la investigación, entre otros.
En el caso del territorio vizcaino, por ejemplo, el tiempo desde que una persona solicita una valoración de dependencia hasta que se resuelve su expediente se sitúa en 40 días, un tiempo de espera en el que desde la Diputación se va a seguir trabajando para reducirlo aún más.
Una cifra muy alejada del tiempo de espera medio en el Estado y que choca con las situaciones en otras autonomías, donde "ni si quiera se aplica la tasa de reposición", es decir, reemplazar a aquellas personas que fallecen por otras de la lista de espera.
Ardanza también subrayó el "alto compromiso" de la Diputación en políticas sociales, tal y como ponen de relieve estas calificaciones. "En Bizkaia, las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial son una prioridad", destacó la diputada de Acción Social.
"La apuesta, en este sentido, es clara. A pesar de la crisis, de la caída de la recaudación, vamos a seguir apostando por las personas y el próximo año mantendremos todas las prestaciones, destinando el 51% del presupuesto de la Diputación a Acción Social", recordó.
El departamento dispone de una amplia carta de servicios dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas dependientes, como la ayuda a domicilio, los centros de día, servicios residenciales, prestaciones económicas para cuidados familiares y las destinadas a contratar a una asistencia personal.
Solo en este año 2011, en Bizkaia se han puesto en marcha dos residencias para personas mayores en Bilbao La Vieja y Amorebieta; los apartamentos con apoyos en Txurdinaga; tres centros de día en La Ola, Barrika e Isozaki; un centro para personas con esclerosis múltiple en Torre Urizar, y otro centro para personas con discapacidad intelectual en Artzentales. Estas infraestructuras, según destaca la diputada de Acción Social, ponen de manifiesto "el esfuerzo y el compromiso de la Diputación en materia de dependencia".
Fuente : deia.com
El Observatorio estatal califica de "sobresaliente" la aplicación de la Ley de la Dependencia en Bizkaia
Es una de las prioridades en la acción de gobierno de la Diputación: la atención a las personas, en especial a las que, por diferentes motivos, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Entre ellos, las que, tras perder autonomía física o intelectual, no pueden valerse por sí mismas.
Ahora, todo ese esfuerzo se ha visto reconocido. El Observatorio estatal para la Dependencia ha calificado con la nota máxima, un diez sobre diez, la aplicación de esta normativa en Euskadi que, en el caso del territorio vizcaino, se encuentra en manos de la Diputación.
La diputada de Acción Social, Pilar Ardanza, se felicitó ayer por el resultado obtenido en la evaluación, que realiza de forma semestral la Asociación Española de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, desde la puesta en marcha de la Ley de la Dependencia, hace ahora cinco años.
"La ciudadanía vizcaina está satisfecha del esfuerzo y la atención que reciben por parte de la Diputación. Que también un organismo independiente reconozca ese esfuerzo es algo que nos llena de orgullo y nos anima a seguir adelante. Es la constatación de que lo estamos haciendo bien", valoró Ardanza.
Bizkaia, junto a Araba y Gipuzkoa, han obtenido un sobresaliente en el último dictamen elaborado por la asociación. Junto a Castilla y León, Euskadi ha sido la única comunidad, en todo el Estado, que ha obtenido la máxima puntuación. "Somos las únicas que, con la que está cayendo en el ámbito económico, seguimos manteniendo el tipo en la atención a la dependencia", destacó la diputada.
La media, en todo el Estado, se sitúa en un 5,9 sobre 10, siendo La Rioja (con una nota de 9) y Aragón y Castilla La Mancha (ambas con un 8,5), las que consiguen las siguientes mejores calificaciones. Por su parte, Canarias (con un exiguo 0,5) y la Comunidad Valencia (con un 2), son las que prestan el peor nivel de servicios, y, lo que es peor, su pobre nivel de servicios se está "cronificando", según destacaron los responsables del informe.
Todos los parámetros En el caso de la Diputación de Bizkaia, el Observatorio ha otorgado la máxima puntuación en todos los parámetros de eficiencia que se tienen en cuenta a la hora de valorar la atención a la dependencia, como la gestión, los servicios, las listas de espera, los gastos por habitante y la investigación, entre otros.
En el caso del territorio vizcaino, por ejemplo, el tiempo desde que una persona solicita una valoración de dependencia hasta que se resuelve su expediente se sitúa en 40 días, un tiempo de espera en el que desde la Diputación se va a seguir trabajando para reducirlo aún más.
Una cifra muy alejada del tiempo de espera medio en el Estado y que choca con las situaciones en otras autonomías, donde "ni si quiera se aplica la tasa de reposición", es decir, reemplazar a aquellas personas que fallecen por otras de la lista de espera.
Ardanza también subrayó el "alto compromiso" de la Diputación en políticas sociales, tal y como ponen de relieve estas calificaciones. "En Bizkaia, las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial son una prioridad", destacó la diputada de Acción Social.
"La apuesta, en este sentido, es clara. A pesar de la crisis, de la caída de la recaudación, vamos a seguir apostando por las personas y el próximo año mantendremos todas las prestaciones, destinando el 51% del presupuesto de la Diputación a Acción Social", recordó.
El departamento dispone de una amplia carta de servicios dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas dependientes, como la ayuda a domicilio, los centros de día, servicios residenciales, prestaciones económicas para cuidados familiares y las destinadas a contratar a una asistencia personal.
Solo en este año 2011, en Bizkaia se han puesto en marcha dos residencias para personas mayores en Bilbao La Vieja y Amorebieta; los apartamentos con apoyos en Txurdinaga; tres centros de día en La Ola, Barrika e Isozaki; un centro para personas con esclerosis múltiple en Torre Urizar, y otro centro para personas con discapacidad intelectual en Artzentales. Estas infraestructuras, según destaca la diputada de Acción Social, ponen de manifiesto "el esfuerzo y el compromiso de la Diputación en materia de dependencia".
Fuente : deia.com
RAJOY DEFIENDE LA LEY PERO ADVIERTE DE RESTRICCIONES
Rajoy defiende la ley de dependencia, pero advierte de que hay restricciones
El próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha garantizado hoy que quiere que la atención a la dependencia sea "la cuarta pata del Estado del bienestar", aunque ha advertido de que hay restricciones presupuestarias y que habrá que decidir qué se puede financiar
"El tiempo determinará lo que podemos permitirnos y en qué momento podemos hacerlo", ha señalado Rajoy en el debate de investidura en respuesta a la diputada de Geroa Bai, Uxue Barkos.
El líder del PP ha querido aclarar el titular de una entrevista periodística publicada durante la campaña electoral, en el que decía que la ley de dependencia no era viable.
Según ha explicado, hay que tener en cuenta que en estos momentos hay restricciones y dificultades presupuestarias y que su Gobierno, como anunció ayer, situará en primer lugar las pensiones: "luego sanidad, educación y dependencia", ha manifestado.
Fuente : noticias.lainformacion.com/politica
El próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha garantizado hoy que quiere que la atención a la dependencia sea "la cuarta pata del Estado del bienestar", aunque ha advertido de que hay restricciones presupuestarias y que habrá que decidir qué se puede financiar
"El tiempo determinará lo que podemos permitirnos y en qué momento podemos hacerlo", ha señalado Rajoy en el debate de investidura en respuesta a la diputada de Geroa Bai, Uxue Barkos.
El líder del PP ha querido aclarar el titular de una entrevista periodística publicada durante la campaña electoral, en el que decía que la ley de dependencia no era viable.
Según ha explicado, hay que tener en cuenta que en estos momentos hay restricciones y dificultades presupuestarias y que su Gobierno, como anunció ayer, situará en primer lugar las pensiones: "luego sanidad, educación y dependencia", ha manifestado.
Fuente : noticias.lainformacion.com/politica
lunes, 19 de diciembre de 2011
TOLEDO - UNAS 200 PERSONAS PROTESTAN EN TOLEDO POR LOS IMPAGOS DE LA LEY
Unas 200 personas protestan en Toledo por los impagos de la Ley de Dependencia en C-LM
Unas 200 personas se concentraban ayer en Toledo para protestar por los impagos que siguen sufriendo los 30.000 beneficiarios de la Ley de Dependencia en CLM.
Una manifestación convocada por la Plataforma de la Ley de Dependencia en CLM que denuncia que la Junta sigue sin abonar las ayudas correspondientes a octubre y noviembre, en total 22 millones de euros.
El portavoz de esta plataforma, José Luis Gómez Ocaña, sostiene que la Junta tiene el dinero transferido por parte del Gobierno central pero que no paga por una cuestión de voluntad política.
Fuente : radioazul.es/noticias
Unas 200 personas se concentraban ayer en Toledo para protestar por los impagos que siguen sufriendo los 30.000 beneficiarios de la Ley de Dependencia en CLM.
Una manifestación convocada por la Plataforma de la Ley de Dependencia en CLM que denuncia que la Junta sigue sin abonar las ayudas correspondientes a octubre y noviembre, en total 22 millones de euros.
El portavoz de esta plataforma, José Luis Gómez Ocaña, sostiene que la Junta tiene el dinero transferido por parte del Gobierno central pero que no paga por una cuestión de voluntad política.
Fuente : radioazul.es/noticias
MADRID - CCOO SEÑALA NECESIDAD DE APLICAR CORRECTAMENTE LA LEY
CCOO señala la necesidad de aplicar correctamente la Ley de Dependencia
El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de Madrid ha señalado hoy la necesidad de aplicar correctamente la Ley de Dependencia, especialmente en Madrid, y ha asegurado que "pese a lo que sostiene el Gobierno", los datos demuestran que esta norma "sí es viable".
Durante una rueda de prensa destinada a promover la campaña de asesoramiento a pensionistas y dependientes 'Informayor', el secretario general de la Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de CCOO, Julián Gutiérrez, ha recordado que la Ley ha propiciado la creación de unos 190 mil puestos de trabajo en los dos últimos años.
En cuanto a la situación de las pensiones, Gutiérrez ha destacado que no tienen por qué congelarse, y ha añadido que en España se destinan a éstas 3 puntos menos de PIB que la media de la UE.
"En España, tres de cada cuatro pensionistas no van a ver revalorizadas sus pensiones en 2011", ha destacado Gutiérrez, quien ha añadido que "de los 998.000 pensionistas y jubilados madrileños sólo 213.000 van a tener derecho a una revalorización de las pensiones".
Gutiérrez ha llamado la atención sobre el "gran problema" de que las pensiones de viudedad en España sean "muy bajas", y ha señalado también que muchos de los accidentes que sufren las personas mayores en sus hogares podrían ser prevenidos realizando las correspondientes reformas en sus viviendas.
Por su parte, el secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, ha destacado que "la población mayor es quizá uno de los colectivos con los que ha contraído más deudas el Gobierno español a lo largo de los últimos dos años".
López ha recordado algunos datos relativos a la Comunidad de Madrid, como que 998.000 madrileños cobran una pensión contributiva y que todos ellos "son, en el mejor de los casos, mileuristas".
"A partir de ahí hay una variedad en la que lo más dramático son las (pensiones) de viudedad, con 258.000 personas que cobran de media 667 euros", ha dicho López al recordar que, teniendo en cuenta que el umbral de la pobreza en España se sitúa en 627 euros, "cientos de miles de personas en Madrid están sobreviviendo" en ese límite.
También ha hablado López de la "preocupante situación" de las pensiones no contributivas, que en Madrid cobran 35.000 personas, como las de invalidez que están en 367 euros, o las de jubilación con 332 euros mensuales.
López ha dicho que "no es entendible que Madrid sea una de las comunidades más atrasadas" en la aplicación de la Ley de Dependencia, siendo la cuarta región por la cola en número de personas que reciben atención".
En este sentido, ha recordado que en Madrid hay 93.000 personas con derecho a prestación reconocido, de las cuales más de 16.000 todavía no la reciben, por lo cual ha destacado la necesidad de crear un Comité Consultivo General para promover los controles e inspecciones en este ámbito.
"El nuevo gobierno (de España) debe hacer algo al respecto", ha afirmado el secretario general de CCOO de Madrid y ha señalado que "no se puede dejar abandonada a su suerte a una población con cada vez mayor presencia demográfica".
Fuente : abc.es
El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de Madrid ha señalado hoy la necesidad de aplicar correctamente la Ley de Dependencia, especialmente en Madrid, y ha asegurado que "pese a lo que sostiene el Gobierno", los datos demuestran que esta norma "sí es viable".
Durante una rueda de prensa destinada a promover la campaña de asesoramiento a pensionistas y dependientes 'Informayor', el secretario general de la Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de CCOO, Julián Gutiérrez, ha recordado que la Ley ha propiciado la creación de unos 190 mil puestos de trabajo en los dos últimos años.
En cuanto a la situación de las pensiones, Gutiérrez ha destacado que no tienen por qué congelarse, y ha añadido que en España se destinan a éstas 3 puntos menos de PIB que la media de la UE.
"En España, tres de cada cuatro pensionistas no van a ver revalorizadas sus pensiones en 2011", ha destacado Gutiérrez, quien ha añadido que "de los 998.000 pensionistas y jubilados madrileños sólo 213.000 van a tener derecho a una revalorización de las pensiones".
Gutiérrez ha llamado la atención sobre el "gran problema" de que las pensiones de viudedad en España sean "muy bajas", y ha señalado también que muchos de los accidentes que sufren las personas mayores en sus hogares podrían ser prevenidos realizando las correspondientes reformas en sus viviendas.
Por su parte, el secretario general de CCOO de Madrid, Javier López, ha destacado que "la población mayor es quizá uno de los colectivos con los que ha contraído más deudas el Gobierno español a lo largo de los últimos dos años".
López ha recordado algunos datos relativos a la Comunidad de Madrid, como que 998.000 madrileños cobran una pensión contributiva y que todos ellos "son, en el mejor de los casos, mileuristas".
"A partir de ahí hay una variedad en la que lo más dramático son las (pensiones) de viudedad, con 258.000 personas que cobran de media 667 euros", ha dicho López al recordar que, teniendo en cuenta que el umbral de la pobreza en España se sitúa en 627 euros, "cientos de miles de personas en Madrid están sobreviviendo" en ese límite.
También ha hablado López de la "preocupante situación" de las pensiones no contributivas, que en Madrid cobran 35.000 personas, como las de invalidez que están en 367 euros, o las de jubilación con 332 euros mensuales.
López ha dicho que "no es entendible que Madrid sea una de las comunidades más atrasadas" en la aplicación de la Ley de Dependencia, siendo la cuarta región por la cola en número de personas que reciben atención".
En este sentido, ha recordado que en Madrid hay 93.000 personas con derecho a prestación reconocido, de las cuales más de 16.000 todavía no la reciben, por lo cual ha destacado la necesidad de crear un Comité Consultivo General para promover los controles e inspecciones en este ámbito.
"El nuevo gobierno (de España) debe hacer algo al respecto", ha afirmado el secretario general de CCOO de Madrid y ha señalado que "no se puede dejar abandonada a su suerte a una población con cada vez mayor presencia demográfica".
Fuente : abc.es
EXTREMADURA - LA JUNTA GARANTIZA LAS AYUDAS POR DEPENDENCIA
La Junta garantiza las ayudas por dependencia
El PSOE ha advertido de que con las partidas consignadas se paraliza el desarrollo de este servicio
El Gobierno extremeño ha garantizado hoy las prestaciones de atención a la dependencia en 2012 y ha asegurado que se contará para ello con el personal "que sea necesario", mientras que el PSOE ha advertido de que con las partidas consignadas se paraliza el desarrollo de este servicio.
"El compromiso del Gobierno es garantizar desde todos los puntos de vista los derechos de los extremeños, tanto en dependencia como en salud", ha afirmado hoy el secretario general del Servicio Extremeño de Salud (SES), Javier Chacón.
Chacón ha realizado estas declaraciones a los periodistas momentos antes de comparecer en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura para informar sobre los presupuestos de la Consejería de Salud y Política Social para el próximo ejercicio.
Ha asegurado que desde que el PP llegó al Gobierno se han estado atendiendo "con absoluta garantía" todas estas prestaciones, algo que según ha dicho se seguirá haciendo el próximo año "con el personal necesario", aunque ha declinado precisar si el número de estos profesionales aumentarán o disminuirá.
Sin embargo, al ser preguntado por la disminución que sufre el montante destinado a los equipos de valoración de la dependencia -que estos profesionales han cifrado en un 80%-, ha reconocido que "en alguna partida en concreto hay un recorte que entendemos que corresponde a un error formal, que será debidamente subsanado".
Sin embargo, la diputada socialista Consolación Serrano ha advertido de que estos presupuestos "paralizan" la Ley de Dependencia, amparan un retroceso en derechos y no cumplen la Ley de Igualdad al haberse redactado sin un informe de género.
Según ha denunciado, disminuye en un 30% la partida de atención a las víctimas de violencia machista, en un 80 % la de los centros de menores y en un 50 % la ayuda a la familia, mientras que en intervención social se contará con 53 millones de euros menos.
En sanidad, ha añadido, se apuesta por la externalización de la actividad sanitaria, en especial de la quirúrgica, se descapitaliza al sistema sanitario público al caer las inversiones en casi un 80% y no se apuesta por la sostenibilidad de la financiación de la sanidad pública.
"Esto no se arregla con enmiendas parciales", ha indicado la diputada del Grupo Socialista, que presentará enmiendas para, por ejemplo, llevar recursos de esta externalización -que sí aumentan- hacia la red sanitaria pública.
Por el PP, la parlamentaria Cristina Herrera ha señalado que son unos presupuestos "realistas" que garantizan las prestaciones sociales de los ciudadanos dentro de una línea de austeridad y eficiencia en el gasto.
El presupuesto de la Consejería de Salud y Política Social para 2012 asciende a 1.844 millones de euros, el 37,5 % del total, y apuesta por los principios de austeridad, eficacia y eficiencia en la gestión de lo público, según ha informado el Gobierno en una nota.
Entre otros departamentos, el SES contará con 1.460 millones de euros, el Servicio Extremeño de Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) con 282,6, el Instituto de la Mujer con 5,5, el programa de Atención a la Infancia y la Familia con 54,3 y el de Inclusión Social con 13,1 millones.
Fuente : hoy.es
El PSOE ha advertido de que con las partidas consignadas se paraliza el desarrollo de este servicio
El Gobierno extremeño ha garantizado hoy las prestaciones de atención a la dependencia en 2012 y ha asegurado que se contará para ello con el personal "que sea necesario", mientras que el PSOE ha advertido de que con las partidas consignadas se paraliza el desarrollo de este servicio.
"El compromiso del Gobierno es garantizar desde todos los puntos de vista los derechos de los extremeños, tanto en dependencia como en salud", ha afirmado hoy el secretario general del Servicio Extremeño de Salud (SES), Javier Chacón.
Chacón ha realizado estas declaraciones a los periodistas momentos antes de comparecer en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura para informar sobre los presupuestos de la Consejería de Salud y Política Social para el próximo ejercicio.
Ha asegurado que desde que el PP llegó al Gobierno se han estado atendiendo "con absoluta garantía" todas estas prestaciones, algo que según ha dicho se seguirá haciendo el próximo año "con el personal necesario", aunque ha declinado precisar si el número de estos profesionales aumentarán o disminuirá.
Sin embargo, al ser preguntado por la disminución que sufre el montante destinado a los equipos de valoración de la dependencia -que estos profesionales han cifrado en un 80%-, ha reconocido que "en alguna partida en concreto hay un recorte que entendemos que corresponde a un error formal, que será debidamente subsanado".
Sin embargo, la diputada socialista Consolación Serrano ha advertido de que estos presupuestos "paralizan" la Ley de Dependencia, amparan un retroceso en derechos y no cumplen la Ley de Igualdad al haberse redactado sin un informe de género.
Según ha denunciado, disminuye en un 30% la partida de atención a las víctimas de violencia machista, en un 80 % la de los centros de menores y en un 50 % la ayuda a la familia, mientras que en intervención social se contará con 53 millones de euros menos.
En sanidad, ha añadido, se apuesta por la externalización de la actividad sanitaria, en especial de la quirúrgica, se descapitaliza al sistema sanitario público al caer las inversiones en casi un 80% y no se apuesta por la sostenibilidad de la financiación de la sanidad pública.
"Esto no se arregla con enmiendas parciales", ha indicado la diputada del Grupo Socialista, que presentará enmiendas para, por ejemplo, llevar recursos de esta externalización -que sí aumentan- hacia la red sanitaria pública.
Por el PP, la parlamentaria Cristina Herrera ha señalado que son unos presupuestos "realistas" que garantizan las prestaciones sociales de los ciudadanos dentro de una línea de austeridad y eficiencia en el gasto.
El presupuesto de la Consejería de Salud y Política Social para 2012 asciende a 1.844 millones de euros, el 37,5 % del total, y apuesta por los principios de austeridad, eficacia y eficiencia en la gestión de lo público, según ha informado el Gobierno en una nota.
Entre otros departamentos, el SES contará con 1.460 millones de euros, el Servicio Extremeño de Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) con 282,6, el Instituto de la Mujer con 5,5, el programa de Atención a la Infancia y la Familia con 54,3 y el de Inclusión Social con 13,1 millones.
Fuente : hoy.es
domingo, 18 de diciembre de 2011
MADRID SE PRECIA DE ESTAR DOCE PUNTOS POR ENCIMA DE LA MEDIA EN PERSONAS ATENDIDAS
Madrid se precia de estar doce puntos por encima de la media en personas atendidas
La Comunidad de Madrid se encuentra doce puntos por encima de la media en personas dependientes atendidas tal y como se desprende de los datos que mensualmente publica el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Así lo afirma a Servimedia el director general de Coordinación de Dependencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, quien subraya que, según los datos a mes de diciembre, la Comunidad de Madrid se encuentra a la cabeza del sistema nacional de atención a la dependencia con el 82% de los beneficiarios con derecho a prestación atendidos (82,50%), 12 puntos por encima de la media nacional (70,36%).
"Madrid es la comunidad con más plazas de residencia y centros de día para las personas que se encuentran en situación de dependencia, el recurso más profesionalizado de todos los que ofrece la cartera de servicio de la Ley de Dependencia", sentenció.
Madrid tiene los mayores índices de cobertura de servicios a pesar de que la población potencialmente dependiente sólo representa un 9%.
Los datos ponen de manifiesto el compromiso que el Gobierno regional "mantiene y mantendrá" con las personas dependientes madrileñas a pesar de la situación de crisis económica por la "que atraviesa el país desde hace más de tres años gracias a las políticas socialistas que han incumplido", según el director general.
Fruto también de ese compromiso, el Gobierno regional ha incrementado en un 10% el presupuesto destinado a dependencia para el próximo año.
Concretamente, la Comunidad de Madrid cuenta con 31.830 plazas residenciales -20.001- y de centro de día -11.829- y cuenta con 38.594 usuarios de atención domiciliaria (17.001 de teleasistencias y 21.593 de ayuda a domicilio). Además, 22.137 usuarios perciben una prestación económica.
Fuente : ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias
La Comunidad de Madrid se encuentra doce puntos por encima de la media en personas dependientes atendidas tal y como se desprende de los datos que mensualmente publica el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Así lo afirma a Servimedia el director general de Coordinación de Dependencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, quien subraya que, según los datos a mes de diciembre, la Comunidad de Madrid se encuentra a la cabeza del sistema nacional de atención a la dependencia con el 82% de los beneficiarios con derecho a prestación atendidos (82,50%), 12 puntos por encima de la media nacional (70,36%).
"Madrid es la comunidad con más plazas de residencia y centros de día para las personas que se encuentran en situación de dependencia, el recurso más profesionalizado de todos los que ofrece la cartera de servicio de la Ley de Dependencia", sentenció.
Madrid tiene los mayores índices de cobertura de servicios a pesar de que la población potencialmente dependiente sólo representa un 9%.
Los datos ponen de manifiesto el compromiso que el Gobierno regional "mantiene y mantendrá" con las personas dependientes madrileñas a pesar de la situación de crisis económica por la "que atraviesa el país desde hace más de tres años gracias a las políticas socialistas que han incumplido", según el director general.
Fruto también de ese compromiso, el Gobierno regional ha incrementado en un 10% el presupuesto destinado a dependencia para el próximo año.
Concretamente, la Comunidad de Madrid cuenta con 31.830 plazas residenciales -20.001- y de centro de día -11.829- y cuenta con 38.594 usuarios de atención domiciliaria (17.001 de teleasistencias y 21.593 de ayuda a domicilio). Además, 22.137 usuarios perciben una prestación económica.
Fuente : ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias
IMAGINACIÓN Y CONSENSO, TABLAS DE SALVACIÓN DE LA LEY
Imaginación y consenso, tablas de salvación de la Ley de Dependencia
La investigadora Margarita León cree que la Ley de Dependencia es un gran desafío que va a necesitar "mucha imaginación y consenso" para evitar caer en vía muerta, porque alerta del envejecimiento de los cuidadores, que hasta ahora la están sosteniendo, y de la ausencia de una red de servicios.
En una entrevista con Efe, la experta del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona explica que uno de los problemas de la Ley es que "fue muy ambiciosa y no se midió bien la realidad en la que tenía que operar", como que las competencias de los servicios sociales estaban trasferidas a las comunidades autónomas.
"Se ha utilizado la Ley como herramienta de control político al gobierno central y ha sido un problema fundamentalmente en las comunidades donde no gobernaba el PSOE", explica la investigadora, quien opina que el nuevo escenario político "puede favorecer el dialogo" entre administraciones para intentar simplificar en ámbitos donde hay desdoblamiento de competencias.
A punto de cumplirse cinco años de la aplicación de la ley, la experta, que ha realizado un análisis desde que se germinó la idea hasta la actualidad, considera que las CCAA tienen que decir cómo ven la Ley y cómo quieren implantarla, y participar en un consenso junto al Gobierno central y los agentes sociales para mejorar la coordinación.
"Sin el consenso político necesario, la ley se va a quedar en punto muerto", expone la investigadora, quien reclama una actuación a largo plazo.
"Hay que identificar el problema, que esta ahí y que se a va agravar con el tiempo: somos una población envejecida y las perspectivas de envejecimiento indican que la población dependiente va a aumentar de forma significativa y, además, las personas que están cuidando de los dependientes son una generación que de aquí a unos años no va a estar", advierte.
Considera que se están dando mayoritariamente prestaciones económicas a las familias "porque sale más barato", aunque -opina- se trata de "un parche y no de una solución a los cuidados de larga duración".
La investigadora plantea que las familias eligen la opción de percibir una ayuda económica por la deficiencia de los servicios "que le dan una solución muy parcial al problema".
"En nuestro país, tenemos muy pocos servicios, son muy caros y se adaptan muy poco a las necesidades de las personas. Tenemos un Estado de bienestar que no está suficientemente consolidado y no sé si lo estará algún día para prestar servicios sociales universales de este nivel".
Para León, hay que hacer un planteamiento del coste de una financiación sostenible a largo plazo, acompañado de una voluntad política de querer aplicarla y de buscar opciones imaginativas.
"No es un problema que pueda esperar, ni que vaya a desaparecer el envejecimiento de la población; el cuidado de los dependientes no puede ser asumido por las familias, ya hay situaciones de vulnerabilidad extremas", afirma.
Tras el análisis de la aplicación de la ley, lanza algunas propuestas, como la de tener una fiscalidad que le dé más capacidades al Estado, un sistema impositivo que consiga que los que tienen más aporten más y mayor control del fraude fiscal.
"Tenemos poca presión fiscal, mucho fraude fiscal y mucha economía sumergida", señala la experta, quien también plantea un mayor control de las prestaciones económicas.
La investigadora recuerda que la Ley de Dependencia recoge derechos equiparables a la educación y la sanidad y por tanto igualmente exigibles.
"Como es un derecho que no existía, la opinión pública presiona poco para exigirlo; la respuesta inmediata es el esfuerzo de la familia, mientras que en otros países se exigen las responsabilidades a los poderes públicos", concluye.
Fuente : diariovasco.com/agencias
La investigadora Margarita León cree que la Ley de Dependencia es un gran desafío que va a necesitar "mucha imaginación y consenso" para evitar caer en vía muerta, porque alerta del envejecimiento de los cuidadores, que hasta ahora la están sosteniendo, y de la ausencia de una red de servicios.
En una entrevista con Efe, la experta del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona explica que uno de los problemas de la Ley es que "fue muy ambiciosa y no se midió bien la realidad en la que tenía que operar", como que las competencias de los servicios sociales estaban trasferidas a las comunidades autónomas.
"Se ha utilizado la Ley como herramienta de control político al gobierno central y ha sido un problema fundamentalmente en las comunidades donde no gobernaba el PSOE", explica la investigadora, quien opina que el nuevo escenario político "puede favorecer el dialogo" entre administraciones para intentar simplificar en ámbitos donde hay desdoblamiento de competencias.
A punto de cumplirse cinco años de la aplicación de la ley, la experta, que ha realizado un análisis desde que se germinó la idea hasta la actualidad, considera que las CCAA tienen que decir cómo ven la Ley y cómo quieren implantarla, y participar en un consenso junto al Gobierno central y los agentes sociales para mejorar la coordinación.
"Sin el consenso político necesario, la ley se va a quedar en punto muerto", expone la investigadora, quien reclama una actuación a largo plazo.
"Hay que identificar el problema, que esta ahí y que se a va agravar con el tiempo: somos una población envejecida y las perspectivas de envejecimiento indican que la población dependiente va a aumentar de forma significativa y, además, las personas que están cuidando de los dependientes son una generación que de aquí a unos años no va a estar", advierte.
Considera que se están dando mayoritariamente prestaciones económicas a las familias "porque sale más barato", aunque -opina- se trata de "un parche y no de una solución a los cuidados de larga duración".
La investigadora plantea que las familias eligen la opción de percibir una ayuda económica por la deficiencia de los servicios "que le dan una solución muy parcial al problema".
"En nuestro país, tenemos muy pocos servicios, son muy caros y se adaptan muy poco a las necesidades de las personas. Tenemos un Estado de bienestar que no está suficientemente consolidado y no sé si lo estará algún día para prestar servicios sociales universales de este nivel".
Para León, hay que hacer un planteamiento del coste de una financiación sostenible a largo plazo, acompañado de una voluntad política de querer aplicarla y de buscar opciones imaginativas.
"No es un problema que pueda esperar, ni que vaya a desaparecer el envejecimiento de la población; el cuidado de los dependientes no puede ser asumido por las familias, ya hay situaciones de vulnerabilidad extremas", afirma.
Tras el análisis de la aplicación de la ley, lanza algunas propuestas, como la de tener una fiscalidad que le dé más capacidades al Estado, un sistema impositivo que consiga que los que tienen más aporten más y mayor control del fraude fiscal.
"Tenemos poca presión fiscal, mucho fraude fiscal y mucha economía sumergida", señala la experta, quien también plantea un mayor control de las prestaciones económicas.
La investigadora recuerda que la Ley de Dependencia recoge derechos equiparables a la educación y la sanidad y por tanto igualmente exigibles.
"Como es un derecho que no existía, la opinión pública presiona poco para exigirlo; la respuesta inmediata es el esfuerzo de la familia, mientras que en otros países se exigen las responsabilidades a los poderes públicos", concluye.
Fuente : diariovasco.com/agencias
CANTABRIA - NOTABLE EN APLICACIÓN DE LA LEY
Cantabria recibe un 'notable' en la aplicación de la Ley de Dependencia
Junto con La Rioja, es una de las comunidades que mayor esfuerzo económico realizó por habitante
Cantabria ha recibido este año un notable, con un siete sobre diez, en la aplicación de la Ley de la Dependencia, según el dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia. Mientras, Castilla y León y País Vasco se han erigido como las regiones más sobresalientes (con un diez sobre diez), seguidas muy de cerca por La Rioja, que recibe un nueve sobre diez.
El informe presentado por la Asociación Española de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (Edgss) otorga el suspenso a seis comunidades: Baleares (4,5), Madrid (4), Ceuta y Melilla (3), Asturias (2,5), Comunidad Valenciana (2) y Canarias (0,5). Por encima del aprobado también se situaron Aragón (8,5), Castilla La Mancha (8,5), Andalucía (8), Cataluña (6,5), Navarra (6), Murcia, Extremadura y Galicia (5,5).
Con un recorte de unos 1.000 millones de euros para desarrollar esta ley, el esfuerzo realizado por habitante durante este año por la Administración General del Estado se quedó en 43,31 euros, frente a los 81,07 euros de media destinados por las autonomías. Por regiones, La Rioja y Cantabria fueron las que mayor esfuerzo realizaron por habitante, con 161,16 y 149,57 euros, respectivamente. En el lado opuesto se encuentran, Canarias (17,83 euros por habitante) y Baleares (45,28 euros por habitante).
Puntuación
La puntuación se ha realizado en función de parámetros de eficiencia tales como gestión, servicios, listas de espera, gastos por habitante o investigación, entre otros.
El presidente de la Edgss, José Manuel Ramírez, lamentó que se sigan «cronificando las puntuaciones paupérrimas» de Canarias, Valencia, Asturias, Ceuta y Melilla, Madrid y Baleares. Criticó, además, el retroceso de dos comunidades «emblemáticas» en el desarrollo de la Ley de Dependencia, Castilla-La Mancha y Aragón, que han bajado un punto, si bien se sitúan aún en un 8,5.
También ha retrocedido Cataluña, pasando del notable a un 6,5, y Navarra, que ha bajado hasta el 6, y se mantienen estables Murcia, Galicia y Extremadura, con una puntuación media de la tabla (5,5).
Andalucía, por su parte, se ha elevado hasta el 8. Se detecta en estos últimos seis meses una «paralización y un estancamiento» de la Ley, lo que lleva a los expertos a tener una «preocupación gravísima» en algunas comunidades, donde «ni siquiera se aplica la tasa de reposición», es decir, reemplazar a aquellas personas que fallecen por otras de la lista de espera.
También se observa esta «estabilización» en el denominado «limbo de la dependencia», donde están más de 312.000 personas con un derecho reconocido pero sin recibir prestaciones.
Este «retroceso» ha supuesto, según el informe, un recorte presupuestario de más de 1.000 millones de euros en el ejercicio 2011 y que se hayan dejado de crear 30.000 nuevos trabajos.
Ramírez calificó la Ley de Dependencia como «el mayor avance en política social que ha existido en España en los últimos cinco años», al permitir que 750.000 afectados y sus familias estén recibiendo servicios y al crear 150.000 empleos
Fuente : eldiariomontanes.es
Junto con La Rioja, es una de las comunidades que mayor esfuerzo económico realizó por habitante
Cantabria ha recibido este año un notable, con un siete sobre diez, en la aplicación de la Ley de la Dependencia, según el dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia. Mientras, Castilla y León y País Vasco se han erigido como las regiones más sobresalientes (con un diez sobre diez), seguidas muy de cerca por La Rioja, que recibe un nueve sobre diez.
El informe presentado por la Asociación Española de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (Edgss) otorga el suspenso a seis comunidades: Baleares (4,5), Madrid (4), Ceuta y Melilla (3), Asturias (2,5), Comunidad Valenciana (2) y Canarias (0,5). Por encima del aprobado también se situaron Aragón (8,5), Castilla La Mancha (8,5), Andalucía (8), Cataluña (6,5), Navarra (6), Murcia, Extremadura y Galicia (5,5).
Con un recorte de unos 1.000 millones de euros para desarrollar esta ley, el esfuerzo realizado por habitante durante este año por la Administración General del Estado se quedó en 43,31 euros, frente a los 81,07 euros de media destinados por las autonomías. Por regiones, La Rioja y Cantabria fueron las que mayor esfuerzo realizaron por habitante, con 161,16 y 149,57 euros, respectivamente. En el lado opuesto se encuentran, Canarias (17,83 euros por habitante) y Baleares (45,28 euros por habitante).
Puntuación
La puntuación se ha realizado en función de parámetros de eficiencia tales como gestión, servicios, listas de espera, gastos por habitante o investigación, entre otros.
El presidente de la Edgss, José Manuel Ramírez, lamentó que se sigan «cronificando las puntuaciones paupérrimas» de Canarias, Valencia, Asturias, Ceuta y Melilla, Madrid y Baleares. Criticó, además, el retroceso de dos comunidades «emblemáticas» en el desarrollo de la Ley de Dependencia, Castilla-La Mancha y Aragón, que han bajado un punto, si bien se sitúan aún en un 8,5.
También ha retrocedido Cataluña, pasando del notable a un 6,5, y Navarra, que ha bajado hasta el 6, y se mantienen estables Murcia, Galicia y Extremadura, con una puntuación media de la tabla (5,5).
Andalucía, por su parte, se ha elevado hasta el 8. Se detecta en estos últimos seis meses una «paralización y un estancamiento» de la Ley, lo que lleva a los expertos a tener una «preocupación gravísima» en algunas comunidades, donde «ni siquiera se aplica la tasa de reposición», es decir, reemplazar a aquellas personas que fallecen por otras de la lista de espera.
También se observa esta «estabilización» en el denominado «limbo de la dependencia», donde están más de 312.000 personas con un derecho reconocido pero sin recibir prestaciones.
Este «retroceso» ha supuesto, según el informe, un recorte presupuestario de más de 1.000 millones de euros en el ejercicio 2011 y que se hayan dejado de crear 30.000 nuevos trabajos.
Ramírez calificó la Ley de Dependencia como «el mayor avance en política social que ha existido en España en los últimos cinco años», al permitir que 750.000 afectados y sus familias estén recibiendo servicios y al crear 150.000 empleos
Fuente : eldiariomontanes.es
sábado, 17 de diciembre de 2011
MADRID - LA COMUNIDAD EXIGE A LOS SINDICATOS QUE DEJEN DE MENTIR SOBRE LA LEY
La comunidad de madrid exige a los sindicatos que "dejen de mentir" sobre la ley de dependencia
La Comunidad de Madrid ofrece 80 servicios o prestaciones nuevos diarios a personas que se encuentran en situación de dependencia, según informó el director general de Coordinación de Dependencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García quien calificó de "injuriosas" las afirmaciones del autodenominado Observatorio Social de la dependencia, formado por sindicatos y organizaciones de consumidores y vecinos.
En un comunicado, García pidió esta tarde a las asociaciones que se autodenominan como Observatorio Social de la Ley de Dependencia que dejen de utilizar esta materia tan sensible como un instrumento de confrontación política al servicio de sus intereses sindicales y personales.
"La prueba más fehaciente del compromiso de la Comunidad de Madrid con la Ley de Dependencia", destacó García, "está en los datos que mensualmente publica el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad que reflejan que Madrid se encuentra a la cabeza del sistema nacional de atención a la dependencia con el 82% de los beneficiarios con derecho a prestación atendidos (82,50%), 12 puntos por encima de la media nacional (70,36%)".
Unos datos que, a su juicio, ponen de manifiesto el compromiso que el Gobierno regional mantiene con las personas dependientes madrileñas a pesar de la situación de crisis económica por la que atraviesa el país desde hace más de tres años "gracias a las políticas socialistas que han incumplido".
"Es una falta de lealtad institucional acusar a una Administración pública de cometer irregularidades al no aplicar una ley cuando hay ya más de 76.600 dependientes madrileños atendidos", señaló el director.
Concretamente, la Comunidad de Madrid cuenta con 31.830 plazas residenciales -20.001- y de centro de día -11.829- y cuenta con 38.594 usuarios de atención domiciliaria (17.001 de teleasistencias y 21.593 de ayuda a domicilio).
Además, 22.137 usuarios perciben una prestación económica.
Fuente : lainformacion.com/asuntos-sociales/servicios-sociales/dependencia
La Comunidad de Madrid ofrece 80 servicios o prestaciones nuevos diarios a personas que se encuentran en situación de dependencia, según informó el director general de Coordinación de Dependencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García quien calificó de "injuriosas" las afirmaciones del autodenominado Observatorio Social de la dependencia, formado por sindicatos y organizaciones de consumidores y vecinos.
En un comunicado, García pidió esta tarde a las asociaciones que se autodenominan como Observatorio Social de la Ley de Dependencia que dejen de utilizar esta materia tan sensible como un instrumento de confrontación política al servicio de sus intereses sindicales y personales.
"La prueba más fehaciente del compromiso de la Comunidad de Madrid con la Ley de Dependencia", destacó García, "está en los datos que mensualmente publica el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad que reflejan que Madrid se encuentra a la cabeza del sistema nacional de atención a la dependencia con el 82% de los beneficiarios con derecho a prestación atendidos (82,50%), 12 puntos por encima de la media nacional (70,36%)".
Unos datos que, a su juicio, ponen de manifiesto el compromiso que el Gobierno regional mantiene con las personas dependientes madrileñas a pesar de la situación de crisis económica por la que atraviesa el país desde hace más de tres años "gracias a las políticas socialistas que han incumplido".
"Es una falta de lealtad institucional acusar a una Administración pública de cometer irregularidades al no aplicar una ley cuando hay ya más de 76.600 dependientes madrileños atendidos", señaló el director.
Concretamente, la Comunidad de Madrid cuenta con 31.830 plazas residenciales -20.001- y de centro de día -11.829- y cuenta con 38.594 usuarios de atención domiciliaria (17.001 de teleasistencias y 21.593 de ayuda a domicilio).
Además, 22.137 usuarios perciben una prestación económica.
Fuente : lainformacion.com/asuntos-sociales/servicios-sociales/dependencia
MURCIA - LOS DEPENDIENTES MURCIANOS SON LOS QUE MENOS COSTE GENERAN
Los dependientes murcianos son los que menos coste generan de toda España
Un informe asegura que la Administración gasta 545 euros al mes por beneficiario, frente a los 748 de media nacional
Cada murciano atendido por la Ley de Dependencia genera, de media, un coste de 544,93 euros al mes, frente a los 748 euros a los que asciende el coste en el conjunto de España. Los dependientes de la Región son los 'más baratos' para las arcas públicas, según un estudio de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que ayer se hizo público.
Así, el coste de la Dependencia en Murcia se sitúa, según datos del mes de noviembre, lejos de los 912 euros mensuales por beneficiario de la Comunidad Valenciana, los 859 de La Rioja o los 858 del País Vasco. Las cifras de la Región se acercan más a los 569,89 euros de Ceuta y Melilla.
La menor factura de la Dependencia en la Región puede deberse al mayor peso de las prestaciones económicas al cuidador sobre servicios más caros, como plazas de residencias o centros de día. En todo caso, el informe aclara que «un menor coste no es síntoma de peor atención», y pone el ejemplo de Castilla y León, que desembolsa de media 722 euros por dependiente (una cifra por debajo de la media nacional) y presenta sin embargo los mejores resultados en la aplicación de la ley.
El estudio de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales también recuerda otros datos que ya se dieron a conocer la semana pasada, y de los que informó 'La Verdad'. Por ejemplo, que por primera vez el número de personas que reciben ayudas de la Dependencia ha bajado tanto en Murcia como en el resto de España. Así, en la Región hay a día de hoy 26.537 beneficiarios, 249 menos que el mes pasado.
José Manuel Ramírez, presidente de la asociación, considera que el descenso, especialmente acusado en comunidades como Aragón y Asturias, obedece a que la Dependencia «se paraliza» fruto de los recortes. El número de quienes fallecen supera al de nuevos dependientes que se incorporan al sistema. Eso supone un ahorro para la Administración. En el caso de Murcia, la Comunidad se habría ahorrado 133.692 euros en noviembre, según el informe.
Los directivos también denuncian que Murcia, al igual que Aragón, Baleares, Canarias y Valencia, «no ha registrado bajo la ley de dependencia ningún atendido con ayuda a domicilio».
Fuente : laverdad.es/murcia
Un informe asegura que la Administración gasta 545 euros al mes por beneficiario, frente a los 748 de media nacional
Cada murciano atendido por la Ley de Dependencia genera, de media, un coste de 544,93 euros al mes, frente a los 748 euros a los que asciende el coste en el conjunto de España. Los dependientes de la Región son los 'más baratos' para las arcas públicas, según un estudio de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que ayer se hizo público.
Así, el coste de la Dependencia en Murcia se sitúa, según datos del mes de noviembre, lejos de los 912 euros mensuales por beneficiario de la Comunidad Valenciana, los 859 de La Rioja o los 858 del País Vasco. Las cifras de la Región se acercan más a los 569,89 euros de Ceuta y Melilla.
La menor factura de la Dependencia en la Región puede deberse al mayor peso de las prestaciones económicas al cuidador sobre servicios más caros, como plazas de residencias o centros de día. En todo caso, el informe aclara que «un menor coste no es síntoma de peor atención», y pone el ejemplo de Castilla y León, que desembolsa de media 722 euros por dependiente (una cifra por debajo de la media nacional) y presenta sin embargo los mejores resultados en la aplicación de la ley.
El estudio de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales también recuerda otros datos que ya se dieron a conocer la semana pasada, y de los que informó 'La Verdad'. Por ejemplo, que por primera vez el número de personas que reciben ayudas de la Dependencia ha bajado tanto en Murcia como en el resto de España. Así, en la Región hay a día de hoy 26.537 beneficiarios, 249 menos que el mes pasado.
José Manuel Ramírez, presidente de la asociación, considera que el descenso, especialmente acusado en comunidades como Aragón y Asturias, obedece a que la Dependencia «se paraliza» fruto de los recortes. El número de quienes fallecen supera al de nuevos dependientes que se incorporan al sistema. Eso supone un ahorro para la Administración. En el caso de Murcia, la Comunidad se habría ahorrado 133.692 euros en noviembre, según el informe.
Los directivos también denuncian que Murcia, al igual que Aragón, Baleares, Canarias y Valencia, «no ha registrado bajo la ley de dependencia ningún atendido con ayuda a domicilio».
Fuente : laverdad.es/murcia
viernes, 16 de diciembre de 2011
MÁS DE 5.000 CATALANES ESPERAN DESDE HACE MÁS DE UN AÑO SERVICIOS
Más de 5.000 catalanes esperan desde hace más de un año servicios dependencia
Un total de 137.444 catalanes se benefician actualmente de la Ley de la Dependencia en Cataluña, unos 47.000 más que el año pasado, aunque todavía quedan más de 5.000 personas que esperan desde hace más de un año recibir la prestación o el servicio a que tienen derecho.
El conseller de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, ha cumplido hoy su compromiso y ha publicado en la web de su departamento las cifras de la dependencia en Cataluña, que indican que desde que entró en vigor la ley en 2007 se han efectuado un total de 388.290 valoraciones, muchas de ellas de personas ya fallecidas.
Según los datos de la consellería, durante este año se han efectuado 38.019 Programas de Atención Individualizada (PIA), muchos de ellos pendientes de años anteriores.
El conseller Cleries ha destacado el esfuerzo llevado a cabo entre su departamento y los ayuntamientos para resolver 1.355 PIA pendientes desde el año 2007; 3.825 del 2008; 7.039 del 2009 y 20.964 correspondientes a 2010
Fuente : abc.es
C.VALENCIANA - LA LEY NO SE APLICA CINCO AÑOS DESPUÉS
La ley de la Dependencia no se aplica cinco años después
La plataforma en defensa de la Ley de la Dependencia de la Comunitat Valenciana se concentrará mañana -a las 12 h. en el ayuntamientopara reivindicar la aplicación de esta norma, cinco años después de su entrada en vigor.
Los colectivos que integran esta plataforma aseguran que la ley "está atravesando momentos de dificultad, en algunos casos extrema".
La plataforma critica la actitud del Consell, porque " nos dicen que quieren proteger los servicios sociales básicos", pero "las medidas que adoptan, incomprensiblemente, atacan a los mismos".
La concentración también servirá para "rendir homenaje a los más de 30.000 fallecidos en la Comunitat Valenciana, sin haber recibido las prestaciones que por Ley tenían derecho".
Fuente : adn.es/local/valencia
La plataforma en defensa de la Ley de la Dependencia de la Comunitat Valenciana se concentrará mañana -a las 12 h. en el ayuntamientopara reivindicar la aplicación de esta norma, cinco años después de su entrada en vigor.
Los colectivos que integran esta plataforma aseguran que la ley "está atravesando momentos de dificultad, en algunos casos extrema".
La plataforma critica la actitud del Consell, porque " nos dicen que quieren proteger los servicios sociales básicos", pero "las medidas que adoptan, incomprensiblemente, atacan a los mismos".
La concentración también servirá para "rendir homenaje a los más de 30.000 fallecidos en la Comunitat Valenciana, sin haber recibido las prestaciones que por Ley tenían derecho".
Fuente : adn.es/local/valencia
C.VALENCIANA - CCOO ADVIERTE QUE COLAPSO DE LA LEY CONLLEVA 60.000 TRABAJADORES
CCOO advierte que colapso de ley de dependencia conlleva 60.000 trabajadores
El sindicato CCOO PV ha advertido que el colapso por impagos de la Generalitat en el sistema de servicios sociales de la ley de dependencia en la Comunitat puede comportar la pérdida de entre 40.000 y 60.000 puestos de trabajo, ya que el 90 por ciento de las prestaciones de servicio están externalizadas.
En un comunicado de respuesta a CCOO, el secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Joaquín Martínez, ha calificado como falsos los datos que maneja este sindicato y que "nada tienen que ver con los reales" aunque "curiosamente coinciden con los últimos difundidos por el Ministerio de Sanidad y Política Social".
Según un comunicado de la secretaria de Política Social de CCOO PV, Eva Hernández, la Generalitat hace peligrar los empleos creados por la ley de la dependencia ya que la Comunitat "suspende en todas las estadísticas de aplicación de la ley" y "ahoga las entidades que lo gestionan con presupuestos restrictivos y tentaciones de privatización".
Tras cinco años desde su aprobación en 2006, Hernández ha indicado que "servicios como la atención a la dependencia, a menores, drogodependientes, mujeres maltratadas, personas en riesgo de exclusión social y mayores, entre otros, están ahora mismo en peligro, según el sindicato".
"A pesar de que durante los primeros dos años hubo una evolución favorable en reconocimiento de la situación de dependencia, en 2011 solo se han atendido 1.500 de las 5.000 nuevas solicitudes", ha explicado.
Además ha destacado el descenso que CCOO ha constatado en el número de solicitudes de reconocimiento y en dictámenes ya que "sólo reciben prestación 42.960 solicitudes de las más de 110.000 que se han presentado en nuestra autonomía", lo que "sitúa al País Valenciano en el último o penúltimo puesto de España".
Hernández ha comentado que las 31.295 personas que tienen reconocido el derecho subjetivo a ser atendidos no lo ejercen y ha lamentado que la Generalitat haya previsto en sus presupuestos de 2012 conceder entre cuatrocientas y mil nuevas resoluciones de casos, "lo que no cubre la demanda".
Ante esta situación, CCOO PV ha anunciado que defenderá esta ley "en la calle y en los espacios de negociación" ante tentaciones, "todavía hipotéticas, de que el sistema de dependencia pase a ser un ser un seguro privado", y ha reclamado que el sistema de servicios sociales se financie con subvenciones en un modelo concertado como el educativo.
La responsable de Política Social de CCOO PV trabaja junto a más de mil entidades sociales y colegios profesionales del sector en la Comunitat pare crear una alianza con la que defender el sistema público de servicios sociales que se presentará a finales de año.
"Ante estos problemas de aplicación", Eva Fernández prevé que los afectados demanden vía judicial el poder ejercer su derecho y ha reconocido que "muchas de estas personas acuden al sindicato para que atienda estas demandas".
El secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Joaquín Martínez, ha aclarado que el Ministerio, en cuyos datos se ha basado CCOO, atribuye "erróneamente" a la Comunitat Valenciana un total de 42.960 personas en situación de dependencia atendidas cuando "en la actualidad son 46.644 personas".
Además ha destacado que "más del 72 por ciento de las personas reconocidas como dependientes graves y severos reciben la ayuda, y el objetivo es que en 2012 la reciban el cien por cien".
Fuente : abc.es
El sindicato CCOO PV ha advertido que el colapso por impagos de la Generalitat en el sistema de servicios sociales de la ley de dependencia en la Comunitat puede comportar la pérdida de entre 40.000 y 60.000 puestos de trabajo, ya que el 90 por ciento de las prestaciones de servicio están externalizadas.
En un comunicado de respuesta a CCOO, el secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Joaquín Martínez, ha calificado como falsos los datos que maneja este sindicato y que "nada tienen que ver con los reales" aunque "curiosamente coinciden con los últimos difundidos por el Ministerio de Sanidad y Política Social".
Según un comunicado de la secretaria de Política Social de CCOO PV, Eva Hernández, la Generalitat hace peligrar los empleos creados por la ley de la dependencia ya que la Comunitat "suspende en todas las estadísticas de aplicación de la ley" y "ahoga las entidades que lo gestionan con presupuestos restrictivos y tentaciones de privatización".
Tras cinco años desde su aprobación en 2006, Hernández ha indicado que "servicios como la atención a la dependencia, a menores, drogodependientes, mujeres maltratadas, personas en riesgo de exclusión social y mayores, entre otros, están ahora mismo en peligro, según el sindicato".
"A pesar de que durante los primeros dos años hubo una evolución favorable en reconocimiento de la situación de dependencia, en 2011 solo se han atendido 1.500 de las 5.000 nuevas solicitudes", ha explicado.
Además ha destacado el descenso que CCOO ha constatado en el número de solicitudes de reconocimiento y en dictámenes ya que "sólo reciben prestación 42.960 solicitudes de las más de 110.000 que se han presentado en nuestra autonomía", lo que "sitúa al País Valenciano en el último o penúltimo puesto de España".
Hernández ha comentado que las 31.295 personas que tienen reconocido el derecho subjetivo a ser atendidos no lo ejercen y ha lamentado que la Generalitat haya previsto en sus presupuestos de 2012 conceder entre cuatrocientas y mil nuevas resoluciones de casos, "lo que no cubre la demanda".
Ante esta situación, CCOO PV ha anunciado que defenderá esta ley "en la calle y en los espacios de negociación" ante tentaciones, "todavía hipotéticas, de que el sistema de dependencia pase a ser un ser un seguro privado", y ha reclamado que el sistema de servicios sociales se financie con subvenciones en un modelo concertado como el educativo.
La responsable de Política Social de CCOO PV trabaja junto a más de mil entidades sociales y colegios profesionales del sector en la Comunitat pare crear una alianza con la que defender el sistema público de servicios sociales que se presentará a finales de año.
"Ante estos problemas de aplicación", Eva Fernández prevé que los afectados demanden vía judicial el poder ejercer su derecho y ha reconocido que "muchas de estas personas acuden al sindicato para que atienda estas demandas".
El secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Joaquín Martínez, ha aclarado que el Ministerio, en cuyos datos se ha basado CCOO, atribuye "erróneamente" a la Comunitat Valenciana un total de 42.960 personas en situación de dependencia atendidas cuando "en la actualidad son 46.644 personas".
Además ha destacado que "más del 72 por ciento de las personas reconocidas como dependientes graves y severos reciben la ayuda, y el objetivo es que en 2012 la reciban el cien por cien".
Fuente : abc.es
CASTILLA LA MANCHA - CCOO APOYA LA MANIFESTACIÓN EN DEFENSA DE LA LEY
CCOO apoya la manifestación en defensa de la Ley de Dependencia del domingo
La Secretaría de Políticas Sociales de CCOO de Castilla-La Mancha ha mostrado su apoyo a todas las familias y personas dependientes de la región y a la concentración convocada para el domingo en Toledo, a las 12.00 horas, por la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia.
En un comunicado, el sindicato ha señalado que, en el actual contexto de crisis, que "está ensañándose con las personas más desfavorecidas", y con la aplicación del Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos, "hay muchas familias castellanomanchegas que se están viendo sin recursos, muchas de ellas las que tienen alguna persona dependiente".
Así, ha denunciado que las personas dependientes y sus familias, encargadas de su cuidado, "están viendo cómo se incumple la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha".
Por tanto, el sindicato ha apoyado las "justas reivindicaciones de estas familias", que ha confiado en que sean "entendidas por toda la sociedad".
Fuente : abc.es
La Secretaría de Políticas Sociales de CCOO de Castilla-La Mancha ha mostrado su apoyo a todas las familias y personas dependientes de la región y a la concentración convocada para el domingo en Toledo, a las 12.00 horas, por la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia.
En un comunicado, el sindicato ha señalado que, en el actual contexto de crisis, que "está ensañándose con las personas más desfavorecidas", y con la aplicación del Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos, "hay muchas familias castellanomanchegas que se están viendo sin recursos, muchas de ellas las que tienen alguna persona dependiente".
Así, ha denunciado que las personas dependientes y sus familias, encargadas de su cuidado, "están viendo cómo se incumple la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha".
Por tanto, el sindicato ha apoyado las "justas reivindicaciones de estas familias", que ha confiado en que sean "entendidas por toda la sociedad".
Fuente : abc.es
jueves, 15 de diciembre de 2011
ANDALUCÍA - RESPETA LA SENTENCIA QUE LE CONDENA POR LA TARDANZA DE AYUDAS
Andalucía respeta la sentencia que le condena por la tardanza de ayudas de la dependencia y niega retrasos deliberados
Apunta que en otras comunidades, donde hay retrasos de hasta tres años, las sentencias son absolutorias y no condenatorias como ésta
La consejera para la Igualdad y Bienestar Social andaluza, Micaela Navarro, afirma que "respeta" la sentencia que condena a la Administración andaluza a pagar 30.000 euros a la familia de una mujer que falleció en espera de las ayudas previstas en la Ley de Dependencia, pero niega que existan "retrasos deliberados" en este caso por parte de alguna de las tres administraciones que intervienen en el proceso: la estatal, la autonómica y la local.
En este sentido, Navarro, en declaraciones a los medios tras presentar este jueves una nueva campaña del 'Cuidabús' en Sevilla, ha explicado que el procedimiento "no había terminado", apuntando que se trata de un expediente iniciado en 2008, cuando el volumen de solicitudes fue mayor, si bien advierte que "no es ningún tipo de justificación".
La sentencia, que es firme al tratarse de un procedimiento de cuantía inferior a los 30.000 euros, según adelanta este jueves la edición del diario El Mundo, censura la "negligencia, torpeza, desidia y mala administración" de la Junta. Los hechos se remontan al 22 de enero de 2008 cuando la mujer solicitó el reconocimiento de su situación de dependencia para acceder a las prestaciones previstas en la Ley. Nueve meses después, la Delegación provincial de Sevilla de Igualdad y Bienestar reconoció el grado III de gran dependencia, nivel 2, el máximo previsto.
El 10 de diciembre, se remitió el programa individual de atención (PIA) al Servicio de Gestión Económica de Pensiones de la Junta para que se empezará a pagar la correspondiente prestación a la solicitante, que tiene efectos retroactivos por lo que la Junta tendría que abonar desde la presentación de la solicitud. No obstante, la ayuda no llegó a la solicitante porque el 13 de enero de 2009 murió.
SENTENCIAS "CONTRARIAS"
La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, a este respecto, ha asegurado que "respeta" la sentencia, pero recuerda que los propios informes jurídicos de la Junta, así como otros fallos que existen en este ámbito "dejan claro que la prestación económica es personal", por lo que son "contrarias" a la conocida hoy.
De otro lado, ha reconocido que le "llama la atención poderosamente que en otras comunidades autónomas, donde hay retrasos de hasta tres y cuatro años, las sentencias que se producen son absolutorias para la Administración pública, y en este caso es condenatoria para la Junta".
Igualmente, ha reiterado su respeto por la sentencia, pero no comparte algunas cuestiones de la misma que entiende que son "puros juicios de valor". "Seguiremos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora", ha manifestado.
Por otro lado, Navarro ha asegurado que las razones del retraso "no son cuestiones deliberadas". "Por parte de ninguna de las administraciones que intervienen en el expediente de una persona --la estatal, la autonómica y la local--, no hay la más mínima intención de retrasar el procedimiento", ha apuntado.
Según la consejera, "no todos los expedientes tienen el mismo recorrido o culminan al mismo tiempo, hay que pedir informes a otros organismos y no siempre y todos tardan el mismo tiempo".
EL TIEMPO EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN
En este sentido, ha precisado que en el caso de la Ley de Dependencia, para agilizar trámites y evitar problemas a los usuarios, se firmó acuerdos de protocolo con la Consejería de Salud de la Junta para que no sea el usuario quien tenga que aportar el informe sanitario, sino que sea la Consejería de Igualdad quien lo solicite, "lo que significa que desde que la persona hace la solicitud comienza el plazo a correr, pero en contra de la Administración pública, y si fuera de otra forma, hasta que la persona no completa la documentación los plazos no comienzan a correr".
Por otro lado, la consejera ha reconocido que "probablemente hubiera alguna complicación" en la tramitación de este expediente, que forma parte del volumen "inmenso" del año 2008. Igualmente, ha indicado que "probablemente" haya personas que lleven más de seis meses esperando, pero "en Andalucía se les atiende, sin embargo hay personas en otras comunidades que llevan tres años esperando y no tienen esperanza de que se les vaya a atender".
Fuente : europapress.es/sociedad/noticia-andalucia
Apunta que en otras comunidades, donde hay retrasos de hasta tres años, las sentencias son absolutorias y no condenatorias como ésta
La consejera para la Igualdad y Bienestar Social andaluza, Micaela Navarro, afirma que "respeta" la sentencia que condena a la Administración andaluza a pagar 30.000 euros a la familia de una mujer que falleció en espera de las ayudas previstas en la Ley de Dependencia, pero niega que existan "retrasos deliberados" en este caso por parte de alguna de las tres administraciones que intervienen en el proceso: la estatal, la autonómica y la local.
En este sentido, Navarro, en declaraciones a los medios tras presentar este jueves una nueva campaña del 'Cuidabús' en Sevilla, ha explicado que el procedimiento "no había terminado", apuntando que se trata de un expediente iniciado en 2008, cuando el volumen de solicitudes fue mayor, si bien advierte que "no es ningún tipo de justificación".
La sentencia, que es firme al tratarse de un procedimiento de cuantía inferior a los 30.000 euros, según adelanta este jueves la edición del diario El Mundo, censura la "negligencia, torpeza, desidia y mala administración" de la Junta. Los hechos se remontan al 22 de enero de 2008 cuando la mujer solicitó el reconocimiento de su situación de dependencia para acceder a las prestaciones previstas en la Ley. Nueve meses después, la Delegación provincial de Sevilla de Igualdad y Bienestar reconoció el grado III de gran dependencia, nivel 2, el máximo previsto.
El 10 de diciembre, se remitió el programa individual de atención (PIA) al Servicio de Gestión Económica de Pensiones de la Junta para que se empezará a pagar la correspondiente prestación a la solicitante, que tiene efectos retroactivos por lo que la Junta tendría que abonar desde la presentación de la solicitud. No obstante, la ayuda no llegó a la solicitante porque el 13 de enero de 2009 murió.
SENTENCIAS "CONTRARIAS"
La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, a este respecto, ha asegurado que "respeta" la sentencia, pero recuerda que los propios informes jurídicos de la Junta, así como otros fallos que existen en este ámbito "dejan claro que la prestación económica es personal", por lo que son "contrarias" a la conocida hoy.
De otro lado, ha reconocido que le "llama la atención poderosamente que en otras comunidades autónomas, donde hay retrasos de hasta tres y cuatro años, las sentencias que se producen son absolutorias para la Administración pública, y en este caso es condenatoria para la Junta".
Igualmente, ha reiterado su respeto por la sentencia, pero no comparte algunas cuestiones de la misma que entiende que son "puros juicios de valor". "Seguiremos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora", ha manifestado.
Por otro lado, Navarro ha asegurado que las razones del retraso "no son cuestiones deliberadas". "Por parte de ninguna de las administraciones que intervienen en el expediente de una persona --la estatal, la autonómica y la local--, no hay la más mínima intención de retrasar el procedimiento", ha apuntado.
Según la consejera, "no todos los expedientes tienen el mismo recorrido o culminan al mismo tiempo, hay que pedir informes a otros organismos y no siempre y todos tardan el mismo tiempo".
EL TIEMPO EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN
En este sentido, ha precisado que en el caso de la Ley de Dependencia, para agilizar trámites y evitar problemas a los usuarios, se firmó acuerdos de protocolo con la Consejería de Salud de la Junta para que no sea el usuario quien tenga que aportar el informe sanitario, sino que sea la Consejería de Igualdad quien lo solicite, "lo que significa que desde que la persona hace la solicitud comienza el plazo a correr, pero en contra de la Administración pública, y si fuera de otra forma, hasta que la persona no completa la documentación los plazos no comienzan a correr".
Por otro lado, la consejera ha reconocido que "probablemente hubiera alguna complicación" en la tramitación de este expediente, que forma parte del volumen "inmenso" del año 2008. Igualmente, ha indicado que "probablemente" haya personas que lleven más de seis meses esperando, pero "en Andalucía se les atiende, sin embargo hay personas en otras comunidades que llevan tres años esperando y no tienen esperanza de que se les vaya a atender".
Fuente : europapress.es/sociedad/noticia-andalucia
CANARIAS - LA MAYORÍA DE LAS QUEJAS AL DIPUTADO DE LO COMÚN SON POR LA LEY
La mayoría de las quejas al Diputado del Común son por la Ley de Dependencia
El nuevo Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, ha indicado hoy que la mayoría de las quejas que recibe la institución que preside están relacionadas con el retraso en la aplicación de la Ley de Dependencia, por lo que ha urgido al Gobierno de Canarias a buscar una solución.
En lo que va de año, el Diputado del Común ha recibido un total de 622 reclamaciones, la mayor parte relativas a la Ley de Dependencia, ha dicho Saavedra tras reunirse con el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, por primera vez después de haber sido elegido por el Parlamento de Canarias el pasado 30 de noviembre.
En opinión de Saavedra, el retraso en la aplicación de la Ley de Dependencia se debe fundamentalmente a la escasez de personal en la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, encargada de tramitar los expedientes.
La Ley de Dependencia establece dos fases, una de valoración del dependiente y de reconocimiento o no del derecho, y otra de reconocimiento de la prestación; y entre ambas existe un margen de tiempo demasiado dilatado, según el Diputado del Común.
Además de las reclamaciones sobre la Ley de Dependencia, destacan también en número las quejas relativas a la administración de justicia y a educación.
En estas dos últimas áreas se trata en general de situaciones particulares de muy diversa índole.
Algunas de las quejas presentadas por los ciudadanos se archivan y se notifica que la administración ha cumplido con sus obligaciones, mientras que en otras se pide a la institución correspondiente que conteste al ciudadano con mayor amplitud.
Saavedra ha indicado que su intención es dar a conocer esta institución "hasta el último rincón de Canarias" para que el ciudadano sepa que existe un instrumento que puede utilizar frente a la administración autonómica y local.
El Diputado del Común está presente en todas las islas, pues en todas hay oficinas de la instituciones, y también pueden presentarse reclamaciones por internet, por lo que esta institución está al alcance de todos los canarios, según ha dicho.
Saavedra ha expresado su intención de impulsar la institución y presionar "para que todas las administraciones sean más diligentes", ya que, en su opinión, hay algunas que cumplen muy bien con sus obligaciones y otras menos.
El pleno del Parlamento de Canarias eligió a Jerónimo Saavedra como Diputado del Común el pasado 30 de noviembre, con los votos de los grupos que apoyan al Gobierno canario, CC-PNC-CCN y PSOE.
Los diputados del PP se ausentaron de la votación al considerar que los grupos del Gobierno no contaron con ellos para la renovación de los órganos parlamentarios, pese a ser el partido más votado en las elecciones.
Los tres diputados del grupo mixto, dos de Nueva Canarias y uno del PIL, optaron por la abstención.
Saavedra, que renunció a su militancia en el PSOE por ser incompatible con su nuevo cargo, ha sido anteriormente presidente del Gobierno de Canarias, ministro de Administraciones Públicas y de Educación y alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, entre otros puestos políticos.
Fuente : abc.es
El nuevo Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, ha indicado hoy que la mayoría de las quejas que recibe la institución que preside están relacionadas con el retraso en la aplicación de la Ley de Dependencia, por lo que ha urgido al Gobierno de Canarias a buscar una solución.
En lo que va de año, el Diputado del Común ha recibido un total de 622 reclamaciones, la mayor parte relativas a la Ley de Dependencia, ha dicho Saavedra tras reunirse con el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, por primera vez después de haber sido elegido por el Parlamento de Canarias el pasado 30 de noviembre.
En opinión de Saavedra, el retraso en la aplicación de la Ley de Dependencia se debe fundamentalmente a la escasez de personal en la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, encargada de tramitar los expedientes.
La Ley de Dependencia establece dos fases, una de valoración del dependiente y de reconocimiento o no del derecho, y otra de reconocimiento de la prestación; y entre ambas existe un margen de tiempo demasiado dilatado, según el Diputado del Común.
Además de las reclamaciones sobre la Ley de Dependencia, destacan también en número las quejas relativas a la administración de justicia y a educación.
En estas dos últimas áreas se trata en general de situaciones particulares de muy diversa índole.
Algunas de las quejas presentadas por los ciudadanos se archivan y se notifica que la administración ha cumplido con sus obligaciones, mientras que en otras se pide a la institución correspondiente que conteste al ciudadano con mayor amplitud.
Saavedra ha indicado que su intención es dar a conocer esta institución "hasta el último rincón de Canarias" para que el ciudadano sepa que existe un instrumento que puede utilizar frente a la administración autonómica y local.
El Diputado del Común está presente en todas las islas, pues en todas hay oficinas de la instituciones, y también pueden presentarse reclamaciones por internet, por lo que esta institución está al alcance de todos los canarios, según ha dicho.
Saavedra ha expresado su intención de impulsar la institución y presionar "para que todas las administraciones sean más diligentes", ya que, en su opinión, hay algunas que cumplen muy bien con sus obligaciones y otras menos.
El pleno del Parlamento de Canarias eligió a Jerónimo Saavedra como Diputado del Común el pasado 30 de noviembre, con los votos de los grupos que apoyan al Gobierno canario, CC-PNC-CCN y PSOE.
Los diputados del PP se ausentaron de la votación al considerar que los grupos del Gobierno no contaron con ellos para la renovación de los órganos parlamentarios, pese a ser el partido más votado en las elecciones.
Los tres diputados del grupo mixto, dos de Nueva Canarias y uno del PIL, optaron por la abstención.
Saavedra, que renunció a su militancia en el PSOE por ser incompatible con su nuevo cargo, ha sido anteriormente presidente del Gobierno de Canarias, ministro de Administraciones Públicas y de Educación y alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, entre otros puestos políticos.
Fuente : abc.es
miércoles, 14 de diciembre de 2011
EL CUIDADO DE LOS MAYORES EN EL AIRE
El cuidado a los ancianos, en el aire
Los recortes de las autonomías se están llevando por delante las ayudas a viejos y jóvenes discapacitados que reconoce la Ley de Dependencia.
Ocho autonomías deben varios meses de ayudas y no pagan a residencias y proveedores. Se han frenado los beneficiarios y siguen esperando una ayuda 312.000 personas con derecho reconocido.
Mientras, Rajoy dice que la Ley de Dependencia "no es viable" y no se puede pagar. Pero no dice que España gasta menos en sus ancianos que el resto de Europa y que para 2050, uno de cada tres españoles tendrá más de 65 años. Hay que afrontar con prioridad y urgencia el cuidado de nuestros mayores y buscar cómo se paga.
La Ley de Dependencia cumple a finales de diciembre 5 años, con un balance agridulce: ha beneficiado a 1.227.871 personas (ancianos y jóvenes discapacitados), pero todavía quedan sin atender la mayoría de los tres millones de españoles que no pueden valerse por sí mismos.
El esfuerzo inversor en Dependencia se ha duplicado (del 0,32% del PIB al 0,64% en 2010), pero aún es la mitad de los países de la OCDE. Y aunque el Estado ha mantenido su aportación, las autonomías han recortado presupuestos, sobre todo en 2011, con lo que se han frenado los beneficiarios: 741.713 a 1 de diciembre (y han caído incluso, entre junio y noviembre, en once autonomías, porque mueren más dependientes de los que acceden a las ayudas.
Y sigue estancada el último año la lista de espera: 312.214 dependientes con derecho reconocido pero que no reciben servicios ni ayuda. Como la mitad tiene más de 80 años, un 10% se muere antes de que les llegue.
Y algo más grave: hay ocho autonomías, con Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña en cabeza, que pagan con retraso (de dos a ocho meses) a las familias que cuidan a dependientes, a las residencias donde están (hay 78.828 camas en residencias concertadas) y a las empresas que los suministran (desde comida a pañales o sillas de ruedas).
En noviembre, más de la mitad de las ayudas (52%) a los dependientes era dinero para sus familias, por cuidarles (entre 300 y 520 € al mes) o para sus cuidadores (entre 625 y 850 €), algo que tenía que ser excepcional, ya que la Ley contempla que las ayudas deberían ser para teleasistencia (13,53%), ayuda a domicilio (13%), Centros de día (6,32%) y sobre todo para residencias (sólo 13,30 % de los beneficiarios).
Pero a las autonomías les sale más barato dar una ayuda a las familias que pagar una residencia (1.800 €), que además, no hay (sólo se han creado 66.000 en la última década). De hecho, en 2005, de cada 100 abuelos que salían del hospital, 20 entraban en residencias y ahora no llegan a 5.
Al final, España gastó en Dependencia 6.767 millones de euros en 2010, pero sólo el 60% es por la nueva Ley (el 40% restante es para cubrir la asistencia que ya se hacía a ancianos y discapacitados). Pues bien, esos 3.623 millones que cuesta la Ley los paga en su mayoría el Estado (50,44%), luego las autonomías (42,46%) y un 7,10% los usuarios. Pero hay grandes diferencias y hay 4 autonomías que no aportan ni la cuarta parte del gasto: Canarias (10%), Comunidad Valenciana (15%), Madrid (26%) y Galicia (27%). Y por eso, tienen más lista de espera y menos dependientes atendidos.
Si en España, 1,58 de cada 100 habitantes reciben ayudas a la dependencia, en Canarias son 0,49, en Valencia 0,84, en Baleares 0,97 y en Madrid 1,19. Eso sí, en la Rioja 2,44, en Andalucía 2,30, en Castilla y León 2,24 y en el País Vasco 2. O sea, que hay que mirar dónde envejecemos.
El problema es que llueve sobre mojado y hay 5 autonomías que siempre suspenden en los exámenes periódicos que les hacen los gestores de residencias: Canarias (0,5 de nota), Comunidad Valenciana (1,5), Asturias (3), Madrid (3,5) y Baleares (4,5). Y denuncian su "empecinamiento en no aplicar las prestaciones y servicios que la Ley contempla".
Sin embargo, hay otras 5 con sobresaliente: Castilla la Mancha (9,5), País Vasco (9,5), Castilla y León (9,5), La Rioja (9) y Aragón(9), aunque temen que esto cambie con los nuevos Gobiernos autonómicos del PP en Toledo, Zaragoza y Logroño, que de hecho, ya han empezado con recortes e impagos a la Dependencia.
Al final, la Ley y la financiación estatal es la misma y hay autonomías con problemas y otras sin ellos. Pero el problema vendrá en 2012, ya que Rajoy ha advertido que la Ley de Dependencia "no es viable", lo que augura más recortes, cuando todavía dos tercios de los dependientes están sin atender. Y cuando la OCDE ha dicho que España tiene que multiplicar por seis su gasto en dependencia en las próximas décadas.
De hecho, España será el país más envejecido de Occidente en 2021 y la población de más de 65 años se va a duplicar: de los 7,6 millones actuales a 15,3 millones en 2050, uno de cada tres españoles.
Con este panorama, no cabe aplicar recortes a la dependencia. El gasto actual, 6.767 millones al año (poco frente a los 88.828 millones de la Sanidad y los 112.000 de las pensiones) tendría por fuerza que crecer, hasta los 20.000 millones en 2015, según la Ley de Dependencia. Y aunque su aplicación se modere por la crisis, queda mucho por hacer. Además, es una inversión con mucho retorno: 165.000 empleos creados estos años y 20 céntimos recuperados por cada euro gastado (entre más cotizaciones e impuestos).
Hay que buscar nuevos recursos, como los planteados por la Comisión de Expertos: una cotización adicional para la Dependencia, un recargo del IVA, el copago en las recetas y promover seguros privados. Y coordinar sanidad, pensiones y dependencia, buscando soluciones conjuntas para nuestros mayores. Es su derecho y nuestra obligación. Se lo debemos a nuestros padres. Y a nosotros y a nuestros hijos, en unos años.
Fuente : valenciaplaza.com
Los recortes de las autonomías se están llevando por delante las ayudas a viejos y jóvenes discapacitados que reconoce la Ley de Dependencia.
Ocho autonomías deben varios meses de ayudas y no pagan a residencias y proveedores. Se han frenado los beneficiarios y siguen esperando una ayuda 312.000 personas con derecho reconocido.
Mientras, Rajoy dice que la Ley de Dependencia "no es viable" y no se puede pagar. Pero no dice que España gasta menos en sus ancianos que el resto de Europa y que para 2050, uno de cada tres españoles tendrá más de 65 años. Hay que afrontar con prioridad y urgencia el cuidado de nuestros mayores y buscar cómo se paga.
La Ley de Dependencia cumple a finales de diciembre 5 años, con un balance agridulce: ha beneficiado a 1.227.871 personas (ancianos y jóvenes discapacitados), pero todavía quedan sin atender la mayoría de los tres millones de españoles que no pueden valerse por sí mismos.
El esfuerzo inversor en Dependencia se ha duplicado (del 0,32% del PIB al 0,64% en 2010), pero aún es la mitad de los países de la OCDE. Y aunque el Estado ha mantenido su aportación, las autonomías han recortado presupuestos, sobre todo en 2011, con lo que se han frenado los beneficiarios: 741.713 a 1 de diciembre (y han caído incluso, entre junio y noviembre, en once autonomías, porque mueren más dependientes de los que acceden a las ayudas.
Y sigue estancada el último año la lista de espera: 312.214 dependientes con derecho reconocido pero que no reciben servicios ni ayuda. Como la mitad tiene más de 80 años, un 10% se muere antes de que les llegue.
Y algo más grave: hay ocho autonomías, con Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña en cabeza, que pagan con retraso (de dos a ocho meses) a las familias que cuidan a dependientes, a las residencias donde están (hay 78.828 camas en residencias concertadas) y a las empresas que los suministran (desde comida a pañales o sillas de ruedas).
En noviembre, más de la mitad de las ayudas (52%) a los dependientes era dinero para sus familias, por cuidarles (entre 300 y 520 € al mes) o para sus cuidadores (entre 625 y 850 €), algo que tenía que ser excepcional, ya que la Ley contempla que las ayudas deberían ser para teleasistencia (13,53%), ayuda a domicilio (13%), Centros de día (6,32%) y sobre todo para residencias (sólo 13,30 % de los beneficiarios).
Pero a las autonomías les sale más barato dar una ayuda a las familias que pagar una residencia (1.800 €), que además, no hay (sólo se han creado 66.000 en la última década). De hecho, en 2005, de cada 100 abuelos que salían del hospital, 20 entraban en residencias y ahora no llegan a 5.
Al final, España gastó en Dependencia 6.767 millones de euros en 2010, pero sólo el 60% es por la nueva Ley (el 40% restante es para cubrir la asistencia que ya se hacía a ancianos y discapacitados). Pues bien, esos 3.623 millones que cuesta la Ley los paga en su mayoría el Estado (50,44%), luego las autonomías (42,46%) y un 7,10% los usuarios. Pero hay grandes diferencias y hay 4 autonomías que no aportan ni la cuarta parte del gasto: Canarias (10%), Comunidad Valenciana (15%), Madrid (26%) y Galicia (27%). Y por eso, tienen más lista de espera y menos dependientes atendidos.
Si en España, 1,58 de cada 100 habitantes reciben ayudas a la dependencia, en Canarias son 0,49, en Valencia 0,84, en Baleares 0,97 y en Madrid 1,19. Eso sí, en la Rioja 2,44, en Andalucía 2,30, en Castilla y León 2,24 y en el País Vasco 2. O sea, que hay que mirar dónde envejecemos.
El problema es que llueve sobre mojado y hay 5 autonomías que siempre suspenden en los exámenes periódicos que les hacen los gestores de residencias: Canarias (0,5 de nota), Comunidad Valenciana (1,5), Asturias (3), Madrid (3,5) y Baleares (4,5). Y denuncian su "empecinamiento en no aplicar las prestaciones y servicios que la Ley contempla".
Sin embargo, hay otras 5 con sobresaliente: Castilla la Mancha (9,5), País Vasco (9,5), Castilla y León (9,5), La Rioja (9) y Aragón(9), aunque temen que esto cambie con los nuevos Gobiernos autonómicos del PP en Toledo, Zaragoza y Logroño, que de hecho, ya han empezado con recortes e impagos a la Dependencia.
Al final, la Ley y la financiación estatal es la misma y hay autonomías con problemas y otras sin ellos. Pero el problema vendrá en 2012, ya que Rajoy ha advertido que la Ley de Dependencia "no es viable", lo que augura más recortes, cuando todavía dos tercios de los dependientes están sin atender. Y cuando la OCDE ha dicho que España tiene que multiplicar por seis su gasto en dependencia en las próximas décadas.
De hecho, España será el país más envejecido de Occidente en 2021 y la población de más de 65 años se va a duplicar: de los 7,6 millones actuales a 15,3 millones en 2050, uno de cada tres españoles.
Con este panorama, no cabe aplicar recortes a la dependencia. El gasto actual, 6.767 millones al año (poco frente a los 88.828 millones de la Sanidad y los 112.000 de las pensiones) tendría por fuerza que crecer, hasta los 20.000 millones en 2015, según la Ley de Dependencia. Y aunque su aplicación se modere por la crisis, queda mucho por hacer. Además, es una inversión con mucho retorno: 165.000 empleos creados estos años y 20 céntimos recuperados por cada euro gastado (entre más cotizaciones e impuestos).
Hay que buscar nuevos recursos, como los planteados por la Comisión de Expertos: una cotización adicional para la Dependencia, un recargo del IVA, el copago en las recetas y promover seguros privados. Y coordinar sanidad, pensiones y dependencia, buscando soluciones conjuntas para nuestros mayores. Es su derecho y nuestra obligación. Se lo debemos a nuestros padres. Y a nosotros y a nuestros hijos, en unos años.
Fuente : valenciaplaza.com
NAVARRA - ARTÍCULO DE OPINIÓN
Injusticias con los recortes en la Ley de Dependencia
Querido/a lector/a, sé que si lees el periódico a diario sentirás ya cansancio de encontrarse casi a diario con cartas en protesta a los recortes en la Ley de la Dependencia. No obstante, mi indignación me obliga a insistir para que nadie en Navarra se quede sin conocer la realidad de abandono a la que nos quieren someter con los recortes de esta ley.
Me llamo Marian y estoy diagnosticada de esclerosis múltiple desde hace 22 años. Cuando me pasaron la valoración de la dependencia me otorgaron un grado de dependencia severa nivel 1.
Ahora he recibido una carta en la que me dicen que es incompatible la ayuda económica, el Servicio de Atención a Domicilio con la plaza en centro de día. En mi caso, del Servicio de Atención a Domicilio no puedo disponer ya que su horario de trabajo comienza a las 8 de la mañana, y para llegar a las actividades del centro de día a las 8.30 he tenido que contratar a una persona que me ayude a vestirme, levantarme, asearme, darme de desayunar, darme la medicación y atender a mi niño que he tenido hace 4 meses.
La ayuda económica que me conceden fue de 230 euros y con esto es imposible pagar a la persona contratada.
Estoy totalmente en contra de que a las personas dependientes nos quiten la ayuda económica para poder cuadrar el balance presupuestario del año 2011. No, así no se trata a las personas que más necesitamos el apoyo de nuestras instituciones.
Fuente : noticiasdenavarra.com
Querido/a lector/a, sé que si lees el periódico a diario sentirás ya cansancio de encontrarse casi a diario con cartas en protesta a los recortes en la Ley de la Dependencia. No obstante, mi indignación me obliga a insistir para que nadie en Navarra se quede sin conocer la realidad de abandono a la que nos quieren someter con los recortes de esta ley.
Me llamo Marian y estoy diagnosticada de esclerosis múltiple desde hace 22 años. Cuando me pasaron la valoración de la dependencia me otorgaron un grado de dependencia severa nivel 1.
Ahora he recibido una carta en la que me dicen que es incompatible la ayuda económica, el Servicio de Atención a Domicilio con la plaza en centro de día. En mi caso, del Servicio de Atención a Domicilio no puedo disponer ya que su horario de trabajo comienza a las 8 de la mañana, y para llegar a las actividades del centro de día a las 8.30 he tenido que contratar a una persona que me ayude a vestirme, levantarme, asearme, darme de desayunar, darme la medicación y atender a mi niño que he tenido hace 4 meses.
La ayuda económica que me conceden fue de 230 euros y con esto es imposible pagar a la persona contratada.
Estoy totalmente en contra de que a las personas dependientes nos quiten la ayuda económica para poder cuadrar el balance presupuestario del año 2011. No, así no se trata a las personas que más necesitamos el apoyo de nuestras instituciones.
Fuente : noticiasdenavarra.com
C.VALENCIANA - LOS IMPAGOS PONEN EN RIESGO EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES
Los impagos de la Generalitat valenciana ponen en riesgo el sistema público de servicios sociales, según CCOO
CCOO PV ha denunciado que los impagos de la Generalitat "están poniendo en peligro el sistema público de servicios sociales" y ha añadido que la Comunitat "suspende en todas las estadísticas de aplicación de la Ley de Dependencia". Al respecto, ha señalado la "alarma sobre la desaparición del sistema ante el ahogo de las entidades que lo gestionan, los presupuestos restrictivos y las tentaciones de privatización" por parte de la Generalitat.
La secretaria de Política Social de CCOO PV, Eva Hernández, en un comunicado, ha señalado que desde su aprobación en 2006 la Ley de la Depedencia "no se ha aplicado como hubiera sido deseable" dado que el 90 por ciento de las prestaciones de servicios está "externalizada, vía subvenciones a entidades sin ánimo de lucro o licitaciones a empresas".
En este sentido, ha afirmado que "los impagos por parte de Bienestar Social están poniendo en cuestión el sistema de servicios sociales".
"El sistema puede desaparecer si lo hacen las entidades y empresas, puesto que la administración no puede asumir el sistema", ha advertido Hernández. "Servicios como la atención a la dependencia, a menores, drogodependientes, mujeres maltratadas, personas en riesgo de exclusión social, mayores, etc., están ahora mismo en peligro", ha apuntado.
"La Ley de Dependencia no se pone en marcha en el País Valenciano hasta 2008", ha continuado la responsable sindicalista, a pesar de que durante los primeros dos años "hubo una evolución favorable en reconocimiento de la situación de dependencia, en 2011 solo se han atendido 1.500 de las 5.000 nuevas solicitudes".
"CCOO PV ha constatado que desde agosto ha descendido el número de solicitudes de reconocimiento y en dictámenes" y en la Comunitat, "de las más de 110.000 solicitudes, solo 42.960 reciben prestación".
Hernández ha destacado que las 31.295 personas que tienen reconocido el derecho subjetivo a ser atendidos, "no lo están ejerciendo" y que los presupuestos públicos de la Generalitat "auguran que solo se van a dar entre 400 y 1.000 nuevas resoluciones de casos, por tanto, no se cubre la demanda".
Ante esta situación, CCOO PV ha anunciado que va a "defender esta ley ante tentaciones, todavía hipotéticas, de que el sistema de dependencia pase a ser un ser un seguro privado" ya que "si el sistema se cae, pueden caer entre 40.000 y 60.000 puestos de trabajo".
Hernández ha anunciado que CCOO PV está trabajando, junto a más de mil entidades sociales y los colegios profesionales del sector en el País Valenciano, en crear una alianza para defender el sistema público de servicios sociales que se presentará a finales de año.
INFORMAYOR
Por otro lado, ha informado de que el sindicato ha puesto a disposición de las personas afectadas por esta situación un teléfono gratuito, el 900 102 305. Allí se les asesorará sobre todo lo relativo a la dependencia, protección social y pensiones.
Gutiérrez ha defendido la Ley de Dependencia "frente a los que dicen que no es viable", puesto que es la única que ha generado empleo: 190.000 puestos de trabajo en todo el Estado. Además, ha negado que la atención a la dependencia "sea necesaria solo para personas mayores, ya que 800.000 personas tienen algún tipo de minusvalía física o psíquica debido a accidentes en España".
Fuente : europapress.es/economia
CCOO PV ha denunciado que los impagos de la Generalitat "están poniendo en peligro el sistema público de servicios sociales" y ha añadido que la Comunitat "suspende en todas las estadísticas de aplicación de la Ley de Dependencia". Al respecto, ha señalado la "alarma sobre la desaparición del sistema ante el ahogo de las entidades que lo gestionan, los presupuestos restrictivos y las tentaciones de privatización" por parte de la Generalitat.
La secretaria de Política Social de CCOO PV, Eva Hernández, en un comunicado, ha señalado que desde su aprobación en 2006 la Ley de la Depedencia "no se ha aplicado como hubiera sido deseable" dado que el 90 por ciento de las prestaciones de servicios está "externalizada, vía subvenciones a entidades sin ánimo de lucro o licitaciones a empresas".
En este sentido, ha afirmado que "los impagos por parte de Bienestar Social están poniendo en cuestión el sistema de servicios sociales".
"El sistema puede desaparecer si lo hacen las entidades y empresas, puesto que la administración no puede asumir el sistema", ha advertido Hernández. "Servicios como la atención a la dependencia, a menores, drogodependientes, mujeres maltratadas, personas en riesgo de exclusión social, mayores, etc., están ahora mismo en peligro", ha apuntado.
"La Ley de Dependencia no se pone en marcha en el País Valenciano hasta 2008", ha continuado la responsable sindicalista, a pesar de que durante los primeros dos años "hubo una evolución favorable en reconocimiento de la situación de dependencia, en 2011 solo se han atendido 1.500 de las 5.000 nuevas solicitudes".
"CCOO PV ha constatado que desde agosto ha descendido el número de solicitudes de reconocimiento y en dictámenes" y en la Comunitat, "de las más de 110.000 solicitudes, solo 42.960 reciben prestación".
Hernández ha destacado que las 31.295 personas que tienen reconocido el derecho subjetivo a ser atendidos, "no lo están ejerciendo" y que los presupuestos públicos de la Generalitat "auguran que solo se van a dar entre 400 y 1.000 nuevas resoluciones de casos, por tanto, no se cubre la demanda".
Ante esta situación, CCOO PV ha anunciado que va a "defender esta ley ante tentaciones, todavía hipotéticas, de que el sistema de dependencia pase a ser un ser un seguro privado" ya que "si el sistema se cae, pueden caer entre 40.000 y 60.000 puestos de trabajo".
Hernández ha anunciado que CCOO PV está trabajando, junto a más de mil entidades sociales y los colegios profesionales del sector en el País Valenciano, en crear una alianza para defender el sistema público de servicios sociales que se presentará a finales de año.
INFORMAYOR
Por otro lado, ha informado de que el sindicato ha puesto a disposición de las personas afectadas por esta situación un teléfono gratuito, el 900 102 305. Allí se les asesorará sobre todo lo relativo a la dependencia, protección social y pensiones.
Gutiérrez ha defendido la Ley de Dependencia "frente a los que dicen que no es viable", puesto que es la única que ha generado empleo: 190.000 puestos de trabajo en todo el Estado. Además, ha negado que la atención a la dependencia "sea necesaria solo para personas mayores, ya que 800.000 personas tienen algún tipo de minusvalía física o psíquica debido a accidentes en España".
Fuente : europapress.es/economia
martes, 13 de diciembre de 2011
ARTÍCULO DE OPINIÓN
El retraso en la vigencia real de la Ley de Dependencia ha conseguido (si es que ese era el fin que perseguían quienes la aprobaron) que se mueran al año más dependientes que los que ingresan en la nómina de atenciones que establece.
A este paso la ley misma dejará de tener sentido cuando se mueran todos los aspirantes o, alternativamente, los trámites resulten tan extenuantes y dilatados que nadie alcance al fin a sacar partido alguno a su situación de dependencia, que se contempla como si fuera algo deseable a lo que algunos optan como forma de resolverse la vida y no una situación, precisada de ayuda, que se produce muy en contra de la voluntad del que la padece.
En tiempos de tijeras largas la dependencia parece un lujo que no está a nuestro alcance o se sitúa muy por detrás de otros lujos, por ejemplo culturales, que hemos decidido permitirnos por no arruinar nuestra vida espiritual.
Es, en el fondo, una cuestión de invertir o no invertir y, sobre todo, de prioridades a la hora de gastar dinero público; en ese terreno, cada vez que se mueve una partida presupuestaria del Estado se pone en situación de riesgo vital a una determinada categoría de personas: baja la inversión en trasplantes (no es el caso, de momento) y se aligeran las listas de espera por muerte de los aspirantes a receptores; se abandona un medicamente caro y mueren su antiguos consumidores; se trata de uno de esos problemas que si se deja a sí mismo se acaba resolviendo por sí solo, como nuestra vida en general, que tiende a rematarse con la muerte.
Así que la ampliada esperanza de vida nos aboca a un final apocalíptico de ancianos enfermos dejados en manos de la familia como entidad subsidiaria de la Seguridad Social que nos podemos pagar.
Fuente : larazon.es/noticia
A este paso la ley misma dejará de tener sentido cuando se mueran todos los aspirantes o, alternativamente, los trámites resulten tan extenuantes y dilatados que nadie alcance al fin a sacar partido alguno a su situación de dependencia, que se contempla como si fuera algo deseable a lo que algunos optan como forma de resolverse la vida y no una situación, precisada de ayuda, que se produce muy en contra de la voluntad del que la padece.
En tiempos de tijeras largas la dependencia parece un lujo que no está a nuestro alcance o se sitúa muy por detrás de otros lujos, por ejemplo culturales, que hemos decidido permitirnos por no arruinar nuestra vida espiritual.
Es, en el fondo, una cuestión de invertir o no invertir y, sobre todo, de prioridades a la hora de gastar dinero público; en ese terreno, cada vez que se mueve una partida presupuestaria del Estado se pone en situación de riesgo vital a una determinada categoría de personas: baja la inversión en trasplantes (no es el caso, de momento) y se aligeran las listas de espera por muerte de los aspirantes a receptores; se abandona un medicamente caro y mueren su antiguos consumidores; se trata de uno de esos problemas que si se deja a sí mismo se acaba resolviendo por sí solo, como nuestra vida en general, que tiende a rematarse con la muerte.
Así que la ampliada esperanza de vida nos aboca a un final apocalíptico de ancianos enfermos dejados en manos de la familia como entidad subsidiaria de la Seguridad Social que nos podemos pagar.
Fuente : larazon.es/noticia
EL CERMI EXIGE A LAS CCAA QUE NO PARALICEN LA LEY
El Cermi exige a las comunidades autónomas que no paralicen la Ley de Dependencia
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha exigido a todas las comunidades autónomas que "no" paralicen el despliegue de la Ley Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, ya que, según indica, "las necesidades sociales no cubiertas de personas con discapacidad y mayores están ahí y es necesario darles respuesta inmediata".
La plataforma representativa de la discapacidad plantea esta exigencia a las administraciones autonómicas tras conocer los últimos datos oficiales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que indican que el número de personas beneficiarias de las prestaciones se ha reducido por segundo mes consecutivo, lo que supone un estancamiento en su aplicación.
Esta paralización de la ley, en su cuarto año de despliegue, "no es fortuita", continúa el Cermi, sino que "tiene su causa en una falta de voluntad política de desarrollar el SAAD, pues son aún miles las personas que teniendo reconocida la situación de dependencia y asignada una prestación, no la reciben efectivamente por inacción de las administraciones territoriales".
Además, añade, "otras miles más esperan a ser valoradas o a que llegue la fecha en que tendrán derecho a beneficiarse de la ley".
Según el Cermi, "el derecho a la promoción de la autonomía personal y a recibir consecuentemente prestaciones está garantizado por ley y no puede quedar al arbitrio de las Administraciones, en función de su mayor o menor compromiso con esta realidad social o de su situación financiera".
Fuente : diariosigloxxi.com
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha exigido a todas las comunidades autónomas que "no" paralicen el despliegue de la Ley Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, ya que, según indica, "las necesidades sociales no cubiertas de personas con discapacidad y mayores están ahí y es necesario darles respuesta inmediata".
La plataforma representativa de la discapacidad plantea esta exigencia a las administraciones autonómicas tras conocer los últimos datos oficiales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que indican que el número de personas beneficiarias de las prestaciones se ha reducido por segundo mes consecutivo, lo que supone un estancamiento en su aplicación.
Esta paralización de la ley, en su cuarto año de despliegue, "no es fortuita", continúa el Cermi, sino que "tiene su causa en una falta de voluntad política de desarrollar el SAAD, pues son aún miles las personas que teniendo reconocida la situación de dependencia y asignada una prestación, no la reciben efectivamente por inacción de las administraciones territoriales".
Además, añade, "otras miles más esperan a ser valoradas o a que llegue la fecha en que tendrán derecho a beneficiarse de la ley".
Según el Cermi, "el derecho a la promoción de la autonomía personal y a recibir consecuentemente prestaciones está garantizado por ley y no puede quedar al arbitrio de las Administraciones, en función de su mayor o menor compromiso con esta realidad social o de su situación financiera".
Fuente : diariosigloxxi.com
CANARIAS - LA LEY NO LLEGA A LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES
La Ley de Dependencia no llega a los cuidadores no profesionales
El número de cuidadores no profesionales reconocidos en el Archipiélago solo es inferior en Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla.
El mal funcionamiento de la Ley de Dependencia en Canarias, denunciado desde hace mucho tiempo por diversos colectivos y asociaciones, se manifiesta ahora también con el no reconocimiento de cuidadores no profesionales para personas dependedientes.
En la comunidad autónoma únicamente existen 2.428 convenios especiales que regulan el cuidado de personas de pendientes que se encuentran a cargo de cuidadores no profesionales, según las cifras hechas públicas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales -Imserso-.
Por debajo de la cifra del Archipiélago canario únicamente se encuentran Navarra -1.328 convenios-, La Rioja -1.695-, Ceuta -426- y Melilla -327-.
En total, y hasta el pasado 28 de noviembre, en España se han resuelto 171.021, de los cuales 159.055 corresponden a mujeres y 11.966 a hombres
Fuente : ilustradordigital.es
El número de cuidadores no profesionales reconocidos en el Archipiélago solo es inferior en Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla.
El mal funcionamiento de la Ley de Dependencia en Canarias, denunciado desde hace mucho tiempo por diversos colectivos y asociaciones, se manifiesta ahora también con el no reconocimiento de cuidadores no profesionales para personas dependedientes.
En la comunidad autónoma únicamente existen 2.428 convenios especiales que regulan el cuidado de personas de pendientes que se encuentran a cargo de cuidadores no profesionales, según las cifras hechas públicas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales -Imserso-.
Por debajo de la cifra del Archipiélago canario únicamente se encuentran Navarra -1.328 convenios-, La Rioja -1.695-, Ceuta -426- y Melilla -327-.
En total, y hasta el pasado 28 de noviembre, en España se han resuelto 171.021, de los cuales 159.055 corresponden a mujeres y 11.966 a hombres
Fuente : ilustradordigital.es
BALEARES - EL GOVERN PAGARÁ PUNTUALMENTE LAS AYUDAS Y NÓMINAS
El Govern pagará puntualmente las ayudas y nóminas de dependencia en 2012
El Govern se ha comprometido hoy a pagar puntualmente en 2012 las ayudas y la nóminas de dependencia, pero ha descartado nuevas obras de residencias y centros de día debido a la escasez de financiación.
La consellera de Salud, Familia y Bienestar Social, Carmen Castro, ha contestado ante una interpelación de la coalición PSM-IV-ExM sobre la política del Govern en materia de dependencia en el pleno del Parlament que no creará más expectativas de las que puede cumplir.
Castro ha recordado que la ley de dependencia es una buena ley, pero que está limitada a los recursos con los que cuenta, ya que la financiación que proviene del Gobierno central ha ido disminuyendo desde su creación, y en 2011 significó un 10 % menos que en 2010.
La consellera de Salud ha asegurado que entre las prioridades del Govern está la agilización de los trámites burocráticos de la ley y el reconocimiento de la dependencia, así como la integración de los datos de sanidad y bienestar social, que será posible a través de la nueva tarjeta sanitaria.
Ha asegurado que se revisará la distribución actual de los trabajadores sociales para mejorar en eficacia, y que aunque en 2012 no se creará ninguna plaza residencial adicional ni centros de día, si se promoverán la concertación con centros privados para dar acogida a la demanda.
Desde julio a septiembre se han registrado 21.994 solicitudes, de las cuales 19.083 ya han sido resueltas, y hay más de 10.418 beneficiarios, ha indicado.
Castro ha señalado que si bien no se pueden hacer grandes compromisos en esta materia porque afecta a colectivos vulnerables y sensibles, espera que esta situación cambie en los próximos años.
Para el Govern otras de las prioridades son el mejoramiento del sistema informático del que depende el servicio de dependencia y cuya avería ha ocasionado la pérdida de expedientes, y la prevención de la dependencia, en la que pondrán especial énfasis a partir de 2012.
En opinión de la diputada econacionalista Fina Santiago, que ha presentado la interpelación, la prevención no es prioritaria porque está prevista en la ley para 2015 y ha pedido a Castro que adquiera compromisos en esta materia, y que los de a conocer a la ciudadanía. La interpelación ha pedido a la Conselleria de Salud, Familia y Bienestar Social que defina un plan a seguir en esta materia, ya que hasta ahora no ha presentado ninguno.
Santiago considera que las prioridades del Govern deben centrarse en aumentar las dotaciones económicas y crear más plazas residenciales.
Fuente : abc.es
El Govern se ha comprometido hoy a pagar puntualmente en 2012 las ayudas y la nóminas de dependencia, pero ha descartado nuevas obras de residencias y centros de día debido a la escasez de financiación.
La consellera de Salud, Familia y Bienestar Social, Carmen Castro, ha contestado ante una interpelación de la coalición PSM-IV-ExM sobre la política del Govern en materia de dependencia en el pleno del Parlament que no creará más expectativas de las que puede cumplir.
Castro ha recordado que la ley de dependencia es una buena ley, pero que está limitada a los recursos con los que cuenta, ya que la financiación que proviene del Gobierno central ha ido disminuyendo desde su creación, y en 2011 significó un 10 % menos que en 2010.
La consellera de Salud ha asegurado que entre las prioridades del Govern está la agilización de los trámites burocráticos de la ley y el reconocimiento de la dependencia, así como la integración de los datos de sanidad y bienestar social, que será posible a través de la nueva tarjeta sanitaria.
Ha asegurado que se revisará la distribución actual de los trabajadores sociales para mejorar en eficacia, y que aunque en 2012 no se creará ninguna plaza residencial adicional ni centros de día, si se promoverán la concertación con centros privados para dar acogida a la demanda.
Desde julio a septiembre se han registrado 21.994 solicitudes, de las cuales 19.083 ya han sido resueltas, y hay más de 10.418 beneficiarios, ha indicado.
Castro ha señalado que si bien no se pueden hacer grandes compromisos en esta materia porque afecta a colectivos vulnerables y sensibles, espera que esta situación cambie en los próximos años.
Para el Govern otras de las prioridades son el mejoramiento del sistema informático del que depende el servicio de dependencia y cuya avería ha ocasionado la pérdida de expedientes, y la prevención de la dependencia, en la que pondrán especial énfasis a partir de 2012.
En opinión de la diputada econacionalista Fina Santiago, que ha presentado la interpelación, la prevención no es prioritaria porque está prevista en la ley para 2015 y ha pedido a Castro que adquiera compromisos en esta materia, y que los de a conocer a la ciudadanía. La interpelación ha pedido a la Conselleria de Salud, Familia y Bienestar Social que defina un plan a seguir en esta materia, ya que hasta ahora no ha presentado ninguno.
Santiago considera que las prioridades del Govern deben centrarse en aumentar las dotaciones económicas y crear más plazas residenciales.
Fuente : abc.es
C. VALENCIANA - CABRÉ PEDIRÁ AL ESTADO QUE APORTE 50% DE LA FINANCIACIÓN
Cabré pedirá al Estado que aporte el 50 % de la financiación a la dependencia
El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, reclamará al Estado que aporte el 50 % de la financiación necesaria para aplicar la Ley de Dependencia en la Comunitat.
Además, el conseller ha propuesta crear una "tarjeta social" para evitar duplicidades en las ayudas públicas que conllevará un "reestudio" del 30 % de las subvenciones, ha anunciado tras reunirse con el president de la Generalitat, Alberto Fabra.
Tras la reunión, en el marco de la ronda de encuentros que Fabra está manteniendo con los consellers, Cabré ha explicado que se está trabajando en la creación de una "tarjeta social" para conocer las prestaciones que reciben las personas físicas o jurídicas con el fin de redistribuir las ayudas.
Se estima que alrededor del 30 % de las subvenciones de esta Conselleria presenta "problemas de duplicidad" y es necesario "ordenarlas" para una mejor gestión, ha indicado en rueda de prensa.
Se trata de evitar que la misma persona u ONG reciban subvenciones de distintas administraciones con el mismo fin y en el mismo periodo de tiempo, situación que se produce por la falta de coordinación de las administraciones, según ha reconocido.
Para la creación de esta tarjeta, la Conselleria se pondrá en contacto con otras administraciones, como el Estado, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Diputaciones y otras Consellerias para "no reduplicar el gasto" y poder destinarlo a otras personas o entidades que no lo reciben.
Cabré ha afirmado que con el nuevo Gobierno seguirá manteniendo "las mismas reivindicaciones" que con el Ejecutivo socialista porque esas demandas "no eran partidistas sino justas", y se ha mostrado convencido de que ahora "se oirán mejor".
Entre ellas, ha citado la financiación al 50 % con el Estado de la aplicación de la Ley de Dependencia, porque "no es admisible" que la Generalitat soporte el 70 % de su financiación.
Otras reivindicaciones son sustituir los juzgados pendientes de apertura por jueces de adscripción territorial para solventar "el déficit de jueces" y la concesión al Gobierno valenciano de la gestión de las tasas y cuentas de depósitos que genera la Justicia, que representan unos 30 millones de euros, con carácter finalista.
El plan de agrupación de partidos judiciales se trasladará al Ministerio de Justicia a principios de año, según el conseller, que ha precisado que el Consejo General del Poder Judicial "está por la labor" de extender esta propuesta al resto de España.
El compromiso con la austeridad se concreta también en un plan de ahorro de la administración de justicia que ascenderá a 4,5 millones de euros cada año, gracias a medidas en consumo energético, de papel, gasto de taxi, en material de oficina y en el pago de alquileres de inmuebles mediante arrendamientos.
Además limitará el coste de la asistencia jurídica gratuita a la cantidad económica recogida por los Presupuestos de la Generalitat.
Entre las infraestructuras previstas están la puesta en marcha del centro de atención especializada Gran Vía de Castellón y la puesta en funcionamiento de la residencia y centro de día para grandes dependientes de Petrer, así como cinco nuevos juzgados en Llíria, Massamagrell, Novelda, Torrevieja y el juzgado de lo Penal número 4 de Orihuela, con sede en Torrevieja.
También son una prioridad terminar las obras del Palacio de Justicia de Vila-real y poner en marcha esta legislatura la construcción de la Ciudad de la Justicia de Alicante.
Fuente : abc.es
El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, reclamará al Estado que aporte el 50 % de la financiación necesaria para aplicar la Ley de Dependencia en la Comunitat.
Además, el conseller ha propuesta crear una "tarjeta social" para evitar duplicidades en las ayudas públicas que conllevará un "reestudio" del 30 % de las subvenciones, ha anunciado tras reunirse con el president de la Generalitat, Alberto Fabra.
Tras la reunión, en el marco de la ronda de encuentros que Fabra está manteniendo con los consellers, Cabré ha explicado que se está trabajando en la creación de una "tarjeta social" para conocer las prestaciones que reciben las personas físicas o jurídicas con el fin de redistribuir las ayudas.
Se estima que alrededor del 30 % de las subvenciones de esta Conselleria presenta "problemas de duplicidad" y es necesario "ordenarlas" para una mejor gestión, ha indicado en rueda de prensa.
Se trata de evitar que la misma persona u ONG reciban subvenciones de distintas administraciones con el mismo fin y en el mismo periodo de tiempo, situación que se produce por la falta de coordinación de las administraciones, según ha reconocido.
Para la creación de esta tarjeta, la Conselleria se pondrá en contacto con otras administraciones, como el Estado, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Diputaciones y otras Consellerias para "no reduplicar el gasto" y poder destinarlo a otras personas o entidades que no lo reciben.
Cabré ha afirmado que con el nuevo Gobierno seguirá manteniendo "las mismas reivindicaciones" que con el Ejecutivo socialista porque esas demandas "no eran partidistas sino justas", y se ha mostrado convencido de que ahora "se oirán mejor".
Entre ellas, ha citado la financiación al 50 % con el Estado de la aplicación de la Ley de Dependencia, porque "no es admisible" que la Generalitat soporte el 70 % de su financiación.
Otras reivindicaciones son sustituir los juzgados pendientes de apertura por jueces de adscripción territorial para solventar "el déficit de jueces" y la concesión al Gobierno valenciano de la gestión de las tasas y cuentas de depósitos que genera la Justicia, que representan unos 30 millones de euros, con carácter finalista.
El plan de agrupación de partidos judiciales se trasladará al Ministerio de Justicia a principios de año, según el conseller, que ha precisado que el Consejo General del Poder Judicial "está por la labor" de extender esta propuesta al resto de España.
El compromiso con la austeridad se concreta también en un plan de ahorro de la administración de justicia que ascenderá a 4,5 millones de euros cada año, gracias a medidas en consumo energético, de papel, gasto de taxi, en material de oficina y en el pago de alquileres de inmuebles mediante arrendamientos.
Además limitará el coste de la asistencia jurídica gratuita a la cantidad económica recogida por los Presupuestos de la Generalitat.
Entre las infraestructuras previstas están la puesta en marcha del centro de atención especializada Gran Vía de Castellón y la puesta en funcionamiento de la residencia y centro de día para grandes dependientes de Petrer, así como cinco nuevos juzgados en Llíria, Massamagrell, Novelda, Torrevieja y el juzgado de lo Penal número 4 de Orihuela, con sede en Torrevieja.
También son una prioridad terminar las obras del Palacio de Justicia de Vila-real y poner en marcha esta legislatura la construcción de la Ciudad de la Justicia de Alicante.
Fuente : abc.es
SEVILLA - LA LEY DE DEPENDENCIA SE ESTANCA
La ley de dependencia se estanca
Retrocede el número de beneficiarios desde septiembre, sin que las nuevas entradas repongan el número de fallecidos · La lista de espera se eleva por encima del 30% · La previsión para 2012 es desmesurada
El desarrollo de la ley de dependencia en Andalucía ha entrado en stand by. Desde la vuelta de las vacaciones de verano, la entrada de nuevos beneficiarios al sistema es prácticamente cero. En tres meses no hay apenas variación y la que se ha dado es a la baja. Esta circunstancia es inédita en los registros desde que se puso en marcha la ley a mediados de 2007, salvo la excepción que supusieron las limpiezas de fallecidos de las cifras oficiales en junio de 2009 y mayo de 2011.
A 1 de diciembre, según las estadísticas del Imserso, en la comunidad reciben prestaciones 191.330 dependientes. En septiembre eran 192.414. En noviembre, 192.920.
Este saldo negativo se explica por el freno a la ley de dependencia que también se reproduce en otras comunidades autónomas y de la que no escapa Andalucía. Si se comparan las estadísticas actuales, el 1 de enero se daban ayudas a 182.724 beneficiarios, con lo que en todo este año se registra un aumento de 8.606 dependientes. En 2010, el incremento neto fue de unas 40.000 personas.
Precisamente, este año había que dar cobertura a unos 40.000 dependientes más que entraron en el sistema: los moderados más graves (Grado I Nivel 2), que tienen derecho a recibir una ayuda desde el 1 de enero, al igual que los grandes dependientes y los severos. Las estadísticas no especifican cuántos beneficiarios se han dado de baja en el sistema por fallecimiento o se han dado de alta por mejoras en su salud, algo más improbable al tener más de 80 años la mayoría de los usuarios. La parálisis de Andalucía sucede a las que ya venían registrando otras comunidades en meses anteriores.
Este año, a falta de diciembre, sólo Aragón y Asturias acabarían el año con menos dependientes atendidos que en enero. Pero si se comparan las estadísticas desde septiembre, Baleares, Extremadura o Valencia acompañan a Andalucía en el paso atrás. Otras muchas registran aumentos mínimos desde las vacaciones de verano y País Vasco y Madrid han experimentado un salto importante este año en cuanto a dependientes con una ayuda.
Esta aplicación al ralentí, donde no se cubre la tasa de reposición -mueren más dependientes de los que acceden a las ayudas-, contrasta con la cifra personas que tienen derecho a una prestación y aún no la reciben.
En Andalucía, el 30% de los reconocidos como dependientes se encuentran a la espera: 77.475 andaluces están en el limbo de la dependencia.
El estancamiento en la aplicación de la ley difiere notablemente de las previsiones que maneja el Gobierno andaluz para 2012. Según el proyecto de ley de Presupuestos, que se votará la semana próxima en el Parlamento andaluz y que se ha utilizado como arma electoral por parte del PSOE en la pasada campaña del 20-N, Andalucía cerraría el próximo año con 275.744 andaluces atendidos, casi 85.000 más que ahora. "Se estima que la población atendida con carácter neto a finales de 2012 ascenderá a 275.744 personas", señala literalmente la previsión de la Junta para 2012.
Esta predicción va más allá y apunta que habría 29.696 personas atendidas en residencias (19.680 en la actualidad); 15.449 en centros de día (11.758); 64.539 en ayuda a domicilio (50.121); 205 personas atendidas en casas hogar y 165.855 prestaciones económicas (109.947).
Las pagas pasarían de representar el 57,4% de las ayudas que reciben las personas beneficiarias con prestaciones al 60,1%. Estos porcentajes se rebajan, y así lo abraza la Junta, si se computa el número total de prestaciones que se conceden (259.229), al poder recibir una persona dos o incluso tres ayudas complementarias. El número de ayudas concedidas sí ha aumentado, un 1,6% desde septiembre y un 8,2% desde enero.
Desde la Junta de Andalucía rechazan que haya una parálisis en la aplicación de la ley. Fuentes de la Consejería de Igualdad se remiten a la evolución desde enero, que ha supuesto un incremento neto de 8.606 personas, y añaden que durante este año han fallecido 27.336 personas que se beneficiaban de las ayudas, según datos del Instituto Nacional de Estadística. A ello añaden que otras 3.659 personas se han visto afectadas por bajas administrativas (traslados, renuncias,...).
Pero en 2010 también hubo fallecidos y el incremento neto fue muy superior. Las mismas fuentes señalaron que no existe un "limbo" de dependientes sin ayuda, sino que esta causalidad obedece al propio desarrollo de la ley. Además, agregaron que la estimación para 2012 es una "proyección aritmética" en base a los datos actuales. No hubo respuesta específica a la variación desde verano, ni si existen problemas económicos, tras entrar por primera vez la dependencia en números negativos en la comunidad.
Fuente : diariodesevilla.es/article
Retrocede el número de beneficiarios desde septiembre, sin que las nuevas entradas repongan el número de fallecidos · La lista de espera se eleva por encima del 30% · La previsión para 2012 es desmesurada
El desarrollo de la ley de dependencia en Andalucía ha entrado en stand by. Desde la vuelta de las vacaciones de verano, la entrada de nuevos beneficiarios al sistema es prácticamente cero. En tres meses no hay apenas variación y la que se ha dado es a la baja. Esta circunstancia es inédita en los registros desde que se puso en marcha la ley a mediados de 2007, salvo la excepción que supusieron las limpiezas de fallecidos de las cifras oficiales en junio de 2009 y mayo de 2011.
A 1 de diciembre, según las estadísticas del Imserso, en la comunidad reciben prestaciones 191.330 dependientes. En septiembre eran 192.414. En noviembre, 192.920.
Este saldo negativo se explica por el freno a la ley de dependencia que también se reproduce en otras comunidades autónomas y de la que no escapa Andalucía. Si se comparan las estadísticas actuales, el 1 de enero se daban ayudas a 182.724 beneficiarios, con lo que en todo este año se registra un aumento de 8.606 dependientes. En 2010, el incremento neto fue de unas 40.000 personas.
Precisamente, este año había que dar cobertura a unos 40.000 dependientes más que entraron en el sistema: los moderados más graves (Grado I Nivel 2), que tienen derecho a recibir una ayuda desde el 1 de enero, al igual que los grandes dependientes y los severos. Las estadísticas no especifican cuántos beneficiarios se han dado de baja en el sistema por fallecimiento o se han dado de alta por mejoras en su salud, algo más improbable al tener más de 80 años la mayoría de los usuarios. La parálisis de Andalucía sucede a las que ya venían registrando otras comunidades en meses anteriores.
Este año, a falta de diciembre, sólo Aragón y Asturias acabarían el año con menos dependientes atendidos que en enero. Pero si se comparan las estadísticas desde septiembre, Baleares, Extremadura o Valencia acompañan a Andalucía en el paso atrás. Otras muchas registran aumentos mínimos desde las vacaciones de verano y País Vasco y Madrid han experimentado un salto importante este año en cuanto a dependientes con una ayuda.
Esta aplicación al ralentí, donde no se cubre la tasa de reposición -mueren más dependientes de los que acceden a las ayudas-, contrasta con la cifra personas que tienen derecho a una prestación y aún no la reciben.
En Andalucía, el 30% de los reconocidos como dependientes se encuentran a la espera: 77.475 andaluces están en el limbo de la dependencia.
El estancamiento en la aplicación de la ley difiere notablemente de las previsiones que maneja el Gobierno andaluz para 2012. Según el proyecto de ley de Presupuestos, que se votará la semana próxima en el Parlamento andaluz y que se ha utilizado como arma electoral por parte del PSOE en la pasada campaña del 20-N, Andalucía cerraría el próximo año con 275.744 andaluces atendidos, casi 85.000 más que ahora. "Se estima que la población atendida con carácter neto a finales de 2012 ascenderá a 275.744 personas", señala literalmente la previsión de la Junta para 2012.
Esta predicción va más allá y apunta que habría 29.696 personas atendidas en residencias (19.680 en la actualidad); 15.449 en centros de día (11.758); 64.539 en ayuda a domicilio (50.121); 205 personas atendidas en casas hogar y 165.855 prestaciones económicas (109.947).
Las pagas pasarían de representar el 57,4% de las ayudas que reciben las personas beneficiarias con prestaciones al 60,1%. Estos porcentajes se rebajan, y así lo abraza la Junta, si se computa el número total de prestaciones que se conceden (259.229), al poder recibir una persona dos o incluso tres ayudas complementarias. El número de ayudas concedidas sí ha aumentado, un 1,6% desde septiembre y un 8,2% desde enero.
Desde la Junta de Andalucía rechazan que haya una parálisis en la aplicación de la ley. Fuentes de la Consejería de Igualdad se remiten a la evolución desde enero, que ha supuesto un incremento neto de 8.606 personas, y añaden que durante este año han fallecido 27.336 personas que se beneficiaban de las ayudas, según datos del Instituto Nacional de Estadística. A ello añaden que otras 3.659 personas se han visto afectadas por bajas administrativas (traslados, renuncias,...).
Pero en 2010 también hubo fallecidos y el incremento neto fue muy superior. Las mismas fuentes señalaron que no existe un "limbo" de dependientes sin ayuda, sino que esta causalidad obedece al propio desarrollo de la ley. Además, agregaron que la estimación para 2012 es una "proyección aritmética" en base a los datos actuales. No hubo respuesta específica a la variación desde verano, ni si existen problemas económicos, tras entrar por primera vez la dependencia en números negativos en la comunidad.
Fuente : diariodesevilla.es/article
EL LIMBO DE LA DEPENDENCIA
El limbo de la dependencia
Años reclamando algo que debía de ser justo, algo que debía de ayudar a tantas familias con gravámenes familiares, para personas que padecen una minusvalía grave.
Algo que los enfermos dependientes debían de tener. Era esa esperada ley de la dependencia. Tal vez no la mejor, pero el primer avance estaba conseguido, solo era cuestión de ir puliendo, transformándola, adaptarla a los nuevos movimientos y épocas.
Una ley que nació para aquella persona que precise ayuda constante en su actividad de la vida diaria. Una ley que suponía que ningún ciudadano, se quedase fuera de su cobertura por problemas económicos.
Una ley de derecho, para los dependientes, con servicios y prestaciones y para todos y todas. En definitiva una ley que era y sigue siendo necesaria. En estos tiempos de crisis, los datos no son agüeros. Uno de cada tres dependientes, es decir, 312.244 personas, tienen derecho a cobrar lo que marca la ley de dependencia. Pero no perciben nada. Y lo preocupante no es este número, sino la tendencia a la subida de él. Pues aunque las crisis avance, en concordancia va las enfermedades y con ella las carencias del bienestar que se están dando.
A las cifras que marcan la cantidad de usuarios que no cobran , esta la cifra de quienes están esperando aún por parte de sus comunidades el PIA, es decir , el requisito fundamental para recibir esta prestación. Esto es lo que se le denomina, el limbo de la dependencia.
Creciente cada día. Personas que están en el olvido, pues si se le reconoce su derecho, glosarán la lista de no pagados. Pero esta ley está agonizando, la han hecho vieja incluso antes de ser joven.
Deberíamos llorar, gritar y decir 'Basta'. No se puede dejar a tanta gente en el olvido, bastante desdicha es tener un familiar enfermo y si lo unes a no tener sustento económico, solo queda la desesperación. Y entonces, ¿Dónde quedará su sufrimiento de tantos años? ¿Dónde quedará la lucha del reconocimiento que tantos no han visto, por no estar ya aquí?
Espero de corazón que aquellos que ahora parece se ríen de esta ley y quieren recortarla hasta su desaparición, jamás deban de pasar por lo que cientos de familias están pasando. Sentirse solo es peor que no saberse vivo.
Pues no es el enfermo solamente quien sufre, sino también quien lo cuida y vive día a día con la enfermedad. Pues las enfermedades no entienden de ideologías
Fuente : laverdad.es
Años reclamando algo que debía de ser justo, algo que debía de ayudar a tantas familias con gravámenes familiares, para personas que padecen una minusvalía grave.
Algo que los enfermos dependientes debían de tener. Era esa esperada ley de la dependencia. Tal vez no la mejor, pero el primer avance estaba conseguido, solo era cuestión de ir puliendo, transformándola, adaptarla a los nuevos movimientos y épocas.
Una ley que nació para aquella persona que precise ayuda constante en su actividad de la vida diaria. Una ley que suponía que ningún ciudadano, se quedase fuera de su cobertura por problemas económicos.
Una ley de derecho, para los dependientes, con servicios y prestaciones y para todos y todas. En definitiva una ley que era y sigue siendo necesaria. En estos tiempos de crisis, los datos no son agüeros. Uno de cada tres dependientes, es decir, 312.244 personas, tienen derecho a cobrar lo que marca la ley de dependencia. Pero no perciben nada. Y lo preocupante no es este número, sino la tendencia a la subida de él. Pues aunque las crisis avance, en concordancia va las enfermedades y con ella las carencias del bienestar que se están dando.
A las cifras que marcan la cantidad de usuarios que no cobran , esta la cifra de quienes están esperando aún por parte de sus comunidades el PIA, es decir , el requisito fundamental para recibir esta prestación. Esto es lo que se le denomina, el limbo de la dependencia.
Creciente cada día. Personas que están en el olvido, pues si se le reconoce su derecho, glosarán la lista de no pagados. Pero esta ley está agonizando, la han hecho vieja incluso antes de ser joven.
Deberíamos llorar, gritar y decir 'Basta'. No se puede dejar a tanta gente en el olvido, bastante desdicha es tener un familiar enfermo y si lo unes a no tener sustento económico, solo queda la desesperación. Y entonces, ¿Dónde quedará su sufrimiento de tantos años? ¿Dónde quedará la lucha del reconocimiento que tantos no han visto, por no estar ya aquí?
Espero de corazón que aquellos que ahora parece se ríen de esta ley y quieren recortarla hasta su desaparición, jamás deban de pasar por lo que cientos de familias están pasando. Sentirse solo es peor que no saberse vivo.
Pues no es el enfermo solamente quien sufre, sino también quien lo cuida y vive día a día con la enfermedad. Pues las enfermedades no entienden de ideologías
Fuente : laverdad.es
miércoles, 2 de noviembre de 2011
LA LEY ESTÁ PARALIZADA
La Ley de Dependencia está paralizada
La mayoría de las comunidades ha frenado el flujo de nuevos beneficiarios y cuatro de ellas tienen ya saldo negativo - Hay 305.000 personas en lista de espera
El desarrollo de la Ley de Dependencia está prácticamente parado. En los últimos cinco meses, 13 comunidades han disminuido el número de beneficiarios registrados en el sistema respecto al mismo periodo del año anterior y cuatro de ellas tienen ahora menos personas atendidas que en junio, lo que indica que no se está cubriendo ni la tasa de reposición.
A pesar de que hay 305.674 dependientes en lista de espera, el ritmo de incorporación a la estadística oficial está frenado. Los expertos en servicios sociales temen que la crisis y la falta de estrategia política ralenticen una ley que puede ser un gran motor económico y de creación de empleo.
Desde junio, una vez actualizada la estadística, se han contabilizado 35.191 nuevos dependientes atendidos, pero solo cuatro comunidades sostienen esa cifra: suman el 75% de ese total. Son Andalucía, Castilla y León, País Vasco y Madrid. ¿Madrid? Sí. Esta comunidad sigue a la cola en la relación de beneficiarios por población, pero ha dado un estirón incorporando a nuevos usuarios.
Y otras cuatro comunidades presentan saldo negativo respecto a las personas que atendían en junio: Aragón, Valencia, Asturias y Navarra. El batacazo de Aragón es notable, con casi 1.000 beneficiarios menos.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los dependientes son ancianos de avanzada edad y, por tanto, un colectivo de alta mortalidad, cabría afirmar que Aragón ha cerrado el grifo de las ayudas. Y encima ha engordado su lista de espera 1.637 personas. Las cuatro autonomías mencionadas han agrandado su lista de espera en los últimos meses.
Hace un año, las cosas eran distintas. En el mismo periodo de 2010, de junio a octubre, se registraron en el sistema 48.212 personas atendidas. Pues bien, el recuento interanual indica ese mencionado retroceso en el flujo de beneficiarios que entra en el sistema en 13 comunidades.
En algunos casos el descenso es notable, como en Cataluña, que incorporó a más de 9.000 personas atendidas en esos cinco meses de 2010 y solo a 2.662 en el mismo periodo este año. Murcia ha bajado 1.720 personas, Extremadura 1.789 y Castilla-La Mancha 1.423, por poner algunos ejemplos. Galicia es de las pocas que ha hecho el viaje al contrario: partía de números rojos en 2010 y ha registrado 3.577 beneficiarios en los últimos cinco meses. Sin embargo, en general, el desarrollo es mortecino.
La lista de espera está lejos de adelgazar: hay 305.674 personas con derecho a una ayuda que aún no la reciben. Por tanto, no parece lógico el ritmo que sigue la incorporación de beneficiarios. En Madrid, por ejemplo, la lista de espera ha aumentado en los últimos cinco meses en 2.251 personas. Y en Cataluña, en 2.024.
"Puede afirmarse que solo cuatro comunidades están tirando del carro y que en algunas, donde las cosas iban razonablemente bien, los cambios de Gobierno no han beneficiado en nada a la ley, como Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha o Cataluña", asegura el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
Desde la asociación insisten en que esta ley, "en lugar de dejarla morir, hay que reflotarla y sacar de ella el máximo beneficio, porque es mucho lo que puede dar, es un gran motor de empleo y de retornos económicos para el Estado".
Y ofrecen algunos datos: "Si los familiares que cuidan a ancianos en casa tuvieran algunas horas de ayuda a domicilio, además de mejorar la atención al dependiente y asegurarse de que el cuidador no está menoscabando su propia salud, se podrían crear más de 10.000 empleos, con un incremento del 7% de los costes del sistema", señala Ramírez. De las 740.000 personas que reciben ayudas de dependencia, 420.000 perciben una prestación económica para cuidar al dependiente en casa.
"Por cada 100.000 personas que pasaran de la prestación económica a recibir un servicio (en residencias, centros de día) se generarían no menos de 30.000 empleos directos", explican. La asociación considera que hay que cambiar los criterios de financiación para que las comunidades reciban más dinero por aquellos dependientes que ingresen en geriátricos.
"A las comunidades les sale más cara una plaza de residencia que conceder una paga para cuidar del anciano en casa; sin embargo, reciben el mismo dinero en un caso y otro. Eso hay que modificarlo, pero no hace falta cambiar la ley para ello", insiste.
La secretaria general de Política Social, Isabel Martínez, no descarta "reajustes en la ley", pero el Gobierno opina que "sigue siendo necesaria y que no se puede frenar". "Hay que seguir desarrollándola, creemos en su sostenibilidad. Esta ley genera unos retornos económicos muy importantes.
Es, por tanto, un elemento de crecimiento y frenarla sería paralizar la actividad productiva en un sector que está creciendo y que debe seguir haciéndolo", afirma Martínez. "El modelo es viable, hay que ver los instrumentos que garanticen no solo la sostenibilidad de la dependencia, sino de todos los servicios sociales. Hay televisiones autonómicas con una audiencia ínfima en la que se gastan un dineral o aeropuertos sin aviones que jamás debían haberse hecho", añade.
La crisis que atraviesa España es complicada para acelerar el desarrollo de la ley, pero la secretaria de Política Social cree también que "falta voluntad política", y acusa a las comunidades del PP, "porque los datos son claros".
Ramírez también cree que falta voluntad política. "El caso más claro siempre ha sido Madrid, cuyas estadísticas han estado muy por debajo de la media nacional. Recientemente han hecho un esfuerzo por incorporar gente al sistema. Si siguieran subiendo a este ritmo, aún tardarían más de un año en alcanzar la media estatal".
Impagos y otras amenazas
El sistema de dependencia siempre ha estado lastrado por demoras, en la evaluación de los dependientes y en la concesión de las ayudas, pero el impago de las prestaciones económicas durante varios meses que venían percibiendo los beneficiarios en Castilla-La Mancha desató la furia de los afectados este verano.
A fecha de hoy aún les adeudan septiembre. En esta comunidad y en Valencia han estado acumulando hasta dos meses de impagos. Y en Aragón, el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi ya ha amenazado con no pagar hasta 2012 a los dependientes reconocidos en julio. Cuando se está percibiendo una prestación económica, dejar de hacerlo puede suponer un gran ahogo económico para muchas familias.
Algunos usuarios en las comunidades mencionadas han tenido dificultades para pagar a quien les ayuda a manejarse en casa o abonar la cuota del centro de día o de la residencia en la que viven. Como siempre, en España se busca el apoyo de la familia, que, en tiempos de crisis, tampoco está muy boyante.
"Conviene advertir que para las personas en situación de dependencia, un retraso en la percepción de las ayudas como el que anuncia Aragón o el que se viene produciendo en comunidades como Castilla-La Mancha o Valencia, puede ser irreparable, dada la avanzada edad de los usuarios del sistema o sus condiciones de salud", asegura el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
Ramírez lamenta que un derecho subjetivo como el que otorga esta ley se "salte a la torera, como si lo que atañe a los derechos sociales tuviera menor rango que otros derechos, como la escolarización o la sanidad". "¿Qué habría ocurrido si Castilla-La Mancha hubiera decidido de un día para otro dejar de pagar las pensiones? Pues esto es lo mismo".
Desde la comunidad aludida se acusó al Gobierno de no transferir el dinero para los dependientes. "Es cierto que el Gobierno siempre paga con retraso, pero eso les pasa a todas las comunidades y en todas las áreas, no solo en dependencia. Y eso, en todo caso, ha ocurrido siempre, no solo ahora, y otras comunidades, también algunas del PP, no han dejado por ello de atender a sus dependientes", zanja Ramírez.
Fuente : elpais.com/articulo/sociedad
La mayoría de las comunidades ha frenado el flujo de nuevos beneficiarios y cuatro de ellas tienen ya saldo negativo - Hay 305.000 personas en lista de espera
El desarrollo de la Ley de Dependencia está prácticamente parado. En los últimos cinco meses, 13 comunidades han disminuido el número de beneficiarios registrados en el sistema respecto al mismo periodo del año anterior y cuatro de ellas tienen ahora menos personas atendidas que en junio, lo que indica que no se está cubriendo ni la tasa de reposición.
A pesar de que hay 305.674 dependientes en lista de espera, el ritmo de incorporación a la estadística oficial está frenado. Los expertos en servicios sociales temen que la crisis y la falta de estrategia política ralenticen una ley que puede ser un gran motor económico y de creación de empleo.
Desde junio, una vez actualizada la estadística, se han contabilizado 35.191 nuevos dependientes atendidos, pero solo cuatro comunidades sostienen esa cifra: suman el 75% de ese total. Son Andalucía, Castilla y León, País Vasco y Madrid. ¿Madrid? Sí. Esta comunidad sigue a la cola en la relación de beneficiarios por población, pero ha dado un estirón incorporando a nuevos usuarios.
Y otras cuatro comunidades presentan saldo negativo respecto a las personas que atendían en junio: Aragón, Valencia, Asturias y Navarra. El batacazo de Aragón es notable, con casi 1.000 beneficiarios menos.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los dependientes son ancianos de avanzada edad y, por tanto, un colectivo de alta mortalidad, cabría afirmar que Aragón ha cerrado el grifo de las ayudas. Y encima ha engordado su lista de espera 1.637 personas. Las cuatro autonomías mencionadas han agrandado su lista de espera en los últimos meses.
Hace un año, las cosas eran distintas. En el mismo periodo de 2010, de junio a octubre, se registraron en el sistema 48.212 personas atendidas. Pues bien, el recuento interanual indica ese mencionado retroceso en el flujo de beneficiarios que entra en el sistema en 13 comunidades.
En algunos casos el descenso es notable, como en Cataluña, que incorporó a más de 9.000 personas atendidas en esos cinco meses de 2010 y solo a 2.662 en el mismo periodo este año. Murcia ha bajado 1.720 personas, Extremadura 1.789 y Castilla-La Mancha 1.423, por poner algunos ejemplos. Galicia es de las pocas que ha hecho el viaje al contrario: partía de números rojos en 2010 y ha registrado 3.577 beneficiarios en los últimos cinco meses. Sin embargo, en general, el desarrollo es mortecino.
La lista de espera está lejos de adelgazar: hay 305.674 personas con derecho a una ayuda que aún no la reciben. Por tanto, no parece lógico el ritmo que sigue la incorporación de beneficiarios. En Madrid, por ejemplo, la lista de espera ha aumentado en los últimos cinco meses en 2.251 personas. Y en Cataluña, en 2.024.
"Puede afirmarse que solo cuatro comunidades están tirando del carro y que en algunas, donde las cosas iban razonablemente bien, los cambios de Gobierno no han beneficiado en nada a la ley, como Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha o Cataluña", asegura el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
Desde la asociación insisten en que esta ley, "en lugar de dejarla morir, hay que reflotarla y sacar de ella el máximo beneficio, porque es mucho lo que puede dar, es un gran motor de empleo y de retornos económicos para el Estado".
Y ofrecen algunos datos: "Si los familiares que cuidan a ancianos en casa tuvieran algunas horas de ayuda a domicilio, además de mejorar la atención al dependiente y asegurarse de que el cuidador no está menoscabando su propia salud, se podrían crear más de 10.000 empleos, con un incremento del 7% de los costes del sistema", señala Ramírez. De las 740.000 personas que reciben ayudas de dependencia, 420.000 perciben una prestación económica para cuidar al dependiente en casa.
"Por cada 100.000 personas que pasaran de la prestación económica a recibir un servicio (en residencias, centros de día) se generarían no menos de 30.000 empleos directos", explican. La asociación considera que hay que cambiar los criterios de financiación para que las comunidades reciban más dinero por aquellos dependientes que ingresen en geriátricos.
"A las comunidades les sale más cara una plaza de residencia que conceder una paga para cuidar del anciano en casa; sin embargo, reciben el mismo dinero en un caso y otro. Eso hay que modificarlo, pero no hace falta cambiar la ley para ello", insiste.
La secretaria general de Política Social, Isabel Martínez, no descarta "reajustes en la ley", pero el Gobierno opina que "sigue siendo necesaria y que no se puede frenar". "Hay que seguir desarrollándola, creemos en su sostenibilidad. Esta ley genera unos retornos económicos muy importantes.
Es, por tanto, un elemento de crecimiento y frenarla sería paralizar la actividad productiva en un sector que está creciendo y que debe seguir haciéndolo", afirma Martínez. "El modelo es viable, hay que ver los instrumentos que garanticen no solo la sostenibilidad de la dependencia, sino de todos los servicios sociales. Hay televisiones autonómicas con una audiencia ínfima en la que se gastan un dineral o aeropuertos sin aviones que jamás debían haberse hecho", añade.
La crisis que atraviesa España es complicada para acelerar el desarrollo de la ley, pero la secretaria de Política Social cree también que "falta voluntad política", y acusa a las comunidades del PP, "porque los datos son claros".
Ramírez también cree que falta voluntad política. "El caso más claro siempre ha sido Madrid, cuyas estadísticas han estado muy por debajo de la media nacional. Recientemente han hecho un esfuerzo por incorporar gente al sistema. Si siguieran subiendo a este ritmo, aún tardarían más de un año en alcanzar la media estatal".
Impagos y otras amenazas
El sistema de dependencia siempre ha estado lastrado por demoras, en la evaluación de los dependientes y en la concesión de las ayudas, pero el impago de las prestaciones económicas durante varios meses que venían percibiendo los beneficiarios en Castilla-La Mancha desató la furia de los afectados este verano.
A fecha de hoy aún les adeudan septiembre. En esta comunidad y en Valencia han estado acumulando hasta dos meses de impagos. Y en Aragón, el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi ya ha amenazado con no pagar hasta 2012 a los dependientes reconocidos en julio. Cuando se está percibiendo una prestación económica, dejar de hacerlo puede suponer un gran ahogo económico para muchas familias.
Algunos usuarios en las comunidades mencionadas han tenido dificultades para pagar a quien les ayuda a manejarse en casa o abonar la cuota del centro de día o de la residencia en la que viven. Como siempre, en España se busca el apoyo de la familia, que, en tiempos de crisis, tampoco está muy boyante.
"Conviene advertir que para las personas en situación de dependencia, un retraso en la percepción de las ayudas como el que anuncia Aragón o el que se viene produciendo en comunidades como Castilla-La Mancha o Valencia, puede ser irreparable, dada la avanzada edad de los usuarios del sistema o sus condiciones de salud", asegura el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
Ramírez lamenta que un derecho subjetivo como el que otorga esta ley se "salte a la torera, como si lo que atañe a los derechos sociales tuviera menor rango que otros derechos, como la escolarización o la sanidad". "¿Qué habría ocurrido si Castilla-La Mancha hubiera decidido de un día para otro dejar de pagar las pensiones? Pues esto es lo mismo".
Desde la comunidad aludida se acusó al Gobierno de no transferir el dinero para los dependientes. "Es cierto que el Gobierno siempre paga con retraso, pero eso les pasa a todas las comunidades y en todas las áreas, no solo en dependencia. Y eso, en todo caso, ha ocurrido siempre, no solo ahora, y otras comunidades, también algunas del PP, no han dejado por ello de atender a sus dependientes", zanja Ramírez.
Fuente : elpais.com/articulo/sociedad
miércoles, 26 de octubre de 2011
ASTURIAS - HACEN FALTA 14 MILLONES PARA SALARIO SOCIAL Y PARA LA LEY
«Nos hacen falta 14 millones para el salario social y la Ley de Dependencia»
La consejera de Bienestar Social aplaza al próximo año 11,8 millones en inversiones y ayudas y asegura que los recortes «no afectan a la calidad»
La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Paloma Menéndez, admitió ayer en la Junta General del Principado que en su gabinete «hacen falta 14 millones para garantizar el pago del salario social y la Ley de la Dependencia», ya que «como suele ser habitual, el crédito presupuestado deberá ser ampliado por las necesidades adicionales en el mes de diciembre», explicó Menéndez sin precisar de dónde procederá ese montante. De los 14 millones, seis corresponden al salario social y ocho a la Ley de la Dependencia.
Además, en la comparecencia ante la Comisión de Bienestar Social, la consejera precisó qué partidas se verán afectadas por el recorte de 11,8 millones sobre el gasto presupuestado para este año. Gran parte de dicha cantidad será «reprogramada», en palabras de Menéndez, «y trasladada al presupuesto de 2012». En este sentido, incidió a lo largo de su intervención en que los recortes «no afectarán a la calidad del servicio» y que tampoco «nadie que tenga derecho a recibir una ayuda se quedará sin ella».
Las cifras levantaron críticas entre los tres grupos de la oposición, que coincidieron en señalar que los recortes afectan «directamente a las prestaciones sociales básicas». La diputada de IU Noemí Martín afirmó con rotundidad: «Ustedes no tienen recursos para garantizar los pagos del salario social y la dependencia, porque además de retener 11,8 millones, ahora necesitan 14 más».
En este sentido, la diputada socialista Clara Costales comentó que le «cuesta entender» que se produzcan recortes en la consejería «cuando tiene necesidades adicionales de financiación».
3,9 millones del ahorro proceden de la «reprogramación» de inversiones en los Establecimientos Residenciales de Ancianos (ERA) que «traslada a 2012» las obras previstas en Gijón, Cudillero, Langreo, Oviedo (Aramo y Naranco), Salas y Cangas del Narcea. Martín criticó duramente esta decisión ya que las obras en proceso de adjudicación «o se paralizan o se anulan», lo que llevó a una discusión en términos jurídicos con la consejera, quien aseguró que «jurídicamente se pueden demorar los procesos», aunque prometió «estudiar la cuestión más a fondo».
Desde Foro Asturias se quiso hacer hincapié en que «se pospone el pago, no se paraliza», apuntó Esther Landa, ya que Menéndez eludió en todo momento utilizar otro verbo que no fuera «reprogramar».
«La tijera» en Oviedo
El PP criticó que «la tijera» de la consejería se cierne con especial intensidad sobre Oviedo, ya que dos de las residencias que se «reprogramarán» pertenecen al municipio, y también se desplaza una partida de 1,3 millones para la construcción de viviendas de protección en Prado de la Vega. Una situación que, para Carlos Galcerán, «trata de ahogar al ayuntamiento» y «huele a venganza». Otra de las partidas afectadas por las medidas de ahorro es la concesión de ayudas públicas para la adquisición o el alquiler de viviendas (1,6 millones, que serán trasladados al presupuesto de 2012).
Con esta medida, las solicitudes que se reciban durante el tercer trimestre del año se tramitarán con normalidad, pero no recibirán el dinero hasta 2012. Esta decisión llamó la atención de la diputada de IU: «Nunca sobró presupuesto de las ayudas a vivienda; de hecho, se estaba tramitando su aumento en la anterior legislatura», subrayó Martín.
La cooperación al desarrollo enfrentará un recorte de 792.000 euros, por lo que se suspenderán proyectos de cooperación directa. El resto del ahorro se llevará a cabo con la «reprogramación de inversiones de corporaciones locales», el ahorro en convenios no desarrollados, así como conferencias, publicaciones, documentales y demás «gastos superfluos», según Menéndez.
Respecto a las políticas para discapacitados que aplicará el Principado, la consejera solo concretó que tendrá el plan de acción integral en el primer semestre de 2012.
En cuanto a las subvenciones que todavía quedan por repartir en 2011, Menéndez dio cifras por valor de más de 3.000 millones de euros. Desde el comité de representación de las personas con discapacidad (Cermi) se criticó que la consejera «continúe sin concretar» las fechas en las que se abonarán los pagos que adeuda a asociaciones y ayuntamientos
Fuente : elcomercio.es
La consejera de Bienestar Social aplaza al próximo año 11,8 millones en inversiones y ayudas y asegura que los recortes «no afectan a la calidad»
La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Paloma Menéndez, admitió ayer en la Junta General del Principado que en su gabinete «hacen falta 14 millones para garantizar el pago del salario social y la Ley de la Dependencia», ya que «como suele ser habitual, el crédito presupuestado deberá ser ampliado por las necesidades adicionales en el mes de diciembre», explicó Menéndez sin precisar de dónde procederá ese montante. De los 14 millones, seis corresponden al salario social y ocho a la Ley de la Dependencia.
Además, en la comparecencia ante la Comisión de Bienestar Social, la consejera precisó qué partidas se verán afectadas por el recorte de 11,8 millones sobre el gasto presupuestado para este año. Gran parte de dicha cantidad será «reprogramada», en palabras de Menéndez, «y trasladada al presupuesto de 2012». En este sentido, incidió a lo largo de su intervención en que los recortes «no afectarán a la calidad del servicio» y que tampoco «nadie que tenga derecho a recibir una ayuda se quedará sin ella».
Las cifras levantaron críticas entre los tres grupos de la oposición, que coincidieron en señalar que los recortes afectan «directamente a las prestaciones sociales básicas». La diputada de IU Noemí Martín afirmó con rotundidad: «Ustedes no tienen recursos para garantizar los pagos del salario social y la dependencia, porque además de retener 11,8 millones, ahora necesitan 14 más».
En este sentido, la diputada socialista Clara Costales comentó que le «cuesta entender» que se produzcan recortes en la consejería «cuando tiene necesidades adicionales de financiación».
3,9 millones del ahorro proceden de la «reprogramación» de inversiones en los Establecimientos Residenciales de Ancianos (ERA) que «traslada a 2012» las obras previstas en Gijón, Cudillero, Langreo, Oviedo (Aramo y Naranco), Salas y Cangas del Narcea. Martín criticó duramente esta decisión ya que las obras en proceso de adjudicación «o se paralizan o se anulan», lo que llevó a una discusión en términos jurídicos con la consejera, quien aseguró que «jurídicamente se pueden demorar los procesos», aunque prometió «estudiar la cuestión más a fondo».
Desde Foro Asturias se quiso hacer hincapié en que «se pospone el pago, no se paraliza», apuntó Esther Landa, ya que Menéndez eludió en todo momento utilizar otro verbo que no fuera «reprogramar».
«La tijera» en Oviedo
El PP criticó que «la tijera» de la consejería se cierne con especial intensidad sobre Oviedo, ya que dos de las residencias que se «reprogramarán» pertenecen al municipio, y también se desplaza una partida de 1,3 millones para la construcción de viviendas de protección en Prado de la Vega. Una situación que, para Carlos Galcerán, «trata de ahogar al ayuntamiento» y «huele a venganza». Otra de las partidas afectadas por las medidas de ahorro es la concesión de ayudas públicas para la adquisición o el alquiler de viviendas (1,6 millones, que serán trasladados al presupuesto de 2012).
Con esta medida, las solicitudes que se reciban durante el tercer trimestre del año se tramitarán con normalidad, pero no recibirán el dinero hasta 2012. Esta decisión llamó la atención de la diputada de IU: «Nunca sobró presupuesto de las ayudas a vivienda; de hecho, se estaba tramitando su aumento en la anterior legislatura», subrayó Martín.
La cooperación al desarrollo enfrentará un recorte de 792.000 euros, por lo que se suspenderán proyectos de cooperación directa. El resto del ahorro se llevará a cabo con la «reprogramación de inversiones de corporaciones locales», el ahorro en convenios no desarrollados, así como conferencias, publicaciones, documentales y demás «gastos superfluos», según Menéndez.
Respecto a las políticas para discapacitados que aplicará el Principado, la consejera solo concretó que tendrá el plan de acción integral en el primer semestre de 2012.
En cuanto a las subvenciones que todavía quedan por repartir en 2011, Menéndez dio cifras por valor de más de 3.000 millones de euros. Desde el comité de representación de las personas con discapacidad (Cermi) se criticó que la consejera «continúe sin concretar» las fechas en las que se abonarán los pagos que adeuda a asociaciones y ayuntamientos
Fuente : elcomercio.es
Suscribirse a:
Entradas (Atom)