martes, 9 de agosto de 2011
VALENCIA - LOS GRANDES DEPENDIENTES PODRÁN CONTAR CON UN ASISTENTE PERSONAL
Los grandes dependientes podrán contar con un asistente personal
Bienestar Social sufragará con 1.300 euros la contratación de profesionales
La Conselleria de Justicia y Bienestar Social financiará a partir del próximo año la contratación de asistentes personales para aquellas personas calificadas como grandes dependientes.
La Generalitat ha dado un paso más allá en la aplicación de la ley de Dependencia con la regulación, a través de una Orden de la Conselleria, de una figura legal que permitirá a las personas que han sufrido la pérdida absoluta de su autonomía física y mental para realizar actividades de la vida cotidiana relacionadas con la higiene personal, la alimentación y la movilidad.
Estas personas podrán percibir hasta 1.300 euros mensuales para la contratación de su asistente personal. La Generalitat asumirá el grueso de la financiación de esta medida, mientras que el Gobierno central —que había limitado la cuantía máxima por esta prestación en 820 euros— apenas sufragará entre doscientos y trescientos euros.
A salvo del recorte
El departamento que dirige Jorge Cabré trabaja para que los grandes dependientes puedan comenzar a percibir la subvención a partir del próximo año, toda vez que el plan de ajuste del gasto aprobado por el Consell no ha afectado a ninguna de las líneas presupuestarias del departamento de Bienestar Social.
La aplicación de la ley de Dependencia, en vigor desde el ejercicio 2007, ha sido uno de los grandes caballos de batalla en la controversia política entre la Generalitat —que ha asumido las tres cuartas partes del gasto que implica la normativa— y el Gobierno central, que aprobó la legislación sin asegurar antes que gozaría de la financiación adecuada.
En los últimos cuatro ejercicios se ha acumulado una «deuda» no reconocida oficialmente con la Administración autonómica valenciana superior a los cuatrocientos millones de euros. A pesar de la ausencia de fondos, Bienestar Social arranca la legislatura con nuevas prestaciones.
Dependencia absoluta
En este caso las ayudas van dirigidas a personas que ni siquiera disponen de autonomía para dirigir su silla de ruedas, que podrán desarrollar actividades como ir al cine, asistir a la Universidad, salir con amigos o realizar trámites administrativos, entre otros aspectos de su vida cotidiana. El objetivo de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social pasa por promover la autonomía de estas personas y favorecer su plena integración social.
Fuente : abc.es
MADRID - " LENTA E INSUFICIENTE" LA APLICACIÓN DE LA LEY
UGT tilda de 'lenta e insuficiente' la aplicación de la Ley de Dependencia
El sindicato UGT de Madrid ha calificado hoy de "lenta e insuficiente" la evolución en la atención a la Dependencia en la Comunidad de Madrid, tras conocerse hoy los datos correspondientes a 1 de agosto de este año.
Según las últimas estadísticas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), el número de solicitudes en la región asciende a 162.687 ,un 7,9% del total nacional, y los dictámenes suman 156.892. Las personas beneficiarias con derecho a prestación son 114.305, mientras las prestaciones ascienden a 110.161.
Para UGT, pese a las "múltiples apariciones en prensa de los responsables autonómicos, denunciando la 'supuesta injusticia' que el Ministerio de Sanidad y Asuntos sociales ha cometido con nuestra Comunidad, penalizando económicamente la gestión de la Dependencia, los datos reales refrendan dicha decisión, puesto que Madrid sigue ocupando uno de los últimos puestos" en relación con otras CCAA.
Con respecto al mes anterior, julio de 2011, el número de solicitudes "ha aumentado en 887 pero, aun así, Madrid ocupa el penúltimo lugar en la relación de solicitudes por población", asegura UGT en un comunicado.
A su vez, el número de dictámenes ha aumentado en 2.680, según UGT Madrid, pero deja a la región en tercer lugar empezando por la cola, cuando se ve la relación Dictámenes-Población de las comunidades autónomas.
El sindicato subraya que, aunque "el número de Dictámenes que reconocen el máximo grado de Dependencia, Grado III, ha aumentado en 555, sin embargo el número de plazas de atención residencial ha disminuido en 402 plazas".
A juicio de UGT, pese a que "la propia Ley considera una excepción las ayudas económicas, la Comunidad de Madrid sigue concediendo mayoritariamente este tipo de ayudas, siendo a fecha de hoy 21.809 las personas dependientes y familias las que lo reciben".
Asimismo, UGT considera "del todo intolerable, que aun 13.912 personas dependientes, con derecho reconocido, sigan sin recibir ninguna ayuda, a pesar de que muchas de ellas y sus familias llevan más de un año esperando, con el sufrimiento que conlleva esta situación".
UGT Madrid insiste en "la necesidad de que la Comunidad de Madrid realice un esfuerzo real y efectivo que otorgue a los dependientes la ayuda efectiva que por derecho les corresponde".
La Comunidad dice que atiende a 75.000 personas dependientes
La Comunidad de Madrid se defiende ante la acusación de UGT y asegura que atiende a cerca de 75.000 personas en situación de dependencia. Por ello, es una de las "comunidades que mayor porcentaje tiene en este ámbito" sobre el conjunto de los beneficiarios (84,33 por ciento), según informa el Gobierno regional en base a los datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad publicados este miércoles.
De esta forma, la Comunidad ha explicado que la región se sitúa 14 puntos por encima de la media de la comunidades autónomas (70,07 por ciento) y al frente del Sistema Nacional de Dependencia junto con La Rioja y Castilla y León.
Según la citada fuente, Madrid continúa siendo la "primera autonomía" tanto en número de plazas residenciales como de centro de día para la atención de personas en situación de dependencia, con cerca de 32.000, lo que supone que el 20% de las plazas del sistema nacional se encuentran financiadas por la Comunidad de Madrid, a pesar de que "sólo representa el 9 por ciento de la población nacional potencialmente dependiente".
Asimismo, Madrid es la tercera comunidad en número de solicitudes recibidas, de las cuales ya se ha valorado el 97%en el propio domicilio de los solicitantes, tal y como indican las estadísticas publicadas por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
En último lugar, el Gobierno regional ha criticado "la escasa financiación estatal en materia de dependencia efectuadas por el resto de las autonomías". "En concreto, la Administración regional soporta el 70 por ciento de la financiación de la dependencia, mientras que el Estado se encarga del 20 por ciento -no del 50 por ciento, como le corresponde por ley- y, finalmente, el usuario corre con el 10 por ciento restante", ha concluido.
Fuente : elmundo.es
VALENCIA - EXPERTOS INTERNACIONALES DEBATEN SOBRE MODELO DEPENDENCIA
Expertos internacionales debaten en Valencia sobre el modelo de Dependencia
Este encuentro tendrá lugar en el seno del III Congreso Nacional de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) que se celebrará en Valencia entre el 20 y el 22 de octubre.
El presidente de AERTE y coordinador del comité científico del encuentro, Alberto Giménez, ha explicado que el objetivo del congreso es "desarrollar un modelo flexible y compatible con las peculiaridades de cada país".
Giménez ha explicado que en el encuentro se presentarán avances de modelos socio-sanitarios internacionales como el alemán, el belga y el holandés, así como "las peculiaridades del modelo estadounidense".
Los ponentes compararán los sistemas vigentes en sus países de origen con el modelo español, con el objetivo de realizar un análisis imparcial del modelo actual para determinar los aspectos que requieren una revisión.
El presidente de AERTE ha señalado que este evento "pretende aportar soluciones prácticas y realistas que permitan la sostenibilidad del sistema actual, pero también su extensión a todos aquellos ciudadanos que prevé la actual Ley, sin renunciar a ningún tipo o grado", y para ello ha considerado necesario que se aborden las cuestiones económicas relacionadas con la dependencia.
Asimismo, ha reclamado la necesidad de aplicar medidas "que permitan mejorar la calidad de vida de los dependientes y paralelamente, reactivar la economía gracias a los notables retornos económicos y socio-laborales de su correcta implantación".
Giménez ha concluido que al programa se ha incorporado tanto la repercusión de la Ley de Dependencia en el mundo empresarial, como el planteamiento estratégico de la Unión Europea (UE) sobre la Salud, que serán los dos ejes principales de las ponencias y mesas redondas previstas.
Fuente : abc.es
MADRID - SE ALCANZA LA PLAZA 20.000 PARA PERSONAS DEPENDIENTES
Un total del 20% de las plazas públicas o concertadas del Sistema Nacional de Dependencia se encuentran en la Comunidad
Un total del 20 por ciento de las plazas públicas o concertadas del Sistema Nacional de Dependencia se encuentran en la Comunidad, según ha declarado este lunes durante su visita a la residencia 'Sol y Vida' de Las Rozas el director general de Coordinación de la Dependencia, Miguel Ángel García Martin.
Asimismo, Martín ha señalado que "la Administración autonómica ha financiado 30.000 plazas residenciales, de las cuales casi el 70 por ciento esta destinado a personas en situación de dependencia". Además, "si se añaden las plazas de centro de día sufragadas a través del presupuesto regional, la cifra se eleva hasta 50.000", ha destacado.
En ese sentido, el director general ha afirmado que "en el año 2011 se ha invertido más de 915 millones de euros, lo que ha puesto de relieve el esfuerzo financiero si se atiende a lo que está aplicando la Administración Pública".
Según ha manifestado Martín, "una plaza le cuesta a la Administración Pública 1.750 euros al mes, y de dicha Administración apenas reciben 200 euros, el resto son sufragados por el Gobierno regional y el usuario".
"Un total de 75.000 personas en situación de dependencia atiende la Comunidad, lo que ha supuesto situar a la Comunidad a la cabeza del sistema nacional por porcentaje de beneficiarios, con más de 14 puntos por encima de la media nacional, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad", ha indicado Martín.
PLAZA 20.000
La región ha alcanzado la plaza número 20.000 de atención residencial para personas dependientes, la cual ha sido entregada a Juana, de 77 años, en la residencia de Las Rozas.
Según el director general, "Juana llevaba atendida por la Comunidad desde 2008 con una prestación económica, ayuda a domicilio y teleasistencia, y ahora precisa de una residencia especializada para su mejor atención".
Del mismo modo, "el Gobierno regional dispone de 5.439 unidades residenciales para personas con discapacidad o enfermedad mental, 24.544 para personas mayores y el resto de las plazas se corresponden a centros de atención diurna" ha asegurado el director general.
En ese sentido, la Comunidad dispone en la promoción de la autonomía personal y la prevención de la dependencia "de más de 5.300 servicios y es segunda en ayuda a domicilio y teleasistencia. En concreto, los madrileños reciben 20.272 servicios a domicilio y 13.616 teleasistencias".
Por otro lado, la Comunidad es "la tercera región por volumen de solicitudes recibidas, de las cuales ya se ha valorado el 97 por ciento en el propio domicilio de los solicitantes".
Además, el director general ha afirmado que tras el 'Informe Global sobre Dependencia en la Comunidad', elaborado por la Consejería de Asuntos Sociales en colaboración con Obra Social Caja Madrid, "el 85 por ciento de los usuarios de los centros de atención a la dependencia de la región han considerado que su situación es bueno o excelente".
Para finalizar, Martín ha exigido al Gobierno una financiación suficiente y adecuada que haga sostenible la Ley de Dependencia", pues, a su juicio, "la Comunidad cubre el 76 por ciento del coste de atención a la dependencia, cuando estaba previsto que la financiación de la Ley fuera a partes iguales entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas".
Fuente : lavanguardia.com
lunes, 8 de agosto de 2011
CATALUÑA - "CADA NUEVA PLAZA OTORGADA ES UNA BOFETADA MAYOR"
«Los beneficiarios ya superan los 115.000, aunque el Gobierno nunca ha aportado lo que le corresponde»
Josep Lluís Cleries: «Cada nueva plaza de dependencia otorgada es una bofetada mayor»
El conseller del diálogo y la ayuda
Entrevistamos a Josep Lluís Cleries (Barcelona 1956) la semana en que salta el escándalo del retraso en las ayudas a la renta mínima por cambiar el sistema de pago. La conselleria de Trabajo y Empresa es la que extiende el cheque, pero es ante la sede de Bienestar y Familia donde reclaman los afectados. Toca hacer pedagogía en un departamento que encabeza un político cercano, que escucha y disfruta ayudando. Así es este ingeniero industrial, diplomado en Iese y Esade.
¿Se ha dejado la piel para que el tijeretazo del Govern afectara lo menos posible a las ayudas sociales?
– Evidentemente. La prueba está en que el presupuesto del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales ha aumentado un 6,7 por ciento referente al año anterior. Los números iniciales no eran estos y he luchado todo lo que he podido para que el bienestar sea una de las prioridades y más en una situación de crisis.
– ¿Cuál es el principal objetivo de esta legislatura?
– No tenemos todos los recursos que querríamos y que necesitamos, y lo que nos hace falta es poder mantener los ejes básicos del estado del bienestar. Esto significa que en la primera parte de la legislatura debemos priorizar y cumplir unos objetivos presupuestarios de contención y austeridad. En la segunda, pondremos en marcha acciones nuevas para pasar de derechos virtuales a reales. Lo que no podemos hacer es lo que pasó en el anterior mandato, cuando en el año 2010 sólo cobraron a tiempo una de cada cuatro familias y se generó un agujero de 106 millones.
– ¿Ya ha conseguido poner al día los retrasos de la Ley de Dependencia?
– Los beneficiarios activos de la Ley de Dependencia ya superan los 115.000. De las 52.000 valoraciones que teníamos pendientes en febrero, que nos dejó el tripartito de retraso, hace 15 días teníamos pendientes 14.000. Ahora el promedio que tardamos en hacer valoraciones está por debajo de los dos meses.
– ¿El Gobierno ya aporta todo lo que marca la ley?
– La ley dice que una tercera parte la aportan los beneficiarios, otra la Generalitat, y, la tercera, el Gobierno. Pero esto no ha sucedido nunca. Si una plaza de residencia concertada vale 1.869 euros, el beneficiario paga unos 500 y el Gobierno aporta unos 300, por lo que el Govern está aportando 1.000 euros. Cuantas más plazas de residencia otorgamos, la bofetada que nos damos es mayor.
– Los informes sobre pobreza son demoledores. ¿Qué hará su conselleria para amortiguar el golpe de miles de las familias que viven en la pobreza extrema?
– Hemos creado un grupo de trabajo para impulsar, a partir de otoño, un conjunto de acciones muy concretas. Estamos trabajando con la Asociación y Federación de Municipios y con todas las entidades que están actuando en la primera línea de la pobreza como Cáritas, Cruz Roja, las Entidades Catalanas de Acció Social, (Ecas), etc.
–¿Cuáles son estas actuaciones?
–Por ejemplo, con una entidad que trabaja en el ámbito de la infancia llevaremos a cabo acciones dirigidas a la prevención y atención de la pobreza en el mundo infantil. Trabajar con los niños es una manera de llegar a las familias. Vamos a crear unas zonas de actuación preferente para trabajar en los barrios concretos donde se nota un crecimiento de la pobreza, sin nombrarlos para no estigmatizar.
– Hay zonas donde el porcentaje de inmigración roza el 50 por ciento.
– En determinadas zonas hay índices de personas extranjeras muy elevados porque la tendencia de la gente es a reencontrarse y agruparse. Queremos hacer una Cataluña cohesionada donde los que llegan se sientan catalanes sin renunciar a sus raíces. Nunca hemos optado por la asimilación, sino por la integración para que cada uno se muestre tal y como es.
– Miles de personas rezan estos días el Ramandán en la calle, en polígonos industriales y hasta en patios de escuelas. ¿Cuál es la postura del Govern ante la construcción de mezquitas?
– Nuestra postura es clara: es una normativa municipal y deben tener una financiación privada como cualquier otro tipo de servicio religioso. Quien ha de autorizarlas son los ayuntamientos cumpliendo con rigurosidad las normativas vigentes, sobre todo en seguridad y aforo.
– Algunos ayuntamientos han puesto en marcha normativas para prohibir el burka. ¿Ahora lo hará el Govern?
– Hay una comisión interdepartamental en Gobernación en la que participa la Oficina de Asuntos Religiosos y otras consejerías. En estos momentos se está estudiando hasta dónde puede llegar la normativa ya que tenemos una dificultad: sólo el Gobierno puede regular el espacio público. Debemos conseguir una regulación potente en todos los sentidos y en todos los equipamientos públicos, desde un hospital hasta un centro cívico.
– ¿Es cuestión de seguridad o de derechos de la mujer?
– Del mismo modo que respetamos los valores que tienen en otras culturas, en nuestro país se deben respetar los nuestros. En nuestra sociedad el rostro es un elemento identitario y significativo de la persona, de modo que este tipo de vestimentas, que lo ocultan, es un tema relacionado tanto con la seguridad como con derechos humanos y de la mujer. Por eso, prohibiremos también cualquier elemento que impida el reconocimiento de una persona, como un casco.
Fuente : larazon.es/noticia
Josep Lluís Cleries: «Cada nueva plaza de dependencia otorgada es una bofetada mayor»
El conseller del diálogo y la ayuda
Entrevistamos a Josep Lluís Cleries (Barcelona 1956) la semana en que salta el escándalo del retraso en las ayudas a la renta mínima por cambiar el sistema de pago. La conselleria de Trabajo y Empresa es la que extiende el cheque, pero es ante la sede de Bienestar y Familia donde reclaman los afectados. Toca hacer pedagogía en un departamento que encabeza un político cercano, que escucha y disfruta ayudando. Así es este ingeniero industrial, diplomado en Iese y Esade.
¿Se ha dejado la piel para que el tijeretazo del Govern afectara lo menos posible a las ayudas sociales?
– Evidentemente. La prueba está en que el presupuesto del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales ha aumentado un 6,7 por ciento referente al año anterior. Los números iniciales no eran estos y he luchado todo lo que he podido para que el bienestar sea una de las prioridades y más en una situación de crisis.
– ¿Cuál es el principal objetivo de esta legislatura?
– No tenemos todos los recursos que querríamos y que necesitamos, y lo que nos hace falta es poder mantener los ejes básicos del estado del bienestar. Esto significa que en la primera parte de la legislatura debemos priorizar y cumplir unos objetivos presupuestarios de contención y austeridad. En la segunda, pondremos en marcha acciones nuevas para pasar de derechos virtuales a reales. Lo que no podemos hacer es lo que pasó en el anterior mandato, cuando en el año 2010 sólo cobraron a tiempo una de cada cuatro familias y se generó un agujero de 106 millones.
– ¿Ya ha conseguido poner al día los retrasos de la Ley de Dependencia?
– Los beneficiarios activos de la Ley de Dependencia ya superan los 115.000. De las 52.000 valoraciones que teníamos pendientes en febrero, que nos dejó el tripartito de retraso, hace 15 días teníamos pendientes 14.000. Ahora el promedio que tardamos en hacer valoraciones está por debajo de los dos meses.
– ¿El Gobierno ya aporta todo lo que marca la ley?
– La ley dice que una tercera parte la aportan los beneficiarios, otra la Generalitat, y, la tercera, el Gobierno. Pero esto no ha sucedido nunca. Si una plaza de residencia concertada vale 1.869 euros, el beneficiario paga unos 500 y el Gobierno aporta unos 300, por lo que el Govern está aportando 1.000 euros. Cuantas más plazas de residencia otorgamos, la bofetada que nos damos es mayor.
– Los informes sobre pobreza son demoledores. ¿Qué hará su conselleria para amortiguar el golpe de miles de las familias que viven en la pobreza extrema?
– Hemos creado un grupo de trabajo para impulsar, a partir de otoño, un conjunto de acciones muy concretas. Estamos trabajando con la Asociación y Federación de Municipios y con todas las entidades que están actuando en la primera línea de la pobreza como Cáritas, Cruz Roja, las Entidades Catalanas de Acció Social, (Ecas), etc.
–¿Cuáles son estas actuaciones?
–Por ejemplo, con una entidad que trabaja en el ámbito de la infancia llevaremos a cabo acciones dirigidas a la prevención y atención de la pobreza en el mundo infantil. Trabajar con los niños es una manera de llegar a las familias. Vamos a crear unas zonas de actuación preferente para trabajar en los barrios concretos donde se nota un crecimiento de la pobreza, sin nombrarlos para no estigmatizar.
– Hay zonas donde el porcentaje de inmigración roza el 50 por ciento.
– En determinadas zonas hay índices de personas extranjeras muy elevados porque la tendencia de la gente es a reencontrarse y agruparse. Queremos hacer una Cataluña cohesionada donde los que llegan se sientan catalanes sin renunciar a sus raíces. Nunca hemos optado por la asimilación, sino por la integración para que cada uno se muestre tal y como es.
– Miles de personas rezan estos días el Ramandán en la calle, en polígonos industriales y hasta en patios de escuelas. ¿Cuál es la postura del Govern ante la construcción de mezquitas?
– Nuestra postura es clara: es una normativa municipal y deben tener una financiación privada como cualquier otro tipo de servicio religioso. Quien ha de autorizarlas son los ayuntamientos cumpliendo con rigurosidad las normativas vigentes, sobre todo en seguridad y aforo.
– Algunos ayuntamientos han puesto en marcha normativas para prohibir el burka. ¿Ahora lo hará el Govern?
– Hay una comisión interdepartamental en Gobernación en la que participa la Oficina de Asuntos Religiosos y otras consejerías. En estos momentos se está estudiando hasta dónde puede llegar la normativa ya que tenemos una dificultad: sólo el Gobierno puede regular el espacio público. Debemos conseguir una regulación potente en todos los sentidos y en todos los equipamientos públicos, desde un hospital hasta un centro cívico.
– ¿Es cuestión de seguridad o de derechos de la mujer?
– Del mismo modo que respetamos los valores que tienen en otras culturas, en nuestro país se deben respetar los nuestros. En nuestra sociedad el rostro es un elemento identitario y significativo de la persona, de modo que este tipo de vestimentas, que lo ocultan, es un tema relacionado tanto con la seguridad como con derechos humanos y de la mujer. Por eso, prohibiremos también cualquier elemento que impida el reconocimiento de una persona, como un casco.
Fuente : larazon.es/noticia
GALICIA - CC.OO. CIFRA EN 47% LA LISTA DE ESPERA PARA RECIBIR SERVICIOS
CC.OO. cifra en un 47 % la lista de espera para recibir servicios de la dependencia en Galicia
Según los datos que baraja la central sindical en Galicia hay una lista de espera del 47 % para recibir servicios o prestaciones de la ley
Comisións Obreiras realizó un completo informe sobre la aplicación de la ley de dependencia en Galicia y concluye que la comunidad empezó retrasada con respecto al resto de España, situación que ha empeorado desde el 2009.
Según los datos que baraja la central sindical -y que están tomados de los oficiales del Imserso- en Galicia hay una lista de espera del 47 % para recibir servicios o prestaciones de la ley: de cada cien personas con el derecho reconocido y todos los trámites terminados para obtenerlo, 47 siguen sin recibir la ayuda estipulada (en España son 32).
Las críticas, obviamente, se niegan desde la Xunta.
En concreto, desde la Consellería de Traballo se incide en que en esta legislatura -que comenzó en el 2009- se incrementaron un 53 % las plazas en centros de día; un 25 % las de residencias; un 77 % las de centros para enfermos de alzhéimer; un 50 % la teleasistencia y un 83 % la ayuda a domicilio. Este último aspecto es muy importante en tanto mantiene al dependiente en su entorno y sirve de apoyo para la familia, según recuerda la Xunta.
CC.OO, asume esta premisa y destaca que del total de prestaciones, el 18 % se va en ayuda a domicilio, pero también recalca que el 50 % de todas las personas con dependencia reciben la llamada libranza del cuidador, una paga a un familiar que tendría que ser excepcional -no pasar del 25 % de los casos- pero es general.
Claro que la propia CC.OO. apunta que esta situación ha mejorado -nueve puntos - en el último año y medio.
Otro aspecto interesante del informe de CC.OO. es la suma del dinero invertido en dependencia en Galicia.
Según los datos que baraja, el Estado invirtió en la comunidad autónoma desde el inicio de la ley 383 millones de euros, y la Xunta, 686; es decir, el 65 % del dinero era gallego. Las cifras de la Xunta, por su parte, no son iguales aunque sí bastante parecidas: el monto total es de 940 millones (cien millones menos que las cifras de CC.OO.) y de estos, 622 son aportaciones del Gobierno gallego, es decir, el 77 % del total.
Finalmente, CC.OO. apunta que el 70-75 % del dinero que se gasta ahora en dependencia ya se invertía antes de la ley en servicios sociales, por lo que gracias a la ley solo se incrementó el gasto en un 25 %.
26.700 gallegos
No hay datos oficiales de cuánta gente trabaja en dependencia ni cuántos lo han hecho gracias a la ley, pero los cálculos de CC.?OO. indican que en Galicia hay 18.000 profesionales en el sector y 8.700 cuidadores familiares, en su mayoría mujeres
Fuente : lavozdegalicia.es/sociedad
Según los datos que baraja la central sindical en Galicia hay una lista de espera del 47 % para recibir servicios o prestaciones de la ley
Comisións Obreiras realizó un completo informe sobre la aplicación de la ley de dependencia en Galicia y concluye que la comunidad empezó retrasada con respecto al resto de España, situación que ha empeorado desde el 2009.
Según los datos que baraja la central sindical -y que están tomados de los oficiales del Imserso- en Galicia hay una lista de espera del 47 % para recibir servicios o prestaciones de la ley: de cada cien personas con el derecho reconocido y todos los trámites terminados para obtenerlo, 47 siguen sin recibir la ayuda estipulada (en España son 32).
Las críticas, obviamente, se niegan desde la Xunta.
En concreto, desde la Consellería de Traballo se incide en que en esta legislatura -que comenzó en el 2009- se incrementaron un 53 % las plazas en centros de día; un 25 % las de residencias; un 77 % las de centros para enfermos de alzhéimer; un 50 % la teleasistencia y un 83 % la ayuda a domicilio. Este último aspecto es muy importante en tanto mantiene al dependiente en su entorno y sirve de apoyo para la familia, según recuerda la Xunta.
CC.OO, asume esta premisa y destaca que del total de prestaciones, el 18 % se va en ayuda a domicilio, pero también recalca que el 50 % de todas las personas con dependencia reciben la llamada libranza del cuidador, una paga a un familiar que tendría que ser excepcional -no pasar del 25 % de los casos- pero es general.
Claro que la propia CC.OO. apunta que esta situación ha mejorado -nueve puntos - en el último año y medio.
Otro aspecto interesante del informe de CC.OO. es la suma del dinero invertido en dependencia en Galicia.
Según los datos que baraja, el Estado invirtió en la comunidad autónoma desde el inicio de la ley 383 millones de euros, y la Xunta, 686; es decir, el 65 % del dinero era gallego. Las cifras de la Xunta, por su parte, no son iguales aunque sí bastante parecidas: el monto total es de 940 millones (cien millones menos que las cifras de CC.OO.) y de estos, 622 son aportaciones del Gobierno gallego, es decir, el 77 % del total.
Finalmente, CC.OO. apunta que el 70-75 % del dinero que se gasta ahora en dependencia ya se invertía antes de la ley en servicios sociales, por lo que gracias a la ley solo se incrementó el gasto en un 25 %.
26.700 gallegos
No hay datos oficiales de cuánta gente trabaja en dependencia ni cuántos lo han hecho gracias a la ley, pero los cálculos de CC.?OO. indican que en Galicia hay 18.000 profesionales en el sector y 8.700 cuidadores familiares, en su mayoría mujeres
Fuente : lavozdegalicia.es/sociedad
LA CREACIÓN DE PLAZAS GERIÁTRICAS HA SUFRIDO UN FRENAZO SEVERO
La creación de plazas geriátricas ha sufrido un frenazo severo
Entre 2009 y 2010 el incremento fue cuatro puntos menor que años atrás
En pleno desarrollo de la Ley de Dependencia, cuando miles de ciudadanos querrían una plaza en un geriátrico, el incremento del número de camas ha sufrido un severo freno.
De 2005 a 2008, la cifra de plazas residenciales venía subiendo cada año alrededor del un 5%, pero de 2009 a 2010 solo creció un 1,6%.
En total hay 354.955 plazas en toda España, sumadas públicas y privadas. Y no todas están ocupadas. Los datos son de un estudio elaborado por la empresa DBK, especializada en estos análisis sectoriales.
Las grandes empresas del ramo están sufriendo un verdadero ahogo.
A una planificación desaforada y sin criterios oportunos se ha sumado la crisis.
Las administraciones están sin fondos para establecer conciertos que puedan satisfacer el gasto que requieren esas plazas. La peor parte se la esta llevando el sector privado.
Y eso que el aumento en la dotación de las plazas privadas se debe sobre todo a la concertación, que se incrementó en un 8,5%, lo que contrasta con el descenso del 1,7% contabilizado en la dotación de plazas privadas puras, según el estudio de DBK.
"Antes, de cada 100 abuelos que salían del hospital, 20 entraban en residencias, ahora apenas un 5%", asegura el presidente de Vitalia Home, José María Cosculluela. Eso, cuando no ocurre lo contrario, es decir, familias que sacan a los suyos de las residencias porque así se ahorran pagarlas y, de paso, pueden contar con la pensión del abuelo o con una paga para cuidar al dependiente.
El Gobierno quiso poner freno a esta tendencia y advirtió que no se podía sustituir una plaza concedida en una residencia por un ayuda económica sin una justificación adecuada. Fue en 2009. Cuando el paro deja a las personas en casa es factible que estas se encarguen de los ancianos.
La tendencia a la baja en el incremento anual del número de plazas tiene que ver también con la reconversión del sector.
Porque a pesar de que se consolidan progresivamente los grandes grupos empresariales, "la oferta continua integrada fundamentalmente por pequeñas empresas que gestionan uno o dos centros de reducida dimensión y de ámbito local", se explica en el estudio de DBK.
Y muchas de esas pequeñas empresas no se adaptan a los nuevos requisitos, o no podrán adaptarse nunca. Por tanto, irán desapareciendo o bien renovando sus instalaciones para poder recibir dinero público a cambio del ingreso de ancianos.
Así, entre las privadas, algunas comunidades han perdido varias residencias, por ejemplo seis menos en Madrid, cinco en Cataluña, cuatro en Castilla y León o tres en Andalucía. Todo ello entre 2009 y 2010. Lo que no quiere decir que, a cambio no se hayan construido otras.
Pero el número total de plazas residenciales ha de ponerse en relación con la población mayor de 65 años.
De esta manera se aprecia qué comunidades están más necesitadas.
Murcia, Canarias y Andalucía son las que menos plazas tienen por cada 100 personas mayores de 65 años, según un estudio del CSIC para el Imserso basado en encuestas.
Y en Canarias se siguen perdiendo, un 0,6 en ese periodo.
Andalucía solo ha ganado un 0,5%. Murcia, sin embargo, ha incrementado el número de plazas entre 2009 y 2010 en un 10,8%.
Valencia, que también está por debajo de la media nacional en el número de plazas residenciales tampoco ha creado muchas, apenas un 0,7% en ese periodo.
Madrid, por ejemplo, ha perdido un 0,1%, pero esta comunidad está por encima de la media en la relación entre plazas y personas mayores de 65. Más alta aún es la tasa de La Rioja, así que la pérdida de camas en geriátricos que sufre esta comunidad no es tan reseñable.
Los datos oficiales sobre residencias que debía haber presentado el Gobierno el año pasado y que aún no se han hecho públicos impiden una planificación del sector basada en referencias exactas, es decir, dónde y cómo construir. Y este no es un asunto menor, dada la envejecida población española y las derivaciones sobre el empleo que tiene este sector.
La ocupación de plazas residenciales es uno de los principales motores de empleo de todas las ayudas que se prestan por la Ley de Dependencia. Y permite, además, que las personas que cuidan ancianos, mujeres en su mayoría, dispongan del tiempo suficiente para buscar también en el mercado laboral.
Fuente : elpais.com/articulo/sociedad
Entre 2009 y 2010 el incremento fue cuatro puntos menor que años atrás
En pleno desarrollo de la Ley de Dependencia, cuando miles de ciudadanos querrían una plaza en un geriátrico, el incremento del número de camas ha sufrido un severo freno.
De 2005 a 2008, la cifra de plazas residenciales venía subiendo cada año alrededor del un 5%, pero de 2009 a 2010 solo creció un 1,6%.
En total hay 354.955 plazas en toda España, sumadas públicas y privadas. Y no todas están ocupadas. Los datos son de un estudio elaborado por la empresa DBK, especializada en estos análisis sectoriales.
Las grandes empresas del ramo están sufriendo un verdadero ahogo.
A una planificación desaforada y sin criterios oportunos se ha sumado la crisis.
Las administraciones están sin fondos para establecer conciertos que puedan satisfacer el gasto que requieren esas plazas. La peor parte se la esta llevando el sector privado.
Y eso que el aumento en la dotación de las plazas privadas se debe sobre todo a la concertación, que se incrementó en un 8,5%, lo que contrasta con el descenso del 1,7% contabilizado en la dotación de plazas privadas puras, según el estudio de DBK.
"Antes, de cada 100 abuelos que salían del hospital, 20 entraban en residencias, ahora apenas un 5%", asegura el presidente de Vitalia Home, José María Cosculluela. Eso, cuando no ocurre lo contrario, es decir, familias que sacan a los suyos de las residencias porque así se ahorran pagarlas y, de paso, pueden contar con la pensión del abuelo o con una paga para cuidar al dependiente.
El Gobierno quiso poner freno a esta tendencia y advirtió que no se podía sustituir una plaza concedida en una residencia por un ayuda económica sin una justificación adecuada. Fue en 2009. Cuando el paro deja a las personas en casa es factible que estas se encarguen de los ancianos.
La tendencia a la baja en el incremento anual del número de plazas tiene que ver también con la reconversión del sector.
Porque a pesar de que se consolidan progresivamente los grandes grupos empresariales, "la oferta continua integrada fundamentalmente por pequeñas empresas que gestionan uno o dos centros de reducida dimensión y de ámbito local", se explica en el estudio de DBK.
Y muchas de esas pequeñas empresas no se adaptan a los nuevos requisitos, o no podrán adaptarse nunca. Por tanto, irán desapareciendo o bien renovando sus instalaciones para poder recibir dinero público a cambio del ingreso de ancianos.
Así, entre las privadas, algunas comunidades han perdido varias residencias, por ejemplo seis menos en Madrid, cinco en Cataluña, cuatro en Castilla y León o tres en Andalucía. Todo ello entre 2009 y 2010. Lo que no quiere decir que, a cambio no se hayan construido otras.
Pero el número total de plazas residenciales ha de ponerse en relación con la población mayor de 65 años.
De esta manera se aprecia qué comunidades están más necesitadas.
Murcia, Canarias y Andalucía son las que menos plazas tienen por cada 100 personas mayores de 65 años, según un estudio del CSIC para el Imserso basado en encuestas.
Y en Canarias se siguen perdiendo, un 0,6 en ese periodo.
Andalucía solo ha ganado un 0,5%. Murcia, sin embargo, ha incrementado el número de plazas entre 2009 y 2010 en un 10,8%.
Valencia, que también está por debajo de la media nacional en el número de plazas residenciales tampoco ha creado muchas, apenas un 0,7% en ese periodo.
Madrid, por ejemplo, ha perdido un 0,1%, pero esta comunidad está por encima de la media en la relación entre plazas y personas mayores de 65. Más alta aún es la tasa de La Rioja, así que la pérdida de camas en geriátricos que sufre esta comunidad no es tan reseñable.
Los datos oficiales sobre residencias que debía haber presentado el Gobierno el año pasado y que aún no se han hecho públicos impiden una planificación del sector basada en referencias exactas, es decir, dónde y cómo construir. Y este no es un asunto menor, dada la envejecida población española y las derivaciones sobre el empleo que tiene este sector.
La ocupación de plazas residenciales es uno de los principales motores de empleo de todas las ayudas que se prestan por la Ley de Dependencia. Y permite, además, que las personas que cuidan ancianos, mujeres en su mayoría, dispongan del tiempo suficiente para buscar también en el mercado laboral.
Fuente : elpais.com/articulo/sociedad
CADIZ - LA JUNTA DESATIENDE A 285 PERSONAS CON LA AYUDA APROBADA
La Junta desatiende a 285 personas con la ayuda de dependencia aprobada
El Ayuntamiento también muestra su preocupación por el elevado coste que supone a las arcas el incremento de la demanda del servicio
El alcalde portuense, Enrique Moresco, y la concejala delegada de Bienestar Social, Mariola Tocino, realizaron una valoración de la Ley de Dependencia, manifestando su preocupación por el agotamiento de los recursos de la Junta de Andalucía y Gobierno Central en esta materia y la cuestionable sostenibilidad de la Ley debido a que aún no se ha empezado a dar cobertura del grado I y II de dependencia, lo que supone que en El Puerto de Santa María, existen 285 personas a las que no se les están facilitando los recursos que la propia Junta de Andalucía les ha reconocido.
También quisieron destacar la falta de actualización del coste del Servicio de Ayuda a Domicilio desde la incorporación de la Ley de Dependencia, teniendo en cuenta el incremento paulatino de la demanda del servicio, la actualización de los sueldos de los auxiliares que realizan dicho trabajo y la exigencia de las mejoras en la atención al usuario. Esto supone un esfuerzo económico «brutal» de la aportación del Ayuntamiento en el coste final.
Se trata de una manifestación que realizaron dentro del balance de las actuaciones del Área de Bienestar Social en lo que respecta al primer semestre del año 2011.
En este sentido y según explicaron los responsables municipales, la demanda de prestaciones de los recursos sociales municipales sigue aumentando paulatinamente, pero la atención a dicha demanda es satisfactoria: Se ha dado cobertura económica a un 72 % de las ayudas solicitadas, sin por ello no atender al 38 % restante.
A esta minoría se le orienta sobre otros recursos disponibles no municipales, como son las redes de apoyo familiar. Por otro lado, se ha producido un descenso de la atención para desahucios, no por falta de recursos (ya que se sigue destinando en torno al 40% de las ayudas económicas a alquileres), sino por haber elaborado un protocolo de atención y acción preventiva que evitan que llegue a producirse el desahucio en muchas familias.
Se atiende el 90% de las solicitudes de ayuda en materia de alquiler.
Y en cuanto a la atención al usuario de los Servicios Sociales, el alcalde y la edil manifestaron que se sigue mejorando, dando debido cumplimiento a los protocolos establecidos para la solicitud de cualquier recurso, y educando al demandante en que estos recursos son ayudas complementarias e intentando que desaparezca el perfil de usuario subsidiado por el Ayuntamiento.
En esta labor tienen mucha relevancia las redes de apoyo familiar.
Una serie de cuestiones en las que se intensificará la atención del Ayuntamiento debido a la complicada situación económica que padecen las familias portuenses como consecuencia de los efectos de la crisis económica.
Fuente : lavozdigital.es/cadiz
El Ayuntamiento también muestra su preocupación por el elevado coste que supone a las arcas el incremento de la demanda del servicio
El alcalde portuense, Enrique Moresco, y la concejala delegada de Bienestar Social, Mariola Tocino, realizaron una valoración de la Ley de Dependencia, manifestando su preocupación por el agotamiento de los recursos de la Junta de Andalucía y Gobierno Central en esta materia y la cuestionable sostenibilidad de la Ley debido a que aún no se ha empezado a dar cobertura del grado I y II de dependencia, lo que supone que en El Puerto de Santa María, existen 285 personas a las que no se les están facilitando los recursos que la propia Junta de Andalucía les ha reconocido.
También quisieron destacar la falta de actualización del coste del Servicio de Ayuda a Domicilio desde la incorporación de la Ley de Dependencia, teniendo en cuenta el incremento paulatino de la demanda del servicio, la actualización de los sueldos de los auxiliares que realizan dicho trabajo y la exigencia de las mejoras en la atención al usuario. Esto supone un esfuerzo económico «brutal» de la aportación del Ayuntamiento en el coste final.
Se trata de una manifestación que realizaron dentro del balance de las actuaciones del Área de Bienestar Social en lo que respecta al primer semestre del año 2011.
En este sentido y según explicaron los responsables municipales, la demanda de prestaciones de los recursos sociales municipales sigue aumentando paulatinamente, pero la atención a dicha demanda es satisfactoria: Se ha dado cobertura económica a un 72 % de las ayudas solicitadas, sin por ello no atender al 38 % restante.
A esta minoría se le orienta sobre otros recursos disponibles no municipales, como son las redes de apoyo familiar. Por otro lado, se ha producido un descenso de la atención para desahucios, no por falta de recursos (ya que se sigue destinando en torno al 40% de las ayudas económicas a alquileres), sino por haber elaborado un protocolo de atención y acción preventiva que evitan que llegue a producirse el desahucio en muchas familias.
Se atiende el 90% de las solicitudes de ayuda en materia de alquiler.
Y en cuanto a la atención al usuario de los Servicios Sociales, el alcalde y la edil manifestaron que se sigue mejorando, dando debido cumplimiento a los protocolos establecidos para la solicitud de cualquier recurso, y educando al demandante en que estos recursos son ayudas complementarias e intentando que desaparezca el perfil de usuario subsidiado por el Ayuntamiento.
En esta labor tienen mucha relevancia las redes de apoyo familiar.
Una serie de cuestiones en las que se intensificará la atención del Ayuntamiento debido a la complicada situación económica que padecen las familias portuenses como consecuencia de los efectos de la crisis económica.
Fuente : lavozdigital.es/cadiz
C.VALENCIANA - EL GOBIERNO REABRE LA PUGNA POR LA LEY DE DEPENDENCIA
El Gobierno reabre la pugna por la ley de Dependencia
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ana Botella, recuperó ayer el argumento de la ley Dependencia como arma política.
Así, aseguró que la región es la penúltima en número de beneficiarios de las prestaciones de la Ley de Dependencia en relación a su población total, al registrar un porcentaje del 0,86 % frente al 1,54 % nacional.
Botella realizó estas declaraciones tras reunirse con el portavoz de la plataforma de la ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana, Jaime Esteban, para analizar el seguimiento de la aplicación de la normativa.
Frente a la posición del Ejecutivo, la Generalitat sostiene que la financiación procedente del Estado para sufragar los programas incluidos en la ley apenas alcanzar el veinticinco por ciento.
El resto lo abona íntegramente el Consell, que ha cifrado en más de cuatrocientos millones de euros la «deuda» acumulada desde la puesta en marcha de la normativa.
Además, Bienestar Social ha regulado a través de una Orden de la Conselleria la figura del asistente personal, como avanzó ayer ABC.
Sin embargo, la plataforma lamentó que «una persona en la Comunidad Valenciana cuenta con la mitad de posibilidades de recibir una prestación que el resto de ciudadanos del Estado español».
De acuerdo con sus datos, son 44.012 las personas que desde 2005 han accedido a una prestación por dependencia, mientras que otras 32.324 se encuentran todavía a la espera de recibir la resolución del Plan Individual de Atención (PIA), tras conseguir el dictamen que les reconoce el derecho a obtenerla.
Fuente : abc.es/comunidad-valencia
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ana Botella, recuperó ayer el argumento de la ley Dependencia como arma política.
Así, aseguró que la región es la penúltima en número de beneficiarios de las prestaciones de la Ley de Dependencia en relación a su población total, al registrar un porcentaje del 0,86 % frente al 1,54 % nacional.
Botella realizó estas declaraciones tras reunirse con el portavoz de la plataforma de la ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana, Jaime Esteban, para analizar el seguimiento de la aplicación de la normativa.
Frente a la posición del Ejecutivo, la Generalitat sostiene que la financiación procedente del Estado para sufragar los programas incluidos en la ley apenas alcanzar el veinticinco por ciento.
El resto lo abona íntegramente el Consell, que ha cifrado en más de cuatrocientos millones de euros la «deuda» acumulada desde la puesta en marcha de la normativa.
Además, Bienestar Social ha regulado a través de una Orden de la Conselleria la figura del asistente personal, como avanzó ayer ABC.
Sin embargo, la plataforma lamentó que «una persona en la Comunidad Valenciana cuenta con la mitad de posibilidades de recibir una prestación que el resto de ciudadanos del Estado español».
De acuerdo con sus datos, son 44.012 las personas que desde 2005 han accedido a una prestación por dependencia, mientras que otras 32.324 se encuentran todavía a la espera de recibir la resolución del Plan Individual de Atención (PIA), tras conseguir el dictamen que les reconoce el derecho a obtenerla.
Fuente : abc.es/comunidad-valencia
CERMI PIDE INCLUIR DISCAPACITADOS EN LAS LISTAS ELECTORALES
El CERMI pide incluir discapacitados en las listas electorales
Los discapacitados quieren ver reflejadas sus propuestas en la próxima legislatura y por ello han planteado una serie de medidas para que la discapacidad tenga mayor presencia en la agenda política e incluso en la cabeza de las listas electorales de los partidos.
Así lo ha reclamado hoy el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en un comunicado en el que subraya que la discapacidad "no puede subsumirse ni desaparecer en la dependencia, ya que tiene identidad propia y precisa de políticas y dispositivos concebidos expresamente para esta realidad".
El CERMI considera que en los últimos años se ha puesto un acento en la dependencia que ha "debilitado y desdibujado las políticas específicas de la discapacidad", sobre todo, en las Comunidades Autónomas.
En sus propuestas, los discapacitados insisten en la necesidad de la accesibilidad universal y marcan el año 2020 como horizonte para lograr una España "libre de barreras".
También reclaman que las legislaciones, las políticas y la acción pública hacia las personas con discapacidad se enfoquen hacia la normativa de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad.
Plantean también la necesidad de una mayor "activación de las personas con discapacidad", ya que más que el desempleo, mucho más alto que la media general, el gran problema en relación con este asunto es la elevada tasa de inactividad, cercana al 65%".
En este sentido, piden una nueva Ley de Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad, que siente nuevas bases para "la empleabilidad y activación de este grupo".
Además, solicitan que una respuesta a sus necesidades sociales y que se acuerde un nuevo marco normativo, de apoyos y fiscal "más favorecedor", de cara a los efectos de la crisis en la sostenibilidad económica del sector asociativo de la discapacidad.
Fuente : elnortedecastilla.es/agencias
Los discapacitados quieren ver reflejadas sus propuestas en la próxima legislatura y por ello han planteado una serie de medidas para que la discapacidad tenga mayor presencia en la agenda política e incluso en la cabeza de las listas electorales de los partidos.
Así lo ha reclamado hoy el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en un comunicado en el que subraya que la discapacidad "no puede subsumirse ni desaparecer en la dependencia, ya que tiene identidad propia y precisa de políticas y dispositivos concebidos expresamente para esta realidad".
El CERMI considera que en los últimos años se ha puesto un acento en la dependencia que ha "debilitado y desdibujado las políticas específicas de la discapacidad", sobre todo, en las Comunidades Autónomas.
En sus propuestas, los discapacitados insisten en la necesidad de la accesibilidad universal y marcan el año 2020 como horizonte para lograr una España "libre de barreras".
También reclaman que las legislaciones, las políticas y la acción pública hacia las personas con discapacidad se enfoquen hacia la normativa de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad.
Plantean también la necesidad de una mayor "activación de las personas con discapacidad", ya que más que el desempleo, mucho más alto que la media general, el gran problema en relación con este asunto es la elevada tasa de inactividad, cercana al 65%".
En este sentido, piden una nueva Ley de Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad, que siente nuevas bases para "la empleabilidad y activación de este grupo".
Además, solicitan que una respuesta a sus necesidades sociales y que se acuerde un nuevo marco normativo, de apoyos y fiscal "más favorecedor", de cara a los efectos de la crisis en la sostenibilidad económica del sector asociativo de la discapacidad.
Fuente : elnortedecastilla.es/agencias
MURCIA - PSOE RECLAMA DEPENDENCIA SE PAGUE UN DÍA FIJO DEL MES
El PSOE reclama que la dependencia se pague un día fijo del mes
Teresa Rosique pide que el abono de las prestaciones se haga siguiendo el mismo sistema que las pensiones para evitar nuevos retrasos
La diputada regional del PSOE Teresa Rosique ha pedido al Gobierno regional que negocie con entidades financieras, al igual que hace la Seguridad Social con las pensiones, para que los beneficiarios de la Ley de Dependencia cobren puntualmente sus prestaciones.
Rosique denunció ayer que el Ejecutivo autonómico ha pagado el 1 de agosto lo correspondiente a junio, por lo que se debe la mensualidad de julio a más de 21.000 personas dependientes y a 1.100 beneficiarios del ingreso mínimo de inserción.
La diputada recordó que su grupo ya ha denunciado públicamente los retrasos en los pagos a los dependientes, pero aseguró que éstos nunca con se habían dado con esta gravedad, con dilaciones de dos meses y con los consiguientes perjuicios que ocasionan a los afectados.
Por todo ello reclamó que el Ejecutivo regional fije una fecha concreta a principios de mes para que los dependientes puedan disponer de la cantidad que perciben, que se establece según el grado de dependencia, y que no tengan que recibirlo «de manera aleatoria».Rosique recordó que las personas que reciben estas prestaciones son «una parte de la sociedad sensible y muy necesitada» y confirmó que estos retrasos en los pagos se deben a la «la falta de liquidez del Gobierno regional para hacer frente a tales ayudas».
Respecto de la situación de las arcas regionales, aseguró que la Comunidad no ha hecho los recortes previstos y anunciados, como en la televisión autonómica, «y por el contrario se retrasan los pagos a los dependientes».
La parlamentaria socialista achacó la falta de liquidez a «la falta de solvencia y credibilidad que tiene el Gobierno regional, ya que solo ha sido capaz de colocar 25 millones de euros de los 464 millones de emisión de deuda pública que le autorizó el Ejecutivo central por la situación de déficit y el escenario que tienen ante los mercados».
Fuente : laverdad.es/murcia
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