Más de 10.000 alaveses reciben recursos o ayudas por ser dependientes
Un total de 10.177 alaveses tienen reconocido el derecho a acceder a recursos o ayudas económicas gestionadas por la Diputación foral debido a su nivel de dependencia.
La diputada de Política y Servicios Sociales, Covadonga Solaguren, ha hecho balance hoy del grado de aplicación de la Ley de Dependencia en este territorio desde que se implantó hace tres años.
Solaguren ha subrayado que en Álava la aplicación de la ley se está haciendo "respetando el espíritu" de la misma, ya que la mayoría de los recursos que se asignan (el 63,9 por ciento) son asistenciales y el 36 por ciento prestaciones económicas.
Las ayudas económicas que se conceden a las personas dependientes van desde los 300 a los 540 euros y los recursos que se asignan en el caso de Álava son en su mayoría el servicio de ayuda a domicilio, o plazas en centros ocupacionales, entre otros.
El gasto en prestaciones económicas para hacer efectiva la Ley de Dependencia en Álava ha oscilado entre los 35 y los 40 millones de euros desde que entró en vigor la norma en 2007.
Además, la Diputación alavesa se gasta anualmente para atender a las personas dependientes el 60 por ciento del presupuesto del Departamento de Asuntos Sociales. En 2011 el gasto será de 146,4 millones de euros.
Desde el 25 de abril de 2007, cuando se empezaron a presentar las solicitudes, la Diputación alavesa ha asignado 11.385 recursos asistenciales a personas dependientes.
Los recursos asistenciales y las ayudas económicas son compatibles, por lo que puede darse el caso de que haya personas dependientes que reciban ambos.
A finales del mes de diciembre, la cifra de expedientes abiertos por la Diputación alavesa era de 12.349, de los cuales el 17,6 por ciento habían pedido que se les valorara la dependencia pero no habían obtenido el reconocimiento, lo que supone 2.172 personas.
El resto, 10.177 personas, ha obtenido reconocimiento de dependencia en alguno de sus grados y, a 31 de diciembre, los servicios sociales de la Diputación habían tramitado un plan individualizado de atención (PIA) a 7.259 alaveses y otros 525 estaban en fase de tramitación del citado plan.
La diputada foral ha destacado que de las personas que han solicitado acogerse a la Ley de Dependencia en Álava, el 44 por ciento no había pedido anteriormente ningún recurso foral.
Fuente : abc.es
viernes, 28 de enero de 2011
C.VALENCIANA - ONDA - CC.OO. DENUNCIA MALA ACTUACIÓN SERVICIO ATENCIÓN DEPENDENCIA
CC.OO. denuncia la mala actuación respecto del Servicio Municipal de Atención a la Dependencia en Onda
Desde Comisiones Obreras denuncian la actuación del Ayuntamiento de Onda en el Servicio Municipal de Atención a la Dependencia (SMAD).
El SMAD que fecha de hoy venía prestándose en Onda desde el año 2007 ha sido suspendido, de tal forma que no hay personal contratado para atender dicho servicio, cuando sí se ha solicitado subvención a este respecto a través de la FVMP para el año 2011.
Desde el Ayuntamiento se argumenta que no pueden realizar la contratación del personal del SMAD hasta que no sea efectiva la subvención, puesto que no sólo afecta a Onda sino que se hace extensiva también a otros municipios de la Mancomunidad. Circunstancia que en anteriores ocasiones no ha sido tenida en cuenta, optando por prorrogar los contratos de las trabajadoras que atendían dicho servicio.
Evitando de esta forma la pérdida de prestaciones de dependencia por falta de atención del servicio y, otro muy importante como es, el hecho que se pudiera perder la subvención por incumplimiento de una de las bases de convocatoria (DOCV 6423 de 23 de diciembre de 2010), que obliga a tener contratado al personal desde el 1 de enero de 2011.
Además, se produce el hecho que al finalizar el período de contratación y justificar el gasto de personal, se devuelve dinero de la subvención concedida por aquellos meses en los cuales no hay personal contratado a tal efecto.
“Las quejas del personal que atendía dicho servicio hasta diciembre de 2010, consecuencia de la no sustitución de una compañera que causó baja por enfermedad en dos períodos, han producido a nuestro entender la decisión directa del alcalde Juan Miguel Salvador Pérez determinando la extinción de la Bolsa de Trabajadores/as Sociales constituida en 2005, y de la cual se ha contratado cada año al personal del SMAD, para crear una nueva Bolsa, incumpliendo el anexo que regula el funcionamiento de las Bolsas de Trabajo del Ayuntamiento de Onda”.
“La justificación que se argumenta para la creación de esta nueva Bolsa, y que tiene como efecto inmediato la no contratación del personal que prestaba sus servicios en el 2010, es al menos preocupante. El Sr. alcalde alega que cuando se constituyó la misma en año 2005 no estaba en marcha la Ley de Dependencia, y por este motivo las personas que están en dicha Bolsa pueden no estar cualificadas para esa labor.
Lo cual da por supuesto que las trabajadoras que atendieron el servicio desde el año 2007 y que fueron contratadas por estar en la bolsa del 2005, no son profesionales en la materia.
Como un Ayuntamiento quiere el mejor servicio para sus ciudadanos, se decide crear otra nueva Bolsa de Trabajo Social en cuyas bases, casualmente, no se exige que la experiencia y la formación verse sobre la Ley de la Dependencia, ya que no se hace constar en ningún lugar el puesto objeto de la contratación. De lo cual se desprende que se está cometiendo el mismo error por el que el Ayuntamiento ha extinguido la bolsa anterior”.
“Desde CCOO nos surgen dudas razonables acerca de este cambio repentino de actitud por parte del Ayuntamiento de Onda, y no quisiéramos pensar que uno de los motivos, que no el único, para esta actuación de última hora venga dado por el hecho que, una de las trabajadoras actuales esté embarazada y haya tenido pequeños problemas durante la gestación.
Y que en la Convocatoria de subvenciones para el SMAD uno de los requisitos sea la obligatoriedad de cubrir las bajas así como y que su coste recaiga en las arcas municipales (aspecto éste que el propio Ayuntamiento ya ha incumplido durante el año 2010)”.
“Comisiones Obreras no entendería que, un Ayuntamiento que presume públicamente de su Plan de Igualdad, tomara las decisiones en materia de personal en función de criterios estrictamente económicos. Si este es el caso, es el momento de rectificar”.
Fuente : elperiodic.com/onda
Desde Comisiones Obreras denuncian la actuación del Ayuntamiento de Onda en el Servicio Municipal de Atención a la Dependencia (SMAD).
El SMAD que fecha de hoy venía prestándose en Onda desde el año 2007 ha sido suspendido, de tal forma que no hay personal contratado para atender dicho servicio, cuando sí se ha solicitado subvención a este respecto a través de la FVMP para el año 2011.
Desde el Ayuntamiento se argumenta que no pueden realizar la contratación del personal del SMAD hasta que no sea efectiva la subvención, puesto que no sólo afecta a Onda sino que se hace extensiva también a otros municipios de la Mancomunidad. Circunstancia que en anteriores ocasiones no ha sido tenida en cuenta, optando por prorrogar los contratos de las trabajadoras que atendían dicho servicio.
Evitando de esta forma la pérdida de prestaciones de dependencia por falta de atención del servicio y, otro muy importante como es, el hecho que se pudiera perder la subvención por incumplimiento de una de las bases de convocatoria (DOCV 6423 de 23 de diciembre de 2010), que obliga a tener contratado al personal desde el 1 de enero de 2011.
Además, se produce el hecho que al finalizar el período de contratación y justificar el gasto de personal, se devuelve dinero de la subvención concedida por aquellos meses en los cuales no hay personal contratado a tal efecto.
“Las quejas del personal que atendía dicho servicio hasta diciembre de 2010, consecuencia de la no sustitución de una compañera que causó baja por enfermedad en dos períodos, han producido a nuestro entender la decisión directa del alcalde Juan Miguel Salvador Pérez determinando la extinción de la Bolsa de Trabajadores/as Sociales constituida en 2005, y de la cual se ha contratado cada año al personal del SMAD, para crear una nueva Bolsa, incumpliendo el anexo que regula el funcionamiento de las Bolsas de Trabajo del Ayuntamiento de Onda”.
“La justificación que se argumenta para la creación de esta nueva Bolsa, y que tiene como efecto inmediato la no contratación del personal que prestaba sus servicios en el 2010, es al menos preocupante. El Sr. alcalde alega que cuando se constituyó la misma en año 2005 no estaba en marcha la Ley de Dependencia, y por este motivo las personas que están en dicha Bolsa pueden no estar cualificadas para esa labor.
Lo cual da por supuesto que las trabajadoras que atendieron el servicio desde el año 2007 y que fueron contratadas por estar en la bolsa del 2005, no son profesionales en la materia.
Como un Ayuntamiento quiere el mejor servicio para sus ciudadanos, se decide crear otra nueva Bolsa de Trabajo Social en cuyas bases, casualmente, no se exige que la experiencia y la formación verse sobre la Ley de la Dependencia, ya que no se hace constar en ningún lugar el puesto objeto de la contratación. De lo cual se desprende que se está cometiendo el mismo error por el que el Ayuntamiento ha extinguido la bolsa anterior”.
“Desde CCOO nos surgen dudas razonables acerca de este cambio repentino de actitud por parte del Ayuntamiento de Onda, y no quisiéramos pensar que uno de los motivos, que no el único, para esta actuación de última hora venga dado por el hecho que, una de las trabajadoras actuales esté embarazada y haya tenido pequeños problemas durante la gestación.
Y que en la Convocatoria de subvenciones para el SMAD uno de los requisitos sea la obligatoriedad de cubrir las bajas así como y que su coste recaiga en las arcas municipales (aspecto éste que el propio Ayuntamiento ya ha incumplido durante el año 2010)”.
“Comisiones Obreras no entendería que, un Ayuntamiento que presume públicamente de su Plan de Igualdad, tomara las decisiones en materia de personal en función de criterios estrictamente económicos. Si este es el caso, es el momento de rectificar”.
Fuente : elperiodic.com/onda
ARAGÓN - BINÉFAR - CHARLA SOBRE DEPENDENCIA
Charla en Binéfar sobre dependencia
BINÉFAR.- La Asociación de Discapacitados –Disbin- de Binéfar, en colaboración con la Comarca de La Litera, ha organizado para hoy, a las ocho de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento de la villa literana, una charla-coloquio sobre la Ley de Dependencia.
La cita contará con la presencia de la abogada María José Sola, junto a la trabajadora social Silvia Ferrer, y actuará como moderadora Paca Torres.
El objetivo de esta charla es dar a conocer a los habitantes de la Comarca de La Litera, el desarrollo de la Ley de Dependencia, así como resolver las dudas que se puedan plantear, bien las personas dependientes o aquellas que se ocupan de atenderlas.
Fuente : diariodelaltoaragon.es
BINÉFAR.- La Asociación de Discapacitados –Disbin- de Binéfar, en colaboración con la Comarca de La Litera, ha organizado para hoy, a las ocho de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento de la villa literana, una charla-coloquio sobre la Ley de Dependencia.
La cita contará con la presencia de la abogada María José Sola, junto a la trabajadora social Silvia Ferrer, y actuará como moderadora Paca Torres.
El objetivo de esta charla es dar a conocer a los habitantes de la Comarca de La Litera, el desarrollo de la Ley de Dependencia, así como resolver las dudas que se puedan plantear, bien las personas dependientes o aquellas que se ocupan de atenderlas.
Fuente : diariodelaltoaragon.es
MÁLAGA - LÍDER EN APLICACIÓN DE LA LEY
Málaga, líder en aplicación de la ley de dependencia
El PSOE asegura que la provincia es la zona del país en la que más se ha desarrollado la norma, con una inversión de 115 millones de euros
El secretario provincial del PSOE, Miguel Ángel Heredia, aseguró ayer que Málaga es la provincia de España en la que más desarrollada está la Ley de Dependencia, con una inversión de 115 millones de euros, lo que la sitúa por encima de comunidades autónomas como Madrid, Galicia y Valencia.
En concreto, subrayó en rueda de prensa que las ayudas de dependencia correspondientes a este año se amplían en torno a 6.700 personas más, que se suman a los alrededor de 29.000 malagueños que ya se beneficiaban con anterioridad. En total, son 37.5000 prestaciones.
Además, señaló que la inversión de la Junta de Andalucía en políticas sociales «vuelve a incrementarse», con 2.256 euros anuales para cada malagueño. Esto supone, en palabras de Heredia, un 12 por ciento más que en Madrid y un 10 por ciento más que en Valencia, comunidades en las que, agregó, existen tantos beneficiarios como en la provincia de Málaga.
Según el socialista, la institución regional tiene convenios con quince ayuntamientos malagueños mayores de 20.000 habitantes y con la Diputación de Málaga para la contratación de personas y la prestación de ayudas a domicilio, lo que, en total, ha generado 2.000 empleos.
De éstos, indicó, 1.800 proceden directamente del servicio de ayuda a domicilio, de modo que cada tres personas atendidas en situación de dependencia «crea un puesto de trabajo», precisó. Otros 87 empleos corresponden a la gestión de la atención a la dependencia en la delegación provincial para la Igualdad y el Bienestar Social, mientras que otras 86 personas están contratadas para el refuerzo de los servicios sociales comunitarios en los ayuntamientos.
Por su parte, la coordinadora del grupo parlamentario, Marisa Bustinduy, destacó «la apuesta clara» de la Junta «por aquellos que tienen más necesidades», con un incremento del 8,7 por ciento en el presupuesto dedicado a las políticas sociales, que, según puntualizó, ha sido el mayor de las cuentas regionales.
De igual modo, puso de manifiesto la existencia de 6.150 plazas públicas para la atención a la dependencia, que, desde que entró la ley en vigor en 2007, se han aumentado en un 75 por ciento. Además, la exconcejal socialista señaló que la inversión de la Junta de Andalucía en la provincia de Málaga para su mantenimiento se cifra en más de 52 millones de euros.
Asimismo, Marisa Bustinduy hizo mención al apartado especial del programa de asistencia que ofrece cobertura tanto a los enfermos de Alzheimer como a sus familiares, que en 2010 ofreció un total de 47 ayudas a través de una inversión de 667.000 euros, que supuso un aumento de 225.000 respecto al año anterior.
Fuente : laopiniondemalaga.es/malaga
El PSOE asegura que la provincia es la zona del país en la que más se ha desarrollado la norma, con una inversión de 115 millones de euros
El secretario provincial del PSOE, Miguel Ángel Heredia, aseguró ayer que Málaga es la provincia de España en la que más desarrollada está la Ley de Dependencia, con una inversión de 115 millones de euros, lo que la sitúa por encima de comunidades autónomas como Madrid, Galicia y Valencia.
En concreto, subrayó en rueda de prensa que las ayudas de dependencia correspondientes a este año se amplían en torno a 6.700 personas más, que se suman a los alrededor de 29.000 malagueños que ya se beneficiaban con anterioridad. En total, son 37.5000 prestaciones.
Además, señaló que la inversión de la Junta de Andalucía en políticas sociales «vuelve a incrementarse», con 2.256 euros anuales para cada malagueño. Esto supone, en palabras de Heredia, un 12 por ciento más que en Madrid y un 10 por ciento más que en Valencia, comunidades en las que, agregó, existen tantos beneficiarios como en la provincia de Málaga.
Según el socialista, la institución regional tiene convenios con quince ayuntamientos malagueños mayores de 20.000 habitantes y con la Diputación de Málaga para la contratación de personas y la prestación de ayudas a domicilio, lo que, en total, ha generado 2.000 empleos.
De éstos, indicó, 1.800 proceden directamente del servicio de ayuda a domicilio, de modo que cada tres personas atendidas en situación de dependencia «crea un puesto de trabajo», precisó. Otros 87 empleos corresponden a la gestión de la atención a la dependencia en la delegación provincial para la Igualdad y el Bienestar Social, mientras que otras 86 personas están contratadas para el refuerzo de los servicios sociales comunitarios en los ayuntamientos.
Por su parte, la coordinadora del grupo parlamentario, Marisa Bustinduy, destacó «la apuesta clara» de la Junta «por aquellos que tienen más necesidades», con un incremento del 8,7 por ciento en el presupuesto dedicado a las políticas sociales, que, según puntualizó, ha sido el mayor de las cuentas regionales.
De igual modo, puso de manifiesto la existencia de 6.150 plazas públicas para la atención a la dependencia, que, desde que entró la ley en vigor en 2007, se han aumentado en un 75 por ciento. Además, la exconcejal socialista señaló que la inversión de la Junta de Andalucía en la provincia de Málaga para su mantenimiento se cifra en más de 52 millones de euros.
Asimismo, Marisa Bustinduy hizo mención al apartado especial del programa de asistencia que ofrece cobertura tanto a los enfermos de Alzheimer como a sus familiares, que en 2010 ofreció un total de 47 ayudas a través de una inversión de 667.000 euros, que supuso un aumento de 225.000 respecto al año anterior.
Fuente : laopiniondemalaga.es/malaga
jueves, 27 de enero de 2011
MINISTERIO SANIDAD RECORTA MÁS DE UN 10% EL CRÉDITO PARA SERVICIOS SOCIALES
Antón lamenta que Ministerio de Sanidad recorte más de un 10 por ciento el crédito para servicios sociales
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, ha lamentado este jueves que el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad haya recortado en 2011 el presupuesto en materia de servicios sociales en 2011 "entre un 10 y un 11 por ciento" respecto al año anterior frente al incremento del 7 por ciento que hace la Comunidad Autónoma.
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, ha lamentado este jueves que el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad haya recortado en 2011 el presupuesto en materia de servicios sociales en 2011 "entre un 10 y un 11 por ciento" respecto al año anterior frente al incremento del 7 por ciento que hace la Comunidad Autónoma.
Tras la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales presidida por la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, Antón ha recordado que en los Presupuesto Generales del Estado de 2007 se estaba repartiendo a las Comunidades Autónomas un total de 385 millones de euros mientras que el presupuesto para 2011 se reduce a 170 millones de euros, "menos de la mitad" para el conjunto del Estado.
Según ha apuntado, este recorte supone la desaparición de programas como el gerontológico o el de voluntariado, así como el recorte de crédito en otros programas como el de discapacidad, infancia o apoyo a familias desfavorecidas o en situación de riesgo social.
"No me coincide un Gobierno que lleve como estandarte, que abandere el desarrollo de las políticas sociales sin acompañarlo de presupuestos sino todo lo contrario, hace desaparecer programas o los recorta en más de la mitad", ha añadido.
Así, el presupuesto que recibía Castilla y León para estos programas ha pasado de "17,5 millones de euros" en 2007 a "7 millones de euros escasos" en 2011, un recorte que, según ha apuntado, tendrá que "asumir la Comunidad Autónoma" que ha incrementado su presupuesto en un 7 por ciento.
"La consecuencia es que detrás de esto hay personas, familias servicios constituidos, atendidos y que están funcionando, lo que quiere decir que si uno se descuelga o recorta lo tenemos que asumir las Comunidades", ha agregado.
Respecto a las subvenciones con cargo al IRPF, Antón ha solicitado a la ministra "rigurosidad" en la convocatoria de ayudas para este año para "evitar duplicidades" con las carteras de servicios de las Comunidades Autónomas o con la ley estatal de Dependencia porque se estaría creando "una tercera vía".
Tras manifestar "respeto absoluto" a la labor que desempeñan las ONGs, el consejero ha lamentado que las Comunidades vean disminuir su presupuesto mientras que las subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro de carácter social se mantienen intactas.
Asimismo, Antón ha destacado la Comisión creada en el Senado para analizar la adopción o la protección de menores y ha valorado que haya recogido "muchas de las aportaciones realizadas desde Castilla y León", Comunidad "pionera en medidas de protección y atención a menores".
"Lo importante es el interés del niño pero también hay que trabajar el ámbito familiar, que es el mejor ambiente para su desarrollo", ha señalado el consejero para destacar que de los 1.200 niños atendidos por la Junta, el 67 por ciento se encuentra acogido por familias mientras que el 33 restante está en centros de internamiento.
Fuente : www.que.es
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, ha lamentado este jueves que el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad haya recortado en 2011 el presupuesto en materia de servicios sociales en 2011 "entre un 10 y un 11 por ciento" respecto al año anterior frente al incremento del 7 por ciento que hace la Comunidad Autónoma.
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, ha lamentado este jueves que el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad haya recortado en 2011 el presupuesto en materia de servicios sociales en 2011 "entre un 10 y un 11 por ciento" respecto al año anterior frente al incremento del 7 por ciento que hace la Comunidad Autónoma.
Tras la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales presidida por la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, Antón ha recordado que en los Presupuesto Generales del Estado de 2007 se estaba repartiendo a las Comunidades Autónomas un total de 385 millones de euros mientras que el presupuesto para 2011 se reduce a 170 millones de euros, "menos de la mitad" para el conjunto del Estado.
Según ha apuntado, este recorte supone la desaparición de programas como el gerontológico o el de voluntariado, así como el recorte de crédito en otros programas como el de discapacidad, infancia o apoyo a familias desfavorecidas o en situación de riesgo social.
"No me coincide un Gobierno que lleve como estandarte, que abandere el desarrollo de las políticas sociales sin acompañarlo de presupuestos sino todo lo contrario, hace desaparecer programas o los recorta en más de la mitad", ha añadido.
Así, el presupuesto que recibía Castilla y León para estos programas ha pasado de "17,5 millones de euros" en 2007 a "7 millones de euros escasos" en 2011, un recorte que, según ha apuntado, tendrá que "asumir la Comunidad Autónoma" que ha incrementado su presupuesto en un 7 por ciento.
"La consecuencia es que detrás de esto hay personas, familias servicios constituidos, atendidos y que están funcionando, lo que quiere decir que si uno se descuelga o recorta lo tenemos que asumir las Comunidades", ha agregado.
Respecto a las subvenciones con cargo al IRPF, Antón ha solicitado a la ministra "rigurosidad" en la convocatoria de ayudas para este año para "evitar duplicidades" con las carteras de servicios de las Comunidades Autónomas o con la ley estatal de Dependencia porque se estaría creando "una tercera vía".
Tras manifestar "respeto absoluto" a la labor que desempeñan las ONGs, el consejero ha lamentado que las Comunidades vean disminuir su presupuesto mientras que las subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro de carácter social se mantienen intactas.
Asimismo, Antón ha destacado la Comisión creada en el Senado para analizar la adopción o la protección de menores y ha valorado que haya recogido "muchas de las aportaciones realizadas desde Castilla y León", Comunidad "pionera en medidas de protección y atención a menores".
"Lo importante es el interés del niño pero también hay que trabajar el ámbito familiar, que es el mejor ambiente para su desarrollo", ha señalado el consejero para destacar que de los 1.200 niños atendidos por la Junta, el 67 por ciento se encuentra acogido por familias mientras que el 33 restante está en centros de internamiento.
Fuente : www.que.es
GALICIA - CRITICA REBAJA DEL 10% EN AYUDAS SOCIALES DEL GOBIERNO
Consejera gallega de Bienestar critica rebaja del 10% en ayudas sociales del Gobierno y denuncia falso positivismo
La conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, ha manifestado este jueves, tras la celebración en Madrid de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales presidida por la ministra de Sanidad y Política Social, Leire Pajín, que "no valen las declaraciones positivas" del Gobierno en relación a las políticas sociales cuando, después en la práctica, lo que se hace es "rebajar la financiación" del Plan Concertado casi un 10 por ciento.
Mato ha advertido al Gobierno de que "no valen las palabras" cuando "los hechos" evidencian una realidad "muy diferente", al tiempo que ha explicado que, en el caso de Galicia, por ejemplo, la financiación del Plan Concertado, que forma parte del Programa de Servicios Sociales, se ha recortado en 800.000 euros, lo que supone una rebaja del 9,9 por ciento.
Así, la conselleira ha censurado que, aunque la financiación social de la Xunta a los ayuntamientos crece alrededor de dos millones con respecto al año pasado, hasta los 49 millones de euros, el Gobierno asfixia de esta forma a las Comunidades Autónomas, obligándolas por una parte a cumplir con lo pactado respecto a la Ley de Dependencia y, por otra, a dar la cara frente a los ciudadanos.
RECORTES
De esta manera, ha remarcado que, como ejemplo, la Xunta está haciendo frente a un 70 por ciento de financiación de la Ley de Dependencia, cuando los acuerdos suscritos estipulaban el reparto equilibrado de la misma entre Estado y autonomías, y ha referido los recortes a los que el Ministerio está procediendo tanto en el Plan nacional de Discapacidad, reducido un 40 por ciento, como en el Plan destinado a la Infancia, que ha sufrido un recorte del 12 por ciento.
Un tijeretazo que ha supuesto además, según Mato, la cancelación a nivel nacional del Plan Gerontológico y que mantiene el Plan destinado a la etnia gitana con la misma aportación, congelada, desde hace años y años. "En este caso concreto, por ejemplo, en el año 2010 la Xunta aportó 700.000 euros mientras el Estado sólo puso 70.000", ha resaltado.
"Al final, la constatación a la que llegas es que el Gobierno socialista apuesta más si cabe por las palabras que por los presupuestos, es decir, que no acompaña para nada sus declaraciones con lo que luego la realidad es", ha subrayado, de tal manera que las CC.AA. se ven abocadas "a dar respuestas a las necesidades esenciales que cada año son más crecientes 'por parte de los vecinos, pero con la asfixia a la que nos somete el Gobierno central".
En este sentido, además, la titular de Benestar ha advertido de que este recorte del diez por ciento en materias sociales puede redundar en la "pérdida de puestos de trabajo en atención social dentro de los concejos". "No puede ser verdad que se abandere la defensa de las políticas sociales cuando no están acompañadas de presupuestos. Estos no son los momentos para recortar, porque hay unos compromisos adquiridos y están asfixiando a las comunidades", ha remarcado.
Fuente : europapress.es
La conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, ha manifestado este jueves, tras la celebración en Madrid de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales presidida por la ministra de Sanidad y Política Social, Leire Pajín, que "no valen las declaraciones positivas" del Gobierno en relación a las políticas sociales cuando, después en la práctica, lo que se hace es "rebajar la financiación" del Plan Concertado casi un 10 por ciento.
Mato ha advertido al Gobierno de que "no valen las palabras" cuando "los hechos" evidencian una realidad "muy diferente", al tiempo que ha explicado que, en el caso de Galicia, por ejemplo, la financiación del Plan Concertado, que forma parte del Programa de Servicios Sociales, se ha recortado en 800.000 euros, lo que supone una rebaja del 9,9 por ciento.
Así, la conselleira ha censurado que, aunque la financiación social de la Xunta a los ayuntamientos crece alrededor de dos millones con respecto al año pasado, hasta los 49 millones de euros, el Gobierno asfixia de esta forma a las Comunidades Autónomas, obligándolas por una parte a cumplir con lo pactado respecto a la Ley de Dependencia y, por otra, a dar la cara frente a los ciudadanos.
RECORTES
De esta manera, ha remarcado que, como ejemplo, la Xunta está haciendo frente a un 70 por ciento de financiación de la Ley de Dependencia, cuando los acuerdos suscritos estipulaban el reparto equilibrado de la misma entre Estado y autonomías, y ha referido los recortes a los que el Ministerio está procediendo tanto en el Plan nacional de Discapacidad, reducido un 40 por ciento, como en el Plan destinado a la Infancia, que ha sufrido un recorte del 12 por ciento.
Un tijeretazo que ha supuesto además, según Mato, la cancelación a nivel nacional del Plan Gerontológico y que mantiene el Plan destinado a la etnia gitana con la misma aportación, congelada, desde hace años y años. "En este caso concreto, por ejemplo, en el año 2010 la Xunta aportó 700.000 euros mientras el Estado sólo puso 70.000", ha resaltado.
"Al final, la constatación a la que llegas es que el Gobierno socialista apuesta más si cabe por las palabras que por los presupuestos, es decir, que no acompaña para nada sus declaraciones con lo que luego la realidad es", ha subrayado, de tal manera que las CC.AA. se ven abocadas "a dar respuestas a las necesidades esenciales que cada año son más crecientes 'por parte de los vecinos, pero con la asfixia a la que nos somete el Gobierno central".
En este sentido, además, la titular de Benestar ha advertido de que este recorte del diez por ciento en materias sociales puede redundar en la "pérdida de puestos de trabajo en atención social dentro de los concejos". "No puede ser verdad que se abandere la defensa de las políticas sociales cuando no están acompañadas de presupuestos. Estos no son los momentos para recortar, porque hay unos compromisos adquiridos y están asfixiando a las comunidades", ha remarcado.
Fuente : europapress.es
ALICANTE - MÁS DE 2.800 ILICITANOS A LA ESPERA DE RECIBIR AYUDAS DE LA LEY
Más de 2.800 ilicitanos, a la espera de recibir ayudas de la Ley
Un total de 2.826 personas aún no han percibido en Elche las prestaciones reconocidas por la Ley de Dependencia, a las que se suman los 1.018 dependientes que murieron en el municipio a la espera de la resolución de la Generalitat desde 2007.
Así lo ha asegurado hoy a EFE la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Elche, Vicenta Pérez, quien ha calificado de "vergonzoso" y "deplorable" que la Administración autonómica "todavía no haya resuelto los casos de los grandes dependientes -grado tres-, cuando la Ley entró en vigor en enero de 2007".
Pérez ha precisado que la localidad ilicitana cuenta con 826 dependientes con el Programa Individualizado de Atención (PIA) tramitado y a la espera de la "resolución definitiva" por parte de la Conselleria de Bienestar Social, aprobación que "daría lugar al pago" de las ayudas.
De éstos, 204 continúan pendientes de resolución desde 2007; 193, desde 2008; 329, desde 2009, y 100, desde 2010, todos ellos con una dependencia reconocida por la Conselleria de grado tres y dos.
Según Pérez, "a estas 826 personas se suman otras 2.000 que todavía no cuentan con el PIA y, por lo tanto, se encuentran en diferentes trámites administrativos".
Respecto a los dependientes que ya perciben las ayudas, ha señalado que son un total de 1.007.
Por ello, ha solicitado a la Generalitat que "cumpla con el plazo de seis meses exigido por la Ley para la tramitación y resolución de las solicitudes".
Un requerimiento que "ratificó de nuevo" el Consejo Territorial de la Dependencia -dependiente del Gobierno central- en julio de 2010, por el que "todas las comunidades autónomas quedaban obligadas a resolver las solicitudes en un plazo de seis meses desde la fecha de presentación de las mismas", según la concejala.
Pérez ha demandado también al Consell el "reconocimiento" de los efectos retroactivos en la Comunitat, ya que, según ha denunciado, "los dependientes comienzan a percibir la ayuda desde la fecha de resolución del PIA, y no desde el momento en que presentaron la solicitud".
Sobre la puesta en funcionamiento por parte del consistorio ilicitano de la oficina de asesoramiento jurídico a los dependientes en julio de 2008, la edil ha concretado que un total de mil personas han sido atendidas.
Por su parte, la abogada y responsable de esta oficina, Pilar Peña, se ha referido a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo por la que la Generalitat de Catalunya "deberá hacer frente al pago de los retrasos en la Ley de Dependencia desde el 1 de enero de 2007", momento de la entrada en vigor de la normativa.
"Esta sentencia va a permitir que el resto de comunidades autónomas traten de acogerse a la misma por la vía del recurso de casación por unificación de doctrina en los casos en los que se haya presentado recurso", según Peña, para quien la resolución es "una muy buena noticia".
Fuente : abc.es
Un total de 2.826 personas aún no han percibido en Elche las prestaciones reconocidas por la Ley de Dependencia, a las que se suman los 1.018 dependientes que murieron en el municipio a la espera de la resolución de la Generalitat desde 2007.
Así lo ha asegurado hoy a EFE la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Elche, Vicenta Pérez, quien ha calificado de "vergonzoso" y "deplorable" que la Administración autonómica "todavía no haya resuelto los casos de los grandes dependientes -grado tres-, cuando la Ley entró en vigor en enero de 2007".
Pérez ha precisado que la localidad ilicitana cuenta con 826 dependientes con el Programa Individualizado de Atención (PIA) tramitado y a la espera de la "resolución definitiva" por parte de la Conselleria de Bienestar Social, aprobación que "daría lugar al pago" de las ayudas.
De éstos, 204 continúan pendientes de resolución desde 2007; 193, desde 2008; 329, desde 2009, y 100, desde 2010, todos ellos con una dependencia reconocida por la Conselleria de grado tres y dos.
Según Pérez, "a estas 826 personas se suman otras 2.000 que todavía no cuentan con el PIA y, por lo tanto, se encuentran en diferentes trámites administrativos".
Respecto a los dependientes que ya perciben las ayudas, ha señalado que son un total de 1.007.
Por ello, ha solicitado a la Generalitat que "cumpla con el plazo de seis meses exigido por la Ley para la tramitación y resolución de las solicitudes".
Un requerimiento que "ratificó de nuevo" el Consejo Territorial de la Dependencia -dependiente del Gobierno central- en julio de 2010, por el que "todas las comunidades autónomas quedaban obligadas a resolver las solicitudes en un plazo de seis meses desde la fecha de presentación de las mismas", según la concejala.
Pérez ha demandado también al Consell el "reconocimiento" de los efectos retroactivos en la Comunitat, ya que, según ha denunciado, "los dependientes comienzan a percibir la ayuda desde la fecha de resolución del PIA, y no desde el momento en que presentaron la solicitud".
Sobre la puesta en funcionamiento por parte del consistorio ilicitano de la oficina de asesoramiento jurídico a los dependientes en julio de 2008, la edil ha concretado que un total de mil personas han sido atendidas.
Por su parte, la abogada y responsable de esta oficina, Pilar Peña, se ha referido a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo por la que la Generalitat de Catalunya "deberá hacer frente al pago de los retrasos en la Ley de Dependencia desde el 1 de enero de 2007", momento de la entrada en vigor de la normativa.
"Esta sentencia va a permitir que el resto de comunidades autónomas traten de acogerse a la misma por la vía del recurso de casación por unificación de doctrina en los casos en los que se haya presentado recurso", según Peña, para quien la resolución es "una muy buena noticia".
Fuente : abc.es
CALDERA PIDE MÁS COMPROMISO A VALCARCEL
El ex ministro de Trabajo Jesús Caldera pide más compromiso a Valcárcel con la Ley de Dependencia
La Región “necesita un profundo cambio que mejore las perspectivas de futuro de los ciudadanos y que consolide los grandes rasgos del estado de bienestar”, que “en esta comunidad tiene menos intensidad que en otras”, atendiendo, por ejemplo, a la implantación de la Ley de Dependencia”.
En este sentido, indicó que “la gestión conservadora del Gobierno regional tiene otras prioridades”, y “creo que debe tener más en cuenta que los ciudadanos quieren que se apliquen los recursos públicos para la corrección de las desigualdades sociales”.
Caldera aseguró que como paradigma de la mala aplicación de la Ley de Dependencia, cabe destacar que en la Región de Murcia “no se ha reconocido la figura de ningún asistente personal, que necesitan muchas personas discapacitadas para trabajar, para realizarse como los demás, para poder ser útiles a la economía y al conjunto de la sociedad”, mientras que en otras comunidades sí.
Para el ex ministro, el Gobierno regional ha realizado una aplicación “poco comprometida”, ya que según el Observatorio de la Ley de Dependencia las comunidades que menos invierten en dependencia son Canarias, Valencia, Murcia, Madrid y Baleares. Así, pidió un “esfuerzo de inversión y que no se quejen al Gobierno, que siempre lo usan como ‘cabeza de turco’, y que asuman sus responsabilidades”.
Además, puntualizó que Murcia tiene una característica muy particular, y es que, además de que es una de las que menos invierte, es de las que “más tarda en tramitar expedientes y que tiene mayor número de personas que deberían ser receptores de esta ayuda y no lo son”, según datos del Observatorio.
Aunque para Caldera, lo más preocupantes es que de las ayudas que se dan a 11.000 personas el 95% de éstas la reciben como compensaciones económicas, que estaban previstas en su origen con carácter extraordinario y excepcional para familiares que desde hace mucho tiempo venían cubriendo los servicios públicos en la atención a mayores y discapacitados.
Estas ayudas, que son modestas, suponen prácticamente la aportación del Estado, lo que quiere decir que “la Región no aporta prácticamente nada”, y que además “falta una red de servicios sociales” fundamental para las personas dependientes, que además son una fuente generadora de empleo.
Por esto, hace falta más compromiso, porque “hay un gran retraso en la aplicación” y se “dan menos servicios” y de ello es responsable el Gobierno regional.
Noticia completa en Fuente : teleprensa.es
La Región “necesita un profundo cambio que mejore las perspectivas de futuro de los ciudadanos y que consolide los grandes rasgos del estado de bienestar”, que “en esta comunidad tiene menos intensidad que en otras”, atendiendo, por ejemplo, a la implantación de la Ley de Dependencia”.
En este sentido, indicó que “la gestión conservadora del Gobierno regional tiene otras prioridades”, y “creo que debe tener más en cuenta que los ciudadanos quieren que se apliquen los recursos públicos para la corrección de las desigualdades sociales”.
Caldera aseguró que como paradigma de la mala aplicación de la Ley de Dependencia, cabe destacar que en la Región de Murcia “no se ha reconocido la figura de ningún asistente personal, que necesitan muchas personas discapacitadas para trabajar, para realizarse como los demás, para poder ser útiles a la economía y al conjunto de la sociedad”, mientras que en otras comunidades sí.
Para el ex ministro, el Gobierno regional ha realizado una aplicación “poco comprometida”, ya que según el Observatorio de la Ley de Dependencia las comunidades que menos invierten en dependencia son Canarias, Valencia, Murcia, Madrid y Baleares. Así, pidió un “esfuerzo de inversión y que no se quejen al Gobierno, que siempre lo usan como ‘cabeza de turco’, y que asuman sus responsabilidades”.
Además, puntualizó que Murcia tiene una característica muy particular, y es que, además de que es una de las que menos invierte, es de las que “más tarda en tramitar expedientes y que tiene mayor número de personas que deberían ser receptores de esta ayuda y no lo son”, según datos del Observatorio.
Aunque para Caldera, lo más preocupantes es que de las ayudas que se dan a 11.000 personas el 95% de éstas la reciben como compensaciones económicas, que estaban previstas en su origen con carácter extraordinario y excepcional para familiares que desde hace mucho tiempo venían cubriendo los servicios públicos en la atención a mayores y discapacitados.
Estas ayudas, que son modestas, suponen prácticamente la aportación del Estado, lo que quiere decir que “la Región no aporta prácticamente nada”, y que además “falta una red de servicios sociales” fundamental para las personas dependientes, que además son una fuente generadora de empleo.
Por esto, hace falta más compromiso, porque “hay un gran retraso en la aplicación” y se “dan menos servicios” y de ello es responsable el Gobierno regional.
Noticia completa en Fuente : teleprensa.es
C.VALENCIANA - SUCH ASEGURA QUE EL 60% DE LOS DEPENDIENTES SON ATENDIDOS
Such asegura que el 60% de los dependientes reconocidos son atendidos
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, ha afirmado hoy que el 60 por ciento de los dependientes que tienen su reconocida su situación son atendidas con un recurso.
Tras inaugurar unas jornadas sobre pobreza y exclusión organizadas por la Sindicatura de Greuges en la Universidad de Alicante, Such ha señalado que prácticamente el cien por cien de las solicitudes de valoración se han efectuado mientras que entre quienes tienen reconocidos el derecho se atienden a seis de cada diez.
Ha puesto de manifiesto que en los tres años de aplicación de la Ley de la Dependencia se ha pasado de tener unas 9.000 personas atendidas a 39.200 actualmente, con un presupuesto anual de 300 millones de euros, de los que sólo se han recibido unos cien del Gobierno central.
Such ha recordado que la citada ley establece que las comunidades autónomas y el Estado deben sufragar los servicios al 50 por ciento, lo cual "no está ocurriendo", según reconoce el comité de expertos encargado por el Congreso de los Diputados.
Por ello, ha declarado que está "convencida en que si la financiación fuera la correcta (por parte del Gobierno central) se podrían abordar mayores reconocimientos en menos tiempo".
Such ha incidido en que, al igual que el resto de regiones, la Comunitat Valenciana hace "un enorme esfuerzo" para aplicar la Ley de la Dependencia, y ha negado que iniciativas como la apertura de servicios gratuitos de abogados, por parte de los Colegios profesionales de Alicante y Valencia, "pongan en solfa" la asistencia que se presta desde el Consell.
Preguntada por una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la que establece la retroactividad de la aplicación de la ley, ha señalado que en la Comunitat Valenciana "se abona la retroactividad a quienes acreditan haber tenido un gasto desde que se solicitó" la situación de dependencia.
Además, ha apuntado que en la futura normativa, cuya elaboración está en la fase terminal, se reconocerá la dependencia en seis meses y se prevé la retroactividad.
Fuente : abc.es
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, ha afirmado hoy que el 60 por ciento de los dependientes que tienen su reconocida su situación son atendidas con un recurso.
Tras inaugurar unas jornadas sobre pobreza y exclusión organizadas por la Sindicatura de Greuges en la Universidad de Alicante, Such ha señalado que prácticamente el cien por cien de las solicitudes de valoración se han efectuado mientras que entre quienes tienen reconocidos el derecho se atienden a seis de cada diez.
Ha puesto de manifiesto que en los tres años de aplicación de la Ley de la Dependencia se ha pasado de tener unas 9.000 personas atendidas a 39.200 actualmente, con un presupuesto anual de 300 millones de euros, de los que sólo se han recibido unos cien del Gobierno central.
Such ha recordado que la citada ley establece que las comunidades autónomas y el Estado deben sufragar los servicios al 50 por ciento, lo cual "no está ocurriendo", según reconoce el comité de expertos encargado por el Congreso de los Diputados.
Por ello, ha declarado que está "convencida en que si la financiación fuera la correcta (por parte del Gobierno central) se podrían abordar mayores reconocimientos en menos tiempo".
Such ha incidido en que, al igual que el resto de regiones, la Comunitat Valenciana hace "un enorme esfuerzo" para aplicar la Ley de la Dependencia, y ha negado que iniciativas como la apertura de servicios gratuitos de abogados, por parte de los Colegios profesionales de Alicante y Valencia, "pongan en solfa" la asistencia que se presta desde el Consell.
Preguntada por una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la que establece la retroactividad de la aplicación de la ley, ha señalado que en la Comunitat Valenciana "se abona la retroactividad a quienes acreditan haber tenido un gasto desde que se solicitó" la situación de dependencia.
Además, ha apuntado que en la futura normativa, cuya elaboración está en la fase terminal, se reconocerá la dependencia en seis meses y se prevé la retroactividad.
Fuente : abc.es
C.VALENCIANA - LOS CUIDADORES PODRÁN REALIZAR CURSOS POR INTERNET A PARTIR DE FEBRERO
Los cuidadores no profesionales de dependientes podrán realizar cursos por Internet a partir de febrero.
Bienestar Social pone en marcha dos ediciones de formación a distancia
El objetivo es facilitar a los familiares y cuidadores el acceso a los cursos sin tener que desplazarse
A lo largo de este año se impartirán 8 cursos on line con un total de 320 plazas
La Conselleria de Bienestar Social ha puesto en marcha dos ediciones on line de los cursos para cuidadores no profesionales de personas dependientes, que a partir del próximo 15 de febrero permitirá la formación a distancia de 320 cuidadores.
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, ha explicado que el objetivo de estos cursos “es facilitar a los familiares y cuidadores el acceso a la formación sin tener que desplazarse del domicilio y por tanto seguir atendiendo a la persona dependiente. Se trata de ofrecer una alternativa a los cursos presenciales”.
La Conselleria va a realizar dos ediciones este año, con cuatro cursos y 40 alumnos por curso en cada una de ellas. Como en el caso de los cursos presenciales, contarán con un contenido adaptado a cuatro tipos de dependencia: dependencia derivada de enfermedad física o personas mayores, discapacidad psíquica e intelectual, discapacidad física o sensorial, y enfermedad mental grave.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Dependencia respecto a la promoción de programas y acciones formativas, los cursos puestos en marcha por Bienestar Social ofrecen al cuidador no profesional información y formación que contribuya a mejorar la calidad de vida tanto de la persona a la que atienden como a la suya propia, “de forma que la persona dependiente reciba una atención de calidad en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social” ha subrayado Angélica Such.
Durante el pasado año, se impartieron 327 cursos presenciales en diferentes municipios de la Comunitat Valenciana, formando a más de 5.400 cuidadores no profesionales de personas con dependencia.
Requisitos e inscripción
Para poder realizar los cursos on line se requiere ser cuidador de persona dependiente al que se le ha notificado la resolución PIA (Programa Individual de Atención), que le reconoce la prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyo al cuidador no profesional.
Las inscripciones se pueden realizar a través de la página web de la Conselleria de Bienestar Social, donde se encuentra toda la información necesaria en el acceso directo al curso de cuidadores dentro del área de dependencia.
Una vez inscritos en el curso que se haya elegido, el solicitante recibirá un mensaje de confirmación con instrucciones de cómo acceder al mismo, junto al nombre del usuario y la contraseña.
Asimismo, la inscripción puede realizarse a través del teléfono de la Dependencia de la Generalitat Valenciana, 900 100 880, o a través de los Servicios Municipales de Atención a la Dependencia.
Fuente : elperiodic.com
Bienestar Social pone en marcha dos ediciones de formación a distancia
El objetivo es facilitar a los familiares y cuidadores el acceso a los cursos sin tener que desplazarse
A lo largo de este año se impartirán 8 cursos on line con un total de 320 plazas
La Conselleria de Bienestar Social ha puesto en marcha dos ediciones on line de los cursos para cuidadores no profesionales de personas dependientes, que a partir del próximo 15 de febrero permitirá la formación a distancia de 320 cuidadores.
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, ha explicado que el objetivo de estos cursos “es facilitar a los familiares y cuidadores el acceso a la formación sin tener que desplazarse del domicilio y por tanto seguir atendiendo a la persona dependiente. Se trata de ofrecer una alternativa a los cursos presenciales”.
La Conselleria va a realizar dos ediciones este año, con cuatro cursos y 40 alumnos por curso en cada una de ellas. Como en el caso de los cursos presenciales, contarán con un contenido adaptado a cuatro tipos de dependencia: dependencia derivada de enfermedad física o personas mayores, discapacidad psíquica e intelectual, discapacidad física o sensorial, y enfermedad mental grave.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Dependencia respecto a la promoción de programas y acciones formativas, los cursos puestos en marcha por Bienestar Social ofrecen al cuidador no profesional información y formación que contribuya a mejorar la calidad de vida tanto de la persona a la que atienden como a la suya propia, “de forma que la persona dependiente reciba una atención de calidad en todos los ámbitos de su vida personal, familiar y social” ha subrayado Angélica Such.
Durante el pasado año, se impartieron 327 cursos presenciales en diferentes municipios de la Comunitat Valenciana, formando a más de 5.400 cuidadores no profesionales de personas con dependencia.
Requisitos e inscripción
Para poder realizar los cursos on line se requiere ser cuidador de persona dependiente al que se le ha notificado la resolución PIA (Programa Individual de Atención), que le reconoce la prestación económica para cuidados en el medio familiar y apoyo al cuidador no profesional.
Las inscripciones se pueden realizar a través de la página web de la Conselleria de Bienestar Social, donde se encuentra toda la información necesaria en el acceso directo al curso de cuidadores dentro del área de dependencia.
Una vez inscritos en el curso que se haya elegido, el solicitante recibirá un mensaje de confirmación con instrucciones de cómo acceder al mismo, junto al nombre del usuario y la contraseña.
Asimismo, la inscripción puede realizarse a través del teléfono de la Dependencia de la Generalitat Valenciana, 900 100 880, o a través de los Servicios Municipales de Atención a la Dependencia.
Fuente : elperiodic.com
EXTREMADURA - JUNTA Y AYUNTAMIENTOS FINANCIARÁN PLAZAS EN CENTROS
Junta y ayuntamientos financiarán plazas de mayores dependientes en centros
La Consejería de Sanidad y Dependencia, a través del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), suscribirá convenios de colaboración con los ayuntamientos de Puebla de Alcocer, Torrecilla de los Ángeles, Aliseda, Pescueza y Alange para financiar plazas para mayores en situación de dependencia.
En una nota, la Junta señala que así se decidió en la última reunión del Consejo de Gobierno.
Concretamente, se destinarán más de 725.000 euros para atender a estos mayores en los centros de día y los centros residenciales de titularidad municipal, respectivamente, mediante expediente de gasto anticipado.
A través de estos convenios se establecen los términos de colaboración entre la Administración autonómica y las citadas administraciones locales para la financiación y mantenimiento de estas plazas por un periodo que comprende los años 2011 y 2012.
En el caso de Alange y Pescueza, el convenio se destina al mantenimiento de plazas para personas mayores en situación de dependencia en los centros de día de titularidad municipal, con un importe para cada uno que supera los 82.000 euros para los ejercicios 2011 y 2012.
La localidad de Torrecilla de los Ángeles firmará el convenio para destinarlo al mantenimiento de estas plazas en su Centro de Día y su Centro Residencial, para ello recibirá una cuantía, por parte de la Junta de Extremadura, superior a los 152.000 euros para las dos anualidades citadas.
Por su parte, el convenio a suscribir con las poblaciones de Aliseda y Puebla de Alcocer se destinarán a plazas de mayores en situación de dependencia de los centros residenciales de ambas localidades.
En el caso de Puebla de Alcocer, el convenio se firma con un importe de 107.500 euros, mientras que para Aliseda la cuantía asciende a 301.000 euros.
En ambos casos se trata de un periodo de dos años, añade la Junta.
De acuerdo con la Ley 5/1987, de 23 de abril, de Servicios Sociales, corresponde a la Junta de Extremadura la planificación de los servicios sociales existentes en la Comunidad Autónoma, así como la coordinación con los adscritos a otras áreas o administraciones, como se pone de manifiesto con esta cooperación con los citados ayuntamientos, actuando bajo criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos.
Asimismo, con esta actuación se pone de manifiesto el compromiso de los poderes públicos, tanto autonómicos como locales, de promover los recursos necesarios para hacer efectivo un sistema de Servicios Sociales de calidad
Fuente : abc.es
La Consejería de Sanidad y Dependencia, a través del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), suscribirá convenios de colaboración con los ayuntamientos de Puebla de Alcocer, Torrecilla de los Ángeles, Aliseda, Pescueza y Alange para financiar plazas para mayores en situación de dependencia.
En una nota, la Junta señala que así se decidió en la última reunión del Consejo de Gobierno.
Concretamente, se destinarán más de 725.000 euros para atender a estos mayores en los centros de día y los centros residenciales de titularidad municipal, respectivamente, mediante expediente de gasto anticipado.
A través de estos convenios se establecen los términos de colaboración entre la Administración autonómica y las citadas administraciones locales para la financiación y mantenimiento de estas plazas por un periodo que comprende los años 2011 y 2012.
En el caso de Alange y Pescueza, el convenio se destina al mantenimiento de plazas para personas mayores en situación de dependencia en los centros de día de titularidad municipal, con un importe para cada uno que supera los 82.000 euros para los ejercicios 2011 y 2012.
La localidad de Torrecilla de los Ángeles firmará el convenio para destinarlo al mantenimiento de estas plazas en su Centro de Día y su Centro Residencial, para ello recibirá una cuantía, por parte de la Junta de Extremadura, superior a los 152.000 euros para las dos anualidades citadas.
Por su parte, el convenio a suscribir con las poblaciones de Aliseda y Puebla de Alcocer se destinarán a plazas de mayores en situación de dependencia de los centros residenciales de ambas localidades.
En el caso de Puebla de Alcocer, el convenio se firma con un importe de 107.500 euros, mientras que para Aliseda la cuantía asciende a 301.000 euros.
En ambos casos se trata de un periodo de dos años, añade la Junta.
De acuerdo con la Ley 5/1987, de 23 de abril, de Servicios Sociales, corresponde a la Junta de Extremadura la planificación de los servicios sociales existentes en la Comunidad Autónoma, así como la coordinación con los adscritos a otras áreas o administraciones, como se pone de manifiesto con esta cooperación con los citados ayuntamientos, actuando bajo criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos.
Asimismo, con esta actuación se pone de manifiesto el compromiso de los poderes públicos, tanto autonómicos como locales, de promover los recursos necesarios para hacer efectivo un sistema de Servicios Sociales de calidad
Fuente : abc.es
GALICIA - LOS GERIÁTRICOS TEMEN QUE LA INTERVENCIÓN DEL JUEZ RETRASE INTERNAMIENTO
Los geriátricos temen que la intervención del juez retrase los internamientos urgentes
Los directores de las residencias aplauden la decisión de la Fiscalía al ofrecer "garantías" en los ingresos de ancianos con demencia
"La medida es positiva porque mejora el control de los internamientos de ancianos con demencia".
Carlos André Sa, director del Hogar Residencial La Perlica, resumía ayer la postura de los centros de la tercera edad de Vigo y su entorno sobre la decisión de la Fiscalía de que un juez tenga que ratificar los ingresos en geriátricos de mayores con demencia.
Las residencias consideran que así se ofrecen mayores "garantías" al anciano, pero también temen que casos de "ingreso inmediato" puedan retrasarse por el proceso.
Aunque existe una vía de urgencia que fija un marco de 48 horas para concluir los trámites de ingreso, algunas residencias recelan de la falta de agilidad de la Administración.
"Hay casos en los que el ingreso tiene que ser inmediato. Mientras eso no se decide, ¿dónde va a esar el anciano?", se preguntaba ayer Miguel Escudero, responsable de la residencia Alondra de Mos.
De opinión similar es Elvira Rivada, presidenta de la Asociación de Mayores Ascem y directora de los centros de día Virgen del Rocío I y II, quien avisa de que "lo primero es dar atención al anciano y después notificar a la Fiscalía los problemas que se pudieran detectar".
Algunos centros, como la Residencia Geriátrica de Salvatierra, se adelantaron al Ministerio Público y empezaron a exigir la verificación de un juez en julio.
"No estaba legislado de manera específica para las residencias, pero sí para el internamiento no voluntario en centros psiquiátricos -explica Lourdes Otero, responsable del geriátrico de Salvatierra- Nosotros entendimos que el caso de centros como el nuestro era extensible y decidimos pedir la ratificación judicial".
Ese mismo razonamiento es el que sigue el oficio de la Fiscalía, en el que se alude a la Ley de Dependencia y la de Servicios Sociales de Galicia.
La similitud entre los ingresos no voluntarios en psiquiátricos y el de mayores con demencia en geriátricos se constata en el propio proceso.
En ambos procesos el juzgado moviliza una comisión judicial formada por un juez, un secretario y un forense que se entrevistan con el anciano para determinar su internamiento. En este último caso es necesario además que la residencia aporte un informe médico que "acredite el deterioro de la capacidad cognitiva del usuario", un informe social y otro psicológico.
Ese adelanto a la norma le permitió a la Residencia Geriátrica Salvatierra constatar antes que nadie la oposición de los magistrados. "Al principio nos encontramos con problemas por parte del juzgado, ya que no estimaba resolver nuestras peticiones". Fue necesario un recurso ante la Audiencia Provincial para que el centro notase "más colaboración y celeridad". Desde entonces, en algo más de medio año, el centro solicitó ratificaciones judiciales en una veintena de casos.
"Hay que concienciar a las familias y explicarles que este trámite le ofrece seguridad al proceso", apunta Otero. La experiencia acumulada por su centro le ha permitido comprobar que muchos familiares se "muestran reticentes" a acudir al juzgado sin atender a las "garantías" que se obtienen con ello. "Buscamos salvaguardar el derecho del anciano, ya que de no ser así podríamos estar incurriendo en una detención ilegal", explica la responsable del geriátrico.
Otros centros, como la Residencia Albi-Beade, con 42 residentes, que recibieron la notificación de la Fiscalía en noviembre, se preparan para aplicarla convencidos de que "supone un paso en la protección de los derechos de los ancianos".
Para ello, en función de su emplazamiento, contarán con los juzgados de Vigo (y O Valmiñor), Redondela, Ponteareas, Tui y O Porriño, los cinco departamentos judiciales que recibieron hace dos meses el oficio de la Sección de Discapacidad de la Fiscalía de Vigo
Fuente : farodevigo.es
Los directores de las residencias aplauden la decisión de la Fiscalía al ofrecer "garantías" en los ingresos de ancianos con demencia
"La medida es positiva porque mejora el control de los internamientos de ancianos con demencia".
Carlos André Sa, director del Hogar Residencial La Perlica, resumía ayer la postura de los centros de la tercera edad de Vigo y su entorno sobre la decisión de la Fiscalía de que un juez tenga que ratificar los ingresos en geriátricos de mayores con demencia.
Las residencias consideran que así se ofrecen mayores "garantías" al anciano, pero también temen que casos de "ingreso inmediato" puedan retrasarse por el proceso.
Aunque existe una vía de urgencia que fija un marco de 48 horas para concluir los trámites de ingreso, algunas residencias recelan de la falta de agilidad de la Administración.
"Hay casos en los que el ingreso tiene que ser inmediato. Mientras eso no se decide, ¿dónde va a esar el anciano?", se preguntaba ayer Miguel Escudero, responsable de la residencia Alondra de Mos.
De opinión similar es Elvira Rivada, presidenta de la Asociación de Mayores Ascem y directora de los centros de día Virgen del Rocío I y II, quien avisa de que "lo primero es dar atención al anciano y después notificar a la Fiscalía los problemas que se pudieran detectar".
Algunos centros, como la Residencia Geriátrica de Salvatierra, se adelantaron al Ministerio Público y empezaron a exigir la verificación de un juez en julio.
"No estaba legislado de manera específica para las residencias, pero sí para el internamiento no voluntario en centros psiquiátricos -explica Lourdes Otero, responsable del geriátrico de Salvatierra- Nosotros entendimos que el caso de centros como el nuestro era extensible y decidimos pedir la ratificación judicial".
Ese mismo razonamiento es el que sigue el oficio de la Fiscalía, en el que se alude a la Ley de Dependencia y la de Servicios Sociales de Galicia.
La similitud entre los ingresos no voluntarios en psiquiátricos y el de mayores con demencia en geriátricos se constata en el propio proceso.
En ambos procesos el juzgado moviliza una comisión judicial formada por un juez, un secretario y un forense que se entrevistan con el anciano para determinar su internamiento. En este último caso es necesario además que la residencia aporte un informe médico que "acredite el deterioro de la capacidad cognitiva del usuario", un informe social y otro psicológico.
Ese adelanto a la norma le permitió a la Residencia Geriátrica Salvatierra constatar antes que nadie la oposición de los magistrados. "Al principio nos encontramos con problemas por parte del juzgado, ya que no estimaba resolver nuestras peticiones". Fue necesario un recurso ante la Audiencia Provincial para que el centro notase "más colaboración y celeridad". Desde entonces, en algo más de medio año, el centro solicitó ratificaciones judiciales en una veintena de casos.
"Hay que concienciar a las familias y explicarles que este trámite le ofrece seguridad al proceso", apunta Otero. La experiencia acumulada por su centro le ha permitido comprobar que muchos familiares se "muestran reticentes" a acudir al juzgado sin atender a las "garantías" que se obtienen con ello. "Buscamos salvaguardar el derecho del anciano, ya que de no ser así podríamos estar incurriendo en una detención ilegal", explica la responsable del geriátrico.
Otros centros, como la Residencia Albi-Beade, con 42 residentes, que recibieron la notificación de la Fiscalía en noviembre, se preparan para aplicarla convencidos de que "supone un paso en la protección de los derechos de los ancianos".
Para ello, en función de su emplazamiento, contarán con los juzgados de Vigo (y O Valmiñor), Redondela, Ponteareas, Tui y O Porriño, los cinco departamentos judiciales que recibieron hace dos meses el oficio de la Sección de Discapacidad de la Fiscalía de Vigo
Fuente : farodevigo.es
ASTURIAS - A PAGAR PLAZA EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA
Decenas de discapacitados pasarán a pagar su plaza en residencias y centros de día
La homegeneización de tarifas reducirá la cuantía que abonan «la mayoría de los usuarios», dicen en Servicios Sociales
Decenas de personas discapacitadas y dependientes pasarán a pagar por los servicios que recibían actualmente de modo gratuito o a precio de coste en residencias y centros de día especializados.
La razón de que tengan que pasar a abonar parte del coste de esos servicios es la regularización de tarifas prevista en el desarrollo de la propia ley de Dependencia, y que ha entrado en vigor este año, según explican en Servicios Sociales.
Entre los afectados se encuentran los 75 usuarios del Centro de Apoyo a la Integración La Unión de Salinas, y los que acudieran a los otros dos centros públicos de Oviedo en los que no se cobraba por los servicios. A ello se sumarán las personas que hasta ahora abonaban diversas tarifas de acuerdo con un sistema «un tanto anárquico», según reconocen en la propia Administración, y que verán incrementada su aportación con el pago de una tarifa fija mensual por los servicios recibidos.
«En el caso de mi hermana, cobraban una serie de gastos, o por las actividades que realizara, por los que nunca tuvimos una factura ni nada. Ahora nos dicen que tendrá que pagar el 72% de la pensión que cobra, lo que hace que le vaya a quedar ciento y pico euros al mes para el resto de gastos que tiene al mes», afirma la familiar de una avilesina con una dependencia de grado tres, la mayor de las contempladas en la ley, residente en un centro ovetense.
Mismos precios
En la administración reconocen que la situación ha generado un notable desconcierto entre los usuarios de los centros afectados, públicos y concertados, y sus familias. «Lo que ocurre es que se ha homogeneizado la fórmula.
Ahora todo el mundo pagará lo mismo por los mismos servicios, no sólo aquí en Asturias, sino en toda España», afirmaban desde la dirección del Centro de Apoyo a la Integración La Unión de Salinas.
En ese sentido, en el área de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Avilés indicaban que esa homogeneización de tarifas hará que «la mayoría de usuarios» vean ligeramente reducido el importe que venían abonando a los diversos centros a los que acudían en Avilés y en el resto de Asturias.
Un caso distinto es el de las residencias y centros de día de mayores que no sean dependientes. A estos casos no les afecta la regulación de tarifas que ha entrado en vigor este mes de enero.
Lo que sí reconocen en los Servicios Sociales municipales es que el modo en que se han explicado los pormenores del nuevo decreto a los usuarios de los centros y residencias no ha sido el más adecuado.
«La verdad es que tal vez la información que se les ha enviado sea un tanto farragosa», indicaban a preguntas de este diario acerca de los cinco folios en los que se explica con gran profusión de datos, porcentajes, baremos y ejemplos supuestamente clarificadores, cómo se calcula la tarifa a pagar por cada usuario
. «Te ponen un teléfono para aclarar dudas, pero las veces que he llamado, o comunicaba o no te cogen», protestaba una avilesina que desconoce cuánto va a tener que pagar su allegada a partir de ahora.
Fuente : elcomerciodigital.com
La homegeneización de tarifas reducirá la cuantía que abonan «la mayoría de los usuarios», dicen en Servicios Sociales
Decenas de personas discapacitadas y dependientes pasarán a pagar por los servicios que recibían actualmente de modo gratuito o a precio de coste en residencias y centros de día especializados.
La razón de que tengan que pasar a abonar parte del coste de esos servicios es la regularización de tarifas prevista en el desarrollo de la propia ley de Dependencia, y que ha entrado en vigor este año, según explican en Servicios Sociales.
Entre los afectados se encuentran los 75 usuarios del Centro de Apoyo a la Integración La Unión de Salinas, y los que acudieran a los otros dos centros públicos de Oviedo en los que no se cobraba por los servicios. A ello se sumarán las personas que hasta ahora abonaban diversas tarifas de acuerdo con un sistema «un tanto anárquico», según reconocen en la propia Administración, y que verán incrementada su aportación con el pago de una tarifa fija mensual por los servicios recibidos.
«En el caso de mi hermana, cobraban una serie de gastos, o por las actividades que realizara, por los que nunca tuvimos una factura ni nada. Ahora nos dicen que tendrá que pagar el 72% de la pensión que cobra, lo que hace que le vaya a quedar ciento y pico euros al mes para el resto de gastos que tiene al mes», afirma la familiar de una avilesina con una dependencia de grado tres, la mayor de las contempladas en la ley, residente en un centro ovetense.
Mismos precios
En la administración reconocen que la situación ha generado un notable desconcierto entre los usuarios de los centros afectados, públicos y concertados, y sus familias. «Lo que ocurre es que se ha homogeneizado la fórmula.
Ahora todo el mundo pagará lo mismo por los mismos servicios, no sólo aquí en Asturias, sino en toda España», afirmaban desde la dirección del Centro de Apoyo a la Integración La Unión de Salinas.
En ese sentido, en el área de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Avilés indicaban que esa homogeneización de tarifas hará que «la mayoría de usuarios» vean ligeramente reducido el importe que venían abonando a los diversos centros a los que acudían en Avilés y en el resto de Asturias.
Un caso distinto es el de las residencias y centros de día de mayores que no sean dependientes. A estos casos no les afecta la regulación de tarifas que ha entrado en vigor este mes de enero.
Lo que sí reconocen en los Servicios Sociales municipales es que el modo en que se han explicado los pormenores del nuevo decreto a los usuarios de los centros y residencias no ha sido el más adecuado.
«La verdad es que tal vez la información que se les ha enviado sea un tanto farragosa», indicaban a preguntas de este diario acerca de los cinco folios en los que se explica con gran profusión de datos, porcentajes, baremos y ejemplos supuestamente clarificadores, cómo se calcula la tarifa a pagar por cada usuario
. «Te ponen un teléfono para aclarar dudas, pero las veces que he llamado, o comunicaba o no te cogen», protestaba una avilesina que desconoce cuánto va a tener que pagar su allegada a partir de ahora.
Fuente : elcomerciodigital.com
ASTURIAS - YA ATIENDE LA DEPENDENCIA LEVE PESE AL RETRASO DEL DECRETO NACIONAL
Asturias ya atiende la dependencia leve pese al retraso del decreto nacional
Bienestar asegura que ya reconoce el derecho de 2.712 ciudadanos en esa situación, aunque el Gobierno central no ha aprobado aún la norma
La dependencia leve tiene ya atención en Asturias, aunque no así en el resto del país.
A diferencia de lo que ocurre en las demás comunidades autónomas, los asturianos que tengan acreditada una falta de autonomía personal de grado I y nivel 2 ya pueden acceder a las prestaciones y servicios que marca la Ley de la Dependencia.
Y ello, pese al parón nacional, puesto que el Gobierno central aún no ha aprobado el decreto que regula estas ayudas. Esta demora suma 27 días de retraso: tenía que haber entrado en vigor el 1 de enero pasado.
Pese a esa falta de reglamentación nacional, desvelada ayer por el diario El País, desde la Consejería de Bienestar Social y Vivienda se aseguró que en Asturias «ya se están reconociendo prestaciones y servicios para el nuevo grado», y el Principado lo hace pese «a que no se haya publicado el decreto, puesto que hay un acuerdo previo en vigor».
Se refiere la consejería al alcanzado en el Consejo Territorial de la Dependencia -el órgano que reúne a todos los responsables de Bienestar del país, bajo la presidencia de la ministra- el pasado mes de octubre. En ese momento, las administraciones central y regionales decidieron que desde el 1 de enero tendrían derecho a beneficiarse de la Ley de la Dependencia las personas con grado I y nivel 2, a la vez que retrasaban al 1 de enero de 2013 la entrada en el sistema de las personas con grado I y nivel 1.
A los beneficiarios de este año se les ofrece entre 21 y 30 horas mensuales de atención en ayuda a domicilio, y 25 horas semanales de atención en centros de día. En el caso de que no hubiera en la red público el servicio adecuado para los intereses del beneficiario, se acordó pagar 300 euros al mes para colaborar en el pago a un centro privado. Finalmente, a los que optasen por pagar a un familiar para que les cuide en casa, se decidió que la nómina no podría superar los 180 euros al mes.
Ese acuerdo requería un decreto posterior, que aún no ha elaborado el Gobierno central, aunque se espera que se dé luz verde al documento en la reunión del Consejo de Ministros de esta misma semana. Mientras, desde Asturias se insiste en que los 2.712 ciudadanos con ese grado reconocido no tienen problemas de acceso a los servicios. No obstante, el volumen de asturianos con derecho, pero sin servicio, supera las 3.000 personas.
Sin asistente personal
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales convocó ayer a los directores de servicios sociales de todo el país para «definir los servicios contemplados para la promoción de la autonomía personal».
Entre ellos, las personas con discapacidad reclaman la figura del asistente personal, previsto en la ley, pero aún no puesto en marcha en Asturias, donde no hay ninguno de los 747 contratados en todo el país. Desde los diferentes colectivos de personas con discapacidad y dependencia se insiste en que esa figura, la del asistente, es imprescindible para darles autonomía personal.
Fuente : elcomerciodigital.com
Bienestar asegura que ya reconoce el derecho de 2.712 ciudadanos en esa situación, aunque el Gobierno central no ha aprobado aún la norma
La dependencia leve tiene ya atención en Asturias, aunque no así en el resto del país.
A diferencia de lo que ocurre en las demás comunidades autónomas, los asturianos que tengan acreditada una falta de autonomía personal de grado I y nivel 2 ya pueden acceder a las prestaciones y servicios que marca la Ley de la Dependencia.
Y ello, pese al parón nacional, puesto que el Gobierno central aún no ha aprobado el decreto que regula estas ayudas. Esta demora suma 27 días de retraso: tenía que haber entrado en vigor el 1 de enero pasado.
Pese a esa falta de reglamentación nacional, desvelada ayer por el diario El País, desde la Consejería de Bienestar Social y Vivienda se aseguró que en Asturias «ya se están reconociendo prestaciones y servicios para el nuevo grado», y el Principado lo hace pese «a que no se haya publicado el decreto, puesto que hay un acuerdo previo en vigor».
Se refiere la consejería al alcanzado en el Consejo Territorial de la Dependencia -el órgano que reúne a todos los responsables de Bienestar del país, bajo la presidencia de la ministra- el pasado mes de octubre. En ese momento, las administraciones central y regionales decidieron que desde el 1 de enero tendrían derecho a beneficiarse de la Ley de la Dependencia las personas con grado I y nivel 2, a la vez que retrasaban al 1 de enero de 2013 la entrada en el sistema de las personas con grado I y nivel 1.
A los beneficiarios de este año se les ofrece entre 21 y 30 horas mensuales de atención en ayuda a domicilio, y 25 horas semanales de atención en centros de día. En el caso de que no hubiera en la red público el servicio adecuado para los intereses del beneficiario, se acordó pagar 300 euros al mes para colaborar en el pago a un centro privado. Finalmente, a los que optasen por pagar a un familiar para que les cuide en casa, se decidió que la nómina no podría superar los 180 euros al mes.
Ese acuerdo requería un decreto posterior, que aún no ha elaborado el Gobierno central, aunque se espera que se dé luz verde al documento en la reunión del Consejo de Ministros de esta misma semana. Mientras, desde Asturias se insiste en que los 2.712 ciudadanos con ese grado reconocido no tienen problemas de acceso a los servicios. No obstante, el volumen de asturianos con derecho, pero sin servicio, supera las 3.000 personas.
Sin asistente personal
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales convocó ayer a los directores de servicios sociales de todo el país para «definir los servicios contemplados para la promoción de la autonomía personal».
Entre ellos, las personas con discapacidad reclaman la figura del asistente personal, previsto en la ley, pero aún no puesto en marcha en Asturias, donde no hay ninguno de los 747 contratados en todo el país. Desde los diferentes colectivos de personas con discapacidad y dependencia se insiste en que esa figura, la del asistente, es imprescindible para darles autonomía personal.
Fuente : elcomerciodigital.com
CANARIAS - LUENGO DENUNCA "EXODO" DE CANARIOS HACIA COMUNIDADES DONDE SE APLICA LA LEY
Luengo denuncia ´un éxodo de canarios´ hacia comunidades ´donde se aplica la Ley de Dependencia´
La diputada del PSC asegura que Canarias perdió 35 millones por gestionar mal la norma
La diputada del Partido Socialista Canario (PSC), Francisca Luengo, denunció ayer que "se está produciendo un éxodo de canarios", según "algunos casos que me han llegado", hacia otras comunidades autónomas "donde sí se aplica la Ley de Dependencia".
La dirigente no aportó cifras concretas, pero insistió en que conoce personas que "tienen hijos viviendo en la península, en comunidades donde sí funciona la Ley, y se han planteado marcharse para poder ser atendidos de la forma en que no lo son aquí".
Luengo, que hizo esta denuncia en una rueda de prensa ofrecida en la capital grancanaria, señaló que esta situación "es la mayor bofetada que puede recibir el Gobierno canario".
La diputada insistió en que en Canarias "hay un atasco tremendo" en la aplicación de la norma y que, debido a ese retraso en estudiar cada caso de solicitantes de ayudas, el Archipiélago ha perdido 35 millones de euros que le habrían correspondido de estar más avanzados sus trámites.
Según explicó, "el reparto de los fondos para la dependencia se hace en función de los casos valorados y, como en Canarias no se valora, no se reciben los fondos que corresponden".
"Lo peor hoy, señaló, "es ser canario, dependiente y pobre" porque "el Gobierno no lo atenderá".
Fuente : laprovincia.es/canarias
La diputada del PSC asegura que Canarias perdió 35 millones por gestionar mal la norma
La diputada del Partido Socialista Canario (PSC), Francisca Luengo, denunció ayer que "se está produciendo un éxodo de canarios", según "algunos casos que me han llegado", hacia otras comunidades autónomas "donde sí se aplica la Ley de Dependencia".
La dirigente no aportó cifras concretas, pero insistió en que conoce personas que "tienen hijos viviendo en la península, en comunidades donde sí funciona la Ley, y se han planteado marcharse para poder ser atendidos de la forma en que no lo son aquí".
Luengo, que hizo esta denuncia en una rueda de prensa ofrecida en la capital grancanaria, señaló que esta situación "es la mayor bofetada que puede recibir el Gobierno canario".
La diputada insistió en que en Canarias "hay un atasco tremendo" en la aplicación de la norma y que, debido a ese retraso en estudiar cada caso de solicitantes de ayudas, el Archipiélago ha perdido 35 millones de euros que le habrían correspondido de estar más avanzados sus trámites.
Según explicó, "el reparto de los fondos para la dependencia se hace en función de los casos valorados y, como en Canarias no se valora, no se reciben los fondos que corresponden".
"Lo peor hoy, señaló, "es ser canario, dependiente y pobre" porque "el Gobierno no lo atenderá".
Fuente : laprovincia.es/canarias
miércoles, 26 de enero de 2011
CANARIAS - LUENGO CULPA AL GOBIERNO CANARIO DE PERDER 35 MILLONES PARA DEPENDENCIA
Luengo culpa al Gobierno canario de perder 35 millones para dependencia
La diputada socialista Francisca Luengo ha culpado hoy al Gobierno canario de "perder 35 millones de euros" para aplicar la Ley de Dependencia debido a su mala gestión de esa norma, que dijo empieza a provocar un "éxodo" de personas dependientes a otras comunidades donde sí les atienden.
Esa tendencia de los dependientes a buscar en otras regiones la asistencia que no se les presta en la Comunidad canaria, donde aseguró que hay miles de personas esperando desde hace dos años a que se evalúe su grado de dependencia en aplicación de la ley, "es la mayor bofetada que se puede llevar un gobierno" y la prueba de su mala gestión, afirmó Luengo en una rueda de prensa.
La diputada socialista insistió en que en Canarias "hay un atasco tremendo" en la Ley de Dependencia y en que, debido a ese retraso en estudiar cada caso de solicitantes de ayudas, el Archipiélago ha perdido los citados 35 millones de euros que le habrían correspondido de estar más avanzados sus trámites.
Ya que, según explicó, "el reparto de los fondos para la dependencia se hace en función de los casos valorados y, como en Canarias no se valora, no se reciben los fondos que corresponden".
Francisca Luengo dijo no disponer, en todo caso, de datos precisos de los protagonistas de ese supuesto "éxodo" de dependientes, pero reiteró que existe y aseguró que son varios los casos que ha conocido, en especial de personas mayores con familiares en otras comunidades autónomas que ven más fácil acometer el traslado.
Fuente : abc.es
La diputada socialista Francisca Luengo ha culpado hoy al Gobierno canario de "perder 35 millones de euros" para aplicar la Ley de Dependencia debido a su mala gestión de esa norma, que dijo empieza a provocar un "éxodo" de personas dependientes a otras comunidades donde sí les atienden.
Esa tendencia de los dependientes a buscar en otras regiones la asistencia que no se les presta en la Comunidad canaria, donde aseguró que hay miles de personas esperando desde hace dos años a que se evalúe su grado de dependencia en aplicación de la ley, "es la mayor bofetada que se puede llevar un gobierno" y la prueba de su mala gestión, afirmó Luengo en una rueda de prensa.
La diputada socialista insistió en que en Canarias "hay un atasco tremendo" en la Ley de Dependencia y en que, debido a ese retraso en estudiar cada caso de solicitantes de ayudas, el Archipiélago ha perdido los citados 35 millones de euros que le habrían correspondido de estar más avanzados sus trámites.
Ya que, según explicó, "el reparto de los fondos para la dependencia se hace en función de los casos valorados y, como en Canarias no se valora, no se reciben los fondos que corresponden".
Francisca Luengo dijo no disponer, en todo caso, de datos precisos de los protagonistas de ese supuesto "éxodo" de dependientes, pero reiteró que existe y aseguró que son varios los casos que ha conocido, en especial de personas mayores con familiares en otras comunidades autónomas que ven más fácil acometer el traslado.
Fuente : abc.es
BARREDA AMENAZA CON LLEVAR AL GOBIERNO A LOS TRIBUNALES
Barreda amenaza con llevar al Gobierno a los tribunales por la ley de dependencia
El PSOE contradice a Bono y asegura que el Estado autonómico es un modelo de éxito y no una «ocurrencia»
La vicepresidenta y consejera de Economía de Castilla-La Mancha, María Luisa Araújo, anunció ayer que el Gobierno regional del socialista José María Barreda «no descarta» ir a los tribunales si no le «satisface» la respuesta por parte del Ejecutivo central respecto a sus peticiones de revisión del sistema de financiación, especialmente, en lo relacionado con la sanidad y la aplicación de la ley de dependencia.
Araújo se refirió, así, a las palabras del consejero de Salud, Fernando Lamata, quien había asegurado que el Gobierno central debe 200 millones a Castilla-La Mancha por la aplicación de la ley de dependencia.
La «número dos» de Barreda explicó que el Ejecutivo regional ha transmitido al Ministerio de Economía que no comparte «parte» del modelo de financiación, ya que la ley de dependencia le supone a la comunidad un punto del déficit y destinar a su aplicación un tercio del producto interior bruto (PIB) de la región, mientras que la financiación del Estado no llega a un tercio del gasto del desarrollo de la ley.
Por otra parte, el secretario de organización del PSOE, Marcelino Iglesias, rebatió ayer al presidente del Congreso, José Bono, por afirmar que el «café para todos» en el Estado autonómico fue un «error» que hay que corregir.
El «número tres» de Ferraz aseguró que es un modelo de «éxito» que surge de la Constitución y que, por tanto, no es una «ocurrencia».
Iglesias comentó que el modelo español lo comparten otros países europeos, por lo que no es «ni extraño ni exclusivo ni estrambótico». «Hacer un análisis en este momento de todos los pasos que se dieron está muy bien para los historiadores, pero nosotros lo defendemos», añadió.
El «número dos» socialista, José Blanco, también discrepó de Bono al avisar de que el empeño de evitar duplicidades en el Estado autonómico no implica quitar competencias, porque también puede haber esas duplicidades en la Administración central. También la Junta andaluza cargó contra el presidente del Congreso.
El PSOE, los grupos nacionalistas y las minorías de la izquierda rechazaron en el Congreso una proposición de ley del PP para fijar techos de gasto a las comunidades y ayuntamientos. Los populares pedirán ahora en el Senado que el Gobierno reduzca a la mitad el personal eventual de Estado.
Por último, la Generalitat catalana ha encargado un estudio del coste de la decisiones «desleales» de Zapatero.
Fuente : lne.es
El PSOE contradice a Bono y asegura que el Estado autonómico es un modelo de éxito y no una «ocurrencia»
La vicepresidenta y consejera de Economía de Castilla-La Mancha, María Luisa Araújo, anunció ayer que el Gobierno regional del socialista José María Barreda «no descarta» ir a los tribunales si no le «satisface» la respuesta por parte del Ejecutivo central respecto a sus peticiones de revisión del sistema de financiación, especialmente, en lo relacionado con la sanidad y la aplicación de la ley de dependencia.
Araújo se refirió, así, a las palabras del consejero de Salud, Fernando Lamata, quien había asegurado que el Gobierno central debe 200 millones a Castilla-La Mancha por la aplicación de la ley de dependencia.
La «número dos» de Barreda explicó que el Ejecutivo regional ha transmitido al Ministerio de Economía que no comparte «parte» del modelo de financiación, ya que la ley de dependencia le supone a la comunidad un punto del déficit y destinar a su aplicación un tercio del producto interior bruto (PIB) de la región, mientras que la financiación del Estado no llega a un tercio del gasto del desarrollo de la ley.
Por otra parte, el secretario de organización del PSOE, Marcelino Iglesias, rebatió ayer al presidente del Congreso, José Bono, por afirmar que el «café para todos» en el Estado autonómico fue un «error» que hay que corregir.
El «número tres» de Ferraz aseguró que es un modelo de «éxito» que surge de la Constitución y que, por tanto, no es una «ocurrencia».
Iglesias comentó que el modelo español lo comparten otros países europeos, por lo que no es «ni extraño ni exclusivo ni estrambótico». «Hacer un análisis en este momento de todos los pasos que se dieron está muy bien para los historiadores, pero nosotros lo defendemos», añadió.
El «número dos» socialista, José Blanco, también discrepó de Bono al avisar de que el empeño de evitar duplicidades en el Estado autonómico no implica quitar competencias, porque también puede haber esas duplicidades en la Administración central. También la Junta andaluza cargó contra el presidente del Congreso.
El PSOE, los grupos nacionalistas y las minorías de la izquierda rechazaron en el Congreso una proposición de ley del PP para fijar techos de gasto a las comunidades y ayuntamientos. Los populares pedirán ahora en el Senado que el Gobierno reduzca a la mitad el personal eventual de Estado.
Por último, la Generalitat catalana ha encargado un estudio del coste de la decisiones «desleales» de Zapatero.
Fuente : lne.es
MURCIA - CALDERA ANALIZARÁ LA LEY DE DEPENDENCIA
Caldera abordará mañana en Murcia la Ley de Dependencia
El presidente de la Fundación IDEAS analizará junto a Begoña García Retegui la aplicación de la Ley en las distintas comunidades autónomas
El presidente de la Fundación IDEAS, Jesús Caldera, junto a la candidata del PSRM-PSOE a la Presidencia de la Comunidad, Begoña García Retegui, y el miembro de la Plataforma por la Ley de la Dependencia de la Región de Murcia, Ángel Ferrández, abordarán este jueves, en el Foro de Vistalegre, la Ley de la Dependencia y su aplicación en las diferentes Comunidades Autónomas.
Dentro de este espacio abierto al espacio socialista, se debatirá sobre una las leyes que el presidente Zapatero estableció como uno de los "ejes principales" para garantizar el cuarto pilar del Estado del bienestar y favorecer a aquellos que más lo necesitan, que será presentado por el candidato del PSRM-PSOE a la Alcaldía de Murcia, Pedro López.
En esta línea, García Retegui ha recordado que "sólo el pasado año el Gobierno de Zapatero invirtió en torno a 70 millones de euros para la atención a las personas dependientes".
El Foro de Vistalegre, que se celebrará a las 18.00 horas en el Salón de Actos de UGT, será moderado por Alfonso Hernández, miembro de la Agrupación Socialista Murcia Este, según fuentes del PSOE.
Fuente : laopiniondemurcia.es/comunidad
El presidente de la Fundación IDEAS analizará junto a Begoña García Retegui la aplicación de la Ley en las distintas comunidades autónomas
El presidente de la Fundación IDEAS, Jesús Caldera, junto a la candidata del PSRM-PSOE a la Presidencia de la Comunidad, Begoña García Retegui, y el miembro de la Plataforma por la Ley de la Dependencia de la Región de Murcia, Ángel Ferrández, abordarán este jueves, en el Foro de Vistalegre, la Ley de la Dependencia y su aplicación en las diferentes Comunidades Autónomas.
Dentro de este espacio abierto al espacio socialista, se debatirá sobre una las leyes que el presidente Zapatero estableció como uno de los "ejes principales" para garantizar el cuarto pilar del Estado del bienestar y favorecer a aquellos que más lo necesitan, que será presentado por el candidato del PSRM-PSOE a la Alcaldía de Murcia, Pedro López.
En esta línea, García Retegui ha recordado que "sólo el pasado año el Gobierno de Zapatero invirtió en torno a 70 millones de euros para la atención a las personas dependientes".
El Foro de Vistalegre, que se celebrará a las 18.00 horas en el Salón de Actos de UGT, será moderado por Alfonso Hernández, miembro de la Agrupación Socialista Murcia Este, según fuentes del PSOE.
Fuente : laopiniondemurcia.es/comunidad
EXTREMADURA - SUBVENCIONES AYUDAS TÉCNICAS
El DOE publica la orden de subvenciones para la adquisición de ayudas técnicas a personas en situación de dependencia
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó esta mañana la orden por la que se convocan subvenciones para la adquisición de ayudas técnicas, a lo largo de 2011, dirigidas a personas que tengan reconocida la situación de dependencia.
Según señaló la Junta de Extremadura en nota de prensa, de esta forma se da convocatoria pública para la concesión directa de las subvenciones destinadas a la financiación de la adquisición de ayudas técnicas o instrumentos necesarios para el normal desenvolvimiento en su vida ordinaria, para aquellas personas que tengan reconocida la situación de dependencia conforme a la Ley 39/2006 de 14 de diciembre.
Estas ayudas económicas, para las que el Gobierno regional destina 750.000 euros con cargo a los presupuestos de 2011, son complementarias del catálogo de servicios y de las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Se consideran ayudas o productos de apoyo aquellos destinados al entrenamiento o aprendizaje, a la movilidad personal, al cuidado y protección personales, a la comunicación y la información, y a mejorar el ambiente, herramientas y máquinas, entre otros.
Para obtener una de las ayudas técnicas por dependencia es necesario tener reconocida la condición en situación de dependencia en Grado III: Gran Dependencia o Niveles 1 y 2, y en Grado II: Dependencia Severa o Niveles 1 y 2, conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia
Además de estar empadronados los beneficiarios en alguno de los municipios de Extremadura, debe de haberse determinado en su Programa Individual de Atención (PIA) la necesidad de ayudas técnicas o instrumentos necesarios para el normal desenvolvimiento de su vida ordinaria.
Por otro lado, a través del Servicio Extremeño de Salud (SES) existe otra vía de acceso a estas ayudas, que se regula en el Decreto 6/2006 de 10 de enero, donde se recoge el procedimiento y los requisitos del reintegro de gastos del producto farmacéutico, ortoprótesis y asistencia sanitaria, y las ayudas por desplazamiento y estancia.
Fuente : extremaduraaldia.com/extremadura
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó esta mañana la orden por la que se convocan subvenciones para la adquisición de ayudas técnicas, a lo largo de 2011, dirigidas a personas que tengan reconocida la situación de dependencia.
Según señaló la Junta de Extremadura en nota de prensa, de esta forma se da convocatoria pública para la concesión directa de las subvenciones destinadas a la financiación de la adquisición de ayudas técnicas o instrumentos necesarios para el normal desenvolvimiento en su vida ordinaria, para aquellas personas que tengan reconocida la situación de dependencia conforme a la Ley 39/2006 de 14 de diciembre.
Estas ayudas económicas, para las que el Gobierno regional destina 750.000 euros con cargo a los presupuestos de 2011, son complementarias del catálogo de servicios y de las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Se consideran ayudas o productos de apoyo aquellos destinados al entrenamiento o aprendizaje, a la movilidad personal, al cuidado y protección personales, a la comunicación y la información, y a mejorar el ambiente, herramientas y máquinas, entre otros.
Para obtener una de las ayudas técnicas por dependencia es necesario tener reconocida la condición en situación de dependencia en Grado III: Gran Dependencia o Niveles 1 y 2, y en Grado II: Dependencia Severa o Niveles 1 y 2, conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia
Además de estar empadronados los beneficiarios en alguno de los municipios de Extremadura, debe de haberse determinado en su Programa Individual de Atención (PIA) la necesidad de ayudas técnicas o instrumentos necesarios para el normal desenvolvimiento de su vida ordinaria.
Por otro lado, a través del Servicio Extremeño de Salud (SES) existe otra vía de acceso a estas ayudas, que se regula en el Decreto 6/2006 de 10 de enero, donde se recoge el procedimiento y los requisitos del reintegro de gastos del producto farmacéutico, ortoprótesis y asistencia sanitaria, y las ayudas por desplazamiento y estancia.
Fuente : extremaduraaldia.com/extremadura
DEPENDIENTES MODERADOS, ESPERARÁN MESES POR SUS AYUDAS
Los dependientes moderados aún esperarán meses por sus ayudas
El Gobierno no ha aprobado el decreto con las prestaciones que la ley preveía para enero
Las comunidades tendrán hasta julio para eludir la retroactividad
Los dependientes moderados que solicitaron sus ayudas hace más de seis meses deberían haber empezado a recibirlas el 1 de enero. No ha sido así, ni lo será inmediatamente.
Las previsiones más optimistas de los responsables autonómicos de esta ley indican que muchos no recibirán sus ayudas hasta el verano. El calendario de la Ley de Dependencia establece que los dependientes leves entran en el sistema el 1 de enero de 2010. Y así lo ha repetido el Gobierno innumerables veces. "No renunciamos a la ley, los dependientes moderados recibirán sus ayudas a partir de enero", dijo la ministra de Sanidad y Política Social, Leire Pajín, en octubre tras la reunión con los consejeros y en otras ocasiones.
El Ejecutivo dice que no es más que una demora administrativa
Pero no va a ser así. Para empezar, porque el Gobierno aún no ha aprobado el decreto en el que se detallan las ayudas que estas personas pueden percibir, aunque ya se conocen, porque se acordaron en octubre. El próximo viernes, el Consejo de Ministros aprobará ese decreto, pero después las comunidades tendrán que adaptar sus normativas. El calendario seguirá corriendo.
En una de las reuniones con el ministerio, las comunidades preguntaron qué plazo tenían para resolver estos expedientes y el Gobierno contestó que sus servicios jurídicos indicaban que seis meses a partir del 1 de enero. Como ocurre en otros procedimientos administrativos y como está determinado para el resto de los dependientes, los severos y los graves.
Pero muchos de los más de 130.000 dependientes reconocidos están ya valorados como moderados desde hace meses o años, por tanto, su solicitud se cursó hace tiempo y, supuestamente, el 1 de enero tendrían que haber hecho "efectivo el derecho a las prestaciones", como indica la ley. Sin embargo, pasarán a engrosar la ya abultada lista de espera durante algún tiempo.
En plena crisis, contar con estos seis meses supone un alivio económico para las comunidades y para el Gobierno, pero de nuevo una frustración para aquellos a los que tantas veces se les repitió que en enero adquirían su derecho. Si las comunidades sobrepasan esos seis meses, aquellos a los que se les conceda una ayuda económica tendrían que cobrar atrasos a partir de junio.
"Esto supone un aplazamiento administrativo para dar tiempo a que nos organicemos y también por la disponibilidad de recursos", opina un dirigente de una comunidad. "No creo que hasta junio entren en el sistema, sinceramente", reconoce.
Otras comunidades consultadas se quejan, sin embargo, de que el decreto que debe aprobarse aún no haya salido, porque dilatar ese trámite, dicen, llevará al atasco meses más tarde.
Ni siquiera está habilitado el sistema informático para ir introduciendo los datos de estos nuevos beneficiarios, más allá de su valoración.
Para colmo, las elecciones municipales y autonómicas se cruzarán en el camino esta primavera. Las consultas electorales nunca han ayudado al desarrollo de la Ley de Dependencia. Esta vez ocurrirá parecido.
Eso, unido a la crisis, parece haber provocado un aplazamiento encubierto de la ley, o al menos, los plazos previstos parecen contar con la complacencia de muchos de los dirigentes que han de implantarla. Las comunidades preguntaron y el Gobierno respondió: el plazo son seis meses a partir de enero.
En ese periodo no hay que pagar atrasos. Si se tiene en cuenta el número de moderados que ya están reconocidos y las prestaciones económicas, que recibirían alrededor de un 60% de ellos, el ahorro puede ser de unos 88 millones de euros. Cada beneficiario habrá perdido unos 1.000 euros si estos meses pasan en blanco.
El Gobierno niega que la ley esté aplazada. "No hay nada parado, el decreto se aprobará el viernes, después de haber pasado por el Consejo de Estado. A partir de ahí cada comunidad tendrá su velocidad y actuará según su criterio. No es más que un retraso administrativo como cualquier otro", dijo ayer la secretaria general de Política Social, Isabel Martínez.
Otros entienden todo lo contrario: "Es un aplazamiento encubierto de la ley, a costa de un derecho subjetivo que tienen reconocido los dependientes. Hubiera sido más valiente aplazar la ley y punto", dijo ayer el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. "Lo indignante es que los nuevos titulares de derecho tengan que someterse a nuevas esperas", aseguró.
Los atrasos, en los tribunales
La semana pasada, una sentencia del Tribunal Supremo dio la razón a una familia en contra de la Generalitat catalana. El Supremo dio por firme la sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que establecía el pago de los atrasos de las ayudas por dependencia desde el 1 de enero de 2007, cuando entró en vigor la Ley de Dependencia, a pesar de que los primeros decretos y normativas que la regulaban no llegaron hasta abril de aquel año.
Si el criterio es el mismo, cabe esperar que los dependientes que quieran recurrir ahora a los tribunales podrían también cobrar sus atrasos desde el 1 de enero de 2011, que es cuando el calendario da entrada a los dependientes moderados. Pero para ello habrá que ir a los tribunales, un proceso costoso y largo que muchos afectados no pueden ni quieren emprender.
Por ahora, son los Ayuntamientos los que están afrontando las reclamaciones de los ciudadanos que esperaban sus ayudas este mes.
No saben a qué atenerse. En realidad no pueden hacer nada hasta que no se aprueben los decretos. Cuando eso ocurra, las comunidades actuarán según su criterio, como han hecho siempre con esta ley: unas podrían pagar desde que el beneficiario cursó la solicitud (un extraño caso de generosidad), otras desde que se les resolvió el expediente y se les prescribió la ayuda, o desde el 1 de enero, y otras, nunca. Porque las reuniones entre los consejeros y el Gobierno, previstas para acordar y unificar procedimientos, no suelen alcanzar esos objetivos. O no se cumplen.
Las ayudas para el grado I, nivel II
Los dependientes moderados (grado I, nivel II) entran en el sistema el 1 de enero de 2011. Las ayudas que pueden percibir son las siguientes, según el acuerdo del Consejo Territorial (Gobierno y comunidades) de 28 de octubre:
- Económicas. Si se trata de una ayuda para pagar un servicio pueden recibir 300 euros mensuales. Si es para el cuidador familiar, 180.
- Servicios. La ayuda a domicilio se extenderá entre 21 y 30 horas mensuales y 25 horas semanales si se trata de un centro de día.
- Autonomía. La promoción de la autonomía personal también tiene regulada la intensidad del servicio. Se dedicará a ello entre 20 y 30 horas mensuales o un mínimo de seis horas para la atención temprana. Los servicios de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional contarán con un mínimo de 15 horas mensuales.
Fuente : elpais.com
El Gobierno no ha aprobado el decreto con las prestaciones que la ley preveía para enero
Las comunidades tendrán hasta julio para eludir la retroactividad
Los dependientes moderados que solicitaron sus ayudas hace más de seis meses deberían haber empezado a recibirlas el 1 de enero. No ha sido así, ni lo será inmediatamente.
Las previsiones más optimistas de los responsables autonómicos de esta ley indican que muchos no recibirán sus ayudas hasta el verano. El calendario de la Ley de Dependencia establece que los dependientes leves entran en el sistema el 1 de enero de 2010. Y así lo ha repetido el Gobierno innumerables veces. "No renunciamos a la ley, los dependientes moderados recibirán sus ayudas a partir de enero", dijo la ministra de Sanidad y Política Social, Leire Pajín, en octubre tras la reunión con los consejeros y en otras ocasiones.
El Ejecutivo dice que no es más que una demora administrativa
Pero no va a ser así. Para empezar, porque el Gobierno aún no ha aprobado el decreto en el que se detallan las ayudas que estas personas pueden percibir, aunque ya se conocen, porque se acordaron en octubre. El próximo viernes, el Consejo de Ministros aprobará ese decreto, pero después las comunidades tendrán que adaptar sus normativas. El calendario seguirá corriendo.
En una de las reuniones con el ministerio, las comunidades preguntaron qué plazo tenían para resolver estos expedientes y el Gobierno contestó que sus servicios jurídicos indicaban que seis meses a partir del 1 de enero. Como ocurre en otros procedimientos administrativos y como está determinado para el resto de los dependientes, los severos y los graves.
Pero muchos de los más de 130.000 dependientes reconocidos están ya valorados como moderados desde hace meses o años, por tanto, su solicitud se cursó hace tiempo y, supuestamente, el 1 de enero tendrían que haber hecho "efectivo el derecho a las prestaciones", como indica la ley. Sin embargo, pasarán a engrosar la ya abultada lista de espera durante algún tiempo.
En plena crisis, contar con estos seis meses supone un alivio económico para las comunidades y para el Gobierno, pero de nuevo una frustración para aquellos a los que tantas veces se les repitió que en enero adquirían su derecho. Si las comunidades sobrepasan esos seis meses, aquellos a los que se les conceda una ayuda económica tendrían que cobrar atrasos a partir de junio.
"Esto supone un aplazamiento administrativo para dar tiempo a que nos organicemos y también por la disponibilidad de recursos", opina un dirigente de una comunidad. "No creo que hasta junio entren en el sistema, sinceramente", reconoce.
Otras comunidades consultadas se quejan, sin embargo, de que el decreto que debe aprobarse aún no haya salido, porque dilatar ese trámite, dicen, llevará al atasco meses más tarde.
Ni siquiera está habilitado el sistema informático para ir introduciendo los datos de estos nuevos beneficiarios, más allá de su valoración.
Para colmo, las elecciones municipales y autonómicas se cruzarán en el camino esta primavera. Las consultas electorales nunca han ayudado al desarrollo de la Ley de Dependencia. Esta vez ocurrirá parecido.
Eso, unido a la crisis, parece haber provocado un aplazamiento encubierto de la ley, o al menos, los plazos previstos parecen contar con la complacencia de muchos de los dirigentes que han de implantarla. Las comunidades preguntaron y el Gobierno respondió: el plazo son seis meses a partir de enero.
En ese periodo no hay que pagar atrasos. Si se tiene en cuenta el número de moderados que ya están reconocidos y las prestaciones económicas, que recibirían alrededor de un 60% de ellos, el ahorro puede ser de unos 88 millones de euros. Cada beneficiario habrá perdido unos 1.000 euros si estos meses pasan en blanco.
El Gobierno niega que la ley esté aplazada. "No hay nada parado, el decreto se aprobará el viernes, después de haber pasado por el Consejo de Estado. A partir de ahí cada comunidad tendrá su velocidad y actuará según su criterio. No es más que un retraso administrativo como cualquier otro", dijo ayer la secretaria general de Política Social, Isabel Martínez.
Otros entienden todo lo contrario: "Es un aplazamiento encubierto de la ley, a costa de un derecho subjetivo que tienen reconocido los dependientes. Hubiera sido más valiente aplazar la ley y punto", dijo ayer el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. "Lo indignante es que los nuevos titulares de derecho tengan que someterse a nuevas esperas", aseguró.
Los atrasos, en los tribunales
La semana pasada, una sentencia del Tribunal Supremo dio la razón a una familia en contra de la Generalitat catalana. El Supremo dio por firme la sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que establecía el pago de los atrasos de las ayudas por dependencia desde el 1 de enero de 2007, cuando entró en vigor la Ley de Dependencia, a pesar de que los primeros decretos y normativas que la regulaban no llegaron hasta abril de aquel año.
Si el criterio es el mismo, cabe esperar que los dependientes que quieran recurrir ahora a los tribunales podrían también cobrar sus atrasos desde el 1 de enero de 2011, que es cuando el calendario da entrada a los dependientes moderados. Pero para ello habrá que ir a los tribunales, un proceso costoso y largo que muchos afectados no pueden ni quieren emprender.
Por ahora, son los Ayuntamientos los que están afrontando las reclamaciones de los ciudadanos que esperaban sus ayudas este mes.
No saben a qué atenerse. En realidad no pueden hacer nada hasta que no se aprueben los decretos. Cuando eso ocurra, las comunidades actuarán según su criterio, como han hecho siempre con esta ley: unas podrían pagar desde que el beneficiario cursó la solicitud (un extraño caso de generosidad), otras desde que se les resolvió el expediente y se les prescribió la ayuda, o desde el 1 de enero, y otras, nunca. Porque las reuniones entre los consejeros y el Gobierno, previstas para acordar y unificar procedimientos, no suelen alcanzar esos objetivos. O no se cumplen.
Las ayudas para el grado I, nivel II
Los dependientes moderados (grado I, nivel II) entran en el sistema el 1 de enero de 2011. Las ayudas que pueden percibir son las siguientes, según el acuerdo del Consejo Territorial (Gobierno y comunidades) de 28 de octubre:
- Económicas. Si se trata de una ayuda para pagar un servicio pueden recibir 300 euros mensuales. Si es para el cuidador familiar, 180.
- Servicios. La ayuda a domicilio se extenderá entre 21 y 30 horas mensuales y 25 horas semanales si se trata de un centro de día.
- Autonomía. La promoción de la autonomía personal también tiene regulada la intensidad del servicio. Se dedicará a ello entre 20 y 30 horas mensuales o un mínimo de seis horas para la atención temprana. Los servicios de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional contarán con un mínimo de 15 horas mensuales.
Fuente : elpais.com
C.VALENCIANA - EL ICAV OFRECE SERVICIO GRATUÍTO INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
El Icav ofrece un servicio gratuito de información y asesoramiento jurídico a los beneficiarios de la ley de Dependencia
El Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) ha presentado este miércoles un nuevo servicio de información y asesoramiento jurídico a las personas beneficiarias de la Ley de Dependencia y a sus familiares o cuidadores.
El servicio está prestado por diez letrados con experiencia en materia de dependencia asignados por el Icav en unas instalaciones cedidas por la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas en la Ciudad de la Justicia todos los martes y jueves de 9 a 14 horas.
Según ha explicado el decano de los abogados, Francisco Real, se les proporcionará información jurídica "sobre los derechos y trámites para conseguir la efectividad esos derechos". Para aquellos, ha indicado, que no tengan medios y tengan derecho a la justicia gratuíta, se les indicará lo que tienen que hacer para conseguirla.
Por su parte, el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha destacado en el acto de presentación de este nuevo servicio que "en una materia tan sensible como la dependencia, es importante colaborar todo lo posible con los familiares para agilizar al máximo la tramitación de los expedientes".
Asimismo, ha recalcado que la Generalitat está abierta a "colaborar con cualquier tipo de iniciativa que tenga como fin mejorar la justicia en nuestra Comunitat".
El servicio está coordinado por el Icav y ofrecerá de forma gratuíta información y asesoramiento a las personas beneficiarias de la Ley que así lo rewquieran y a sus familiares y/o cuidadores para la defensa de sus derechos e intereses.
Noticia completa en Fuente : europapress.es/comunitat-valenciana
El Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) ha presentado este miércoles un nuevo servicio de información y asesoramiento jurídico a las personas beneficiarias de la Ley de Dependencia y a sus familiares o cuidadores.
El servicio está prestado por diez letrados con experiencia en materia de dependencia asignados por el Icav en unas instalaciones cedidas por la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas en la Ciudad de la Justicia todos los martes y jueves de 9 a 14 horas.
Según ha explicado el decano de los abogados, Francisco Real, se les proporcionará información jurídica "sobre los derechos y trámites para conseguir la efectividad esos derechos". Para aquellos, ha indicado, que no tengan medios y tengan derecho a la justicia gratuíta, se les indicará lo que tienen que hacer para conseguirla.
Por su parte, el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha destacado en el acto de presentación de este nuevo servicio que "en una materia tan sensible como la dependencia, es importante colaborar todo lo posible con los familiares para agilizar al máximo la tramitación de los expedientes".
Asimismo, ha recalcado que la Generalitat está abierta a "colaborar con cualquier tipo de iniciativa que tenga como fin mejorar la justicia en nuestra Comunitat".
El servicio está coordinado por el Icav y ofrecerá de forma gratuíta información y asesoramiento a las personas beneficiarias de la Ley que así lo rewquieran y a sus familiares y/o cuidadores para la defensa de sus derechos e intereses.
Noticia completa en Fuente : europapress.es/comunitat-valenciana
lunes, 24 de enero de 2011
CANARIAS - 38.000 DEPENDIENTES RECIBEN SERVICIOS Y 5.000 UNA PRESTACIÓN
La consejera de Bienestar Social del Gobierno canario, Inés Rojas, negó que la comunidad esté a la cola en el desarrollo de la Ley de Dependencia, ya que ha recibido 30.000 peticiones desde su aprobación en 2007, 38.000 dependientes reciben servicios y otros 5.000 una prestación.
Así lo manifestó la consejera tras presentar las medidas de modernización puestas en marcha por la Consejería a lo largo de la legislatura para "atender con más dignidad al público" y hacer que "el Gobierno de Canarias se meta en su casa" a través de las nuevas tecnologías para garantizar un mayor bienestar social.
Rojas destacó que antes de los inicios de 2007 "se confundió a la gente" sin explicarle que la ley se puso en marcha por fases y que no todas las personas dependientes tendrían derecho en aquel momento a recibir el servicio que demandaban".
Por ello, dijo, al 40 por ciento de los expedientes que se solicitaron entonces no les correspondían el servicio en ese momento, pero hubo que atenderlos por orden estricto de entrada, aunque se supiera que la resolución iba a ser negativa.
Sin embargo, desde febrero de 2010 el Consejo Territorial de la Dependencia decidió que se atendiera por un lado a las personas que sí les correspondiera el servicio que demandaba en el momento de la solicitud y por otro a las que no, a quienes se informará de los trámites que ha de seguir su expediente.
De igual forma, se ha establecido dos listas de espera: la de los servicios que se solicitan a los cabildos, y la de las prestaciones económicas "excepcionales" que concede el Gobierno canario.
Inés Rojas subrayó que "nunca se puede dejar un servicio para acceder a una prestación económica".
Al respecto, recordó que a mediados de 2009 se quedaron vacantes en Canarias más de 60.000 peticiones de residencias y centros de día porque cuando se adjudicaba el servicio al beneficiario sus familiares constataban que era el que ya disfrutaba "y optaban por llevarlo a casa para recibir una prestación económica", lo que ahora impide la ley, salvo casos excepcionales y muy justificados.
Respecto a la modernización de la Consejería que dirige, Rojas destacó la puesta en marcha de las oficinas de información especializada, en las que se atiende a una media de 10.000 personas al mes, la Oficina virtual o sede electrónica, que en sus primeros seis meses recibió 27.000 visitas y el millar de agentes sociales en red que han sido formados para que puedan asesorar a todos los profesionales de lo social de Canarias.
A ello se suma la ficha social un soporte documental que contendrá la información social de todo ciudadano canario y que "viajará con él" aunque cambie de residencia.
Fuente : canarias7.es
Así lo manifestó la consejera tras presentar las medidas de modernización puestas en marcha por la Consejería a lo largo de la legislatura para "atender con más dignidad al público" y hacer que "el Gobierno de Canarias se meta en su casa" a través de las nuevas tecnologías para garantizar un mayor bienestar social.
Rojas destacó que antes de los inicios de 2007 "se confundió a la gente" sin explicarle que la ley se puso en marcha por fases y que no todas las personas dependientes tendrían derecho en aquel momento a recibir el servicio que demandaban".
Por ello, dijo, al 40 por ciento de los expedientes que se solicitaron entonces no les correspondían el servicio en ese momento, pero hubo que atenderlos por orden estricto de entrada, aunque se supiera que la resolución iba a ser negativa.
Sin embargo, desde febrero de 2010 el Consejo Territorial de la Dependencia decidió que se atendiera por un lado a las personas que sí les correspondiera el servicio que demandaba en el momento de la solicitud y por otro a las que no, a quienes se informará de los trámites que ha de seguir su expediente.
De igual forma, se ha establecido dos listas de espera: la de los servicios que se solicitan a los cabildos, y la de las prestaciones económicas "excepcionales" que concede el Gobierno canario.
Inés Rojas subrayó que "nunca se puede dejar un servicio para acceder a una prestación económica".
Al respecto, recordó que a mediados de 2009 se quedaron vacantes en Canarias más de 60.000 peticiones de residencias y centros de día porque cuando se adjudicaba el servicio al beneficiario sus familiares constataban que era el que ya disfrutaba "y optaban por llevarlo a casa para recibir una prestación económica", lo que ahora impide la ley, salvo casos excepcionales y muy justificados.
Respecto a la modernización de la Consejería que dirige, Rojas destacó la puesta en marcha de las oficinas de información especializada, en las que se atiende a una media de 10.000 personas al mes, la Oficina virtual o sede electrónica, que en sus primeros seis meses recibió 27.000 visitas y el millar de agentes sociales en red que han sido formados para que puedan asesorar a todos los profesionales de lo social de Canarias.
A ello se suma la ficha social un soporte documental que contendrá la información social de todo ciudadano canario y que "viajará con él" aunque cambie de residencia.
Fuente : canarias7.es
CATALUÑA - ACREDITACIÓN A CENTROS PRIVADOS PARA ALIVIAR LISTAS DE ESPERA
El Govern acreditará centros privados para aliviar las listas de espera de la dependencia
El conseller Cleries descarta construir más residencias públicas y prepara implantar un decreto de acreditación
Cleries quiere impulsar la norma catalana de dependencia
El conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, ha anunciado que la Generalitat iniciará los trámites para aprovechar la red de residencias privadas para reducir la larga lista de espera de personas con dependencia que esperan una plaza en un centro público.
Cleries ha explicado que el Govern prepara un decreto de acreditación que permitirá que los centros privados puedan actuar como centros colaboradores o concertados mediante la expedición a los usuarios de una cheque-servicio.
"El colapso de la Ley de Dependencia en cuanto a las residencias lo solucionaremos aprovechando la red de residencias privadas", comunicó el conseller, para quien la situación de las listas de espera entre los dependientes es una prioridad.
"Me he encontrado con muchísimos casos abiertos, sin cerrar en cuanto a la Ley de Dependencia", señaló, pero todavía hay "situaciones de falta de orden administrativo, que es lo primero que debemos abordar".
Cleries es consciente de que la burocracia ha sido un castigo divino para esta gente, por tanto, "el departament debe ser el de la proximidad, el de la accesibilidad y el que tiene que poner las cosas fáciles a la gente", promovió el conseller.
En declaraciones al programa 'El Món a RAC 1', de Jordi Basté, el conseller considera que esta medida permitirá dar una respuesta a buena parte de las 40.000 personas con dependencia con derecho a ayudas y que están a la espera en Catalunya , puesto que en la actual coyuntura el departament no dispone de financiación suficiente para construir nuevas residencias.
Cleries también ha hecho un repaso de la situación en Salt tras los incidentes y la manifestación de este fin de semana y ha asegurado que en un periodo de quince días deberían empezar a notarse las medidas que se han aprobado conjuntamente con el ayuntamiento de la localidad y que permitirán mejorar la convivencia.
El conseller se mostró partidario de mantener la presencia policial en Salt pero también de "recuperar la figura del educador de calle, porque nos preocupan y mucho los temas de adolescentes y jóvenes", confirmó Cleries.
Fuente : lavanguardia.es
El conseller Cleries descarta construir más residencias públicas y prepara implantar un decreto de acreditación
Cleries quiere impulsar la norma catalana de dependencia
El conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, ha anunciado que la Generalitat iniciará los trámites para aprovechar la red de residencias privadas para reducir la larga lista de espera de personas con dependencia que esperan una plaza en un centro público.
Cleries ha explicado que el Govern prepara un decreto de acreditación que permitirá que los centros privados puedan actuar como centros colaboradores o concertados mediante la expedición a los usuarios de una cheque-servicio.
"El colapso de la Ley de Dependencia en cuanto a las residencias lo solucionaremos aprovechando la red de residencias privadas", comunicó el conseller, para quien la situación de las listas de espera entre los dependientes es una prioridad.
"Me he encontrado con muchísimos casos abiertos, sin cerrar en cuanto a la Ley de Dependencia", señaló, pero todavía hay "situaciones de falta de orden administrativo, que es lo primero que debemos abordar".
Cleries es consciente de que la burocracia ha sido un castigo divino para esta gente, por tanto, "el departament debe ser el de la proximidad, el de la accesibilidad y el que tiene que poner las cosas fáciles a la gente", promovió el conseller.
En declaraciones al programa 'El Món a RAC 1', de Jordi Basté, el conseller considera que esta medida permitirá dar una respuesta a buena parte de las 40.000 personas con dependencia con derecho a ayudas y que están a la espera en Catalunya , puesto que en la actual coyuntura el departament no dispone de financiación suficiente para construir nuevas residencias.
Cleries también ha hecho un repaso de la situación en Salt tras los incidentes y la manifestación de este fin de semana y ha asegurado que en un periodo de quince días deberían empezar a notarse las medidas que se han aprobado conjuntamente con el ayuntamiento de la localidad y que permitirán mejorar la convivencia.
El conseller se mostró partidario de mantener la presencia policial en Salt pero también de "recuperar la figura del educador de calle, porque nos preocupan y mucho los temas de adolescentes y jóvenes", confirmó Cleries.
Fuente : lavanguardia.es
LOS DEFENSORES DEL PUEBLO ABORDARÁN LA DEPENDENCIA EN UN FORO
Los defensores del Pueblo abordarán la dependencia en un foro que tendrá lugar en Cartagena
El Defensor del Pueblo de España y los trece autonómicos se reunirán en Cartagena este año para celebrar las XXVI Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo.
En estos encuentros, que se vienen celebrando cada año, se trabaja desde las distintas defensorías temas de actualidad y de relevancia para los ciudadanos.
En esta ocasión, será objeto de estudio la situación de las personas mayores desde el punto de vista socio-económico, socio-sanitario y en su relación con la aplicación de la Ley de Dependencia.
El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, José Pablo Ruiz Abellán, coordinará los distintos Talleres de Trabajo, que a su vez serán dirigidos por los defensores de Valencia, José Cholbi Diego; de Castilla La Mancha, José Manuel Martínez Cenzano, y de Canarias, Manuel Alcaide Alonso.
Estos talleres recogerán información de todas las defensorías españolas para conocer de primera mano distintos aspectos que tienen relación e influencia en la vida de las personas mayores.
Fuente : laverdad.es/murcia
El Defensor del Pueblo de España y los trece autonómicos se reunirán en Cartagena este año para celebrar las XXVI Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo.
En estos encuentros, que se vienen celebrando cada año, se trabaja desde las distintas defensorías temas de actualidad y de relevancia para los ciudadanos.
En esta ocasión, será objeto de estudio la situación de las personas mayores desde el punto de vista socio-económico, socio-sanitario y en su relación con la aplicación de la Ley de Dependencia.
El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, José Pablo Ruiz Abellán, coordinará los distintos Talleres de Trabajo, que a su vez serán dirigidos por los defensores de Valencia, José Cholbi Diego; de Castilla La Mancha, José Manuel Martínez Cenzano, y de Canarias, Manuel Alcaide Alonso.
Estos talleres recogerán información de todas las defensorías españolas para conocer de primera mano distintos aspectos que tienen relación e influencia en la vida de las personas mayores.
Fuente : laverdad.es/murcia
ASTURIAS - EL FUTURO DE LA LEY NO ESTÁ ASEGURADO SI GOBIERNA LA DERECHA
«El futuro de la ley de Dependencia no está asegurado si gobierna la derecha»
«Las residencias privadas deberán explicar por qué, con 1.800 personas en Asturias esperando por una plaza pública, no quieren concertar las suyas»
NOEMÍ MARTÍN Consejera de Bienestar Social y Vivienda
Unos 15.000 asturianos son dependientes, reciben ayudas económicas o se benefician de servicios que hasta hace cuatro años tenían que pagar íntegramente.
A finales de este año, la consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado, Noemí Martín, cuenta con que sean unas 23.000, pero eso está por ver. Por medio hay unas elecciones y Martín teme que si la derecha gana terreno la ley de Dependencia sea sacrificada.
-El Observatorio de la Dependencia suspende a Asturias.
-Un suspenso totalmente injusto. Yo no me daré por satisfecha mientras haya una sola familia que tenga que esperar un año para recibir una ayuda, pero es que los datos que maneja el Observatorio son erróneos. Por ejemplo, valoran las leyes de servicios sociales de tercera generación. Asturias tiene una ley de 2003 que hizo un Gobierno socialista con mayoría absoluta y que nosotros apoyamos porque era pionera. Otras comunidades la tomaron como modelo y está totalmente actualizada. Pues el Observatorio le da un cero a Asturias por haber sido aprobada antes de 2007. Y en cuanto a los datos que maneja, no están actualizados. Pero lo más injusto fue la expresión de que la ley estaba congelada, cuando en un año se incorporaron al sistema 5.800 personas.
-Se sugería que los servicios sociales municipales mejorarían la gestión del sistema.
-Hay modelos diferentes, comunidades que utilizan el sistema sanitario para valorar -Castilla-La Mancha, Cantabria...- en otras los servicios sociales municipales y otras similares a Asturias. El resultado no dista mucho. Los servicios municipales son la puerta de entrada en el sistema y tienen un papel de seguimiento fundamental. En el plan concertado de 2009 y 2010 el esfuerzo fundamental de financiación fue para reforzar los servicios municipales para la atención a la Dependencia. No niego la posibilidad de que se les dé un papel más protagonista pero no ahora.
-¿Qué nota se habría puesto usted?
-En torno a un siete. El dinero de los ciudadanos se está invirtiendo en crear una red pública de servicios, alojamientos, centros de día, ayuda a domicilio, teleasistencia... No podemos estar satisfechos al cien por cien, pero que el sistema de Dependencia en Asturias atienda a casi 15.000 personas merece una valoración positiva.
-¿Por qué no aprovechar los recursos privados que ya existen?
-Desde que estamos aquí salieron a concurso más de 1.400 plazas residenciales y se incrementó el precio público. Yo me hago una pregunta: tenemos 1.800 personas en lista de espera del ERA (Establecimientos Residenciales de Asturias) y hay residencias privadas que no quieren concertar; hay demanda, para la parte pública y la privada. Tendrán que explicar por qué siguen teniendo plazas libres con la demanda que existe.
-Con vistas a las próximas elecciones, ¿repetirá en las listas de IU? ¿aspira a continuar en la Consejería?
-Eso lo decidirá IU. Yo aspiro a consolidar un Gobierno de las fuerzas de la izquierda en Asturias. Hay en España, en toda Europa, una ola conservadora nefasta. En Asturias, frente a una derecha dividida, confío en que la izquierda tenga un peso importante, que tenga mayoría y que IU crezca.
-¿El futuro de la ley de Dependencia está asegurado con un Gobierno de derechas?
-No. Sólo hay que darse una vuelta por las comunidades gobernadas por la derecha o ver la referencia europea de Cameron. Si por algo se están caracterizando los conservadores, es por un recorte de derechos y del Estado del bienestar. La izquierda debe demostrar que hay otra alternativa, otra salida a la crisis.
-Pues tienen un nuevo oponente: Foro Asturias.
-Ahora el escenario político en Asturias está muy abierto, estamos ante una nueva situación. A mí lo que me interesa es que la derecha, por las políticas que defiende, no avance, y ojalá esa división signifique su retroceso en Asturias. Yo estoy convencida de que entre Francisco Álvarez-Cascos e Isabel Pérez-Espinosa no hay muchas diferencias.
Fuente : lne.es
«Las residencias privadas deberán explicar por qué, con 1.800 personas en Asturias esperando por una plaza pública, no quieren concertar las suyas»
NOEMÍ MARTÍN Consejera de Bienestar Social y Vivienda
Unos 15.000 asturianos son dependientes, reciben ayudas económicas o se benefician de servicios que hasta hace cuatro años tenían que pagar íntegramente.
A finales de este año, la consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado, Noemí Martín, cuenta con que sean unas 23.000, pero eso está por ver. Por medio hay unas elecciones y Martín teme que si la derecha gana terreno la ley de Dependencia sea sacrificada.
-El Observatorio de la Dependencia suspende a Asturias.
-Un suspenso totalmente injusto. Yo no me daré por satisfecha mientras haya una sola familia que tenga que esperar un año para recibir una ayuda, pero es que los datos que maneja el Observatorio son erróneos. Por ejemplo, valoran las leyes de servicios sociales de tercera generación. Asturias tiene una ley de 2003 que hizo un Gobierno socialista con mayoría absoluta y que nosotros apoyamos porque era pionera. Otras comunidades la tomaron como modelo y está totalmente actualizada. Pues el Observatorio le da un cero a Asturias por haber sido aprobada antes de 2007. Y en cuanto a los datos que maneja, no están actualizados. Pero lo más injusto fue la expresión de que la ley estaba congelada, cuando en un año se incorporaron al sistema 5.800 personas.
-Se sugería que los servicios sociales municipales mejorarían la gestión del sistema.
-Hay modelos diferentes, comunidades que utilizan el sistema sanitario para valorar -Castilla-La Mancha, Cantabria...- en otras los servicios sociales municipales y otras similares a Asturias. El resultado no dista mucho. Los servicios municipales son la puerta de entrada en el sistema y tienen un papel de seguimiento fundamental. En el plan concertado de 2009 y 2010 el esfuerzo fundamental de financiación fue para reforzar los servicios municipales para la atención a la Dependencia. No niego la posibilidad de que se les dé un papel más protagonista pero no ahora.
-¿Qué nota se habría puesto usted?
-En torno a un siete. El dinero de los ciudadanos se está invirtiendo en crear una red pública de servicios, alojamientos, centros de día, ayuda a domicilio, teleasistencia... No podemos estar satisfechos al cien por cien, pero que el sistema de Dependencia en Asturias atienda a casi 15.000 personas merece una valoración positiva.
-¿Por qué no aprovechar los recursos privados que ya existen?
-Desde que estamos aquí salieron a concurso más de 1.400 plazas residenciales y se incrementó el precio público. Yo me hago una pregunta: tenemos 1.800 personas en lista de espera del ERA (Establecimientos Residenciales de Asturias) y hay residencias privadas que no quieren concertar; hay demanda, para la parte pública y la privada. Tendrán que explicar por qué siguen teniendo plazas libres con la demanda que existe.
-Con vistas a las próximas elecciones, ¿repetirá en las listas de IU? ¿aspira a continuar en la Consejería?
-Eso lo decidirá IU. Yo aspiro a consolidar un Gobierno de las fuerzas de la izquierda en Asturias. Hay en España, en toda Europa, una ola conservadora nefasta. En Asturias, frente a una derecha dividida, confío en que la izquierda tenga un peso importante, que tenga mayoría y que IU crezca.
-¿El futuro de la ley de Dependencia está asegurado con un Gobierno de derechas?
-No. Sólo hay que darse una vuelta por las comunidades gobernadas por la derecha o ver la referencia europea de Cameron. Si por algo se están caracterizando los conservadores, es por un recorte de derechos y del Estado del bienestar. La izquierda debe demostrar que hay otra alternativa, otra salida a la crisis.
-Pues tienen un nuevo oponente: Foro Asturias.
-Ahora el escenario político en Asturias está muy abierto, estamos ante una nueva situación. A mí lo que me interesa es que la derecha, por las políticas que defiende, no avance, y ojalá esa división signifique su retroceso en Asturias. Yo estoy convencida de que entre Francisco Álvarez-Cascos e Isabel Pérez-Espinosa no hay muchas diferencias.
Fuente : lne.es
domingo, 23 de enero de 2011
CATALUÑA - ESPERA POR LA DEPENDENCIA
Unos 40.000 catalanes con derecho ayudas de la ley de dependencia están a la espera de recibir los servicios y prestaciones correspondientes, "el doble" de lo que había anunciado el anterior Govern, por la ineficiencia en la gestión de las solicitudes.
En una entrevista de Europa Press, el conseller de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Josep Lluís Cleries
En la entrevista de Europa Press, Cleries ha lamentado que el "único derecho universalizado hasta ahora sea el de esperarse", y ha señalado que trabajan para desburocratizar el sistema y cumplir los plazos de la ley --tres meses para valorar el grado de dependencia y otros tres para elaborar el Programa Individual de Atención (PIA), que da derecho a las prestaciones--.
La tramitación de los certificados de discapacidad se demora hasta dos años en algunos puntos del territorio --Barcelona, el Barcelonès y el Vallès--, frente a los cuatro meses que se tardaba años atrás, ha señalado el conseller, que también ha incluido la agilización de estas gestiones en su agenda.
"Las cosas se han hecho con improvisación. En dependencia, hemos encontrado problemas muy gordos. La estructura administrativa es muy débil", ha criticado Cleries, que en una semana presentará los datos de la ley de dependencia.
El conseller se reunirá en febrero con la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Leire Pajín, para que le detalle cómo se obrará el "milagro de atender a más beneficiarios con un 5% menos de recursos", en alusión a la entrada de las personas con dependencia moderada en el sistema este enero.
Aunque su prioridad pasa por atender los grandes dependientes que esperan la ayuda, también deberá lidiar con el pago de la retroactividad a quienes hicieron su solicitud antes de los recortes del Gobierno.
Las cartas del tripartito a los beneficiarios establecían un pago diferido en cinco años --entre 2011 y 2015--, aunque la anterior consellera había afirmado que se limitaría a tres, por la avanzada edad de los solicitantes.
Además, debe afrontarse el pago a los beneficiarios por retrasos en la aplicación de la ley --desde que entró en vigor el 1 de enero de 2007 hasta que la Generalitat empezó a implementarla en mayo del mismo año--, por orden del Tribunal Supremo (TS) de Cataluña. "Esto supone mucho dinero", ha estimado Cleries.
Fuente : europapress.es
En una entrevista de Europa Press, el conseller de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Josep Lluís Cleries
En la entrevista de Europa Press, Cleries ha lamentado que el "único derecho universalizado hasta ahora sea el de esperarse", y ha señalado que trabajan para desburocratizar el sistema y cumplir los plazos de la ley --tres meses para valorar el grado de dependencia y otros tres para elaborar el Programa Individual de Atención (PIA), que da derecho a las prestaciones--.
La tramitación de los certificados de discapacidad se demora hasta dos años en algunos puntos del territorio --Barcelona, el Barcelonès y el Vallès--, frente a los cuatro meses que se tardaba años atrás, ha señalado el conseller, que también ha incluido la agilización de estas gestiones en su agenda.
"Las cosas se han hecho con improvisación. En dependencia, hemos encontrado problemas muy gordos. La estructura administrativa es muy débil", ha criticado Cleries, que en una semana presentará los datos de la ley de dependencia.
El conseller se reunirá en febrero con la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Leire Pajín, para que le detalle cómo se obrará el "milagro de atender a más beneficiarios con un 5% menos de recursos", en alusión a la entrada de las personas con dependencia moderada en el sistema este enero.
Aunque su prioridad pasa por atender los grandes dependientes que esperan la ayuda, también deberá lidiar con el pago de la retroactividad a quienes hicieron su solicitud antes de los recortes del Gobierno.
Las cartas del tripartito a los beneficiarios establecían un pago diferido en cinco años --entre 2011 y 2015--, aunque la anterior consellera había afirmado que se limitaría a tres, por la avanzada edad de los solicitantes.
Además, debe afrontarse el pago a los beneficiarios por retrasos en la aplicación de la ley --desde que entró en vigor el 1 de enero de 2007 hasta que la Generalitat empezó a implementarla en mayo del mismo año--, por orden del Tribunal Supremo (TS) de Cataluña. "Esto supone mucho dinero", ha estimado Cleries.
Fuente : europapress.es
C.VALENCIANA - ALARTE PROPONE ELIMINAR DECRETO INCOMPATIBILIDADES
Alarte propone eliminar el decreto de incompatibilidades a los beneficiarios de la Ley de Dependencia
El secretario general del PSPV apunta que se tiene que acabar este tiempo en el que la enseñanza es un gasto y un problema y no un derecho.
El secretario general del PSPV y candidato a la Presidencia de la Generalitat valenciana, Jorge Alarte, ha propuesto que los beneficiarios de la Ley de Dependencia puedan recibir otras prestaciones asistenciales además, medida que adoptará en el caso de que gane las próximas elecciones autonómicas.
En su intervención durante el acto de presentación de la candidata a la Alcaldía en Alicante, Elena Martín, que ha contado con la participación de los ministros de Fomento, y de Sanidad, José Blanco y Leire Pajín, respectivamente, Alarte ha confirmado que su "primera ley será para la dignidad, porque es hora de que en esta tierra se le pida perdón a los 32.000 familiares de las personas que han muerto sin que nadie les conteste a las peticiones de la Ley de la Dependencia".
El candidato socialista a la Presidencia ha reivindicado los derechos de las personas dependientes, "que Cotino y Camps les niegan", para reafirmarse en su compromiso: "el 23-M todo el cuerpo administrativo de la Generalitat Valenciana resolverá todas las peticiones pendientes para que, en 30 días, estén todas resueltas".
Al respecto, ha propuesto "cambiar el decreto de incompatibilidades para que la Ley de la Dependencia sea un derecho más y no la excusa para no tener más derechos". "Es hora de que en esta tierra acabemos con la miseria y las calamidades", ha subrayado.
El candidato socialista también ha lamentado que cada vez sean más las mujeres que cuentan que "llevan a sus hijos a los mismos barracones a los que ellas fueron".
"Se tiene que acabar este tiempo en el que la enseñanza es un gasto y un problema y no un derecho", ha declarado tras señalar que "acabaremos con la penuria de nuestros colegios e institutos el próximo 22-M".
Alarte ha trasladado también su apoyo "incondicional y compromiso para que Elena sea alcaldesa" y ha dicho que, en política, "la voluntad de querer cambiar las cosas es muy importante porque eso es lo que hace que las cosas cambien".
Por eso, ha asegurado que "la tenacidad, el esfuerzo y el trabajo de Elena Martín es el camino correcto para ganar".
El líder socialista ha argumentado que "en política no da igual ser honrado que no serlo" y ha aseverado que "ellos vienen a llevarse el dinero de la gente, mientras que nosotros estamos dispuestos a servir a la gente para que sea más feliz y viva mejor".
Alarte también ha criticado que tras quince años de PP la Comunitat Valenciana tiene "más paro que el resto de España", vende "peor que nadie", "ha dejado de exportar y hoy, 15 años después, juegan con la democracia como si eso diera igual".
Para el líder socialista "sólo hay una explicación de por qué la Comunitat es más pobre: es hora de decirle a la gente qué ha pasado y responder con claridad que Camps y el PP representan especulación, ruina y corrupción para los valencianos y valencianas".
Noticia completa en Fuente : diariocriticocv.com/noticias
El secretario general del PSPV apunta que se tiene que acabar este tiempo en el que la enseñanza es un gasto y un problema y no un derecho.
El secretario general del PSPV y candidato a la Presidencia de la Generalitat valenciana, Jorge Alarte, ha propuesto que los beneficiarios de la Ley de Dependencia puedan recibir otras prestaciones asistenciales además, medida que adoptará en el caso de que gane las próximas elecciones autonómicas.
En su intervención durante el acto de presentación de la candidata a la Alcaldía en Alicante, Elena Martín, que ha contado con la participación de los ministros de Fomento, y de Sanidad, José Blanco y Leire Pajín, respectivamente, Alarte ha confirmado que su "primera ley será para la dignidad, porque es hora de que en esta tierra se le pida perdón a los 32.000 familiares de las personas que han muerto sin que nadie les conteste a las peticiones de la Ley de la Dependencia".
El candidato socialista a la Presidencia ha reivindicado los derechos de las personas dependientes, "que Cotino y Camps les niegan", para reafirmarse en su compromiso: "el 23-M todo el cuerpo administrativo de la Generalitat Valenciana resolverá todas las peticiones pendientes para que, en 30 días, estén todas resueltas".
Al respecto, ha propuesto "cambiar el decreto de incompatibilidades para que la Ley de la Dependencia sea un derecho más y no la excusa para no tener más derechos". "Es hora de que en esta tierra acabemos con la miseria y las calamidades", ha subrayado.
El candidato socialista también ha lamentado que cada vez sean más las mujeres que cuentan que "llevan a sus hijos a los mismos barracones a los que ellas fueron".
"Se tiene que acabar este tiempo en el que la enseñanza es un gasto y un problema y no un derecho", ha declarado tras señalar que "acabaremos con la penuria de nuestros colegios e institutos el próximo 22-M".
Alarte ha trasladado también su apoyo "incondicional y compromiso para que Elena sea alcaldesa" y ha dicho que, en política, "la voluntad de querer cambiar las cosas es muy importante porque eso es lo que hace que las cosas cambien".
Por eso, ha asegurado que "la tenacidad, el esfuerzo y el trabajo de Elena Martín es el camino correcto para ganar".
El líder socialista ha argumentado que "en política no da igual ser honrado que no serlo" y ha aseverado que "ellos vienen a llevarse el dinero de la gente, mientras que nosotros estamos dispuestos a servir a la gente para que sea más feliz y viva mejor".
Alarte también ha criticado que tras quince años de PP la Comunitat Valenciana tiene "más paro que el resto de España", vende "peor que nadie", "ha dejado de exportar y hoy, 15 años después, juegan con la democracia como si eso diera igual".
Para el líder socialista "sólo hay una explicación de por qué la Comunitat es más pobre: es hora de decirle a la gente qué ha pasado y responder con claridad que Camps y el PP representan especulación, ruina y corrupción para los valencianos y valencianas".
Noticia completa en Fuente : diariocriticocv.com/noticias
ACCESO URGENTE PARA ENFERMOS TERMINALES
Los colegios médicos piden acceso "urgente" para los enfermos terminales a la ley de dependencia
La Organización Médica Colegial (OMC) y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) han pedido al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad que garantice el derecho de los pacientes en situación terminal a las prestaciones de la Ley de Dependencia, mediante un procedimiento de acceso urgente limitado en el tiempo a un máximo de seis meses.
Ésta es una de las 12 recomendaciones que la OMC y la Secpal han hecho llegar a la ministra del ramo, Leire Pajín, y a los responsables de los grupos políticos, ante el proyecto de ley de cuidados paliativos y muerte digna que prepara el Ejecutivo.
En el documento de propuestas, ambas organizaciones aseguran ver "con satisfacción" el anuncio de un proyecto de ley al respecto, e insisten en que los cuidados paliativos "no pueden considerarse como un privilegio, sino como un derecho de todos los ciudadanos".
Además, consideran que "debe garantizarse el acceso equitativo a unos recursos de cuidados paliativos de calidad en todas las comunidades autónomas".
Entre las medidas que solicitan destaca la que pide para los pacientes en situación de enfermedad terminal, con una expectativa de vida muy limitada, derecho a las prestaciones de la Ley de Dependencia, "mediante un procedimiento de acceso urgente, pero limitado en el tiempo a un máximo de seis meses".
Además, la OMC y la Secpal piden que la norma contemple que los niños y los adultos con enfermedades no oncológicas "accedan a la medicina paliativa en las mismas condiciones que los pacientes con cáncer", y que se establezca un equivalente a la baja laboral para el familiar cuidador que facilite la atención del enfermo en el propio domicilio.
Garantizar la creación de equipos de profesionales con un perfil específico para esta atención y la obligatoriedad de la formación en cuidados paliativos en los estudios universitarios se encuentran también entre sus recomendaciones.
Fuente : noticias.lainformacion.com
La Organización Médica Colegial (OMC) y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) han pedido al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad que garantice el derecho de los pacientes en situación terminal a las prestaciones de la Ley de Dependencia, mediante un procedimiento de acceso urgente limitado en el tiempo a un máximo de seis meses.
Ésta es una de las 12 recomendaciones que la OMC y la Secpal han hecho llegar a la ministra del ramo, Leire Pajín, y a los responsables de los grupos políticos, ante el proyecto de ley de cuidados paliativos y muerte digna que prepara el Ejecutivo.
En el documento de propuestas, ambas organizaciones aseguran ver "con satisfacción" el anuncio de un proyecto de ley al respecto, e insisten en que los cuidados paliativos "no pueden considerarse como un privilegio, sino como un derecho de todos los ciudadanos".
Además, consideran que "debe garantizarse el acceso equitativo a unos recursos de cuidados paliativos de calidad en todas las comunidades autónomas".
Entre las medidas que solicitan destaca la que pide para los pacientes en situación de enfermedad terminal, con una expectativa de vida muy limitada, derecho a las prestaciones de la Ley de Dependencia, "mediante un procedimiento de acceso urgente, pero limitado en el tiempo a un máximo de seis meses".
Además, la OMC y la Secpal piden que la norma contemple que los niños y los adultos con enfermedades no oncológicas "accedan a la medicina paliativa en las mismas condiciones que los pacientes con cáncer", y que se establezca un equivalente a la baja laboral para el familiar cuidador que facilite la atención del enfermo en el propio domicilio.
Garantizar la creación de equipos de profesionales con un perfil específico para esta atención y la obligatoriedad de la formación en cuidados paliativos en los estudios universitarios se encuentran también entre sus recomendaciones.
Fuente : noticias.lainformacion.com
DEPENDENCIA A PLAZOS
Dependencia a plazos
A mi madre le aprobaron una prestación, por la ley de dependencia, de 520,69 euros mensuales, con efectos retroactivos desde el 2009, pero solo le han pagado 343,91 euros.
Ahora ha recibido una carta de la Generalitat que dice le abonará los atrasos (3.744,75 euros) en cinco años, a razón de un 20% del total cada mes de enero.
Mi madre tiene 81 años y está en una silla de ruedas.
Me parece vergonzoso que la Generalitat no pueda pagar enteramente una modesta subvención hasta el 2015.
Fuente : elperiodico.com
A mi madre le aprobaron una prestación, por la ley de dependencia, de 520,69 euros mensuales, con efectos retroactivos desde el 2009, pero solo le han pagado 343,91 euros.
Ahora ha recibido una carta de la Generalitat que dice le abonará los atrasos (3.744,75 euros) en cinco años, a razón de un 20% del total cada mes de enero.
Mi madre tiene 81 años y está en una silla de ruedas.
Me parece vergonzoso que la Generalitat no pueda pagar enteramente una modesta subvención hasta el 2015.
Fuente : elperiodico.com
sábado, 22 de enero de 2011
PSOE PEDIRÁ PLAN DE ACCIÓN PARA INSERCIÓN LABORAL DISCAPACITADOS
En el debate de una proposición no de ley
El PSOE pedirá este martes en el Congreso un plan de acción para la plena inserción laboral de los discapacitados
El pleno del Congreso de los Diputados debatirá este próximo martes una proposición no de ley del PSOE que insta al Gobierno a la elaboración de un plan de acción para la plena inserción laboral de las personas con discapacidad.
La propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, fue registrada el pasado 5 de febrero de 2009 por la diputada socialista María José Sánchez y, concretamente, se plantea la ejecución de este nuevo plan de acción para poder desarrollar la 'Estrategia Global para el Empleo de las Personas con Discapacidad', cuya vigencia caducará en 2012.
En este plan de acción, los socialistas quieren que se refleje la prioridad de las actuaciones a corto, medio y largo plazo en la materia, con previsión de una evaluación periódica de las medidas que permita conocer el grado de su ejecución y dificultades, así como de su eficiencia e incidencia en la inserción laboral de estas personas.
No obstante, el PSOE quiere que se lleve a cabo este plan en coordinación con las comunidades autónomas, y previa consulta con los interlocutores sociales y con las organizaciones de las personas con discapacidad y sus familias.
ESTRATEGIA GLOBAL PARA EL EMPLEO Y DISCAPACIDAD
Fue en septiembre de 2008 cuando el Consejo de Ministros aprobó esta Estrategia Global para el Empleo de las Personas con Discapacidad, a desarrollar entre 2008 y 2012, con una inversión de 3.700 millones de euros.
Sus objetivos generales son: aumentar la tasa de actividad y de ocupación, así como la inserción laboral de las personas con discapacidad y, por otro, mejorar la calidad del empleo y dignificar las condiciones de trabajo, combatiendo activamente la discriminación.
Para ello, cuenta con siete objetivos operativos, que incluyen 93 líneas de actuación, que inciden, además de en la política de empleo, en ámbitos como la educación, la seguridad social o la política fiscal.
Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para favorecer el empleo de estas personas y atender especialmente a la doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad, se suman a sus objetivos.
NORMAS "DE GRAN CALADO"
En la exposición de motivos, los socialistas argumentan que durante la pasada legislatura fueron aprobadas una batería de normas de "gran calado", cuya finalidad principal era mejorar las condiciones de vida y la integración sociolaboral de las personas con discapacidad, y ahora falta desarrollar esta estrategia.
Así, cita algunas normas aprobadas como la Ley de 2006 de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia o la normativa de 2007 por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, entre otras.
Fuente : europapress.es/nacional
El PSOE pedirá este martes en el Congreso un plan de acción para la plena inserción laboral de los discapacitados
El pleno del Congreso de los Diputados debatirá este próximo martes una proposición no de ley del PSOE que insta al Gobierno a la elaboración de un plan de acción para la plena inserción laboral de las personas con discapacidad.
La propuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, fue registrada el pasado 5 de febrero de 2009 por la diputada socialista María José Sánchez y, concretamente, se plantea la ejecución de este nuevo plan de acción para poder desarrollar la 'Estrategia Global para el Empleo de las Personas con Discapacidad', cuya vigencia caducará en 2012.
En este plan de acción, los socialistas quieren que se refleje la prioridad de las actuaciones a corto, medio y largo plazo en la materia, con previsión de una evaluación periódica de las medidas que permita conocer el grado de su ejecución y dificultades, así como de su eficiencia e incidencia en la inserción laboral de estas personas.
No obstante, el PSOE quiere que se lleve a cabo este plan en coordinación con las comunidades autónomas, y previa consulta con los interlocutores sociales y con las organizaciones de las personas con discapacidad y sus familias.
ESTRATEGIA GLOBAL PARA EL EMPLEO Y DISCAPACIDAD
Fue en septiembre de 2008 cuando el Consejo de Ministros aprobó esta Estrategia Global para el Empleo de las Personas con Discapacidad, a desarrollar entre 2008 y 2012, con una inversión de 3.700 millones de euros.
Sus objetivos generales son: aumentar la tasa de actividad y de ocupación, así como la inserción laboral de las personas con discapacidad y, por otro, mejorar la calidad del empleo y dignificar las condiciones de trabajo, combatiendo activamente la discriminación.
Para ello, cuenta con siete objetivos operativos, que incluyen 93 líneas de actuación, que inciden, además de en la política de empleo, en ámbitos como la educación, la seguridad social o la política fiscal.
Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para favorecer el empleo de estas personas y atender especialmente a la doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad, se suman a sus objetivos.
NORMAS "DE GRAN CALADO"
En la exposición de motivos, los socialistas argumentan que durante la pasada legislatura fueron aprobadas una batería de normas de "gran calado", cuya finalidad principal era mejorar las condiciones de vida y la integración sociolaboral de las personas con discapacidad, y ahora falta desarrollar esta estrategia.
Así, cita algunas normas aprobadas como la Ley de 2006 de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia o la normativa de 2007 por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, entre otras.
Fuente : europapress.es/nacional
PAMPLONA - LE REBAJAN LA DEPENDENCIA Y LE QUITAN LA AYUDA
Denuncia que a su madre le rebajan la dependencia y le quitan una ayuda
La vecina de Pamplona Begoña Garísoain Saldías cuida a su madre y su tía en casa, ambas delicadas
A su madre le dieron la dependencia severa tipo 1 en 2008 y en el 2010, tras una revisión, se le redujo a moderada tipo 1
La vecina de Pamplona, Begoña Garísoain Saldías, de 45 años, cuida a dos personas dependientes: su madre, de 86 años, y su tía, de 88. Las tres viven actualmente en el domicilio de la tía. Desde el pasado mes de junio Begoña Garísoain, que asegura dedicarles prácticamente las 24 horas de día, lleva a cabo una batalla personal por lo que considera una "injusticia".
Y es que a su madre, que en el 2008 fue valorada con el grado de dependiente severo tipo 1, tras una revisión en el citado mes, le rebajaron el grado al de moderado tipo 1 y como consecuencia también le quitaron la ayuda para cuidado en el hogar que cobraba, de 400 euros mensuales, desde hacía dos años.
La hija considera que los argumentos que alegan los técnicos de la Agencia Navarra para la Dependencia (Andep) son "inciertos" y cree que el estado de su madre ha empeorado en este tiempo por lo que no entiende cómo puede ser ahora menos dependiente.
De hecho, afirma que la descripción que se hace en la resolución oficial que desestima el recurso que presentó contra la decisión tomada por Asuntos Sociales "no se corresponde con la realidad" que ella vive "día a día".
"Yo tomé la decisión en su día de cuidarlas y no me arrepiento", asegura. "Tengo con ellas un contrato indefinido y un salario emocional muy alto y no las voy a dejar mientras tenga salud", añade. Y así lo hace, cuenta, desde hace diez años. Además, cuidó también al marido de su tía, enfermo de parkinson y con demencia senil, hasta que éste falleció.
"Y todo ello sin ninguna ayuda por parte de la Administración", aclara. Eso sí, al menos ha contado con el apoyo de familiares, amigos y vecinos. Por ejemplo, para poder trabajar y ganar algo de dinero, ya que dedica dos horas y media diarias de lunes a viernes a limpiar una oficina.
Cuidando cada día
Según explica, cada día asea, levanta y acuesta, ayuda con la comida y la medicación y un largo etcétera, a las "abuelas", como ella las llama. Además, a su madre le ayuda también con el oxígeno que requiere de vez en cuando por problemas respiratorios y por la noche, a colocarse un aparato llamado "bipap", ya que sufre problemas de sueño, como apnea. Ambas mujeres, explica, tampoco pueden cocinar por sí mismas y necesitan apoyo para ducharse y para salir a la calle.
En julio de 2008 los técnicos de la Andep, tras visitar a su madre en casa y estudiar los informes médicos, le concedieron el grado de dependencia severo tipo 1. Con ello pudo optar a una ayuda económica para cuidado familiar de 400 euros mensuales.
Durante dos años todo fue bien, hasta que en junio de 2010 dos técnicos acudieron de nuevo a su domicilio para una revisión. Al mes siguiente, y sin previo aviso, dejaron de abonarle la ayuda económica. Fue a la Andep a preguntar qué pasaba. "Me pidieron disculpas y comentaron que seguramente era un error", afirma.
En agosto de 2010 presentó mediante instancia en el Registro de Asuntos Sociales un recurso contra la resolución que concedía a su madre en esta ocasión una dependencia moderada 1 y como consecuencia dejaban de abonarle la ayuda -ya que en dicho grado no existe ese derecho-.
En diciembre de 2010 le llegó a casa una carta en la que la institución pública se ratificaba en su decisión y alegaba una serie de circunstancias sobre la situación de su madre que ella considera "inciertas" además de "incoherentes". Por ejemplo, en el documento se dice que "es casi autónoma para ducharse", al tiempo que se reconoce que necesita apoyo para tomar la medicación.
También se señala el hecho de que ahora, en el nuevo domicilio (el de su tía) disponen de rampa en la entrada del portal y ascensor y que también pueden usar silla de ruedas eléctrica -comprada de segunda mano, añade ella-.
A Begoña Garísoain estos motivos alegados no le parecen suficientes y además considera que los informes del médico de cabecera apoyan sus argumentos.
El último, con fecha de octubre de 2010, recoge una larga lista de patologías, entre ellos, por ejemplo, embolismo arterial pulmonar, artrosis lumbar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) severa que "precisa de tratamiento con oxigenoterapia domiciliaria", cataratas, prótesis en caderas, incontinencia urinaria, fibrilación auricular (problema de corazón), depresión, etc.
"Paciente de alto riesgo"
"Es una paciente de alto riesgo", escribe, en negrita, el médico, "que precisa de permanente atención para realizar cualquier actividad de la vida diaria. Precisa de silla de ruedas para realizar cualquier desplazamiento. También necesita apoyo para tomar la medicación. Por todo ello considero que tiene un considerable nivel de dependencia", finaliza.
"Cuando leo lo que dice la carta parece que están hablando de otra persona", se queja Begoña Garísoain. "¡Pero si mi madre necesita ayuda hasta para respirar...!", agrega. Por todo ello, ya ha pedido una nueva valoración.
Por otro lado, resalta que a su tía, de 88 años, le hicieron también la valoración de la dependencia, en este caso en el mes de febrero de 2010. Le concedieron el grado de dependencia severa 1 y, asimismo, la ayuda económica para cuidados en el domicilio correspondiente a dicho grado.
Sin embargo, según explica la sobrina, aún no ha cobrado "nada" y ya han pasado, señala, ocho meses desde que se la aprobaron y casi un año desde la concesión del grado de dependencia.
Fuente : diariodenavarra.es
La vecina de Pamplona Begoña Garísoain Saldías cuida a su madre y su tía en casa, ambas delicadas
A su madre le dieron la dependencia severa tipo 1 en 2008 y en el 2010, tras una revisión, se le redujo a moderada tipo 1
La vecina de Pamplona, Begoña Garísoain Saldías, de 45 años, cuida a dos personas dependientes: su madre, de 86 años, y su tía, de 88. Las tres viven actualmente en el domicilio de la tía. Desde el pasado mes de junio Begoña Garísoain, que asegura dedicarles prácticamente las 24 horas de día, lleva a cabo una batalla personal por lo que considera una "injusticia".
Y es que a su madre, que en el 2008 fue valorada con el grado de dependiente severo tipo 1, tras una revisión en el citado mes, le rebajaron el grado al de moderado tipo 1 y como consecuencia también le quitaron la ayuda para cuidado en el hogar que cobraba, de 400 euros mensuales, desde hacía dos años.
La hija considera que los argumentos que alegan los técnicos de la Agencia Navarra para la Dependencia (Andep) son "inciertos" y cree que el estado de su madre ha empeorado en este tiempo por lo que no entiende cómo puede ser ahora menos dependiente.
De hecho, afirma que la descripción que se hace en la resolución oficial que desestima el recurso que presentó contra la decisión tomada por Asuntos Sociales "no se corresponde con la realidad" que ella vive "día a día".
"Yo tomé la decisión en su día de cuidarlas y no me arrepiento", asegura. "Tengo con ellas un contrato indefinido y un salario emocional muy alto y no las voy a dejar mientras tenga salud", añade. Y así lo hace, cuenta, desde hace diez años. Además, cuidó también al marido de su tía, enfermo de parkinson y con demencia senil, hasta que éste falleció.
"Y todo ello sin ninguna ayuda por parte de la Administración", aclara. Eso sí, al menos ha contado con el apoyo de familiares, amigos y vecinos. Por ejemplo, para poder trabajar y ganar algo de dinero, ya que dedica dos horas y media diarias de lunes a viernes a limpiar una oficina.
Cuidando cada día
Según explica, cada día asea, levanta y acuesta, ayuda con la comida y la medicación y un largo etcétera, a las "abuelas", como ella las llama. Además, a su madre le ayuda también con el oxígeno que requiere de vez en cuando por problemas respiratorios y por la noche, a colocarse un aparato llamado "bipap", ya que sufre problemas de sueño, como apnea. Ambas mujeres, explica, tampoco pueden cocinar por sí mismas y necesitan apoyo para ducharse y para salir a la calle.
En julio de 2008 los técnicos de la Andep, tras visitar a su madre en casa y estudiar los informes médicos, le concedieron el grado de dependencia severo tipo 1. Con ello pudo optar a una ayuda económica para cuidado familiar de 400 euros mensuales.
Durante dos años todo fue bien, hasta que en junio de 2010 dos técnicos acudieron de nuevo a su domicilio para una revisión. Al mes siguiente, y sin previo aviso, dejaron de abonarle la ayuda económica. Fue a la Andep a preguntar qué pasaba. "Me pidieron disculpas y comentaron que seguramente era un error", afirma.
En agosto de 2010 presentó mediante instancia en el Registro de Asuntos Sociales un recurso contra la resolución que concedía a su madre en esta ocasión una dependencia moderada 1 y como consecuencia dejaban de abonarle la ayuda -ya que en dicho grado no existe ese derecho-.
En diciembre de 2010 le llegó a casa una carta en la que la institución pública se ratificaba en su decisión y alegaba una serie de circunstancias sobre la situación de su madre que ella considera "inciertas" además de "incoherentes". Por ejemplo, en el documento se dice que "es casi autónoma para ducharse", al tiempo que se reconoce que necesita apoyo para tomar la medicación.
También se señala el hecho de que ahora, en el nuevo domicilio (el de su tía) disponen de rampa en la entrada del portal y ascensor y que también pueden usar silla de ruedas eléctrica -comprada de segunda mano, añade ella-.
A Begoña Garísoain estos motivos alegados no le parecen suficientes y además considera que los informes del médico de cabecera apoyan sus argumentos.
El último, con fecha de octubre de 2010, recoge una larga lista de patologías, entre ellos, por ejemplo, embolismo arterial pulmonar, artrosis lumbar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) severa que "precisa de tratamiento con oxigenoterapia domiciliaria", cataratas, prótesis en caderas, incontinencia urinaria, fibrilación auricular (problema de corazón), depresión, etc.
"Paciente de alto riesgo"
"Es una paciente de alto riesgo", escribe, en negrita, el médico, "que precisa de permanente atención para realizar cualquier actividad de la vida diaria. Precisa de silla de ruedas para realizar cualquier desplazamiento. También necesita apoyo para tomar la medicación. Por todo ello considero que tiene un considerable nivel de dependencia", finaliza.
"Cuando leo lo que dice la carta parece que están hablando de otra persona", se queja Begoña Garísoain. "¡Pero si mi madre necesita ayuda hasta para respirar...!", agrega. Por todo ello, ya ha pedido una nueva valoración.
Por otro lado, resalta que a su tía, de 88 años, le hicieron también la valoración de la dependencia, en este caso en el mes de febrero de 2010. Le concedieron el grado de dependencia severa 1 y, asimismo, la ayuda económica para cuidados en el domicilio correspondiente a dicho grado.
Sin embargo, según explica la sobrina, aún no ha cobrado "nada" y ya han pasado, señala, ocho meses desde que se la aprobaron y casi un año desde la concesión del grado de dependencia.
Fuente : diariodenavarra.es
LA RIOJA - SERVICIO ATENCIÓN TEMPRANA LLEGARÁ A 400 NIÑOS
El servicio de atención temprana llegará este año a 400 niños riojanos
El servicio de atención temprana del Gobierno de La Rioja llegará en 2011 a unos 400 niños de entre cero y seis años, con una previsión de realizar 32.625 tratamientos.
En 2010 se atendió a 304 pequeños. Así lo indicó ayer la consejera de Servicios Sociales, Sagrario Loza, tras explicar las bases del decreto que regula esta atención integral.
El texto, aprobado el miércoles por el Ejecutivo, amplía lo establecido en la Ley de Dependencia en varios aspectos.
El primero de ellos, es la atención hasta los seis años y no hasta los tres, como se fija en la Ley. Asimismo, se incorpora la atención a las situaciones de riesgo, y no sólo a las de gran dependencia de los menores.
Así, se intervendrá en casos de riesgo ambiental con unas condiciones sociales poco favorecedoras y que alteren el proceso madurativo del niño; situaciones de retraso u otros factores biológicos que puedan afectar al proceso madurativo (prematuros, niños de bajo peso, anoxia al nacer...), y las discapacidades y desviaciones del desarrollo, ya sean transitorias o permanentes.
Loza destacó que la atención temprana se regirá por la universalidad, la igualdad de oportunidades, la integración social, el interés superior del menor, la coordinación, la descentralización de los recursos, la calidad y la sostenibilidad.
La atención se realizará en tres niveles y coordinará las actuaciones en Educación, Salud y Servicios Sociales. Se prevé, además, que si el niño no acude al recurso correspondiente, se pondrá en conocimiento de Protección del Menor.
Fuente : elcorreo.com
El servicio de atención temprana del Gobierno de La Rioja llegará en 2011 a unos 400 niños de entre cero y seis años, con una previsión de realizar 32.625 tratamientos.
En 2010 se atendió a 304 pequeños. Así lo indicó ayer la consejera de Servicios Sociales, Sagrario Loza, tras explicar las bases del decreto que regula esta atención integral.
El texto, aprobado el miércoles por el Ejecutivo, amplía lo establecido en la Ley de Dependencia en varios aspectos.
El primero de ellos, es la atención hasta los seis años y no hasta los tres, como se fija en la Ley. Asimismo, se incorpora la atención a las situaciones de riesgo, y no sólo a las de gran dependencia de los menores.
Así, se intervendrá en casos de riesgo ambiental con unas condiciones sociales poco favorecedoras y que alteren el proceso madurativo del niño; situaciones de retraso u otros factores biológicos que puedan afectar al proceso madurativo (prematuros, niños de bajo peso, anoxia al nacer...), y las discapacidades y desviaciones del desarrollo, ya sean transitorias o permanentes.
Loza destacó que la atención temprana se regirá por la universalidad, la igualdad de oportunidades, la integración social, el interés superior del menor, la coordinación, la descentralización de los recursos, la calidad y la sostenibilidad.
La atención se realizará en tres niveles y coordinará las actuaciones en Educación, Salud y Servicios Sociales. Se prevé, además, que si el niño no acude al recurso correspondiente, se pondrá en conocimiento de Protección del Menor.
Fuente : elcorreo.com
viernes, 21 de enero de 2011
NAVARRA - RECORTES EN ASUNTOS SOCIALES
Trabajadores de Asuntos Sociales denuncian recortes en gastos de personal
Los trabajadores han afirmado que se ha llevado a cabo una reducción en gastos de personal de 100.000 euros
Advierten que esto afecta a sustituciones, por lo que "muchas veces" las plantilla será la de "servicios mínimos"
Trabajadores de la Agencia Navarra para la Dependencia, del departamento de Asuntos Sociales, han denunciado hoy una pérdida en la calidad del servicio por un recorte en los gastos de personal, calidad que sin embargo ha puesto en valor el presidente Miguel Sanz a pesar de que el Gobierno central no abona las cuantías comprometidas.
Concentrados ante la sede de la consejería, los trabajadores han afirmado que se ha llevado a cabo una reducción en gastos de personal de 100.000 euros y esto afecta a las sustituciones por bajas, vacaciones o festivos, por lo que "muchas veces" las plantilla será la de "servicios mínimos".
De esta manera, han afirmado los miembros de la comisión de personal de la Agencia, integrada por ELA, LAB, UGT, CCOO, USAE, SATSE y AFAPNA, se resiente "la atención directa" a los usuarios de escuelas de 0 a 3 años, residencias de ancianos o el centro San José de discapacitados.
Servicios generales, enfermería o cuidados gerontológicos son los más afectados por este recorte, han dicho, y han advertido que si no se restituye la cuantía se temen que el próximo año haya una nueva reducción del gasto sobre lo ya mermado en 2011.
Por eso han alertado sobre la "pérdida de calidad" de unos servicios que atienden a personas que no pueden valerse por sí mismas y que "dependen totalmente" de los trabajadores para su cuidado y actividades básicas de la vida diaria.
Y junto a esta pérdida de calidad han advertido también de la "sobrecarga" que tendrán que soportar si falta personal porque hay cuidados que no pueden dejar de prestar, lo que temen que se traducirá en problemas de salud para los trabajadores.
"Trabajamos con personas a las que no se puede dejar de dar un servicio digno, que supriman jefaturas porque de estos servicios no se puede recortar", ha dicho Rosa Arnedillo, del sindicato LAB, y ha añadido que este recorte de gastos "es una cacicada" que no ven intención de corregir por parte de Asuntos Sociales, "por lo que las familias (de los usuarios) tienen que saber que no vamos a llegar" a cumplir con el trabajo.
El presidente Miguel Sanz, que a la hora de la concentración se encontraba a unos metros de distancia en el departamento de Medio Ambiente, ha puesto sin embargo en valor la calidad de los servicios sociales en Navarra y en declaraciones a los periodistas ha achacado los problemas económicos al Gobierno central.
"En el tema de la dependencia hay una cosa muy clara: los esfuerzos que está haciendo el Gobierno de Navarra más allá de sus obligaciones", ha dicho, y ha subrayado que "aquí quien está incumpliendo con absoluta claridad es quien se comprometió a financiar una parte importante del desarrollo de la ley de dependencia y ahora no llega a las autonomías ni la mitad de lo que tenía que venir por compromisos de la Administración central".
Por eso el presidente ha atribuido "los defectos que pueda tener el desarrollo exhaustivo y total" de la ley de dependencia "a quien no está cumpliendo con sus obligaciones económicas".
Fuente : diariodenavarra.es
Los trabajadores han afirmado que se ha llevado a cabo una reducción en gastos de personal de 100.000 euros
Advierten que esto afecta a sustituciones, por lo que "muchas veces" las plantilla será la de "servicios mínimos"
Trabajadores de la Agencia Navarra para la Dependencia, del departamento de Asuntos Sociales, han denunciado hoy una pérdida en la calidad del servicio por un recorte en los gastos de personal, calidad que sin embargo ha puesto en valor el presidente Miguel Sanz a pesar de que el Gobierno central no abona las cuantías comprometidas.
Concentrados ante la sede de la consejería, los trabajadores han afirmado que se ha llevado a cabo una reducción en gastos de personal de 100.000 euros y esto afecta a las sustituciones por bajas, vacaciones o festivos, por lo que "muchas veces" las plantilla será la de "servicios mínimos".
De esta manera, han afirmado los miembros de la comisión de personal de la Agencia, integrada por ELA, LAB, UGT, CCOO, USAE, SATSE y AFAPNA, se resiente "la atención directa" a los usuarios de escuelas de 0 a 3 años, residencias de ancianos o el centro San José de discapacitados.
Servicios generales, enfermería o cuidados gerontológicos son los más afectados por este recorte, han dicho, y han advertido que si no se restituye la cuantía se temen que el próximo año haya una nueva reducción del gasto sobre lo ya mermado en 2011.
Por eso han alertado sobre la "pérdida de calidad" de unos servicios que atienden a personas que no pueden valerse por sí mismas y que "dependen totalmente" de los trabajadores para su cuidado y actividades básicas de la vida diaria.
Y junto a esta pérdida de calidad han advertido también de la "sobrecarga" que tendrán que soportar si falta personal porque hay cuidados que no pueden dejar de prestar, lo que temen que se traducirá en problemas de salud para los trabajadores.
"Trabajamos con personas a las que no se puede dejar de dar un servicio digno, que supriman jefaturas porque de estos servicios no se puede recortar", ha dicho Rosa Arnedillo, del sindicato LAB, y ha añadido que este recorte de gastos "es una cacicada" que no ven intención de corregir por parte de Asuntos Sociales, "por lo que las familias (de los usuarios) tienen que saber que no vamos a llegar" a cumplir con el trabajo.
El presidente Miguel Sanz, que a la hora de la concentración se encontraba a unos metros de distancia en el departamento de Medio Ambiente, ha puesto sin embargo en valor la calidad de los servicios sociales en Navarra y en declaraciones a los periodistas ha achacado los problemas económicos al Gobierno central.
"En el tema de la dependencia hay una cosa muy clara: los esfuerzos que está haciendo el Gobierno de Navarra más allá de sus obligaciones", ha dicho, y ha subrayado que "aquí quien está incumpliendo con absoluta claridad es quien se comprometió a financiar una parte importante del desarrollo de la ley de dependencia y ahora no llega a las autonomías ni la mitad de lo que tenía que venir por compromisos de la Administración central".
Por eso el presidente ha atribuido "los defectos que pueda tener el desarrollo exhaustivo y total" de la ley de dependencia "a quien no está cumpliendo con sus obligaciones económicas".
Fuente : diariodenavarra.es
LA RIOJA - DECRETO REGULA INTERVENCIÓN ATENCIÓN TEMPRANA
El Gobierno de La Rioja aprueba el Decreto que regula la intervención integral en atención temprana
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto que regula la intervención integral en atención temprana en La Rioja, cuyo objetivo principal es la coordinación de actuaciones de los tres sistemas implicados (salud, educación y servicios sociales) creando un modelo unificador que permita una evaluación continua de las intervenciones sin perjuicio de las actuaciones que en el marco de competencias desarrollen los sistemas anteriormente mencionados.
Además, con el Decreto, el Gobierno de La Rioja añade un nivel adicional al establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, al extender el derecho a la atención temprana “a toda la población infantil riojana de 0 a 6 años con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos, tratando de prevenir y compensar las desventajas transitorias o permanentes a través de una atención individualizada de carácter preventivo, asistencial, habilitador y orientada tanto a esta población infantil como a su entorno familiar y social”, mientras que la Ley 39/2006 lo limita a los menores de 3 años en situación de dependencia.
Entre sus aspectos más significativos, el Decreto plantea también una asistencia integral de calidad porque se concibe como un espacio en el que interactúan los tres sistemas de protección, de forma que las actuaciones se lleven a cabo desde una perspectiva interdisciplinar y se articulen como un modelo de intervención más amplio y global que tenga en cuenta todos los factores implicados que afecten a las necesidades reales de los menores.
Por ello, la normativa plantea “un modelo unificador y evaluador de la intervención en atención temprana en La Rioja”. En concreto, el objetivo es que, a través de la coordinación, se posibilite “la mejora o el desarrollo de los recursos específicos de atención temprana”, procurando su optimización y una complementariedad de las intervenciones con el menor, su familia y su entorno, sin que se produzca una duplicidad de servicios.
Con todo ello, se busca una intervención directa, e indirecta con la familia y con el entorno del menor, con el fin de reducir los efectos de una deficiencia o déficit sobre el conjunto global del niño o la niña que se encuentre o pueda encontrarse en una situación de:
• de riesgo ambiental con unas condiciones sociales poco favorecedoras o de desprotección (ya sea en riesgo o en desamparo), siempre que esas condiciones alteren su proceso madurativo
• retraso o cualquier otro factor o signo biológico de riesgo que durante el periodo pre, peri y postnatal, hayan estado sometidos a situaciones que podrían alterar su proceso madurativo, como puede ser la prematuridad, el bajo peso o la anoxia al nacer
• retraso o cualquier otro factor o signo biológico de riesgo, desviaciones o discapacidades del desarrollo establecidas, transitorias o permanentes, o discapacidades de tipo cognitivo, de la movilidad, de la comunicación o sensoriales.
Entre los principios que regirán la intervención, se pueden destacar la universalidad y la igualdad de oportunidades, la integración social, el interés superior del menor, la coordinación, la descentralización y territorialización, la calidad y la sostenibilidad.
En la norma aprobada hoy por el Consejo de Gobierno, se establece la intervención en atención temprana desde la prevención a través de tres niveles:
• prevención primaria: tiene como objetivo evitar las condiciones que puedan conllevar la aparición de deficiencias o trastornos en el desarrollo infantil
• prevención secundaria: pretende detectar y diagnosticar precozmente la aparición de deficiencias o trastornos en el desarrollo o el riesgo de padecerlos desde cada uno de los sistemas implicados
• prevención terciaria: mediante las actuaciones para eliminar o reducir las consecuencias negativas de los trastornos o disfunciones detectadas en el desarrollo del menor
Asimismo, el Decreto determina las funciones de la intervención y las causas de finalización de la misma.
En cuanto a los recursos para la intervención integral en atención temprana en La Rioja, el Decreto establece que:
• el desarrollo de la intervención se llevará a cabo a través de los recursos de los tres sistemas, sanitario, educativo y de servicios sociales, señalados en sus respectivas carteras de servicios y prestaciones de atención temprana
• el acceso a los recursos de los tres sistemas implicados y las acciones a desarrollar por los mismos se planificará de forma coordinada, de conformidad con los protocolos de coordinación y derivación que se establezcan, procurando una complementariedad de las intervenciones con el menor, su familia y su entorno, desde los tres sistemas sin que pueda producirse en ningún caso una duplicidad de servicios
Con respecto al principio regidor de la coordinación, el Decreto establece la misma a través de dos Comisiones, la Comisión Directora de Atención Temprana (encargada de fijar las líneas estratégicas de acción), y la Comisión Técnica de Atención Temprana (dedicada a la coordinación y seguimiento de las intervenciones).
Las funciones de la Comisión Directora de Atención Temprana son, entre otras:
• la elaboración de la planificación anual previa valoración de las recomendaciones y propuestas recibidas de la Comisión Técnica de Atención Temprana
• promover la coordinación entre los sistemas implicados en la atención temprana y el desarrollo de la cartera de servicios propios de cada sistema de acuerdo a las competencias que les son propias
• la revisión y determinación de la actualización de los correspondientes servicios y prestaciones de atención temprana de los tres sistemas implicados.
Entre algunas de las funciones de la Comisión Técnica de Atención Temprana, se encuentran las siguientes:
• el análisis, seguimiento y elaboración de casos
• la investigación y la elaboración de guías de apoyo para padres y profesionales
• la elevación de recomendaciones y propuestas a la Comisión Directiva de Atención Temprana, para el desarrollo de las funciones que le son propias
Nuevo sistema público de intervención de Servicios Sociales en atención temprana
La Consejería de Servicios Sociales lleva tiempo trabajando en la implantación y desarrollo de un nuevo sistema público de intervención de servicios sociales en atención temprana.
El Decreto que hoy se aprueba es una norma necesaria por dos motivos:
- por un lado, al establecer la necesaria coordinación de los tres ámbitos implicados en la intervención integral
- por otro, al completar el marco normativo de ordenación del servicio en el ámbito específico de los Servicios Sociales.
La Consejería de Servicios Sociales ya ha elaborado diversa normativa con la que se han dado pasos para la implantación de este nuevo sistema.
Así, es importante destacar dos Órdenes ya en vigor:
•la Orden 5/2009, de 15 de diciembre, de la Consejería de Servicios Sociales por la que se regulan los requisitos mínimos de centros y servicios de desarrollo infantil y atención temprana.
En ella, se establecen:
- la creación y desarrollo de una red pública de centros y servicios de desarrollo infantil y atención temprana, dentro del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales;
- unos requisitos que deben poseer los centros y servicios dirigidos al desarrollo infantil y a la atención temprana de forma que quede garantizado el nivel de calidad que deben reunir
- los recursos existentes, ya sean públicos o privados, para el desarrollo de la intervención de servicios sociales en atención temprana en nuestra comunidad autónoma, que son la unidad de desarrollo infantil y atención temprana, UDIAT (dentro del Centro de Valoración de la Discapacidad y Dependencia) y los centros y servicios de titularidad privada y que a través de los oportunos contratos de servicios con el Gobierno de La Rioja presten un servicio público.
•la Orden 2/2010, de 11 de enero, de la Consejería de Servicios Sociales, por la que se regula el procedimiento para la intervención de servicios sociales en atención temprana, según el cual se produce la sustitución de un sistema de ayudas (en el que el Gobierno de La Rioja colaboraba con la financiación del gasto que asumían los padres, hasta en un 80%) por un sistema en el que la intervención se convierte en un servicio público de carácter universal y gratuito (que no estará sujeto a contraprestación económica alguna por parte de los usuarios, asumiendo el Gobierno de La Rioja el coste económico total de las intervenciones que necesite el menor).
Además de todo ello, atendiendo al principio de proximidad a los ciudadanos y descentralización, establecido en el artículo 7.i) de la Ley7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja, el Gobierno de La Rioja pretende que la intervención de servicios sociales en atención temprana se preste tanto en Logroño como en las demarcaciones de Rioja Alta y Rioja Baja.
Respecto a Logroño, en agosto de 2010, la Consejería de Servicios Sociales suscribió tres contratos por valor de 1.374.750 euros mediante los que el Gobierno de La Rioja garantiza el servicio de atención temprana desde agosto de 2010 hasta agosto de 2012 (con opción de prórroga hasta agosto de 2014).
En lo que respecta a la Rioja Baja, el Gobierno de La Rioja ya publicó en B.O.R. el procedimiento de adjudicación del servicio por un total de 218.070 euros, en 4 lotes de igual valor, cuyo plazo para la presentación de ofertas concluyó el día 11 de enero de 2011, encontrándose en la actualidad el expediente en mesas de contratación de cara a su próxima adjudicación. Respecto a la Rioja Alta, el expediente del procedimiento de adjudicación del servicio se encuentra en fase de tramitación de cara a su publicación en B.O.R.
Previsión de 32.625 tratamientos en 2011
La intervención de servicios sociales en atención temprana se desarrolla a través de diferentes modalidades como fisioterapia, psicología, logopedia, estimulación, psicomotricidad, lenguaje de signos y cualesquiera otras que pudieran ser adecuadas para el desarrollo del menor.
Según datos de la Consejería de Servicios Sociales, un total de 304 niños fueron atendidos en 2010 con la prestación de atención temprana por el Sistema Público de Servicios Sociales.
En 2011, la Consejería de Servicios Sociales destinará un presupuesto de 1.912.172 euros a la prestación del servicio de atención temprana, con una previsión aproximada de atención a 400 niños y de 32.625 tratamientos.
Fuente : larioja.com
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto que regula la intervención integral en atención temprana en La Rioja, cuyo objetivo principal es la coordinación de actuaciones de los tres sistemas implicados (salud, educación y servicios sociales) creando un modelo unificador que permita una evaluación continua de las intervenciones sin perjuicio de las actuaciones que en el marco de competencias desarrollen los sistemas anteriormente mencionados.
Además, con el Decreto, el Gobierno de La Rioja añade un nivel adicional al establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, al extender el derecho a la atención temprana “a toda la población infantil riojana de 0 a 6 años con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos, tratando de prevenir y compensar las desventajas transitorias o permanentes a través de una atención individualizada de carácter preventivo, asistencial, habilitador y orientada tanto a esta población infantil como a su entorno familiar y social”, mientras que la Ley 39/2006 lo limita a los menores de 3 años en situación de dependencia.
Entre sus aspectos más significativos, el Decreto plantea también una asistencia integral de calidad porque se concibe como un espacio en el que interactúan los tres sistemas de protección, de forma que las actuaciones se lleven a cabo desde una perspectiva interdisciplinar y se articulen como un modelo de intervención más amplio y global que tenga en cuenta todos los factores implicados que afecten a las necesidades reales de los menores.
Por ello, la normativa plantea “un modelo unificador y evaluador de la intervención en atención temprana en La Rioja”. En concreto, el objetivo es que, a través de la coordinación, se posibilite “la mejora o el desarrollo de los recursos específicos de atención temprana”, procurando su optimización y una complementariedad de las intervenciones con el menor, su familia y su entorno, sin que se produzca una duplicidad de servicios.
Con todo ello, se busca una intervención directa, e indirecta con la familia y con el entorno del menor, con el fin de reducir los efectos de una deficiencia o déficit sobre el conjunto global del niño o la niña que se encuentre o pueda encontrarse en una situación de:
• de riesgo ambiental con unas condiciones sociales poco favorecedoras o de desprotección (ya sea en riesgo o en desamparo), siempre que esas condiciones alteren su proceso madurativo
• retraso o cualquier otro factor o signo biológico de riesgo que durante el periodo pre, peri y postnatal, hayan estado sometidos a situaciones que podrían alterar su proceso madurativo, como puede ser la prematuridad, el bajo peso o la anoxia al nacer
• retraso o cualquier otro factor o signo biológico de riesgo, desviaciones o discapacidades del desarrollo establecidas, transitorias o permanentes, o discapacidades de tipo cognitivo, de la movilidad, de la comunicación o sensoriales.
Entre los principios que regirán la intervención, se pueden destacar la universalidad y la igualdad de oportunidades, la integración social, el interés superior del menor, la coordinación, la descentralización y territorialización, la calidad y la sostenibilidad.
En la norma aprobada hoy por el Consejo de Gobierno, se establece la intervención en atención temprana desde la prevención a través de tres niveles:
• prevención primaria: tiene como objetivo evitar las condiciones que puedan conllevar la aparición de deficiencias o trastornos en el desarrollo infantil
• prevención secundaria: pretende detectar y diagnosticar precozmente la aparición de deficiencias o trastornos en el desarrollo o el riesgo de padecerlos desde cada uno de los sistemas implicados
• prevención terciaria: mediante las actuaciones para eliminar o reducir las consecuencias negativas de los trastornos o disfunciones detectadas en el desarrollo del menor
Asimismo, el Decreto determina las funciones de la intervención y las causas de finalización de la misma.
En cuanto a los recursos para la intervención integral en atención temprana en La Rioja, el Decreto establece que:
• el desarrollo de la intervención se llevará a cabo a través de los recursos de los tres sistemas, sanitario, educativo y de servicios sociales, señalados en sus respectivas carteras de servicios y prestaciones de atención temprana
• el acceso a los recursos de los tres sistemas implicados y las acciones a desarrollar por los mismos se planificará de forma coordinada, de conformidad con los protocolos de coordinación y derivación que se establezcan, procurando una complementariedad de las intervenciones con el menor, su familia y su entorno, desde los tres sistemas sin que pueda producirse en ningún caso una duplicidad de servicios
Con respecto al principio regidor de la coordinación, el Decreto establece la misma a través de dos Comisiones, la Comisión Directora de Atención Temprana (encargada de fijar las líneas estratégicas de acción), y la Comisión Técnica de Atención Temprana (dedicada a la coordinación y seguimiento de las intervenciones).
Las funciones de la Comisión Directora de Atención Temprana son, entre otras:
• la elaboración de la planificación anual previa valoración de las recomendaciones y propuestas recibidas de la Comisión Técnica de Atención Temprana
• promover la coordinación entre los sistemas implicados en la atención temprana y el desarrollo de la cartera de servicios propios de cada sistema de acuerdo a las competencias que les son propias
• la revisión y determinación de la actualización de los correspondientes servicios y prestaciones de atención temprana de los tres sistemas implicados.
Entre algunas de las funciones de la Comisión Técnica de Atención Temprana, se encuentran las siguientes:
• el análisis, seguimiento y elaboración de casos
• la investigación y la elaboración de guías de apoyo para padres y profesionales
• la elevación de recomendaciones y propuestas a la Comisión Directiva de Atención Temprana, para el desarrollo de las funciones que le son propias
Nuevo sistema público de intervención de Servicios Sociales en atención temprana
La Consejería de Servicios Sociales lleva tiempo trabajando en la implantación y desarrollo de un nuevo sistema público de intervención de servicios sociales en atención temprana.
El Decreto que hoy se aprueba es una norma necesaria por dos motivos:
- por un lado, al establecer la necesaria coordinación de los tres ámbitos implicados en la intervención integral
- por otro, al completar el marco normativo de ordenación del servicio en el ámbito específico de los Servicios Sociales.
La Consejería de Servicios Sociales ya ha elaborado diversa normativa con la que se han dado pasos para la implantación de este nuevo sistema.
Así, es importante destacar dos Órdenes ya en vigor:
•la Orden 5/2009, de 15 de diciembre, de la Consejería de Servicios Sociales por la que se regulan los requisitos mínimos de centros y servicios de desarrollo infantil y atención temprana.
En ella, se establecen:
- la creación y desarrollo de una red pública de centros y servicios de desarrollo infantil y atención temprana, dentro del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales;
- unos requisitos que deben poseer los centros y servicios dirigidos al desarrollo infantil y a la atención temprana de forma que quede garantizado el nivel de calidad que deben reunir
- los recursos existentes, ya sean públicos o privados, para el desarrollo de la intervención de servicios sociales en atención temprana en nuestra comunidad autónoma, que son la unidad de desarrollo infantil y atención temprana, UDIAT (dentro del Centro de Valoración de la Discapacidad y Dependencia) y los centros y servicios de titularidad privada y que a través de los oportunos contratos de servicios con el Gobierno de La Rioja presten un servicio público.
•la Orden 2/2010, de 11 de enero, de la Consejería de Servicios Sociales, por la que se regula el procedimiento para la intervención de servicios sociales en atención temprana, según el cual se produce la sustitución de un sistema de ayudas (en el que el Gobierno de La Rioja colaboraba con la financiación del gasto que asumían los padres, hasta en un 80%) por un sistema en el que la intervención se convierte en un servicio público de carácter universal y gratuito (que no estará sujeto a contraprestación económica alguna por parte de los usuarios, asumiendo el Gobierno de La Rioja el coste económico total de las intervenciones que necesite el menor).
Además de todo ello, atendiendo al principio de proximidad a los ciudadanos y descentralización, establecido en el artículo 7.i) de la Ley7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja, el Gobierno de La Rioja pretende que la intervención de servicios sociales en atención temprana se preste tanto en Logroño como en las demarcaciones de Rioja Alta y Rioja Baja.
Respecto a Logroño, en agosto de 2010, la Consejería de Servicios Sociales suscribió tres contratos por valor de 1.374.750 euros mediante los que el Gobierno de La Rioja garantiza el servicio de atención temprana desde agosto de 2010 hasta agosto de 2012 (con opción de prórroga hasta agosto de 2014).
En lo que respecta a la Rioja Baja, el Gobierno de La Rioja ya publicó en B.O.R. el procedimiento de adjudicación del servicio por un total de 218.070 euros, en 4 lotes de igual valor, cuyo plazo para la presentación de ofertas concluyó el día 11 de enero de 2011, encontrándose en la actualidad el expediente en mesas de contratación de cara a su próxima adjudicación. Respecto a la Rioja Alta, el expediente del procedimiento de adjudicación del servicio se encuentra en fase de tramitación de cara a su publicación en B.O.R.
Previsión de 32.625 tratamientos en 2011
La intervención de servicios sociales en atención temprana se desarrolla a través de diferentes modalidades como fisioterapia, psicología, logopedia, estimulación, psicomotricidad, lenguaje de signos y cualesquiera otras que pudieran ser adecuadas para el desarrollo del menor.
Según datos de la Consejería de Servicios Sociales, un total de 304 niños fueron atendidos en 2010 con la prestación de atención temprana por el Sistema Público de Servicios Sociales.
En 2011, la Consejería de Servicios Sociales destinará un presupuesto de 1.912.172 euros a la prestación del servicio de atención temprana, con una previsión aproximada de atención a 400 niños y de 32.625 tratamientos.
Fuente : larioja.com
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