Publicado el convenio por el que Estado y comunidad autónoma aportan 10 millones para la Ley de Dependencia
El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este martes el convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Cantabria por el que ambas administraciones aportan algo más de 10 millones de euros para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el ejercicio 2010.
Dicho convenio fue firmado el pasado 22 de diciembre de 2010 por la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín; la directora General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Purificación Causapié; y por la Vicepresidenta y consejera de Empleo y Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de Cantabria, Dolores Gorostiaga.
El objetivo del convenio, cuyo texto recoge Europa Press, es acordar los objetivos, medios y recursos para la aplicación de los servicios y prestaciones previstos en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
El acuerdo determina así las obligaciones asumidas por cada una de las partes intervinientes para la financiación del nivel de protección acordado previsto en dicha Ley.
Asimismo el convenio tiene por objeto contribuir a la financiación, mediante el establecimiento de una cantidad especifica para esta finalidad, de los gastos de gestión del Sistema, singularmente los derivados de la valoración de la situación de dependencia y apoyo para el reconocimiento y provisión de las prestaciones de dependencia, así como los gastos derivados de la acreditación de centros y servicios, y los programas de formación de los cuidadores no profesionales.
Según recoge el acuerdo, la Administración General del Estado, a través del Imserso, aporta 5.004.026 euros y la Comunidad Autónoma de Cantabria aporta igual cantidad.
Asimismo, el Imserso, mediante el correspondiente convenio suscrito con la Tesorería General de la Seguridad Social, se hace cargo de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales
Fuente : europapress.es/cantabria
martes, 31 de mayo de 2011
DEPENDENCIA, SUBSIDIO MÁS QUE UN SERVICIO INTEGRAL
Ayudas de carácter económico.
La dependencia, subsidio más que un servicio integral
736.000 personas perciben prestación y otras 400.000 realizan los cuidados
La Ley de la Dependencia, que nació hace cuatro años y que tenía previsto convertirse en un gran motor económico, es para Albert Verges, director general de la consultora Edad & Vida, un nuevo PER, un subsidio, ya que el 50% de las ayudas que se obtienen hoy son exclusivamente de carácter económico.
Vergés tiene sus razones porque esta ley, que inició un cambio radical en el sistema de atención a los dependientes, ha desvanecido muchas de las expectativas de negocio generadas para el sector de la tercera edad.
Gracias a ella han sido evaluadas 1,4 millones de personas y casi 736.000 personas dependientes cuentan actualmente con una ayuda.
Pero la prestación de servicios a los mayores, establecida en el texto como la generalidad (teleasistencia, la ayuda a domicilio, los centros de día, residencias, etc.) en muchas regiones se ha convertido en un "subsidio para las familias", asevera Vergés.
España es uno de los países donde se dan más casos de familiares que ejercen de cuidadores, según el primer Estudio de la OCDE sobre la dependencia.
Lo que la ley recogía "con carácter excepcional, solo utilizado para dependientes de zonas (alejadas) donde no hubiera infraestructura suficiente para su atención, se ha convertido en norma", a juicio de Alicia Azaña, secretaria general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia.
Prueba de ello es que casi el 50% de las ayudas son de carácter económico y más de 400.000 personas la cobran como cuidadores no profesionales.
Pese a sus imperfecciones, ha extendido ayudas a toda la población, que antes estaban casi exclusivamente vinculadas a la población marginal, según señala Gonzalo Casino, director del área de consultoría de Deloitte. Un sistema que absorbe un presupuesto anual de más de 1.500 millones de euros.
Varias son las razones que han contribuido a "pervertir el espíritu de la ley" impulsando la figura del abuelo golondrina, que ha vuelto a residir con los hijos. Pero las cruciales se reducen a dos.
Para empezar, es el dependiente o sus familias los que eligen entre el dinero y los servicios, y el Gobierno, encargado de aportar el 50% de la ayuda, no contó con una crisis de las características de la actual ni con las altas tasas de paro.
Además, a las autonomías les sale mucho más barato conceder la prestación, que no supera los 500 euros mensuales, que proporcionarle una plaza en una residencia de ancianos que vale unos 1.800 euros mensuales.
Máxime cuando en España la pensión media de los mayores no supera los 800 euros, concepto a partir del cual se calcula el copago del usuario.
Todo ello sin contar que poner en marcha los servicios (organizar la ayuda a domicilio, gestionar plaza en la residencia o centro de día) es mucho más lento que adjudicar la ayuda económica, aclara Azaña.
Por eso, algunas comunidades, como Madrid, han empezado a introducir el cheque servicio, que se puede canjear en cualquier residencia o empresa concertada con la autonomía a cambio de servicios para el dependiente.
En breve estará también en Cataluña.
Madrid es una de las autonomías que ha apostado por el sistema de servicios. De hecho, del total de las ayudas concedidas hasta ahora no llegan ni al 20%, frente a otras zonas como Murcia, Andalucía o Cataluña.
En estas regiones, el subsidio representa, sobre el total de prestaciones, el 85%, el 60% y el 70%, respectivamente, según Azaña.
La otra cara de la moneda es que las regiones que han apostado por los servicios también son las más descontentas. Junto a Canarias, Valencia, Baleares y Galicia; Madrid es una de las regiones que cuenta con el mayor número de personas en espera de percibir la prestación ya concedida.
Según un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, en junio de 2010, esta cifra representaba el 35,8% del total. Castilla y León, Navarra, País Vasco, Ceuta y Melilla y La Rioja son las más ágiles. En España existen 228.000 personas en lista de espera con prestación reconocida.
Los seguros específicos no enganchan
Apenas 17.400 seguros de dependencia se han contratado en España en los tres últimos años, según datos de la Asociación Empresarial del Seguro. Una cifra casi testimonial que viene a corroborar la falta de cultura de la población para asimilar estos productos.
Algunas aseguradoras ya tienen pólizas que incluyen esta situación o la han introducido dentro de sus productos de vida. Caser es una de las que ha optado por crear un producto ad hoc, aunque, según la compañía, "hasta el momento se han contrato muy pocas pólizas".
Este seguro cubre el riesgo de dependencia, a través de una cobertura vitalicia y devuelve las primas pagadas si se fallece antes de los 75 años. Contiene una serie de coberturas y servicios de asistencia familiar, incluso antes de que se dé la dependencia como la teleasistencia o la ayuda a domicilio.
En Axa, aunque de momento la dependencia está recogida como cobertura en un seguro de vida, tienen previsto lanzar un producto propiamente dicho. Actualmente, la cobertura de dependencia con la que cuenta, cubre la invalidez a partir del 65% de discapacidad hasta los 65 años y, la gran dependencia, si el asegurado queda incapacitado irreversiblemente a partir de los 65 años y durante toda la vigencia del contrato. El pago en forma el capital será por fallecimiento.
En Mapfre también han optado por recogerla como cobertura dentro de un seguro de vida. Esta póliza cubre la dependencia severa y gran dependencia mediante una renta mensual durante 10 años, que oscila entre los 300 euros y los 2.500 euros mensuales y la prima mínima a pagar es de 30 euros.
La dependencia ha sido incluida recientemente en DKV como una cobertura dentro de sus seguros médicos pero solo en caso de accidente. Lo que cubre es el reembolso de hasta 10.000 euros en caso de dependencia de grado tres por accidente. Y en Allianz la cobertura de dependencia es complementaria a otros seguros de vida. Aunque es de reciente lanzamiento, esta garantía ya cuenta con más 50.000 clientes, según han señalado fuentes de la compañía.
Las cifras
1.500 millones de euros es el presupuesto anual con que cuentan el conjunto de las ayudas a la dependencia.
1,4 millones de personas han sido valoradas desde que entró en vigor la ley en enero de 2007.
50% de las ayudas otorgadas hasta ahora son de carácter económico.
Fuente : cincodias.com/articulo/economia
La dependencia, subsidio más que un servicio integral
736.000 personas perciben prestación y otras 400.000 realizan los cuidados
La Ley de la Dependencia, que nació hace cuatro años y que tenía previsto convertirse en un gran motor económico, es para Albert Verges, director general de la consultora Edad & Vida, un nuevo PER, un subsidio, ya que el 50% de las ayudas que se obtienen hoy son exclusivamente de carácter económico.
Vergés tiene sus razones porque esta ley, que inició un cambio radical en el sistema de atención a los dependientes, ha desvanecido muchas de las expectativas de negocio generadas para el sector de la tercera edad.
Gracias a ella han sido evaluadas 1,4 millones de personas y casi 736.000 personas dependientes cuentan actualmente con una ayuda.
Pero la prestación de servicios a los mayores, establecida en el texto como la generalidad (teleasistencia, la ayuda a domicilio, los centros de día, residencias, etc.) en muchas regiones se ha convertido en un "subsidio para las familias", asevera Vergés.
España es uno de los países donde se dan más casos de familiares que ejercen de cuidadores, según el primer Estudio de la OCDE sobre la dependencia.
Lo que la ley recogía "con carácter excepcional, solo utilizado para dependientes de zonas (alejadas) donde no hubiera infraestructura suficiente para su atención, se ha convertido en norma", a juicio de Alicia Azaña, secretaria general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia.
Prueba de ello es que casi el 50% de las ayudas son de carácter económico y más de 400.000 personas la cobran como cuidadores no profesionales.
Pese a sus imperfecciones, ha extendido ayudas a toda la población, que antes estaban casi exclusivamente vinculadas a la población marginal, según señala Gonzalo Casino, director del área de consultoría de Deloitte. Un sistema que absorbe un presupuesto anual de más de 1.500 millones de euros.
Varias son las razones que han contribuido a "pervertir el espíritu de la ley" impulsando la figura del abuelo golondrina, que ha vuelto a residir con los hijos. Pero las cruciales se reducen a dos.
Para empezar, es el dependiente o sus familias los que eligen entre el dinero y los servicios, y el Gobierno, encargado de aportar el 50% de la ayuda, no contó con una crisis de las características de la actual ni con las altas tasas de paro.
Además, a las autonomías les sale mucho más barato conceder la prestación, que no supera los 500 euros mensuales, que proporcionarle una plaza en una residencia de ancianos que vale unos 1.800 euros mensuales.
Máxime cuando en España la pensión media de los mayores no supera los 800 euros, concepto a partir del cual se calcula el copago del usuario.
Todo ello sin contar que poner en marcha los servicios (organizar la ayuda a domicilio, gestionar plaza en la residencia o centro de día) es mucho más lento que adjudicar la ayuda económica, aclara Azaña.
Por eso, algunas comunidades, como Madrid, han empezado a introducir el cheque servicio, que se puede canjear en cualquier residencia o empresa concertada con la autonomía a cambio de servicios para el dependiente.
En breve estará también en Cataluña.
Madrid es una de las autonomías que ha apostado por el sistema de servicios. De hecho, del total de las ayudas concedidas hasta ahora no llegan ni al 20%, frente a otras zonas como Murcia, Andalucía o Cataluña.
En estas regiones, el subsidio representa, sobre el total de prestaciones, el 85%, el 60% y el 70%, respectivamente, según Azaña.
La otra cara de la moneda es que las regiones que han apostado por los servicios también son las más descontentas. Junto a Canarias, Valencia, Baleares y Galicia; Madrid es una de las regiones que cuenta con el mayor número de personas en espera de percibir la prestación ya concedida.
Según un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, en junio de 2010, esta cifra representaba el 35,8% del total. Castilla y León, Navarra, País Vasco, Ceuta y Melilla y La Rioja son las más ágiles. En España existen 228.000 personas en lista de espera con prestación reconocida.
Los seguros específicos no enganchan
Apenas 17.400 seguros de dependencia se han contratado en España en los tres últimos años, según datos de la Asociación Empresarial del Seguro. Una cifra casi testimonial que viene a corroborar la falta de cultura de la población para asimilar estos productos.
Algunas aseguradoras ya tienen pólizas que incluyen esta situación o la han introducido dentro de sus productos de vida. Caser es una de las que ha optado por crear un producto ad hoc, aunque, según la compañía, "hasta el momento se han contrato muy pocas pólizas".
Este seguro cubre el riesgo de dependencia, a través de una cobertura vitalicia y devuelve las primas pagadas si se fallece antes de los 75 años. Contiene una serie de coberturas y servicios de asistencia familiar, incluso antes de que se dé la dependencia como la teleasistencia o la ayuda a domicilio.
En Axa, aunque de momento la dependencia está recogida como cobertura en un seguro de vida, tienen previsto lanzar un producto propiamente dicho. Actualmente, la cobertura de dependencia con la que cuenta, cubre la invalidez a partir del 65% de discapacidad hasta los 65 años y, la gran dependencia, si el asegurado queda incapacitado irreversiblemente a partir de los 65 años y durante toda la vigencia del contrato. El pago en forma el capital será por fallecimiento.
En Mapfre también han optado por recogerla como cobertura dentro de un seguro de vida. Esta póliza cubre la dependencia severa y gran dependencia mediante una renta mensual durante 10 años, que oscila entre los 300 euros y los 2.500 euros mensuales y la prima mínima a pagar es de 30 euros.
La dependencia ha sido incluida recientemente en DKV como una cobertura dentro de sus seguros médicos pero solo en caso de accidente. Lo que cubre es el reembolso de hasta 10.000 euros en caso de dependencia de grado tres por accidente. Y en Allianz la cobertura de dependencia es complementaria a otros seguros de vida. Aunque es de reciente lanzamiento, esta garantía ya cuenta con más 50.000 clientes, según han señalado fuentes de la compañía.
Las cifras
1.500 millones de euros es el presupuesto anual con que cuentan el conjunto de las ayudas a la dependencia.
1,4 millones de personas han sido valoradas desde que entró en vigor la ley en enero de 2007.
50% de las ayudas otorgadas hasta ahora son de carácter económico.
Fuente : cincodias.com/articulo/economia
ANDALUCÍA - GOBIERNO Y JUNTA DESTINAN 11 MILLONES A SERVICIOS SOCIALES
El PSOE destaca que Gobierno y Junta destinan 11 millones de euros a los servicios sociales
La secretaria de Bienestar Social del PSOE-A, Susana Radío, ha destacado “el esfuerzo inversor” de los gobiernos socialistas en materia de servicios comunitarios ya que Andalucía recibirá este año 59 millones de euros, (42 de la Junta de Andalucía y 17 del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad) para la financiación de los Servicios Sociales Comunitarios que gestionan las diputaciones provinciales y los ayuntamientos con población superior a los 20.000 habitantes.
Entre las más beneficiadas se encuentra la provincia de Málaga. El Ayuntamiento de la capital contará con cerca de cuatro millones de euros y la diputación provincial con algo más de 1,8 millones de euros. A lo que se suman localidades de más de 20.000 habitantes como Marbella, con más de 896.000 euros o Vélez Málaga con más de 488.000 euros. De manera que la provincia de Málaga concentra cerca de 11 millones de la inversión total.
Radío ha explicado que los Servicios Sociales Comunitarios “constituyen la puerta de entrada al Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía, donde se ofrece información sobre los diversos programas de atención existentes y se tramitan prestaciones con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población, entre ellas todas las relacionadas con la atención a las personas en situación de dependencia”.
Ha aclarado que “es el primer escalón para que cualquier persona en situación de demanda social, reciba las ayudas que precisa, de ahí la importancia de que los gobiernos autónomo y central se vuelquen en su financiación”.
El Sistema de Atención a la Dependencia da cobertura en Málaga a 29.126 usuarios, que reciben un total de 37.840 prestaciones, dado que hay quienes se benefician de varias prestaciones contempladas en la ley (teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de estancia diurna, residencias y prestación económica a los cuidadores). En el caso concreto de la ayuda a domicilio, la Junta ha destinado 115 millones de euros en la provincia desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia. Sólo en 2010, el presupuesto fue de 40,2 millones de euros, beneficiando a 5.681 personas.
Radío ha destacado además que Andalucía “es la única comunidad autónoma que adelanta con seis meses el dinero necesario para prestar este servicio de ayuda a domicilio, y también la única que paga la totalidad del coste de la ayuda a domicilio. Lo que evidencia el grado de implicación de la Junta de Andalucía con las políticas sociales”.
El buen funcionamiento de los Servicios Sociales Comunitarios permite, según la secretaria regional de Bienestar Social, “obtener unos resultados inmejorables en materia de dependencia, situando a nuestra comunidad a la cabeza del país”.
Así ha recordado que a fecha de 1 de mayo, en Andalucía había más de 49.000 personas en situación de dependencia que están recibiendo el servicio de ayuda a domicilio y que representan el 44 por ciento de las personas beneficiarias de esta prestación en toda España.
Del mismo modo, en la comunidad se han concedido más de 248.000 prestaciones a más de 188.000 personas en situación de dependencia, lo que supone que la región aglutina en torno al 30 por ciento de las valoraciones, prestaciones y personas beneficiarias de la ley de la dependencia de toda España.
“Andalucía ha concedido ya casi el doble de prestaciones que las comunidades de Madrid y Valenciana juntas”, ha señalado Radío.
Por último la secretaria regional de Bienestar Social indica que los Servicios Sociales Comunitarios “no son sólo un instrumento básico de las políticas sociales, sino además, una vía de generación de empleo”.
Y ha apuntado el dato de que el servicio de ayuda a domicilio para la dependencia que la Junta de Andalucía financia a los ayuntamientos ha generado ya más de 16.000 empleos en nuestra comunidad
Fuente : infoaxarquia.es
La secretaria de Bienestar Social del PSOE-A, Susana Radío, ha destacado “el esfuerzo inversor” de los gobiernos socialistas en materia de servicios comunitarios ya que Andalucía recibirá este año 59 millones de euros, (42 de la Junta de Andalucía y 17 del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad) para la financiación de los Servicios Sociales Comunitarios que gestionan las diputaciones provinciales y los ayuntamientos con población superior a los 20.000 habitantes.
Entre las más beneficiadas se encuentra la provincia de Málaga. El Ayuntamiento de la capital contará con cerca de cuatro millones de euros y la diputación provincial con algo más de 1,8 millones de euros. A lo que se suman localidades de más de 20.000 habitantes como Marbella, con más de 896.000 euros o Vélez Málaga con más de 488.000 euros. De manera que la provincia de Málaga concentra cerca de 11 millones de la inversión total.
Radío ha explicado que los Servicios Sociales Comunitarios “constituyen la puerta de entrada al Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía, donde se ofrece información sobre los diversos programas de atención existentes y se tramitan prestaciones con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población, entre ellas todas las relacionadas con la atención a las personas en situación de dependencia”.
Ha aclarado que “es el primer escalón para que cualquier persona en situación de demanda social, reciba las ayudas que precisa, de ahí la importancia de que los gobiernos autónomo y central se vuelquen en su financiación”.
El Sistema de Atención a la Dependencia da cobertura en Málaga a 29.126 usuarios, que reciben un total de 37.840 prestaciones, dado que hay quienes se benefician de varias prestaciones contempladas en la ley (teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de estancia diurna, residencias y prestación económica a los cuidadores). En el caso concreto de la ayuda a domicilio, la Junta ha destinado 115 millones de euros en la provincia desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia. Sólo en 2010, el presupuesto fue de 40,2 millones de euros, beneficiando a 5.681 personas.
Radío ha destacado además que Andalucía “es la única comunidad autónoma que adelanta con seis meses el dinero necesario para prestar este servicio de ayuda a domicilio, y también la única que paga la totalidad del coste de la ayuda a domicilio. Lo que evidencia el grado de implicación de la Junta de Andalucía con las políticas sociales”.
El buen funcionamiento de los Servicios Sociales Comunitarios permite, según la secretaria regional de Bienestar Social, “obtener unos resultados inmejorables en materia de dependencia, situando a nuestra comunidad a la cabeza del país”.
Así ha recordado que a fecha de 1 de mayo, en Andalucía había más de 49.000 personas en situación de dependencia que están recibiendo el servicio de ayuda a domicilio y que representan el 44 por ciento de las personas beneficiarias de esta prestación en toda España.
Del mismo modo, en la comunidad se han concedido más de 248.000 prestaciones a más de 188.000 personas en situación de dependencia, lo que supone que la región aglutina en torno al 30 por ciento de las valoraciones, prestaciones y personas beneficiarias de la ley de la dependencia de toda España.
“Andalucía ha concedido ya casi el doble de prestaciones que las comunidades de Madrid y Valenciana juntas”, ha señalado Radío.
Por último la secretaria regional de Bienestar Social indica que los Servicios Sociales Comunitarios “no son sólo un instrumento básico de las políticas sociales, sino además, una vía de generación de empleo”.
Y ha apuntado el dato de que el servicio de ayuda a domicilio para la dependencia que la Junta de Andalucía financia a los ayuntamientos ha generado ya más de 16.000 empleos en nuestra comunidad
Fuente : infoaxarquia.es
domingo, 29 de mayo de 2011
ASTURIAS - ENTRE 25.000 Y 30.000 PERSONAS DEPENDIENTES EN 2014
Asturias tendrá entre 25.000 y 30.000 personas dependientes en 2014
El 47,8 por ciento de las 15.000 prestaciones que se ofrecen en la actualidad en el Principado son para cuidados en el entorno familiar
En 2014, cuando apenas falte un año para completar el desarrollo de la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, conocida popularmente como ley de Dependencia, habrá en Asturias entre 25.000 y 30.000 personas dependientes que necesiten atención diaria.
En la actualidad son alrededor de 15.000, según afirma Pedro Rodríguez Martínez, director general de Servicios y Prestaciones Sociales de la Consejería de Bienestar Social.
La atención a los mayores, a los dependientes, a las personas con discapacidad, infancia, servicios sociales municipales y los que reciben el salario social, cuesta este año al Principado 263,6 millones de euros, un 77 por ciento del presupuesto total de Bienestar, en el que también se incluyen vivienda y cooperación. «Desde 2006 el presupuesto ha crecido un 82 por ciento», asegura Pedro Rodríguez.
¿Podrá continuar desarrollándose la ley de Dependencia en la actual situación de crisis económica? «En términos normativos está prácticamente concluido el desarrollo, tanto en gestión como en acreditación de centros, valoración de la capacidad económica del usuario y guías de buenas prácticas», afirma el responsable.
Y añade: «El reto es que no se concreten los posibles recortes en la aplicación de la ley debido precisamente a la crisis. Ya hubo algunas propuestas en el sentido de suspender el desarrollo de la norma. Esa es la clave. Habrá que ir mejorando en la gestión y en los plazos», señala.
La incorporación a los beneficios de la ley de aquellas personas con una dependencia moderada obligará a incrementar los servicios y las prestaciones diarias, pero Pedro Rodríguez considera que este es un aspecto en el que la Administración puede contribuir a la solución de la crisis económica generando puestos estables en la atención a la dependencia. «Mantener el ritmo de compromiso será complicado en términos presupuestarios, pero esa será la apuesta», señala.
Desde la entrada en vigor de la ley de Dependencia, en enero de 2007, Asturias ha generado unos 2.200 empleos en centros públicos y privados concertados.
El actual equipo de gobierno de Bienestar Social, que lidera Noemí Martín (IU), se incorporó a la Consejería en diciembre de 2008, cuando el PSOE llevaba año y medio gobernando. «Hemos desarrollado un trabajo muy intenso. Llevo 23 años trabajando como funcionario y no recuerdo dos años de crecimiento tanto cuantitativo como en desarrollo cualitativo de una norma».
La nueva regulación de los precios de los servicios sociales, el copago, aprobado el pasado mes abril, completa una arquitectura destinada a regular el reconocimiento de derechos, algunos de ellos como el de la dependencia, de carácter universal. «Y todo esto lo hemos hecho en un contexto de crisis económica aguda», señala Pedro Rodríguez.
El copago ha servido, entre otras cosas, para regular la situación de los usuarios de centros de atención a personas con la discapacidad que, según Pedro Rodríguez, era «muy variopinta». Con el nuevo régimen, el precio medio es de 76 euros mensuales, incluyendo el transporte, pero casi el 59 por ciento de las personas pagan menos de 50 euros, cantidad que sólo abonan el 6,25 por ciento de los usuarios. Y hay gente que no paga, apunta.
El director general de Prestaciones subraya que no ha sido fácil garantizar los recursos y que, sin embargo, lo han logrado, con incrementos anuales muy significativos. «Hemos tenido que defenderlos contra viento y marea, frente a otras posiciones que proponían un freno al desarrollo de la ley de Dependencia», apunta.
En lo que respecta al desarrollo de la ley de Dependencia, a 31 de diciembre de 2010 se habían presentado 33.749 solicitudes, se habían valorado 28.492 (el 84,4%), de las que 17.766 tenían derecho a atención y, de ellas, 14.751 tenían derecho a un servicio o prestación (el 83% de las personas cuando la media de España está en el 74,3%). En total, el Principado atiende a 26.616 personas en centros, servicios y prestaciones a la dependencia.
En abril de este año el plazo medio global de atención a personas con dependencia era de 5,8 meses -muy cerca de los 6 que la consejera de Bienestar se trazó como objetivo- aunque, cuando se trata de aprobar las prestaciones económicas, el plazo de gestión es de 8,9 meses, porque «requiere unos niveles más estrictos de control», asegura Pedro Rodríguez.
El 47,8 por ciento de las prestaciones de la ley son para cuidados en el entorno familiar y el resto para servicios profesionales, teleasistencia, ayuda a domicilio y centros de día. El 62 por ciento de las personas dependientes quieren ser atendidas por su familia.
Fuente : lne.es/sociedad-cultura
El 47,8 por ciento de las 15.000 prestaciones que se ofrecen en la actualidad en el Principado son para cuidados en el entorno familiar
En 2014, cuando apenas falte un año para completar el desarrollo de la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, conocida popularmente como ley de Dependencia, habrá en Asturias entre 25.000 y 30.000 personas dependientes que necesiten atención diaria.
En la actualidad son alrededor de 15.000, según afirma Pedro Rodríguez Martínez, director general de Servicios y Prestaciones Sociales de la Consejería de Bienestar Social.
La atención a los mayores, a los dependientes, a las personas con discapacidad, infancia, servicios sociales municipales y los que reciben el salario social, cuesta este año al Principado 263,6 millones de euros, un 77 por ciento del presupuesto total de Bienestar, en el que también se incluyen vivienda y cooperación. «Desde 2006 el presupuesto ha crecido un 82 por ciento», asegura Pedro Rodríguez.
¿Podrá continuar desarrollándose la ley de Dependencia en la actual situación de crisis económica? «En términos normativos está prácticamente concluido el desarrollo, tanto en gestión como en acreditación de centros, valoración de la capacidad económica del usuario y guías de buenas prácticas», afirma el responsable.
Y añade: «El reto es que no se concreten los posibles recortes en la aplicación de la ley debido precisamente a la crisis. Ya hubo algunas propuestas en el sentido de suspender el desarrollo de la norma. Esa es la clave. Habrá que ir mejorando en la gestión y en los plazos», señala.
La incorporación a los beneficios de la ley de aquellas personas con una dependencia moderada obligará a incrementar los servicios y las prestaciones diarias, pero Pedro Rodríguez considera que este es un aspecto en el que la Administración puede contribuir a la solución de la crisis económica generando puestos estables en la atención a la dependencia. «Mantener el ritmo de compromiso será complicado en términos presupuestarios, pero esa será la apuesta», señala.
Desde la entrada en vigor de la ley de Dependencia, en enero de 2007, Asturias ha generado unos 2.200 empleos en centros públicos y privados concertados.
El actual equipo de gobierno de Bienestar Social, que lidera Noemí Martín (IU), se incorporó a la Consejería en diciembre de 2008, cuando el PSOE llevaba año y medio gobernando. «Hemos desarrollado un trabajo muy intenso. Llevo 23 años trabajando como funcionario y no recuerdo dos años de crecimiento tanto cuantitativo como en desarrollo cualitativo de una norma».
La nueva regulación de los precios de los servicios sociales, el copago, aprobado el pasado mes abril, completa una arquitectura destinada a regular el reconocimiento de derechos, algunos de ellos como el de la dependencia, de carácter universal. «Y todo esto lo hemos hecho en un contexto de crisis económica aguda», señala Pedro Rodríguez.
El copago ha servido, entre otras cosas, para regular la situación de los usuarios de centros de atención a personas con la discapacidad que, según Pedro Rodríguez, era «muy variopinta». Con el nuevo régimen, el precio medio es de 76 euros mensuales, incluyendo el transporte, pero casi el 59 por ciento de las personas pagan menos de 50 euros, cantidad que sólo abonan el 6,25 por ciento de los usuarios. Y hay gente que no paga, apunta.
El director general de Prestaciones subraya que no ha sido fácil garantizar los recursos y que, sin embargo, lo han logrado, con incrementos anuales muy significativos. «Hemos tenido que defenderlos contra viento y marea, frente a otras posiciones que proponían un freno al desarrollo de la ley de Dependencia», apunta.
En lo que respecta al desarrollo de la ley de Dependencia, a 31 de diciembre de 2010 se habían presentado 33.749 solicitudes, se habían valorado 28.492 (el 84,4%), de las que 17.766 tenían derecho a atención y, de ellas, 14.751 tenían derecho a un servicio o prestación (el 83% de las personas cuando la media de España está en el 74,3%). En total, el Principado atiende a 26.616 personas en centros, servicios y prestaciones a la dependencia.
En abril de este año el plazo medio global de atención a personas con dependencia era de 5,8 meses -muy cerca de los 6 que la consejera de Bienestar se trazó como objetivo- aunque, cuando se trata de aprobar las prestaciones económicas, el plazo de gestión es de 8,9 meses, porque «requiere unos niveles más estrictos de control», asegura Pedro Rodríguez.
El 47,8 por ciento de las prestaciones de la ley son para cuidados en el entorno familiar y el resto para servicios profesionales, teleasistencia, ayuda a domicilio y centros de día. El 62 por ciento de las personas dependientes quieren ser atendidas por su familia.
Fuente : lne.es/sociedad-cultura
APRENDER DE LOS DEPENDIENTES
Aprender de los dependientes
Cuarenta y cinco mujeres y tres hombres se forman en Quiruelas a través de cursos organizados por Solidaridad Intergeneracional para atender a familiares enfermos
La Ley de la Dependencia se ha convertido en un claro yacimiento de empleo, aunque en la mayoría de los casos no son precisamente cuidadores profesionales los que atienden y cuidan a las personas dependientes, sino los propios familiares, hijas, hermanas o sobrinas.
En femenino, porque esta condición es la que en mayor medida sigue desempeñando el papel del cuidado de las personas mayores dependientes, ya que las mujeres son las que han asumido en silencio el cuidado de sus familiares, a costa de considerables renuncias de su propia vida y de una intensiva labor en muchas horas de trabajo y en no pocos años de dedicación.
Desde la entrada en vigor de la Ley con fecha 1 de enero del año 2007, instituciones y organismos vienen impartiendo cursos para la atención a las personas dependientes.
La puesta en vigor efectiva se ha venido demorando en no pocas situaciones, pero es ya una realidad.
La situación se ve incrementada cuando los familiares de la persona dependiente solicitan a la Administración la ayuda económica que contempla la Ley por el cuidado de familiares dependientes.
Una pensión de casi 500 euros viene a cubrir no pocas carencias económicas en este tipo de situaciones.
En Quiruelas de Vidriales se viene impartiendo un curso de cuidadores de personas mayores dependientes organizado por Solidaridad Intergeneracional. Un curso que en realidad son dos, ya que se ha organizado a la carta en función del recorrido, del tiempo disponible de los alumnos.
Un total de 48 personas de la localidad de Quiruelas y de localidades de la zona, 45 mujeres y 3 varones de edades comprendidas entre los 45 y los 60 años, asisten como alumnos a sesiones formativas con una duración de 30 horas y otras con una duración que duplica este número de horas.
Sesiones formativas, las primeras bajo la denominación de un curso psicoeducativo, más básico, y las segundas como más especializado a la temática de la gerontología. En todo caso, ambos son complementarios e impartidos por personal técnico en fisioterapia y en enfermería.
Aunque las asistentes a estos cursos en Quiruelas, en su mayoría no vienen atendiendo a familiares dependientes, sin embargo participan en las sesiones formativas «para prepararse y como prevención, hacen el curso de cara al futuro», advierte Sonia Fernández Cristóbal, fisioterapeuta y profesora.
Básicamente se tratan los cuidados, «se hace hincapié en entender cómo viven las personas dependientes, entender sus enfados, sus emociones», apunta la técnico. Un amplio recorrido de contenidos que pasan incluso por abordar las ayudas de la Administración a la mejora de las viviendas, la adaptación a la discapacidad, las enfermedades más frecuentes en el envejecimiento, el autocuidado personal.
La apuesta por la prevención, realizar el curso en vistas a lo que pueda pasar, apuntado por una de las profesoras, es lo que ha motivado a uno de los pocos alumnos. Antonio Abruña Martínez sufrió un accidente laboral y se ve impedido en no pocas cosas cotidianas de la casa.
No duda en advertir de la utilidad de este tipo de cursos en el caso de tener que atender a un familiar. Yo no tenía ni idea cómo había que levantar a un enfermo, de qué postura, ni de cómo había que poner las sábanas para que no molesten al enfermo».
Una circunstancia corroborada por su compañera Antonia Díez Gómez apuntando a «comenzar a conocer cosas que antes no sabía y lo mejor es que me van a servir para el día de mañana».
Lina Macías Valderrey tiene a su madre enferma en Santa María de la Vega y considera «imprescindible» realizar el curso por el amplio contenido de temas «y además que lo explican bien», dice. Por su parte, Aquilina Martínez Barrero, otra de las alumnas, advierte de «lo interesante y lo que se aprende» en las clases, además conocer mejor cómo cuidar al enfermo «aparte del cariño que le podamos dar».
Todos los alumnos consultados, sin querer entrar en detalles particulares de cada una de las familias, apuntan a la necesidad de asistir a este tipo de sesiones formativas para permitir una óptima atención y cuidado al familiar dependiente.
«Por eso lo hacemos», refiriéndose al curso, hacen hincapié algunas de las alumnas que asisten a las sesiones que Solidaridad Intergeneracional viene impartiendo en Quiruelas de Vidriales.
La mitad de las alumnas finaliza ahora en mayo, el resto continúa durante el mes de junio.
Antonia Díez Gómez
«Estoy aprendiendo cosas que no sabía y que veo muy necesarias para el cuidado de un familiar enfermo. Este curso te viene bien para el día de mañana, es muy instructivo por si se necesita atender a un familiar»
Lina Macías Valderrey
«Es imprescindible este tipo de cursos. Tengo a mi madre enferma y viene bien que te expliquen muchas cosas que no sabíamos. Además, nos informan de muchos temas necesarios para el cuidado de un enfermo»
Aquilina Martínez Barrio
«Estoy muy a gusto con lo que estoy aprendiendo y es muy interesante. Hemos aprendido bastantes cosas, sobre todo, cómo mover a un enfermo. Además nos lo explican bien y está bien que todos conozcamos mejor cómo cuidar aparte del cariño que podamos dar»
Antonio Abruña Martínez
«Veo el curso como muy útil, por si tienes que atender a tu madre o a un familiar. Nos enseñan desde cómo levantar de la cama en la mejor posición al enfermo para que no haya heridas. Es que de la mayoría de las cosas no tenía ni idea»
Fuente : laopiniondezamora.es
Cuarenta y cinco mujeres y tres hombres se forman en Quiruelas a través de cursos organizados por Solidaridad Intergeneracional para atender a familiares enfermos
La Ley de la Dependencia se ha convertido en un claro yacimiento de empleo, aunque en la mayoría de los casos no son precisamente cuidadores profesionales los que atienden y cuidan a las personas dependientes, sino los propios familiares, hijas, hermanas o sobrinas.
En femenino, porque esta condición es la que en mayor medida sigue desempeñando el papel del cuidado de las personas mayores dependientes, ya que las mujeres son las que han asumido en silencio el cuidado de sus familiares, a costa de considerables renuncias de su propia vida y de una intensiva labor en muchas horas de trabajo y en no pocos años de dedicación.
Desde la entrada en vigor de la Ley con fecha 1 de enero del año 2007, instituciones y organismos vienen impartiendo cursos para la atención a las personas dependientes.
La puesta en vigor efectiva se ha venido demorando en no pocas situaciones, pero es ya una realidad.
La situación se ve incrementada cuando los familiares de la persona dependiente solicitan a la Administración la ayuda económica que contempla la Ley por el cuidado de familiares dependientes.
Una pensión de casi 500 euros viene a cubrir no pocas carencias económicas en este tipo de situaciones.
En Quiruelas de Vidriales se viene impartiendo un curso de cuidadores de personas mayores dependientes organizado por Solidaridad Intergeneracional. Un curso que en realidad son dos, ya que se ha organizado a la carta en función del recorrido, del tiempo disponible de los alumnos.
Un total de 48 personas de la localidad de Quiruelas y de localidades de la zona, 45 mujeres y 3 varones de edades comprendidas entre los 45 y los 60 años, asisten como alumnos a sesiones formativas con una duración de 30 horas y otras con una duración que duplica este número de horas.
Sesiones formativas, las primeras bajo la denominación de un curso psicoeducativo, más básico, y las segundas como más especializado a la temática de la gerontología. En todo caso, ambos son complementarios e impartidos por personal técnico en fisioterapia y en enfermería.
Aunque las asistentes a estos cursos en Quiruelas, en su mayoría no vienen atendiendo a familiares dependientes, sin embargo participan en las sesiones formativas «para prepararse y como prevención, hacen el curso de cara al futuro», advierte Sonia Fernández Cristóbal, fisioterapeuta y profesora.
Básicamente se tratan los cuidados, «se hace hincapié en entender cómo viven las personas dependientes, entender sus enfados, sus emociones», apunta la técnico. Un amplio recorrido de contenidos que pasan incluso por abordar las ayudas de la Administración a la mejora de las viviendas, la adaptación a la discapacidad, las enfermedades más frecuentes en el envejecimiento, el autocuidado personal.
La apuesta por la prevención, realizar el curso en vistas a lo que pueda pasar, apuntado por una de las profesoras, es lo que ha motivado a uno de los pocos alumnos. Antonio Abruña Martínez sufrió un accidente laboral y se ve impedido en no pocas cosas cotidianas de la casa.
No duda en advertir de la utilidad de este tipo de cursos en el caso de tener que atender a un familiar. Yo no tenía ni idea cómo había que levantar a un enfermo, de qué postura, ni de cómo había que poner las sábanas para que no molesten al enfermo».
Una circunstancia corroborada por su compañera Antonia Díez Gómez apuntando a «comenzar a conocer cosas que antes no sabía y lo mejor es que me van a servir para el día de mañana».
Lina Macías Valderrey tiene a su madre enferma en Santa María de la Vega y considera «imprescindible» realizar el curso por el amplio contenido de temas «y además que lo explican bien», dice. Por su parte, Aquilina Martínez Barrero, otra de las alumnas, advierte de «lo interesante y lo que se aprende» en las clases, además conocer mejor cómo cuidar al enfermo «aparte del cariño que le podamos dar».
Todos los alumnos consultados, sin querer entrar en detalles particulares de cada una de las familias, apuntan a la necesidad de asistir a este tipo de sesiones formativas para permitir una óptima atención y cuidado al familiar dependiente.
«Por eso lo hacemos», refiriéndose al curso, hacen hincapié algunas de las alumnas que asisten a las sesiones que Solidaridad Intergeneracional viene impartiendo en Quiruelas de Vidriales.
La mitad de las alumnas finaliza ahora en mayo, el resto continúa durante el mes de junio.
Antonia Díez Gómez
«Estoy aprendiendo cosas que no sabía y que veo muy necesarias para el cuidado de un familiar enfermo. Este curso te viene bien para el día de mañana, es muy instructivo por si se necesita atender a un familiar»
Lina Macías Valderrey
«Es imprescindible este tipo de cursos. Tengo a mi madre enferma y viene bien que te expliquen muchas cosas que no sabíamos. Además, nos informan de muchos temas necesarios para el cuidado de un enfermo»
Aquilina Martínez Barrio
«Estoy muy a gusto con lo que estoy aprendiendo y es muy interesante. Hemos aprendido bastantes cosas, sobre todo, cómo mover a un enfermo. Además nos lo explican bien y está bien que todos conozcamos mejor cómo cuidar aparte del cariño que podamos dar»
Antonio Abruña Martínez
«Veo el curso como muy útil, por si tienes que atender a tu madre o a un familiar. Nos enseñan desde cómo levantar de la cama en la mejor posición al enfermo para que no haya heridas. Es que de la mayoría de las cosas no tenía ni idea»
Fuente : laopiniondezamora.es
ARAGÓN - ALERTA SOBRE UNA RESIDENCIA POR MALA ASISTENCIA SANITARIA
DIAGNOSTICARON POR ERROR UNA FRACTURA
El Justicia alerta sobre una residencia de mayores por mala asistencia sanitaria
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha solicitado inspeccionar este viernes una residencia de mayores de Zaragoza por mala asistencia técnica, al recibir una queja según la cual una interna fue diagnosticada erróneamente de una fractura de húmero.
García Vicente sugiere que si la inspección del Gobierno de Aragón detecta alguna irregularidad debe adoptar las medidas necesarias para la resolución de la misma "especialmente en aras a evitar que se reproduzca en el futuro".
La queja fue presentada el 9 de diciembre de 2010 por el hermano de una interna que tenía una plaza concertada en esta residencia y que dejó el centro por apreciar su familia que estaba recibiendo "una atención deficiente".
El Justicia ha señalado que --siempre según la queja-- "el control médico a los residentes era escaso", ya que únicamente se supervisaban los niveles de glucemia y colesterol, los enfermos no eran remitidos a especialistas, la medicación que se recetaba no se retiraba al desaparecer la patología que la motivaba.
Asimismo, la queja indicaba que el personal que se hacía cargo de los residentes era insuficiente, desaparecían algunos enseres personales y algunos internos estaban faltos de cuidados e higiene.
La interna a la que le diagnosticaron erróneamente la fractura renunció a su plaza y denunció los hechos ante el Gobierno autónomo en junio de 2010. Tras iniciarse el expediente de instrucción, el Justicia envió un escrito --el 13 de diciembre de 2010-- a los Departamentos de Servicios Sociales y Salud para recabar información.
El Departamento de Salud respondió el 11 de marzo de 2011 que el Servicio Aragonés de Salud (SAS) no presta asistencia sanitaria directa a esta residencia, sino que lo hace el personal propio de la misma, por lo que el SAS es "ajeno". El Departamento de Servicios Sociales no ha remitido respuesta alguna.
El Justicia ha recordado al Departamento de Servicios Sociales y Familia, que dirige la consejera Ana Fernández, tiene la "obligación" de colaborar con la institución tal y como señala la Ley del Justicia.
También ha indicado que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, conocida como Ley de Atención a la Dependencia, dispone que los centros que asisten a las personas dependientes deben cumplir unos estándares de calidad.
Estos centros deben tener un reglamento de régimen interior para regular su organización y funcionamiento, incluyendo un sistema de calidad que establezca la participación de los usuarios como determine la Administración dependiente
Fuente : europapress.es/aragon/noticia
El Justicia alerta sobre una residencia de mayores por mala asistencia sanitaria
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha solicitado inspeccionar este viernes una residencia de mayores de Zaragoza por mala asistencia técnica, al recibir una queja según la cual una interna fue diagnosticada erróneamente de una fractura de húmero.
García Vicente sugiere que si la inspección del Gobierno de Aragón detecta alguna irregularidad debe adoptar las medidas necesarias para la resolución de la misma "especialmente en aras a evitar que se reproduzca en el futuro".
La queja fue presentada el 9 de diciembre de 2010 por el hermano de una interna que tenía una plaza concertada en esta residencia y que dejó el centro por apreciar su familia que estaba recibiendo "una atención deficiente".
El Justicia ha señalado que --siempre según la queja-- "el control médico a los residentes era escaso", ya que únicamente se supervisaban los niveles de glucemia y colesterol, los enfermos no eran remitidos a especialistas, la medicación que se recetaba no se retiraba al desaparecer la patología que la motivaba.
Asimismo, la queja indicaba que el personal que se hacía cargo de los residentes era insuficiente, desaparecían algunos enseres personales y algunos internos estaban faltos de cuidados e higiene.
La interna a la que le diagnosticaron erróneamente la fractura renunció a su plaza y denunció los hechos ante el Gobierno autónomo en junio de 2010. Tras iniciarse el expediente de instrucción, el Justicia envió un escrito --el 13 de diciembre de 2010-- a los Departamentos de Servicios Sociales y Salud para recabar información.
El Departamento de Salud respondió el 11 de marzo de 2011 que el Servicio Aragonés de Salud (SAS) no presta asistencia sanitaria directa a esta residencia, sino que lo hace el personal propio de la misma, por lo que el SAS es "ajeno". El Departamento de Servicios Sociales no ha remitido respuesta alguna.
El Justicia ha recordado al Departamento de Servicios Sociales y Familia, que dirige la consejera Ana Fernández, tiene la "obligación" de colaborar con la institución tal y como señala la Ley del Justicia.
También ha indicado que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, conocida como Ley de Atención a la Dependencia, dispone que los centros que asisten a las personas dependientes deben cumplir unos estándares de calidad.
Estos centros deben tener un reglamento de régimen interior para regular su organización y funcionamiento, incluyendo un sistema de calidad que establezca la participación de los usuarios como determine la Administración dependiente
Fuente : europapress.es/aragon/noticia
OBSTACULIZAR LA LEY RAYA LOS LÍMITES DEL DELITO DE PREVARICACIÓN
´Obstaculizar la ley de dependencia raya los límites del delito de prevaricación´
La Asociación Solcom "nace para defender los derechos de las personas con diversidad funcional"
Todo cambio de mentalidad comienza con un cambio de usos y costumbres, entre los que destaca por su importancia la correcta utilización de las palabras y sus definiciones.
Y precisamente eso es lo que propuso Ismael Lloréns al inicio de la presentación de la Asociación Solcom, de la cual es su secretario.
Esta nueva organización no gubernamental de ámbito estatal nace con la firme voluntad de proporcionar asistencia legal con la que hacer efectivos los derechos de las personas con diversidad funcional «más conocidas como personas con discapacidad o por los términos peyorativos minusválidos y subnormales, afirmó Lloréns.
Solcom es independiente, no recibe subvención pública alguna y se financia sólo a través de las cuotas de sus asociados».
De esta manera, según este activista del Movimiento de Vida Independiente, desde Solcom se pueden formalizar recursos, demandas, denuncias y reclamaciones ante cualquier organismo, administración pública, juzgado o tribunal con total independencia.
«Solcom nace, apuntó Lloréns, para defender los derechos de las personas con diversidad funcional y para denunciar el incumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU».
El acto celebrado en el Club Diario Levante contó con la participación del abogado especializado en Seguridad Social José Ramón Juániz, quien no dudó en destacar «la importancia de difundir los Derechos Humanos de las personas con diversidad funcional y la necesidad de elevar el nivel de sus derechos civiles y de reconocer las garantías al acceso a todos los medios de transporte, edificios públicos, viviendas, a ser oídos por los jueces, a ser asistidos, a estudiar en cualquier centro privado o público, a trabajar y a no ser segregados.»
Juániz, que insistió en hacer visible la diversidad funcional y a movilizarse, atacó duramente la actitud de los responsables de la Generalitat Valenciana por «obstaculizar deliberadamente la aplicación de la ley de la dependencia y su eficacia en la cobertura de las personas necesitadas, rayando los límites del delito de prevaricación y del delito de negación de auxilio».
Convención de la ONU
Jorge Cardona, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universitat de València y miembro del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, afirmó que la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU (2006) «es el primer tratado de DD HH del siglo XXI y reivindica la necesidad social de normalizar la vida de estas personas y no apartarlas y protegerlas como se había hecho hasta ahora».
Este cambio del derecho internacional sólo ha sido posible desde un cambio de mentalidad. Según Cardona, la Convención, que ha sido reconocida por España, «deja bien claro que la persona discapacitada no tiene el problema sino la sociedad y es ésta quien debe eliminar las barreras de accesibilidad y adoptar los ajustes razonables para poder superar las barreras económicas, sociales y culturales.»
«Garantizar el derecho a la educación inclusiva»
Mamen Nájera, miembro de la Secretaría de la Red Europea de Vida Independiente (ENIL), reclamó la educación inclusiva como un derecho fundamental de las personas con diversidad funcional.
«Pese a las lagunas legales que contienen la Constitución, la Convención de la ONU y la Ley Orgánica de Educación, enumeró Nájera, es obligación del gobierno garantizar el derecho a la educación inclusiva.
Los programas de integración, añadió la activista, han fracasado por la falta de recursos, mientras que en la educación inclusiva el niño se siente uno más, sus compañeros aprenden de su diferencia y todos viven la normalidad.
Hacer que sea posible la educación inclusiva en la diversidad se encuentra el enriquecimiento de toda la sociedad», concluyó Mamen Nájera.
Josep lluís galiana valencia
Fuente : levante-emv.com
La Asociación Solcom "nace para defender los derechos de las personas con diversidad funcional"
Todo cambio de mentalidad comienza con un cambio de usos y costumbres, entre los que destaca por su importancia la correcta utilización de las palabras y sus definiciones.
Y precisamente eso es lo que propuso Ismael Lloréns al inicio de la presentación de la Asociación Solcom, de la cual es su secretario.
Esta nueva organización no gubernamental de ámbito estatal nace con la firme voluntad de proporcionar asistencia legal con la que hacer efectivos los derechos de las personas con diversidad funcional «más conocidas como personas con discapacidad o por los términos peyorativos minusválidos y subnormales, afirmó Lloréns.
Solcom es independiente, no recibe subvención pública alguna y se financia sólo a través de las cuotas de sus asociados».
De esta manera, según este activista del Movimiento de Vida Independiente, desde Solcom se pueden formalizar recursos, demandas, denuncias y reclamaciones ante cualquier organismo, administración pública, juzgado o tribunal con total independencia.
«Solcom nace, apuntó Lloréns, para defender los derechos de las personas con diversidad funcional y para denunciar el incumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU».
El acto celebrado en el Club Diario Levante contó con la participación del abogado especializado en Seguridad Social José Ramón Juániz, quien no dudó en destacar «la importancia de difundir los Derechos Humanos de las personas con diversidad funcional y la necesidad de elevar el nivel de sus derechos civiles y de reconocer las garantías al acceso a todos los medios de transporte, edificios públicos, viviendas, a ser oídos por los jueces, a ser asistidos, a estudiar en cualquier centro privado o público, a trabajar y a no ser segregados.»
Juániz, que insistió en hacer visible la diversidad funcional y a movilizarse, atacó duramente la actitud de los responsables de la Generalitat Valenciana por «obstaculizar deliberadamente la aplicación de la ley de la dependencia y su eficacia en la cobertura de las personas necesitadas, rayando los límites del delito de prevaricación y del delito de negación de auxilio».
Convención de la ONU
Jorge Cardona, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universitat de València y miembro del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, afirmó que la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU (2006) «es el primer tratado de DD HH del siglo XXI y reivindica la necesidad social de normalizar la vida de estas personas y no apartarlas y protegerlas como se había hecho hasta ahora».
Este cambio del derecho internacional sólo ha sido posible desde un cambio de mentalidad. Según Cardona, la Convención, que ha sido reconocida por España, «deja bien claro que la persona discapacitada no tiene el problema sino la sociedad y es ésta quien debe eliminar las barreras de accesibilidad y adoptar los ajustes razonables para poder superar las barreras económicas, sociales y culturales.»
«Garantizar el derecho a la educación inclusiva»
Mamen Nájera, miembro de la Secretaría de la Red Europea de Vida Independiente (ENIL), reclamó la educación inclusiva como un derecho fundamental de las personas con diversidad funcional.
«Pese a las lagunas legales que contienen la Constitución, la Convención de la ONU y la Ley Orgánica de Educación, enumeró Nájera, es obligación del gobierno garantizar el derecho a la educación inclusiva.
Los programas de integración, añadió la activista, han fracasado por la falta de recursos, mientras que en la educación inclusiva el niño se siente uno más, sus compañeros aprenden de su diferencia y todos viven la normalidad.
Hacer que sea posible la educación inclusiva en la diversidad se encuentra el enriquecimiento de toda la sociedad», concluyó Mamen Nájera.
Josep lluís galiana valencia
Fuente : levante-emv.com
PERFIL DEL DEPENDIENTE MADRILEÑO
Mujer mayor de 80 años con enfermedades, perfil del dependiente madrileño
Así se desprende del Informe Global sobre Dependencia en la Comunidad de Madrid, elaborado por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales en colaboración con Obra Social Caja Madrid tras 8.500 encuestas domiciliarias y una muestra de 55.000 valoraciones efectuadas a ciudadanos.
El estudio refleja que casi el 60% de las personas en situación de dependencia de la región tienen 80 o más años, mientras que los menores de 18 años representan tan sólo un 4%, y que la mayoría, dos tercios (70%), son mujeres.
El 86% de los cuidadores no profesionales son familiares que pertenecen a la unidad de convivencia de la persona en situación de dependencia.
En perfil del cuidador informal es el de una mujer española de 57 años y familiar de primer grado, en un 90% de los casos.
La consejera de Familia y Asuntos Sociales en funciones, Engracia Hidalgo, ha afirmado que "el aumento de la esperanza de vida, y por consiguiente el envejecimiento de la población, es un fenómeno que se ha acelerado en los últimos años y que obliga a tener que adelantarnos a las consecuencias que ello tiene, garantizando fundamentalmente la atención futura".
En lo que a grados y niveles de dependencia se refiere, un 35% de las personas que han solicitado ser valoradas presenta una gran dependencia, un 26% dependencia severa, un 21%, dependencia moderada y el 18% no han sido considerados dependientes.
Sobre la capacidad económica de los beneficiarios del sistema madrileño de dependencia, un tercio de ellos presentan unos ingresos anuales inferiores a los 6.400 euros y un 64% no supera los 9.600 euros al año.
Asimismo, el informe señala que el 80% de los beneficiarios no perciben otras prestaciones sociales y que más de 45% no están obligados a realizar la declaración de la renta.
Los diagnósticos más frecuentes entre la población dependiente de la Comunidad de Madrid afectan en mayor medida a mujeres y generan altos grados de dependencia.
El Alzheimer y la poliartrosis son las principales causas de dependencia.
El 95% de las personas que han solicitado ayuda mediante la Ley de Dependencia en la región ya han sido valoradas, y de las que tienen derecho a recibir prestación, porque están en calendario de aplicación estatal, el 81% ya están recibiendo el servicio o la ayuda que han solicitado, ha subrayado el Ejecutivo regional.
Esta cifra supone trece puntos por encima de la media nacional (68%) en personas dependientes atendidas sobre el conjunto de los beneficiarios, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, ha destacado la Comunidad.
Según estos datos, Madrid se consolida como la primera autonomía tanto en número de plazas residenciales (22.484 plazas) como de centro de día (11.689 plazas) para la atención de personas dependientes con 34.173 plazas, lo que supone que casi el 20% de las plazas del sistema nacional se encuentran en la región.
Fuente : abc.es
NAVARRA - TELÉFONO GRATUÍTO DEPENDENCIA Y PENSIONES
CCOO asesora a través de un teléfono gratuito sobre dependencia y pensiones
La consulta telefónica gratuita es uno de los servicios de información y asesoramiento a personas mayores sobre pensiones, dependencia y servicios sociales que ofrece este sindicato bajo la denominación "Informayor".
Este servicio ha sido presentado hoy en rueda de prensa en Pamplona por los secretarios estatal y autonómico de la federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO, Julián Gutiérrez y Manuel Vázquez, respectivamente.
Dentro de esta iniciativa han elaborado un díptico, que se está distribuyendo en servicios sociales y asociaciones de jubilados, en el que además de dar a conocer el teléfono y las direcciones en las que se atienden consultas (en el caso de Navarra la sede del sindicato en Pamplona), se informa sobre la Ley de Dependencia, los diferentes grados de dependencia y el catálogo de prestaciones.
Además se explica el acuerdo para la reforma de las pensiones y se apunta la postura de CCOO de "total y absoluto rechazo a la congelación de las pensiones" y su exigencia al Gobierno para que rectifique con el objeto de que los pensionistas afectados puedan recuperar el poder adquisitivo perdido.
Igualmente se facilita información sobre las nuevas fórmulas de jubilación que se ponen en marcha a partir del acuerdo de pensiones y se indica que a través de "Informayor" se puede ayudar a quien lo desee a calcular su futura pensión, orientarle sobre la jubilación o resolver cualquier duda relacionada con estas materias.
Al respecto Gutiérrez ha apuntado también la necesidad de informar a las personas mayores sobre los recursos de protección social ya que "hay casos que son sangrantes" y como ejemplo ha citado el desconocimiento que existe en torno a las ayudas para adaptar las viviendas, que impide que muchos mayores no realicen las reformas que precisan para adaptar sus domicilios.
Según los datos aportados, en Navarra las solicitudes por reconocimiento de dependencia alcanzan la cifra de 20.130 y los beneficiarios de estas ayudas son 17.456.
El número de pensionistas en Navarra se sitúa en torno a los 120.000, con una pensión media de 901 euros, superior a la media nacional que se sitúa en 797 euros.
La pensión media de viudedad se sitúa en 622 euros en la Comunidad foral y a nivel estatal en 583, lo que, en opinión de Gutiérrez, hace que muchas personas, sobre todo las viudas, tengan "muchas dificultades para llegar a final de mes".
En el ámbito estatal uno de los problemas que existen es que "cuatro años después de la implantación de la ley de Dependencia una de cada tres personas no perciben la prestación a la que tienen derecho", por lo que los sindicalistas han asegurado que van a seguir trabajando al respecto.
No obstante Gutiérrez ha opinado que esta ley "va cogiendo cuerpo", aunque no al ritmo que querían. En este sentido ha citado como "un dato importante" la generación de más de 130.000 empleos a nivel nacional
Fuente : abc.es
La consulta telefónica gratuita es uno de los servicios de información y asesoramiento a personas mayores sobre pensiones, dependencia y servicios sociales que ofrece este sindicato bajo la denominación "Informayor".
Este servicio ha sido presentado hoy en rueda de prensa en Pamplona por los secretarios estatal y autonómico de la federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO, Julián Gutiérrez y Manuel Vázquez, respectivamente.
Dentro de esta iniciativa han elaborado un díptico, que se está distribuyendo en servicios sociales y asociaciones de jubilados, en el que además de dar a conocer el teléfono y las direcciones en las que se atienden consultas (en el caso de Navarra la sede del sindicato en Pamplona), se informa sobre la Ley de Dependencia, los diferentes grados de dependencia y el catálogo de prestaciones.
Además se explica el acuerdo para la reforma de las pensiones y se apunta la postura de CCOO de "total y absoluto rechazo a la congelación de las pensiones" y su exigencia al Gobierno para que rectifique con el objeto de que los pensionistas afectados puedan recuperar el poder adquisitivo perdido.
Igualmente se facilita información sobre las nuevas fórmulas de jubilación que se ponen en marcha a partir del acuerdo de pensiones y se indica que a través de "Informayor" se puede ayudar a quien lo desee a calcular su futura pensión, orientarle sobre la jubilación o resolver cualquier duda relacionada con estas materias.
Al respecto Gutiérrez ha apuntado también la necesidad de informar a las personas mayores sobre los recursos de protección social ya que "hay casos que son sangrantes" y como ejemplo ha citado el desconocimiento que existe en torno a las ayudas para adaptar las viviendas, que impide que muchos mayores no realicen las reformas que precisan para adaptar sus domicilios.
Según los datos aportados, en Navarra las solicitudes por reconocimiento de dependencia alcanzan la cifra de 20.130 y los beneficiarios de estas ayudas son 17.456.
El número de pensionistas en Navarra se sitúa en torno a los 120.000, con una pensión media de 901 euros, superior a la media nacional que se sitúa en 797 euros.
La pensión media de viudedad se sitúa en 622 euros en la Comunidad foral y a nivel estatal en 583, lo que, en opinión de Gutiérrez, hace que muchas personas, sobre todo las viudas, tengan "muchas dificultades para llegar a final de mes".
En el ámbito estatal uno de los problemas que existen es que "cuatro años después de la implantación de la ley de Dependencia una de cada tres personas no perciben la prestación a la que tienen derecho", por lo que los sindicalistas han asegurado que van a seguir trabajando al respecto.
No obstante Gutiérrez ha opinado que esta ley "va cogiendo cuerpo", aunque no al ritmo que querían. En este sentido ha citado como "un dato importante" la generación de más de 130.000 empleos a nivel nacional
Fuente : abc.es
GOBIERNO FINANCIA LAS PRESTACIONES
Primera comparecencia en el Congreso tras el 22M
Zapatero: el Gobierno financia las prestaciones de la Ley de Dependencia
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que el Ejecutivo cumple sus compromisos con las comunidades autónomas y paga el 50 por ciento de las prestaciones que le corresponden de acuerdo con la Ley de Dependencia.
En su primera comparecencia en el Parlamento tras las elecciones autonómicas del pasado domingo, Zapatero ha reconocido, en respuesta al portavoz de CiU en la Cámara baja, Duran i Lleida, que aquellas discrepancias con Cataluña en esta materia no tienen que ver con el impago de las prestaciones y sí con el cómputo de los dependientes, tras la entrada a mediados de mayo de una nueva tanda de personas con dependencia 'moderada' (grado 1 nivel II).
El presidente del Gobierno, que se ha sumado a las condolencias de la familia del recientemente fallecido ex gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, "cuya memoria todos honramos", ha reconocido que este Ejecutivo "tiene por delante retos fundamentales" para ganar la recuperación económica, consolidar el Estado del bienestar, además de las políticas sociales.
Concretamente, ha detallado sobre la Ley de Dependencia que se ha conseguido atender a 720.000 personas, que el conjunto del volumen de gasto que ha supuesto esta atención asciende a 5.350 millones para el total del Estado, de los que 854 millones de euros se han destinado a Cataluña.
"El Gobierno ha cumplido los compromisos de financiación y ahí donde hay discrepancias, como las hay ciertamente con el Gobierno de Cataluña, y que tienen que ver más con el computo del número de dependientes, estamos trabajando con un grupo para intentar abordarlas", ha reiterado.
En todo caso, ha subrayado que, "sin duda alguna", para seguir manteniendo y profundizando en el Estado de bienestar, así como en la Ley de Dependencia, hay que continuar con las reformas, al mismo tiempo que hay que hacer con esta normativa "el mayor esfuerzo" para su eficiencia. "Ha cumplido y ha sido un gran éxito y desde 2006 unas 700.000 personas han sido atendidas", ha puntualizado.
EL GOBIERNO SÍ INCUMPLE SUS PAGOS
Por su parte, el portavoz nacionalista catalán, que igualmente ha expresado sus condolencias a la familia del fallecido Luis Ángel Rojo, le ha reprochado a Zapatero que, "indirectamente", sí ha reconocido ese impago del Ejecutivo con las comunidades autónomas en materia de Dependencia --el pago de las prestaciones se reparte al 50% entre las comunidades autónomas y el Estado--, en el momento en el que el presidente ha hecho referencia al "grupo de trabajo" que intenta resolver con la Generalitat los problemas en el desarrollo de esta normativa.
A pesar de que Duran i Lleida ha manifestado que, al tratarse de la primera pregunta parlamentaria dirigida al presidente del Ejecutivo tras las elecciones del 22M, "lo lógico sería preguntarle acerca de lo que se viene debatiendo si cuestión de confianza, si moción de censura o si elecciones anticipadas", a CiU lo que le preocupa es qué es lo que se va a hacer en los próximos meses en cuanto al gasto público y social y también en materia de ocupación.
"A partir del 11 de mayo se incorpora un nuevo colectivo que va a ser objeto de ayudas de la Ley de Dependencia, la dependencia moderada nivel II, 152.742 personas, por reales decretos leyes en su exposición de motivos consideran que no incorpora gasto nuevo en la medida que entienden, algo que no acabamos de compartir", ha indicado.
En este sentido ha argumentado en su defensa que antes, la prestación empezaba a partir del día que se solicitaba y ahora a partir del día en el que se resuelve el expediente.
"Cuanto más se entretenga a la Administración más ahorro habrá y este ahorro no es suficiente para atender a estas personas nuevas que van a ser objeto por parte de la ley de Dependencia. Consecuentemente sólo sería posible si se pasase el déficit a las comunidades autónomas, lo que se hace en la actualidad como usted acaba de reconocer", ha apostillado.
Precisamente, hace un par de semanas el Pleno del Congreso, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, aprobó un moción del PNV en la que se exigía al Ejecutivo que cumpliese con su compromiso de financiación del 50 por ciento de las prestaciones de la Ley de Dependencia ante el impago del Gobierno
Fuente : europapress.es/sociedad/noticia
Zapatero: el Gobierno financia las prestaciones de la Ley de Dependencia
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que el Ejecutivo cumple sus compromisos con las comunidades autónomas y paga el 50 por ciento de las prestaciones que le corresponden de acuerdo con la Ley de Dependencia.
En su primera comparecencia en el Parlamento tras las elecciones autonómicas del pasado domingo, Zapatero ha reconocido, en respuesta al portavoz de CiU en la Cámara baja, Duran i Lleida, que aquellas discrepancias con Cataluña en esta materia no tienen que ver con el impago de las prestaciones y sí con el cómputo de los dependientes, tras la entrada a mediados de mayo de una nueva tanda de personas con dependencia 'moderada' (grado 1 nivel II).
El presidente del Gobierno, que se ha sumado a las condolencias de la familia del recientemente fallecido ex gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, "cuya memoria todos honramos", ha reconocido que este Ejecutivo "tiene por delante retos fundamentales" para ganar la recuperación económica, consolidar el Estado del bienestar, además de las políticas sociales.
Concretamente, ha detallado sobre la Ley de Dependencia que se ha conseguido atender a 720.000 personas, que el conjunto del volumen de gasto que ha supuesto esta atención asciende a 5.350 millones para el total del Estado, de los que 854 millones de euros se han destinado a Cataluña.
"El Gobierno ha cumplido los compromisos de financiación y ahí donde hay discrepancias, como las hay ciertamente con el Gobierno de Cataluña, y que tienen que ver más con el computo del número de dependientes, estamos trabajando con un grupo para intentar abordarlas", ha reiterado.
En todo caso, ha subrayado que, "sin duda alguna", para seguir manteniendo y profundizando en el Estado de bienestar, así como en la Ley de Dependencia, hay que continuar con las reformas, al mismo tiempo que hay que hacer con esta normativa "el mayor esfuerzo" para su eficiencia. "Ha cumplido y ha sido un gran éxito y desde 2006 unas 700.000 personas han sido atendidas", ha puntualizado.
EL GOBIERNO SÍ INCUMPLE SUS PAGOS
Por su parte, el portavoz nacionalista catalán, que igualmente ha expresado sus condolencias a la familia del fallecido Luis Ángel Rojo, le ha reprochado a Zapatero que, "indirectamente", sí ha reconocido ese impago del Ejecutivo con las comunidades autónomas en materia de Dependencia --el pago de las prestaciones se reparte al 50% entre las comunidades autónomas y el Estado--, en el momento en el que el presidente ha hecho referencia al "grupo de trabajo" que intenta resolver con la Generalitat los problemas en el desarrollo de esta normativa.
A pesar de que Duran i Lleida ha manifestado que, al tratarse de la primera pregunta parlamentaria dirigida al presidente del Ejecutivo tras las elecciones del 22M, "lo lógico sería preguntarle acerca de lo que se viene debatiendo si cuestión de confianza, si moción de censura o si elecciones anticipadas", a CiU lo que le preocupa es qué es lo que se va a hacer en los próximos meses en cuanto al gasto público y social y también en materia de ocupación.
"A partir del 11 de mayo se incorpora un nuevo colectivo que va a ser objeto de ayudas de la Ley de Dependencia, la dependencia moderada nivel II, 152.742 personas, por reales decretos leyes en su exposición de motivos consideran que no incorpora gasto nuevo en la medida que entienden, algo que no acabamos de compartir", ha indicado.
En este sentido ha argumentado en su defensa que antes, la prestación empezaba a partir del día que se solicitaba y ahora a partir del día en el que se resuelve el expediente.
"Cuanto más se entretenga a la Administración más ahorro habrá y este ahorro no es suficiente para atender a estas personas nuevas que van a ser objeto por parte de la ley de Dependencia. Consecuentemente sólo sería posible si se pasase el déficit a las comunidades autónomas, lo que se hace en la actualidad como usted acaba de reconocer", ha apostillado.
Precisamente, hace un par de semanas el Pleno del Congreso, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, aprobó un moción del PNV en la que se exigía al Ejecutivo que cumpliese con su compromiso de financiación del 50 por ciento de las prestaciones de la Ley de Dependencia ante el impago del Gobierno
Fuente : europapress.es/sociedad/noticia
GOBIERNO RECONOCE QUE A LA LEY LE FALTA "MUCHO RECORRIDO"
El Gobierno reconoce que a la ley le falta "mucho recorrido"
Admite que hay que intensificar la promoción de la autonomía personal y la atención a los menores de 3 años
La secretaria general de Política Social y Consumo, Isabel Martínez, reconoció este sábado que a la Ley de Dependencia le falta "mucho recorrido" y que hay que intensificar, entre otros aspectos, el de la promoción de la autonomía personal, recogido en el espíritu de la norma.
Y precisamente porque a la ley le queda aún "recorrido", Martínez aseguró que el Ejecutivo tiene todavía muchas esperanzas en su desarrollo, para cuya ejecución, eso sí, pidió paciencia a los beneficiarios.
La secretaria de Política Social hizo estas consideraciones en la inauguración de la asamblea general de la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps), que se desarrolla este sábado en Madrid con la presencia de miembros de la entidad llegados de varios puntos del país.
El Ministerio destaca que en los cuatro primeros meses del ejercicio se han realizado 20.210 contratos a personas con discapacidad, lo que supone un 8,1% más que en el mismo período de 2010. Del total de contratos, 5.044 se realizaron durante el mes de abril.
En su intervención, Martínez señaló que además de la promoción de la autonomía personal, dentro del desarrollo de la norma de la dependencia, habrá que "intensificar" la atención de los menores de cero a tres años.
En cualquier caso, la representante del Ministerio de Sanidad quiso dejar claro que la Ley de Dependencia, pese a haber empezado su andadura en un momento "de tremenda dificultad económica, ha permitido avances importantes".
Martínez indicó, por otra parte, que el Gobierno tiene "muchos objetivos y retos" por delante en materia de discapacidad y entre ellos citó la puesta en marcha de las estrategias de cultura y juguetes para todos.
La secretaria general de Política Social y Consumo estuvo acompañada en la inauguración de la asamblea general de Feaps por el presidente de la entidad, Juan Carlos Cid, y por Lourdes León, una persona con discapacidad intelectual, encargada de conducir el acto.
Fuente : diariosigloxxi.com
Admite que hay que intensificar la promoción de la autonomía personal y la atención a los menores de 3 años
La secretaria general de Política Social y Consumo, Isabel Martínez, reconoció este sábado que a la Ley de Dependencia le falta "mucho recorrido" y que hay que intensificar, entre otros aspectos, el de la promoción de la autonomía personal, recogido en el espíritu de la norma.
Y precisamente porque a la ley le queda aún "recorrido", Martínez aseguró que el Ejecutivo tiene todavía muchas esperanzas en su desarrollo, para cuya ejecución, eso sí, pidió paciencia a los beneficiarios.
La secretaria de Política Social hizo estas consideraciones en la inauguración de la asamblea general de la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps), que se desarrolla este sábado en Madrid con la presencia de miembros de la entidad llegados de varios puntos del país.
El Ministerio destaca que en los cuatro primeros meses del ejercicio se han realizado 20.210 contratos a personas con discapacidad, lo que supone un 8,1% más que en el mismo período de 2010. Del total de contratos, 5.044 se realizaron durante el mes de abril.
En su intervención, Martínez señaló que además de la promoción de la autonomía personal, dentro del desarrollo de la norma de la dependencia, habrá que "intensificar" la atención de los menores de cero a tres años.
En cualquier caso, la representante del Ministerio de Sanidad quiso dejar claro que la Ley de Dependencia, pese a haber empezado su andadura en un momento "de tremenda dificultad económica, ha permitido avances importantes".
Martínez indicó, por otra parte, que el Gobierno tiene "muchos objetivos y retos" por delante en materia de discapacidad y entre ellos citó la puesta en marcha de las estrategias de cultura y juguetes para todos.
La secretaria general de Política Social y Consumo estuvo acompañada en la inauguración de la asamblea general de Feaps por el presidente de la entidad, Juan Carlos Cid, y por Lourdes León, una persona con discapacidad intelectual, encargada de conducir el acto.
Fuente : diariosigloxxi.com
miércoles, 25 de mayo de 2011
SECTOR DEPENDENCIA PIDE PP QUE "APROVECHE" SU MAYORÍA
Sector de la Dependencia pide al PP que "aproveche" su mayoría para unificar y acelerar la aplicación de la ley
Baleares ha sido "mucho menos diligentes e ineficaz"
La asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales y la Federación de Empresas de la Dependencia (FED) ha pedido al Partido Popular que "aproveche" la mayoría obtenida en las comunidades autónomas tras las elecciones para unificar y acelerar en todo el territorio nacional la aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
Así lo ha explicado el presidente de la FED, José Alberto Echevarría, para quien la mayoría que el Partido Popular tendrá en el Consejo Territorial de Dependencia debería servir para que alcanzaran un acuerdo "necesario". En su opinión, este organismo "no funciona" ya que sus miembros "no están de acuerdo en lo que tenía de bueno la ley", es decir, que unificaba normativa y derechos.
"La Ley ponía coherencia frente a las 17 normativas autonómicas, pero eso no sólo no se ha mejorado sino que ha empeorado. También reconocía los mismos derechos y las mismas obligaciones en todo el territorio, lo cual era de lógica, y sin embargo el Consejo Interterritorial no lo ha desarrollado de la misma manera", ha señalado.
Además, ha señalado que esta mayoritaria presencia del PP en debería permitir que "se pongan las pilas" en todos sus gobiernos autonómicos, adoptando "criterio común y normalizador" que evite la coexistencia de comunidades líderes en la aplicación de la norma del mismo color político de aquellas que están a la cola.
Sobre este asunto se ha pronunciado el presidente de la asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, quien ha concretado que más que por colores políticos, las autonomías se han diferenciado en la aplicación de la norma por sus gestores, ya que regiones como Castilla y León o La Rioja han presentado "un desarrollo positivo y eficaz" mientras "Valencia Canarias, Madrid y Baleares han sido mucho menos diligentes e ineficaces".
"El reto se plantea en superar estos desequilibrios territoriales y tender a la equidad, garantizando los derechos de ciudadanía, mejorando los plazos y las listas de espera, y garantizando financiación suficiente para que se generen los retornos económicos y sobre el empleo previstos", ha señalado Ramírez.
Fuente : 20minutos.es/noticia
Baleares ha sido "mucho menos diligentes e ineficaz"
La asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales y la Federación de Empresas de la Dependencia (FED) ha pedido al Partido Popular que "aproveche" la mayoría obtenida en las comunidades autónomas tras las elecciones para unificar y acelerar en todo el territorio nacional la aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
Así lo ha explicado el presidente de la FED, José Alberto Echevarría, para quien la mayoría que el Partido Popular tendrá en el Consejo Territorial de Dependencia debería servir para que alcanzaran un acuerdo "necesario". En su opinión, este organismo "no funciona" ya que sus miembros "no están de acuerdo en lo que tenía de bueno la ley", es decir, que unificaba normativa y derechos.
"La Ley ponía coherencia frente a las 17 normativas autonómicas, pero eso no sólo no se ha mejorado sino que ha empeorado. También reconocía los mismos derechos y las mismas obligaciones en todo el territorio, lo cual era de lógica, y sin embargo el Consejo Interterritorial no lo ha desarrollado de la misma manera", ha señalado.
Además, ha señalado que esta mayoritaria presencia del PP en debería permitir que "se pongan las pilas" en todos sus gobiernos autonómicos, adoptando "criterio común y normalizador" que evite la coexistencia de comunidades líderes en la aplicación de la norma del mismo color político de aquellas que están a la cola.
Sobre este asunto se ha pronunciado el presidente de la asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, quien ha concretado que más que por colores políticos, las autonomías se han diferenciado en la aplicación de la norma por sus gestores, ya que regiones como Castilla y León o La Rioja han presentado "un desarrollo positivo y eficaz" mientras "Valencia Canarias, Madrid y Baleares han sido mucho menos diligentes e ineficaces".
"El reto se plantea en superar estos desequilibrios territoriales y tender a la equidad, garantizando los derechos de ciudadanía, mejorando los plazos y las listas de espera, y garantizando financiación suficiente para que se generen los retornos económicos y sobre el empleo previstos", ha señalado Ramírez.
Fuente : 20minutos.es/noticia
PAMPLONA - TELÉFONO GRATUÍTO SOBRE DEPENDENCIA Y PENSIONES
CCOO asesora a través de un teléfono gratuito sobre dependencia y pensiones
Dónde solicitar las ayudas a la dependencia y cómo reclamarlas cuando se considera que se tiene derecho a ellas son algunas de las consultas más habituales que se realizan a través del teléfono gratuito de asesoramiento que CCOO ha puesto a disposición de las personas mayores.
La consulta telefónica gratuita es uno de los servicios de información y asesoramiento a personas mayores sobre pensiones, dependencia y servicios sociales que ofrece este sindicato bajo la denominación "Informayor".
Este servicio ha sido presentado hoy en rueda de prensa en Pamplona por los secretarios estatal y autonómico de la federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO, Julián Gutiérrez y Manuel Vázquez, respectivamente.
Dentro de esta iniciativa han elaborado un díptico, que se está distribuyendo en servicios sociales y asociaciones de jubilados, en el que además de dar a conocer el teléfono y las direcciones en las que se atienden consultas (en el caso de Navarra la sede del sindicato en Pamplona), se informa sobre la Ley de Dependencia, los diferentes grados de dependencia y el catálogo de prestaciones.
Además se explica el acuerdo para la reforma de las pensiones y se apunta la postura de CCOO de "total y absoluto rechazo a la congelación de las pensiones" y su exigencia al Gobierno para que rectifique con el objeto de que los pensionistas afectados puedan recuperar el poder adquisitivo perdido.
Igualmente se facilita información sobre las nuevas fórmulas de jubilación que se ponen en marcha a partir del acuerdo de pensiones y se indica que a través de "Informayor" se puede ayudar a quien lo desee a calcular su futura pensión, orientarle sobre la jubilación o resolver cualquier duda relacionada con estas materias.
Al respecto Gutiérrez ha apuntado también la necesidad de informar a las personas mayores sobre los recursos de protección social ya que "hay casos que son sangrantes" y como ejemplo ha citado el desconocimiento que existe en torno a las ayudas para adaptar las viviendas, que impide que muchos mayores no realicen las reformas que precisan para adaptar sus domicilios.
Según los datos aportados, en Navarra las solicitudes por reconocimiento de dependencia alcanzan la cifra de 20.130 y los beneficiarios de estas ayudas son 17.456.
El número de pensionistas en Navarra se sitúa en torno a los 120.000, con una pensión media de 901 euros, superior a la media nacional que se sitúa en 797 euros.
La pensión media de viudedad se sitúa en 622 euros en la Comunidad foral y a nivel estatal en 583, lo que, en opinión de Gutiérrez, hace que muchas personas, sobre todo las viudas, tengan "muchas dificultades para llegar a final de mes".
En el ámbito estatal uno de los problemas que existen es que "cuatro años después de la implantación de la ley de Dependencia una de cada tres personas no perciben la prestación a la que tienen derecho", por lo que los sindicalistas han asegurado que van a seguir trabajando al respecto.
No obstante Gutiérrez ha opinado que esta ley "va cogiendo cuerpo", aunque no al ritmo que querían. En este sentido ha citado como "un dato importante" la generación de más de 130.000 empleos a nivel nacional.
Fuente : finanzas.com/noticias
Dónde solicitar las ayudas a la dependencia y cómo reclamarlas cuando se considera que se tiene derecho a ellas son algunas de las consultas más habituales que se realizan a través del teléfono gratuito de asesoramiento que CCOO ha puesto a disposición de las personas mayores.
La consulta telefónica gratuita es uno de los servicios de información y asesoramiento a personas mayores sobre pensiones, dependencia y servicios sociales que ofrece este sindicato bajo la denominación "Informayor".
Este servicio ha sido presentado hoy en rueda de prensa en Pamplona por los secretarios estatal y autonómico de la federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO, Julián Gutiérrez y Manuel Vázquez, respectivamente.
Dentro de esta iniciativa han elaborado un díptico, que se está distribuyendo en servicios sociales y asociaciones de jubilados, en el que además de dar a conocer el teléfono y las direcciones en las que se atienden consultas (en el caso de Navarra la sede del sindicato en Pamplona), se informa sobre la Ley de Dependencia, los diferentes grados de dependencia y el catálogo de prestaciones.
Además se explica el acuerdo para la reforma de las pensiones y se apunta la postura de CCOO de "total y absoluto rechazo a la congelación de las pensiones" y su exigencia al Gobierno para que rectifique con el objeto de que los pensionistas afectados puedan recuperar el poder adquisitivo perdido.
Igualmente se facilita información sobre las nuevas fórmulas de jubilación que se ponen en marcha a partir del acuerdo de pensiones y se indica que a través de "Informayor" se puede ayudar a quien lo desee a calcular su futura pensión, orientarle sobre la jubilación o resolver cualquier duda relacionada con estas materias.
Al respecto Gutiérrez ha apuntado también la necesidad de informar a las personas mayores sobre los recursos de protección social ya que "hay casos que son sangrantes" y como ejemplo ha citado el desconocimiento que existe en torno a las ayudas para adaptar las viviendas, que impide que muchos mayores no realicen las reformas que precisan para adaptar sus domicilios.
Según los datos aportados, en Navarra las solicitudes por reconocimiento de dependencia alcanzan la cifra de 20.130 y los beneficiarios de estas ayudas son 17.456.
El número de pensionistas en Navarra se sitúa en torno a los 120.000, con una pensión media de 901 euros, superior a la media nacional que se sitúa en 797 euros.
La pensión media de viudedad se sitúa en 622 euros en la Comunidad foral y a nivel estatal en 583, lo que, en opinión de Gutiérrez, hace que muchas personas, sobre todo las viudas, tengan "muchas dificultades para llegar a final de mes".
En el ámbito estatal uno de los problemas que existen es que "cuatro años después de la implantación de la ley de Dependencia una de cada tres personas no perciben la prestación a la que tienen derecho", por lo que los sindicalistas han asegurado que van a seguir trabajando al respecto.
No obstante Gutiérrez ha opinado que esta ley "va cogiendo cuerpo", aunque no al ritmo que querían. En este sentido ha citado como "un dato importante" la generación de más de 130.000 empleos a nivel nacional.
Fuente : finanzas.com/noticias
sábado, 21 de mayo de 2011
DEPENDENCIA A MEDIAS
Elecciones municipales y autonómicas
Gobiernos del PSOE y del PP suspenden en distintas autonomías al aplicar la principal apuesta social de Zapatero
No es fácil para ninguno de los dos grandes partidos armar un discurso general sobre la Ley de Dependencia que sirva en todas las comunidades ¿Qué pueden decir los populares en Madrid o Valencia? ¿Qué explicarán los socialistas en Baleares?
Ante panorama tan desigual, el PP recurre al "esfuerzo que hace cada comunidad por desarrollar una ley mal financiada por el Gobierno central". Y el PSOE recuerda que esta ley "es una de las grandes conquistas en materia de derechos sociales de esta legislatura, que no existiría si hubieran gobernado los populares".
Vale.
Pero para unas elecciones generales.
No se escuchan, sin embargo, grandes ataques de los populares al Gobierno de Castilla-La Mancha con el arma de la dependencia.
Ni es el asunto estrella de la oposición socialista en La Rioja, porque en ambos territorios aprueban con nota en su gestión con los dependientes. "Nuestro compromiso es firme en todos lados, seguiremos con la Ley de Dependencia, ni un paso atrás; allá donde vaya bien, pues ampliando los servicios que se prestan, y mejorando donde sea más necesario, teniendo en cuenta la generación de empleo que trae aparejada esta ley.
Nuestra apuesta no es solo por la dependencia, sino por los servicios sociales en general", explica la secretaria de Bienestar Social del PSOE, Marisol Pérez.
Los socialistas recuerdan las ocasiones en que los líderes populares han hablado de paralizar la ley por falta de recursos económicos.
A eso contesta la portavoz popular en la Comisión de Política Social en el Congreso, Lourdes Méndez: "La dependencia está garantizada, se va a mantener. Es cierto que cada comunidad tiene su idiosincrasia, pero los esfuerzos que se están haciendo seguirán", asegura.
La Ley de Dependencia ha levantado muchos recelos entre comunidades porque los ciudadanos saben que los cuidados que reciben los dependientes son distintos en unos sitios y en otros.
Y eso puede pasar factura en las elecciones. La defensora del Pueblo recibe decenas de quejas sobre esta cuestión. En su último y reciente informe recuerda que "la mayor parte de las quejas planteadas [...] siguen afectando a las comunidades de Madrid y Valencia y hacen referencia a las demoras en recibir las prestaciones o servicios correspondientes".
Otra comunidad aparece siempre a la cola en las estadísticas oficiales, Baleares. Pero la que se lleva la palma es Canarias, siempre la última.
"Resulta preocupante que una tercera parte de la población española reside en comunidades donde no hay voluntad o capacidad de implantar este sistema, un derecho que debe ser igual para todos", lamenta el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
"Y es inadmisible convertir algo tan sensible, como son las necesidades más básicas de la vida diaria de las personas en situación de dependencia y sus familiares, en un terreno para el enfrentamiento político", añade.
En toda España ya hay 735.000 personas que reciben alguna ayuda por dependencia, pero son más de 300.000 las que tienen derecho a ella y aún no la perciben. La triste lista de espera. Y eso que algunas comunidades, después de años de retraso, han dado un estirón a sus estadísticas; unas poco a poco, y otras, como los malos estudiantes, dos días antes del examen.
La dependencia, como casi todo, necesita más dinero. Quizá el Gobierno no ponga el suficiente, pero más grave es que en unas comunidades y otras, los gobernantes acuden a estas elecciones sin que se sepa aún cuánto han puesto ellos, obligados como están a cofinanciar esta ley.
Se trata de una norma joven, y las estadísticas oficiales tienen todavía muchas trampas. ¿Están reflejadas todas las solicitudes que se cursan? ¿Cuántos de los ciudadanos registrados ya lo estaban antes de la ley? Más vale que los datos sean fiables, porque las comunidades reciben dinero por ello. Y porque cuando cambian los Gobiernos aparecen las miserias debajo de la alfombra.
Fuente : elpais.com/articulo/espana/Dependencia
Gobiernos del PSOE y del PP suspenden en distintas autonomías al aplicar la principal apuesta social de Zapatero
No es fácil para ninguno de los dos grandes partidos armar un discurso general sobre la Ley de Dependencia que sirva en todas las comunidades ¿Qué pueden decir los populares en Madrid o Valencia? ¿Qué explicarán los socialistas en Baleares?
Ante panorama tan desigual, el PP recurre al "esfuerzo que hace cada comunidad por desarrollar una ley mal financiada por el Gobierno central". Y el PSOE recuerda que esta ley "es una de las grandes conquistas en materia de derechos sociales de esta legislatura, que no existiría si hubieran gobernado los populares".
Vale.
Pero para unas elecciones generales.
No se escuchan, sin embargo, grandes ataques de los populares al Gobierno de Castilla-La Mancha con el arma de la dependencia.
Ni es el asunto estrella de la oposición socialista en La Rioja, porque en ambos territorios aprueban con nota en su gestión con los dependientes. "Nuestro compromiso es firme en todos lados, seguiremos con la Ley de Dependencia, ni un paso atrás; allá donde vaya bien, pues ampliando los servicios que se prestan, y mejorando donde sea más necesario, teniendo en cuenta la generación de empleo que trae aparejada esta ley.
Nuestra apuesta no es solo por la dependencia, sino por los servicios sociales en general", explica la secretaria de Bienestar Social del PSOE, Marisol Pérez.
Los socialistas recuerdan las ocasiones en que los líderes populares han hablado de paralizar la ley por falta de recursos económicos.
A eso contesta la portavoz popular en la Comisión de Política Social en el Congreso, Lourdes Méndez: "La dependencia está garantizada, se va a mantener. Es cierto que cada comunidad tiene su idiosincrasia, pero los esfuerzos que se están haciendo seguirán", asegura.
La Ley de Dependencia ha levantado muchos recelos entre comunidades porque los ciudadanos saben que los cuidados que reciben los dependientes son distintos en unos sitios y en otros.
Y eso puede pasar factura en las elecciones. La defensora del Pueblo recibe decenas de quejas sobre esta cuestión. En su último y reciente informe recuerda que "la mayor parte de las quejas planteadas [...] siguen afectando a las comunidades de Madrid y Valencia y hacen referencia a las demoras en recibir las prestaciones o servicios correspondientes".
Otra comunidad aparece siempre a la cola en las estadísticas oficiales, Baleares. Pero la que se lleva la palma es Canarias, siempre la última.
"Resulta preocupante que una tercera parte de la población española reside en comunidades donde no hay voluntad o capacidad de implantar este sistema, un derecho que debe ser igual para todos", lamenta el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
"Y es inadmisible convertir algo tan sensible, como son las necesidades más básicas de la vida diaria de las personas en situación de dependencia y sus familiares, en un terreno para el enfrentamiento político", añade.
En toda España ya hay 735.000 personas que reciben alguna ayuda por dependencia, pero son más de 300.000 las que tienen derecho a ella y aún no la perciben. La triste lista de espera. Y eso que algunas comunidades, después de años de retraso, han dado un estirón a sus estadísticas; unas poco a poco, y otras, como los malos estudiantes, dos días antes del examen.
La dependencia, como casi todo, necesita más dinero. Quizá el Gobierno no ponga el suficiente, pero más grave es que en unas comunidades y otras, los gobernantes acuden a estas elecciones sin que se sepa aún cuánto han puesto ellos, obligados como están a cofinanciar esta ley.
Se trata de una norma joven, y las estadísticas oficiales tienen todavía muchas trampas. ¿Están reflejadas todas las solicitudes que se cursan? ¿Cuántos de los ciudadanos registrados ya lo estaban antes de la ley? Más vale que los datos sean fiables, porque las comunidades reciben dinero por ello. Y porque cuando cambian los Gobiernos aparecen las miserias debajo de la alfombra.
Fuente : elpais.com/articulo/espana/Dependencia
MURCIA - APROBADO TERCER DECRETO QUE REGULA LA APLICACIÓN DE LA LEY
Aprobado el tercer Decreto que regula la aplicación de la Ley de Dependencia
El Consejo de Gobierno ha aprobado, en su sesión de este viernes, el tercer Decreto que regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de Dependencia y del derecho a servicios y prestaciones económicas del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
Este Decreto, denominado de Procedimiento, completa los dos anteriores con los que se regula la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad Autónoma.
Se trata de establecer un procedimiento único y específico para que el ciudadano sólo tenga que presentar una solicitud en la que pide, por un lado, que se evalúe su grado de Dependencia y, por otro, que le sea concedida una prestación, siempre que su grado y nivel de Dependencia sea protegible.
Mediante este sistema, el ciudadano verá simplificada la tramitación, ya que sólo tendrá que formular una solicitud, lo que contribuirá a agilizar el trabajo de la Administración
Fuente : 20minutos.es/noticia
El Consejo de Gobierno ha aprobado, en su sesión de este viernes, el tercer Decreto que regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de Dependencia y del derecho a servicios y prestaciones económicas del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
Este Decreto, denominado de Procedimiento, completa los dos anteriores con los que se regula la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad Autónoma.
Se trata de establecer un procedimiento único y específico para que el ciudadano sólo tenga que presentar una solicitud en la que pide, por un lado, que se evalúe su grado de Dependencia y, por otro, que le sea concedida una prestación, siempre que su grado y nivel de Dependencia sea protegible.
Mediante este sistema, el ciudadano verá simplificada la tramitación, ya que sólo tendrá que formular una solicitud, lo que contribuirá a agilizar el trabajo de la Administración
Fuente : 20minutos.es/noticia
viernes, 20 de mayo de 2011
MÁS ALLÁ : LA LEY DE DEPENDENCIA
Más allá: la Ley de Dependencia
ARSENIO HUEROS, PRESIDENTE DE CEAFA
Con la mirada puesta en el próximo 22 de mayo, es momento de inauguraciones, exaltación los logros y evaluaciones de las políticas puestas en marcha durante esta última legislatura como es el caso de la Ley de Dependencia.
Sin embargo, transcurridos más de cuatro años desde su entrada en vigor, todavía está muy lejos de ser la herramienta eficaz que se pretendía.
Los problemas de financiación, las trabas en los trámites de solicitud, unido a la falta de compromiso de muchas de las Administraciones, así como las diferencias políticas, se han convertido en un verdadero lastre para impulsar los recursos, servicios y prestaciones que precisan las personas dependientes para vivir con calidad y dignidad.
Es por ello que desde la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias, teniendo en cuenta que la Enfermedad de Alzheimer es la principal causa de dependencia en España, nos vemos obligados a instar a las Administraciones públicas a dejar los intereses políticos en un segundo plano, y tomar medidas urgentes que permitan garantizar su efectividad, empezando por dotar al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) de los recursos y servicios específicos fundamentales para frenar el proceso de deterioro que sufren las personas con demencias.
Además, esta prestación de servicios debería estar por encima de la simple prestación económica, con el fin de evitar la picaresca que se produce en una situación de crisis económica como la actual, cuando esta cantidad económica no se destina al objeto para el cual ha sido concedida.
Del mismo modo, es prioritario que el propio Sistema actualice la población potencialmente beneficiaria – 2.286.3622 dependientes según el Libro Blanco de Dependencia–, no sólo para poder dar la cobertura adecuada que estas personas merecen, sino también para hacer las previsiones presupuestarias oportunas que garanticen la sostenibilidad del Sistema.
Unido a esto es fundamental facilitar los trámites de solicitud, reduciendo la burocracia y los tiempos de espera, ya que en el caso de enfermedades como el Alzheimer, el deterioro de sus capacidades y en consecuencia su dependencia puede verse agravada en un tiempo inferior al previsto debido a una falta de atención especializada.
Además, se debe facilitar a la persona dependiente o a su cuidador la capacidad de decidir sobre los recursos que considere más adecuados, teniendo en cuenta que una misma persona debe tener la posibilidad de acceder a uno o varios servicios si su tipología de dependencia lo requiere.
Tratamiento aparte requiere que las Administraciones hagan un mayor esfuerzo en la inversión, dejando a un lado fórmulas como el copago que representan un obstáculo para las familiares cuidadores, y garantizando la financiación de los recursos y servicios por medio de otras medidas recaudatorias, cuando lo lógico parece destinar el 1,5% del PIB al sostenimiento del Sistema.
Sólo de esta forma las Administraciones serán capaces de equilibrar los recursos y disponibilidades financieras y presupuestarias a la población realmente dependiente que existe en cada región.
En este sentido, aunque a efectos prácticos estemos ya en campaña electoral, desde CEAFA pedimos a la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas que hagan un ejercicio de responsabilidad y de madurez para aparcar sus aspiraciones e intereses políticos y no se olviden del importante número de personas que requieren vivir con calidad y dignidad, dada su condición de dependientes.
Para ello recordamos que las asociaciones del llamado Tercer Sector constituyen un referente que debe ser aprovechado por los órganos decisorios en aquellos niveles donde su contribución pueda ofrecer resultados positivos y adecuados para el conjunto de personas dependientes del país.
Fuente : laopinion.es
ARSENIO HUEROS, PRESIDENTE DE CEAFA
Con la mirada puesta en el próximo 22 de mayo, es momento de inauguraciones, exaltación los logros y evaluaciones de las políticas puestas en marcha durante esta última legislatura como es el caso de la Ley de Dependencia.
Sin embargo, transcurridos más de cuatro años desde su entrada en vigor, todavía está muy lejos de ser la herramienta eficaz que se pretendía.
Los problemas de financiación, las trabas en los trámites de solicitud, unido a la falta de compromiso de muchas de las Administraciones, así como las diferencias políticas, se han convertido en un verdadero lastre para impulsar los recursos, servicios y prestaciones que precisan las personas dependientes para vivir con calidad y dignidad.
Es por ello que desde la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias, teniendo en cuenta que la Enfermedad de Alzheimer es la principal causa de dependencia en España, nos vemos obligados a instar a las Administraciones públicas a dejar los intereses políticos en un segundo plano, y tomar medidas urgentes que permitan garantizar su efectividad, empezando por dotar al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) de los recursos y servicios específicos fundamentales para frenar el proceso de deterioro que sufren las personas con demencias.
Además, esta prestación de servicios debería estar por encima de la simple prestación económica, con el fin de evitar la picaresca que se produce en una situación de crisis económica como la actual, cuando esta cantidad económica no se destina al objeto para el cual ha sido concedida.
Del mismo modo, es prioritario que el propio Sistema actualice la población potencialmente beneficiaria – 2.286.3622 dependientes según el Libro Blanco de Dependencia–, no sólo para poder dar la cobertura adecuada que estas personas merecen, sino también para hacer las previsiones presupuestarias oportunas que garanticen la sostenibilidad del Sistema.
Unido a esto es fundamental facilitar los trámites de solicitud, reduciendo la burocracia y los tiempos de espera, ya que en el caso de enfermedades como el Alzheimer, el deterioro de sus capacidades y en consecuencia su dependencia puede verse agravada en un tiempo inferior al previsto debido a una falta de atención especializada.
Además, se debe facilitar a la persona dependiente o a su cuidador la capacidad de decidir sobre los recursos que considere más adecuados, teniendo en cuenta que una misma persona debe tener la posibilidad de acceder a uno o varios servicios si su tipología de dependencia lo requiere.
Tratamiento aparte requiere que las Administraciones hagan un mayor esfuerzo en la inversión, dejando a un lado fórmulas como el copago que representan un obstáculo para las familiares cuidadores, y garantizando la financiación de los recursos y servicios por medio de otras medidas recaudatorias, cuando lo lógico parece destinar el 1,5% del PIB al sostenimiento del Sistema.
Sólo de esta forma las Administraciones serán capaces de equilibrar los recursos y disponibilidades financieras y presupuestarias a la población realmente dependiente que existe en cada región.
En este sentido, aunque a efectos prácticos estemos ya en campaña electoral, desde CEAFA pedimos a la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas que hagan un ejercicio de responsabilidad y de madurez para aparcar sus aspiraciones e intereses políticos y no se olviden del importante número de personas que requieren vivir con calidad y dignidad, dada su condición de dependientes.
Para ello recordamos que las asociaciones del llamado Tercer Sector constituyen un referente que debe ser aprovechado por los órganos decisorios en aquellos niveles donde su contribución pueda ofrecer resultados positivos y adecuados para el conjunto de personas dependientes del país.
Fuente : laopinion.es
lunes, 16 de mayo de 2011
MALLORCA - RESIDENCIAS PIERDEN 30% DE SU CLIENTELA
Las residencias para ancianos han perdido hasta un 30% de su clientela
La crisis, las ayudas de la Ley de Dependencia y la "explotación" de inmigrantes están provocando el cierre de establecimientos, según denuncia la asociación que agrupa a las empresas del sector
En apenas dos años las residencias para personas mayores de Balears han perdido entre un 20% y un 30% de su clientela, lo que ha provocado ya el cierre de media docena de establecimientos, según lamenta la presidenta de la asociación que agrupa a estas empresas, Tita Pomar.
Tres son las causas básicas: La crisis y la caída de los ingresos que han hecho que muchas familias ya no puedan asumir el coste de mantener a un anciano en estos centros, las ayudas que la Ley de Dependencia ofrece para ocupar una plaza pública o seguir en el hogar, y la "competencia desleal" que está generando la contratación "en régimen de explotación" de inmigrantes para el cuidado de los abuelos.
El primer impacto en la línea de flotación de estas residencias procede de la Ley de Dependencia, que fija el derecho a obtener una plaza en un centro público o a recibir una ayuda económica si el anciano convive con la familia, lo que ha reducido sustancialmente la demanda de las primeras.
La consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, no oculta que esas afirmaciones son ciertas. La entrada en un centro público o concertado supone el desembolso de alrededor de un 85% de la pensión que recibe el anciano, lo que puede suponer en muchos casos unos 600 o 700 euros mensuales, cuando el coste de un centro privado va de los 1.200 a los 1.600 o incluso cantidades superiores, dependiendo del grado de invalidez o si se opta por una habitación individual o compartida.
Pero la consellera destaca que la crisis está dando pie a otro fenómeno: el de las familias que prefieren mantener al abuelo en casa en lugar de llevarlo a una residencia por las ventajas económicas de la primera opción.
Ingreso extra
Fina Santiago recuerda que el paro está haciendo que en muchos matrimonios en los que los dos cónyuges trabajaban, al menos uno permanezca ahora sin ocupación, lo que le permite hacerse cargo del anciano.
Eso supone reforzar la precaria economía familiar con la pensión íntegra de esa persona mayor, a lo que se suma la ayuda que se prevé en la Ley de Dependencia, de unos 380 euros al mes. El resultado de la suma de ambos factores es un ingreso adicional de 1.000 a 1.200 euros, algo nada desdeñable en los tiempos que corren.
Tita Pomar afirma que no se trata sólo de que se haya reducido la entrada de personas mayores en los centros privados, sino que también se dan casos de familias que acuden a llevárselos por no poder seguir asumiendo ese gasto. Esta última situación "es la que mejor comprendo, porque hay gente que lo está pasando muy mal", reconoce la presidenta de la asociación balear.
Pero a estos factores hay que sumar un tercero: la "explotación" que se da de inmigrantes, según lamenta Pomar, que "a cambio de cama, comida y 600 euros al mes tienen que estar las 24 horas del día a cargo de la persona mayor".
El secretario de Acción de UGT-Balears, Manuel Pelarda, reconoce la existencia de este último problema y lamenta que "sigue siendo un tema tabú, que todo el mundo conoce pero del que nadie quiere hablar, porque así el anciano está cuidado".
Y añade otro caso similar: el de las mujeres que son contratadas como empleadas de hogar pero a las que se hace estar al cuidado de mayores y niños.
Fuente : diariodemallorca.es/mallorca
La crisis, las ayudas de la Ley de Dependencia y la "explotación" de inmigrantes están provocando el cierre de establecimientos, según denuncia la asociación que agrupa a las empresas del sector
En apenas dos años las residencias para personas mayores de Balears han perdido entre un 20% y un 30% de su clientela, lo que ha provocado ya el cierre de media docena de establecimientos, según lamenta la presidenta de la asociación que agrupa a estas empresas, Tita Pomar.
Tres son las causas básicas: La crisis y la caída de los ingresos que han hecho que muchas familias ya no puedan asumir el coste de mantener a un anciano en estos centros, las ayudas que la Ley de Dependencia ofrece para ocupar una plaza pública o seguir en el hogar, y la "competencia desleal" que está generando la contratación "en régimen de explotación" de inmigrantes para el cuidado de los abuelos.
El primer impacto en la línea de flotación de estas residencias procede de la Ley de Dependencia, que fija el derecho a obtener una plaza en un centro público o a recibir una ayuda económica si el anciano convive con la familia, lo que ha reducido sustancialmente la demanda de las primeras.
La consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, no oculta que esas afirmaciones son ciertas. La entrada en un centro público o concertado supone el desembolso de alrededor de un 85% de la pensión que recibe el anciano, lo que puede suponer en muchos casos unos 600 o 700 euros mensuales, cuando el coste de un centro privado va de los 1.200 a los 1.600 o incluso cantidades superiores, dependiendo del grado de invalidez o si se opta por una habitación individual o compartida.
Pero la consellera destaca que la crisis está dando pie a otro fenómeno: el de las familias que prefieren mantener al abuelo en casa en lugar de llevarlo a una residencia por las ventajas económicas de la primera opción.
Ingreso extra
Fina Santiago recuerda que el paro está haciendo que en muchos matrimonios en los que los dos cónyuges trabajaban, al menos uno permanezca ahora sin ocupación, lo que le permite hacerse cargo del anciano.
Eso supone reforzar la precaria economía familiar con la pensión íntegra de esa persona mayor, a lo que se suma la ayuda que se prevé en la Ley de Dependencia, de unos 380 euros al mes. El resultado de la suma de ambos factores es un ingreso adicional de 1.000 a 1.200 euros, algo nada desdeñable en los tiempos que corren.
Tita Pomar afirma que no se trata sólo de que se haya reducido la entrada de personas mayores en los centros privados, sino que también se dan casos de familias que acuden a llevárselos por no poder seguir asumiendo ese gasto. Esta última situación "es la que mejor comprendo, porque hay gente que lo está pasando muy mal", reconoce la presidenta de la asociación balear.
Pero a estos factores hay que sumar un tercero: la "explotación" que se da de inmigrantes, según lamenta Pomar, que "a cambio de cama, comida y 600 euros al mes tienen que estar las 24 horas del día a cargo de la persona mayor".
El secretario de Acción de UGT-Balears, Manuel Pelarda, reconoce la existencia de este último problema y lamenta que "sigue siendo un tema tabú, que todo el mundo conoce pero del que nadie quiere hablar, porque así el anciano está cuidado".
Y añade otro caso similar: el de las mujeres que son contratadas como empleadas de hogar pero a las que se hace estar al cuidado de mayores y niños.
Fuente : diariodemallorca.es/mallorca
SANTANDER - BIENESTAR SOCIAL ENVÍA 12.000 ENCUESTAS PARA QUE CIUDADANOS VALOREN ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
Bienestar Social envía 12.000 encuestas para que los ciudadanos valoren la atención a la dependencia
La Consejería de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria que preside la también vicepresidenta del Ejecutivo, Dolores Gorostiaga, ha enviado un total de 12.000 encuestas a hogares cántabros para que los ciudadanos valoren la atención a la dependencia en la comunidad autónoma.
En la encuesta, que tiene carácter anónimo, se pide a las personas dependientes o a sus cuidadores familiares que valoren con una puntuación del 1 (muy mal) al 5 (muy bien) diversas cuestiones, entre ellas, las relacionadas con la prestación económica que estén recibiendo como beneficiarios de la Ley de Dependencia.
Así, se pide la valoración sobre la sencillez en los trámites; el tiempo de espera para recibir la prestación; la adecuación a sus necesidades; la cantidad de dinero que recibe; si la prestación económica reconoce la tarea de cuidado que realiza el familiar; y si permite contratar a una persona de apoyo.
Otras cuestiones que plantea la encuesta es que se valore el servicio que está ofreciendo el Gobierno de Cantabria, o cómo es la atención a las personas dependientes en la comunidad autónoma, según recoge Europa Press.
En otro apartado se pide a los encuestados que indiquen qué tres aspectos se deberían tener en cuenta desde el Gobierno regional para mejorar la atención que viene prestando a las personas dependientes.
PRIORIDAD
La encuesta está acompañada por una carta firmada por la consejera de Empleo y Bienestar Social y vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Dolores Gorostiaga, en la que ésta señala que el desarrollo de las prestaciones y servicios de la Ley de Dependencia, y por tanto, la extensión del derecho al mayor número de personas en el menor tiempo posible, "ha sido y es una prioridad del Gobierno de Cantabria desde que el Parlamento Español aprobó la Ley".
Añade que desde entonces, gran parte de los esfuerzos llevados a cabo por la Consejería de Empleo y Bienestar Social se han centrado en valorar "a miles de ciudadanos y ciudadanas cántabras" en su domicilio, y a hacer efectivo el derecho a la protección mediante los servicios y prestaciones que establece el Sistema Público de Atención a la Dependencia.
Explica que por ello se ha enviado la encuesta, con el fin de que, bien la persona dependiente, o alguno de sus familiares, valore las prestaciones o servicios que está recibiendo y aporte cuantas sugerencias estime hacer.
Fuente : europapress.es/cantabria
La Consejería de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria que preside la también vicepresidenta del Ejecutivo, Dolores Gorostiaga, ha enviado un total de 12.000 encuestas a hogares cántabros para que los ciudadanos valoren la atención a la dependencia en la comunidad autónoma.
En la encuesta, que tiene carácter anónimo, se pide a las personas dependientes o a sus cuidadores familiares que valoren con una puntuación del 1 (muy mal) al 5 (muy bien) diversas cuestiones, entre ellas, las relacionadas con la prestación económica que estén recibiendo como beneficiarios de la Ley de Dependencia.
Así, se pide la valoración sobre la sencillez en los trámites; el tiempo de espera para recibir la prestación; la adecuación a sus necesidades; la cantidad de dinero que recibe; si la prestación económica reconoce la tarea de cuidado que realiza el familiar; y si permite contratar a una persona de apoyo.
Otras cuestiones que plantea la encuesta es que se valore el servicio que está ofreciendo el Gobierno de Cantabria, o cómo es la atención a las personas dependientes en la comunidad autónoma, según recoge Europa Press.
En otro apartado se pide a los encuestados que indiquen qué tres aspectos se deberían tener en cuenta desde el Gobierno regional para mejorar la atención que viene prestando a las personas dependientes.
PRIORIDAD
La encuesta está acompañada por una carta firmada por la consejera de Empleo y Bienestar Social y vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Dolores Gorostiaga, en la que ésta señala que el desarrollo de las prestaciones y servicios de la Ley de Dependencia, y por tanto, la extensión del derecho al mayor número de personas en el menor tiempo posible, "ha sido y es una prioridad del Gobierno de Cantabria desde que el Parlamento Español aprobó la Ley".
Añade que desde entonces, gran parte de los esfuerzos llevados a cabo por la Consejería de Empleo y Bienestar Social se han centrado en valorar "a miles de ciudadanos y ciudadanas cántabras" en su domicilio, y a hacer efectivo el derecho a la protección mediante los servicios y prestaciones que establece el Sistema Público de Atención a la Dependencia.
Explica que por ello se ha enviado la encuesta, con el fin de que, bien la persona dependiente, o alguno de sus familiares, valore las prestaciones o servicios que está recibiendo y aporte cuantas sugerencias estime hacer.
Fuente : europapress.es/cantabria
ALGECIRAS - BIENESTAR HA RESUELTO 2.750 RECURSOS DE LA LEY
Bienestar Social ha resuelto 2.750 recursos de la Ley de Dependencia
Otras tantas personas en la ciudad ya están recibiendo esta cobertura y 1.824 de ellos son de prestación económica
La aplicación de la Ley de Dependencia, el desarrollo de políticas en materia de igualdad y de inmigración y la materialización de programas de trabajo para prevenir las drogodependencias han centrado la gestión de la Fundación Municipal de Igualdad y Bienestar desde su creación en el año 2005, y así lo pusieron ayer de manifiesto tanto el alcalde, Diego Sánchez Rull, como la teniente de alcalde responsable de esta área, Rocío Arrabal, durante el balance que realizaron de la labor de este organismo autónomo.
El primer edil destacó que «este equipo de gobierno ha tenido claro desde el primer momento que para que Algeciras avanzase tenía que hacerlo desde el punto de vista de la aplicación de políticas progresistas y de un alto carácter social.
Y para defender este compromiso político, en unos tiempos de dificultades económicas como los que estamos atravesando, las acciones sociales no sólo no se han visto recortadas, sino que hemos incrementado las partidas presupuestarias destinadas a estos menesteres, porque es en momentos como éstos cuando más hay que ayudar a los que más lo necesitan».
En este sentido, el alcalde enumeró algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo en los últimos seis años, y entre las que se encuentran la creación del Centro de Día de Mayores de la barriada del Saladillo, la escuela infantil en San Bernabé, la ampliación de las instalaciones del Centro de Servicios Sociales de la zona sur, los programas de intervención socio-familiar, las ayudas de emergencia social, el trabajo con la coordinadora Barrio Vivo a través del Plan Nacional sobre Drogas o el refuerzo de personal en los servicios sociales comunitarios, entre otros aspectos.
Finalmente, el alcalde agradeció el trabajo realizado en este tiempo tanto por Isabel Beneroso, predecesora, como por Rocío Arrabal al frente de la Fundación Municipal de Igualdad y Bienestar Social.
Por su parte, la teniente de alcalde ofreció algunas cifras sobre las que se basa la gestión realizada desde 2005, y que actualmente tiene en la aplicación de la Ley de Dependencia su baza fundamental, ya que hasta el pasado martes se han resuelto 2.750 recursos, lo que supone que otras tantas personas en la ciudad ya están recibiendo esta cobertura. Del total de los expedientes aprobados, 1.824 son de prestación económica, aunque esta normativa legal contempla también la ayuda a domicilio, centros de día, teleasistencia y atención residencial.
En esa misma línea, el servicio de ayuda domiciliaria se ha reforzado con la contratación de cien profesionales, que dan cobertura a casi trescientas personas.
Noticia completa en Fuente: diariosur.es
Otras tantas personas en la ciudad ya están recibiendo esta cobertura y 1.824 de ellos son de prestación económica
La aplicación de la Ley de Dependencia, el desarrollo de políticas en materia de igualdad y de inmigración y la materialización de programas de trabajo para prevenir las drogodependencias han centrado la gestión de la Fundación Municipal de Igualdad y Bienestar desde su creación en el año 2005, y así lo pusieron ayer de manifiesto tanto el alcalde, Diego Sánchez Rull, como la teniente de alcalde responsable de esta área, Rocío Arrabal, durante el balance que realizaron de la labor de este organismo autónomo.
El primer edil destacó que «este equipo de gobierno ha tenido claro desde el primer momento que para que Algeciras avanzase tenía que hacerlo desde el punto de vista de la aplicación de políticas progresistas y de un alto carácter social.
Y para defender este compromiso político, en unos tiempos de dificultades económicas como los que estamos atravesando, las acciones sociales no sólo no se han visto recortadas, sino que hemos incrementado las partidas presupuestarias destinadas a estos menesteres, porque es en momentos como éstos cuando más hay que ayudar a los que más lo necesitan».
En este sentido, el alcalde enumeró algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo en los últimos seis años, y entre las que se encuentran la creación del Centro de Día de Mayores de la barriada del Saladillo, la escuela infantil en San Bernabé, la ampliación de las instalaciones del Centro de Servicios Sociales de la zona sur, los programas de intervención socio-familiar, las ayudas de emergencia social, el trabajo con la coordinadora Barrio Vivo a través del Plan Nacional sobre Drogas o el refuerzo de personal en los servicios sociales comunitarios, entre otros aspectos.
Finalmente, el alcalde agradeció el trabajo realizado en este tiempo tanto por Isabel Beneroso, predecesora, como por Rocío Arrabal al frente de la Fundación Municipal de Igualdad y Bienestar Social.
Por su parte, la teniente de alcalde ofreció algunas cifras sobre las que se basa la gestión realizada desde 2005, y que actualmente tiene en la aplicación de la Ley de Dependencia su baza fundamental, ya que hasta el pasado martes se han resuelto 2.750 recursos, lo que supone que otras tantas personas en la ciudad ya están recibiendo esta cobertura. Del total de los expedientes aprobados, 1.824 son de prestación económica, aunque esta normativa legal contempla también la ayuda a domicilio, centros de día, teleasistencia y atención residencial.
En esa misma línea, el servicio de ayuda domiciliaria se ha reforzado con la contratación de cien profesionales, que dan cobertura a casi trescientas personas.
Noticia completa en Fuente: diariosur.es
viernes, 13 de mayo de 2011
EL GOBIERNO SACA DEL PARO A 160.000 CUIDADORES PARA "MAQUILLAR" LAS CIFRAS
Es la nueva burbuja. Actualmente hay en España 157.000 cuidadores no profesionales, un 30% más que hace un año.
Son personas que reclaman al Estado una prestación económica de 480 euros para cuidar de un familiar, normalmente sus padres.
La Ley de la Dependencia establece que estas ayudas económicas son excepcionales. Sin embargo, el número de altas se ha disparado.
¿El motivo? Te dan un título, casi quinientos euros y además te sacan del INEM.
No hay que olvidar que los cuidadores no computan como parados.
El Ministerio de Trabajo recordó ayer que las personas demandantes de empleo que se encuentran de alta en Seguridad Social, deben quedar incluidas dentro del colectivo de personas ocupadas.
Desde que hace cuatro años se puso en marcha la Ley de la Dependencia, la implantación ha sido muy variopinta y las peticiones de ayuda cada vez son más abultadas.
Llama la atención que una tercera parte de las mismas se concedan en Andalucía, una región que aglutina a menos de una quinta parte de la población española. Destaca también que en la provincia de Cádiz se pague a 11.043 familiares, cuatro veces más que en toda Extremadura y el doble que Navarra (1.295), La Rioja (1.535) y Cantabria (3.817) juntas, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
El secretario general del PP en Cádiz, Antonio Sanz, avisa de un posible fraude encubierto en la aplicación de la Ley de la Dependencia en su comunidad. En concreto, en Andalucía ya hay 54.841 cuidadores familiares que tienen reconocidas estas ayudas.
Suponen el 34,81% de las que hay en toda España. Dicho de otro modo, tres de cada diez beneficiarios de estos sueldos son andaluces. Es el mayor porcentaje seguido muy de lejos de Cataluña (21.896) y la Comunidad Valenciana (11.870).
El Imserso también ha detectado casos en los que se deja en entredicho la legalidad de la ley. Que las empleadas del hogar se den de alta en la Seguridad Social mediante el convenio especial previsto para los familiares es, según el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, “un fraude de ley”.
Además, el Gobierno recuerda que esta prestación económica no sirve para contratar a alguien que cuide en casa de la persona dependiente.
Abuso de la prestación económica
Los profesionales son los que han detectado una notable diferencia entre las estimaciones de los beneficiarios reales, duplicando el número de personas en lo que se refiere al grado III (el más elevado de dependencia), y con ello el correspondiente coste estimado, confirmando una cierta generosidad tanto del baremo como del tipo de valoración a la hora de evaluar, incluso sesgando al alza la asignación del grado y nivel de tendencia correspondiente.
“Se pone también de manifiesto un claro abuso de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar, que se disparó en agosto de 2008 y ya no se ha reconducido”, explica Guillem López Casasnovas, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y uno de los autores del estudio económico sobre dependencia que encargó el Congreso.
Sin copago para el usuario, esta vía es la más atractiva para ambas partes: Estado y familia, “desvirtuando el propósito de la Ley, que le confiere una clara preferencia a las prestaciones de servicios, relegando a un plano gradual las prestaciones monetarias”, asegura el catedrático basándose en los datos recogidos en un estudio de la Fundación Caser. También critica que no se invierta más en servicios para poder atender el cúmulo de personas dependientes.
Mayor exigencia en la concesión de las retribuciones
Como dejan entrever los datos oficiales, López Casasnovas afirma que, dentro de las prestaciones que ofrece la Ley de Dependencia, las económicas son las que mayor protagonismo están adquiriendo frente a los servicios.
Y dentro de estas prestaciones, son las del cuidado en el entorno familiar y apoyo a los cuidadores no profesionales las predominantes en todas las comunidades autónomas. “Influye mucho el número de desempleados sin subsidio y pensionistas con pensiones mínimas”.
Implícitamente, se han convertido en un sucedáneo de subsidio ante distintas situaciones de “precariedad en respuesta a la difícil coyuntura económica”.
Los profesionales reclaman al Gobierno una reorientación decidida del gasto disponible, priorizando en cómo y en qué utilizar los recursos, con el fin de ofrecer marcos estables para la acción concertada que permitan mejorar la oferta de servicios y redimensionar las expectativas ciudadanas, acomodándolas a la riqueza y capacidad financiera española.
“Para ello hacen falta nuevos estudios basados en el análisis de datos individuales sobre perfiles patrimoniales de dependientes por edades, posibilidades efectivas de entrar en dependencia y/o transición entre niveles y grado, con el objetivo de garantizar correctamente la cobertura de la dependencia más severa y el riesgo financieramente catastrófico para los colectivos más frágiles”, concluye el catedrático.
Fuente : elconfidencial.com/en-exclusiva
Son personas que reclaman al Estado una prestación económica de 480 euros para cuidar de un familiar, normalmente sus padres.
La Ley de la Dependencia establece que estas ayudas económicas son excepcionales. Sin embargo, el número de altas se ha disparado.
¿El motivo? Te dan un título, casi quinientos euros y además te sacan del INEM.
No hay que olvidar que los cuidadores no computan como parados.
El Ministerio de Trabajo recordó ayer que las personas demandantes de empleo que se encuentran de alta en Seguridad Social, deben quedar incluidas dentro del colectivo de personas ocupadas.
Desde que hace cuatro años se puso en marcha la Ley de la Dependencia, la implantación ha sido muy variopinta y las peticiones de ayuda cada vez son más abultadas.
Llama la atención que una tercera parte de las mismas se concedan en Andalucía, una región que aglutina a menos de una quinta parte de la población española. Destaca también que en la provincia de Cádiz se pague a 11.043 familiares, cuatro veces más que en toda Extremadura y el doble que Navarra (1.295), La Rioja (1.535) y Cantabria (3.817) juntas, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
El secretario general del PP en Cádiz, Antonio Sanz, avisa de un posible fraude encubierto en la aplicación de la Ley de la Dependencia en su comunidad. En concreto, en Andalucía ya hay 54.841 cuidadores familiares que tienen reconocidas estas ayudas.
Suponen el 34,81% de las que hay en toda España. Dicho de otro modo, tres de cada diez beneficiarios de estos sueldos son andaluces. Es el mayor porcentaje seguido muy de lejos de Cataluña (21.896) y la Comunidad Valenciana (11.870).
El Imserso también ha detectado casos en los que se deja en entredicho la legalidad de la ley. Que las empleadas del hogar se den de alta en la Seguridad Social mediante el convenio especial previsto para los familiares es, según el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, “un fraude de ley”.
Además, el Gobierno recuerda que esta prestación económica no sirve para contratar a alguien que cuide en casa de la persona dependiente.
Abuso de la prestación económica
Los profesionales son los que han detectado una notable diferencia entre las estimaciones de los beneficiarios reales, duplicando el número de personas en lo que se refiere al grado III (el más elevado de dependencia), y con ello el correspondiente coste estimado, confirmando una cierta generosidad tanto del baremo como del tipo de valoración a la hora de evaluar, incluso sesgando al alza la asignación del grado y nivel de tendencia correspondiente.
“Se pone también de manifiesto un claro abuso de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar, que se disparó en agosto de 2008 y ya no se ha reconducido”, explica Guillem López Casasnovas, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y uno de los autores del estudio económico sobre dependencia que encargó el Congreso.
Sin copago para el usuario, esta vía es la más atractiva para ambas partes: Estado y familia, “desvirtuando el propósito de la Ley, que le confiere una clara preferencia a las prestaciones de servicios, relegando a un plano gradual las prestaciones monetarias”, asegura el catedrático basándose en los datos recogidos en un estudio de la Fundación Caser. También critica que no se invierta más en servicios para poder atender el cúmulo de personas dependientes.
Mayor exigencia en la concesión de las retribuciones
Como dejan entrever los datos oficiales, López Casasnovas afirma que, dentro de las prestaciones que ofrece la Ley de Dependencia, las económicas son las que mayor protagonismo están adquiriendo frente a los servicios.
Y dentro de estas prestaciones, son las del cuidado en el entorno familiar y apoyo a los cuidadores no profesionales las predominantes en todas las comunidades autónomas. “Influye mucho el número de desempleados sin subsidio y pensionistas con pensiones mínimas”.
Implícitamente, se han convertido en un sucedáneo de subsidio ante distintas situaciones de “precariedad en respuesta a la difícil coyuntura económica”.
Los profesionales reclaman al Gobierno una reorientación decidida del gasto disponible, priorizando en cómo y en qué utilizar los recursos, con el fin de ofrecer marcos estables para la acción concertada que permitan mejorar la oferta de servicios y redimensionar las expectativas ciudadanas, acomodándolas a la riqueza y capacidad financiera española.
“Para ello hacen falta nuevos estudios basados en el análisis de datos individuales sobre perfiles patrimoniales de dependientes por edades, posibilidades efectivas de entrar en dependencia y/o transición entre niveles y grado, con el objetivo de garantizar correctamente la cobertura de la dependencia más severa y el riesgo financieramente catastrófico para los colectivos más frágiles”, concluye el catedrático.
Fuente : elconfidencial.com/en-exclusiva
MUERTE DIGNA
Experta en bioética pide que los cuidados paliativos dependan de los médicos "y no de los pacientes"
La presidenta de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica (AEBI), Natalia López Moratalla, reclama que los cuidados paliativos "deben dejarse en manos de los médicos y no de los pacientes", ya que son estos los que deben decidir en qué momentos se puede optar por la sedación o cuándo limitar el esfuerzo terapéutico.
Así lo ha destacado esta experta tras la aprobación del primer texto del anteproyecto de la ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, también conocida como 'ley de muerte digna'.
En ese sentido, ha defendido, en declaraciones a Europa Press, que "si los ciudadanos piden un cuidado que no es paliativo, el médico no tiene por qué hacerlo", ya que, en estos casos, "se estaría intentando plantear eutanasia encubierta".
En otros aspectos, López Moratalla se ha mostrado satisfecha porque en el anteproyecto "no se menciona en ningún momento la sedación terminal", si bien lamenta que no se desarrolle la especialización de los profesionales que se encarguen de los cuidados paliativos ya que "es importante que estos estén bien formados".
Fuente : europapress.es/salud
MUERTE DIGNA
Médicos intensivistas piden que los cuidados paliativos no se vean como una "situación ética o moral"
La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) defiende que cualquier cuidado paliativo o acto médico que contemple el anteproyecto de ley de 'muerte digna' debe considerarse como una "actuación de buena práctica clínica" y, por tanto, "en ningún caso han de verse como una situación ética o moral".
Así lo ha reconocido el vicepresidente de esta entidad, José Cuñat, que ha valorado como una "magnífica noticia" la aprobación del Consejo de Ministros del anteproyecto de la ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida.
Este intensivista ha destacado el valor de esta Ley como garantía de los derechos de los ciudadanos y como protección jurídica para los profesionales sanitario, ya que "garantiza que cuando el profesional actúa en situaciones al final de la vida en cumplimiento tanto de la normativa y como de los deseos del paciente, no está incurriendo en ningún acto punitivo".
De esta manera, explica Cuñat, el texto "procura que se respete la voluntad del paciente" y "asegura que se dé en un entorno adecuado, de intimidad y confort".
El vicepresidente de la SEMICYUC ha añadido además que muchos de los aspectos contemplados en esta norma están incluidos en los indicadores de calidad de esta entidad, que a petición del Ministerio de Sanidad elaboró un documento con recomendaciones para preparar esta norma.
Fuente : europapress.es/salud
La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) defiende que cualquier cuidado paliativo o acto médico que contemple el anteproyecto de ley de 'muerte digna' debe considerarse como una "actuación de buena práctica clínica" y, por tanto, "en ningún caso han de verse como una situación ética o moral".
Así lo ha reconocido el vicepresidente de esta entidad, José Cuñat, que ha valorado como una "magnífica noticia" la aprobación del Consejo de Ministros del anteproyecto de la ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida.
Este intensivista ha destacado el valor de esta Ley como garantía de los derechos de los ciudadanos y como protección jurídica para los profesionales sanitario, ya que "garantiza que cuando el profesional actúa en situaciones al final de la vida en cumplimiento tanto de la normativa y como de los deseos del paciente, no está incurriendo en ningún acto punitivo".
De esta manera, explica Cuñat, el texto "procura que se respete la voluntad del paciente" y "asegura que se dé en un entorno adecuado, de intimidad y confort".
El vicepresidente de la SEMICYUC ha añadido además que muchos de los aspectos contemplados en esta norma están incluidos en los indicadores de calidad de esta entidad, que a petición del Ministerio de Sanidad elaboró un documento con recomendaciones para preparar esta norma.
Fuente : europapress.es/salud
MUERTE DIGNA
Defensa de la Sanidad Pública asegura que la norma no garantiza los mismos derechos en todo el SNS
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha mostrado su satisfacción por la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de la llamada ley de 'muerte digna', si bien lamentan que "no establece mecanismos suficientes" para garantizar a la ciudadanía el acceso a los derechos que establece en todas las comunidades.
Según han reconocido en un comunicado, la ley es "positiva y necesaria" ya que "en este momento no existe en la práctica garantía del acceso a los cuidados paliativos en el conjunto del país y es bueno que se regule".
No obstante, lamentan que en la regulación de las obligaciones de las administraciones sanitarias el texto se queda "un poco escaso" porque no se asegura que las comunidades tengan la obligación de tener en funcionamiento los dispositivos asistenciales para atender las demandas que se produzcan en cuanto a la atención a la muerte y los cuidados paliativos.
Pese a ello, la FADSP confía en que estos y otros matices del primer anteproyecto de la norma "pueden y deben establecerse en el tramite parlamentario".
Fuente : europapress.es/salud
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha mostrado su satisfacción por la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de la llamada ley de 'muerte digna', si bien lamentan que "no establece mecanismos suficientes" para garantizar a la ciudadanía el acceso a los derechos que establece en todas las comunidades.
Según han reconocido en un comunicado, la ley es "positiva y necesaria" ya que "en este momento no existe en la práctica garantía del acceso a los cuidados paliativos en el conjunto del país y es bueno que se regule".
No obstante, lamentan que en la regulación de las obligaciones de las administraciones sanitarias el texto se queda "un poco escaso" porque no se asegura que las comunidades tengan la obligación de tener en funcionamiento los dispositivos asistenciales para atender las demandas que se produzcan en cuanto a la atención a la muerte y los cuidados paliativos.
Pese a ello, la FADSP confía en que estos y otros matices del primer anteproyecto de la norma "pueden y deben establecerse en el tramite parlamentario".
Fuente : europapress.es/salud
LEY DE MUERTE DIGNA
La ley de muerte digna otorga al enfermo terminal la capacidad de decidir sobre el final de su vida
El informe del anteproyecto de la ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, autorizado este miércoles por el Gobierno en Consejo de Ministros, otorga al enfermo terminal "la garantía del pleno respeto de su libre voluntad en la toma de decisiones sanitarias que afecten a dicho proceso".
Así, la Ley garantiza una serie de derechos para las personas que están en la fase final, entendiendo como tal "la fase gradual que precede a la muerte y que se manifiesta clínicamente por un deterioro físico grave, debilidad extrema, trastornos cognitivos y de consciencia, dificultad de relación y de ingesta y pronóstico vital de pocos días".
En definitiva, añade, "se entiende por situación terminal aquella en la que el paciente presenta una enfermedad avanzada, incurable y progresiva, sin posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico con un pronóstico de vida limitado a semanas o meses y en el que pueden concurrir síntomas que requieren una asistencia paliativa especializada".
En este sentido, se reconoce el derecho del paciente a la información asistencial, a la toma de decisiones, al tratamiento del dolor, al acompañamiento y a la intimidad.
Del mismo modo, la futura norma también establece que toda persona mayor de edad y con plena capacidad de obrar tiene derecho a manifestar anticipadamente su voluntad sobre los cuidados y el tratamiento asistencial que desea recibir en el proceso final de su vida.
Esta manifestación de voluntad podrá realizarse mediante documento público o en documento otorgado conforme a lo dispuesto en la normativa autonómica aplicable. En este último caso, el documento deberá ser inscrito en el Registro Nacional de Instrucciones Previstas.
Por tanto, añade, el texto autorizado presentado por la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, y que inicialmente era reconocido como anteproyecto de ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna, tiene como objetivo primordial "la protección de la dignidad" de estos enfermos.
DERECHOS DEL PACIENTE
Los médicos y equipo sanitario deberán respetar la decisión del paciente sobre la atención sanitaria que se les dispense y podrán rechazar las intervenciones y los tratamientos propuestos por los profesionales sanitarios.
Esta decisión se expresará mediante el consentimiento informado del paciente, libremente revocable, y el rechazo a la intervención propuesta, así como la revocación del consentimiento informado previamente emitido deberán ser expresos, constar por escrito e incorporarse a la historia clínica.
En cuanto al tratamiento del dolor y la sedación, se reconoce a estas personas su derecho a recibir la atención idónea para prevenir y aliviar el dolor, lo que incluye, además del tratamiento analgésico específico, la sedación. En este último caso, también será proporcionado en casos de asistencia domiciliaria.
Esta Ley, que fue anunciada por el Gobierno en noviembre del año pasado, garantiza que recibirán "de forma clara y comprensible" toda la información disponible sobre su estado real de salud, sus expectativas de vida y de calidad de la misma, y las medidas terapéuticas y paliativas que le resultarían aplicables. Los familiares recibirán esta información !únicamente" en la medida en que éste lo permita.
Finalmente, tendrán derecho a que se les permita el acompañamiento en los centros e instituciones sanitarias, siempre que ello resulte compatible con las medidas sanitarias necesarias para ofrecer una atención de calidad, así como auxilio espiritual. Además, los centros e instituciones sanitarias deben garantizar la preservación de su intimidad personal y familiar.
En el caso de incapacidad mayor del paciente, tanto la recepción de la información asistencial como la prestación del consentimiento corresponderán a la persona designada como representante en las instrucciones previas; en caso de carecer de éste, se hará cargo quien ostente su representación legal; o al cónyuge o persona vinculada por análoga relación de afectividad, y, finalmente, a los parientes de grado más próximo y, dentro del mismo grado, al de mayor edad.
En cuanto al registro de instrucciones previas se podrá designar un representante y determinar sus funciones, a las que éste deberá atenerse y que velará para que, en las situaciones clínicas descritas en la declaración, se cumplan las instrucciones que haya dejado establecidas la persona a la que represente. No obstante, cuando la persona que se encuentre en el proceso final de la vida conserve su capacidad, será su voluntad manifestada la prevalecerá sobre cualquier otra previa.
DEBERES DEL PROFESIONAL SANITARIO
"Los profesionales sanitarios estarán obligados a respetar la voluntad y las convicciones y creencias manifestadas por el paciente", advierte. Así, tendrá que consultar el Registro Nacional de Instrucciones Previas y dejar constancia de dicha consulta en la historia clínica.
En caso de contradicción, el texto afirma que prevalecerá siempre la voluntad del paciente, de modo que "el cumplimiento de la voluntad del paciente excluirá cualquier exigencia de responsabilidad por las correspondientes actuaciones de los profesionales sanitarios".
La Ley también establece que, antes de proponer una intervención a un paciente en el proceso final de su vida, el médico responsable deberá asegurarse de que responde a la 'lex artis' y que está clínicamente indicada, basándose para ello en la evidencia científica disponible, en su saber profesional, su experiencia y en el estado, gravedad y pronóstico del paciente.
En este sentido, el personal sanitario adecuará el esfuerzo terapéutico de modo proporcional a la situación del paciente, evitando la adopción o mantenimiento de intervenciones de soporte vital carentes de utilidad clínica sin menoscabo del bienestar del paciente.
En todo caso, la adecuación del esfuerzo terapéutico requerirá del juicio coincidente de, al menos, otro médico que participe en la atención sanitaria y se adoptará tras informar al paciente o a su representante y teniendo en cuenta su voluntad y el criterio profesional del personal de enfermería responsable de los cuidados.
OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
En lo que respecta a las obligaciones de las Administraciones sanitarias éstas garantizarán el respeto a la voluntad expresada por el paciente sobre el proceso final de su vida, así como derechos reconocidos en la futura Ley.
Tendrán que suministrar la información a los ciudadanos sobre la posibilidad de otorgar instrucciones previas, así como las formalidades necesarias para su otorgamiento y de los requisitos para su registro
Además, deberá garantizar el acceso de los profesionales sanitarios a los registros de instrucciones previas; y la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos inscritos en dichos registros de instrucciones previas.
En cuanto a los profesionales de la salud, la Administración deberá promover iniciativas formativas de calidad para los profesionales en el ámbito de la prestación de cuidados paliativos.
Del mismo modo, las Administraciones realizarán en sus respectivos ámbitos de competencia la existencia de comités de ética asistencial con funciones, entre otras, de impulsar protocolos de actuación para garantizar la aplicación de la Ley.
Fuente : europapress.es/sociedad
El informe del anteproyecto de la ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, autorizado este miércoles por el Gobierno en Consejo de Ministros, otorga al enfermo terminal "la garantía del pleno respeto de su libre voluntad en la toma de decisiones sanitarias que afecten a dicho proceso".
Así, la Ley garantiza una serie de derechos para las personas que están en la fase final, entendiendo como tal "la fase gradual que precede a la muerte y que se manifiesta clínicamente por un deterioro físico grave, debilidad extrema, trastornos cognitivos y de consciencia, dificultad de relación y de ingesta y pronóstico vital de pocos días".
En definitiva, añade, "se entiende por situación terminal aquella en la que el paciente presenta una enfermedad avanzada, incurable y progresiva, sin posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico con un pronóstico de vida limitado a semanas o meses y en el que pueden concurrir síntomas que requieren una asistencia paliativa especializada".
En este sentido, se reconoce el derecho del paciente a la información asistencial, a la toma de decisiones, al tratamiento del dolor, al acompañamiento y a la intimidad.
Del mismo modo, la futura norma también establece que toda persona mayor de edad y con plena capacidad de obrar tiene derecho a manifestar anticipadamente su voluntad sobre los cuidados y el tratamiento asistencial que desea recibir en el proceso final de su vida.
Esta manifestación de voluntad podrá realizarse mediante documento público o en documento otorgado conforme a lo dispuesto en la normativa autonómica aplicable. En este último caso, el documento deberá ser inscrito en el Registro Nacional de Instrucciones Previstas.
Por tanto, añade, el texto autorizado presentado por la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, y que inicialmente era reconocido como anteproyecto de ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna, tiene como objetivo primordial "la protección de la dignidad" de estos enfermos.
DERECHOS DEL PACIENTE
Los médicos y equipo sanitario deberán respetar la decisión del paciente sobre la atención sanitaria que se les dispense y podrán rechazar las intervenciones y los tratamientos propuestos por los profesionales sanitarios.
Esta decisión se expresará mediante el consentimiento informado del paciente, libremente revocable, y el rechazo a la intervención propuesta, así como la revocación del consentimiento informado previamente emitido deberán ser expresos, constar por escrito e incorporarse a la historia clínica.
En cuanto al tratamiento del dolor y la sedación, se reconoce a estas personas su derecho a recibir la atención idónea para prevenir y aliviar el dolor, lo que incluye, además del tratamiento analgésico específico, la sedación. En este último caso, también será proporcionado en casos de asistencia domiciliaria.
Esta Ley, que fue anunciada por el Gobierno en noviembre del año pasado, garantiza que recibirán "de forma clara y comprensible" toda la información disponible sobre su estado real de salud, sus expectativas de vida y de calidad de la misma, y las medidas terapéuticas y paliativas que le resultarían aplicables. Los familiares recibirán esta información !únicamente" en la medida en que éste lo permita.
Finalmente, tendrán derecho a que se les permita el acompañamiento en los centros e instituciones sanitarias, siempre que ello resulte compatible con las medidas sanitarias necesarias para ofrecer una atención de calidad, así como auxilio espiritual. Además, los centros e instituciones sanitarias deben garantizar la preservación de su intimidad personal y familiar.
En el caso de incapacidad mayor del paciente, tanto la recepción de la información asistencial como la prestación del consentimiento corresponderán a la persona designada como representante en las instrucciones previas; en caso de carecer de éste, se hará cargo quien ostente su representación legal; o al cónyuge o persona vinculada por análoga relación de afectividad, y, finalmente, a los parientes de grado más próximo y, dentro del mismo grado, al de mayor edad.
En cuanto al registro de instrucciones previas se podrá designar un representante y determinar sus funciones, a las que éste deberá atenerse y que velará para que, en las situaciones clínicas descritas en la declaración, se cumplan las instrucciones que haya dejado establecidas la persona a la que represente. No obstante, cuando la persona que se encuentre en el proceso final de la vida conserve su capacidad, será su voluntad manifestada la prevalecerá sobre cualquier otra previa.
DEBERES DEL PROFESIONAL SANITARIO
"Los profesionales sanitarios estarán obligados a respetar la voluntad y las convicciones y creencias manifestadas por el paciente", advierte. Así, tendrá que consultar el Registro Nacional de Instrucciones Previas y dejar constancia de dicha consulta en la historia clínica.
En caso de contradicción, el texto afirma que prevalecerá siempre la voluntad del paciente, de modo que "el cumplimiento de la voluntad del paciente excluirá cualquier exigencia de responsabilidad por las correspondientes actuaciones de los profesionales sanitarios".
La Ley también establece que, antes de proponer una intervención a un paciente en el proceso final de su vida, el médico responsable deberá asegurarse de que responde a la 'lex artis' y que está clínicamente indicada, basándose para ello en la evidencia científica disponible, en su saber profesional, su experiencia y en el estado, gravedad y pronóstico del paciente.
En este sentido, el personal sanitario adecuará el esfuerzo terapéutico de modo proporcional a la situación del paciente, evitando la adopción o mantenimiento de intervenciones de soporte vital carentes de utilidad clínica sin menoscabo del bienestar del paciente.
En todo caso, la adecuación del esfuerzo terapéutico requerirá del juicio coincidente de, al menos, otro médico que participe en la atención sanitaria y se adoptará tras informar al paciente o a su representante y teniendo en cuenta su voluntad y el criterio profesional del personal de enfermería responsable de los cuidados.
OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
En lo que respecta a las obligaciones de las Administraciones sanitarias éstas garantizarán el respeto a la voluntad expresada por el paciente sobre el proceso final de su vida, así como derechos reconocidos en la futura Ley.
Tendrán que suministrar la información a los ciudadanos sobre la posibilidad de otorgar instrucciones previas, así como las formalidades necesarias para su otorgamiento y de los requisitos para su registro
Además, deberá garantizar el acceso de los profesionales sanitarios a los registros de instrucciones previas; y la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos inscritos en dichos registros de instrucciones previas.
En cuanto a los profesionales de la salud, la Administración deberá promover iniciativas formativas de calidad para los profesionales en el ámbito de la prestación de cuidados paliativos.
Del mismo modo, las Administraciones realizarán en sus respectivos ámbitos de competencia la existencia de comités de ética asistencial con funciones, entre otras, de impulsar protocolos de actuación para garantizar la aplicación de la Ley.
Fuente : europapress.es/sociedad
jueves, 12 de mayo de 2011
LAS AYUDAS, ENTRE LOS 266 Y LOS 60 EUROS
Las ayudas en Dependencia, entre los 266 y los 60 euros
Aparte, las CCAA pueden establecer un nivel adicional con cargo a sus respectivos presupuestos
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el Real Decreto 569/2011, de 20 de abril, por el que se determina el nivel mínimo de protección garantizado a las personas beneficiarias del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para el ejercicio 2011.
Las cantidades destinadas a los diferentes niveles van desde los 266,57 euros para el grado III gran dependencia, nivel 2, hasta los 60 euros para el grado I dependencia moderada, nivel 2.
La Ley de Dependencia establece que dicho nivel debe ser establecido por el Estado y cada una de las comunidades autónomas.
Aparte, las CCAA pueden establecer un nivel adicional con cargo a sus respectivos presupuestos.
El Gobierno, de acuerdo con el Consejo Territorial de Dependencia, determinará el nivel mínimo de protección garantizado para cada una de las personas beneficiarias del sistema, según el grado y nivel de su dependencia.
La financiación pública de este nivel de protección correrá a cuenta de la Administración General del Estado.
El nivel mínimo de protección será el equivalente a la cantidad fijada para cada grado y nivel de dependencia que se determinará anualmente según el calendario de aplicación progresiva.
Dichas cuantías serán objeto de actualización anual mediante real decreto.
Asimismo, el BOE también ha publicado el Real Decreto 570/2011, de 20 de abril, que modifica los criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la ley de dependencia, y se establecen sus prestaciones económicas.
Fuente : redaccionmedica.es/noticia
Aparte, las CCAA pueden establecer un nivel adicional con cargo a sus respectivos presupuestos
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el Real Decreto 569/2011, de 20 de abril, por el que se determina el nivel mínimo de protección garantizado a las personas beneficiarias del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para el ejercicio 2011.
Las cantidades destinadas a los diferentes niveles van desde los 266,57 euros para el grado III gran dependencia, nivel 2, hasta los 60 euros para el grado I dependencia moderada, nivel 2.
La Ley de Dependencia establece que dicho nivel debe ser establecido por el Estado y cada una de las comunidades autónomas.
Aparte, las CCAA pueden establecer un nivel adicional con cargo a sus respectivos presupuestos.
El Gobierno, de acuerdo con el Consejo Territorial de Dependencia, determinará el nivel mínimo de protección garantizado para cada una de las personas beneficiarias del sistema, según el grado y nivel de su dependencia.
La financiación pública de este nivel de protección correrá a cuenta de la Administración General del Estado.
El nivel mínimo de protección será el equivalente a la cantidad fijada para cada grado y nivel de dependencia que se determinará anualmente según el calendario de aplicación progresiva.
Dichas cuantías serán objeto de actualización anual mediante real decreto.
Asimismo, el BOE también ha publicado el Real Decreto 570/2011, de 20 de abril, que modifica los criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la ley de dependencia, y se establecen sus prestaciones económicas.
Fuente : redaccionmedica.es/noticia
ENTRE LA DEPENDENCIA "LOW COST" Y LA HIDALGUÍA ESPAÑOLA
Entre la dependencia “Low Cost” y la hidalguía española
Josep de Martí, director de Inforesidencias
Que la aplicación de la Ley de Dependencia está siendo “claramente mejorable” es algo que ya casi nadie discute. En el último congreso de Edad y Vida, las mesas en las que participaban las asociaciones de mayores y las patronales parecían la sala de los lamentos. Cuando intervinieron los políticos, a los lamentos se añadieron las acusaciones. De forma diferente, todos dijeron lo mismo: “no se está haciendo bien”.
A mí me gusta ir un poco más lejos y decir que es la propia Ley la que es mala y no su aplicación. Y lo que hace que la Ley sea mala es que dice una cosa y la contraria.
Así, un artículo dice que hay que intentar que el dependiente se quede en su casa, otro, que hay que redactar el PIA con la participación del usuario, uno más que se preferirán las prestaciones de servicios a las económicas y, aun otro, que sólo en casos excepcionales se dará dinero para que el dependiente sea cuidado en su casa.
La realidad es que la mayor parte de beneficiarios de la Ley reciben una prestación económica para ser cuidado por familiares en su casa, y que, para añadir contradicciones, la norma que especifica esta ayuda permite que el que cuida no sea un familiar y que el mayor no viva en su casa sino en varias casas por turnos.
Otro lugar de la Ley dice que habrá criterios comunes de acreditación de servicios y copago, pero en ningún lugar se dice qué se debe hacer si las comunidades “pasan” de establecer esos criterios comunes. También se establece un sistema único de valoración de la dependencia pero no se crean sistemas para garantizar que au aplicación dé resultados parecidos en las diferentes comunidades.
Además, la Ley basa su financiación en que el Estado y cada comunidad autónoma pacten “de tú a tú” la financiación mediante convenios, lo que lleva a que la lucha partidista entre hasta la médula del sistema y lo infecte de desigualdad y deslealtad institucional.
A lomos de esta deficiente Ley se ha instalado la pesadísima carga de la crisis económica con la consecuente restricción presupuestaria y de crédito que obliga a las comunidades autónomas a racionalizar, cada una por su cuenta.
El resultado está a la vista. Existen tantos sistemas de dependencia como comunidades autónomas, todas dicen que ellas son las mejores y cada una ha encontrado a su “culpable favorito” para no asumir responsabilidades por cualquier fallo que se le pueda atribuir.
Quien está pagando la situación es, en primer lugar el ciudadano dependiente y en segundo, las empresas que han invertido cantidades ingentes de dinero y que claman por un marco claro y estable de relación con las administraciones.
Hace poco he leído que se acusa a una comunidad que quiere potenciar la prestación económica vinculada de ofrecer “dependencia low cost”.
La verdad es que me entró la risa ya que, cada vez que oigo a un consejero autonómico alardear de cómo están aplicando ellos la Ley de Dependencia me viene a la cabeza un fragmento de la Vida del Buscón de Quevedo en el que un amigo del protagonista que no ha comido en varios días sacó unas migajas de pan que traía para el efecto siempre en una cajuela, y derramóselas por la barba y vestido, de suerte que parecía haber comido.
Durante muchos años en España algunos hidalgos y nobles de bajo rango han pasado hambre, porque su condición no les permitía trabajar y la Ley les impedía vender sus bienes.
Esos hidalgos hambrientos tampoco podían mendigar por lo que malvivían intentando aparentar prosperidad en lúgubres casones conviviendo con el hambre y el frío.
Hoy nos está pasando algo parecido. Nuestros gobernantes se niegan a aceptar que esta Ley de Dependencia ha sido un error y se conforman con derramarse por la barba las migajas de las estadísticas sin aceptar que lo que se aplica no es lo que la Ley dice.
Encima saben que las perspectivas económicas a corto plazo son negativas, pero se niegan a hacer cambios en la Ley de Dependencia por miedo a ser tildados de “poco sociales”.
El sector de la atención a mayores ha gozado durante años de un atractivo especial que ha hecho que muchos empresarios de diferente tamaño y estructura hayan decidido invertir en el mismo. Quizás ha llegado el momento de escucharles.
Estos empresarios están pidiendo principalmente dos cosas: unas reglas de juego comunes y estables en el tiempo que permitan planificar la toma de decisiones y las inversiones a realizar.
Una financiación suficiente que permita tener un retorno razonable. Lo que ofrecen a cambio no es baladí: realizar las inversiones para que se garanticen servicios de calidad y una importante cantidad de empleo.
Es cierto que la financiación supone un problema, pero ¿y las reglas del juego estables? Su ausencia no puede ser excusada de ninguna manera.
En poco tiempo estarán constituidos los nuevos gobiernos municipales y autonómicos después de las elecciones.
Son esos nuevos gobiernos, en gran medida los que tienen que afrontar la apuesta de armonizar requisitos de acreditación y copago y será el gobierno que salga de las próximas elecciones generales el que deberá decidir si da por muerta la Ley planteándose un nuevo modelo o decide convertirla definitivamente en una sombra de lo que se pretendió hacer.
Fuente : alimarket.es/noticia
Josep de Martí, director de Inforesidencias
Que la aplicación de la Ley de Dependencia está siendo “claramente mejorable” es algo que ya casi nadie discute. En el último congreso de Edad y Vida, las mesas en las que participaban las asociaciones de mayores y las patronales parecían la sala de los lamentos. Cuando intervinieron los políticos, a los lamentos se añadieron las acusaciones. De forma diferente, todos dijeron lo mismo: “no se está haciendo bien”.
A mí me gusta ir un poco más lejos y decir que es la propia Ley la que es mala y no su aplicación. Y lo que hace que la Ley sea mala es que dice una cosa y la contraria.
Así, un artículo dice que hay que intentar que el dependiente se quede en su casa, otro, que hay que redactar el PIA con la participación del usuario, uno más que se preferirán las prestaciones de servicios a las económicas y, aun otro, que sólo en casos excepcionales se dará dinero para que el dependiente sea cuidado en su casa.
La realidad es que la mayor parte de beneficiarios de la Ley reciben una prestación económica para ser cuidado por familiares en su casa, y que, para añadir contradicciones, la norma que especifica esta ayuda permite que el que cuida no sea un familiar y que el mayor no viva en su casa sino en varias casas por turnos.
Otro lugar de la Ley dice que habrá criterios comunes de acreditación de servicios y copago, pero en ningún lugar se dice qué se debe hacer si las comunidades “pasan” de establecer esos criterios comunes. También se establece un sistema único de valoración de la dependencia pero no se crean sistemas para garantizar que au aplicación dé resultados parecidos en las diferentes comunidades.
Además, la Ley basa su financiación en que el Estado y cada comunidad autónoma pacten “de tú a tú” la financiación mediante convenios, lo que lleva a que la lucha partidista entre hasta la médula del sistema y lo infecte de desigualdad y deslealtad institucional.
A lomos de esta deficiente Ley se ha instalado la pesadísima carga de la crisis económica con la consecuente restricción presupuestaria y de crédito que obliga a las comunidades autónomas a racionalizar, cada una por su cuenta.
El resultado está a la vista. Existen tantos sistemas de dependencia como comunidades autónomas, todas dicen que ellas son las mejores y cada una ha encontrado a su “culpable favorito” para no asumir responsabilidades por cualquier fallo que se le pueda atribuir.
Quien está pagando la situación es, en primer lugar el ciudadano dependiente y en segundo, las empresas que han invertido cantidades ingentes de dinero y que claman por un marco claro y estable de relación con las administraciones.
Hace poco he leído que se acusa a una comunidad que quiere potenciar la prestación económica vinculada de ofrecer “dependencia low cost”.
La verdad es que me entró la risa ya que, cada vez que oigo a un consejero autonómico alardear de cómo están aplicando ellos la Ley de Dependencia me viene a la cabeza un fragmento de la Vida del Buscón de Quevedo en el que un amigo del protagonista que no ha comido en varios días sacó unas migajas de pan que traía para el efecto siempre en una cajuela, y derramóselas por la barba y vestido, de suerte que parecía haber comido.
Durante muchos años en España algunos hidalgos y nobles de bajo rango han pasado hambre, porque su condición no les permitía trabajar y la Ley les impedía vender sus bienes.
Esos hidalgos hambrientos tampoco podían mendigar por lo que malvivían intentando aparentar prosperidad en lúgubres casones conviviendo con el hambre y el frío.
Hoy nos está pasando algo parecido. Nuestros gobernantes se niegan a aceptar que esta Ley de Dependencia ha sido un error y se conforman con derramarse por la barba las migajas de las estadísticas sin aceptar que lo que se aplica no es lo que la Ley dice.
Encima saben que las perspectivas económicas a corto plazo son negativas, pero se niegan a hacer cambios en la Ley de Dependencia por miedo a ser tildados de “poco sociales”.
El sector de la atención a mayores ha gozado durante años de un atractivo especial que ha hecho que muchos empresarios de diferente tamaño y estructura hayan decidido invertir en el mismo. Quizás ha llegado el momento de escucharles.
Estos empresarios están pidiendo principalmente dos cosas: unas reglas de juego comunes y estables en el tiempo que permitan planificar la toma de decisiones y las inversiones a realizar.
Una financiación suficiente que permita tener un retorno razonable. Lo que ofrecen a cambio no es baladí: realizar las inversiones para que se garanticen servicios de calidad y una importante cantidad de empleo.
Es cierto que la financiación supone un problema, pero ¿y las reglas del juego estables? Su ausencia no puede ser excusada de ninguna manera.
En poco tiempo estarán constituidos los nuevos gobiernos municipales y autonómicos después de las elecciones.
Son esos nuevos gobiernos, en gran medida los que tienen que afrontar la apuesta de armonizar requisitos de acreditación y copago y será el gobierno que salga de las próximas elecciones generales el que deberá decidir si da por muerta la Ley planteándose un nuevo modelo o decide convertirla definitivamente en una sombra de lo que se pretendió hacer.
Fuente : alimarket.es/noticia
TRIPLE DE QUEJAS EN C.VALENCIANA QUE EN CATALUÑA
Hay el triple de quejas en C.Valenciana que en Cataluña en relación a la Ley
El número anual de quejas ante el síndic de Greuges valenciano (defensor del Pueblo) en torno a la falta de aplicación de la Ley de la Dependencia en la Comunitat triplica a la que se produce en el mismo órgano de Cataluña, con alrededor de 1.500 requerimientos.
Así lo ha expuesto hoy la primera adjunta del síndic valenciano, Emilia Caballero, en un acto en Alicante con motivo del tercer aniversario de la creación de la plataforma en defensa de la Ley de la Dependencia de Alicante y Comarca.
Según Caballero, la situación "más grave" en España en cuanto a las denuncias recibidas en las defensorías del Pueblo por la falta de aplicación de la Ley de la Dependencia (de 2007) se producen por parte de los Gobiernos autonómicos de la Comunitat Valenciana y de Madrid debido, al menos en el primer caso, a que "desde un principio la ley ha sido enfocada de forma que se hace difícil el cumplimiento".
Esto se refleja en que, en 2010, en la Comunitat se recibieran 1.500 quejas de usuarios frente a los 500 de Cataluña, donde paradógicamente hay más población, mientras que en el resto de defensorías hubo "cantidades insignificantes".
La adjunta del síndic ha apuntado que entre enero y abril de 2011 se mantiene esta tendencia o, incluso, aumenta ya que se han contabilizado 420 quejas procedentes de Alicante, Castellón y Valencia.
Caballero ha admitido que se trata de una ley que no es fácil de aplicar aunque en la Comunitat Valenciana "tiene una especial complicación".
Ha relatado que desde 2007 la Sindicatura de Greuges ya previó "que la situación iba a ser complicada" en esta autonomía, y ha proseguido que cuatro años después "se sigue en la misma situación y sin que se haya producido un cambio sustancial" por parte de la Generalitat Valenciana.
"Tenemos quejas de 2007 todavía sin resolver el expediente", se ha lamentado Caballero antes de afirmar que "al retraso inmenso" en el reconocimiento del derecho se une "la falta de criterio de la Conselleria en dar los servicios a unos y a otros".
Esto es así, según Caballero, porque hay situaciones de 2009 ya resueltas mientras que otras parecidas de 2007 siguen en espera.
Además, ha destacado el "problema gravísimo" que se produce por el fallecimiento de las personas en el transcurso del dilatado proceso de reconocimiento.
Por su parte, la letrada del Colegio de Abogados de Alicante Paloma Cascales ha explicado que el turno de oficio gratuito abierto por su colectivo ha atendido desde febrero de 2009 a 1.854 alicantinos y que esta mediación se ha traducido en 225 demandas administrativas.
También ha apuntado que hasta ahora ha habido 25 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, todas favorables a los dependientes, aunque la sentencia sólo ha sido ejecutada por la Generalitat en un caso.
Ha recordado que, según el alto tribunal, los dependientes tienen derecho a cobrar retroactivamente desde el momento de la presentación de su solicitud, y ha criticado que el Consell sea especialmente "lento" en tramitar las peticiones de los mayores, colectivo en el que se da el más alto porcentaje de fallecimientos.
Se estima que, aproximadamente, el 15 por ciento de los mayores fallece a la espera del reconocimiento, momento en el que la Generalitat cierra el expediente sin dar el dinero a los familiares.
Por su parte, el miembro de la plataforma Juan Bueno ha asegurado que 8.885 personas tienen firmada la resolución de su situación de dependencia aunque sin llegar a recibir la notificación, y ha denunciado que la Generalitat no ha pagado a los dependientes en el último mes y que el consejo interterritorial no ha resuelto expediente alguno en el último medio año.
En cuanto al número de personas que recibe la prestación, ha dicho que la cifra se eleva a 45.657 mientras que otros 28.484 tienen reconocida la prestación aunque sin haber recibido cuantía alguna.
La plataforma prevé entregar la primera edición de unos premios a las organizaciones que más apoya a este colectivo y las que menos, y lo hará en Alicante en una fecha por determinar tras el 22 de mayo.
Fuente : abc.es
El número anual de quejas ante el síndic de Greuges valenciano (defensor del Pueblo) en torno a la falta de aplicación de la Ley de la Dependencia en la Comunitat triplica a la que se produce en el mismo órgano de Cataluña, con alrededor de 1.500 requerimientos.
Así lo ha expuesto hoy la primera adjunta del síndic valenciano, Emilia Caballero, en un acto en Alicante con motivo del tercer aniversario de la creación de la plataforma en defensa de la Ley de la Dependencia de Alicante y Comarca.
Según Caballero, la situación "más grave" en España en cuanto a las denuncias recibidas en las defensorías del Pueblo por la falta de aplicación de la Ley de la Dependencia (de 2007) se producen por parte de los Gobiernos autonómicos de la Comunitat Valenciana y de Madrid debido, al menos en el primer caso, a que "desde un principio la ley ha sido enfocada de forma que se hace difícil el cumplimiento".
Esto se refleja en que, en 2010, en la Comunitat se recibieran 1.500 quejas de usuarios frente a los 500 de Cataluña, donde paradógicamente hay más población, mientras que en el resto de defensorías hubo "cantidades insignificantes".
La adjunta del síndic ha apuntado que entre enero y abril de 2011 se mantiene esta tendencia o, incluso, aumenta ya que se han contabilizado 420 quejas procedentes de Alicante, Castellón y Valencia.
Caballero ha admitido que se trata de una ley que no es fácil de aplicar aunque en la Comunitat Valenciana "tiene una especial complicación".
Ha relatado que desde 2007 la Sindicatura de Greuges ya previó "que la situación iba a ser complicada" en esta autonomía, y ha proseguido que cuatro años después "se sigue en la misma situación y sin que se haya producido un cambio sustancial" por parte de la Generalitat Valenciana.
"Tenemos quejas de 2007 todavía sin resolver el expediente", se ha lamentado Caballero antes de afirmar que "al retraso inmenso" en el reconocimiento del derecho se une "la falta de criterio de la Conselleria en dar los servicios a unos y a otros".
Esto es así, según Caballero, porque hay situaciones de 2009 ya resueltas mientras que otras parecidas de 2007 siguen en espera.
Además, ha destacado el "problema gravísimo" que se produce por el fallecimiento de las personas en el transcurso del dilatado proceso de reconocimiento.
Por su parte, la letrada del Colegio de Abogados de Alicante Paloma Cascales ha explicado que el turno de oficio gratuito abierto por su colectivo ha atendido desde febrero de 2009 a 1.854 alicantinos y que esta mediación se ha traducido en 225 demandas administrativas.
También ha apuntado que hasta ahora ha habido 25 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, todas favorables a los dependientes, aunque la sentencia sólo ha sido ejecutada por la Generalitat en un caso.
Ha recordado que, según el alto tribunal, los dependientes tienen derecho a cobrar retroactivamente desde el momento de la presentación de su solicitud, y ha criticado que el Consell sea especialmente "lento" en tramitar las peticiones de los mayores, colectivo en el que se da el más alto porcentaje de fallecimientos.
Se estima que, aproximadamente, el 15 por ciento de los mayores fallece a la espera del reconocimiento, momento en el que la Generalitat cierra el expediente sin dar el dinero a los familiares.
Por su parte, el miembro de la plataforma Juan Bueno ha asegurado que 8.885 personas tienen firmada la resolución de su situación de dependencia aunque sin llegar a recibir la notificación, y ha denunciado que la Generalitat no ha pagado a los dependientes en el último mes y que el consejo interterritorial no ha resuelto expediente alguno en el último medio año.
En cuanto al número de personas que recibe la prestación, ha dicho que la cifra se eleva a 45.657 mientras que otros 28.484 tienen reconocida la prestación aunque sin haber recibido cuantía alguna.
La plataforma prevé entregar la primera edición de unos premios a las organizaciones que más apoya a este colectivo y las que menos, y lo hará en Alicante en una fecha por determinar tras el 22 de mayo.
Fuente : abc.es
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