miércoles, 26 de octubre de 2011

ASTURIAS - HACEN FALTA 14 MILLONES PARA SALARIO SOCIAL Y PARA LA LEY

«Nos hacen falta 14 millones para el salario social y la Ley de Dependencia»

La consejera de Bienestar Social aplaza al próximo año 11,8 millones en inversiones y ayudas y asegura que los recortes «no afectan a la calidad»


La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Paloma Menéndez, admitió ayer en la Junta General del Principado que en su gabinete «hacen falta 14 millones para garantizar el pago del salario social y la Ley de la Dependencia», ya que «como suele ser habitual, el crédito presupuestado deberá ser ampliado por las necesidades adicionales en el mes de diciembre», explicó Menéndez sin precisar de dónde procederá ese montante. De los 14 millones, seis corresponden al salario social y ocho a la Ley de la Dependencia.

Además, en la comparecencia ante la Comisión de Bienestar Social, la consejera precisó qué partidas se verán afectadas por el recorte de 11,8 millones sobre el gasto presupuestado para este año. Gran parte de dicha cantidad será «reprogramada», en palabras de Menéndez, «y trasladada al presupuesto de 2012». En este sentido, incidió a lo largo de su intervención en que los recortes «no afectarán a la calidad del servicio» y que tampoco «nadie que tenga derecho a recibir una ayuda se quedará sin ella».

Las cifras levantaron críticas entre los tres grupos de la oposición, que coincidieron en señalar que los recortes afectan «directamente a las prestaciones sociales básicas». La diputada de IU Noemí Martín afirmó con rotundidad: «Ustedes no tienen recursos para garantizar los pagos del salario social y la dependencia, porque además de retener 11,8 millones, ahora necesitan 14 más».

En este sentido, la diputada socialista Clara Costales comentó que le «cuesta entender» que se produzcan recortes en la consejería «cuando tiene necesidades adicionales de financiación».

3,9 millones del ahorro proceden de la «reprogramación» de inversiones en los Establecimientos Residenciales de Ancianos (ERA) que «traslada a 2012» las obras previstas en Gijón, Cudillero, Langreo, Oviedo (Aramo y Naranco), Salas y Cangas del Narcea. Martín criticó duramente esta decisión ya que las obras en proceso de adjudicación «o se paralizan o se anulan», lo que llevó a una discusión en términos jurídicos con la consejera, quien aseguró que «jurídicamente se pueden demorar los procesos», aunque prometió «estudiar la cuestión más a fondo».

Desde Foro Asturias se quiso hacer hincapié en que «se pospone el pago, no se paraliza», apuntó Esther Landa, ya que Menéndez eludió en todo momento utilizar otro verbo que no fuera «reprogramar».

«La tijera» en Oviedo


El PP criticó que «la tijera» de la consejería se cierne con especial intensidad sobre Oviedo, ya que dos de las residencias que se «reprogramarán» pertenecen al municipio, y también se desplaza una partida de 1,3 millones para la construcción de viviendas de protección en Prado de la Vega. Una situación que, para Carlos Galcerán, «trata de ahogar al ayuntamiento» y «huele a venganza». Otra de las partidas afectadas por las medidas de ahorro es la concesión de ayudas públicas para la adquisición o el alquiler de viviendas (1,6 millones, que serán trasladados al presupuesto de 2012).

Con esta medida, las solicitudes que se reciban durante el tercer trimestre del año se tramitarán con normalidad, pero no recibirán el dinero hasta 2012. Esta decisión llamó la atención de la diputada de IU: «Nunca sobró presupuesto de las ayudas a vivienda; de hecho, se estaba tramitando su aumento en la anterior legislatura», subrayó Martín.

La cooperación al desarrollo enfrentará un recorte de 792.000 euros, por lo que se suspenderán proyectos de cooperación directa. El resto del ahorro se llevará a cabo con la «reprogramación de inversiones de corporaciones locales», el ahorro en convenios no desarrollados, así como conferencias, publicaciones, documentales y demás «gastos superfluos», según Menéndez.

Respecto a las políticas para discapacitados que aplicará el Principado, la consejera solo concretó que tendrá el plan de acción integral en el primer semestre de 2012.

En cuanto a las subvenciones que todavía quedan por repartir en 2011, Menéndez dio cifras por valor de más de 3.000 millones de euros. Desde el comité de representación de las personas con discapacidad (Cermi) se criticó que la consejera «continúe sin concretar» las fechas en las que se abonarán los pagos que adeuda a asociaciones y ayuntamientos

Fuente : elcomercio.es

CANARIAS - SE GASTA EN DEPENDENCIA 4 VECES MÁS QUE EL ESTADO

Canarias gasta en dependencia 4 veces más que el Estado

Inés Rojas denuncia que el Ministerio de Sanidad solo aporta 22 millones de los 97 que se invierten en la Comunidad Autónoma para cumplir la normativa


La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, afirmó ayer en comisión parlamentaria que el reparto de los fondos estatales de la ley de dependencia es "injusto y manifiestamente mejorable", en respuesta a la pregunta sobre su opinión acerca de la penalización impuesta por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad a Canarias por su retraso a la atención a las personas dependientes. De hecho, según sus datos, Canarias recibe del Estado "solo 22 millones de euros del total de 97 que gasta en dependencia".

Rojas señaló que el Gobierno de Canarias no entiende que haya habido "penalización" por algún tipo de retraso en la apli cación de la ley de dependencia, sino que el decremento de los fondos estatales en cuanto al nivel para Canarias es fruto de un reparto que, desde su punto de vista, es "injusto y ma nifiestamente mejorable".

La consejera asegura que el problema de la financiación de la ley de dependencia "es profundo", y que "radica no sólo en su insuficiencia, sino en su incoherencia y sobre todo, en su falta de garantía". Por ello, mostró su desacuerdo con el actual sistema de financiación de la ley para la promoción de la autonomía personas y atención a las personas dependientes, que las restantes Comunidades autónomas también rechazan, según aseguró.

Para la responsable del área, el núcleo principal de la falta de consenso entre las comunidades y el Ministerio tiene que ver con la insuficiencia financiera, ya que la ley estipula que el Estado debe colaborar con el 50% del gasto, pero "no se tiene en cuenta el coste real de los servicios, sino el estipulado por el Sistema Estatal de la Dependencia", indicó la consejera.

Prestaciones

Por ello, explicó que algunas comunidades están apostando por las prestaciones económicas, que la ley establece como una excepción, "ya que en ese apar tado el Estado sí que aporta el 50%", añadió Rojas. Además, la consejera agregó que, en todo caso, esta financiación solo está garantizada hasta el año 2015, momento en el que deberá estar implantado todo el sistema.

Aparte de esta insuficiencia financiera, Rojas añadió que existen otros indicadores que perjudican a Canarias, como puede ser el de la garantía financiera, otro de los que ha motivado, en su opinión, que al Archipiélago se le reduzca la financiación.

Rojas recuerda que el presupuesto estatal para la aplicación de la ley se establecen anualmente y según convenio, unos indicadores de reparto.

Todos, a excepción de la insularidad, "nos perjudican", insistió. De hecho, entre ellos no se incluye, por ejemplo, la lejanía, y, sin embargo, sí la superficie que, además, es terrestre, sin olvidar otros como la dispersión, que tampoco resulta favorable para las Islas.

En consecuencia, asegura que este cambio en los parámetros "ha perjudicado a Canarias y esperamos que el Estado pueda recapacitar al respecto", afirmó la consejera, quien reconoce, sin embargo, que las comunidades autónomas "tenemos que acatar la ley, una ley estatal, y la tenemos que cumplir y aplicar. Son los legisladores quienes deben cambiarla". Por eso, a través de sendas mociones interpuestas por los grupos parlamentarios en el Congreso, se pretende analizar la ley para "reformarla y que contemple de una vez el coste real de los servicios", sentenció.

Condiciones


Para conocer mejor los condicionantes del reparto, la consejera explicó que el Estado garantiza una financiación mínima a través de lo que ha dado en llamar el nivel mínimo. Esa financiación global se estipula en los Presupuestos Generales del Estado año a año y se reparte entre las Comunidades autónomas según el número de personas dependientes, su grado y nivel, "no al coste real de los servicios, sino al número de personas dependientes", matiza.

Por una persona gran dependiente grado 3 nivel II, es decir, el mayor grado de dependencia, el Estado ingresa a la Comunidad autónoma por el nivel mínimo de protección la cantidad de 266,57 euros, como lo estipula en el Real Decreto 569/2011, de 20 de abril, "cuando una plaza para un gran dependiente cuesta en Canarias alrededor de 2.500 euros".

"Después está el nivel acordado, con el que Canarias no está de acuerdo y por el que Canarias ha ingresado unos siete millones de euros. En total, recibimos del Estado 22 millones de euros, cuando el presupuesto para Dependencia de esta Comunidad asciende a 97 millones", indicó Rojas.

En este sentido, opina que las Comunidades autónomas "están otorgando prestaciones económicas, en vez de los servicios, que son mucho más caros. Pero eso es pervertir la ley", advierte

Fuente : laopinion.es

CASTELLÓN - VILA REAL - 86 PERSONAS HAN FALLECIDO ESPERANDO LAS AYUDAS

Mónica Álvaro denuncia que 86 personas han muerto en Vila-real esperando las ayudas de la Ley de la Dependencia de Conselleria desde 2008

Desde que en 2008 entrara en vigor la Ley de la Dependencia, 834 personas han sido atendidas en los Servicios Sociales de Vila-real. De ellas, tan sólo 296 reciben alguna de las prestaciones que les corresponde, lo que supone un 35% y, actualmente, existen 277 expedientes pendientes de resolución.

Pero la cifra más “escandalosa” son las 86 personas, un 10% de los casos, que han muerto esperando una resolución por parte de la Conselleria de Justícia i Benestar Social. Según la concejala de Servicios Sociales, Mònica Alvaro, estos números evidencian “el gran drama ” que existe en la aplicación de esta ley en Vila-real.

La concejala ha señalado que durante el 2008 fueron 122 los expedientes abiertos, 342 en 2009, 216 en 2010 y 128 expedientes durante el primer trimestre de 2011, aunque según la previsión, “a finales de año serán, aproximadamente, 256 expedientes”.

Mònica Alvaro ha explicado que, desde Servicios Sociales, se envían todos los informes y documentos médicos necesarios a la empresa Avapsa, la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales que depende de la Conselleria de Justícia i Benestar Social y cuyos técnicos se encargan de hacer una valoración del solicitante y de asignarle un grado y un nivel de dependencia, según la baremación establecida por la ley.

Sin embargo, y según Alvaro, actualmente, “existe un retraso superior a 5 meses respecto a la media nacional desde que Avapsa recibe la documentación de Servicios Sociales hasta que los técnicos realizan una valoración del paciente”. Además también se produce “un excesivo retraso” para la concesión final de estas ayudas en la Comunitat Valenciana, ya que según Alvaro, “pasa una media de 14 meses hasta su definitiva resolución”.

Además la concejala ha explicado que a partir del próximo mes de enero, tal y como prevé la ley de la dependencia, se incorporará un nuevo grado de dependencia moderada, lo que implicará más personas en el sistema de la dependencia y por tanto más gente para evaluar. Si además contamos con el despido de 29 trabajadores que se hizo efectivo el pasado mes de junio por parte de la empresa Avapsa, la empresa mixta que depende de Conselleria, nos encontraremos “con un sistema que se colapsará aún más”.

Mònica Alvaro ha recordado que se ha hecho “un gran esfuerzo” porque se ha ampliado el personal asignado a la tramitación de esta ley a todos los profesionales que trabajan en Servicios Sociales para dar un mejor servicio y agilizar el proceso. Según la concejala, aunque las obligaciones de los Servicios Sociales municipales finalizan en el momento de remitir el expediente a la Conselleria, “son muchas las quejas que nos llegan por incumplimiento de los tiempos de espera en las diferentes fases del proceso y somos la administración más cercana para el ciudadano”.

Además, según Alvaro, Conselleria nunca ha tenido estabilidad temporal en el momento de dar respuesta a las solicitudes y se ha quejado porque “igual tenemos 5 resoluciones en una semana como pasa medio año y no sabemos nada”.

Finalmente, la concejala también ha destacado que esta es la primera vez, desde la entrada en vigor de la ley de dependencia, que la concejalía de Servicios Sociales ofrece unas cifras concretas al respecto.

Fuente : laplanaaldia.com

ARAGÓN - ENTIDADES LOCALES TACHAN DE INADMISIBLES LOS RETRASOS

Entidades sociales tachan de "inadmisible" retrasar las ayudas de dependencia

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha tachado de "inadmisible" el retraso de las ayudas a la dependencia que ha anunciado el Gobierno de Aragón.

"Parece como si las leyes que hacen referencia a derechos sociales de las personas tuvieran un rango menor que otras leyes" ha explicado en un comunicado la asociación.

Desde esta entidad han advertido de que un retraso como el que se viene produciendo en las ayudas a la dependencia puede resultar "irreparable" por lo que apelan "a la conciencia y a la ética de quienes toman las decisiones".

Este anuncio por parte del Gobierno de Aragón se suma al "retroceso" que se viene constatando en las aplicaciones de la Ley de Dependencia en Aragón, ha informado la agrupación.

Según los datos que publica mensualmente el Ministerio, Aragón es, junto a Canarias, la única comunidad donde en los últimos cuatro meses desciende el número de personas que se benefician de prestaciones de esta Ley.

Por otra parte, la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA) también ha criticado el recorte del 17 por ciento que desde el Ayuntamiento se han aplicado a las ayudas que reciben.

Desde la asociación se ha apuntado que no se puede permitir "la "dejadez y el abandono" de las obligaciones del Ayuntamiento con sus ciudadanos, especialmente, han dicho, con aquellos, con "alto riesgo de exclusión social".

ASZA ha alertado de que si siguen reduciéndose las ayudas resultará "difícil" sostener la estructura organizativa de la entidad, así como los recursos humanos y técnicos que ello conlleva, para mejorar "la calidad de vida de las personas sordas y sus familias".

El presidente de ASZA, Eduardo Estella, ha indicado que pese a las dificultades económicas el número de usuarios y de atenciones en todos los ámbitos, ya sea social, educativo, laboral o familiar se está incrementando "año tras año".

Fuente : abc.es

EL EJIDO - IGUALDAD RECUERDA QUE EL PAGO ES "ABSOLUTAMENTE MUNICIPAL"

Igualdad recuerda que el pago de los salarios de la Ley de Dependencia es 'absolutamente municipal'

Más de 3 millones de euros de la Ley de Dependencia se destinaron a otro fin en El Ejido


La delegada para la Igualdad y el Bienestar Social, Adela Segura, ha señalado que el pago de salarios a las empresas adjudicatarias es una 'responsabilidad absolutamente municipal', después de conocerse que aproximadamente 3.020.000 euros recibidos de la Junta de Andalucía por la Ley de Dependencia son los que el Ayuntamiento de El Ejido destinó a otro fin, tal y como denunciaron este martes en pleno el equipo de Gobierno (PP) y el Grupo Municipal Socialista, durante el debate del punto relativo a la refinanciación de la deuda contraída con Clece SA, concesionaria del servicio a domicilio del municipio.

Segura ha lamentado que esto suceda al tratarse de necesidades 'perentorias' y `básicas', si bien recuerda que 'la Junta de Andalucía ha cumplido' con sus obligaciones. Hasta noviembre del año pasado, ingresaba cada seis meses los fondos de la Ley de Dependencia, a partir de entonces, cada dos meses. 'El dinero de la ayuda a domicilio siempre se abona por adelantado', indica la delegada para la Igualdad y el Bienestar Social.

'La pelota está en el tejado del Ayuntamiento, que es el que tiene que resolver este problema, poruqe el claro fin del convenio es cubrir los salarios del servicio que gestiona la empresa', en este caso, Clece SA. 'No es mi papel meterme en la gestión del Ayuntamiento, aunque si instarle a éste y a la empresa a que resuelvan pronto esta situación y no haya problemas en la atención de la empresa', dice Segura, quien se muestra segura de la búsqueda de fórmulas por parte de la administración local para alcanzar este objetivo.

De hecho, el concejal de Hacienda, Francisco José Rivera (PP), ha concretado que a Clece habrá que abonarle en un plazo de 42 meses estos 3.020.000 euros, además de otros 330.000 euros por intereses de demora; siendo el primer pago previsto de 450.000 euros en 2012, y el último, de 980.000 euros en 2015. Rivera ha indicado a su vez que se debe el servicio ligado a la Ley de Dependencia desde el 30 de abril del año pasado; el servicio concertado desde septiembre de ese año, y el servicio de mediación desde diciembre de 2009.

Desde julio de 2010 dejaron de abonarse facturas mensuales superiores a los 200.000 euros.

La portavoz socialista Guadalupe Fernández ha señalado en este sentido que 'ésta no es una refinanciación cualquiera, pues roza lo que sería una deuda generada de forma ilícita. La Junta dio más de tres millones de euros y no sabemos a dónde han ido a parar; queremos saber dónde, quién y cómo ha ganado ese dinero finalista, y si es necesario llevarlo a los juzgados, llevarlo'.

No obstante, el Ayuntamiento ya ha reservado diversas partidas para hacer frente a la factura del mes pasado, además de la que ya llegue de este mes. 'Estamos de acuerdo en que el dinero de la Ley de Dependencia tenía un destino finalista -dice Rivera- pero esto hay que pagarlo'.

Francisco José Fernández (UPyD) ha reclamado a su vez a Miguel Ángel Barrientos (PAL) explicaciones sobre lo ocurrido con este dinero. Cabe recordar que Barrientos fue concejal delegado de Servicios Sociales durante los dos últimos años de la anterior corporación, presidida por Juan Enciso (PAL). El edil municipalista ha argumentado que su responsabilidad era únicamente de gestión de los servicios y no económica, añadiendo que hay una 'caja única a la que van las subvenciones y transferencias de otras administraciones. 'Estos fondos debían haber sido finalistas, pero no ha sido así', dice Barrientos, quien justifica lo ocurrido por los 'tiempos que corren'.

Prórroga del contrato

Precisamente unos puntos antes, el plenario había aprobado la prórroga por un año, hasta el 30 de diciembre de 2012, del contrato con Clece SA para la prestación del servicio de ayuda a domicilio, al entender que 'el servicio que se presta es bueno y los usuarios están satisfechos'.

Fuente : teleprensa.es/almeria

PUERTOLLANO - PP PRESENTARÁ MOCIÓN SOBRE LA LEY

El PP de Puertollano presentará una moción sobre la Ley de Dependencia al Pleno de la Corporación

Afirma que el Partido Socialista sigue utilizando su desarrollo y aplicación con fines políticos y electoralistas


El Grupo Municipal del Partido Popular de Puertollano informa en nota de prensa su intención de presentar una moción sobre la Ley de Dependencia, al Pleno de la Corporación , porque considera que el Partido Socialista continúa utilizando su desarrollo y aplicación con fines políticos y electoralistas. Los populares ponen como ejemplo en su comunicado que esta ley "continúa sin tener una financiación pública clara y tampoco se han fijado las aportaciones que deben hacer las distintas administraciones implicadas, como el gobierno central y las comunidades autónomas". Y que, además, "sigue sin definirse un sistema nacional de la dependencia, lo que provoca que existan diferencias entre unos ciudadanos y otros, tanto dentro como fuera de nuestra región".

Nota de prensa íntegra

El Grupo Municipal del Partido Popular de Puertollano presentará al Pleno de la Corporación la moción sobre la Ley de Dependencia, porque considera que el Partido Socialista continúa utilizando su desarrollo y aplicación con fines políticos y electoralistas. Una muestra de esa utilización es el hecho de que después de casi cinco años de su puesta en marcha continúa sin tener una financiación pública clara y tampoco se han fijado las aportaciones que deben hacer las distintas administraciones implicadas, como el gobierno central y las comunidades autónomas, e igualmente sigue sin definirse un sistema nacional de la dependencia, lo que provoca que existan diferencias entre unos ciudadanos y otros, tanto dentro como fuera de nuestra región. En Castilla-La Mancha esta situación se agrava con el hecho de que el anterior gobierno socialista de José María Barreda haya dejado las arcas públicas vacías y endeudadas hasta extremos vergonzosos y denunciables, lo que está ocasionando inevitablemente retrasos en los cobros. Esta situación la refleja el hecho de que el pasado mes de junio, cuando el Partido Popular de Castilla La Mancha, presidido por María Dolores de Cospedal, asumió el gobierno de la comunidad, se encontró con unas cuentas con deudas por valor de 2.800 millones de euros, más de 160.000 facturas sin pagar y una deuda real acumulada de más de 8.500 millones de euros. Al día 30 de dicho mes el presupuesto de la región para todo el año 2011 estaba gastado en un 83,5% y solo quedaban en caja 36 millones de euros para el resto del año. Para las ayudas a la dependencia de los castellano manchegos, el gobierno de Barreda presupuestó casi seis veces menos dinero del necesario para pagarlas, fijando 26,5 millones de euros para 2011, cuando el gasto real es cercano a los 140 millones. Tampoco el Gobierno central de Zapatero ayuda al desarrollo de esta Ley en nuestra región que tiene que hacer frente a casi 28.000 expedientes y que debe abonar mensualmente casi 11 millones de euros, ya que solo aporta una financiación que no llega al 25% y que se recibe con dos meses de retraso, cuando debería sufragar, por norma, el 50%.

A pesar de esta situación, que cualquier corresponsable de haberla provocado, con un mínimo de ética política y moralidad social, asumiría y trataría de ayudar a resolver, los portavoces, asesores, voceros y, en definitiva, palmeros de esta corte del despilfarro que ha sido el gobierno de José María Barreda. Esos que han contratado asesores, en su mayoría amiguetes, que han debido asesorar bastante mal o a los que no se les ha hecho mucho caso a juzgar por el resultado de la gestión, que se han paseado día tras día como los dueños del cortijo utilizando los coches de alta gama, con chóferes, que pagábamos todos y que han gastado nuestro dinero como el suyo propio, a pesar de ello, esos portavoces continúan defendiendo lo indefendible, atacando al gobierno de Cospedal que está tratando de poner orden en unas cuentas que han sido esquilmadas año tras año por el Partido Socialista sin el más mínimo pudor y continúan mintiendo y atacando, anteponiendo una vez más su interés al interés general de los castellano manchegos. Esos políticos, que actúan como instrumentos de la confusión, están intentando manipular a los dependientes de la región, sin dar ninguna explicación política a la ciudadanía por su mala gestión y alentando al descontento social, utilizando la mentira, a la espera de que a fuerza de repetirla cuele como si fuera verdad.

Fuente: Grupo Municipal PP

Fuente : lacomarcadepuertollano.com

sábado, 22 de octubre de 2011

SEVILLA - REVISIÓN DE EXPEDIENTES CADA TRES AÑOS

La Junta alega que la Ley de Dependencia "obliga" a revisar los expedientes cada tres años y acusa a Soto de "mentir"

El director gerente de la Agencia de Dependencia y Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Julio Coca, ha avisado a la portavoz del PP andaluz, Rosario Soto, de que la propia Ley de Dependencia "obliga" a revisar "de oficio" cada tres años los expedientes de las personas dependientes que gozan de planes individuales de actuación con su correspondiente prestación o servicio.

A tal efecto, ha criticado la "desvergüenza política sin límites" de Soto, porque "miente por religión, quedándose en la anécdota y utilizando a las personas más desfavorecidas en una mezquina política de manipulación".

Ante las acusaciones de Soto, que esgrimiendo una revisión de oficio emprendida por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social sobre los servicios de los que goza una persona dependiente radicada en Almería ha alertado de un nuevo "recorte social" a manos del Gobierno andaluz, Julio Coca ha lamentado la "mentira, la manipulación y el detalle" que caracterizan el discurso del PP de Andalucía.

REVISIONES DE OFICIO E INSPECCIONES

Y es que, según ha defendido Julio Coca, la propia Ley de Dependencia "obliga a revisar los expedientes una vez transcurridos tres años" del reconocimiento del grado y el nivel de dependencia de una persona y la aplicación de un plan individual de actuación traducido en prestaciones o servicios. Igualmente, ha señalado que la aplicación de esta ley mediante las correspondientes prestaciones o servicios está acompañada de "una labor inspectora que persigue ver si el servicio que una persona recibe es el más adecuado a su situación".

Por eso, ha lamentado que Soto "se quede en la anécdota y utilice a las personas más desfavorecidas", en alusión al caso expuesto este sábado por la dirigente popular. En ese sentido, ha defendido que los "datos objetivos y rigurosos" prueban que Andalucía aplica "bien" la Ley de Dependencia, con 192.700 personas con dependencia reconocida y unas 254.000 prestaciones o servicios en favor de estas personas.

"Madrid y Valencia juntas tienen más de tres millones de habitantes más que Andalucía, pero aquí tenemos 110.000 personas más atendidas que estas comunidades", ha dicho señalando, además, que en Andalucía "hay atendidas más personas" mediante la Ley de Dependencia que en las comunidades de Valencia, Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia". "Estos son cantidades objetivas frente a la mezquindad", ha aseverado.

Fuente : europapress.es/andalucia

NACE LA COORDINADORA ESTATAL DE PLATAFORMAS LEY DE DEPENDENCIA

Nace la Coordinadora Estatal de Plataformas Ley de Dependencia

Después de la reunión mantenida, en el Hotel Husa Chamartin (MADRID), se crea la Coordinadora Estatal de Plataformas Ley de Dependencia cuyo primer manifiesto es el siguiente: En primer lugar agradecer a la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (AEDYGSS), y a su presidente, José Manuel Ramírez, la oportunidad que nos ha dado de poder presentar la Coordinadora.

La “Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Aplicación de la Ley de Dependencia” nace de la demanda que está habiendo de plataformas y colectivos de CCAA ante la mala gestión en la aplicación de la Ley y la discriminación que sentimos respecto a otras CCAA del estado español, que sin considerar el color de sus gobiernos han demostrado que con voluntad política, y las inversiones necesarias en Servicios Sociales, se puede aplicar correctamente la Ley y atender adecuadamente a las personas en situación de dependencia.

Tenemos el propósito de aunar esfuerzos para detectar los problemas comunes, y en su caso diferentes, que trae consigo el desarrollo de la Ley en cada CCAA; así como proponer acciones reivindicativas conjuntas de todas las Plataformas que formen parte de la Coordinadora Estatal.

Nos solidarizamos con l@s compañer@sde la Plataforma de CLM y denunciamos los ataques que vienen sufriendo por parte de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

Nos adherimos a la “Alianza en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales” y participamos de sus planteamientos y objetivos, comprometiéndonos a colaborar activamente en lo posible para sus fines.

Es nuestro objetivo participar en la discusión de las nuevas Leyes de Servicios Sociales en las CCAA que tienen pendientes su elaboración y aprobación: Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, etc.

Como Coordinador Estatal ha sido elegido por unanimidad, Jaime Esteban García Vilar (Coordinador Plataformas Comunidad Valenciana) y como responsable de la página web, que se va a crear para tal fin, Enrique Rivas (Portavoz Plataforma de Castilla la Mancha).

Plataformas constituyentes:

- Observatorio Social de la Dependencia de la Comunidad de Madrid.

- Plataforma por la Dependencia en Alcorcón.

- Plataforma Ley de Dependencia Castilla La Mancha.

- Plataformas Dependencia SAD Jerez-Cádiz.

- Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia y Asuntos Sociales Torrejón de Ardoz.

- Plataforma de Madrid.

- Plataformas en Defensa Ley de Dependencia Comunidad Valenciana.

Fuente : oretania.es

jueves, 20 de octubre de 2011

MURCIA - UN FUTURO PARA LA DEPENDENCIA

Los expertos analizan en 'lvdebate' la marcha de la ley cuatro años después de su aprobación

Hablan los expertos


JUAN SITGES PTE. FUNDACIÓN CASER
«Necesitamos evaluar el sistema de la Dependencia y hacer estimaciones para el futuro»

MIGUEL ÁNGEL MIRALLES DIR. OFICINA DE LA DEPENDENCIA
«Hay que revisar el sistema y asegurar una financiación estable»

INÉS GIL GERIATRA
«Faltan centros de estancias diurnas, una alternativa a la residencia y al domicilio»

FRANCISCO MARTÍN MÉDICO DE FAMILIA
«Los médicos de familia recibimos muy poca información; falta coordinación».

La Ley de Dependencia es, por el mero hecho de su puesta en marcha, un «éxito» que abre las puertas a nuevos derechos para los ciudadanos. Pero, cuatro años después de su entrada en vigor, presenta lagunas, problemas de financiación y ausencia de previsiones. Por eso, se necesita introducir mejoras para hacer frente a un futuro en el que habrá cada vez más personas en situación de dependencia.

Estas son algunas de las conclusiones a las que llegaron los expertos que el martes abordaron en 'lvdebate' de laverdadtv los cuatro años de Ley de Dependencia y los retos para el futuro. En el plató estuvieron Juan Sitges, presidente de la Fundación Caser para la Dependencia; Miguel Ángel Miralles, director de la Oficina de la Dependencia; Inés Gil, responsable de Geriatría del Hospital Santa Lucía de Cartagena, y Francisco Martín, médico de familia y representante de la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SMUMFYC).

Los cuatro expertos respondieron a las preguntas de Antonio Semitiel, director y presentador de 'lvdebate', y Javier Pérez Parra, redactor de Sanidad y Política Social de 'La Verdad'.

El sistema de la Dependencia se enfrenta a un futuro marcado por el envejecimiento de la población y el incremento de la incidencia de enfermedades incapacitantes como el alzhéimer. Juan Sitges, presidente de la Fundación Caser para la Dependencia, destacó que es necesario establecer «estimaciones a futuro» para poder prever las necesidades. «Sabemos qué porcentaje de la población tendrá más de 65 años en 2050 pero, ¿cuántos sufrirán algún grado de Dependencia?», se preguntó.

Para afrontar el futuro es necesario también analizar el camino recorrido hasta ahora. «Tenemos que aprender de los errores», subrayó Sitges. El sistema de la Dependencia todavía tiene pendiente una valoración en profundidad de la calidad de los servicios que se ofrecen y del grado de satisfacción de los usuarios. Para que el análisis sea correcto, es también fundamental un ejercicio de «transparencia», destacó el presidente de la Fundación Caser.

Mejor prevenir

El objetivo de la ley es, como queda claro en el propio texto legislativo, la promoción de la autonomía de la persona en situación de dependencia. Pero este aspecto parece haber quedado relegado en favor de lo meramente asistencial.

El 66% de las familias murcianas con dependientes a su cargo optan por la ayuda económica al cuidador (una paga mensual de entre 300 y 500 euros) y solo un 6% pide un centro de día. Un 7% opta por una residencia, y un 3% recibe una prestación vinculada al servicio, lo que significa que ocupa una plaza en alguna residencia o centro de día que no es pública pero por la que recibe la ayuda de la administración.

Miguel Ángel Miralles, director de la Oficina para la Dependencia, destacó los intentos de los últimos años por reducir el porcentaje de prestaciones económicas (se ha descendido desde más del 80% al 66%), y recordó además que la Consejería no puede negar la paga mensual «a quien cumple los requisitos que están en la ley». Miralles defendió el «esfuerzo» que la puesta en marcha de la Dependencia ha significado para la Administración regional.

Además, denunció los problemas de financiación de la ley, porque «el 70% de los fondos provienen de la comunidad autónoma frente al 30% que llegan del Estado».

Papel de los sanitarios

Uno de los retos de la ley, advirtieron los expertos, es mejorar la coordinación sociosanitaria. Inés Gil, responsable de Geriatría del Hospital Santa Lucía, y Francisco Martín, médico de familia y representante de la SMUMFYC, denunciaron la falta de información que reciben los médicos y su marginación en el proceso de valoración de las personas dependendientes. «Los trámites a los que se enfrentan las familias son muy complejos y los médicos de familia recibimos muy poca información», lamentó Francisco Martín.

Inés Gil denunció la falta de políticas para mejorar la prevención, un aspecto fundamental que permitiría evitar o retrasar muchas situaciones de dependencia. «Faltan alternativas entre la residencia y el domicilio. En Cartagena no hay nuevas plazas de centros de estancias diurnas», advirtió.

En 'lvdebate' participaron también los representantes de Feafes, Famdif y Feaps, las tres federaciones que representan a discapacitados y enfermos en situación de dependencia. Las tres denunciaron la reducción de los fondos públicos que reciben y el peligro en el que se encuentran algunos de los servicios que ofrecen.

Fuente : laverdad.es/murcia

LA GOMERA - EL PP PIDE EXPLICACIONES POR LA MALA GESTIÓN DE LA LEY

El PP pide explicaciones por la mala gestión de la Ley de Dependencia en La Gomera

La diputada del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias por la isla de La Gomera, Milagros Bethencourt, ha preguntado al Gobierno de Canarias sobre el grado de aplicación de la Ley de Dependencia en la isla Colombina ante el descontento que la misma está generando entre los gomeros. “No entendemos que los ciudadanos estén quejándose permanentemente del fracaso de la aplicación de esta ley en la isla mientras que la consejera afirma que se está cumpliendo con mínimos retrasos y que ha sido mal interpretada por los ciudadanos”, señaló la diputada popular.

Milagros Bethencourt afirmó que “en este sentido y para aclarar estas diferencias de opinión hemos pedido a la consejera de Bienestar Social que nos informe de las solicitudes pendientes de resolver en La Gomera para poder acogerse a la ley de Dependencia, así como la relación de beneficiarios con resoluciones aprobadas a los que no se les ha hecho efectiva la ayuda a la que tienen derecho”.

“Nos parece grave que a estas alturas de vigencia de la ley la consejera del Gobierno de Canarias no haya sido capaz de implantar totalmente la ley y mantenga a muchos gomeros confusos sobre sus derechos y a la espera de una resolución a sus problemas de dependencia que se eterniza por la lentitud de la burocracia”.

Así mismo, la diputada del Partido Popular se ha interesado ante el responsable de pesca sobre el plazo que tiene previsto la consejería para convocar las subvenciones correspondientes al ejercicio 2011, a la pesca costera artesanal destinadas a reducir el esfuerzo pesquero mediante la adopción de medidas de carácter voluntario a través de la paralización temporal o definitiva de los barcos, establecidas en el Programa Operativo de Intervención Comunitaria del Fondo Europeo de Pesca de España para el periodo de programación 2007-2013.

“No es de recibo, criticó la diputada popular, que las citadas ayudas se publicaran el pasado año en el mes de agosto y este año el sector pesquero de la isla vea como se acaba el ejercicio y todavía no las hayan convocado”

Del resto de las primeras 14 iniciativas presentadas en la Cámara regional por la representante popular de La Gomera, Milagros Bethencourt destacó la dirigidas a conocer el nivel de fracaso escolar en centros educativos de la isla o el número de pacientes en lista de espera para ser atendidos en el hospital de Nuestra Señora de Guadalupe y los datos del desempleo que azota la isla de La Gomera como consecuencia de la nefasta gestión del Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero.

Fuente : gomeraverde.es

GUADALAJARA - "LO QUE ESTÁ HACIENDO COSPEDAL ES UNA CANALLADA"

Pérez León: “Lo que está haciendo Cospedal con las personas dependientes es una canallada”

La portavoz del PSOE en la Diputación de Guadalajara, María Antonia Pérez León, anuncia que los socialistas presentarán mociones de apoyo a este colectivo en la Diputación y el Ayuntamiento de Guadalajara

La portavoz del PSOE en la Diputación de Guadalajara, María Antonia Pérez León1, ha asegurado que “es una canallada lo que está haciendo el Gobierno de Cospedal con las personas dependientes” al retener el pago de las ayudas que les corresponden por derecho.

El Grupo Socialista presentará mañana una moción para su debate en el pleno de la Corporación expresando su adhesión a la Plataforma por la Ley de Dependencia3 en Castilla-La Mancha y el rechazo a la actitud de la Junta de Comunidades. Un texto similar se presentará también en el Ayuntamiento de Guadalajara y en otros consistorios de la provincia.

“Esperamos que Antonio Román4 y Ana Guarinos5 no sean cómplices de esa canallada de su jefa y, al menos por una vez, se pongan al lado del débil. Porque lo que los dependientes de la región están pidiendo es muy sencillo: que se respeten los derechos que les otorga la ley, aprobada por todos los grupos políticos en las Cortes Generales; que Cospedal deje de jugar con ellos, que deje de maltratarlos, que deje de insultarlos, que pague las ayudas a las que tienen derecho en el plazo establecido, que no retenga el dinero que transfiere el Estado y luego lo maneje arbitrariamente, a su antojo, dando la orden de pago cuando cree que favorece a sus intereses políticos”, ha agregado la portavoz socialista.

El pasado mes de agosto, el Gobierno de Cospedal recibió más de 22 millones de euros del Estado para pagar la Ley de la Dependencia. Tales fondos son finalistas y no se pueden destinar a ningún otro asunto. Sin embargo, en vez de trasladarlo a sus destinatarios, Cospedal retuvo el dinero y acumuló un retraso de tres meses en unos pagos que son vitales para miles de personas de la región. Concretamente, en Guadalajara son más de 7.000 las familias afectadas.

“Estas ayudas son imprescindibles para que esas personas y sus familiares tengan unas condiciones de vida dignas, para que puedan acceder a terapias, a cuidados indispensables para sobrellevar sus enfermedades y sus discapacidades. No se puede jugar con ellos por intereses políticos como está haciendo Cospedal”, ha afirmado Pérez León.

Después de tres meses de espera, el Gobierno regional ha abierto la mano para librar dos de los pagos pendientes. Curiosamente, el primer pago se produce la víspera de una manifestación y el segundo dos días antes de la comparecencia que Cospedal tiene hoy ante el Pleno de las Cortes Regionales para explicar sus maniobras. Estos dos pagos demuestran lo que venía denunciando el PSOE: que el Gobierno regional tiene dinero para pagar, y que no lo hace por una decisión exclusivamente política.

“¿Cuándo va a volver a pagar esas ayudas? ¿Cuando a ella se le antoje, cuando crea que más le conviene a sus intereses políticos? No es de recibo que quienes tienen reconocido por ley el derecho a recibir estas ayudas, imprescindibles para cuidar de sus seres más queridos, no sepan cuándo van a pagarles porque eso depende del capricho de Cospedal?”, se ha preguntado la portavoz socialista.

Las mociones presentadas por el PSOE reclaman que el Gobierno regional pague los atrasos de la Ley de Dependencia, “y que no se vuelva a repetir este juego perverso de maltrato a las personas dependientes”. Además, piden que vuelvan a cumplirse otros aspectos de la ley evitando demoras en el ingreso de personas dependientes en residencias y en la integración de los solicitantes en el Sistema de Dependencia, que se están produciendo pese a tener toda la documentación en regla y haber superado en muchos casos los plazos establecidos.

También reivindican el mantenimiento de todas aquellas líneas de actuación de las que dependen los programas de servicios sociales y ayuda6 a la dependencia, tales como el Servicio de Ayuda7 a Domicilio, el Servicio de Teleasistencia8 o los programas de Envejecimiento activo para nuestros mayores.

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Magdalena Valerio9, ha recordado que “Castilla-La Mancha ha pasado de ser la comunidad que mejor aplicaba la Ley de Dependencia en toda España con el Gobierno de José María Barreda10, a dejar completamente desamparados a los dependientes de nuestra región y sus cuidadores con el Gobierno de Cospedal”.

Valerio ha indicado que, con estas medidas, la agenda oculta del PP ha dejado de serlo. “Cospedal ya se ha quitado la careta y ha puesto encima de la mesa una política de recortes para dar al traste con los derechos sociales. Castilla-La Mancha está siendo utilizada como banco de pruebas”.

Según la portavoz socialista, “en apenas cien días Cospedal puede colgarse la medalla de haber puesto en pie de guerra a los profesores, a los farmacéuticos, a las viudas, y las personas dependientes de toda la región”. En el caso de Guadalajara, la lista se completa con decisiones como la paralización del nuevo Hospital y el campus o del arreglo de la calle de Francisco Aritio. “Nadie en tan poco tiempo ha sido capaz de hacer tanto daño a nuestro sistema público de sanidad, educación y protección social. No sabemos si estará orgullosa de este logro”, ha sentenciado.

Deuda de Castilla-La Mancha

También se ha referido a la rebaja de la calificación de la deuda de Castilla-La Mancha para señalar que es la consecuencia directa de los continuos mensajes lanzados desde el PP para generar dudas sobre la situación económica de la región. “De aquellos polvos, estos lodos. Hay que recordar que un consejero de Cospedal llegó a decir que Castilla-La Mancha era la Grecia de España”.

Fuente : lacerca.com/noticias/guadalajara

CASTILLA LA MANCHA - LAS CORTES REPRUEBAN LA GESTIÓN DE BARREDA

Las Cortes reprueban la gestión de Barreda por la Ley de Dependencia

El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha reprobado hoy la "negligente e irresponsable" gestión realizada por el anterior gobierno regional por la denominada Ley de Dependencia y ha instado al Gobierno central a que pague la mitad del coste real de las prestaciones.

Esta resolución aprobada hoy con los votos del Grupo Popular y el rechazo del Socialista, se ha presentado tras el Debate General celebrado hoy en el Pleno de las Cortes regionales, en el que el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, ha denunciado que a final de 2011, el Gobierno regional habrá aportado 300 millones más que el central para este tipo de prestaciones.

De este modo, ha denunciado que el Ejecutivo nacional aportará este año menos del 25 por ciento para la ejecución de esta norma, mientras que el anterior Gobierno regional presupuestó para todo 2011 un total de 26 millones de euros en concepto de prestaciones económicas, una cantidad que, según sus datos, se había agotado en marzo.

Echániz ha sostenido que el modelo financiero elaborado para la Ley de Dependencia es "defectuoso" y ha afirmado que Castilla-La mancha "empezó a retrasar pagos en 2009 y en 2010 se registraron retrasos en pagos de cuatro meses y en prestaciones de casi dos meses".

El consejero ha lamentado la "politización" de la aplicación de la Ley de Dependencia, una cuestión que a su juicio se ha utilizado como "confrontación" en la que se ha querido "ocultar la parte negra", ya que ha criticado que en 2010 no se hizo la autoevaluación de la ley prevista.

Para mejorar la aplicación de la Ley, Echániz ha anunciado la reestructuración de todos los servicios de la Dirección General de Mayores y ha concretado que "desde hoy, su funcionamiento será por procesos y no por materias".

También ha propuesto mejorar la informatización de los servicios de dependencia, el sistema para que las prestaciones sean las que más se ajusten a las necesidades de los solicitantes y las prestaciones en los domicilios.

El consejero ha considerado que, debido a la situación económica que atraviesa la región, "no es de recibo que se exijan soluciones inmediatas" e incluso ha acusado al anterior Gobierno socialista de "dilapidar los recursos, que no dedicaron a los dependientes".

En este sentido, ha denunciado que "a los cuatro días" de tomar posesión del cargo recibió una carta del Ministerio de Sanidad en la que se instaba a la devolución del pago de prestaciones recibidas por dependientes que ya habían fallecido.

A pesar de esta "nefasta gestión" del anterior gobierno, Echániz se ha comprometido a mejorar la situación de los dependientes y se evitará que "se vuelvan a enviar encuestas de satisfacción a domicilios de fallecidos o en la que se preguntan por servicios que han dejado de recibir".

En cambio, la diputada regional del PSOE Matilde Valentín ha advertido que, desde que tomó posesión el nuevo Gobierno regional, "han empeorado todos los indicadores" relacionados con la Ley de Dependencia y ha pedido respeto a los beneficiarios de la norma, pues ha recordado que el equipo de gobierno acusó a la Plataforma de la Ley de Dependencia, que ha acudido al Pleno, de estar politizada y de beneficiar al PSOE.

Valentín ha advertido de que la actual crisis financiera es "la excusa perfecta" para beneficiar a los "aires liberales", aunque ha sostenido que "hay dificultades, pero con lo mucho o poco que se tenga, existe la obligación ética de no dejar en la cuneta a las personas más vulnerables", por lo que ha instado al Gobierno a dar prioridades en los pagos.

"No atenten contra la inteligencia de los castellanomanchegos", ha subrayado Valentín, tras preguntar al Gobierno "dónde están los 500 millones" de diferencia que se recogen en la ejecución presupuestaria y que indica, según sus datos, que la región ingresó unos 1.400 millones y gastó unos 800.

Por su parte, la diputada regional del PP Carmen Riolobos ha criticado al anterior gobierno de haber "horadado" los cuatro pilares básicos del Estado de Bienestar: la sanidad, la educación, las pensiones y los servicios sociales y ha valorado el "trabajo ingente" del consejero Echániz.

Ha acusado al PSOE de realizar una "oposición kamikaze que antes o después va a pasar factura" y les ha aconsejado "estar callados y apoyar al Gobierno" que "ha pagado, ha tapado muchos agujeros, ha atendido a muchos dependientes y les han dado un trato exquisito".

Fuente : abc.es/agencias/noticia

miércoles, 19 de octubre de 2011

MÁLAGA - 63 TRABAJADORES SOCIALES PARA 20.000 USUARIOS

Málaga solo tiene 63 trabajadores sociales para 20.000 usuarios

Los servicios municipales, colapsados por la crisis, registran 5.000 nuevas consultas en 2011 sin que aumente el personal


LAS CIFRAS

Ayudas económicas a familias. Las realizadas por los servicios sociales comunitarios hasta el 30 de septiembre ascienden a 168 ayudas de un total de 195.558 euros.

Prestaciones económicas de inserción social. 324 ayudas por un importe de 342.332 euros.

Prestaciones económicas de apoyo a la convivencia y autonomía personal. 723 por valor de 410.268 euros.

Emergencia social. 140.533 euros concedidos a través de 104 ayudas.

La crisis económica ha empujado a nuevas familias a solicitar ayuda a los servicios sociales. Constituyen la nueva pobreza, formada por personas que hasta ahora tenían una vida normalizada pero que, debido a la situación de desempleo, han iniciado el dramático camino hacia la exclusión social.

Pero la carga de trabajo extra de los servicios comunitarios, que se suma a los usuarios habituales con los que ya contaban antes de la crisis, no se ha correspondido con un aumento de los recursos.

Al margen de la Ley de Dependencia, Málaga solo cuenta con 63 trabajadores sociales para la atención básica de unas 20.000 personas al año, según datos facilitados ayer por el concejal del Área de Derechos Sociales, Francisco Pomares.

Unas 5.000 de estas personas atendidas son nuevos casos que requieren la apertura de un expediente. Es decir, que un solo trabajador social atiende, analiza la historia, busca las prestaciones adecuadas y realiza el seguimiento de más de 300 personas.

«En los últimos cinco años, el Ayuntamiento ha incrementado el presupuesto destinado a las ayudas sociales en un 300%, pasando de los 470.000 euros consignados en 2007 a los 1,5 millones presupuestados para este año», explicó Pomares, que criticó que ese esfuerzo está recayendo casi exclusivamente en las arcas municipales.

«Ahora más que nunca es cuando los malagueños necesitan nuestra ayuda y el Ayuntamiento no va a escatimar en este punto, pero lo cierto es que hemos tenido que suplir el dinero que han dejado de ingresar tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno Central para el Plan de Concertación», indicó.

En este sentido, criticó que la Junta haya recortado un 50% en el programa de zonas de intervención social, otro 50% en los programas de intervención con inmigrantes, el 5% para los equipos de tratamiento familiar y el 9,6% en la aportación al Plan Concertado, asfixiando a los servicios sociales comunitarios con 280.000 euros menos.

«No solo ha reducido su aportación, sino que no nos ha avisado de esta reducción y hemos conocido el tijeretazo en el presupuesto del año 2011 en el mes de septiembre; el dinero que ellos no van a poner y con el que contábamos lo vamos a tener que aportar nosotros para mantener las partidas», aseguró. Esto se une, continuó, a la reducción del 10% en el Plan Concertado del Gobierno central. «Cada administración tenía que aportar un tercio del presupuesto en este punto, pero nos encontramos que nosotros estamos poniendo el 70%», dijo.

Duplicar el personal

El Plan Concertado es precisamente el que determina el personal de los servicios sociales que, según denuncia Pomares se mantiene desde hace más de diez años sin que se incremente el personal.

«Por eso queremos que se haga una reforma de la Ley Andaluza de Servicios Sociales que reajuste los servicios sociales a la realidad; calculamos que habría que doblar los recursos para atender la demanda habitual, más aún cuando nos vemos desbordados por la crisis económica», indicó al tiempo que alabó a estos profesionales que están multiplicando los esfuerzos «sin rechistar» a pesar de las dificultades porque «saben que son el último recurso para miles de personas que acuden desesperadas a solicitar ayuda.

A fecha del 30 de septiembre, ya se han atendido a 16.929 personas que han recibido 1.430 prestaciones directas de más de un millón de euros -el 65% del presupuesto-, aunque la previsión es llegar a los 20.000 usuarios.

Muchos son derivados a ONG y entidades que realizan una labor social con las que colaboran

Fuente : diariosur.es

GRANADA - CULPAN AL AYUNTAMIENTO DE LOS RECORTES

Trabajadores de Ayuda a Domicilio culpan al Ayuntamiento de los recortes, por los que se movilizan el viernes

Los trabajadores de Clece, empresa concesionaria del Servicio de Ayuda a Domicilio en Granada capital y de la Ley de Dependencia de la Junta, han confirmado que se manifestarán este viernes contra el recorte previsto de un 33 por ciento en el precio del servicio, del que han culpado exclusivamente al consistorio dado que el Gobierno andaluz "paga por adelantado".

La manifestación, a la que están llamados también usuarios y familiares, partirá a las 12,00 horas desde la Delegación Provincial de Igualdad de la Junta de Andalucía y discurrirá por las calles de la ciudad hasta llegar al Ayuntamiento, según ha informado en rueda de prensa UGT, sindicato que ostenta la presidencia en el comité de empresa de Clece.

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Granada, Antonio Camacho, ha explicado que el recorte en el precio del servicio recogido en el pliego de condiciones para su adjudicación a una nueva empresa —aproximadamente 1,6 millones de euros menos— "no sólo supondrá despidos" sino que empeorará las condiciones laborales de los empleados que se queden y de los 3.000 usuarios dependientes.

A su juicio, el descenso de la aportación municipal obligará a escoger entre dos opciones: o se reduce el número de usuarios atendidos o se le dedican menos horas a cada uno, lo que en cualquier caso supone "un claro deterioro de la calidad del servicio".

Respecto al recorte previsto, Camacho ha querido aclarar que "es el Ayuntamiento de Granada el único responsable del mismo" y no la Junta, la cual mantiene el mismo precio que en ejercicios anteriores para dar cobertura a la Ley de Dependencia —13 euros la hora—. De hecho, ha asegurado que el Gobierno andaluz ya ha pagado el dinero correspondiente al año 2011, unos 14 millones de euros que se han pagado de forma adelantada cada dos meses.

Asimismo, el sindicalista ha lamentado que ante las reiteradas reuniones que UGT ha solicitado al Ayuntamiento de Granada para hablar del tema, "sólo se ha obtenido la callada por respuesta" y le ha instado a explicar qué destino le ha dado a los fondos autonómicos que no han sido gastados en el servicio, toda vez que mantiene "una deuda millonaria con Clece".

Por último, desde UGT han reclamado a la Junta de Andalucía que ejerza su labor fiscalizadora de estos fondos públicos, ya que "es su obligación controlar que el dinero de la dependencia se use para ese fin, y no para otro".

Fuente : 20minutos.es/noticia

CUENCA - EL HERRUMBLAR NO PUEDE SEGUIR PAGANDO

Ayuntamiento de El Herrumblar (Cuenca) no puede seguir pagando a trabajadoras de la dependencia y la ayuda a domicilio

La deuda que mantiene la Junta de Comunidades con el Ayuntamiento de El Herrumblar (Cuenca) está poniendo a la Corporación municipal en serias dificultades para mantener los servicios sociales que presta en el municipio, pues no puede seguir haciendo frente al pago de las nóminas de las trabajadores de la dependencia y ayuda a domicilio.

El Herrumbrar, una localidad con 800 habitantes, lleva nueve meses sin cobrar las ayudas acordadas con al Junta de Comunidades para desarrollar las ayudas de la Ley de Dependencia y el programa de ayuda a domicilio.

El Consistorio tiene ocho mujeres contratadas a media jornada para atender a 45 personas entre receptores de las ayudas a la dependencia y los beneficiarios del servicio de ayuda a domicilio.

El alcalde del municipio, Pascasio Plaza, ha asegurado en declaraciones a Europa Press, que la deuda del Gobierno regional con esta localidad asciende a unos 250.000 euros. Hasta ahora el Ayuntamiento ha adelantado el dinero para pagar a las trabajadoras, pero los fondos se han acabado.

Las ocho empleadas han cobrado todas las mensualidades excepto la de septiembre porque, según Plaza, si abonaba sus nóminas, tenía que dejar de pagar a los empleados propios del Consistorio. “Les he dicho que si no quieren trabajar, que no trabajen y que la gente se queje”.

El primer edil ha afirmado que se ha puesto en contacto con la administración regional, con Hacienda e incluso con la Federación de Municipios y Provincias pero nadie les da una solución. Asegura que siempre ha estado al corriente de pago con proveedores y trabajadores pero la situación “se está poniendo fea” e insta a la Junta a pagar “aunque sólo sea un 20%”.

Plaza es alcalde por el Partido Socialista pero asegura que él no es político, él es un “administrativo que trabaja las 24 horas del día” para atender las demandas de sus vecinos. Insiste en que nunca ha tenido problemas con nadie a pesar de haber gobernado durante los diferentes gobiernos nacionales, tanto del PSOE como del PP.

El primer edil ha lamentado que el Ayuntamiento está dando “una mala imagen” y ha criticado que nunca se había visto en una situación tan complicada.

Fuente : lacerca.com/noticias/cuenca

MURCIA - 12.000 PERSONAS EN LISTA DE ESPERA

Doce mil personas en lista de espera para acogerse ley de Dependencia

Doce mil personas se encuentran actualmente en lista de espera en la Región de Murcia para acogerse a la ley de Dependencia y otras 28.000 se benefician ya de esta normativa, ha dicho hoy en Cartagena el director de la oficina de la Dependencia, Miguel Angel Miralles.

Miralles, que ha presidido hoy en Cartagena una reunión técnica de la comisión regional de la Dependencia que evalúa el cumplimiento de esta ley en la región de Murcia, ha dicho también que no habrá recortes ni retrasos en el pago de las ayudas.

Ha agregado que las prestaciones se cobran a mes vencido y ha asegurado que la Administración regional está haciendo frente a sus obligaciones sin incidentes, salvo un retraso puntual ocurrido en julio.

Según Miralles, en la actualidad los beneficiarios de esta ley en la región de Murcia ascienden a 28.000.

Fuente : abc.es

CASTILLA LA MANCHA - LA JUNTA PAGA OTRO MES DE LA DEPENDENCIA

La Junta paga otro mes de la dependencia

La Junta realizó ayer el pago de una nueva mensualidad que supera los 11 millones de euros por las percepciones incluidas en la Ley de la Dependencia, derivadas de 27.708 expedientes.

En nota de prensa, la Junta indicó que este pago se realiza apenas 12 días después de que se ordenara el último abono, el pasado 6 de octubre, «lo que pone de manifiesto el extraordinario esfuerzo que está realizando el Gobierno de Castilla-La Mancha para cumplir con los pagos de la Ley de Dependencia».

El Gobierno regional abonó por este concepto de 11.525.070,19 euros, de los que 5.421.506,09 euros corresponden al Imserso, «es decir, casi tres veces menos que lo abonado por la Junta», criticó la Junta.

Por último, indicó que este último abono se ha realizado el mismo día en que las arcas del Ejecutivo castellano-manchego recibieron la parte correspondiente del Gobierno central. Por otro lado, la Plataforma de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha estudia acciones legales contra el consejero portavoz, Leandro Estaban, y contra el consejero de Presidencia, Jesús Labrador, por si sus declaraciones, «ofensivas, vejatorias y humillantes», fueran constitutivas de un delito de injurias.

Fuente : abc.es

TOLEDO - ESTE JUEVES A LAS CORTES

Un debate de la Ley de Dependencia y preguntas de educación, al pleno

Un debate sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha y hasta ocho preguntas orales sobre educación y actividad presupuestaria formarán el orden del día del pleno que se celebrará en las Cortes regionales el jueves, día 20, a partir de las 16.00 horas.

Así lo ha avanzado en rueda de prensa la secretaria primera de la Mesa de las Cortes, Cesárea Arnedo, que ha señalado que la sesión plenaria comenzará con un debate general sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia en la región, a petición del Grupo Socialista, con información previa del Consejo de Gobierno.

A continuación, los parlamentarios Cesárea Arnedo, José Molina, Carmen Rodrigo y Milagros Tolón formularán un total de ocho preguntas orales -siete del PSOE y una del Partido Popular-- sobre educación, actividades complementarias en el ámbito educativo, el cupo de profesores interinos y el presupuesto de la comunidad autónoma.

La secretaria primera de la Mesa de las Cortes ha realizado estas declaraciones tras la reunión de la Junta de Portavoces y la Mesa de las Cortes, que también ha calificado, entre otros asuntos, peticiones de documentación, debates generales y solicitudes de información.

Fuente : europapress.es/castilla-lamancha/noticia

viernes, 7 de octubre de 2011

MADRID - LA COMUNIDAD ATIENDE A 76.744 DEPENDIENTES

La Comunidad atiende actualmente a 76.744 dependientes, el 83% de los beneficiarios

El Gobierno regional atiende actualmente a 76.744 usuarios en situación de dependencia, lo que representa el 83 por ciento de los beneficiarios, trece puntos por encima de la media nacional, según los datos del Ministerio de Sanidad trasladados este jueves por el vicepresidente madrileño, Ignacio González, tras el Consejo de Gobierno.

González ha puesto de manifiesto que Madrid permanece en el primer puesto en atención residencial y de centros de día y en la segunda posición en lo que a servicios de atención domiciliaria profesional se refiere.

La Comunidad cuenta con un total de 32.094 plazas, de ellas 20.243 residenciales, y 11.851 en centros de día. Asimismo, tiene 38,414 usuarios de atención domiciliaria (17.283 de teleasistencias y 21.131 de ayuda a domicilio) y 22.137 usuarios perciben una prestación económica.

"Los datos confirman una vez más lo que hemos estado diciendo siempre: que el PSOE (cuando ha criticado a la Comunidad de Madrid por la Ley de Dependencia) sólo ha tenido como objetivo desgastar por cualquier medio al Gobierno regional", ha dicho el 'número 2' de Aguirre.

En esta materia, el Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves un gasto plurianual de 2,6 millones de euros para garantizar el mantenimiento de una residencia destinada a personas con enfermedad mental crónica en Navalcarnero.

Fuente : lavanguardia.com/local/madrid

CATALUÑA - AYUDAS INCOMPATIBLES CON LAS DE LA LEY DE DEPENDENCIA

La Generalitat calcula que 31 personas reciben ayudas incompatibles con la Ley de Dependencia

A algunos les está pidiendo que devuelvan la subvenciónes

El Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) de la Consejería de Bienestar y Familia de la Generalitat ha calculado este lunes que 31 personas reciben la ayuda «Viure en Família» incompatible con la subvención prevista por la Ley de Dependencia.

En declaraciones a Europa Press, fuentes de la Consejería han precisado que este volumen de personas (a quienes se les ha enviado cartas reclamando el dinero generado por la duplicidad) puede incrementarse en los próximos días, ya que el departamento trabaja en la revisión y ordenación de las llamadas nóminas, las ayudas que recibe cada beneficiario, lo que puede desvelar nuevos casos.

Estas fuentes han subrayado que se trata de la gestión realizada por el anterior Gobierno, que concedió ayudas por dependencia a personas que ya recibían la ayuda «Viure en Família», y que son incompatibles, algo que la Consejería liderada por Josep Lluís Cleries asume como un «error» de la misma Administración.

No obstante, estas fuentes han remarcado que, como el dinero dado a los beneficiarios pertenece al erario público, «legalmente» debe devolverse, aunque en cada caso concreto pueden pactarse soluciones personalizadas y cuotas muy pequeñas de devolución.

Estas 31 personas recibirán en los próximos días (algunas de ellas ya lo han hecho) una carta del ICASS en las que se les informa de la deuda contraída con la Administración, como es el caso del padre de un menor de 17 años (afectado por tetraplejía distónica), a quien la Generalitat le ha reclamado la devolución de 8.456,07 euros, al haber sido beneficiario simultáneamente las dos prestaciones entre 2007 y 2011.

Asimismo, la madre de una chica de 12 años con un 80% de discapacidad sensorial, física e intelectual ha recibido una carta a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que la Generalitat le reclama 10.241,04 euros por haber estado cobrando ambas ayudas entre 2007 y 2011.

La madre de esta chica ha explicado que no piensa devolver este dinero porque se deba a una «disfunción» de la propia Administración y ha explicado que ha puesto el asunto en manos del Defensor del Pueblo catalán, que a su vez le ha instado a poner un recurso ante la carta del departamento.

Fuente : abc.es

BALEARES - MÁS DE 10.000 BALEARES RECIBEN PRESTACIONES

Más de 10.000 baleares reciben prestaciones de la Ley de Dependencia

En Balears hay 10.458 personas beneficiarias de prestaciones de la Ley de Dependencia, lo que supone un 0,95 por ciento de su población en relación al número de habitantes, según datos del Imserso a 1 de octubre.

El porcentaje de personas con prestaciones de la Ley de Dependencia en relación a la población a nivel nacional es del 1,57 por ciento.

Balears se encuentra en cuanto a número de beneficiarios por detrás del Principado de Asturias (14.095) y por delante de otras como Canarias (10.265); Comunidad Foral de Navarra (8.073); y La Rioja (7.869), además de Ceuta y Melilla (1.981).

Fuente : diariodeibiza.es/pitiuses-balears

CASTILLA LA MANCHA - PLATAFORMA DE LA LEY SALE A LA CALLE PARA DENUNCIAR IMPAGOS

La Plataforma de la Ley de Dependencia sale a la calle para denunciar impagos

La Plataforma de la Ley de Dependencia saldrá a la calle el domingo en Toledo para denunciar los impagos por parte de la Junta de Comunidades de las ayudas a los beneficiarios que se remontan a julio y no ha descartado emprender acciones judiciales e incluso iniciar huelgas de hambre.

El portavoz de la plataforma, José Luis Gómez, ha explicado en conferencia de prensa que la manifestación, que partirá al mediodía del Corralillo de San Miguel para llegar a Zocodover donde se leerá un manifiesto de denuncia, denunciará el impago de un total de 33 millones de euros en ayudas a dependientes y exigirán que se abonen todas las deudas, que se acumulan desde julio.

Gómez ha adelantado que una miembro de la plataforma también estudia la posibilidad de plantear una demanda por impago a la Junta de Comunidades, una denuncia que, si prospera, sería la primera vez que se admitiera contra una administración pública.

Tampoco ha descartado la posibilidad de que algunos miembros inicien una huelga de hambre "pública, porque desgraciadamente el Gobierno ya ha obligado a hacer huelga de hambre en privado, en casa".

Por otro lado, ha subrayado que es falsa la información aportada por la Junta de Comunidades, que ha sostenido que hoy ha comenzado a ingresar el pago del mes de julio de la Ley de Dependencia, un total de 11.167.987 euros.

Gómez ha explicado que "a las 14.00 horas, la Tesorería de Economía y Hacienda no tenía contabilizados los pagos de la Ley de Dependencia", por lo que ha añadido que "difícilmente se puede liberar un pago que no tiene contabilizado".

"Es mentira", ha asegurado Gómez, quien ha calificado de "casualidad" que este anuncio se haga "dos días antes de la manifestación" y ha comentado la posibilidad de que se haga este anuncio para que desistan de la manifestación del domingo.

Ha incidido en que el pago de estas ayudas depende "solo de la voluntad política" de la Junta de Comunidades, pues ha indicado que el Gobierno libera el pago para todas las autonomías el mismo día y los impagos solo se han dado en Castilla-La Mancha.

Fuente : abc.es

ARAGÓN - UNANIMIDAD EN AGILIZAR RESOLUCIÓN DE PRESTACIONES

Unanimidad en agilizar la resolución de las prestaciones por dependencia

Las Cortes de Aragón han pedido hoy por unanimidad al Ejecutivo autonómico que agilice la resolución de las solicitudes de los aragoneses con derecho a prestaciones de la Ley de Dependencia.

Así lo han respaldado todos los grupos al apoyar un proposición no de ley defendida por el PSOE y transaccionada con el PP, que tiene como objetivo, según el portavoz socialista, Javier Sada, agilizar la recepción de estas prestaciones después de que Aragón haya bajado del cuarto al octavo puesto en la aplicación de esta ley desde que las ayudas las gestiona el nuevo gobierno.

Sada ha recordado que hasta ahora ha habido "dos velocidades" en la aplicación de la Ley de Dependencia en las distintas autonomías, y se ha mostrado "preocupado" por la, a su juicio, ralentización del ritmo en Aragón.

Ha dicho que no han entrado nuevos usuarios al sistema, mientras que la portavoz del CHA, Nieves Ibeas, ha agregado que hay tardanzas en la revisión del grado y dificultades en la tramitación.

La diputada del PP Carmen Susín ha recordado que se trata de un derecho "subjetivo" y que los créditos que lo financian están garantizados y son ampliables.

Pero también ha achacado los retrasos a la mala gestión del PSOE al frente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, cuya situación presupuestaria "ha impedido asumir nuevos compromisos de gasto" y, por lo tanto, generar las debidas protecciones.

Éstas, ha insistido Susín, se pagarán, pero antes el Gobierno debe de poner a disposición del IASS el crédito correspondiente. "Dejen trabajar al Ejecutivo", ha dicho.

Fuente : abc.es

lunes, 3 de octubre de 2011

C,VALENCIANA - 1.500 EXPEDIENTES DE 2007 Y 2008 ATASCADOS

1.500 expedientes de dependencia de 2007 y 2008 están atascados

El Consell traslada a las plataformas de afectados que pagarán a mes vencido

Unos 1.500 expedientes de personas que solicitaron las prestaciones que contempla la ley de Dependencia durante los años 2007 y 2008 se encuentran encallados en la burocracia de los despachos de la Consejería de Justicia y Bienestar Social y pendientes de resolver. Unos 500 corresponden a solicitudes de 2007 y otros 1.000 son de 2008. Ello supone que hay personas que presentaron la solicitud el año en el que la norma comenzó su andadura (2007) y aún se encuentran a la espera de una respuesta de la Administración. Otros, correspondientes a los dos años, habrán fallecido durante el proceso.

Bienestar Social culpa al Gobierno de los problemas de financiación

El departamento que dirige Jorge Cabré trasladó ayer esta información a las plataformas provinciales que agrupan a los dependientes y sus familiares en una reunión que mantuvieron en las dependencias de la consejería.

El encuentro, que según los miembros de las entidades ciudadanas transcurrió en un ambiente de cordialidad por parte del consejero, sirvió para confirmar una situación que afecta a todas las parcelas de gobierno de la Generalitat, y que consiste en que "no hay dinero", como apuntó el coordinador de las plataformas Jaime-Esteban García. Cabré se excusó al indicar que el día de pago no es de su competencia ya que "depende de una orden de Tesorería".

Todo ello se ha traducido no solo en un notable retraso en el pago de las prestaciones a las personas a las que se les ha reconocido el derecho a percibirlas, sino en una demora en la liquidación a quienes ya habían comenzado a cobrar las ayudas, una situación que se hace más evidente en el caso del pago a los cuidadores familiares. A este respecto, la consejería admitió los problemas de caja que tiene, relacionados con la falta de liquidez generalizada en la hacienda valenciana, y se comprometió a pagar durante el mes siguiente al correspondiente a las ayudas. De esta forma, las prestaciones de septiembre se pagarán a lo largo de todo el mes de octubre.

La consejería responsabilizó de esta situación al Gobierno central, al que acusó de no asumir la responsabilidad que le corresponde en la financiación de la ley y hacer cargar la mayoría del peso económico a la Generalitat.

En el encuentro, Bienestar Social se comprometió a reconocer la retroactividad en el pago de en todos los expedientes aprobados a partir de marzo de 2011. Las personas a las que se les concedieron las ayudas antes de esta fecha tendrán que recurrir para poder recibir las prestaciones.

Los representantes de las distintas plataformas valoraron "la voluntad de explicación, de hacerse entender y el interés y las ganas de colaborar" del consejero, pero recordaron que su política es "continuista" respecto a sus antecesores.

Por su parte, el consejero avanzó que la asignación para atender a la dependencia "no se verá reducida en los presupuestos de la Generalitat para 2012". La Generalitat financia 50.527 prestaciones para 43.922 personas, comentó. Además, añadió que el último año la Administración ha aumentado un 51% las prestaciones con una caída de ingresos del Estado del 18%.

Fuente : elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana

MADRID - CONSEJERO DE ASUNTOS SOCIALES DISPUESTO A "IR A PLEITO"

Salvador Victoria, dispuesto a ir a pleito para reclamar al Gobierno el dinero que le corresponde poner para dependencia

El consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, se ha mostrado dispuesto a "ir a pleito" para reclamar al Gobierno central el dinero que le corresponde pagar con motivo de la Ley de Dependencia.

En declaraciones a Europa Press, Victoria ha explicado que, aunque al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad le corresponde aportar el 50 por ciento de la financiación, sólo está poniendo el 20 por ciento mientras que la Comunidad de Madrid paga el 80 por ciento restante.

"El Estado ha puesto en marcha una Ley y tendrá que hacerse responsable de la parte que tiene que financiar. Si hay que ir a pleito, por supuesto que iremos. No descarto ningún tipo de medida, no sólo política sino también judicial, para reclamar la parte que corresponde", ha subrayado el consejero, al tiempo que ha remarcado que no reclama "para la administración sino para los dependientes".

En cualquier caso, se ha mostrado esperanzado con respecto a un posible cambio de Gobierno como consecuencia de las elecciones del próximo 20 de noviembre. "Espero que el nuevo ministro sea más sensible que la ministra actual y sea él el primero que dé un paso para sensibilizarse con la situación de los dependientes en toda España", ha deseado.

Y es que, según ha explicado, una de las primeras cosas que hizo al llegar al cargo este año fue "pedir una reunión a la ministra para hablar de financiación" sin que se haya producido ese encuentro.

EL 83,3% RECIBEN SUS PRESTACIONES

Victoria ha dado a conocer los últimos datos de valorados en la Comunidad de Madrid, que ascienden al 97 por ciento y ha cuantificado en un 83,3 por ciento el porcentaje de personas que "reciben ya una prestación". "Estamos 13 puntos por encima de la media nacional, que está en un 70 por ciento de atención", ha apostillado.

No obstante, el consejero ha reconocido que "hay que mejorar porque hay casi un 17 por ciento de madrileños valorados que todavía no están siendo atendidos". "Si a mí el Estado me pagara el 50 por ciento del dinero, seguramente ya estaría atendido ese 17 por ciento de dependientes", ha lamentado.

"Del 83,3 por ciento de atendidos, hay que destacar dos cosas: el 30 por ciento recibe más de una prestación, siempre que sean compatibles; y, en segundo lugar, la apuesta de la Comunidad por prestaciones de calidad", ha precisado.

"Mientras que comunidades como Andalucía dan un 'taloncito', aquí somos la comunidad con más plazas residenciales de toda España (una de cada cinco está en Madrid) y la segunda en ayuda a domicilio en teleasistencia", ha concluido.

Fuente : lavanguardia.com/local/madrid

EXTREMADURA - OFICINA EN DEFENSA DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES

Abren la primera oficina extremeña en defensa de las personas dependientes

El sindicato UGT ha abierto en Cáceres la primera oficina de Extremadura especializada en la atención de personas dependientes o con discapacidad, unas instalaciones que quieren reducir las dificultades de los usuarios para el reconocimiento de su discapacidad por parte de la administración.

En concreto, la oficina desea reducir los tiempos de espera a los que se enfrentan las personas que piden una ayuda al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), según ha explicado el secretario de Acción Social de UGT Extremadura, Nereo Ramírez, en rueda de prensa.

La oficina ofrecerá estos servicios de manera gratuita, mientras que los ciudadanos interesados en recibir asesoramiento jurídico especializado en esta materia deberán afiliarse.

Ramírez ha comparecido en compañía del secretario de la unión comarcal de Cáceres del sindicato, Alejando Alonso, quien ha insistido en que la prestación por dependencia es un derecho reconocido por la Ley de Dependencia extremeña.

Según ha dicho, supone además uno de los "refugios" que generan empleo y facilitan la propia autonomía de los familiares con personas a su cargo.

Las oficinas, que funcionan desde hoy en la sede del sindicato en Cáceres, serán gestionadas por afiliados al sindicato, que trabajarán de manera voluntaria sin recibir una remuneración.

Las instalaciones funcionarán en horario de mañana, de lunes a viernes, y no estarán financiadas por ninguna administración pública, han explicado los representantes sindicales.

Por otro lado, el secretario de Acción Social de UGT ha señalado que la iniciativa se incluye en una campaña de ámbito estatal en defensa del estado de bienestar que lidera esta organización junto con CCOO.

Según ha recalcado, se han planteado una serie de recortes que pueden mermar los "cimientos del estado de bienestar", de manera que la oficina quiere "hacer valer" el derecho que tienen los enfermos a la atención a la dependencia en el caso de Extremadura.

El responsable sindical ha destacado que "existen comunidades autónomas que están atentando contra el estado de bienestar", en referencia a la educación en Madrid y la sanidad en Cataluña

Fuente : abc.es

domingo, 2 de octubre de 2011

C.VALENCIANA - RESOLUCIÓN EXPEDIENTE DE UNA FALLECIDA

El Síndic pide al Consell que dé las ayudas a una mujer fallecida dependiente.

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, recomendó ayer a la Conselleria de Justicia y Bienestar Social que proceda, "a la mayor brevedad posible", a resolver el expediente de una mujer dependiente fallecida, reconociendo las prestaciones económicas que le hubieran correspondido desde el día siguiente al de la solicitud (15 de enero de 2009) hasta la fecha de su muerte (24 de febrero de 2011) y se notifique a los familiares.

El Síndic realizó esta recomendación tras la queja de la hija de fallecida, en la que le indicaba que el 15 de enero de 2009 solicitó la valoración de su madre, a efectos de percibir las ayudas y prestaciones previstas en la Ley de Dependencia.

Sin embargo, la mujer dependiente murió el pasado 24 de febrero, sin que se hubiese resuelto su expediente y, por lo tanto, sin que se le hubiesen reconocido las ayudas y prestaciones.

José Cholbí señala que el Consell aprobó el Decreto 18/2011, el 25 de febrero, por el que se establece el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes, y señala que el plazo máximo para resolver es de seis meses, mientras que los efectos económicos de la resolución favorable lo son desde el día siguiente a la presentación de la solicitud.

El defensor del pueblo valenciano destaca que "la falta de cumplimiento de los plazos para resolver expedientes conlleva la inobservancia de la normativa aplicable al respecto", puesto que vulnera lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo.

Fuente : levante-emv.com/comunitat-valenciana

LOS DEPENDIENTES IMPOTENTES ANTE EL IMPAGO

Los dependientes se ven impotentes ante el impago

Castilla-La Mancha (PP) lleva tres meses sin pagar las dotaciones a los beneficiarios

El País Valencià era una de las autonomías que peor gestionaban el sistema de dependencia, hasta que los impagos de Cospedal han superado cualquier expectativa. juan navarro

El concepto de derecho subjetivo pierde toda su fuerza cuando su incumplimiento empuja al ciudadano a acudir a la justicia como único recurso. Por eso se sienten impotentes los dependientes de Castilla-La Mancha, que desde hace tres meses no cobran las ayudas económicas que les corresponden. Sí, en un papel consta que son beneficiarios de un derecho garantizado por ley, pero ¿qué pasa cuando la Administración no lo hace efectivo? ¿Qué pasa cuando sus quejas chocan contra un muro, cuando su autonomía dice que no tiene dinero para pagarles lo que les corresponde?

Por mucha fuerza legal que tenga el derecho subjetivo, en la práctica sólo un juez puede obligar a una Administración a cumplirlo. Y eso implica tiempo y mucha fuerza moral. El dependiente debería presentar un recurso de alzada contra la Administración. Si en tres meses esta no resuelve, la persona dependiente tiene seis meses para acudir a un juzgado de lo contencioso-administrativo. Si la Administración contesta pero el dependiente no queda satisfecho, tiene dos meses para reclamar a los juzgados, detalla la abogada miembro del foro Justicia y Discapacidad, Josefa García.

La única vía para exigir el derecho subjetivo es recurrir a los tribunales
La lentitud de la justicia

Pero la justicia española no brilla por su rapidez y los familiares de dependientes no tienen tiempo, ganas ni recursos económicos para afrontar un proceso judicial para conseguir algo que ya es suyo. "Tenemos que empezar a explicar qué es un derecho subjetivo, es el mismo derecho que el del paro, o que si un empresario te dice que no te paga", explica la secretaria para la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha.

No obstante, reconoce que la justicia es lenta y eso supone un freno a la hora de hacer efectivo el derecho. "Por eso se intentó que los casos de dependencia se trataran por los juzgados de lo social, porque son más rápidos y no se necesita procurador. Pero no fue posible y van por la justicia ordinaria", explica Fontecha. "Haría falta más dinero para contratar más personal en los juzgados de lo social", añade.

UGT señala que la dependencia es un derecho como el de cobrar el paro

"Es más efectivo salir a la calle que ir a los tribunales", afirma el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. Su asociación lleva años poniendo la cara roja a las autonomías que peor gestionan el sistema de atención a la dependencia.
Una situación novedosa

Hasta ahora, los casos que han llegado a los tribunales por la mala aplicación de la Ley de Dependencia se han debido a retrasos en el reconocimiento de la ayuda la espera se alarga de media hasta más de un año y al incumplimiento del sentido retroactivo de la ley. Ningún dependiente ha emprendido nunca una batalla legal por el impago de su ayuda porque hasta ahora, más allá de retrasos puntuales, no había habido impagos.

También para el Defensor del Pueblo, que año tras año registra un número creciente de quejas, esta situación es nueva. En general, explican en la institución, los dependientes suelen agotar todas las vías (protestas en la calle y la vía judicial) hasta que buscan el amparo del Defensor.

Y por ahora sólo han pasado tres meses desde que el recién constituido Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha dejara de pagar a los dependientes que ya recibían ayudas alegando falta de liquidez.

En los próximos días, una integrante de la Plataforma por la Dependencia de Castilla-La Mancha será la primera persona en reclamar ante los tribunales que se le reinstaure el derecho subjetivo del que ya era beneficiaria. También el presidente de la plataforma, Enrique Rivas, se plantea optar por la vía judicial.

Tras el eco que consiguieron con sus primeras protestas, los dependientes manchegos consiguieron que a mediados de septiembre la Junta les pagara el mes de junio. Ahora esperan los ingresos de julio, agosto y septiembre. Los dependientes se manifestarán el próximo día 9 en Toledo. Además, llevan semanas quejándose en los consistorios, algunos de los cuales ya les han apoyado, como el de Illescas (Toledo), del PP.

En la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de Castilla-La Mancha aseguran que van pagando al ritmo en que van cobrando del Gobierno central. El Gobierno de Cospedal obvia que es la única autonomía que incumple la norma, aún cuando el Estado hace efectivo el ingreso a todas las comunidades al mismo tiempo.
Opacidad autonómica

La financiación de la dependencia es, en parte, finalista, aunque reina la opacidad. El Gobierno central paga cada mes a las autonomías por el número de dependientes que atienden. Este es el monto de mayor peso. Además, cada año se ingresa una cantidad fija, que se define según la población, la extensión y otras características diferenciales entre las autonomías.

La Administración central y las autonómicas deben pagar a escote el coste del sistema, sin tener en cuenta el copago de los usuarios en algunos casos. Pero se desconoce la realidad. Las autonomías, que se quejan de que asumen un mayor peso que el Estado, no hacen pública su aportación al sistema.

"El sistema de financiación es opaco. No se sabe quién pone qué", critica Montserrat Cervera, una de las expertas que realizaron el estudio sobre el sistema que encargó el Congreso. Cervera apunta a que otro de los problemas del sistema es que nació con una previsión de gastos inferior al real. Se establecieron costes de infraestructuras por debajo de los reales y se previó un número de beneficiarios inferior al que luego ha resultado ser.

¿Y qué pasaría si la Administración, pese a una resolución judicial, alegase que no tiene fondos? Es un futurible sin precedentes, pero los dependientes temen que su indefensión se agrave.

Fuente : publico.es/espana

EL AGUJERO AUTONÓMICO

Los últimos ajustes acometidos en distintas comunidades autónomas han puesto en pie de guerra a algunos colectivos, como los farmacéuticos, los docentes o los sanitarios.

No son los primeros, ya que en los últimos ejercicios presupuestarios todas y cada una de las administraciones autonómicas han recurrido al tijeretazo para, entre otras cosas, poder cumplir con el compromiso de reducir el déficit y atender así el mandato de la Unión Europea.

Pero nunca hasta ahora los gobiernos regionales se habían atrevido a tocar los pilares básicos del Estado del bienestar, como la sanidad, la educación o los servicios sociales.

Aumento de las horas lectivas de los profesores, cierre de camas hospitalarias o retrasos en los pagos derivados de la Ley de Dependencia son ejemplos de medidas implantadas por algunos ejecutivos autonómicos y que, sin duda, van a protagonizar la campaña electoral para los comicios del 20N.

La tijera está ya preparada para afrontar un ejercicio, el de 2012, que por tercer año consecutivo contará con unos presupuestos autonómicos austeros.

Mientras se diseñan las cuentas, Efe ha recopilado algunas de las medidas que los gobiernos regionales han decidido poner en marcha para tapar el "agujero" autonómico. Más llamativas en Cataluña y Castilla-La Mancha y tan diversas como lo es el mapa territorial.

MADRID: SIN PROBLEMAS DE LIQUIDEZ

El Gobierno de Esperanza Aguirre no tiene problemas de liquidez, aunque los ingresos de la comunidad han menguado, según el Ejecutivo.

Pese al revuelo que ha causado la decisión de aumentar el número de horas lectivas y la reducción de los contratos de profesores interinos, Aguirre se ha comprometido a garantizar los servicios esenciales como la sanidad, la educación o los transportes y aplazará partidas dedicadas a otras materias.

ANDALUCÍA YA HA AHORRADO 600 MILLONES

De momento, la Junta de Andalucía ha podido disminuir su gasto en 600 millones de euros, y lo ha hecho con una reducción de los gastos operativos no vinculados a servicios esenciales (88,3 millones), con la mejora de la eficiencia del gasto farmacéutico (197), con una disminución de los gastos financieros (152) y con la reprogramación de las inversiones (161).

Es electoral para esta comunidad -las autonómicas se celebrarán en marzo- y no se prevén drásticas medidas más allá de unos presupuestos restrictivos pero que, tal y como ha adelantado el Gobierno de José Antonio Griñán, darán prioridad a las políticas de gasto social frente a las inversiones.

ARAGÓN: MÁS DE CIEN MEDIDAS MENORES PARA AHORRAR 105 MILLONES


Con más de un centenar de medidas pretende el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi ahorrar 105 millones de euros en esta legislatura.

Para ello, y sin afectar al gasto corriente sanitario, se limitarán la subvenciones públicas, no se repondrá ni se comprará mobiliario en ocho años y se controlará el carburante, las dietas, el parque móvil y el consumo eléctrico y de teléfono.

ASTURIAS: A LA ESPERA DE 1.250 MILLONES DEL ESTADO

Para cuadrar sus cuentas, el Gobierno de Francisco Álvarez Cascos confía en contar con los 1.250 millones que dice que el Estado debe a Asturias. Pocos anuncios hasta ahora, salvo el ahorro de casi 5 millones de euros anuales por la eliminación de órganos y altos cargos.

Casi 800.000 euros ahorrará con el cambio de gama de los coches oficiales, ha asegurado el Ejecutivo asturiano, que quiere poner en marcha un cheque-bebé de 2.000 euros a gastar en comercios del Principado. "Ni un paso atrás", ha dicho, en derechos sociales.

BALEARES: 800 DESPIDOS


El equipo de José Ramón Bauzá quiere eliminar 92 de las 168 empresas públicas de Baleares con el fin de ahorrar anualmente 115 millones. La cara negativa de esta medida, anunciada esta misma semana, serán 800 despidos de contratados laborales de la administración autonómica.

La positiva es que los proveedores de la comunidad podrán cobrar en dos años los 247 millones de euros que les debe el Govern.

CANARIAS: AHORRO DE 3.500 MILLONES EN CUATRO AÑOS

Nada más y nada menos que 3.500 millones ha ahorrado Canarias desde 2008, pero aún es insuficiente.

Por eso, el Gobierno que preside Paulino Rivero ha aprobado un plan que prevé agilizar las certificaciones de los fondos europeos para recuperar 61 millones.

También supervisará los desplazamientos entre islas de los altos cargos, controlará las subvenciones y no se cortará a la hora de reducir el salario de los empleados en función de las horas que no hayan cumplido.

CANTABRIA: TAPAR EL AGUJERO DE REVILLA


En 440 millones de euros ha cifrado el Gobierno de Cantabria el agujero que ha dejado el anterior Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla. De momento, el nuevo Gobierno de Ignacio Diego no ha anunciado grandes medidas, tan sólo un recorte de 100 millones que ha aplazado hasta que acuerde con el Ministerio de Economía las actuaciones para corregir el déficit.

CASTILLA-LA MANCHA: TIJERETAZO AL PRESUPUESTO

María Dolores de Cospedal fue la primera presidenta en presentar, tras el 22 de mayo, un plan de ahorro de 1.815 millones reduciendo el gasto público. De hecho, va a meter la tijera al presupuesto y lo rebajará en un 20 por ciento.

Al adelgazamiento de la administración se sumará la venta de edificios sanitarios o el aumento de las horas lectivas de los profesores.

Con un déficit superior al 4 por ciento del PIB, Castilla-La Mancha puso en pie de guerra a las farmacias, que llegaron a cerrar en protesta por los 163 millones que les debe el Gobierno. Cifra que se incluye en los 2.800 millones a los que asciende la factura del Ejecutivo con los proveedores.

CASTILLA Y LEÓN: TAMBIÉN A LA ESPERA DE 724 MILLONES DEL ESTADO

Dice la oposición socialista al Gobierno de Juan Vicente Herrera que en la comunidad se están llevando a cabo recortes "ocultos" en sanidad y educación. El Ejecutivo se defiende y asegura que la Junta se "ajusta al recorte que el Gobierno central impone".

Y es que el Estado le debe 724 millones de euros en concepto de financiación autonómica, es decir, que le ha "birlado" a cada familia de la región 1.110 euros, asegura la Junta.

CATALUÑA: LA MADRE DE TODAS LAS BATALLAS


El Gobierno de Artur Mas ha adoptado quizás las medidas más polémicas y ha puesto en pie de guerra a numerosos colectivos sociales tras el anuncio de algunas de estas decisiones o la amenaza de otras.

Entre ellas, el cierre de camas hospitalarias, quirófanos y servicios de urgencia nocturnos, la propuesta de reducir a la mitad la paga extra de Navidad al personal sanitario, la supresión de la sexta hora lectiva, la rebaja de la aportación a las universidades públicas, la reducción de ordenadores, la cancelación temporal de las ayudas por hijos menores de tres años o la reducción a 600 plazas para nuevos policías frente a las 800 previstas.

Hasta la cultura se ha visto afectada, con una reducción del 15 por ciento en las subvenciones, y las infraestructuras, con el aplazamiento de obras como la línea 9 de metro de Barcelona.

La Generalitat no descarta sumar a esto algunas privatizaciones. Al menos Mas ya lo ha sugerido.

COMUNIDAD VALENCIANA: NI DESPIDOS NI RECORTES SALARIALES

El nuevo presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha negado que se vayan a producir 800 despidos en la administración autonómica, aunque su consejero de Hacienda anunció días atrás a los sindicatos que el Consell suprimirá 704 puestos de trabajo y 165 liberados sindicales institucionales para ahorrar 31 millones.

De todos modos, el Gobierno valenciano ya ha aplicado este año recortes por valor de 1.800 millones de euros, aunque no descarta más medidas porque esa cifra podría ser insuficiente.

EXTREMADURA: CUADRAR LAS CUENTAS PERO NO A MARTILLAZOS


El Gobierno que preside José Antonio Monago ya ha anunciado que el presupuesto de su comunidad se rebajará el próximo año entre un 10 y un 20 por ciento, para lo que aplicará nuevos ajustes en el sector público que permitirán cuadrar las cuentas "pero no a martillazos".

Suprimir los privilegios a los funcionarios que sean altos cargos, anular las cláusulas indemnizatorias a los directivos y reducir sus sueldos, renegociar los alquileres de los edificios públicos (la Junta se gasta 150.000 euros mensuales en este concepto) y reducir a la mitad los gastos en publicidad, dietas y de representación son otras de las medidas de ahorro previstas.

GALICIA: BLINDAR EL GASTO SOCIAL

Es el objetivo de Alberto Núñez Feijóo, que sólo reducirá las partidas en educación, sanidad y servicios sociales un 0,4 por ciento, pero dejará de hacer infraestructuras porque disminuirá las inversiones en un 5,6 por ciento.

Su presupuesto para 2012 se quedará, en total, con 129 millones de euros menos que el de este año, con un endeudamiento adicional de 114 millones.

MURCIA: ANTES DE CERRAR UN QUIRÓFANO, CERRARÁ LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA


Es lo que ha aseverado el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, que sólo ha adelantado la rebaja de entre un 10 y un 18 por ciento en las cuentas de 2012, aunque no afectará a servicios "inamovibles" de carácter social.

NAVARRA: MÁS AGUJEROS EN EL CINTURÓN

Yolanda Barcina se ha estrenado apretando el cinturón del gasto y ha recortado 190 millones, pero piensa hacer algún agujero más en la correa hasta llegar a los 294.

PAÍS VASCO: UN FRAUDE FISCAL IGUAL AL GASTO EDUCATIVO


Luchar contra el fraude que, según el lehendakari, Patxi López, cuesta al año a los vascos lo mismo que todo el sistema educativo (entre el 17 y el 18 por ciento del PIB), es el objetivo de su Gobierno para 2012 para sanear sus arcas con las que, no obstante, se garantizará el futuro del Estado del bienestar.

LA RIOJA: IMPUESTO MEDIOAMBIENTAL PARA EMPRESAS


La austeridad marcará la austeridad de las cuentas riojanas para 2012, y el Gobierno de Pedro Sanz estudia implantar un impuesto medioambiental para empresas que complementaría las medidas ya en marcha para reducir gastos.

Fuente : abc.es/agencias/noticia

CATALUÑA - GOVERN RECLAMA DEVOLUCIÓN PRESTACIÓN POR RECIBIR DOS AYUDAS A LA VEZ

El Govern reclama 8.500 euros a un menor tetrapléjico por haber recibido dos ayudas a la vez

El Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) de la Conselleria de Bienestar y Familia de la Generalitat ha reclamado a un menor de 17 años vecino de Olot (Girona) y gran dependiente --afectado por tertraplejía distónica-- la devolución de 8.456,07 euros, al haber sido beneficiario simultáneamente de dos prestaciones incompatibles entre 2007 y 2011.

En declaraciones a Europa Press, el padre del niño, Manuel Trubat, ha explicado que su hijo tenía concedida la prestación de 'Viure en Familia' y que, al aprobarse la Ley de Dependencia, solicitó esta ayuda, que le tramitaron los servicios sociales: "No es cosa mía, es la administración la que lo gestionó hace cuatro años".

"Me niego a pagar", ha explicado Trubat, que además de recibir esta sanción, actualmente se encuentra de mudanza para poder llevar a su hijo a una escuela privada en la que están especializados en su dolencia debido a que la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat le ha "denegado la escolarización a la que tenía derecho", ha asegurado.

"La Administración está incumpliendo conmigo", ha lamentado Trubat, que ha puesto en manos de la asociación Papás de Álex el asunto, y que todavía no ha contactado con el ICASS para concretar la situación.

En la carta enviada al padre, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Generalitat explica que la prestación de la dependencia y la de 'Viure en Familia' "son incompatibles entre sí", por lo que además de suspender el pago de la ayuda de 'Viure en Familia', la Generalitat le restará mes a mes parte de la prestación de la dependencia para ir haciendo efectiva la devolución de 8.500 euros.

"La percepción simultánea de las dos prestaciones ha generado una deuda acumulada que debe ser reintegrada a la Administración", dice la carta firmada por el subdirector de prestaciones y coordinación general del ICASS, Rafel Arderiu.

No obstante, la Generalitat explica en la carta que para evitar disfunciones en la familia del niño, el reintegro de la deuda contraída con la Generalitat se hará efectivo mediante la compensación gradual de los importes que el chico recibe en concepto de la Ley de Dependencia, e invita al padre a ponerse en contacto con el instituto para personalizar la devolución de la deuda.

DE LA PASADA LEGISLATURA

Fuentes de la Generalitat han señalado a Europa Press que durante la pasada legislatura se tramitaron "muchas ayudas" a dependientes que ya contaban con el programa 'Viure en Familia', lo que nuevo Govern asume como un "error administrativo", pero está obligado a comunicarlo a los usuarios, ha dicho.

Estas fuentes han precisado que cuando el padre de este niño se ponga en contacto con el ICASS podrá encontrar "alguna solución" al problema, llegando incluso a no devolver la cantidad si su situación económica no se lo permite.

"La percepción de dos ayudas incompatibles debe comunicarse oficialmente, pero luego caso por caso el ICASS encuentra soluciones con las familias", han sugerido.

Fuente : lavanguardia.com/local/barcelona