El CGCEE demanda aplicar en condiciones de igualdad la Ley de Dependencia a los emigrantes retornados
Solicita el acceso a la tarjeta sanitaria a los residentes en el exterior en sus desplazamiento temporales a España
Las peticiones del pleno del Consejo en materia sociolaboral volvieron a estar centradas en la mejora de las pensiones, las prestaciones por razón de necesidad y las atención sanitaria. Además, los consejeros trataron los cambios introducidos por la Ley de Dependencia y solicitaron que los emigrantes retornados puedan acceder, en situación de igualdad, a esas ayudas estatales.
1.- ACCESO DE VIUDAS/OS DE ESPAÑOLES, DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, A LA PRESTACIÓN POR RAZÓN DE NECESIDAD.
En muchos países, donde residen los españoles, no existe un sistema de protección social adecuado o son insuficientes para la digna supervivencia de los ciudadanos.
Al fallecer el preceptor de una Prestación por Razón de Necesidad, su cónyuge queda en situación de carencia y desprotección. Por este motivo el Pleno del CGCEE acuerda: SOLICITAR al Ministerio de Trabajo e Inmigración la modificación de la regulación de la Prestación por Razón de Necesidad, incluyendo el derecho a una prestación a las/os viudas/os de emigrantes españoles, que posean la nacionalidad española y que durante 5 años o mas hubieran convivido con éstos.
2.- TARJETA SANITARIA: ACCESO DE LOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR EN SUS DESPLAZAMIENTOS TEMPORALES A ESPAÑA
El Pleno del CGCEE acuerda: REITERAR el acuerdo adoptado en el III Pleno del V Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, adoptado el 22-24 de junio de 2009 sobre: Acceso a la asistencia sanitaria pública en los desplazamientos temporales a España; cuya redacción era la siguiente: “El Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, por el que se regula la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y retornados, establece, junto a la prestación económica por ancianidad o incapacidad, el derecho a la asistencia sanitaria para los beneficiarios de la prestación económica que carecen de cobertura para la protección de la salud en su país de residencia.
El artículo 26 del capítulo dedicado a las prestaciones a favor de los retornados reconoce el derecho a la asistencia sanitaria a los españoles de origen retornados y pensionistas españoles de origen residentes en el exterior desplazados temporalmente al territorio nacional. Asimismo, la disposición final primera introduce una modificación en el Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, dirigida a incorporar a los trabajadores por cuanta ajena españoles de origen residentes en el exterior que se desplacen temporalmente a España entre los beneficiarios de la cobertura de asistencia sanitaria.
En desarrollo de esta previsión normativa se dictó la Resolución conjunta de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 25 de febrero de 2008, que regula el procedimiento para el acceso a la asistencia sanitaria reconocida en el Real Decreto. En el artículo segundo de la Resolución se relaciona la documentación necesaria para el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria en caso de retorno y en el quinto la precisa en el caso de los desplazamientos temporales.
Ante las dificultades y demoras surgidas para la obtención de la documentación acreditativa del derecho a la asistencia sanitaria en los desplazamientos temporales a España de los españoles residentes en el exterior, el CGCEE acuerda:
2.1-PROPONER la simplificación de la documentación exigida en el artículo quinto de la Resolución Conjunta de 26 de febrero de 2008 de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social para el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria en casos de desplazamiento temporal a España.
2.2-SOLICITAR que en el caso de desplazamientos temporales a España el derecho a la asistencia sanitaria se pueda reconocer directamente en las propias Consejerías de Trabajo e Inmigración con anterioridad a la salida para España, y en cualquier caso que se adopten medidas tendentes a facilitar y agilizar la obtención del certificado acreditativo de dicho derecho.”
3 - CONVENIOS BILATERALES DE SEGURIDAD SOCIAL
En la actualidad, hay muchos países de residencia de los españoles, donde no se han firmado aún convenios bilaterales de Seguridad Social con España. Esta circunstancia hace prácticamente imposible computar los aportes de los ciudadanos a los sistemas de Seguridad Social, con objeto de trasladarlos al sistema de Seguridad Social español. Por este motivo el Pleno del CGCEE acuerda: SOLICITAR al Ministerio de Trabajo e Inmigración la realización de las gestiones oportunas ante las autoridades competentes de los países afectados con el fin de firmar los Convenios de Seguridad Social (ej. Cuba).
4.- APLICACIÓN EN CONDICIONES DE IGUALDAD DE LA LEY DE DEPENDENCIA A LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES RETORNADOS
A) La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia ha querido regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos independientemente de donde residan.
En su art. 5. Titulares de derechos, 5.1.c) marca como requisito residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
Para los menores de cinco años el período de residencia se exigirá a quien ejerza su guarda y custodia.
En el punto 5.3. El Gobierno podrá establecer medidas de protección a favor de los españoles no residentes en España.
En su punto 5.4. El Gobierno establecerá, previo acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, las condiciones de acceso al Sistema de Atención a la Dependencia de los emigrantes españoles retornados.
En el Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
Disposición Adicional Única: La atención a la dependencia de los emigrantes españoles retornados.
Las personas en situación de dependencia que, como consecuencia de su condición de emigrantes españoles retornados, no cumplan el requisito establecido en la letra c del artículo 5.1 de la Ley 39/2006, por no haber residido en territorio español en los términos establecidos en el citado artículo, podrán acceder a prestaciones asistenciales con igual contenido y extensión que las prestaciones y ayudas económicas reguladas en la misma.
Correspondiendo a la Comunidad Autónoma de residencia del emigrante retornado la valoración de la situación de dependencia.
Ahora bien, no todas las CCAA recogen en su normativa la disposición adicional única del Real Decreto 727/2007, lo que lleva a generar ciertas dudas e incertidumbre sobre la aplicación de la Ley.
El acceso a la “valoración” de los españoles emigrantes dependientes residentes en el exterior que pretenden retornar y acogerse a los beneficios del sistema de dependencia es un impedimento insalvable dada la imposibilidad que plantean los distintos organismos competentes para facilitar su valoración previa.
En relación con el acceso a las prestaciones de la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación dependencia por parte de los emigrantes españoles y, además, dependientes, se ha identificado una dificultad concreta que afecta a quienes desde la situación de personas dependientes pretenden retornar a España.
El procedimiento de reconocimiento de la dependencia exige una compleja documentación entre la cual se incluyen los informes médicos y sociales (“valoración”) que, en estos casos, necesariamente se deberían llevar a cabo en el exterior.
La Ley 39/2006 hace referencia a particularidades del colectivo de residentes españoles en el exterior y contempla la posibilidad de adoptar para ellos especiales medidas de protección.
El Real Decreto 727/2007, sobre criterios para determinar las intensidades de protección, que desarrolla la Ley, recoge el principio de igualdad en el acceso a las prestaciones asistenciales de la ley para los emigrantes retornados, al posibilitar el acceso con igual contenido y extensión aún cuando no cumplan el requisito de “tiempo de residencia en territorio español” que se exige con carácter general.
Por este motivo el Pleno del CGCEE solicita:
4.1 - Que aquellas Comunidades Autónomas que aún no lo hagan, apliquen el contenido de la Disposición Adicional Única del Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, en relación con los emigrantes españoles retornados: “Las personas en situación de dependencia que, como consecuencia de su condición de emigrantes españoles retornados, no cumplan el requisito establecido en la letra c del artículo 5.1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, por no haber residido en territorio español en los términos establecidos en el citado artículo, podrán acceder a prestaciones asistenciales con igual contenido y extensión que las prestaciones y ayudas económicas reguladas en la misma, correspondiendo a la Comunidad Autónoma de residencia del emigrante retornado la valoración de la situación de dependencia”.
Que se pongan en marcha por los órganos competentes, los mecanismos necesarios (por medio de los cambios normativos precisos y teniendo en cuenta la posible utilización de la residencia de tránsito de retornados) para que los emigrantes españoles en el exterior que decidan retornar a España tengan el acceso previo a la valoración de dependencia y así poderse acoger a sus beneficios desde el primer día de su retorno.
Fuente : laregioninternacional.com/noticia
lunes, 27 de febrero de 2012
SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES REITERA QUE NO ACEPTARÁ CHANTAJES
Sanidad y Asuntos Sociales reitera que "no aceptará chantajes en la aplicación de la Ley de la Dependencia"
El secretario general de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, José Miguel Benito, ha asegurado que el departamento que dirige José Ignacio Echániz, "no aceptará chantajes en la aplicación de la Ley de la Dependencia", ante las "amenazas" de miembros de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, que han amenazado con encerrarse en algún edificio público si los dependientes no cobran en febrero el mes de enero.
En nota de prensa, el secretario general de esta consejería ha mostrado su "profundo malestar, aunque no extrañeza por las versiones tergiversadas y amparadas en datos manifiestamente falsos que ha empezado a distribuir por algunos medios de comunicación" la Plataforma.
Asimismo, ha expresado su "total rechazo" a cualquier forma de presión como las planteadas, entre las que se incluye la amenaza de encierros en dependencias públicas, "un intento de chantaje que procede de personas que incluso han alardeado públicamente de grabar conversaciones privadas sin permiso previo de su interlocutor, a traición".
Según ha puntualizado José Miguel Benito, al encuentro celebrado a las ocho de la mañana del pasado lunes, hora de inicio de la jornada laboral en la Consejería, sólo compareció el portavoz de la referida asociación y pese a ello se prolongó por espacio de una hora.
TERCERA VEZ
Esta es la tercera ocasión en que desde la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales un alto cargo de la misma recibe a miembros de la citada plataforma, "lo que es una buena prueba de nuestro carácter dialogante, que contrasta muy a las claras con el afán de protagonismo de José Luis Gómez-Ocaña y de quienes le siguen en sus acciones de propaganda", ha dicho el secretario general.
Así, ha denunciado que la respuesta a esta actitud fue, en cambio, "una amenaza expresa de iniciar encierros en instalaciones públicas algo que no podemos consentir ni siquiera como exabrupto".
Más allá de esa circunstancia, este responsable autonómico ha reiterado "el compromiso firme del Gobierno de Castilla-La Mancha de cumplir con la Ley de la Dependencia y de atender todas nuestras obligaciones con criterios de equidad, sin favorecer más a unos por encima o a costa de otros".
José Miguel Benito ha apuntado que "la gestión de los fondos públicos tiene que ser justa y eficiente". "Nosotros debemos gestionar con la mayor eficacia los escasos recursos que nos han dejado los anteriores gobiernos regionales, que han arrasado esta Comunidad Autónoma. Si no hay para atender a todos con todo, lo justo es administrar los recursos disponibles".
"INSOLIDARIDAD DE LA PLATAFORMA"
Benito ha recalcado que "las actitudes y exigencias de esa Plataforma, creada con la llegada al Gobierno del PP y que está dirigida por personas que pertenecen a un determinado partido político, en concreto al PSOE, no admiten comparación con la actitud de la inmensa mayoría de la sociedad de Castilla-La Mancha, que entiende perfectamente por lo que estamos pasando, fruto de la negligente gestión socialista, y que estamos obligados a priorizar en la asignación de unos recursos muy escasos".
"La insolidaridad de esa Plataforma de puro contenido político es tan evidente que ofende a todos los que sí demuestran su solidaridad y ganas de sacar a esta región del agujero en vez de ser cómplices de quienes la llevaron hasta allí", ha denunciado.
Por ello, el secretario general ha lamentado "la facilidad con que Gómez-Ocaña recurre a la amenaza para defender unas posturas que, vistas con objetividad, parecen más destinadas a defender intereses personales muy concretos cuando no una afinidad y compromisos políticos con el PSOE de Castilla-La Mancha, como ya ha quedado acreditado por su connivencia con Matilde Valentín, que ni siquiera negó en un momento de nuestra larga conversación".
SIN REPRESENTATIVIDAD
Además, recuerda que en la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales no consta ningún registro de supuestos socios de la Plataforma, "algo que sería lo mínimo exigible a quienes se arrogan una representatividad que en ningún caso tienen".
"El interlocutor del sector sigue siendo el CERMI, que mantiene una actitud irreprochable. Y, en último caso, el representante legítimo e incontestable de todos los castellano-manchegos es esta Administración, consecuencia del veredicto de las urnas que algunos se empeñan en ignorar o no aceptar", ha concluido José Miguel Benito.
Fuente : ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias
El secretario general de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, José Miguel Benito, ha asegurado que el departamento que dirige José Ignacio Echániz, "no aceptará chantajes en la aplicación de la Ley de la Dependencia", ante las "amenazas" de miembros de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, que han amenazado con encerrarse en algún edificio público si los dependientes no cobran en febrero el mes de enero.
En nota de prensa, el secretario general de esta consejería ha mostrado su "profundo malestar, aunque no extrañeza por las versiones tergiversadas y amparadas en datos manifiestamente falsos que ha empezado a distribuir por algunos medios de comunicación" la Plataforma.
Asimismo, ha expresado su "total rechazo" a cualquier forma de presión como las planteadas, entre las que se incluye la amenaza de encierros en dependencias públicas, "un intento de chantaje que procede de personas que incluso han alardeado públicamente de grabar conversaciones privadas sin permiso previo de su interlocutor, a traición".
Según ha puntualizado José Miguel Benito, al encuentro celebrado a las ocho de la mañana del pasado lunes, hora de inicio de la jornada laboral en la Consejería, sólo compareció el portavoz de la referida asociación y pese a ello se prolongó por espacio de una hora.
TERCERA VEZ
Esta es la tercera ocasión en que desde la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales un alto cargo de la misma recibe a miembros de la citada plataforma, "lo que es una buena prueba de nuestro carácter dialogante, que contrasta muy a las claras con el afán de protagonismo de José Luis Gómez-Ocaña y de quienes le siguen en sus acciones de propaganda", ha dicho el secretario general.
Así, ha denunciado que la respuesta a esta actitud fue, en cambio, "una amenaza expresa de iniciar encierros en instalaciones públicas algo que no podemos consentir ni siquiera como exabrupto".
Más allá de esa circunstancia, este responsable autonómico ha reiterado "el compromiso firme del Gobierno de Castilla-La Mancha de cumplir con la Ley de la Dependencia y de atender todas nuestras obligaciones con criterios de equidad, sin favorecer más a unos por encima o a costa de otros".
José Miguel Benito ha apuntado que "la gestión de los fondos públicos tiene que ser justa y eficiente". "Nosotros debemos gestionar con la mayor eficacia los escasos recursos que nos han dejado los anteriores gobiernos regionales, que han arrasado esta Comunidad Autónoma. Si no hay para atender a todos con todo, lo justo es administrar los recursos disponibles".
"INSOLIDARIDAD DE LA PLATAFORMA"
Benito ha recalcado que "las actitudes y exigencias de esa Plataforma, creada con la llegada al Gobierno del PP y que está dirigida por personas que pertenecen a un determinado partido político, en concreto al PSOE, no admiten comparación con la actitud de la inmensa mayoría de la sociedad de Castilla-La Mancha, que entiende perfectamente por lo que estamos pasando, fruto de la negligente gestión socialista, y que estamos obligados a priorizar en la asignación de unos recursos muy escasos".
"La insolidaridad de esa Plataforma de puro contenido político es tan evidente que ofende a todos los que sí demuestran su solidaridad y ganas de sacar a esta región del agujero en vez de ser cómplices de quienes la llevaron hasta allí", ha denunciado.
Por ello, el secretario general ha lamentado "la facilidad con que Gómez-Ocaña recurre a la amenaza para defender unas posturas que, vistas con objetividad, parecen más destinadas a defender intereses personales muy concretos cuando no una afinidad y compromisos políticos con el PSOE de Castilla-La Mancha, como ya ha quedado acreditado por su connivencia con Matilde Valentín, que ni siquiera negó en un momento de nuestra larga conversación".
SIN REPRESENTATIVIDAD
Además, recuerda que en la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales no consta ningún registro de supuestos socios de la Plataforma, "algo que sería lo mínimo exigible a quienes se arrogan una representatividad que en ningún caso tienen".
"El interlocutor del sector sigue siendo el CERMI, que mantiene una actitud irreprochable. Y, en último caso, el representante legítimo e incontestable de todos los castellano-manchegos es esta Administración, consecuencia del veredicto de las urnas que algunos se empeñan en ignorar o no aceptar", ha concluido José Miguel Benito.
Fuente : ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias
sábado, 18 de febrero de 2012
CASTILLA Y LEÓN - FAMILIA CREA SOLICITUD ÚNICA PARA S.S. Y DEPENDENCIA
Familia crea una solicitud única para Servicios Sociales y Ley de Dependencia
El mismo informe médico, social y valoración económica servirán para todas las ayudas
La implantación de la Ley de Dependencia hace ahora cinco años obligó a encajar las piezas del nuevo puzzle con las de los tradicionales Servicios Sociales, verdaderos veteranos en la prestación de atención y ayuda a mayores y personas con discapacidad, aunque con diferentes criterios.
No siempre han casado perfectamente y, además, han supuesto para los demandantes una doble ventanilla, diferentes informes sociales y médicos y distintas valoraciones de la renta y el patrimonio. Además, el ciudadano que se acercaba a una administración en busca de ayudas no siempre era informado del doble mapa de posibilidades.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha dado finalmente el paso y convertirá así, desde hoy mismo, a Castilla y León en la primera comunidad con un acceso único a ambas líneas de actuación. Una sola solicitud, un único informe médico, el mismo parte sociosanitario y también habla en singular para la valoración de la renta del beneficiario que permite determinar su participación.
El avance es considerable para el demandante. El solicitante solo tiene que pedir en Servicios Sociales, o bajar de la web de la Junta (www,jcyl.es) en la que se colgará este mismo lunes, la ‘Solicitud de acceso a los servicios sociales y de valoración de la dependencia’, un documento que además va acompañado de instrucciones y que se ha simplificado considerablemente, según explican la consejera de Familia, Milagros Marcos, y el gerente del área, Jesús Fuertes.
Una única puerta de acceso para el beneficiario y una simplificación que favorece también a la Administración que no tendrá que duplicar papeleo, trabajo y horas.
La unificación no afecta solo al mero papel de la solicitud sino, y es lo fundamental, a los informes.
Un solo certificado médico sirve para ambos caminos y el similar del trabajador social también será único; así como la valoración de la capacidad económica. Es más, si un demandante no es dependiente y solo accede a ayudas de ‘catering’, teleasistencia o a domicilio y con el tiempo, por edad o deterioro, pasa a ser considerado en un nivel de dependencia que recoge la ley, no necesitará volver a pasar por toda la tramitación, solo actualizar los cambios.
Un ciudadano castellano y leonés puede pedir cuanto considere que necesita y a lo que tiene derecho en una sola solicitud sea o no dependiente, y obviamente los Servicios Sociales estudiarán la demanda y si se ajusta a las prestaciones que le pueden corresponder.
Las facilidades llegan además un poco más lejos en cuanto a la ayuda a domicilio o la teleasistencia porque el solicitante no tiene que preocuparse de a quién pide la prestación, si la da un Ayuntamiento o una Diputación, el demandante pide y la Gerencia de Servicios Sociales se encarga de la gestión venga de quien venga.
Un paso que no se ha podido dar todavía en cuanto a las residencias de ancianos por la complejidad de un sector en el que la propia Junta tiene centros, también concertados, además de los ayuntamientos y diputaciones. La lista única en este servicio tendrá que esperar un poco más.
Sanitario y social
Además de esta simplificación, Familia incorpora cambios en busca de mejorar la coordinación social y sanitaria y el seguimiento de las prestaciones y cuidados, fundamentalmente en el entorno doméstico.
El preceptivo informe médico sobre la enfermedad y situación clínica de la persona dependiente seguirá y sin cambios; pero el que recoge la situación socioeconómica que realizaba hasta ahora solo el trabajador social se completará con una parte de cuidados asistenciales, es decir, será sociosanitario.
Así no solo recogerá las condiciones del hogar, la adaptación de baños, la situación de calefacción o agua caliente, de familiares que se van a encargar del beneficiario y el largo etcétera de aspectos que valoran ya estos profesionales sino que enfermería, del mismo centro de salud que hizo el certificado médico, añadirá datos sanitarios sobre los cuidados que precisa, sobre si el cuidador puede curar bien una herida o hacer seguimiento de su medicación, garantizar su movilidad y cambios posturales si están encamados o cualquier otro aspecto sanitario que incida en su bienestar diario.
Además de esta valoración preliminar para pedir prestaciones, una vez concedidas, habrá un seguimiento.
Y para ello, Familia crea la Guía de Cuidados, un sencillo documento que estará siempre accesible en el domicilio del beneficiario y en el que todas las partes –el propio cuidador, responsables sanitarios y trabajador social– irán apuntando datos de interés sobre el mayor o discapacitados, sobre sus cuidados y necesidades o sus dudas. Esta guía establece pautas de cuidados y permite conocer la fiabilidad de los mismos. Es una garantía de calidad en definitiva.
El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) de ayer mismo recoge la nueva Orden sobre el procedimiento para reconocer la situación de dependencia que incluye el nuevo informe sociosanitario y la Resolución sobre la simplificación de la solicitud.
Familia ha querido que la entrada en vigor de ambas coincida con la del nuevo baremo estatal para la valoración de la Dependencia que entra en vigor también hoy y que está recogido en el Real Decreto 174/2011.
Fuente : elnortedecastilla.es
El mismo informe médico, social y valoración económica servirán para todas las ayudas
La implantación de la Ley de Dependencia hace ahora cinco años obligó a encajar las piezas del nuevo puzzle con las de los tradicionales Servicios Sociales, verdaderos veteranos en la prestación de atención y ayuda a mayores y personas con discapacidad, aunque con diferentes criterios.
No siempre han casado perfectamente y, además, han supuesto para los demandantes una doble ventanilla, diferentes informes sociales y médicos y distintas valoraciones de la renta y el patrimonio. Además, el ciudadano que se acercaba a una administración en busca de ayudas no siempre era informado del doble mapa de posibilidades.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha dado finalmente el paso y convertirá así, desde hoy mismo, a Castilla y León en la primera comunidad con un acceso único a ambas líneas de actuación. Una sola solicitud, un único informe médico, el mismo parte sociosanitario y también habla en singular para la valoración de la renta del beneficiario que permite determinar su participación.
El avance es considerable para el demandante. El solicitante solo tiene que pedir en Servicios Sociales, o bajar de la web de la Junta (www,jcyl.es) en la que se colgará este mismo lunes, la ‘Solicitud de acceso a los servicios sociales y de valoración de la dependencia’, un documento que además va acompañado de instrucciones y que se ha simplificado considerablemente, según explican la consejera de Familia, Milagros Marcos, y el gerente del área, Jesús Fuertes.
Una única puerta de acceso para el beneficiario y una simplificación que favorece también a la Administración que no tendrá que duplicar papeleo, trabajo y horas.
La unificación no afecta solo al mero papel de la solicitud sino, y es lo fundamental, a los informes.
Un solo certificado médico sirve para ambos caminos y el similar del trabajador social también será único; así como la valoración de la capacidad económica. Es más, si un demandante no es dependiente y solo accede a ayudas de ‘catering’, teleasistencia o a domicilio y con el tiempo, por edad o deterioro, pasa a ser considerado en un nivel de dependencia que recoge la ley, no necesitará volver a pasar por toda la tramitación, solo actualizar los cambios.
Un ciudadano castellano y leonés puede pedir cuanto considere que necesita y a lo que tiene derecho en una sola solicitud sea o no dependiente, y obviamente los Servicios Sociales estudiarán la demanda y si se ajusta a las prestaciones que le pueden corresponder.
Las facilidades llegan además un poco más lejos en cuanto a la ayuda a domicilio o la teleasistencia porque el solicitante no tiene que preocuparse de a quién pide la prestación, si la da un Ayuntamiento o una Diputación, el demandante pide y la Gerencia de Servicios Sociales se encarga de la gestión venga de quien venga.
Un paso que no se ha podido dar todavía en cuanto a las residencias de ancianos por la complejidad de un sector en el que la propia Junta tiene centros, también concertados, además de los ayuntamientos y diputaciones. La lista única en este servicio tendrá que esperar un poco más.
Sanitario y social
Además de esta simplificación, Familia incorpora cambios en busca de mejorar la coordinación social y sanitaria y el seguimiento de las prestaciones y cuidados, fundamentalmente en el entorno doméstico.
El preceptivo informe médico sobre la enfermedad y situación clínica de la persona dependiente seguirá y sin cambios; pero el que recoge la situación socioeconómica que realizaba hasta ahora solo el trabajador social se completará con una parte de cuidados asistenciales, es decir, será sociosanitario.
Así no solo recogerá las condiciones del hogar, la adaptación de baños, la situación de calefacción o agua caliente, de familiares que se van a encargar del beneficiario y el largo etcétera de aspectos que valoran ya estos profesionales sino que enfermería, del mismo centro de salud que hizo el certificado médico, añadirá datos sanitarios sobre los cuidados que precisa, sobre si el cuidador puede curar bien una herida o hacer seguimiento de su medicación, garantizar su movilidad y cambios posturales si están encamados o cualquier otro aspecto sanitario que incida en su bienestar diario.
Además de esta valoración preliminar para pedir prestaciones, una vez concedidas, habrá un seguimiento.
Y para ello, Familia crea la Guía de Cuidados, un sencillo documento que estará siempre accesible en el domicilio del beneficiario y en el que todas las partes –el propio cuidador, responsables sanitarios y trabajador social– irán apuntando datos de interés sobre el mayor o discapacitados, sobre sus cuidados y necesidades o sus dudas. Esta guía establece pautas de cuidados y permite conocer la fiabilidad de los mismos. Es una garantía de calidad en definitiva.
El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) de ayer mismo recoge la nueva Orden sobre el procedimiento para reconocer la situación de dependencia que incluye el nuevo informe sociosanitario y la Resolución sobre la simplificación de la solicitud.
Familia ha querido que la entrada en vigor de ambas coincida con la del nuevo baremo estatal para la valoración de la Dependencia que entra en vigor también hoy y que está recogido en el Real Decreto 174/2011.
Fuente : elnortedecastilla.es
lunes, 13 de febrero de 2012
MADRID - MÁS DE 142.000 MADRILEÑOS BENEFICIARIOS DE LA TELEASISTENCIA
Más de 142.000 madrileños se benefician de la teleasistencia de la Comunidad
La Comunidad de Madrid atiende a más de 142.000 madrileños a través del sistema de teleasitencia, 17.000 de los cuales son personas dependientes, lo que sitúa a la región a la cabeza en esta prestación asistencial domiciliara.
Así lo ha puesto hoy de manifiesto el consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, durante una visita al centro de operaciones de Cruz Roja, desde donde se coordina la asistencia de 6.600 usuarios del servicio.
Esta prestación permite a las personas mayores y dependientes estar en contacto permanente, a través de un dispositivo móvil de llamada, con una central de avisos desde la que se da una respuesta inmediata a posibles situaciones de riesgo.
Según el consejero, la teleasistencia "está plenamente consolidada entre los mayores y dependientes madrileños debido a que, al igual que otros recursos como los centros de día o la ayuda a domicilio, permite a los usuarios mantener el arraigo a su domicilio y a su entorno habitual".
El servicio, ha añadido Salvador Victoria, satisface además el deseo de los mayores a ser personas autónomas y les ayuda a retrasar situaciones de dependencia.
Por todo ello, ha recordado que este año el Gobierno regional dedicará casi 10,2 millones de euros a financiar el servicio público de teleasistencia en la región, que está incluido en el catálogo asistencial de la Ley de Dependencia.
Según el consejero, la cifra de personas atendidas "sitúa a la región en segundo puesto a nivel de comunidades autónomas" tanto en teleasistencia "como en el conjunto de recursos de atención domiciliaria", según los datos mensuales del Ministerio de Sanidad y Política Social.
En concreto, ha dicho que las cifras publicadas a 1 de enero de 2012 reflejan que la Comunidad cuenta con 38.531 usuarios de atención domiciliaria (16.927 de teleasistencias y 21.604 de ayuda a domicilio) y 33.246 plazas residenciales y de centro de día que conforman la red asistencial de la región.
El consejero también ha destacado también que la Comunidad atiende actualmente a 79.745 usuarios en situación de dependencia, que suponen el 83% de los beneficiarios, lo que sitúa a la región 12 puntos por encima de la media nacional.
El servicio de teleasistencia en la Comunidad de Madrid se presta a través de 131.000 terminales, de las cuales 188 son de teleasistencia móvil y disponen de modernos sistemas de geoposicionamiento (GPS) para otorgar a los usuarios más autonomía dentro y fuera de su domicilio
Fuente : abc.es
La Comunidad de Madrid atiende a más de 142.000 madrileños a través del sistema de teleasitencia, 17.000 de los cuales son personas dependientes, lo que sitúa a la región a la cabeza en esta prestación asistencial domiciliara.
Así lo ha puesto hoy de manifiesto el consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, durante una visita al centro de operaciones de Cruz Roja, desde donde se coordina la asistencia de 6.600 usuarios del servicio.
Esta prestación permite a las personas mayores y dependientes estar en contacto permanente, a través de un dispositivo móvil de llamada, con una central de avisos desde la que se da una respuesta inmediata a posibles situaciones de riesgo.
Según el consejero, la teleasistencia "está plenamente consolidada entre los mayores y dependientes madrileños debido a que, al igual que otros recursos como los centros de día o la ayuda a domicilio, permite a los usuarios mantener el arraigo a su domicilio y a su entorno habitual".
El servicio, ha añadido Salvador Victoria, satisface además el deseo de los mayores a ser personas autónomas y les ayuda a retrasar situaciones de dependencia.
Por todo ello, ha recordado que este año el Gobierno regional dedicará casi 10,2 millones de euros a financiar el servicio público de teleasistencia en la región, que está incluido en el catálogo asistencial de la Ley de Dependencia.
Según el consejero, la cifra de personas atendidas "sitúa a la región en segundo puesto a nivel de comunidades autónomas" tanto en teleasistencia "como en el conjunto de recursos de atención domiciliaria", según los datos mensuales del Ministerio de Sanidad y Política Social.
En concreto, ha dicho que las cifras publicadas a 1 de enero de 2012 reflejan que la Comunidad cuenta con 38.531 usuarios de atención domiciliaria (16.927 de teleasistencias y 21.604 de ayuda a domicilio) y 33.246 plazas residenciales y de centro de día que conforman la red asistencial de la región.
El consejero también ha destacado también que la Comunidad atiende actualmente a 79.745 usuarios en situación de dependencia, que suponen el 83% de los beneficiarios, lo que sitúa a la región 12 puntos por encima de la media nacional.
El servicio de teleasistencia en la Comunidad de Madrid se presta a través de 131.000 terminales, de las cuales 188 son de teleasistencia móvil y disponen de modernos sistemas de geoposicionamiento (GPS) para otorgar a los usuarios más autonomía dentro y fuera de su domicilio
Fuente : abc.es
CASTILLA LA MANCHA - "NOS SENTIMOS ENGAÑADOS"
“Nos sentimos engañados, ya no sé que más nos queda por hacer”
La Plataforma de la Ley de Dependencia de C-LM exige el cumplimiento de la ley.
Denuncian que ayer no se produjo la reunión prometida con el director general del área. Varios miembros de la plataforma estuvieron en Fuensalida el jueves más de dos horas.
La Plataforma de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha, integrada por 1.200 personas de toda la región, sigue reclamando los pagos a la Junta.
Cuando llevaban dos meses sin cobrar, la pasada semana el Gobierno regional ingresó la prestación correspondiente al mes de diciembre.
“Cuando van a llegar los tres meses te pagan uno para callarte o te pagan dos, pero la ley no dice eso, dice que nos tienen que abonar el dinero para nuestros cuidadores todos los meses”, remarca Antonio Sánchez Hijón, portavoz de la Plataforma de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha.
Reivindica una regularidad en los pagos, “estamos cansados de esa rutina que se ha convertido pagarnos con retraso”, o que suspendan definitivamente la prestación económica y la justicia determine, “aunque aquí seríamos muchos los que perderíamos, tenemos enfermedades degenerativas, no podemos esperar a que la justicia nos de la razón”.
Apunta que desde que se creó la citada plataforma, en el mes de septiembre cuando la Junta comenzó a deber dos meses a las personas dependientes, “hemos hecho dos manifestaciones y cada vez que hemos salido a la calle hemos cobrado”.
Aunque actualmente el retraso es de un mes, Sánchez Hijón no confía en que la situación vaya a mejorar. Asevera que “nos sentimos engañados, ya no sé que más nos queda por hacer”.
Relata que el pasado jueves varios miembros de la Plataforma de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha acudieron a la sede del Gobierno regional, en el Palacio de Fuensalida en Toledo.
“Como dijeron que el director general del área nos iba a atender este lunes y luego también el consejero cuando pudiera pues nos marcharnos, pero la primera reunión no se ha llevado a cabo y tampoco nos han dado ninguna explicación, si ni un encierro, que la Junta desmiente, pero tenemos pruebas, ha servido, qué más nos queda”, matiza.
Sánchez Hijón pide a la Junta que tome como ejemplo la aplicación de la Ley de Dependencia de Castilla y León, también gobernada por el PP, “comunidad que ahora ocupa los primeros puestos, ya que en Castilla-La Mancha de ser el número dos hemos bajado al sexto en nueve meses. Se sigue el modelo de Valencia o Murcia”.
Mientras María Dolores Cospedal, presidenta regional y secretaria general PP, ha negado que Mariano Rajoy vaya a hacer una reforma de la Ley de Dependencia, desde la mencionada plataforma recuerdan que “no sé si reforma o no pero en el primer Consejo de Ministros se decretó que la bolsa se cerraba y que durante 2012 no iba a entrar ningún dependiente de grado mínimo”.
También denuncian que “se ha eliminado directamente el artículo de la Ley de Sostenimiento de los Servicios Sociales que refleja la gratuidad del servicio de reconocimiento de la Ley de Dependencia, dejando la puerta abierta a que en un futuro se instale el copago”.
Primeros pasos de la asociación comarcal Adelde
“No puedo pagar a una persona todas las horas que la necesito”. Desde la Plataforma de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha aseguran que la situación para las personas que no pueden valerse por sí mismas cada vez es más complicada, convirtiéndose la citada frase en una de las más repetidas en los últimos meses. En este sentido, recalcan que “no nos sirve de excusa que digan que el dinero del Gobierno central para la Ley de Dependencia no llega, porque no es cierto”.
Denuncian que no han sido convocados por la Consejería de Sanidad a las reuniones de la Mesa por el Seguimiento de los Servicios Sociales. “A la plataforma ni se nos atiende, ni se contestan escritos, el PP dijo que iba a estudiar nuestra petición de asistir a esa mesa, pero no hemos tenido respuesta, nos encontramos en el limbo, pero somos ya 1.200 personas más o menos”, apunta Sánchez Hijón.
A partir de la citada plataforma regional, en las zonas de Tarancón y Ocaña se están dando los primeros pasos para la creación de una asociación comarcal denominada Adelde. Además de defender la aplicación de la Ley de Dependencia, ya está en proyecto la realización de diferentes actividades, como por ejemplo culturales, que favorezcan la integración social de las personas discapacitadas.
Fuente : eldiadigital.es/not
La Plataforma de la Ley de Dependencia de C-LM exige el cumplimiento de la ley.
Denuncian que ayer no se produjo la reunión prometida con el director general del área. Varios miembros de la plataforma estuvieron en Fuensalida el jueves más de dos horas.
La Plataforma de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha, integrada por 1.200 personas de toda la región, sigue reclamando los pagos a la Junta.
Cuando llevaban dos meses sin cobrar, la pasada semana el Gobierno regional ingresó la prestación correspondiente al mes de diciembre.
“Cuando van a llegar los tres meses te pagan uno para callarte o te pagan dos, pero la ley no dice eso, dice que nos tienen que abonar el dinero para nuestros cuidadores todos los meses”, remarca Antonio Sánchez Hijón, portavoz de la Plataforma de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha.
Reivindica una regularidad en los pagos, “estamos cansados de esa rutina que se ha convertido pagarnos con retraso”, o que suspendan definitivamente la prestación económica y la justicia determine, “aunque aquí seríamos muchos los que perderíamos, tenemos enfermedades degenerativas, no podemos esperar a que la justicia nos de la razón”.
Apunta que desde que se creó la citada plataforma, en el mes de septiembre cuando la Junta comenzó a deber dos meses a las personas dependientes, “hemos hecho dos manifestaciones y cada vez que hemos salido a la calle hemos cobrado”.
Aunque actualmente el retraso es de un mes, Sánchez Hijón no confía en que la situación vaya a mejorar. Asevera que “nos sentimos engañados, ya no sé que más nos queda por hacer”.
Relata que el pasado jueves varios miembros de la Plataforma de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha acudieron a la sede del Gobierno regional, en el Palacio de Fuensalida en Toledo.
“Como dijeron que el director general del área nos iba a atender este lunes y luego también el consejero cuando pudiera pues nos marcharnos, pero la primera reunión no se ha llevado a cabo y tampoco nos han dado ninguna explicación, si ni un encierro, que la Junta desmiente, pero tenemos pruebas, ha servido, qué más nos queda”, matiza.
Sánchez Hijón pide a la Junta que tome como ejemplo la aplicación de la Ley de Dependencia de Castilla y León, también gobernada por el PP, “comunidad que ahora ocupa los primeros puestos, ya que en Castilla-La Mancha de ser el número dos hemos bajado al sexto en nueve meses. Se sigue el modelo de Valencia o Murcia”.
Mientras María Dolores Cospedal, presidenta regional y secretaria general PP, ha negado que Mariano Rajoy vaya a hacer una reforma de la Ley de Dependencia, desde la mencionada plataforma recuerdan que “no sé si reforma o no pero en el primer Consejo de Ministros se decretó que la bolsa se cerraba y que durante 2012 no iba a entrar ningún dependiente de grado mínimo”.
También denuncian que “se ha eliminado directamente el artículo de la Ley de Sostenimiento de los Servicios Sociales que refleja la gratuidad del servicio de reconocimiento de la Ley de Dependencia, dejando la puerta abierta a que en un futuro se instale el copago”.
Primeros pasos de la asociación comarcal Adelde
“No puedo pagar a una persona todas las horas que la necesito”. Desde la Plataforma de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha aseguran que la situación para las personas que no pueden valerse por sí mismas cada vez es más complicada, convirtiéndose la citada frase en una de las más repetidas en los últimos meses. En este sentido, recalcan que “no nos sirve de excusa que digan que el dinero del Gobierno central para la Ley de Dependencia no llega, porque no es cierto”.
Denuncian que no han sido convocados por la Consejería de Sanidad a las reuniones de la Mesa por el Seguimiento de los Servicios Sociales. “A la plataforma ni se nos atiende, ni se contestan escritos, el PP dijo que iba a estudiar nuestra petición de asistir a esa mesa, pero no hemos tenido respuesta, nos encontramos en el limbo, pero somos ya 1.200 personas más o menos”, apunta Sánchez Hijón.
A partir de la citada plataforma regional, en las zonas de Tarancón y Ocaña se están dando los primeros pasos para la creación de una asociación comarcal denominada Adelde. Además de defender la aplicación de la Ley de Dependencia, ya está en proyecto la realización de diferentes actividades, como por ejemplo culturales, que favorezcan la integración social de las personas discapacitadas.
Fuente : eldiadigital.es/not
BARCELONA - DEMANDA DE CONFLICTO COLECTIVO POR CONVENIO DEPENDENCIA
Presentan demanda de conflicto colectivo por el convenio de la Dependencia
Los sindicatos han presentado hoy una demanda de conflicto colectivo del convenio estatal de la Dependencia, al no haber acuerdo en su aplicación entre empresarios y sindicatos, ha informado Luis Álvarez, responsable de la negociación colectiva por CCOO.
Luis Álvarez ha explicado hoy en Barcelona en rueda de prensa que la patronal del sector, la Federación Empresarial de la Asistencia a la Dependencia, quiere eliminar la antigüedad y complementos por trabajar los festivos además de no abonar el incremento salarial previsto en un acuerdo que se alcanzó el pasado año.
En abril del 2011, patronal y sindicatos acordaron que el salario se incrementaría un 5%, tal y como estipulaba una sentencia de la Audiencia Nacional, y que se repartiría en un aumento del 3% ese año y un 1% en 2012 y otro 1% en 2013.
El representante de CCOO ha indicado que "ahora rechazan ese acuerdo de moderación salarial y quieren congelar el sueldo y eliminar otros pluses".
El pasado día 23 de enero se suspendieron las negociaciones entre ambas partes y, desde entonces, no ha habido acercamiento, por lo que CCOO ha optado hoy por interponer una demanda de conflicto colectivo, derivada de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo.
El convenio de la dependencia afecta a unos 180.000 trabajadores de toda España, de los que unos 15.000 están en Cataluña, según datos consensuados por empresas y sindicatos.
En el trasfondo de este conflicto subyace, argumenta el representante sindical, el hecho de que las empresas del sector no se han visto tan beneficiadas como preveían con la Ley de la Dependencia, debido a la amplia aplicación de la figura denominada cuidador informal o familiar en detrimento del profesional, que suele trabajar en geriátricos o centros especializados.
Así, las comunidades autónomas han optado por aplicar la Ley de la Dependencia potenciando la figura del cuidador informal en un 45,4% de las ayudas que se han otorgado, un porcentaje que se eleva hasta el 59,92% en el caso de Cataluña.
El sueldo medio de un gerocultor profesional que trabaja en un geriátrico o centro que atiende a grandes dependientes se sitúa en unos mil euros brutos, incluidos los fines de semana y festivos, una jornada que no facilita la conciliación de la vida laboral y personal, en un sector ampliamente feminizado, señala Álvarez.
El delegado sindical opina que el conflicto se debe a la "racanería empresarial", y que la discrepancia con la patronal se ha topado, además, con la reforma laboral del Gobierno del PP, que "destroza la negociación colectiva".
Fuente : finanzas.com/noticias
Los sindicatos han presentado hoy una demanda de conflicto colectivo del convenio estatal de la Dependencia, al no haber acuerdo en su aplicación entre empresarios y sindicatos, ha informado Luis Álvarez, responsable de la negociación colectiva por CCOO.
Luis Álvarez ha explicado hoy en Barcelona en rueda de prensa que la patronal del sector, la Federación Empresarial de la Asistencia a la Dependencia, quiere eliminar la antigüedad y complementos por trabajar los festivos además de no abonar el incremento salarial previsto en un acuerdo que se alcanzó el pasado año.
En abril del 2011, patronal y sindicatos acordaron que el salario se incrementaría un 5%, tal y como estipulaba una sentencia de la Audiencia Nacional, y que se repartiría en un aumento del 3% ese año y un 1% en 2012 y otro 1% en 2013.
El representante de CCOO ha indicado que "ahora rechazan ese acuerdo de moderación salarial y quieren congelar el sueldo y eliminar otros pluses".
El pasado día 23 de enero se suspendieron las negociaciones entre ambas partes y, desde entonces, no ha habido acercamiento, por lo que CCOO ha optado hoy por interponer una demanda de conflicto colectivo, derivada de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo.
El convenio de la dependencia afecta a unos 180.000 trabajadores de toda España, de los que unos 15.000 están en Cataluña, según datos consensuados por empresas y sindicatos.
En el trasfondo de este conflicto subyace, argumenta el representante sindical, el hecho de que las empresas del sector no se han visto tan beneficiadas como preveían con la Ley de la Dependencia, debido a la amplia aplicación de la figura denominada cuidador informal o familiar en detrimento del profesional, que suele trabajar en geriátricos o centros especializados.
Así, las comunidades autónomas han optado por aplicar la Ley de la Dependencia potenciando la figura del cuidador informal en un 45,4% de las ayudas que se han otorgado, un porcentaje que se eleva hasta el 59,92% en el caso de Cataluña.
El sueldo medio de un gerocultor profesional que trabaja en un geriátrico o centro que atiende a grandes dependientes se sitúa en unos mil euros brutos, incluidos los fines de semana y festivos, una jornada que no facilita la conciliación de la vida laboral y personal, en un sector ampliamente feminizado, señala Álvarez.
El delegado sindical opina que el conflicto se debe a la "racanería empresarial", y que la discrepancia con la patronal se ha topado, además, con la reforma laboral del Gobierno del PP, que "destroza la negociación colectiva".
Fuente : finanzas.com/noticias
sábado, 11 de febrero de 2012
MADRID - COLMENAR VIEJO - CAMPAÑA 15%
Campaña del 15% de descuento para los mayores de Colmenar Viejo que se quedan sin la ayuda a la Dependencia
Dirigida a las personas mayores de Colmenar Viejo con grados de dependencia moderados que vayan a quedarse sin dicha ayuda económica.
El centro Vitalia Colmenar Viejo se suma a la campaña nacional y lanza una campaña local con un 15% de descuento dirigida a las personas mayores con grados de dependencia moderados que, tras la última decisión gubernamental sobre la Ley de Dependencia, vayan a quedarse sin dicha ayuda económica.
La oferta de descuento del 15% se otorgará a las personas que han sido valoradas pero aún no han recibido el Programa Individual de Atención que les corresponde en función de sus limitaciones personales.
Dicha oferta estará en vigor hasta el 1 de enero de 2013 para los dependientes Grado I, Nivel 2.
Vitalia Colmenar Viejo quiere apoyar y poner el Método Hoffmann a disposición de personas dependientes que no han obtenido la ayuda de la Ley de Dependencia y que necesitan una atención terapéutica que en cada centro de día Vitalia desarrolla un equipo multidisciplinar de profesionales expertos en el ámbito socio-sanitario.
Más información en el propio centro Vitalia Colmenar Viejo (C/ Real, 5) o en los teléfonos 91 845 55 55 / 627 83 73 93.
Fuente : encolmenarviejo.es/noticias
Dirigida a las personas mayores de Colmenar Viejo con grados de dependencia moderados que vayan a quedarse sin dicha ayuda económica.
El centro Vitalia Colmenar Viejo se suma a la campaña nacional y lanza una campaña local con un 15% de descuento dirigida a las personas mayores con grados de dependencia moderados que, tras la última decisión gubernamental sobre la Ley de Dependencia, vayan a quedarse sin dicha ayuda económica.
La oferta de descuento del 15% se otorgará a las personas que han sido valoradas pero aún no han recibido el Programa Individual de Atención que les corresponde en función de sus limitaciones personales.
Dicha oferta estará en vigor hasta el 1 de enero de 2013 para los dependientes Grado I, Nivel 2.
Vitalia Colmenar Viejo quiere apoyar y poner el Método Hoffmann a disposición de personas dependientes que no han obtenido la ayuda de la Ley de Dependencia y que necesitan una atención terapéutica que en cada centro de día Vitalia desarrolla un equipo multidisciplinar de profesionales expertos en el ámbito socio-sanitario.
Más información en el propio centro Vitalia Colmenar Viejo (C/ Real, 5) o en los teléfonos 91 845 55 55 / 627 83 73 93.
Fuente : encolmenarviejo.es/noticias
ARAGÓN - CCOO CRITICA EL REPARTO DE AYUDAS A LA DEPENDENCIA
CCOO critica el reparto de ayudas a la dependencia
Según el sindicato, el 60% de la dotación se destina a familias
Comisiones Obreras (CCOO) criticó ayer el reparto de ayudas a la dependencia en Aragón. Según el sindicato, la DGA destina un 61% de la dotación económica de este servicio se destina a las familias, frente al 18% que reciben los asistentes profesionales.
A juicio de la organización, un mayor porcentaje de inversión en particulares no beneficia a las personas dependientes.
En este sentido, indicaron representantes del sindicato, Aragón es una de las peores comunidades de España. La media nacional sitúa la inversión en atención profesionalizada en un 48%. "Existe un desinterés en desarrollar la ley", señaló Luis Álvarez, representante nacional del Área de Negociación Colectiva de la Federación Estatal de Sanidad y Sectores Sociosanitarios.
Según Álvarez, la designación de recursos a las familias impide realizar un control más pormenorizado de la eficiencia de la inversión.
"Se necesita un servicio profesional", sostuvo Rafael López, coordinador de política sindical de la Federación Estatal de Actividades Diversas. "No hay que dar el dinero a las familias", añadió, "porque no podemos volver a la economía sumergida en este sector".
Para López, la subvención directa a los familiares de personas dependientes obedece "a una compra de votos en vez de potenciar los servicios". Algo que, a su juicio, no era el objetivo de la ley de dependencia.
Ambos acudieron a Zaragoza para transmitir a las respectivas federaciones autonómicas la decisión de interponer una demanda en la Audiencia Nacional contra los empresarios del sector de la dependencia.
Acusan a la patronal de no cumplir el convenio negociado el pasado abril, en el que se obliga a un incremento del salario del 2'4%. "No quieren pagar el convenio", indicó Álvarez. "Algunos empresarios están dispuestos, pero otros no. Y así es imposible llegar a un acuerdo", sentenció su compañero
Fuente : elperiodicodearagon.com/noticias
Según el sindicato, el 60% de la dotación se destina a familias
Comisiones Obreras (CCOO) criticó ayer el reparto de ayudas a la dependencia en Aragón. Según el sindicato, la DGA destina un 61% de la dotación económica de este servicio se destina a las familias, frente al 18% que reciben los asistentes profesionales.
A juicio de la organización, un mayor porcentaje de inversión en particulares no beneficia a las personas dependientes.
En este sentido, indicaron representantes del sindicato, Aragón es una de las peores comunidades de España. La media nacional sitúa la inversión en atención profesionalizada en un 48%. "Existe un desinterés en desarrollar la ley", señaló Luis Álvarez, representante nacional del Área de Negociación Colectiva de la Federación Estatal de Sanidad y Sectores Sociosanitarios.
Según Álvarez, la designación de recursos a las familias impide realizar un control más pormenorizado de la eficiencia de la inversión.
"Se necesita un servicio profesional", sostuvo Rafael López, coordinador de política sindical de la Federación Estatal de Actividades Diversas. "No hay que dar el dinero a las familias", añadió, "porque no podemos volver a la economía sumergida en este sector".
Para López, la subvención directa a los familiares de personas dependientes obedece "a una compra de votos en vez de potenciar los servicios". Algo que, a su juicio, no era el objetivo de la ley de dependencia.
Ambos acudieron a Zaragoza para transmitir a las respectivas federaciones autonómicas la decisión de interponer una demanda en la Audiencia Nacional contra los empresarios del sector de la dependencia.
Acusan a la patronal de no cumplir el convenio negociado el pasado abril, en el que se obliga a un incremento del salario del 2'4%. "No quieren pagar el convenio", indicó Álvarez. "Algunos empresarios están dispuestos, pero otros no. Y así es imposible llegar a un acuerdo", sentenció su compañero
Fuente : elperiodicodearagon.com/noticias
MADRID - DOS MILLONES PARA GRAN DEPENDENCIA EN LA ZONA SUR
La comunidad destina casi 2 millones para personas con gran dependencia por discapacidad física en la zona sur
El consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, y el alcalde de Getafe, Juan Soler, destacaron hoy "la importancia de un entendimiento entre administraciones" y su “buena relación”, tanto para los ciudadanos de Getafe como para los del resto de la región, durante la visita que realizaron a la residencia y centro de día para personas con discapacidad física de la zona sur.
La Comunidad destina este año casi dos millones de euros para atender a las personas con gran dependencia en estas instalaciones, ubicadas en Getafe.
La residencia y centro de día de Getafe, declaró el consejero, “es fruto de la colaboración”, algo que los ciudadanos “no nos perdonan que no hagamos por el bien común y por el interés general”. La cooperación, añadió, “nos la exigen los ciudadanos y es necesaria”.
Victoria agradeció tanto al Ayuntamiento de Getafe como a Obra Social Caja Madrid la ayuda para crear la residencia y centro de día, la primera de esta envergadura que se ha realizado fuera de Madrid capital, y agregó que el Gobierno regional destinará anualmente algo más de dos millones de euros para financiar estas instalaciones.
Además, Victoria afirmó que las relaciones institucionales se sustentan en “buenas relaciones personales”, las cuales “hay que fomentar y no crear enemistades falsas que, al final, perjudican sobre todo a los vecinos”.
Durante la visita al centro, Victoria y Soler realizaron un recorrido por las instalaciones y conversaron con usuarios y profesionales que allí se encontraban, como en un taller de manualidades donde estaban realizando disfraces para Carnaval.
El consejero destacó la labor de los 82 profesionales y "el cariño, la cercanía y el interés” con el que tratan a las personas con discapacidad que allí residen o acuden al centro a realizar talleres, terapias o actividades.
María del Carmen, de 42 años, que tiene esclerosis múltiple desde hace unos 11 años, acude desde el 10 de enero de 2011 de lunes a viernes al centro de día y asegura “estar muy bien” con la atención que recibe, ya que su marido no puede cuidarla. “Vengo para mejorar y me dan un buen trato aquí”, añadió.
Otra usuaria del centro de día, Josefa, de 66 años, dijo sentirse también bien e indicó que no le importaría "pasar día y noche” allí si su marido algún día no pudiese cuidar de ella. Ambas realizan terapia ocupacional y gimnasia, entre otras actividades y talleres de los que disponen.
500 CENTROS
La Comunidad de Madrid cuenta ya con más de 500 centros especializados para atender a personas en situación de dependencia y más de 21.000 plazas para aquellas que tienen discapacidad, recordó Victoria.
Se trata de una red, aseguró, que destaca por los servicios profesionales, por la atención individualizada y por el saber adaptarse a las necesidades y circunstancias de las personas con discapacidad, y que cuenta con centros pioneros a nivel nacional, como los de esclerosis múltiple, lesión medular o parálisis cerebral.
Estos centros, añadió, dan un “servicio ejemplar” a personas con discapacidad y están en la línea “cercana e individualizada” que se exige a la red de la Comunidad.
A día de hoy, explicó Victoria, trabajan en el Tercer Plan de Acción para Personas con Discapacidad, con la colaboración de distintas asociaciones, que quieren profundice especialmente en “lograr el máximo grado de autonomía” de las personas con discapacidad y en “la igualdad de oportunidades” para ellas, así como en “la mejora y utilización de los servicios y recursos públicos” destinados a este colectivo en la región.
Indicó que desde la puesta en marcha de la Ley de Atención a la Dependencia ya han recibido en Getafe 5.121 solicitudes de dependencia, de las cuales el 98% han sido valoradas en su propio domicilio y el 82% ya reciben la prestación a la que tienen derecho.
Victoria señaló que aunque todavía queda por hacer y está pendiente llegar al 100%, tienen que estar orgullosos del nivel de prestación de servicios. “No van a faltar recursos para que todos aquellos que lo necesiten reciban el cuidado y atención que merecen del Gobierno regional", añadió
Fuente : noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales
El consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, y el alcalde de Getafe, Juan Soler, destacaron hoy "la importancia de un entendimiento entre administraciones" y su “buena relación”, tanto para los ciudadanos de Getafe como para los del resto de la región, durante la visita que realizaron a la residencia y centro de día para personas con discapacidad física de la zona sur.
La Comunidad destina este año casi dos millones de euros para atender a las personas con gran dependencia en estas instalaciones, ubicadas en Getafe.
La residencia y centro de día de Getafe, declaró el consejero, “es fruto de la colaboración”, algo que los ciudadanos “no nos perdonan que no hagamos por el bien común y por el interés general”. La cooperación, añadió, “nos la exigen los ciudadanos y es necesaria”.
Victoria agradeció tanto al Ayuntamiento de Getafe como a Obra Social Caja Madrid la ayuda para crear la residencia y centro de día, la primera de esta envergadura que se ha realizado fuera de Madrid capital, y agregó que el Gobierno regional destinará anualmente algo más de dos millones de euros para financiar estas instalaciones.
Además, Victoria afirmó que las relaciones institucionales se sustentan en “buenas relaciones personales”, las cuales “hay que fomentar y no crear enemistades falsas que, al final, perjudican sobre todo a los vecinos”.
Durante la visita al centro, Victoria y Soler realizaron un recorrido por las instalaciones y conversaron con usuarios y profesionales que allí se encontraban, como en un taller de manualidades donde estaban realizando disfraces para Carnaval.
El consejero destacó la labor de los 82 profesionales y "el cariño, la cercanía y el interés” con el que tratan a las personas con discapacidad que allí residen o acuden al centro a realizar talleres, terapias o actividades.
María del Carmen, de 42 años, que tiene esclerosis múltiple desde hace unos 11 años, acude desde el 10 de enero de 2011 de lunes a viernes al centro de día y asegura “estar muy bien” con la atención que recibe, ya que su marido no puede cuidarla. “Vengo para mejorar y me dan un buen trato aquí”, añadió.
Otra usuaria del centro de día, Josefa, de 66 años, dijo sentirse también bien e indicó que no le importaría "pasar día y noche” allí si su marido algún día no pudiese cuidar de ella. Ambas realizan terapia ocupacional y gimnasia, entre otras actividades y talleres de los que disponen.
500 CENTROS
La Comunidad de Madrid cuenta ya con más de 500 centros especializados para atender a personas en situación de dependencia y más de 21.000 plazas para aquellas que tienen discapacidad, recordó Victoria.
Se trata de una red, aseguró, que destaca por los servicios profesionales, por la atención individualizada y por el saber adaptarse a las necesidades y circunstancias de las personas con discapacidad, y que cuenta con centros pioneros a nivel nacional, como los de esclerosis múltiple, lesión medular o parálisis cerebral.
Estos centros, añadió, dan un “servicio ejemplar” a personas con discapacidad y están en la línea “cercana e individualizada” que se exige a la red de la Comunidad.
A día de hoy, explicó Victoria, trabajan en el Tercer Plan de Acción para Personas con Discapacidad, con la colaboración de distintas asociaciones, que quieren profundice especialmente en “lograr el máximo grado de autonomía” de las personas con discapacidad y en “la igualdad de oportunidades” para ellas, así como en “la mejora y utilización de los servicios y recursos públicos” destinados a este colectivo en la región.
Indicó que desde la puesta en marcha de la Ley de Atención a la Dependencia ya han recibido en Getafe 5.121 solicitudes de dependencia, de las cuales el 98% han sido valoradas en su propio domicilio y el 82% ya reciben la prestación a la que tienen derecho.
Victoria señaló que aunque todavía queda por hacer y está pendiente llegar al 100%, tienen que estar orgullosos del nivel de prestación de servicios. “No van a faltar recursos para que todos aquellos que lo necesiten reciban el cuidado y atención que merecen del Gobierno regional", añadió
Fuente : noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales
PAIS VASCO - LAS JUNTAS INSTAN AL GOBIERNO A FINANCIAR LA LEY
Las Juntas instan al Gobierno a financiar la Ley de Dependencia
Las Juntas Generales aprobaron ayer instar al Gobierno central a que garantice la financiación de la Ley de Dependencia.
La Cámara foral rechazó la modificación de la normativa aprobada por el Gobierno del PP, cambio que supone una moratoria de un año en la percepción de las prestaciones que corresponden a los dependientes moderados.
La Diputación asumirá las prestaciones durante ese aplazamiento.
El calendario para el desarrollo de la Ley de Dependencia establece que a partir de 2011, las personas valoradas con un grado de dependencia 1.2 tienen derecho a percibir una prestación económica.
El diputado de Política Social, Ander Rodríguez, explicó la semana pasada, cuando anunció la decisión foral, que «el Gobierno español ha establecido una moratoria para paralizar a lo largo de 2012 el acceso a esta ayuda económica.
Por ello, la Diputación asumirá el pago íntegro de las prestaciones que les corresponden a las personas que sean valoradas con grado 1.2 durante este año».
Esta medida supondrá un desembolso aproximado de 325.000 euros para las arcas forales.
A su vez, la Cámara manifestó su oposición a la congelación del salario mínimo interprofesional, al tiempo que reivindicó que Euskadi cuente con un marco propio de relaciones laborales.
Fuente : diariovasco.com
Las Juntas Generales aprobaron ayer instar al Gobierno central a que garantice la financiación de la Ley de Dependencia.
La Cámara foral rechazó la modificación de la normativa aprobada por el Gobierno del PP, cambio que supone una moratoria de un año en la percepción de las prestaciones que corresponden a los dependientes moderados.
La Diputación asumirá las prestaciones durante ese aplazamiento.
El calendario para el desarrollo de la Ley de Dependencia establece que a partir de 2011, las personas valoradas con un grado de dependencia 1.2 tienen derecho a percibir una prestación económica.
El diputado de Política Social, Ander Rodríguez, explicó la semana pasada, cuando anunció la decisión foral, que «el Gobierno español ha establecido una moratoria para paralizar a lo largo de 2012 el acceso a esta ayuda económica.
Por ello, la Diputación asumirá el pago íntegro de las prestaciones que les corresponden a las personas que sean valoradas con grado 1.2 durante este año».
Esta medida supondrá un desembolso aproximado de 325.000 euros para las arcas forales.
A su vez, la Cámara manifestó su oposición a la congelación del salario mínimo interprofesional, al tiempo que reivindicó que Euskadi cuente con un marco propio de relaciones laborales.
Fuente : diariovasco.com
MÁLAGA - COLECTIVOS CLAMAN CONTRA LOS RECORTES
Colectivos de Málaga claman contra los recortes en la Ley de Dependencia
Asociaciones de discapacitados, federaciones vecinales y sindicatos suscriben un manifiesto en defensa del sistema de atención a personas dependientes, que beneficia en Málaga a 29.000 familias
Un nutrido grupo de colectivos sociales de la provincia han decidido unir sus fuerzas para protestar contra los recortes en la aplicación de la Ley de Dependencia incluido en el plan de ajustes del nuevo Gobierno para reducir el déficit público del Estado y que, según los cálculos de la Junta de Andalucía, afectará directamente a unos 7.400 dependientes en Málaga, que tienen una valoración ya realizada del grado I-nivel II de incapacidad aunque aún no han accedido a las ayudas públicas ni lo harán al menos hasta 2013.
La Federación de Discapacitados Físicos de Málaga, la ONCE, la Federación Andaluza de Enfermedades Mentales (FEAFES); Gota Roja; Mar Abierto; Pangea, Amapacce; Prodiversa; ASIT; Faisem; los sindicatos CCOO y UGT; las federaciones de asociaciones de vecinos Solidaridad, Unidad y Civilis, además de la Federación de Padres y Madres de Alumnos (AMPAS) son las entidades que, hasta el momento, han suscrito un manifiesto en el que exigen al Ejecutivo de Mariano Rajoy que "dé marcha atrás a su bloqueo" a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. "Los firmantes entendemos que la aplicación de la Ley de Dependencia es innegociable, por cuanto protege a un colectivo especialmente vulnerable y contribuye a garantizar un pilar básico del Estado del Bienestar".
Asimismo, los colectivos expresan su "más absoluto rechazo a que esta decisión se haya tomado sin contar con el Consejo Territorial ni los órganos de participación y asesoramiento que establece la ley", criticando que se trata de una decisión "poco meditada y cargada de fuertes dosis de improvisación".
Además, ponen en duda que la medida implique un ahorro económico que la justifique, a la vez que abogan por desterrar el término 'gasto social' y hablar directamente de 'inversión social'.
Beneficiados en Málaga
Según estos colectivos, en la provincia son más de 29.000 las familias que se benefician de las prestaciones contempladas en la normativa como la teleasistencia o la ayuda a domicilio.
En este punto, mantienen que la Ley de Dependencia, desde su entrada en vigor hace cinco años, es "una de las medidas de mayor justicia social en España dado que, por un lado se protege a personas en situaciones adversas y, por otro, se reconoce la figura del cuidador, en su mayor parte mujeres de más de 50 años que entregan su vida para atender a un familiar.
Las distintas entidades sociales darán a conocer públicamente el manifiesto mañana viernes en la sede de la ONCE de la calle Cuarteles, donde también tienen previsto anunciar otras actuaciones en defensa de las personas dependientes.
Fuente : diariosur.es
Asociaciones de discapacitados, federaciones vecinales y sindicatos suscriben un manifiesto en defensa del sistema de atención a personas dependientes, que beneficia en Málaga a 29.000 familias
Un nutrido grupo de colectivos sociales de la provincia han decidido unir sus fuerzas para protestar contra los recortes en la aplicación de la Ley de Dependencia incluido en el plan de ajustes del nuevo Gobierno para reducir el déficit público del Estado y que, según los cálculos de la Junta de Andalucía, afectará directamente a unos 7.400 dependientes en Málaga, que tienen una valoración ya realizada del grado I-nivel II de incapacidad aunque aún no han accedido a las ayudas públicas ni lo harán al menos hasta 2013.
La Federación de Discapacitados Físicos de Málaga, la ONCE, la Federación Andaluza de Enfermedades Mentales (FEAFES); Gota Roja; Mar Abierto; Pangea, Amapacce; Prodiversa; ASIT; Faisem; los sindicatos CCOO y UGT; las federaciones de asociaciones de vecinos Solidaridad, Unidad y Civilis, además de la Federación de Padres y Madres de Alumnos (AMPAS) son las entidades que, hasta el momento, han suscrito un manifiesto en el que exigen al Ejecutivo de Mariano Rajoy que "dé marcha atrás a su bloqueo" a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. "Los firmantes entendemos que la aplicación de la Ley de Dependencia es innegociable, por cuanto protege a un colectivo especialmente vulnerable y contribuye a garantizar un pilar básico del Estado del Bienestar".
Asimismo, los colectivos expresan su "más absoluto rechazo a que esta decisión se haya tomado sin contar con el Consejo Territorial ni los órganos de participación y asesoramiento que establece la ley", criticando que se trata de una decisión "poco meditada y cargada de fuertes dosis de improvisación".
Además, ponen en duda que la medida implique un ahorro económico que la justifique, a la vez que abogan por desterrar el término 'gasto social' y hablar directamente de 'inversión social'.
Beneficiados en Málaga
Según estos colectivos, en la provincia son más de 29.000 las familias que se benefician de las prestaciones contempladas en la normativa como la teleasistencia o la ayuda a domicilio.
En este punto, mantienen que la Ley de Dependencia, desde su entrada en vigor hace cinco años, es "una de las medidas de mayor justicia social en España dado que, por un lado se protege a personas en situaciones adversas y, por otro, se reconoce la figura del cuidador, en su mayor parte mujeres de más de 50 años que entregan su vida para atender a un familiar.
Las distintas entidades sociales darán a conocer públicamente el manifiesto mañana viernes en la sede de la ONCE de la calle Cuarteles, donde también tienen previsto anunciar otras actuaciones en defensa de las personas dependientes.
Fuente : diariosur.es
HUELVA - PP DENUNCIA REDUCCIÓN AYUDAS A LA LEY
El PP denuncia la reducción de las ayudas a la Ley de Dependencia
Los populares critican los recortes sociales del Gobierno andaluz
El Partido Popular de Huelva ha acusado a la Junta de Andalucía de reducir en 2.283 euros, las ayudas a cada usuario de la Ley de Dependencia en sólo tres años.
Así lo ha puesto de manifiesto la portavoz de Igualdad y Bienestar Social del PP en el Parlamento andaluz, Loles López, quién ha señalado que la "Junta de Andalucía ha protagonizado los mayores recortes en materia de bienestar social e igualdad".
Como ha subrayado la popular, "son ya habituales e importantes, los retrasos en los plazos de reconocimiento de las la dependencia en esta provincia", una situación que se agrava tras la disminución en 235 millones de euros en toda Andalucía de las transferencias a las corporaciones locales en cuanto a los servicios sociales para personas con discapacidad y mayores.
"Esta es la verdadera cara del PSOE y estos son los verdaderos recortes del Gobierno andaluz", ha resaltado la parlamentaria andaluza del PP, quien ha recordado que la Junta también "acumula importantes retrasos en los pagos a los centros de día y las residencias de mayores, a lo que se suman los reiterados incumplimientos del Gobierno andaluz en la ampliación y concesión de plazas concertadas en este tipo de centros".
Un problema que en la provincia de Huelva está afectando a dos centros en especial. Por un lado, Loles López se ha referido a la situación del geriátrico de El Cerro del Andévalo, con el que la "Junta no ha cumplido, engañando a los trabajadores y a los vecinos de El Cerro del Andévalo y dejando al borde de la ruina y la quiebra a esta instalación".
Para la popular, "esta es una muestra más del interés por los asuntos sociales y por el empleo que tiene la Junta de Andalucía y el PSOE" por lo que ha reclamado una solución "urgente" al problema ya que se le prometió el concierto de plazas "que luego la Junta ha denegado".
Asimismo, la parlamentaria andaluza se ha referido también a la situación de los trabajadores de la residencia de mayores de Alosno, que están acampados en la plaza del Ayuntamiento por el impago de nueve nóminas.
Fuente : huelvainformacion.es/article/huelva
Los populares critican los recortes sociales del Gobierno andaluz
El Partido Popular de Huelva ha acusado a la Junta de Andalucía de reducir en 2.283 euros, las ayudas a cada usuario de la Ley de Dependencia en sólo tres años.
Así lo ha puesto de manifiesto la portavoz de Igualdad y Bienestar Social del PP en el Parlamento andaluz, Loles López, quién ha señalado que la "Junta de Andalucía ha protagonizado los mayores recortes en materia de bienestar social e igualdad".
Como ha subrayado la popular, "son ya habituales e importantes, los retrasos en los plazos de reconocimiento de las la dependencia en esta provincia", una situación que se agrava tras la disminución en 235 millones de euros en toda Andalucía de las transferencias a las corporaciones locales en cuanto a los servicios sociales para personas con discapacidad y mayores.
"Esta es la verdadera cara del PSOE y estos son los verdaderos recortes del Gobierno andaluz", ha resaltado la parlamentaria andaluza del PP, quien ha recordado que la Junta también "acumula importantes retrasos en los pagos a los centros de día y las residencias de mayores, a lo que se suman los reiterados incumplimientos del Gobierno andaluz en la ampliación y concesión de plazas concertadas en este tipo de centros".
Un problema que en la provincia de Huelva está afectando a dos centros en especial. Por un lado, Loles López se ha referido a la situación del geriátrico de El Cerro del Andévalo, con el que la "Junta no ha cumplido, engañando a los trabajadores y a los vecinos de El Cerro del Andévalo y dejando al borde de la ruina y la quiebra a esta instalación".
Para la popular, "esta es una muestra más del interés por los asuntos sociales y por el empleo que tiene la Junta de Andalucía y el PSOE" por lo que ha reclamado una solución "urgente" al problema ya que se le prometió el concierto de plazas "que luego la Junta ha denegado".
Asimismo, la parlamentaria andaluza se ha referido también a la situación de los trabajadores de la residencia de mayores de Alosno, que están acampados en la plaza del Ayuntamiento por el impago de nueve nóminas.
Fuente : huelvainformacion.es/article/huelva
LEY DE DEPENDENCIA: DESCONTROL Y FALTA DE HUMANIDAD
Ley de Dependencia: descontrol y falta de humanidad
Después de más de dos años en trámites para reclamar los derechos que la Ley de Dependencia concede a personas como mi madre; después de innumerables llamadas pidiendo información; después de montones de papeles; después de varias visitas domiciliarias y la constatación de que ella, a sus casi 96 años, permanece inválida en silla de ruedas a causa de una rotura de cadera; después de todo eso y más, finalmente nos dan cita para que acudamos , el 2 de febrero, a “evaluar su estado” a las oficinas de la Generalitat en Av. Hermanos Bou de Castellón.
Puesto que en los Servicios Sociales del municipio nos han indicado que sí debemos desplazarla allí, a pesar del intenso frío, cargué como puede a mi madre en un coche, para llevarla bien arropada a la cita con el peso de sus años y su dificultad añadida para moverse.
Tras casi una hora de espera, el doctor que nos atiende sin siquiera mirar a la paciente, nos hace preguntas sobre el tipo de lesión, las causas de su lesión, la fecha del suceso, sus secuelas, medicamentos que toma, etc.
Finalmente dice que por su invalidez tiene derecho a desgravaciones en la Declaración de Renta y que recibiremos en casa unos papeles con los que hemos de acudir al Ayuntamiento para solicitar una tarjeta de minusválido que, colocada en el coche, nos permitirá aparcar en lugares reservados a tal efecto.
“Es una tarjeta -nos dice- que es válida para cualquier ciudad, tanto dentro de la Comunidad como en el resto de España. También es válida para desplazamientos por toda Europa”.
No creo -le dije al amable doctor- que mi madre tenga que desplazarse a Bruselas. Ni siquiera a Valencia y si hoy hemos venido aquí es porque Uds. nos han citado y nos han dicho que la trajéramos.
Finalizada una visita puramente administrativa y realizadas las anotaciones en el ordenador del facultativo, salí preguntándome para qué debíamos traerla a ella con este frío y con la dificultad añadida para moverla.
Siguiendo las instrucciones del médico, a continuación debíamos pasar por el despacho de la Asistenta Social situado a la derecha en un pasillo contiguo al suyo.
Cuando, tras media hora más de espera, nos recibe la Asistenta sentada ante su ordenador, y también sin mirar a mi madre, nos hace preguntas que va anotando: ¿Sabe leer? ¿Dónde vive? ¿La casa es de ella? ¿Cobra pensión?,…
Tras esas cuestiones (cuya importancia yo no logro descifrar) la funcionaria se pone a explicarnos lo mismo que el doctor: que mi madre tiene derecho a desgravaciones en Renta. La interrumpo para decirle que ella solo cobra 600 euros al mes y que no paga a Hacienda por lo que nada puede desgravarse.
Ya algo molesto y previendo que iba a despedirnos, le pregunto sobre cuál ha sido el motivo de hacernos acudir a esas oficinas y me dice que es para que la viera el doctor y para explicarnos lo de la desgravación en renta y también que decirnos que tenemos derecho a solicitar en el Ayuntamiento una tarjeta que puesta en el coche nos permitirá aparcar en lugares reservados para minusválidos.
“Sí -le dije ya un poco más molesto- es muy útil saber que si vamos a Bruselas podremos aparcar también allí en un lugar reservado para minusválidos ¿Es así no? Muchas gracias.”
Me marché abrigándome y abrigando a mi madre lo mejor que pude para soportar el frío siberiano que esos días ha penetrado en España y meditando sobre el burocrático sistema que rige en nuestra Administración que tiene distraídos a muchos funcionarios para perder el tiempo haciéndonos perderlo a todos, repitiendo una y otra vez los mismos informes con los mismos datos que conocen o debieran conocer de sobra.
Una administración que en su burocracia insensible, casi inhumana, exige transportar a una anciana en pleno invierno, con intenso frío a unas oficinas sin que yo sepa, todavía a estas fechas, porqué ni para qué.
Solo es una opinión, Ud. perdone - Por J. P. Enrique
Fuente : elperiodic.com
Después de más de dos años en trámites para reclamar los derechos que la Ley de Dependencia concede a personas como mi madre; después de innumerables llamadas pidiendo información; después de montones de papeles; después de varias visitas domiciliarias y la constatación de que ella, a sus casi 96 años, permanece inválida en silla de ruedas a causa de una rotura de cadera; después de todo eso y más, finalmente nos dan cita para que acudamos , el 2 de febrero, a “evaluar su estado” a las oficinas de la Generalitat en Av. Hermanos Bou de Castellón.
Puesto que en los Servicios Sociales del municipio nos han indicado que sí debemos desplazarla allí, a pesar del intenso frío, cargué como puede a mi madre en un coche, para llevarla bien arropada a la cita con el peso de sus años y su dificultad añadida para moverse.
Tras casi una hora de espera, el doctor que nos atiende sin siquiera mirar a la paciente, nos hace preguntas sobre el tipo de lesión, las causas de su lesión, la fecha del suceso, sus secuelas, medicamentos que toma, etc.
Finalmente dice que por su invalidez tiene derecho a desgravaciones en la Declaración de Renta y que recibiremos en casa unos papeles con los que hemos de acudir al Ayuntamiento para solicitar una tarjeta de minusválido que, colocada en el coche, nos permitirá aparcar en lugares reservados a tal efecto.
“Es una tarjeta -nos dice- que es válida para cualquier ciudad, tanto dentro de la Comunidad como en el resto de España. También es válida para desplazamientos por toda Europa”.
No creo -le dije al amable doctor- que mi madre tenga que desplazarse a Bruselas. Ni siquiera a Valencia y si hoy hemos venido aquí es porque Uds. nos han citado y nos han dicho que la trajéramos.
Finalizada una visita puramente administrativa y realizadas las anotaciones en el ordenador del facultativo, salí preguntándome para qué debíamos traerla a ella con este frío y con la dificultad añadida para moverla.
Siguiendo las instrucciones del médico, a continuación debíamos pasar por el despacho de la Asistenta Social situado a la derecha en un pasillo contiguo al suyo.
Cuando, tras media hora más de espera, nos recibe la Asistenta sentada ante su ordenador, y también sin mirar a mi madre, nos hace preguntas que va anotando: ¿Sabe leer? ¿Dónde vive? ¿La casa es de ella? ¿Cobra pensión?,…
Tras esas cuestiones (cuya importancia yo no logro descifrar) la funcionaria se pone a explicarnos lo mismo que el doctor: que mi madre tiene derecho a desgravaciones en Renta. La interrumpo para decirle que ella solo cobra 600 euros al mes y que no paga a Hacienda por lo que nada puede desgravarse.
Ya algo molesto y previendo que iba a despedirnos, le pregunto sobre cuál ha sido el motivo de hacernos acudir a esas oficinas y me dice que es para que la viera el doctor y para explicarnos lo de la desgravación en renta y también que decirnos que tenemos derecho a solicitar en el Ayuntamiento una tarjeta que puesta en el coche nos permitirá aparcar en lugares reservados para minusválidos.
“Sí -le dije ya un poco más molesto- es muy útil saber que si vamos a Bruselas podremos aparcar también allí en un lugar reservado para minusválidos ¿Es así no? Muchas gracias.”
Me marché abrigándome y abrigando a mi madre lo mejor que pude para soportar el frío siberiano que esos días ha penetrado en España y meditando sobre el burocrático sistema que rige en nuestra Administración que tiene distraídos a muchos funcionarios para perder el tiempo haciéndonos perderlo a todos, repitiendo una y otra vez los mismos informes con los mismos datos que conocen o debieran conocer de sobra.
Una administración que en su burocracia insensible, casi inhumana, exige transportar a una anciana en pleno invierno, con intenso frío a unas oficinas sin que yo sepa, todavía a estas fechas, porqué ni para qué.
Solo es una opinión, Ud. perdone - Por J. P. Enrique
Fuente : elperiodic.com
CASTILLA LA MANCHA - ENCERRADOS EN PROTESTA POR LOS RECORTES
La plataforma ley de dependencia asegura que varios de sus miembros se encerraron en Fuensalida
La Plataforma Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha afirma en un comunicado que varios de sus miembros permanecieron hoy encerrados durante un largo tiempo en la sede de la Presidencia autonómica, en Toledo, en contra de la versión ofrecida por el Gobierno regional.
La plataforma respondía así a la versión de la Junta de Castilla-La Mancha, que previamente había negado que un grupo de personas con discapacidad se encerrara en el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno que preside María Dolores de Cospedal, para protestar por los recortes asistenciales, "si bien sí accedieron al hall sin que la policía procediera a su desalojo, como corresponde en casos así".
Según la Junta, miembros de la Plataforma Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha se personaron en el Palacio de Fuensalida, donde, según el director general de Seguridad y Salud Laboral, Andrés Gómez Gordo, en ningún momento "se han encerrado".
VERSIÓN DE LA PLATAFORMA
Por su parte, la plataforma indicó en un comunicado que "la mentira y la manipulación siguen instaladas en las formas de actuar de todos los que componen el Ejecutivo y sus altos cargos", y desmintió la versión del director general.
Según la plataforma, sí "hubo encierro en el Palacio de Fuensalida", se avisó a la Policía Nacional y se amenazó a los encerrados con el desalojo.
La plataforma asegura, asimismo, que sus portavoces, "en un acto más de buena voluntad", abandonaron el encierro ante el compromiso de Cospedal "de concertar una entrevista con el señor (José Ignacio) Echániz", consejero de Sanidad.
"El encierro", continúa el comunicado, "tenía como única pretensión el conseguir el compromiso en firme de la Sra. Cospedal de finalizar de una vez con la situación sangrante, deningrante e ilegal que está sufriendo durante los últimos siete meses el colectivo de beneficiarios de la Ley de Dependencia de la región, por lo que pocas medallas puede ponerse la presidenta cuando está llevando a la indigencia a los mismos".
Fuente : ecodiario.eleconomista.es
La Plataforma Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha afirma en un comunicado que varios de sus miembros permanecieron hoy encerrados durante un largo tiempo en la sede de la Presidencia autonómica, en Toledo, en contra de la versión ofrecida por el Gobierno regional.
La plataforma respondía así a la versión de la Junta de Castilla-La Mancha, que previamente había negado que un grupo de personas con discapacidad se encerrara en el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno que preside María Dolores de Cospedal, para protestar por los recortes asistenciales, "si bien sí accedieron al hall sin que la policía procediera a su desalojo, como corresponde en casos así".
Según la Junta, miembros de la Plataforma Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha se personaron en el Palacio de Fuensalida, donde, según el director general de Seguridad y Salud Laboral, Andrés Gómez Gordo, en ningún momento "se han encerrado".
VERSIÓN DE LA PLATAFORMA
Por su parte, la plataforma indicó en un comunicado que "la mentira y la manipulación siguen instaladas en las formas de actuar de todos los que componen el Ejecutivo y sus altos cargos", y desmintió la versión del director general.
Según la plataforma, sí "hubo encierro en el Palacio de Fuensalida", se avisó a la Policía Nacional y se amenazó a los encerrados con el desalojo.
La plataforma asegura, asimismo, que sus portavoces, "en un acto más de buena voluntad", abandonaron el encierro ante el compromiso de Cospedal "de concertar una entrevista con el señor (José Ignacio) Echániz", consejero de Sanidad.
"El encierro", continúa el comunicado, "tenía como única pretensión el conseguir el compromiso en firme de la Sra. Cospedal de finalizar de una vez con la situación sangrante, deningrante e ilegal que está sufriendo durante los últimos siete meses el colectivo de beneficiarios de la Ley de Dependencia de la región, por lo que pocas medallas puede ponerse la presidenta cuando está llevando a la indigencia a los mismos".
Fuente : ecodiario.eleconomista.es
MÁLAGA - TREINTA Y SEIS ASOCIACIONES DEFIENDEN LA LEY
Treinta y seis asociaciones defienden la ley de la dependencia
Exigen al Gobierno que dé marcha atrás en el bloqueo de su aplicación para 2012
La ley de la dependencia no supone un "gasto social", sino una "inversión social"; hay 29.000 familias en la provincia que se benefician de sus prestaciones y su aplicación es "innegociable" porque protege a un colectivo especialmente vulnerable. Estos son algunos de los argumentos de un manifiesto firmado en favor de esa norma por 36 asociaciones de la provincia que constituyen la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia.
Para estas organizaciones, esa legislación es "una de las medidas de mayor justicia social en España" porque además de amparar a personas en situaciones adversas, reconoce la figura del cuidador, que en su mayoría son mujeres de más de 50 años "que entregan su vida para atender a un familiar". La plataforma estima que todavía se trata de "un derecho frágil".
Por eso, pide al Gobierno que dé marcha atrás en el bloqueo de la ley acordado para 2012 que frenará las prestaciones para los dependientes moderados y retrasará la de otros ya valorados.
Fuente : malagahoy.es/article/malaga
Exigen al Gobierno que dé marcha atrás en el bloqueo de su aplicación para 2012
La ley de la dependencia no supone un "gasto social", sino una "inversión social"; hay 29.000 familias en la provincia que se benefician de sus prestaciones y su aplicación es "innegociable" porque protege a un colectivo especialmente vulnerable. Estos son algunos de los argumentos de un manifiesto firmado en favor de esa norma por 36 asociaciones de la provincia que constituyen la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia.
Para estas organizaciones, esa legislación es "una de las medidas de mayor justicia social en España" porque además de amparar a personas en situaciones adversas, reconoce la figura del cuidador, que en su mayoría son mujeres de más de 50 años "que entregan su vida para atender a un familiar". La plataforma estima que todavía se trata de "un derecho frágil".
Por eso, pide al Gobierno que dé marcha atrás en el bloqueo de la ley acordado para 2012 que frenará las prestaciones para los dependientes moderados y retrasará la de otros ya valorados.
Fuente : malagahoy.es/article/malaga
AVILÉS - PRÓRROGA PRESUPUESTARIA
La ley de Dependencia ahoga a Avilés a causa de la prórroga del presupuesto regional
El gobierno socialista advierte de que le faltan 300.000 euros para afrontar las necesidades de la ayuda a domicilio
La situación de prórroga presupuestaria en el Principado es una amenaza para los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Avilés, que prevén un agujero de 300.000 euros para la aplicación de la ley de Dependencia.
Y es que el número de usuarios se incrementa cada año, sin que la partida regional sirva para dar cobertura a este derecho. Así lo indicó ayer la concejala del área de Bienestar Social, Yolanda Alonso, quien aseguró que el gobierno local está «preocupado».
«En 2011 el Principado destinó una cantidad de 1.035.000 euros para cubrir la ley de Dependencia, y el gasto final fue de 1.053.000, por lo que el Ayuntamiento tuvo que poner la diferencia. Y calculamos que necesitaremos 1,3 millones para 2012». Este déficit de 300.000 euros supone «un serio problema económico del Ayuntamiento para con las personas que tienen derecho a tener ese servicio».
También ligado a la ley de Dependencia, Alonso lamentó la prórroga de su cumplimiento anunciada por el Gobierno de Mariano Rajoy.
En la práctica supone que muchas de las solicitudes que se efectuaron desde el 1 de enero de 2012 (a fecha de 6 de febrero eran 144) no verán reconocido su derecho hasta el año 2013 o 2014, en función del grado de dependencia.
Sólo los grandes discapacitados recibirán atención inmediata. En Avilés se registraron, en total, 4.320 solicitudes desde 2007, de las que se valoraron 3.797.
El envejecimiento de la población avilesina obligará a los responsables de Servicios Sociales a destinar cada vez más recursos a la tercera edad. El 21,4 por ciento de la población avilesina supera los 65 años, y ese porcentaje subirá en los próximos años. «Eso nos obliga a trabajar de forma muy específica las políticas con las personas mayores», reconoció Alonso.
El objetivo, aseguró, es mantener a las personas viviendo en su entorno cuanto más tiempo mejor, y favorecer iniciativas de ocio y salud que les hagan más agradable la vida. De ahí que la labor preventiva sea fundamental. De todas las iniciativas que engloba el Programa Atención a la Dependencia, el servicio más importante es el de ayuda a domicilio, que se completa con la teleasistencia y el programa para mayores de 90 años.
La ayuda a domicilio está encaminada a la atención de las personas en un amplio campo, desde apoyo psicosocial a higiene y tareas domésticas. En 2011 se beneficiaron de este programa 1.152 personas, lo que supone 80 más de las que recibieron atención en 2010. La mayoría de estas personas son ancianos, pero los Servicios Sociales también trabajaron con 122 discapacitados, 18 de ellos menores de edad.
Otro dato que ofreció Alonso es que 292 de los usuarios accedieron al servicio a través de la ley de Dependencia. La partida destinada a ayuda a domicilio en 2011 fue de 2,7 millones, lo que supuso un incremento del 13 por ciento respecto a la de 2010.
Vinculado también a la ayuda a domicilio está el servicio de comida, que permite mejorar la alimentación de los usuarios y evitar también que corran riesgos durante la elaboración de los alimentos. Si en 2010 fueron 43 los usuarios, esa cifra se incrementó en 2011 hasta llegar a los 55.
También aumentaron los usuarios de la teleasistencia, que pasaron de ser 618 a 631. Yolanda Alonso subrayó que en este servicio no existe lista de espera, ya que se concede de forma automática.
En cuanto al trabajo con personas mayores de 90 años, durante 2011 se incorporaron 26 personas nuevas a esta atención. En Avilés viven 644 personas que superan esta edad. En el marco de este programa, la responsable de Bienestar Social se plantea reforzar también la precaución de las personas mayores, para que no sean víctimas de estafas. Ligado a esto, los trabajadores de Servicios Sociales llevarán un sistema de acreditación que les identifique.
Bienestar Social mantiene convenios con la Federación de Personas Sordas del Principado (10.000 euros), Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca (5.000 euros) y convenio de taxi accesible (1.200 euros).
Finalmente, Alonso dio cuenta de las 268 personas que disfrutaron en 2011 de ayudas al transporte, así como del éxito de los programas de envejecimiento activo, entre los que destacan los aparatos deportivos en los parques, el programa «Por tu Salud Camina» y talleres saludables.
El Ayuntamiento de Avilés tiene registrados en su censo electoral a un total de 68.825 ciudadanos con derecho a voto para las elecciones autonómicas anticipadas del 25 de marzo, un 4.64 por ciento menos en las elecciones locales de 2003. En los próximos comicios se estrenarán 188 jóvenes que acaban de cumplir 18 años. El plazo de exposición pública del censo se encuentra abierto hasta el próximo lunes 13 de febrero, inclusive.
Fuente : lne.es/aviles
El gobierno socialista advierte de que le faltan 300.000 euros para afrontar las necesidades de la ayuda a domicilio
La situación de prórroga presupuestaria en el Principado es una amenaza para los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Avilés, que prevén un agujero de 300.000 euros para la aplicación de la ley de Dependencia.
Y es que el número de usuarios se incrementa cada año, sin que la partida regional sirva para dar cobertura a este derecho. Así lo indicó ayer la concejala del área de Bienestar Social, Yolanda Alonso, quien aseguró que el gobierno local está «preocupado».
«En 2011 el Principado destinó una cantidad de 1.035.000 euros para cubrir la ley de Dependencia, y el gasto final fue de 1.053.000, por lo que el Ayuntamiento tuvo que poner la diferencia. Y calculamos que necesitaremos 1,3 millones para 2012». Este déficit de 300.000 euros supone «un serio problema económico del Ayuntamiento para con las personas que tienen derecho a tener ese servicio».
También ligado a la ley de Dependencia, Alonso lamentó la prórroga de su cumplimiento anunciada por el Gobierno de Mariano Rajoy.
En la práctica supone que muchas de las solicitudes que se efectuaron desde el 1 de enero de 2012 (a fecha de 6 de febrero eran 144) no verán reconocido su derecho hasta el año 2013 o 2014, en función del grado de dependencia.
Sólo los grandes discapacitados recibirán atención inmediata. En Avilés se registraron, en total, 4.320 solicitudes desde 2007, de las que se valoraron 3.797.
El envejecimiento de la población avilesina obligará a los responsables de Servicios Sociales a destinar cada vez más recursos a la tercera edad. El 21,4 por ciento de la población avilesina supera los 65 años, y ese porcentaje subirá en los próximos años. «Eso nos obliga a trabajar de forma muy específica las políticas con las personas mayores», reconoció Alonso.
El objetivo, aseguró, es mantener a las personas viviendo en su entorno cuanto más tiempo mejor, y favorecer iniciativas de ocio y salud que les hagan más agradable la vida. De ahí que la labor preventiva sea fundamental. De todas las iniciativas que engloba el Programa Atención a la Dependencia, el servicio más importante es el de ayuda a domicilio, que se completa con la teleasistencia y el programa para mayores de 90 años.
La ayuda a domicilio está encaminada a la atención de las personas en un amplio campo, desde apoyo psicosocial a higiene y tareas domésticas. En 2011 se beneficiaron de este programa 1.152 personas, lo que supone 80 más de las que recibieron atención en 2010. La mayoría de estas personas son ancianos, pero los Servicios Sociales también trabajaron con 122 discapacitados, 18 de ellos menores de edad.
Otro dato que ofreció Alonso es que 292 de los usuarios accedieron al servicio a través de la ley de Dependencia. La partida destinada a ayuda a domicilio en 2011 fue de 2,7 millones, lo que supuso un incremento del 13 por ciento respecto a la de 2010.
Vinculado también a la ayuda a domicilio está el servicio de comida, que permite mejorar la alimentación de los usuarios y evitar también que corran riesgos durante la elaboración de los alimentos. Si en 2010 fueron 43 los usuarios, esa cifra se incrementó en 2011 hasta llegar a los 55.
También aumentaron los usuarios de la teleasistencia, que pasaron de ser 618 a 631. Yolanda Alonso subrayó que en este servicio no existe lista de espera, ya que se concede de forma automática.
En cuanto al trabajo con personas mayores de 90 años, durante 2011 se incorporaron 26 personas nuevas a esta atención. En Avilés viven 644 personas que superan esta edad. En el marco de este programa, la responsable de Bienestar Social se plantea reforzar también la precaución de las personas mayores, para que no sean víctimas de estafas. Ligado a esto, los trabajadores de Servicios Sociales llevarán un sistema de acreditación que les identifique.
Bienestar Social mantiene convenios con la Federación de Personas Sordas del Principado (10.000 euros), Discapacitados Físicos de Avilés y Comarca (5.000 euros) y convenio de taxi accesible (1.200 euros).
Finalmente, Alonso dio cuenta de las 268 personas que disfrutaron en 2011 de ayudas al transporte, así como del éxito de los programas de envejecimiento activo, entre los que destacan los aparatos deportivos en los parques, el programa «Por tu Salud Camina» y talleres saludables.
El Ayuntamiento de Avilés tiene registrados en su censo electoral a un total de 68.825 ciudadanos con derecho a voto para las elecciones autonómicas anticipadas del 25 de marzo, un 4.64 por ciento menos en las elecciones locales de 2003. En los próximos comicios se estrenarán 188 jóvenes que acaban de cumplir 18 años. El plazo de exposición pública del censo se encuentra abierto hasta el próximo lunes 13 de febrero, inclusive.
Fuente : lne.es/aviles
miércoles, 8 de febrero de 2012
DESPOTISMO Y BURLA HACIA LOS DEPENDIENTES
Despotismo y burla hacia los dependientes
¿CÓMO se pueden calificar las medidas de retirada acelerada del apoyo a los dependientes que el Gobierno de UPN/PSN está aplicando en el marco de las políticas antisociales?
¿Cómo denominar las actuaciones de exterminio económico de los dependientes y sus familias de la Agencia Navarra para la Dependencia?
¿Cómo se puede aceptar que se aniquilen por decreto los derechos amparados constitucionalmente y por ley orgánica?
¿Qué pensar de estos gobernantes reconvertidos en capataces que controlan y arruinan la vida de tantas personas impunemente?
Este es un tema de especial sensibilidad social, razón por la que muchos lectores siguen indignados por las noticias sobre los recortes en dependencia que afectan a miles de familias en Navarra.
Familias que cuidan con enormes sacrificios a sus familiares más dependientes, ahorrando millones y millones de euros a la Hacienda Foral en recursos sociosanitarios.
¿Por qué el Gobierno, que maneja todos los datos, no da a conocer la cantidad de dinero público que ahorramos anualmente a la sociedad navarra?
Estas medidas están provocando dolidas reacciones contra estos gobernantes capataces a los que se refieren con calificativos de déspotas, miserables, sinvergüenzas, mentirosos, inútiles, canallas...
Los comentarios más repetidos son: que tenemos lo que nos merecemos y que están ahí porque les votamos. Personalmente no estoy de acuerdo porque creo que quienes votaron a UPN o PSN no se merecen esto. Ningún votante socialista podía imaginar a una consejera socialista en el papel de makitijeras a por los colectivos sociales más desfavorecidos.
Soy madre de un dependiente severo de nivel I. Está muy lejos de ser el peor de los casos. Como a otros miles de dependientes, le han rebajado la prestación mensual, en su caso de 226 euros a 162. Afortunadamente, cuenta con un apoyo familiar que ha podido evitar hasta hora derivarlo como se nos aconsejó en 2006 a un centro residencial cuya plaza tiene un coste aproximado de 2.800 euros mensuales.
Como ha manifestado otra madre, la vida diaria de un dependiente severo implica cuidados constantes de todo tipo, principalmente de la salud que se le va deteriorando irreversiblemente y requiere consultas, pruebas, ingresos hospitalarios, control de fármacos, vigilancia de todos los aspectos de la vida diaria y acompañamiento constante.
A todo esto hay que sumar las innumerables gestiones para encajar los cambios que sufren en estos largos procesos que en su caso tiene un recorrido de 33 años. Es una experiencia desalentadora en lo que respecta a la cobertura de protección pública y al trato que recibimos de las instituciones que supuestamente están para ampararnos. Cubrir las necesidades básicas nos obliga a las familias a un interminable peregrinaje por los embudos de las administraciones en una lucha permanente, solitaria e incomprendida que nos agota la salud y la moral.
¿Por qué el Gobierno no da a conocer la cantidad de dinero público que ahorramos anualmente a la sociedad navarra?
Para las familias cuidadoras, especialmente para las que cuidamos a hijos e hijas con discapacidades, la Ley de Dependencia supuso una tardía respuesta a esta situación en su conjunto, cierta protección jurídica, reconocimiento social y económico para los dependientes.
Por fin llegaba un escaso y difuso apoyo que aportaba ciertas garantías también para el futuro de nuestros familiares cuando desgraciadamente no podamos seguir cuidándolos. Como comprenderán, la espiral de recortes que nos ha impuesto miserablemente este desgobierno nos ha destrozado la vida a dependientes y cuidadores. Una patada tras otra allí donde más nos duele.
Primero se nos quitó la retroactividad en el pago de las ayudas y las ayudas para contratación de cuidados profesionales en el domicilio, después se quitó la subida del IPC y la compatibilidad de las ayudas que afectó a 350 familias a las que utilizaron como brazo ejecutor del recorte, obligándolas a escoger entre acudir a centro de día o la ayuda para cuidados en el domicilio.
Que fueran ellas las que se privaran de un recurso u otro. Sin duda, ha sido una trampa mortal por la que por sus circunstancias se vieron obligadas a privarse del centro de día para no perder la ayuda de cuidados en el hogar que tenían. Eso fue en diciembre. En enero han visto cómo esa ayuda que no podían perder se les ha reducido de forma abrupta, en algún caso en más del 50%.
Y así nos encontramos ya no 350 familias, sino 5.400 familias en Navarra a las que nos han reducido muchas más cosas que el dinero, también ayudas técnicas, apoyo a las asociaciones, programas de prevención y un largo etcétera que sitúa a nuestros familiares dependientes en una situación de alta vulnerabilidad.
La excusa es la crisis y el objetivo de estos y otros recortes contra la ciudadanía no es otro que despojarnos de garantías, derechos y niveles de bienestar con la más nefasta de las tiranías que es la que se ejerce a la sombra de leyes, decretos y órdenes forales.
Así se ha ido imponiendo este nuevo despotismo que resulta tan atroz para los colectivos sociales excluidos y para las personas más vulnerables. Es la dictadura encubierta de esta hornada de politiqueros que se creen impunes y se atreven a utilizar los presupuestos públicos para subir sus sueldos y alimentar intereses particulares.
Resulta intolerable que el ejercicio del poder se convierta en un presumir continuo de supuestas mejoras y ampliación de derechos y que, además, se acompañe de burlas hacia la ciudadanía y las instituciones.
Para muestra el proceso del último recorte. El 23 de diciembre la consejera de Política Social firmaba la Orden Foral que ampara las últimas rebajas, el mismo día en que UPN y PSN aprobaban en el Parlamento los Presupuestos Generales para el 2012, donde habían colado las nuevas cuantías máximas y mínimas rebajadas.
El 26 de enero, a solicitud del Grupo Socialista, comparece la consejera Torres para informar sobre la atención a la dependencia. Informó a bombo y platillo de que el departamento pagaba las deudas acumuladas desde 2009 a los dependientes y sus familias. Mucho altavoz y mucha tinta en titulares. Pero se olvidó de informar que además iban a recortar ya para el día 30 las prestaciones para cuidados en el domicilio de los dependientes.
La información que nos dieron ese día por teléfono es que la rebaja obedecía a lo establecido en la Ley de Presupuestos y que recibiríamos una carta. Fui personalmente a González Tablas, donde me invitaron a que esperara en casa a recibir la carta. Insistí que quería una copia. Me la dieron diciendo que si hubiera leído la normativa que citaba la carta ahí estaba toda la explicación.
¿Cómo iban a mandar esta carta la semana anterior si citaba una normativa que aún no había sido publicada en el BON? La Orden Foral 247/2011, de 23 de diciembre, salió en el BON del 31 de enero. Lo interesante de la carta es que termina recordándonos "el firme compromiso con la aplicación de la Ley de Dependencia que tiene el departamento" y el "importante esfuerzo económico" que supone para la comunidad. Una tomadura de pelo en toda regla.
Llegados a este punto estoy de acuerdo con quienes piden que salgamos a la calle en manifestación. Pero necesitamos más.
Tenemos que organizarnos ya en una plataforma para la defensa de los derechos de las personas dependientes en Navarra que aglutine voluntades y evite que uno a uno nos agoten.
Mi correo electrónico es iarbonies@gmail.com para quienes vean la necesidad de reforzarnos en algo común y solidario ante esta situación.
Por isabel arboniés
Fuente : noticiasdenavarra.com
¿CÓMO se pueden calificar las medidas de retirada acelerada del apoyo a los dependientes que el Gobierno de UPN/PSN está aplicando en el marco de las políticas antisociales?
¿Cómo denominar las actuaciones de exterminio económico de los dependientes y sus familias de la Agencia Navarra para la Dependencia?
¿Cómo se puede aceptar que se aniquilen por decreto los derechos amparados constitucionalmente y por ley orgánica?
¿Qué pensar de estos gobernantes reconvertidos en capataces que controlan y arruinan la vida de tantas personas impunemente?
Este es un tema de especial sensibilidad social, razón por la que muchos lectores siguen indignados por las noticias sobre los recortes en dependencia que afectan a miles de familias en Navarra.
Familias que cuidan con enormes sacrificios a sus familiares más dependientes, ahorrando millones y millones de euros a la Hacienda Foral en recursos sociosanitarios.
¿Por qué el Gobierno, que maneja todos los datos, no da a conocer la cantidad de dinero público que ahorramos anualmente a la sociedad navarra?
Estas medidas están provocando dolidas reacciones contra estos gobernantes capataces a los que se refieren con calificativos de déspotas, miserables, sinvergüenzas, mentirosos, inútiles, canallas...
Los comentarios más repetidos son: que tenemos lo que nos merecemos y que están ahí porque les votamos. Personalmente no estoy de acuerdo porque creo que quienes votaron a UPN o PSN no se merecen esto. Ningún votante socialista podía imaginar a una consejera socialista en el papel de makitijeras a por los colectivos sociales más desfavorecidos.
Soy madre de un dependiente severo de nivel I. Está muy lejos de ser el peor de los casos. Como a otros miles de dependientes, le han rebajado la prestación mensual, en su caso de 226 euros a 162. Afortunadamente, cuenta con un apoyo familiar que ha podido evitar hasta hora derivarlo como se nos aconsejó en 2006 a un centro residencial cuya plaza tiene un coste aproximado de 2.800 euros mensuales.
Como ha manifestado otra madre, la vida diaria de un dependiente severo implica cuidados constantes de todo tipo, principalmente de la salud que se le va deteriorando irreversiblemente y requiere consultas, pruebas, ingresos hospitalarios, control de fármacos, vigilancia de todos los aspectos de la vida diaria y acompañamiento constante.
A todo esto hay que sumar las innumerables gestiones para encajar los cambios que sufren en estos largos procesos que en su caso tiene un recorrido de 33 años. Es una experiencia desalentadora en lo que respecta a la cobertura de protección pública y al trato que recibimos de las instituciones que supuestamente están para ampararnos. Cubrir las necesidades básicas nos obliga a las familias a un interminable peregrinaje por los embudos de las administraciones en una lucha permanente, solitaria e incomprendida que nos agota la salud y la moral.
¿Por qué el Gobierno no da a conocer la cantidad de dinero público que ahorramos anualmente a la sociedad navarra?
Para las familias cuidadoras, especialmente para las que cuidamos a hijos e hijas con discapacidades, la Ley de Dependencia supuso una tardía respuesta a esta situación en su conjunto, cierta protección jurídica, reconocimiento social y económico para los dependientes.
Por fin llegaba un escaso y difuso apoyo que aportaba ciertas garantías también para el futuro de nuestros familiares cuando desgraciadamente no podamos seguir cuidándolos. Como comprenderán, la espiral de recortes que nos ha impuesto miserablemente este desgobierno nos ha destrozado la vida a dependientes y cuidadores. Una patada tras otra allí donde más nos duele.
Primero se nos quitó la retroactividad en el pago de las ayudas y las ayudas para contratación de cuidados profesionales en el domicilio, después se quitó la subida del IPC y la compatibilidad de las ayudas que afectó a 350 familias a las que utilizaron como brazo ejecutor del recorte, obligándolas a escoger entre acudir a centro de día o la ayuda para cuidados en el domicilio.
Que fueran ellas las que se privaran de un recurso u otro. Sin duda, ha sido una trampa mortal por la que por sus circunstancias se vieron obligadas a privarse del centro de día para no perder la ayuda de cuidados en el hogar que tenían. Eso fue en diciembre. En enero han visto cómo esa ayuda que no podían perder se les ha reducido de forma abrupta, en algún caso en más del 50%.
Y así nos encontramos ya no 350 familias, sino 5.400 familias en Navarra a las que nos han reducido muchas más cosas que el dinero, también ayudas técnicas, apoyo a las asociaciones, programas de prevención y un largo etcétera que sitúa a nuestros familiares dependientes en una situación de alta vulnerabilidad.
La excusa es la crisis y el objetivo de estos y otros recortes contra la ciudadanía no es otro que despojarnos de garantías, derechos y niveles de bienestar con la más nefasta de las tiranías que es la que se ejerce a la sombra de leyes, decretos y órdenes forales.
Así se ha ido imponiendo este nuevo despotismo que resulta tan atroz para los colectivos sociales excluidos y para las personas más vulnerables. Es la dictadura encubierta de esta hornada de politiqueros que se creen impunes y se atreven a utilizar los presupuestos públicos para subir sus sueldos y alimentar intereses particulares.
Resulta intolerable que el ejercicio del poder se convierta en un presumir continuo de supuestas mejoras y ampliación de derechos y que, además, se acompañe de burlas hacia la ciudadanía y las instituciones.
Para muestra el proceso del último recorte. El 23 de diciembre la consejera de Política Social firmaba la Orden Foral que ampara las últimas rebajas, el mismo día en que UPN y PSN aprobaban en el Parlamento los Presupuestos Generales para el 2012, donde habían colado las nuevas cuantías máximas y mínimas rebajadas.
El 26 de enero, a solicitud del Grupo Socialista, comparece la consejera Torres para informar sobre la atención a la dependencia. Informó a bombo y platillo de que el departamento pagaba las deudas acumuladas desde 2009 a los dependientes y sus familias. Mucho altavoz y mucha tinta en titulares. Pero se olvidó de informar que además iban a recortar ya para el día 30 las prestaciones para cuidados en el domicilio de los dependientes.
La información que nos dieron ese día por teléfono es que la rebaja obedecía a lo establecido en la Ley de Presupuestos y que recibiríamos una carta. Fui personalmente a González Tablas, donde me invitaron a que esperara en casa a recibir la carta. Insistí que quería una copia. Me la dieron diciendo que si hubiera leído la normativa que citaba la carta ahí estaba toda la explicación.
¿Cómo iban a mandar esta carta la semana anterior si citaba una normativa que aún no había sido publicada en el BON? La Orden Foral 247/2011, de 23 de diciembre, salió en el BON del 31 de enero. Lo interesante de la carta es que termina recordándonos "el firme compromiso con la aplicación de la Ley de Dependencia que tiene el departamento" y el "importante esfuerzo económico" que supone para la comunidad. Una tomadura de pelo en toda regla.
Llegados a este punto estoy de acuerdo con quienes piden que salgamos a la calle en manifestación. Pero necesitamos más.
Tenemos que organizarnos ya en una plataforma para la defensa de los derechos de las personas dependientes en Navarra que aglutine voluntades y evite que uno a uno nos agoten.
Mi correo electrónico es iarbonies@gmail.com para quienes vean la necesidad de reforzarnos en algo común y solidario ante esta situación.
Por isabel arboniés
Fuente : noticiasdenavarra.com
LOGROÑO - AYUDA A DOMICILIO A USUARIOS SIN COBERTURA DE DEPENDENCIA
La nueva ayuda a domicilio atenderá a usuarios sin cobertura de dependencia
La concejal de Política Social, Paloma Corres, ha destacado que el nuevo servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Logroño atenderá a usuarios cuya asistencia no está incluida en la Ley de Dependencia.
En una rueda de prensa, Corres ha detallado que la nueva normativa se aprobó el pasado uno de febrero, con el objetivo de que comience a funcionar el próximo mes de marzo.
El servicio de ayuda a domicilio atiende a unos 1.500 euros usuarios, pero al ampliar los beneficiarios a los dependientes aún no reconocidos por la Ley, se prevé aumentar este año a unos 1.700 usuarios.
También proporciona un centenar de comidas a domicilio y se interviene en unos 60 casos de familias y menores en situación de desprotección.
Corres ha incidido en que la nueva regulación es "más garantista, más concreta, más protectora, más preventiva, más moderna y de mayor calidad".
El servicio atiende en su domicilio a personas en situación de dependencia, lo que permite incrementar su autonomía y prolongar su estancia en su casa, además de ofrecer un respiro familiar a los cuidadores de estos dependientes.
Por otro lado, previene situaciones de exclusión, favorece el desarrollo de hábitos de vida adecuados, evita circunstancias de deterioro personal y social.
La concejal ha destacado que habrá nuevos perfiles de profesionales: terapeutas ocupacionales y ayudantes técnicos educativos, que se sumarán a los auxiliares de ayuda a domicilio que ya prestaban el servicio.
Otra novedad es la ampliación de las funciones de los coordinadores, que son trabajadores sociales, que realizarán más tareas, como visitas domiciliarias, contactos telefónicos con usuarios y presenciales con el personal de atención directa, así como propuestas de apoyos técnicos.
Los trabajadores sociales municipales y los coordinadores de las empresas que presten el servicio se reunirán trimestralmente para evaluar la prestación de la asistencia, lo que permitirá tener datos actualizados de la situación de cada usuario.
También se ha incorporado un procedimiento urgente para situaciones que precisan una atención inmediata, cuya tramitación se completarán en tres días.
El servicio de ayuda a domicilio, que se adjudicará en tres lotes por zonas, ha recibido nueve ofertas de empresas, mientras que al de comida a domicilio optan cuatro empresas, que el próximo uno de marzo comenzarán a trabajar, una vez que se resuelva el proceso administrativo.
Fuente : abc.es
La concejal de Política Social, Paloma Corres, ha destacado que el nuevo servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Logroño atenderá a usuarios cuya asistencia no está incluida en la Ley de Dependencia.
En una rueda de prensa, Corres ha detallado que la nueva normativa se aprobó el pasado uno de febrero, con el objetivo de que comience a funcionar el próximo mes de marzo.
El servicio de ayuda a domicilio atiende a unos 1.500 euros usuarios, pero al ampliar los beneficiarios a los dependientes aún no reconocidos por la Ley, se prevé aumentar este año a unos 1.700 usuarios.
También proporciona un centenar de comidas a domicilio y se interviene en unos 60 casos de familias y menores en situación de desprotección.
Corres ha incidido en que la nueva regulación es "más garantista, más concreta, más protectora, más preventiva, más moderna y de mayor calidad".
El servicio atiende en su domicilio a personas en situación de dependencia, lo que permite incrementar su autonomía y prolongar su estancia en su casa, además de ofrecer un respiro familiar a los cuidadores de estos dependientes.
Por otro lado, previene situaciones de exclusión, favorece el desarrollo de hábitos de vida adecuados, evita circunstancias de deterioro personal y social.
La concejal ha destacado que habrá nuevos perfiles de profesionales: terapeutas ocupacionales y ayudantes técnicos educativos, que se sumarán a los auxiliares de ayuda a domicilio que ya prestaban el servicio.
Otra novedad es la ampliación de las funciones de los coordinadores, que son trabajadores sociales, que realizarán más tareas, como visitas domiciliarias, contactos telefónicos con usuarios y presenciales con el personal de atención directa, así como propuestas de apoyos técnicos.
Los trabajadores sociales municipales y los coordinadores de las empresas que presten el servicio se reunirán trimestralmente para evaluar la prestación de la asistencia, lo que permitirá tener datos actualizados de la situación de cada usuario.
También se ha incorporado un procedimiento urgente para situaciones que precisan una atención inmediata, cuya tramitación se completarán en tres días.
El servicio de ayuda a domicilio, que se adjudicará en tres lotes por zonas, ha recibido nueve ofertas de empresas, mientras que al de comida a domicilio optan cuatro empresas, que el próximo uno de marzo comenzarán a trabajar, una vez que se resuelva el proceso administrativo.
Fuente : abc.es
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