, diputada del PSOE en el Congreso de Diputados, ha denunciado esta mañana en Toledo que 14.000 familias de Castilla-La Mancha están esperando a recibir la prestación o el servicio a que tienen derecho por la Ley de Dependencia. 

Además, ha señalado que más de 4.200 familias de nuestra región están esperando la valoración del grado de dependencia.

Martín ha declarado que estas cifras son las consecuencias graves de los recortes del , que ha reducido la aportación económica. 

A juicio de Martín, esta merma de recursos públicos imposibilita que haya técnicos suficientes para garantizar el desarrollo adecuado de la Ley de Dependencia y que los beneficiarios sean cada vez menos.

La diputada socialista también ha indicado que, en los últimos quince meses, 6.198 familias han dejado de tener el derecho a las prestaciones y servicios de dependencia, hay 2.000 familias menos atendidas y 911 familias no reciben una prestación económica mensual para el cuidador. 

Además, se prestan 1.231 servicios menos, se cuenta con 787 plazas menos de residencias en Castilla-La Mancha y 595 personas han dejado de ser atendidas por el servicio de ayuda a domicilio.

Para Guadalupe Martín estas cifras evidencia que “la Ley de Dependencia va muriendo poco a poco en Castilla-La Mancha y en España por el abandono claro de sus gobiernos. 

En una año de gobierno de Cospedal hay 6.198 familias que han dejado de tener derecho y hay 2.000 familias menos que están siendo atendidas. Así se certifica la muerte segura de esta Ley”.

Martín ha indicado que este abandono en la aplicación de la Ley de la Dependencia en nuestra región está teniendo una incidencia negativa laboral en el sector, porque en la actualidad hay más de 700 empleos menos, cuando en Castilla-La Mancha este servicio había creado en torno a 8.000 puestos de trabajo.

Además, ha declarado que la entrada en vigor en el mes de Julio de la resolución de la Dirección General de Mayores, Discapacidad y Dependencia, por la que se establece que se computarán también las pagas extras de los mayores para su copago en residencias, penaliza a los beneficiarios, por cuanto su aportación económica es aún mayor.

Martín también ha señalado que la entrada en vigor de dicha resolución ha reducido drásticamente el número de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia que cotizan a la Seguridad Social. De 10.063 se ha pasado a 15, ha manifestado la diputada socialista.

Por último, Guadalupe Martín también se ha referido a la intención del de agrupar en un solo colegio por provincia a los niños y a las niñas que precisan de atención educativa especializada.

“Es la última ocurrencia de Cospedal. No es una demanda de los padres ni de los técnicos que atienden a esos niños y niñas. Es un retroceso social sin precedentes en la igualdad de oportunidades de estas personas. Es una medida antisocial”, ha indicado.

            Fuente  :  lacerca.com/noticias