jueves, 27 de septiembre de 2012

DEPENDENCIA PIERDE OTROS 200 MILLONES PARA 2013


La dependencia pierde otros 200 millones para 2013

Los presupuestos del Estado reflejan la rebaja de las ayudas a los usuarios decretada en julio

Sanidad debe pagar a la Seguridad Social 1.034 millones por las cotizaciones de los cuidadores





El anteproyecto de presupuestos para dependencia sufre otro severo recorte para el año que viene.

La partida destinada a las comunidades autónomas, es decir, lo que el Gobierno financia por cada dependiente, pierde 200 millones y se queda en 1.087, según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico. El presupuesto refleja así el recorte que se decretó en julio de alrededor de un 15% en las cantidades que perciben los dependientes por el llamado nivel mínimo.

Solo para atender a las personas que hay actualmente en el sistema se necesitaría sumar a esos 1.087 millones unos 300 más, según cálculos de los expertos.

Pero es que, además, en el presupuesto, el Ministerio de Sanidad estima que en 2013 el número de dependientes atendidos crecerá hasta los 850.000. De ser así, se precisarían otros 200 millones más, en cifras redondas.

Las comunidades autónomas recibieron con enojo aquel decreto de julio, que ahogaba aún más sus arcas para sacar adelante el sistema de dependencia.

Y han ido rebajando en un 15% o más el dinero que reciben los cuidadores familiares, un ahorro que, en principio, se destinaría a conceder más ayudas profesionales, es decir, plazas en residencias, en centros de día o ayuda a domicilio.

Pero las estadísticas del sistema, en número negativos, demuestran que poco o nada se está haciendo porque no hay dinero para ello. Este presupuesto colapsará aún más la situación.

El año pasado el programa de la dependencia (31.34) tuvo un presupuesto de 1.407 millones de euros, del que se habían eliminado unos 283 millones, una partida completa, la del nivel acordado.

El proyecto para este año se eleva hasta 2.205 millones.

No hay que llevarse a engaño. De esa cifra hay que descontar 1.034 millones, que es la deuda contraída por Sanidad con la Seguridad Social en todos estos años en los que se ha hecho cargo de las cotizaciones de los cuidadores familiares.

Pero no se han ido pagando. El ministerio anunció en julio que el Gobierno ya no pagaría esas cuotas y que las personas que cuidan a ancianos en casa deberían abonarlas por su cuenta de forma voluntaria.

Pero la deuda acumulada durante estos años hay que pagarla.

Así lo ha admitido el secretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno, en una reciente reunión privada con empresarios del sector, donde se mostró “realista” con la mala situación económica, según los presentes en aquella reunión.

Por tanto, el presupuesto total para la dependencia pierde esos 200 millones. “Si estos son los datos para 2013, nos tememos que existe una demolición controlada de la Ley de Dependencia que afectará a una reducción en el número de beneficiarios, a la calidad de las atenciones, al predominio de la prestación más barata, que es la del cuidador familiar y, por consiguiente, al desmantelamiento de la red de centros y servicios con el efecto directo en la destrucción de empleo en el sector”, ha dicho el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. “Lo afirmado por el ministro de Economía, [Luis de Guindos, cuando dijo que de seguir la situación actual los servicios sociales no podrían pagarse] va camino de hacerse realidad”, ha lamentado.

Fuente  :  /sociedad.elpais.com


BAREMO ÚNICO PARA DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD

Sanidad implanta el baremo único para dependencia y discapacidad

Los colectivos de discapacitados vieron ayer que los políticos, al final, les han escuchado en una de sus reclamaciones. 
 
El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto para modificar el procedimiento utilizado por las diferentes comunidades autónomas para el reconocimiento, la declaración y la calificación del grado de discapacidad. Este cambio consiste en establecer un único baremo para determinar cuándo es necesaria la asistencia de una tercera persona, tanto en las situaciones de discapacidad como en las de dependencia. 
 
Con este cambio, que supone la modificación del Real Decreto 1971/1999, para adaptarlo al Real Decreto 174/2011, que se dictó en desarrollo de la ley de dependencia, se suprime la obligación de señalar el tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial en el certificado del grado de discapacidad. 
 
Se protege, de este modo, la privacidad de la persona con discapacidad. Asimismo, la información sobre el grado de discapacidad solo se entregará a instancias de la propia persona interesada o de su tutor o representante legal, en su caso. 
 
Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, esta reforma permite a España dar «un paso más en la participación en la sociedad de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos». La norma, además, se adapta a lo señalado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que define la discapacidad como un concepto que evoluciona y establece que los Estados tienen el deber de proteger la privacidad de la información sobre la salud de estas personas. Esta modificación está dentro de los planes del departamento que dirige Ana Mato para agilizar y equiparar los servicios que ofrecen las diferentes comunidades en materia de dependencia.
 
 Fuente  :  larioja.com
 

ALICANTE - TSJ ORDENA PAGAR A UNA HEREDERA

El TSJ ordena pagar por la Ley de Dependencia a una heredera

Conselleria no reconoció el derecho a la percepción en 2009, cuando su padre había fallecido cuatro meses antes






 

La oriolana Julia Álvarez recordaba ayer aquel día, a comienzos de 2009, en que le llegó a casa una carta de la Conselleria de Bienestar Social desestimando una petición que había hecho dos años antes para que, a través de la Ley de Dependencia, se reconociese que su padre, Manuel Álvarez, de 80 años, era un "gran dependiente" (el grado máximo que concede la legislación) y, por tanto, tenía derecho a una percepción mensual de algo más de 500 euros para pagar los gastos por su cuidado.

Manuel, cuando llegó aquella carta, ya había fallecido, concretamente cuatro meses antes, sin que las pruebas que presento Julia por un cuadro de obesidad mórbida, incontinencia, inmovilidad, demencia senil y artrosis hubieran hecho mella en la Administración valenciana y todo porque ésta argumentaba que no había hecho costar que hubiese acreditado haber recibido los servicios previstos en el catálogo del decreto del Consell.

La mujer había comenzado en 2007, cuando se publicó la Ley de Dependencia, una batalla para conseguir la ayuda y cuando ésta llegaba, su padre se había ido."¿Llorar?, no lloré, soy más mujer de enfadarme que de llorar", recordaba ayer.

Cinco años después ha ganado una de las primeras sentencias que dicta el TSJ reconociendo que un heredero tiene derecho a la percepción hasta la fecha del fallecimiento y desde que se presentó la solicitud.

Algo más de 9.000 euros que ahora tendrá que esperar a cobrar cuando se ejecute el fallo y algo que no será fácil porque, tal y como recordó ayer Manuel García, presidente de la Asociación de Discapacitados, la Conselleria no ha pagado a una buena parte de los 4.500 perceptores reconocidos en la Vega Baja ni julio ni agosto, y nadie sabe qué pasará a final de septiembre.

La Asociación que preside García lleva 20 casos en los tribunales parecidos al de Julia y todos denegatorios de un derecho. El TSJ recuerda en su resolución que "...es forzoso concluir que con anterioridad incluso a la fecha de presentación de la solicitud, de fecha 2 de junio de 2o07, la persona dependiente ya era beneficiaria de los servicios contemplados en la citada normativa, debiendo reconocerse la prestación económica desde la fecha de la solicitud".

Fuente  :   diarioinformacion.com/vega-baja