martes, 29 de enero de 2013

ANDALUCÍA - RECORTES FONDOS PARA DEPENDENCIA

Andalucía ve recortados su fondos para dependencia

 

Andalucía es, junto con Navarra, Cantabria y La Rioja, una de las cuatro comunidades que menos dinero del Estado ha recibido a lo largo de este pasado año 2012 en materia de dependencia por la revisión a la baja de los grados de dependencia o por el estancamiento en la entrada de usuarios, o por ambos motivos.


Así se desprende del avance de la evaluación anual del 2012 del Sistema de Dependencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al que tuvo acceso Europa Press , y que detalla que a la comunidad andaluza se le asignaron un total de 345.892 euros en el 2012, frente a los 356.668 del 2011, si bien el número de beneficiarios con prestación se incrementó, y ha pasado de los 191.330 del 2011 a un total de 192.532 en el pasado año. 

Las otras comunidades que han recibido menos dinero han sido Navarra, Cantabria y La Rioja.

Fuente  :  diariocordoba.com/noticias


CASTILLA Y LEÓN - FAMILIA GARANTIZA CONTINUIDAD PRESTACIONES


Familia garantiza la continuidad de las prestaciones a los dependientes
 
Milargros Marcos explica que, «gracias» a las medidas que se han tomado hasta la fecha, la Junta cuenta con «capacidad económica suficiente» para mantener las ayudas


 
 
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La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, valoró ayer los datos del X Dictamen del Observatorio Nacional de la Dependencia elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que puntúa a la Comunidad con un 9,2, muy por encima de la media nacional, de 4,72 puntos, ya que cree que «avala las decisiones» adoptadas por la Junta a la hora de aplicar la ley, en especial su apuesta por los servicios profesionales.

Ante la advertencia realizada ayer por este grupo independiente de expertos de que «los brutales recortes del Gobierno» van a empeorar los buenos indicadores que tiene ahora mismo Castilla y León, Marcos reconoció que «sin duda» esa disminución de la aportación estatal va a afectar a la región, pero remarcó que, gracias a las medidas que se han tomado hasta la fecha, la Comunidad tiene «capacidad económica suficiente para mantener las prestaciones».

Al respecto, reiteró el «compromiso» del Gobierno autonómico de «mantener el sistema de prestaciones», asegurando que se esforzarán «al máximo» para seguir dando «una correcta atención» a las personas con dependencia y para intentar «revalidar la nota» en el futuro, «manteniendo la calidad y el rigor del sistema» pese al descenso de la financiación procedente del Estado.

La consejera de Familia destacó que el sistema regional de la dependencia ha recibido un «sobresaliente» en los tres últimos dictámenes semestrales elaborados por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, y que además en la única comunidad que ha alcanzado esta nota.

Ese buen resultado se debe a que la Comunidad ha recibido la máxima puntuación en diez de las doce variables analizadas. 

Marcos explicó que en las otras dos variables, Castilla y León recibe peor nota pero sigue estando por encima de la media de España.

Milagros Marcos expuso además la situación en la que se encuentra el sector regional de los servicios sociales, con un 22 por ciento de plazas vacantes (7.700), lo que supone que hay 5.159 puestos de trabajo que no se han generado. 

Al respecto, la consejera recalcó que la apuesta de la Junta por los servicios profesionales también permite crear empleo, ya que por cada millón de euros invertidos en política social se crean entre 25 y 30 puestos de trabajo «estables y no deslocalizables», muchos en el medio rural, además de que tiene una tasa de retorno del 44 por ciento vía impuestos. 

Así, si los 25.000 dependientes de la región atendidos por familiares utilizarán servicios profesionales, se podrían generar 11.000 empleos en la atención domiciliaria o 16.700 en centros.

«La Junta está trabajando en esta línea de llevar los servicios profesionales a las casas de los usuarios, incluso cambiando el modelo de residencias para que puedan ofrecer los servicios que necesitan las personas con dependencia», declaró Marcos, quien resaltó que Castilla y León está «a la cabeza» de España en generación de empleo en esta área.

Por último, coincidió con la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en denunciar «el déficit histórico de financiación estatal» a la Ley de Dependencia, recordando que la región debería haber recibido 457 millones más entre 2008 y 2001 del Gobierno según dicta la ley.

Fuente  :  eladelantado.com/noticia/castillayleon


SE ELEVAN A 41.224 LAS AYUDAS A FALLECIDOS



Un informe eleva a 41.224 las ayudas a la dependencia a beneficiarios fallecidos

 

El Tribunal de Cuentas halla 1.363 duplicaciones, 40 en Asturias, y 3.115 personas que reciben más de lo permitido, 104 en el Principado

El Tribunal de Cuentas ha confirmado y puesto cifras a la pésima gestión de la ley de Dependencia. 
 
La absoluta descoordinación entre las distintas administraciones (autonómica y central) tuvo su principal reflejo en la falta de actualización de la base de datos de dependientes y supuso un importante perjuicio al erario público. 
 
El Tribunal, en un informe preliminar que fiscaliza los aspectos económicos de la normativa entre los años 2007 y 2011, enumera las principales negligencias: 
 
«Se ha detectado información no actualizada, existencia de beneficiarios fallecidos, duplicidades, DNI incorrectos, falta de homogeneización de datos entre las comunidades autónomas y retraso en la comunicación de la información». 
 
En su análisis, el organismo descubrió que hasta 41.224 dependientes fallecidos todavía permanecían en los registros como beneficiarios de ayudas. 
 
Otros 1.363 expedientes estaban duplicados, 40 de ellos en Asturias, y 3.115 personas recibían una prestación superior al máximo permitido, 104 de ellas, en el Principado. 
 
Todos estos defectos tuvieron un coste superior a los 175 millones de euros para el Estado.
 
El informe critica la «falta de comunicación» de los decesos por parte de los Gobiernos regionales provocando «la obtención de una financiación indebida». 
 
Y es que el Estado, a través del Imserso , continuaba pagando a las comunidades su parte correspondiente a la prestación, si bien Asturias ya ha precisado que en ningún caso dichas ayudas llegaron a las familias de los fallecidos y que ese dinero se devolvió en las liquidaciones anuales. 
 
El ministerio de Ana Mato reconoció durante el último Consejo Interterritorial de Dependencia de enero la existencia de 30.000 dependientes fallecidos registrados. 
 
Sin embargo, el número que desvela el Tribunal de Cuentas es superior. 
 
El total hasta el 30 de abril de 2011 ascendía a 41.224 personas. 
 
El Imserso dio de baja a 29.169 personas a instancias del Tribunal y logró recuperar 140 millones de euros por las «liquidaciones indebidamente efectuadas». 
 
Pero además, el Tribunal detectó otras 12.055 personas por las que el Imserso «seguía pagando indebidamente a las comunidades autónomas» 29 millones de euros, aún por recuperar.
 
 
Asturias, fiscalizada 
 
En el informe, el Tribunal de Cuentas fiscalizó en profundidad a Asturias, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Canarias. 
 
En esas seis regiones se encontraron pagos indebidos del Imserso por 220 millones, debido a 35.437 expedientes computados como dependientes con prestaciones, aunque en la base de datos de las comunidades no estaban registrados. 
 
Las propias comunidades autónomas dejaron de percibir 70 millones por el caso contrario, es decir, dependientes que figuraban en los sistemas de las autonomías, pero no del Estado. 
 
Fuente  :  elcomercio.es
 
 

domingo, 27 de enero de 2013

ANDALUCÍA - INTERMINABLE ESPERA

La interminable espera de la dependencia


José Antonio Romero, un vendedor de cupones de la ONCE jubilado de Sevilla, apunta en sus agendas todas y cada una de las gestiones que ha debido hacer relacionadas con su hijo en los últimos meses. 

Y no han sido pocas. 

Decenas. 

«Mire, este día es el último que fui a preguntar por los papeles de la Dependencia y me dijeron que están a punto de venir a valorarlo. Me lo han dicho ya varias veces, pero aquí no viene nadie».

Hoy domingo se cumple un año y un mes, 396 días, desde que José Antonio Romero, de 65 años, presentó la solicitud para que su hijo mayor, que se llama igual que él, recibiera las ayudas previstas en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, regulado en una ley aprobada en 2006, por el Gobierno que presidía el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Esta familia se encuentra en la situación denunciada recientemente por el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, en una dura resolución, de la que ya informó EL MUNDO de Andalucía, en la que acusa a la Junta de paralizar la Ley de Dependencia, ya que, aunque acepta nuevas solicitudes, luego las guarda en un cajón y «nunca llegan a resolverse».

La familia de Sevilla que lleva más de un año en espera necesita urgentemente la ayuda. 

José Antonio Romero Jiménez, de 39 años, es otra persona desde el 21 de septiembre de 2011, cuando se cayó en el piso en el que reside con sus padres.

Sufrió un derrame cerebral y el chico al que le gustaba el campo y trabajaba de albañil se convirtió en lo que la ley denomina «gran dependiente» porque «necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial» también «necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal».

Son los dependientes con una discapacidad severa y fueron los primeros en recibir las prestaciones de la ley. La definición entera de «gran dependiente» es aplicable a José Antonio Jiménez.

No puede andar, tampoco controla esfínteres ni de día ni de noche y es agresivo con sus familiares. Su grado de minusvalía está fijado en el 80 por ciento, aunque su padre cree que debe ser mayor.

«Siempre estamos al menos dos personas con él. De día y de noche porque es imprevisible», explica su padre. Para bañarlo, acostarlo o moverlo. 

Han contratado a una joven para que les ayude a cuidarlo, pero no es suficiente. José Antonio y su mujer, Rosario Jiménez, de 61 años, ya no pueden más

Él arrastra una cojera, provocada por la polio que sufrió cuando era niño. 

Y cada día que pasa se encuentra peor.

«El médico le dice que tiene que andar, pero aquí estamos día y noche. 

Enclaustrados y amargaditos vivos», afirma su mujer. 
Ella tampoco anda bien. 
Sufre ataques de epilepsia, aunque hace meses que no ha tenido uno.

La vivienda en la que residen no está adaptada. 

La silla de ruedas apenas cabe por el pasillo. 

La han cambiado por una silla giratoria sin brazos, mucho más estrecha.

Se preguntan desolados qué hay que hacer con su hijo. «¿Lo dejamos tirado en una cuneta? ¿Tendré que plantarme en el Parlamento con él para que me escuchen los políticos?», clama el padre.

Inicio del procedimiento

Esta familia ha hecho innumerables gestiones para recibir la ayuda de la Administración. 

La carta que comunica el «inicio del procedimiento» informa de que la solicitud entró el 27 de diciembre de 2011 y que en un «plazo máximo» de tres meses habría una resolución. Pero no hay respuesta.

Nadie acude a valorar a José Antonio y sus padres se encuentran atados de pies y manos. 

Sin la valoración prevista en la Ley de Dependencia no se puede acceder a ningún tipo de recurso

Ni a una ayuda económica, ni a un centro de día, ni a teleasistencia... 

 Todo debe pasar previamente por el programa individual de atención (PIA) previsto en la ley. 

Lo que ellos demandan es un centro donde pueda acudir durante el día y luego regrese a casa. 

¿Hasta cuándo durará la espera?

Fuente  :  elmundo.es/elmundo


jueves, 24 de enero de 2013

CASTELLÓN - CONVOCATORIA AYUDAS SERVICIOS SOCIALES

La conselleria de Bienestar Social convoca las ayudas en materia de servicios sociales en 2013

 
La secretaria autonómica de Autonomía Personal y Dependencia, Nela García, ha destacado que "la conselleria de Bienestar Social ha convocado las ayudas y subvenciones para 2013 para el desarrollo e implantación de servicios sociales generales y especializados, gestionados por corporaciones locales y entidades sin ánimo de lucro".

La Conselleria ha abierto el plazo para solicitar estas ayudas y subvenciones que se convocan anualmente a través del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), y que incluyen tanto los servicios sociales generales y los servicios sociales especializados, como las Prestaciones Económicas Individualizadas.

La secretaria autonómica ha explicado que la Generalitat, a través de esta iniciativa, "fomenta las actuaciones en servicios sociales con la implicación de todos los agentes, tanto públicos como privados sin ánimo de lucro, que colaboran en la prestación y gestión de estos servicios".


Servicios Sociales Generales

Las ayudas están dirigidas a entidades locales titulares de los servicios sociales generales que contribuyen a la implantación y desarrollo de los servicios de carácter global, que atienden a la problemática social de cualquier ciudadano, el desarrollo comunitario y la prevención de situaciones de segregación o marginación.

Con ellas, se financian los proyectos del Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales de las corporaciones locales (ayudas para pago de salarios, para mantenimiento de los centros y para programas de emergencia social, de convivencia, de cooperación social y de inserción), así como los proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano.


Servicios Sociales Especializados

Por otra parte, las ayudas para servicios sociales especializados tienen como finalidad el mantenimiento de los centros de Servicios Sociales Especializados dirigidos a atender necesidades sociales específicas en el sector de tercera edad, y cuyos titulares son entidades sin ánimo de lucro.

"Asimismo -ha explicado Nela García- estas ayudas se destinan a subvencionar programas dirigidos a colectivos que requieren una atención específica, como tercera edad, enfermos de Alzheimer, minorías étnicas, transeúntes, refugiados, inmigrantes, asilados, reclusos y ex reclusos".


Prestaciones Económicas Individualizadas

Por último, la orden regula también las Prestaciones Económicas Individualizadas, unas ayudas económicas dirigidas a personas o núcleos familiares para resolver una situación gravemente deteriorada, de urgente necesidad o con graves problemas específicos que afecten a su autonomía personal, social y económica, y que no puedan afrontar con medios económicos propios, a fin de lograr su normal desarrollo humano y social.

Estas ayudas pueden ser de dos tipos: ayudas de emergencia y ayudas para el desarrollo personal de personas de la tercera edad en la modalidad de barreras arquitectónicas.

Plazo y lugar de presentación

Las solicitudes se pueden en la Dirección Territorial de Bienestar Social de la provincia donde radique el centro o donde se pretenda prestar el servicio para el que se solicita la subvención. 
 
El plazo de presentación para los servicios sociales generales y para los servicios sociales especializados será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta orden en el DOCV.

En el caso de las Prestaciones Económicas Individualizadas se pueden presentar hasta el 31 de octubre de 2013. 
 
No obstante, con carácter extraordinario, podrán admitirse y tramitarse aquellas solicitudes de ayudas presentadas con posterioridad a esa fecha y antes del 31 de diciembre de este año, siempre que se acredite la aparición de la necesidad fuera del plazo normal de presentación de solicitudes.
 
Fuente  :  laplanaaldia.com/castello/noticias
 
 


IRREGULARIDADES EN LAS COUTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El Tribunal de Cuentas detecta irregularidades en las cuotas de la Seguridad Social de la Dependencia


Más de 1.400 beneficiarios estaban duplicados con más de un cuidador asignado

 

El Tribunal de Cuentas detecta irregularides en las cuotas de la Seguridad Social de la Dependencia


El Tribunal de Cuentas ha descubierto un exceso de más de 7.700 millones de euros en el devengo de las cuotas a la Seguridad Social correspondientes a los cuidadores familiares de dependientes, de las que se hace cargo el Imserso. 

Esta cantidad se atribuye a que en el Sistema de Dependencia figuraban más de 1.400 beneficiarios de prestaciones con más de un cuidador asignado, mientras que más de 2.200 estaban fallecidos.

Según recoge el órgano fiscalizador en su anteproyecto de informe sobre el sistema de Dependencia, desde la entrada en vigor de la ley de Dependencia en 2007 hasta marzo de 2012 existían en la aplicación informática del Sistema de Dependencia (Sisaad) 

«un total de 1.406 beneficiarios de prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar que tenían asignados más de un cuidador no profesional a tiempo completo, provocando una duplicidad en el devengo de cuotas a la Seguridad Social por un importe estimado de, al menos, 2.990.319 euros».

Por otra parte, el Tribunal verifica que, en la misma fecha, «de acuerdo con la información facilitada por el INE y el Ministerio de Justicia en relación con las personas fallecidas en territorio español, se encontraban fallecidos un total de 2.205 beneficiarios de prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, sin que en la aplicación informática Sisaad se hubiese procedido a dar de baja a sus cuidadores no profesionales, provocando, en consecuencia, un devengo indebido de cuotas a la Seguridad Social, estimado por este Tribunal de Cuentas de 4.722.411 euros».

Más de siete millones de euros

La suma de estas dos situaciones supone que «se habría devengado un importe de cuotas de Seguridad Social de cuidadores no profesionales, de forma indebida, estimado por este Tribunal de Cuentas en 7.712.730 euros, que el Imserso debería proceder a regularizar en coordinación con la TGSS» (Tesorería General de la Seguridad Social).

El Tribunal de Cuentas llegó a estas conclusiones después de «interrelacionar la información obrante en el Sisaad sobre este apartado, con las bases de datos gestionadas por la TGSS y la información remitida por el INE y Justicia relativa a personas fallecidas en territorio español».

Dejar de cotizar por las personas que se dedican al cuidado de familiares dependientes, así como el recorte en un 15% en las prestaciones económicas que reciben, es una de las principales medidas de ajuste en el Sistema de Dependencia que impulsó el pasado año la ministra de Sanidad y Servicios Sociales, Ana Mato. 

El Ministerio considera que el número de cuidadores familiares se ha disparado en exceso y aboga por que sean los servicios sociales y los profesionales los que se ocupen en cada comunidad de la atención a los dependientes.

Precisamente, el Tribunal de Cuentas señala que las prestaciones económicas reconocidas en la ley de Dependencia «deben tener un carácter excepcional». 

Sin embargo, continúa el informe, «el carácter excepcional de estas prestaciones no se ha cumplido, dado que, al final de cada ejercicio, las prestaciones económicas han superado a las prestaciones de servicios». 

Si no se invierte esta tendencia, el Sistema de Dependencia «podría acabar convirtiéndose más en un sistema de subsidios que en una red asistencial de servicios»

Fuente  :   abc.es/sociedad

LA DEMANDA DE PRESTACIONES TOCA TECHO

La demanda de prestaciones por dependencia toca techo


La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales matiza que hay comunidades donde no se presentan solicitudes porque la gente sabe que no habrá respuesta 

 

La demanda de prestaciones por dependencia toca techo


Por primera vez y después de siete años de su entrada en vigor, la ley de Dependenciaha tocado techo en la demanda de prestaciones. Así lo aseguró este jueves el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

Durante la presentación del X Observatorio Estatal de la Dependencia, Ramírez explicó que en aquellas comunidades autónomas «donde se ha registrado un volumen de gestión razonable se puede decir que estamos llegando al techo de la demanda». 

«Por primera vez sabemos el número de dependientes que tenemos», explicó el director de esta asociación independiente que aglutina a los directores y gerentes de centros que prestan servicios sociales tanto públicos como concertados. 

El ritmo de solicitudes durante los cuatro primeros años de la ley alcanzaban, según este estudio, un promedio mensual de más de 30.000, en el año 2011 apenas superó las 9.000 solicitudes y en el 2012 el promedio mensual bajó hasta las 2.500. 

Pese al dato, Ramírez puntualizó que en aquellas comunidades autónomas «donde no se han hecho bien las cosas» esta caída significa que «las personas dependientes no presentan solicitudes porque saben que no van a llegar nunca».

El documento también pone de manifiesto la «retirada del Gobierno central de la financiación» de la ley de Dependencia. «En 2012, la Administración General del Estado financia apenas el 21,4% del coste de atención del sistema. 

Para 2013 calculamos que no llegará ni al 20% cuando debería aportar el 50% del gasto».

Copago y dependientes fallecidos

El copago de los usuarios, la tercera pata de la financiación de esta ley, después de las comunidades autónomas, ha pasado del 10% en 2009 al 16% en 2012 (de los 317 millones de euros a los 1.051 millones). 

El de las comunidades es el que más ha aumentado; en total casi once puntos porcentuales, del 50,8 al 62,6%.

«Considerando los hachazos que el sistema está recibiendo, la obsesiva presión de las comunidades. para que reduzcan el gasto público en todos los servicios esenciales y la imposibilidad racional de costear con aportaciones de los usuarios todas esas reducciones, el Sistema de Atención a la Dependencia se está demoliendo por la parte económica desde la ceguera y la falacia de que esta es una política de gasto insostenible», denunció Ramirez, quien acusó al Gobierno de «demonizar a los dependientes filtrando» el informe del Tribunal de Cuentas, con el titular de que «30.000 dependientes fallecidos habían cobrado una prestación». 

«Es totalmente falso. Ese dinero nunca llegó a los familiares; fue enviado a las comunidades», apuntó.

Fuente  :   abc.es/sociedad


ESTADO ENDURECE REQUISITOS PARA ACCEDER A PRESTACIONES


El Estado endurece los requisitos para acceder a las prestaciones económicas de Dependencia

Se exigirá que el cuidador haya estado cuidando de la persona dependiente al menos un año antes de la solicitud, y que conviva permanentemente con él.

El Estado vuelve a endurecer para 2013 los requisitos que tienen que cumplir las personas en situación de dependencia para acceder a la prestación económica por cuidado en el entorno familiar. 

Estas medidas se dieron a conocer en el seno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, celebrado el pasado 16 de enero en Madrid.

En 2012, el Estado aplicó una modificación de la Ley y se rebajó en un 15% el importe de las prestaciones económicas por cuidado en el entorno familiar así como eliminó su aportación a la Seguridad Social. 

En el presente año, se vuelven a restringir el acceso a esta prestación que la Ley en su artículo 14 ya prevé como excepcional.

Hay que recordar que las ayudas económicas para el cuidado en el entorno familiar son aquellas que se designan a sufragar las atenciones prestadas a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas de la familia o de su entorno, y que no están vinculadas a un servicio de atención profesionalizada

De esta forma, a partir de este año, se exige que el cuidador haya estado cuidando de la persona dependiente al menos un año antes de la solicitud, y que conviva permanentemente con él. 

Además, se exigirá un compromiso para que el domicilio esté permanentemente disponible a la inspección de los Servicios Sociales.

En cuanto al efecto retroactivo de la prestación, el Estado establece que ya no valdrá con obtener una resolución sino que será necesario que ya se le hubiera adjudicado una prestación a la persona dependiente.

En este sentido, cabe señalar que el Tribunal de Cuentas ha dictaminado que el abuso en la prestación económica por cuidado en el entorno familiar ha desvirtuado la Ley y apuesta por los servicios que ofrecen mayor calidad, previenen el incremento de la dependencia y crean más empleo, que ha sido precisamente, la postura que siempre se ha defendido desde el Gobierno de Canarias.

La consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, recordó que las Comunidades autónomas han estado otorgando prestaciones económicas, en vez de los servicios, "que son mucho más caros. Pero eso es pervertir la ley, ya que tal y como recoge en su artículo14, la Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, constituye una excepcionalidad a la norma que prima los servicios".

Según explica Rojas, la Ley de Dependencia estipula la colaboración del Estado con el 50 % del gasto, "pero no tiene en cuenta el coste real de los servicios, sino el estipulado por el Sistema Estatal de la Dependencia, y ese es uno de los motivos por el que algunas comunidades están apostando por las prestaciones económicas, que, recordemos, la propia Ley establece como una excepción, ya que aquí el Estado sí aporta el 50 %".

Más recortes en las partidas dirigidas a la atención a la Dependencia

Estas medidas se suman a los continuos recortes de las partidas que el Estado aporta a las Comunidades Autónomas para financiar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, se han reducido considerablemente en los últimos años.

Esta reducción, que en Canarias ha sido de 8 millones de euros menos en 2012, ha impedido ampliar el número de personas que tienen derecho a estas ayudas. 

Además, ha supuesto el bloqueo en la incorporación de nuevos beneficiarios de tal forma que, salvo en caso de bajas de usuarios, no se producirán nuevas incorporaciones a las ayudas.

Por su parte, Canarias ha hecho un considerable esfuerzo para continuar atendiendo las 13.000 plazas residenciales y de estancia diurna para personas dependientes, mayores o con discapacidad y alrededor de 12.000 prestaciones económicas, así como evitar el cierre de los recursos de atención a personas mayores ni a personas con discapacidad en la Comunidad autónoma.

"Para ello, el Gobierno de Canarias ha firmado con cada uno de los siete Cabildos convenios de colaboración para la prestación de servicios en centros residenciales y centros de día y de noche a personas en situación de dependencia y, en general, a personas mayores o con discapacidad, con el fin de garantizar el mantenimiento y la financiación de los recursos de atención a las personas con más dificultades, como son las personas en situación de dependencia", afirma la consejera de Políticas Sociales.

La firma de convenios de colaboración con los siete Cabildos, no sólo establece un mapa de recursos, centros y servicios dirigidos a la atención de este colectivo, sino que garantiza el mantenimiento de diversos programas de atención a los mismos, entre ellos, de las residencias de atención a personas mayores, centros de día, servicios y programas de atención a las personas con discapacidad así como mantenimiento de viviendas tuteladas y programas de estimulación precoz.

Fuente  :  lavozdetenerife.com/not


GIPUZKOA EXTIENDE LA APLICACIÓN DE LA LEY

Gipuzkoa extiende la aplicación de la Ley de Dependencia 


Mientras la Ley de Dependencia se resquebraja por los recortes en algunas comunidades, en Gipuzkoa la Diputación ha decidido extender su aplicación, en lugar de meter la tijera.


En concreto, 12.442 guipuzcoanos valorados como dependientes severos (grado II) y moderados (grado I, nivel 2) podrán acogerse al derecho a percibir la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP), hasta ahora limitada a los grandes dependientes (grado III). 

Esta ayuda económica, de entre 300 y 462 euros al mes en función del nivel de dependencia, está pensada para sufragar la contratación de un asistente personal –sin lazos de parentesco– que facilite la estancia autónoma en el propio domicilio, «con el fin de retrasar lo más posible su acceso a otro tipo de recursos, como los residenciales», explica el diputado de Política Social, Ander Rodriguez. 

El Consejo de Diputados aprobará este martes el decreto foral que regula esta ampliación. 

Las solicitudes pueden empezar a tramitarse ya en los servicios sociales municipales. 

La ayuda podrá cobrarse con carácter retroactivo al mes de septiembre.

En la actualidad, 1.190 personas ya cobran esta ayuda mensual, lo que representa el 10% del total de beneficiarios de prestaciones económicas por dependencia, un total de 11.609 personas en Gipuzkoa, según datos actualizados a diciembre de 2012. 
 
Con la extensión de la prestación, la Diputación prevé que se generen 163 nuevos contratos de asistente personal este año y supondrá un desembolso anual de 600.000 euros en el presupuesto para la dependencia.
 
 
«Potencia esta prestación»
 
Otro de los efectos previsibles es un trasvase de los actuales perceptores de la prestación económica por el cuidado en el entorno familiar (PECE) a la prestación por contratar a un asistente personal, ya que la cuantía que se recibe es mayor, 120 euros más de media al mes (consultar la ficha de datos).
 
Las prestaciones económicas para familiares que cuidan de una dependiente se pensaron en la ley como una fórmula excepcional y, sin embargo, se han convertido en la norma habitual. 
 
Nueve de cada diez perceptores de una ayuda económica por dependencia se han acogida a esta fórmula, que suponen a su vez el 31% de los recursos sociales destinados a este colectivo.
 
«La cuantía es más atractiva y puede haber familias a las que les convenga contratar un asistente personal para que la persona hasta ahora cuidadora en el entorno tenga otras opciones, como por ejemplo, incorporarse al mercado laboral o a una formación, ya que dispondrá de una ayuda para que una profesional ejerza el cuidado de su familiar dependiente», explican desde el Departamento foral de Política Social. 
 
Hay que tener en cuenta que las prestaciones económicas son incompatibles entre sí, es decir no son acumulables, pero sí compatibles con algunos servicios.
 
Gipuzkoa es el único territorio hasta la fecha que mueve ficha en este sentido. Lo hace en virtud de sus competencias en materia de política social, acogiéndose a una «interpretación extensiva» de la ley y del real decreto aprobado por el Gobierno central el pasado mes de julio, que recortaba prestaciones y frente al cual se ha postulado la Diputación. 
 
Este decreto abría la puerta a recibir la ayuda para contratar a un asistente personal a los dependientes valorados con un grado II (dependientes severos), a los que se unen los del siguiente nivel por propia decisión foral. 
 
«Queremos potenciar esta prestación», resume el diputado de Política Social, con la intención de reforzar «las políticas para que la persona dependiente pueda seguir viviendo en su propio domicilio».
 
Una de esas herramientas es la prestación para la contratación de un asistente personal en el hogar pero que, sin embargo, apenas ha tenido demanda en el conjunto de las comunidades autónomas. 
 
Del total de prestaciones concedidas en España, esta modalidad apenas representa el 0,3% del total (1.304 de 497.095 perceptores). 
 
Pues bien, de esa pequeña proporción prácticamente la totalidad de ayudas ha sido tramitada en Euskadi, y en concreto en Gipuzkoa.
 
El 70% de la inversión social
 
La aplicación de la Ley de Dependencia, que entró en vigor en 2007, se planteó de forma progresiva. A día de hoy, queda pendiente la inclusión de los dependientes más leves, los valorados con el Grado I nivel 1 (5.049 personas en Gipuzkoa), que sí pueden acceder a servicios, pero no a prestaciones económicas. 
 
La norma original contemplaba que lo hicieran a partir del año 2013-2014, pero el decreto aprobado en julio del año pasado por el Gobierno de Mariano Rajoy atrasó su entrada hasta el 1 de julio de 2015.
 
La aplicación de la ley supone en Gipuzkoa un gasto anual de 227 millones de euros, el 70% del presupuesto de Política Social y el 30% de las cuentas forales. 
 
El Gobierno central financia una mínima parte, que no llega al 10% del gasto. 
 
La mayor parte del desembolso (174 millones) se dedica a los servicios para personas con discapacidad y personas mayores (residencias, centros de día, ayuda domiciliaria), mientras que las prestaciones económicas ascienden a 46 millones.
 
Para compensar los recortes de un 15% en las cuantías que aprobó el Gobierno central, la Diputación deberá desembolsar 10 millones de euros más al año, de forma que los beneficiarios no salgan operjudicados.
 
El creciente peso de las prestaciones económicas
 
Al menos en términos de gasto, las prestaciones económicas en el marco del sistema de servicios sociales están cobrando un «creciente protagonismo» frente a los servicios de atención directa (residenciales, domiciliarios o centros de día), tal y como subraya el Plan Estratégico de Servicios Sociales 2011-2014, elaborado por el Gobierno Vasco.
 
Los datos del II Informe del Consejo Vasco de Servicios Sociales, el último en ser publicado, manifiestan que en el conjunto de Euskadi, entre 2008 y 2009, el 69% de personas atendidas en el sistema son perceptores de una ayuda económica (de atención a la dependencia o de lucha contra la pobreza), y solo el 31% recibe servicios de atención directa. 
 
Una década antes, en 1999, el porcentaje de perceptores de prestaciones económicas era del 48%.
 
En el mismo informe, cuya actualización está prevista, indican que el porcentaje de personas con dependencia residentes en sus hogares que reciben servicios de atención pública en Euskadi, concertada o mixta, se ha reducido entre 2006 y 2010 (del 20% al 16% del total), mientras las prestaciones económicas de atención a la dependencia llegan al 20% de esa población.
 
La creciente preponderancia de las prestaciones económicas también puede analizarse desde el punto de vista del gasto, reflejan en el informe: el 48% de todo el incremento en el gasto público per cápita en servicios sociales experimentado entre 2008 y 2009 se debe exclusivamente a las dos principales prestaciones económicas, la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la prestación económica para cuidados en el entorno familiar (Pecef) de la Ley de Dependencia. 
 
Mientras el crecimiento de estas dos partidas ha sido entre 2008 y 2009 del 40%, el resto de las partidas han crecido en un 10%.
 
Fuente  :   kaosenlared.net/component
 
 

SUSPENSO PARA LA MITAD DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Suspende a la mitad de las comunidades autónomas

 

El Observatorio de la Dependencia denuncia el "desmantelamiento" de la ley


Persona dependiente (Ley Dependencia).
   

El Observatorio de la Dependencia ha denunciado este jueves en su último dictamen el "desmantelamiento" de la aplicación de la Ley que están llevando a cabo algunas comunidades y ha calificado con un suspenso la actuación de Canarias, Comunidad Valenciana, Baleares, Ceuta y Melilla, Murcia, Madrid, Cantabria, Asturias y Aragón, que suspende por primera vez.

   "A nivel general continúa registrándose una tendencia muy negativa en la implantación de la Ley, con especial preocupación ya no en el estancamiento del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) sino en el retroceso en los principales indicadores que ya no mantienen en los últimos cuatro meses ni la tasa de reposición, siendo alarmante el ritmo de desmantelamiento que presentan en esos indicadores algunas CC.AA.", ha señalado el observatorio en su último dictamen.

   En este sentido, el informe destaca "el empecinamiento" de la Comunidad Valencina, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, con calificación de muy deficiente, "en no aplicar las prestaciones y servicios" que la Ley de Dependencia contempla, "poniendo a sus ciudadanos y ciudadanas en una situación de desprotección frente al resto en una materia de protección social tan básica".

   Asimismo, destaca el descenso en el ranking de alguna comunidad, como es el caso de Aragón, que por primera vez en los seis años suspende, o Castilla La Mancha, que en los dos últimos dictámenes ha pasado del sobresaliente al aprobado. 

Por el contrario, el observatorio destaca que Castilla y León, País Vasco y Andalucía destacan de manera notable en la aplicación de la Ley, y reconoce el esfuerzo de mejora de Navarra y Galicia, que reciben un aprobado.

   Además de estos "graves desequilibrios en el gasto entre unas y otras comunidades", el observatorio destaca que la financiación estatal para el nivel mínimo (el que debe garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en cualquier territorio) se va distanciando cada vez más del coste efectivo de las prestaciones económicas y los servicios que las personas dependientes están recibiendo, lo que considera "preocupante".

   Para el observatorio, este "frenazo" en la financiación del SAAD se percibe en el gasto por habitante/año para esta política social, "estancado" en 113 euros por habitante y año, así como en la reducción del aporte por dependiente atendido, que se ha reducido hasta los 7.000 euros por año y dependiente atendido.

CRITICA LA "OBSESIVA" PRESIÓN A LAS CC.AA.

   Respecto a la política del Gobierno, el observatorio critica las llamadas "reformas para la mejora del sistema", y especialmente la modificación de la Ley que se produjo por Real Decreto-ley en julio, que, a su juicio, "no han hecho sino recortar derechos efectivos y rebajar la financiación de la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas", así como "la obsesiva presión a las CC.AA. para que reduzcan el gasto público". 

"El SAAD se está demoliendo por la parte económica desde la ceguera y la falacia de que esta es una política de gasto insostenible", ha señalado.

   De hecho, según la asociación, los datos oficiales indican que "de la paralización del sistema se está pasando a su involución". 

Así, a 31 de julio de 2012, figuraban como atendidas (con PIA) un total de 780.536 personas, mientras que el último dato publicado (1 de diciembre) constata un total de 770.949 personas con atención. 

Es decir, en los cinco meses que han pasado desde la aprobación del Real Decreto-ley, se han caído 9.587 personas del sistema.

230.203 EN EL "LIMBO DE LA DEPENDENCIA"

   Esta reducción en el número de personas atendidas se traduce en 230.203 personas en el "limbo de la dependencia" (personas con derecho a atención pero que no la reciben), que ya representa el 23 por ciento de las personas que tienen reconocido el derecho a ser atendidas. 

Esta cifra representa una reducción respecto a 2010, lo que, según la asociación, el Gobierno ha tratado de "vender" como un descenso en más de 75.000 personas en este "limbo" fruto de las reformas del sistema.

   Sin embargo, el observatorio razona que la reducción es "un espejismo estadístico" producido por las bajas resultantes por una parte de la modificación del calendario de la Ley, que retrasa el derecho de ser atendidos a los dependientes moderados hasta el 2015 y de la baja de aquellas personas que durante todos esos meses han ido falleciendo. 

"El limbo no se ha reducido por atender a más personas, sino por abandonarlas", señala el dictamen.
   

Este limbo también varía considerablemente de unas comunidades autónomas a otras. 

Así, las Comunidades de Castilla y León (4,4%), Ceuta y Melilla (6,8%), La Rioja (10,7%), Cantabria (10,7%) y Navarra (12,1%) son los territorios que menos porcentajes de lista de espera presentan actualmente. Mientras, en otras comunidades el porcentaje del limbo de la dependencia está muy por encima de la media estatal. 

Es el caso de Canarias (50,9%), Baleares, (41,2%) Galicia (37,1%), C.Valenciana (33,4%) y Aragón (30,4%).

   En el plano positivo, el observatorio señala que se constata que muchos territorios autonómicos están llegando al techo de reconocimientos de dependencia. 

Para la asociación, esto quiere decir que "la lógica implantación progresiva" de la Ley ha dado como resultado que en este momento se disponga de la información necesaria y actualizada de la situación de 1.272.846 personas en situación técnica de dependencia.

Fuente  :   europapress.es/epsocial/noticia


viernes, 18 de enero de 2013

LA RIOJA - FINANCIACIÓN INDEBIDA

Unos 59 fallecidos figuraban como beneficiarios Ley Dependencia en La Rioja


Un total de 59 fallecidos figuraban como beneficiarios de la Ley de Dependencia en La Rioja, que han supuesto 240.622 euros que recibió la comunidad del ministerio sin que le correspondieran entre los años 2007 y 2011, según un informe del Tribunal de Cuentas.

La Rioja es la segunda Comunidad con menos beneficiarios fallecidos de la Ley por detrás de Baleares, que figura con 6.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad dio ayer tarde un plazo de seis meses a las CCAA para actualizar los datos del sistema de la dependencia, evitar el fraude y mejorar la transparencia, ya que 29.169 fallecidos constaban como beneficiarios, según un informe del Tribunal de Cuentas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo Territorial de Servicios Sociales y de la Dependencia, la ministra Ana Mato explicó que en la reunión con los consejeros autonómicos del ramo, a la que asistió la de Castilla y León, Milagros Marcos, se planteó la necesidad de una "mayor transparencia del sistema", después de tratar, entre otros asuntos, un informe del Tribunal de Cuentas.

El documento, que se encuentra en fase de alegaciones y analiza datos desde 2007 hasta 2011, concluye que constan como beneficiarios 29.169 fallecidos por los que las comunidades autónomas recibieron 140.348.268 euros que no les correspondían.

El Tribunal de Cuentas indica que ha habido "falta de comunicación" de esas muertes por parte de las autonomías a la aplicación informática del sistema de dependencia, por lo que han recibido una "financiación indebida".

Apunta, además, a una "ausencia de un adecuado control interno por parte del Imserso como responsable de la administración de la citada aplicación informática, así como de su mantenimiento y actualización".

Según el informe, Andalucía, Castilla y León y País Vasco -4.194, 4.105 y 3.444, respectivamente- son las comunidades con mayor número de beneficiarios fallecidos, mientras que Baleares, La Rioja y Canarias -6, 59 y 197- son las que menos.

Para Mato, estos datos demuestran que "había que hacer modificaciones en el sistema de dependencia" y que las listas tienen que estar "permanentemente puestas al día".

La ministra ha expuesto a los consejeros que el sistema de la dependencia dará prioridad a la prestación de servicios por encima de las ayudas y ha recordado la excepcionalidad de la prestación por cuidados en el entorno familiar, según la redacción de la ley.

Ha subrayado que en la reunión se ha pactado unificar toda la normativa sobre las prestaciones del sistema de la dependencia que quedarán recogidas en un único decreto y que las CCAA plantearán planes de prevención con iniciativas dirigidas específicamente a las personas mayores.

Las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, Asturias y Andalucía, han reiterado sus críticas a la reforma de la ley, al considerar que el Gobierno quiere privatizar el sistema de la dependencia.

También Cataluña y el País Vasco se han opuesto al actual modelo de financiación porque las administraciones territoriales aportan mayor cantidad para el desarrollo del sistema cuando en principio debería haber un equilibrio del cincuenta por ciento, en su opinión.

Mato ha negado que esa sea la intención del Ejecutivo y ha subrayado que los socialistas "tratan de equivocar a la sociedad española" pero que el tiempo dará la razón al Gobierno y los ciudadanos verán que se mejora la atención y no pensarán que se les está perjudicando.

Durante el Consejo, que ha durado cerca de tres horas, se ha aprobado, por primera vez, un catálogo de referencia de Servicios Sociales para todo el Estado, que no se trata de una norma, sino de una recomendación.

La titular de Sanidad ha recalcado que el catálogo formaliza un pacto entre el Gobierno y las autonomías en materia de servicios sociales que deben guardar criterios de calidad y sostenibilidad.

Además, ha recordado que en un plazo máximo de seis meses el Ejecutivo aprobará un plan de acción para la inclusión social, que incidirá en apoyar a los colectivos más vulnerables y la lucha contra la pobreza infantil, que se financiará, en parte, con fondos europeos programados hasta 2020.

Por último, el Consejo Territorial ha establecido el reparto de los créditos para la ejecución de los servicios sociales básicos: 27,5 millones de euros para el Plan Concertado y 412.000 euros para el Plan de Desarrollo Gitano.

El siguiente cuadro muestra por comunidades autónomas el número de fallecidos que figuraban como beneficiarios del sistema de la dependencia y el importe derivado de los mismos, según el informe del Tribunal de Cuentas:

CCAA BENEFICIARIOS FALLECIDOS IMPORTE
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Andalucía 4.194 24.199.176
Aragón 2.857 12.724.671
Asturias 1.067 5.354.844
Baleares 6 27.093
Canarias 197 817.479
Cantabria 1.010 5.045.083
CyLeón 4.105 19.377.223
C-La Mancha 724 3.117.989
Cataluña 1.959 8.755.248
C.Valenciana 1.330 7.028.533
Extremadura 357 1.602.182
Galicia 3.389 16.338.154
Madrid 2.647 11.095.289
Murcia 633 3.569.797
Navarra 1.191 5.094.441
País Vasco 3.444 15.960.444
La Rioja 59 240.622
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TOTAL 29.169 140.348.268


Fuente  :  abc.es/agencias/noticia