Madrid y C.Valenciana acumulan 50% reclamaciones sobre ley de Dependencia
La Comunitat Valenciana y Madrid concentran más del 50 por ciento de las quejas que llegan al Defensor del Pueblo sobre la aplicación de la Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Así se desprende del informe del Defensor del Pueblo de 2008, cuyo titular, Enrique Múgica, ha presentado hoy en el Parlamento, y que señala que todavía hay "un considerable número de ciudadanos que, aún teniendo una gran dependencia, no han conseguido ver reconocido su derecho".
Respecto a la labor de la Generalitat en este tema, Múgica critica que la Conselleria de Bienestar Social no contestó solicitudes de valoración y dejó en suspenso la tramitación de la misma, "cuando, de una primera valoración" deducía que les correspondía un grado moderado de dependencia, y por lo tanto no le era de aplicación la ley.
En estos casos, se dejaba en suspenso la valoración, sin comunicárselo al interesado hasta el último trimestre del año anterior al de implantación del grado moderado, que estaba establecido para 2014.
Múgica señala que "aún comprendiendo las dificultades de gestión que el elevado número de solicitudes ha originado para las administraciones públicas implicadas, no puede compartir el criterio expuesto", ya que la administración pública tiene la "obligación" de dictar resolución expresa sobre cualquier solicitud que formulen.
Asimismo recuerda que no se puede optar por "resolver expresamente o dejar de hacerlo aplicando la figura del silencio administrativo".
El mayor volumen de quejas se refiere a la "demora en la valoración y posterior aprobación del programa individual de atención", indica y considera "significativo" el número de interesados que han fallecido a lo largo de este proceso y cuyos descendientes podrán "ver o no reconocidos sus derechos".
El informe señala que la aplicación de esta ley y las "lagunas detectadas" en ella, fue una de las cuestiones que centró en encuentro anual celebrado entre el Defensor del Pueblo y los comisionados parlamentarios de las comunidades autónomas, y en que se busca la coordinación de estos organismos.
En este encuentro se citó, entre las dificultades surgidas, el desarrollo normativo de la ley y la aplicación que en cada comunidad autónoma debe realizarse de la misma, la falta de una evaluación sobre la aplicación de la norma, y la "falta de concordancia entre los datos facilitados por las administraciones autonómicas y los publicados por el IMSERSO.
El defensor también destaca que algunas administraciones han tenido que "crear y alimentar aplicaciones informáticas paralelas par conocer el estado de tramitación de los expedientes, ya que el sistema no ofrece los listados necesarios, y los que sí están instalados tienen numerosos errores.
La falta de operatividad en el sistema establecido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para "suministrar datos económicos de los beneficiarios", ha sido otros de los aspectos denunciados por el Defensor, que también ha apuntado que algunas comunidades autónomas ven "insuficiente" la financiación que reciben.
Fuente: EFE, Valencia
martes, 16 de junio de 2009
EL CONGRESO DEBATE HOY REBAJAR EL IVA A LOS SERVICIOS SOCIALES
El Congreso debate hoy rebajar el IVA a los servicios sociales para mayores y discapacitados
El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá y votará hoy una iniciativa del PP en la que aboga por modificar la Ley del IVA para aplicar el tipo reducido (7 por ciento) a los productos y servicios sociales y sanitarios utilizados por las personas mayores y discapacitadas.
La proposición de ley del PP, recogida por Europa Press, destaca que estos colectivos sociales "precisan del apoyo público en mayor medida que otros grupos, puesto que tienen que oportar en muchos casos la adquisición de productos y la contratación de servicios sanitarios y de carácter social de elevado coste", y que son fundamentales para que puedan poder llevar una vida lo más digna y próxima a la normalidad posible.
Así, esta iniciativa pretende rebajar al 7 por ciento el impuesto a estos productos y servicios para que se reduzca el coste final de los mismos, beneficiando de este modo a las personas mayores y discapacitadas que los usan.
En esta misma línea, el proyecto de ley pretende "completar la definición, hasta ahora demasiado estricta, de los productos sanitarios concebidos para determinados discapacitados y cuyo elevado coste de desarrollo y producción, junto con su bajo consumo, hace inviable o excesivamente oneroso su mantenimiento sin ningún tipo de apoyo fiscal".
Madrid 16 de junio. Fuente: Europa Press
El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá y votará hoy una iniciativa del PP en la que aboga por modificar la Ley del IVA para aplicar el tipo reducido (7 por ciento) a los productos y servicios sociales y sanitarios utilizados por las personas mayores y discapacitadas.
La proposición de ley del PP, recogida por Europa Press, destaca que estos colectivos sociales "precisan del apoyo público en mayor medida que otros grupos, puesto que tienen que oportar en muchos casos la adquisición de productos y la contratación de servicios sanitarios y de carácter social de elevado coste", y que son fundamentales para que puedan poder llevar una vida lo más digna y próxima a la normalidad posible.
Así, esta iniciativa pretende rebajar al 7 por ciento el impuesto a estos productos y servicios para que se reduzca el coste final de los mismos, beneficiando de este modo a las personas mayores y discapacitadas que los usan.
En esta misma línea, el proyecto de ley pretende "completar la definición, hasta ahora demasiado estricta, de los productos sanitarios concebidos para determinados discapacitados y cuyo elevado coste de desarrollo y producción, junto con su bajo consumo, hace inviable o excesivamente oneroso su mantenimiento sin ningún tipo de apoyo fiscal".
Madrid 16 de junio. Fuente: Europa Press
CIFRAS REALES DE LA DEPENDENCIA JUNIO SOLO UNAS HORAS DE PERMANENCIA EN LA WEB
Las cifras reales de la Dependencia sólo vieron la luz unas horas
El Ministerio de Sanidad y Política Social colgó ayer por la mañana en Internet las nuevas cifras de la Ley de Dependencia, con datos a 1 de junio, que se actualizan cada mes. Pero a media mañana las retiró y volvieron las antiguas, de mayo. Las estadísticas que se retiraron recogían el número real de personas dependientes en el sistema, porque por primera vez se habían depurado el número de fallecidos y otras bajas que se acumulaban desde 2007. Unos 55.000 fallecidos ya no aparecen en esas listas, algo que ya adelantó este periódico. Y las cifras de beneficiarios de la Dependencia han mermado en la mayoría de las comunidades por esa razón.
Algunas comunidades han presionado para que no se publicaran los nuevos datos, según fuentes cercanas al caso, y apenas estuvieron unos momentos en la web (www.saad.mtas.es/portal). El ministerio rechaza que haya habido presiones de ningún tipo, simplemente dicen que se hicieron pruebas informáticas a las 7.30 de la mañana. Aseguran que los datos no se publicarán hasta que todas las comunidades hayan dado su visto bueno.
Las cifras que actualiza el ministerio cada mes son las que proporcionan las propias comunidades, que gestionan los servicios sociales. Pero ahora algunas han preferido que esos datos, depurados y reales, no salgan a la luz pública, como venía ocurriendo a primeros de cada mes, una información que todavía esperan los ciudadanos.
Fuente: ELPAIS.com
El Ministerio de Sanidad y Política Social colgó ayer por la mañana en Internet las nuevas cifras de la Ley de Dependencia, con datos a 1 de junio, que se actualizan cada mes. Pero a media mañana las retiró y volvieron las antiguas, de mayo. Las estadísticas que se retiraron recogían el número real de personas dependientes en el sistema, porque por primera vez se habían depurado el número de fallecidos y otras bajas que se acumulaban desde 2007. Unos 55.000 fallecidos ya no aparecen en esas listas, algo que ya adelantó este periódico. Y las cifras de beneficiarios de la Dependencia han mermado en la mayoría de las comunidades por esa razón.
Algunas comunidades han presionado para que no se publicaran los nuevos datos, según fuentes cercanas al caso, y apenas estuvieron unos momentos en la web (www.saad.mtas.es/portal). El ministerio rechaza que haya habido presiones de ningún tipo, simplemente dicen que se hicieron pruebas informáticas a las 7.30 de la mañana. Aseguran que los datos no se publicarán hasta que todas las comunidades hayan dado su visto bueno.
Las cifras que actualiza el ministerio cada mes son las que proporcionan las propias comunidades, que gestionan los servicios sociales. Pero ahora algunas han preferido que esos datos, depurados y reales, no salgan a la luz pública, como venía ocurriendo a primeros de cada mes, una información que todavía esperan los ciudadanos.
Fuente: ELPAIS.com
SUBIDA DE IMPUESTOS PARA APORTAR 400 MILLONES MAS A DEPENDENCIA
F.Vega liga la subida de impuestos con aportar 400 millones más a Dependencia
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado hoy que la subida de impuestos de los carburantes y el tabaco aprobada el viernes servirá, entre otras cuestiones, para invertir 400 millones de euros más en atención a la Dependencia.
Fernández de la Vega se ha referido a esa decisión en la intervención con la que ha inaugurado el encuentro de mujeres parlamentarias de América Latina y Caribe que se celebra desde hoy en Madrid.
La vicepresidenta ha subrayado que para un Gobierno progresista como el que ella representa, "es de justicia que en tiempos de crisis como los actuales se refuerce la protección social y se apoye a los que necesitan "la solidaridad de todos".
En ese contexto, la vicepresidenta ha criticado "la demagogia fácil" y el "olvido del interés general" que ejerce siempre la derecha.
Por el contrario, ha dicho, el Gobierno está afrontando los problemas económicos "con menos egoísmo y más amparo" y con "menos sectarismo y más ciudadanía".
"Esa es la ecuación que demanda el tiempo que vivimos y esa es la ecuación que estamos aplicando", ha afirmado Fernández de la Vega.
Fuente: EFE
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado hoy que la subida de impuestos de los carburantes y el tabaco aprobada el viernes servirá, entre otras cuestiones, para invertir 400 millones de euros más en atención a la Dependencia.
Fernández de la Vega se ha referido a esa decisión en la intervención con la que ha inaugurado el encuentro de mujeres parlamentarias de América Latina y Caribe que se celebra desde hoy en Madrid.
La vicepresidenta ha subrayado que para un Gobierno progresista como el que ella representa, "es de justicia que en tiempos de crisis como los actuales se refuerce la protección social y se apoye a los que necesitan "la solidaridad de todos".
En ese contexto, la vicepresidenta ha criticado "la demagogia fácil" y el "olvido del interés general" que ejerce siempre la derecha.
Por el contrario, ha dicho, el Gobierno está afrontando los problemas económicos "con menos egoísmo y más amparo" y con "menos sectarismo y más ciudadanía".
"Esa es la ecuación que demanda el tiempo que vivimos y esa es la ecuación que estamos aplicando", ha afirmado Fernández de la Vega.
Fuente: EFE
miércoles, 10 de junio de 2009
ANDALUCIA APRUEBA LA PRIMERA LEY ESPAÑOLA DE "MUERTE DIGNA"
Una norma pionera en españa.
El proyecto de ley ha sido enviado para su tramitación final al Parlamento andaluz. La consejera de Salud andaluza, María Jesús Montero, ha destacado que la Ley no regula la eutanasia ni el suicidio asistido, tan sólo el "abanico de posibilidades" clínicas para garantizar una muerte digna y minimizar los procesos agónicos.
El gobierno andaluz ha aprobado este martes nueve de junio el proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, una norma pionera en España que regula los derechos de pacientes y deberes de los profesionales sanitarios de los centros públicos y privados.La futura ley regula el "abanico de posibilidades" clínicas para garantizar una muerte diga y minimizar los procesos agónicos, como la limitación del esfuerzo terapéutico, que permite a un paciente no recibir tratamientos artificiales para seguir con vida, o el rechazo al tratamiento, que le faculta a desconectarse de sistemas artificiales. La ley de la muerte digna persigue "salvaguardar la libertad y el respeto" a la voluntad de la persona, y "respaldar y garantizar" la labor de los profesionales sanitarios en este tipo de situaciones. Según ha explicado en rueda de prensa la consejera de Salud de Andalucía, María Jesús Montero, la norma, aprobada con un "gran consenso" social, tiene como "inspiración" casos como el de las sedaciones del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) o el de la enferma granadina Inmaculada Echevarría, quien pidió ser desconectada del respirador artificial.El texto no regulará la eutanasia (acto para provocar la muerte) ni el suicidio asistido (ayuda a la muerte de una persona, como ocurrió con el tetrapléjico Ramón Sampedro) pues son figuras tipificadas en el Código Penal sobre las que no puede legislar un gobierno autonómico.Lo que sí regula es el "abanico de posibilidades" clínicas que garanticen una muerte diga y minimicen los procesos agónicos, como la limitación del esfuerzo terapéutico o el rechazo al tratamiento.La "ley de la muerte digna", que desarrolla un derecho incluido en el Estatuto de Autonomía, recoge circunstancias como la sedación paliativa terminal y la determinación de la muerte cerebral.Montero ha destacado que la norma no sólo persigue "salvaguardar la libertad y el respeto" a la voluntad de la persona, sino también "respaldar y garantizar" la labor de los profesionales sanitarios en este tipo de situaciones. Entre los derechos reconocidos se encuentra:
Recibir, o no si así lo desea el paciente, información clínica veraz y comprensible sobre su diagnóstico y pronóstico, con el objetivo de ayudarle en la toma de decisiones.
También establece la potestad del ciudadano de rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, aunque ello pueda poner en peligro su vida.
Contempla el derecho del ciudadano a recibir tratamiento del dolor, incluyendo la sedación paliativa cuando lo precise y garantiza los cuidados paliativos integrales, que serán proporcionados, si la persona lo desea, en su domicilio siempre que no estén contraindicados.
La intimidad personal y familiar de la persona y la protección de todos los datos relacionados con su proceso de atención sanitaria también estarán garantizadas, ya que el ciudadano podrá estar acompañado por su familia durante el proceso de la muerte.
Los profesionales sanitarios que atiendan al paciente en su fase terminal deberán informarle sobre su situación y respetar las decisiones que éste tome sin imponer sus opiniones personales, morales, religiosas o fisiológicas.
La consejera ha recordado, asimismo, su obligación de facilitar información sobre el derecho a formular la declaración de voluntad vital anticipada, así como a consultar el registro.Todos los centros sanitarios (públicos y privados) tendrán, no obstante, un "comité de ética" de carácter consultivo para cualquier conflicto que pueda surgir.Las instituciones sanitarias deberán garantizar el cumplimiento de la ley y, en caso de negativa por objeción de conciencia o ausencia de los profesionales, deberán asegurar la atención necesaria.El proyecto de ley ha sido enviado para su tramitación final al Parlamento andaluz, donde Montero espera que cuente con el apoyo de los grupos y ha confiado que "no prevalezcan", en el caso del PP, los criterios de "su ala más dura".
Objeción de Conciencia
Preguntada sobre el derecho a la objeción de conciencia del profesional sanitario, la consejera indicó que esta norma no es el foro adecuado para plantear la regulación de este derecho, con independencia de que siempre hay que plantearlo como una situación de excepcionalidad. Resaltó que esta ley andaluza está realizada de acuerdo con las buenas prácticas clínicas y que el tema de la objeción de conciencia ha sido estudiado con mucho detalle con los colectivos de profesionales. Para Montero, el marco de regulación de la objeción de conciencia en el ámbito sanitario debería tener la consideración de proyecto de ley o de normativa específica en el marco del Estado. La norma andaluza, según agregó, establece una salvaguarda para el paciente donde se prevé que en caso de eventualidad sanitaria, la institución sanitaria ya sea pública o privada tiene que garantizar el derecho del paciente por encima de cualquier otra consideración. Durante el proceso de tramitación de la norma, según explicó la consejera, se han llevado a cabo una serie de mejoras muy importantes, que han afectado a aspectos como la limitación del esfuerzo terapéutico y al apartado de las sanciones, orientado de acuerdo a lo que se plantea en la Ley general de sanidad, en la Ley de Salud de Andalucía y en el Estatuto marco de Andalucía. Montero dijo que es obligado que este régimen sancionador aparezca en la norma y afecta a los deberes de los profesionales sanitarios que atienden a las personas en sus momentos finales.
Fuente: Gaceta.es
El proyecto de ley ha sido enviado para su tramitación final al Parlamento andaluz. La consejera de Salud andaluza, María Jesús Montero, ha destacado que la Ley no regula la eutanasia ni el suicidio asistido, tan sólo el "abanico de posibilidades" clínicas para garantizar una muerte digna y minimizar los procesos agónicos.
El gobierno andaluz ha aprobado este martes nueve de junio el proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, una norma pionera en España que regula los derechos de pacientes y deberes de los profesionales sanitarios de los centros públicos y privados.La futura ley regula el "abanico de posibilidades" clínicas para garantizar una muerte diga y minimizar los procesos agónicos, como la limitación del esfuerzo terapéutico, que permite a un paciente no recibir tratamientos artificiales para seguir con vida, o el rechazo al tratamiento, que le faculta a desconectarse de sistemas artificiales. La ley de la muerte digna persigue "salvaguardar la libertad y el respeto" a la voluntad de la persona, y "respaldar y garantizar" la labor de los profesionales sanitarios en este tipo de situaciones. Según ha explicado en rueda de prensa la consejera de Salud de Andalucía, María Jesús Montero, la norma, aprobada con un "gran consenso" social, tiene como "inspiración" casos como el de las sedaciones del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) o el de la enferma granadina Inmaculada Echevarría, quien pidió ser desconectada del respirador artificial.El texto no regulará la eutanasia (acto para provocar la muerte) ni el suicidio asistido (ayuda a la muerte de una persona, como ocurrió con el tetrapléjico Ramón Sampedro) pues son figuras tipificadas en el Código Penal sobre las que no puede legislar un gobierno autonómico.Lo que sí regula es el "abanico de posibilidades" clínicas que garanticen una muerte diga y minimicen los procesos agónicos, como la limitación del esfuerzo terapéutico o el rechazo al tratamiento.La "ley de la muerte digna", que desarrolla un derecho incluido en el Estatuto de Autonomía, recoge circunstancias como la sedación paliativa terminal y la determinación de la muerte cerebral.Montero ha destacado que la norma no sólo persigue "salvaguardar la libertad y el respeto" a la voluntad de la persona, sino también "respaldar y garantizar" la labor de los profesionales sanitarios en este tipo de situaciones. Entre los derechos reconocidos se encuentra:
Recibir, o no si así lo desea el paciente, información clínica veraz y comprensible sobre su diagnóstico y pronóstico, con el objetivo de ayudarle en la toma de decisiones.
También establece la potestad del ciudadano de rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, aunque ello pueda poner en peligro su vida.
Contempla el derecho del ciudadano a recibir tratamiento del dolor, incluyendo la sedación paliativa cuando lo precise y garantiza los cuidados paliativos integrales, que serán proporcionados, si la persona lo desea, en su domicilio siempre que no estén contraindicados.
La intimidad personal y familiar de la persona y la protección de todos los datos relacionados con su proceso de atención sanitaria también estarán garantizadas, ya que el ciudadano podrá estar acompañado por su familia durante el proceso de la muerte.
Los profesionales sanitarios que atiendan al paciente en su fase terminal deberán informarle sobre su situación y respetar las decisiones que éste tome sin imponer sus opiniones personales, morales, religiosas o fisiológicas.
La consejera ha recordado, asimismo, su obligación de facilitar información sobre el derecho a formular la declaración de voluntad vital anticipada, así como a consultar el registro.Todos los centros sanitarios (públicos y privados) tendrán, no obstante, un "comité de ética" de carácter consultivo para cualquier conflicto que pueda surgir.Las instituciones sanitarias deberán garantizar el cumplimiento de la ley y, en caso de negativa por objeción de conciencia o ausencia de los profesionales, deberán asegurar la atención necesaria.El proyecto de ley ha sido enviado para su tramitación final al Parlamento andaluz, donde Montero espera que cuente con el apoyo de los grupos y ha confiado que "no prevalezcan", en el caso del PP, los criterios de "su ala más dura".
Objeción de Conciencia
Preguntada sobre el derecho a la objeción de conciencia del profesional sanitario, la consejera indicó que esta norma no es el foro adecuado para plantear la regulación de este derecho, con independencia de que siempre hay que plantearlo como una situación de excepcionalidad. Resaltó que esta ley andaluza está realizada de acuerdo con las buenas prácticas clínicas y que el tema de la objeción de conciencia ha sido estudiado con mucho detalle con los colectivos de profesionales. Para Montero, el marco de regulación de la objeción de conciencia en el ámbito sanitario debería tener la consideración de proyecto de ley o de normativa específica en el marco del Estado. La norma andaluza, según agregó, establece una salvaguarda para el paciente donde se prevé que en caso de eventualidad sanitaria, la institución sanitaria ya sea pública o privada tiene que garantizar el derecho del paciente por encima de cualquier otra consideración. Durante el proceso de tramitación de la norma, según explicó la consejera, se han llevado a cabo una serie de mejoras muy importantes, que han afectado a aspectos como la limitación del esfuerzo terapéutico y al apartado de las sanciones, orientado de acuerdo a lo que se plantea en la Ley general de sanidad, en la Ley de Salud de Andalucía y en el Estatuto marco de Andalucía. Montero dijo que es obligado que este régimen sancionador aparezca en la norma y afecta a los deberes de los profesionales sanitarios que atienden a las personas en sus momentos finales.
Fuente: Gaceta.es
ANDALUCIA, "LA LEY DE DEPENDENCIA SE APLICA CON MAS RAPIDEZ Y EFICACIA QUE EN EL CONJUNTO DE ESPAÑA"
Griñán dice que en Andalucía se aplica la Ley de Dependencia con "más rapidez y eficacia" que en el conjunto de España
Valderas critica que la Junta está permitiendo que las empresas privadas hagan "negocio" al conceder "demasiadas concertaciones"
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, aseguró hoy que en Andalucía se aplica la Ley de Dependencia con "más rapidez y eficacia" que en el conjunto de España, debido a que la comunidad autónoma se ha tomado "muy en serio" esta normativa, por considerarla "el cuarto pilar del estado del bienestar". No obstante, reconoció que "aún quedan cosas por mejorar en una norma de esta complejidad".
En respuesta a una pregunta formulada en la sesión de control al Ejecutivo por el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, Griñán aseguró que Andalucía ha sido "pionera" en la aplicación de esta normativa y que, mientras en Andalucía se han reconocido a 116.000 dependientes, en Cataluña, Madrid y Valencia sólo se han reconocido a 49.000, 15.000 y 16.000, respectivamente.
Además, el presidente de la Junta de Andalucía dijo que el 32 por ciento de todas las personas que se han beneficiado de esta ley en España, viven en Andalucía. Si bien, reconoció que a día de hoy hay 48.000 personas valoradas pero que están pendientes de conocer el Plan Individualizado de Atención (PIA).
Por su parte, Diego Valderas, que aseguró que más de 200.000 familias andaluzas dependen de esta ley para tener una vida digna, dijo que IULV-CA cree que este derecho no se está prestando en las mejores condiciones de calidad, produciéndose, según apuntó, retrasos en las valoraciones y en la recepción del PIA, "que pueden llegar hasta un año". Por ello, le pidió al Gobierno andaluz que ponga el "máximo énfasis" en el impulso de estas prestaciones, "que en muchos de los casos llegan cuando la persona ya ha fallecido".
En esta línea, Valderas denunció que la Junta de Andalucía está permitiendo que las empresas privadas "han negocio" en la aplicación de la Ley de Dependencia, al conceder "demasiadas concertaciones". Al hilo de ello, exigió la puesta en marcha de la Agencia Andaluza de la Dependencia y de una "auténtica" red pública de servicios sociales. "No puede consentirse la invasión del sector privado a través de lo concertado", aseguró el líder andaluz de IULV-CA, quien indicó la necesidad de más medios. "Más dinero para las personas y menos ayudas para la compra de coches", concluyó.
En su turno de réplica, el presidente de la Junta de Andalucía dijo que la prestación de servicios no puede ser sólo pública, sino que es necesaria la concertación de empresas, sin que esto suponga, a su juicio, un negocio. Además, indicó que su gobierno no es partidario de una "institucionalización de la persona" sino que ésta se mantenga en su ambiente familiar siempre que sea posible y de que las ayudas no sólo sean económicas sino también asistenciales.
Fuente: Europa Press, 10 de junio. Sevilla.
Valderas critica que la Junta está permitiendo que las empresas privadas hagan "negocio" al conceder "demasiadas concertaciones"
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, aseguró hoy que en Andalucía se aplica la Ley de Dependencia con "más rapidez y eficacia" que en el conjunto de España, debido a que la comunidad autónoma se ha tomado "muy en serio" esta normativa, por considerarla "el cuarto pilar del estado del bienestar". No obstante, reconoció que "aún quedan cosas por mejorar en una norma de esta complejidad".
En respuesta a una pregunta formulada en la sesión de control al Ejecutivo por el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, Griñán aseguró que Andalucía ha sido "pionera" en la aplicación de esta normativa y que, mientras en Andalucía se han reconocido a 116.000 dependientes, en Cataluña, Madrid y Valencia sólo se han reconocido a 49.000, 15.000 y 16.000, respectivamente.
Además, el presidente de la Junta de Andalucía dijo que el 32 por ciento de todas las personas que se han beneficiado de esta ley en España, viven en Andalucía. Si bien, reconoció que a día de hoy hay 48.000 personas valoradas pero que están pendientes de conocer el Plan Individualizado de Atención (PIA).
Por su parte, Diego Valderas, que aseguró que más de 200.000 familias andaluzas dependen de esta ley para tener una vida digna, dijo que IULV-CA cree que este derecho no se está prestando en las mejores condiciones de calidad, produciéndose, según apuntó, retrasos en las valoraciones y en la recepción del PIA, "que pueden llegar hasta un año". Por ello, le pidió al Gobierno andaluz que ponga el "máximo énfasis" en el impulso de estas prestaciones, "que en muchos de los casos llegan cuando la persona ya ha fallecido".
En esta línea, Valderas denunció que la Junta de Andalucía está permitiendo que las empresas privadas "han negocio" en la aplicación de la Ley de Dependencia, al conceder "demasiadas concertaciones". Al hilo de ello, exigió la puesta en marcha de la Agencia Andaluza de la Dependencia y de una "auténtica" red pública de servicios sociales. "No puede consentirse la invasión del sector privado a través de lo concertado", aseguró el líder andaluz de IULV-CA, quien indicó la necesidad de más medios. "Más dinero para las personas y menos ayudas para la compra de coches", concluyó.
En su turno de réplica, el presidente de la Junta de Andalucía dijo que la prestación de servicios no puede ser sólo pública, sino que es necesaria la concertación de empresas, sin que esto suponga, a su juicio, un negocio. Además, indicó que su gobierno no es partidario de una "institucionalización de la persona" sino que ésta se mantenga en su ambiente familiar siempre que sea posible y de que las ayudas no sólo sean económicas sino también asistenciales.
Fuente: Europa Press, 10 de junio. Sevilla.
LAS CIFRAS DE LA DEPENDENCIA ESTAN INFLADAS CON MILES DE MUERTOS
Los datos se cruzarán con los de fallecidos del INE para ajustar la financiación
En la cifra oficial de usuarios de la Ley de Dependencia hay miles de personas que ya han fallecido, por las que el Gobierno, sin embargo, debe pagar a las comunidades si no dispone de esa información. Y no la ha tenido desde que se puso en marcha la ley. Actualmente, un 20% de la financiación estatal se reparte en función de las personas que ya han sido declaradas dependientes y hay 257.707 en esa circunstancia sin que aún reciban prestación alguna. ¿Cuántos de ellos están muertos? No se sabe con certeza, pero sí que la mayoría de los usuarios de esta ley (casi medio millón) son mayores de 80 años y que la mortalidad en esta población alcanza el 10%. Los que gestionan estos datos afirman que pueden alcanzar más del 10%, pero niegan que reciban dinero por ellos.
Que sólo haya un 3% de bajas "no refleja la realidad", según el Gobierno
A eso habría que sumar los que sí perciben alguna ayuda y su fallecimiento no consta en las estadísticas, algo que se sabrá cuando se crucen los datos con las cifras de fallecidos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE) cada mes, "un fuente fiable" para estos tramites, según el Gobierno.
Algunas comunidades vienen pidiendo hace tiempo que se limpien esas cifras porque muchos de esos usuarios que ahora pasan por estar desatendidos por la Administración desaparecerían y mejorarían las cifras reales, es decir, saldría más alto el porcentaje de los que sí perciben ayuda. Pero otras se han resistido a que esto ocurra -llevan meses discutiéndolo- porque eso mermaría sus cifras y quizá también el dinero que les llega por cada persona declarada dependiente (dictaminada).
Por último, se ha alcanzado un acuerdo entre Gobierno y comunidades para depurar los datos y sacar de la estadística oficial a las miles de personas fallecidas. En la actualidad, el sistema informático revela que alrededor de un 3% del total de expedientes tramitados son bajas por defunción, pero ese dato "no refleja la realidad de la tasa de fallecimientos de los beneficiarios de la ley", según reconoce el Ministerio de Sanidad y Política Social en una circular enviada a las comunidades a la que ha tenido acceso este periódico.
Se trata de un manual para que las administraciones puedan cruzar sus datos de Dependencia con las cifras de muertos que cada mes ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE). Eso permitirá hacer "ajustes" a la hora de pagar por los beneficiarios en las dos vías de financiación que tiene esta ley, el nivel mínimo (por cada beneficiario registrado) y el acordado (un reparto de fondos sujeto a criterios como la población general o las personas declaradas dependientes).
Quizá a partir de ahora, los datos que se hagan públicos sena más reales, pero desde que se puso en marcha la ley, en enero de 2007, no ha sido así.
Con este cruce de datos con la cifra mensual de fallecidos que da el INE, el Gobierno trata de que los expedientes que se encuentren "pendientes de citación" o de "confirmación del valorador", es decir, al inicio del papeleo para optar a una ayuda, se anulen inmediatamente cuando la persona haya muerto. Pero si los trámites están más avanzados, podrán continuar a pesar del fallecimiento, porque los herederos pueden cobrar con efecto retroactivo desde el momento en que haya determinado cada comunidad.
En el manual se explica que los expedientes marcados como Baja INE, tendrán una "implicación inmediata en la liquidación del nivel mínimo", es decir, del dinero que da el Gobierno por cada beneficiario.
Otro de los objetivos, según el Gobierno, de cruzar estos datos, es que "las comunidades tengan información actualizada y fiable ante los fallecimientos, para comenzar a tramitar la baja".
Desde algunas comunidades se asegura que entre los que ya están contabilizados como receptores de ayudas no hay problemas con los fallecidos porque un usuario se sustituye por otro, es decir, si hay una baja en una residencia, se sustituirá por otra persona. En ese caso no se explicaría el interés del ministerio por disponer de esta información para hacer "ajustes" en el nivel mínimo de la financiación, es decir, lo que se libra por cada usuario ya atendido en el marco de la ley.
La Administración General del Estado hace efectiva a las comunidades autónomas las cantidades que proceden en concepto de nivel mínimo "en función del número de beneficiarios reconocidos en situación de dependencia con derecho a prestaciones, teniendo en cuenta para ello su grado y nivel y la fecha de efectividad de su reconocimiento". Así se recoge en los decretos aprobados.
Fuente: El Pais.com
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