La secretaria de Bienestar Social de la ejecutiva regional socialista, Lola Hernández, acusó ayer al consejero de Política Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana, «de boicotear por motivos políticos en un principio la Ley de la Dependencia, y ahora tener un grave problema de gestión al estar desbordado por las miles de solicitudes que debe tramitar».
Hernández señaló como «pruebas de la mala gestión» de la Consejería, el que, dos años y medio después de la entrada en vigor de la ley, aún no se haya aprobado la norma regional que desarrolla la aplicación de la Ley de Dependencia en la Región de Murcia.
Regulación básica
Esta situación, según la dirigente socialista, «está perjudicando a miles y miles de murcianos en situación de dependencia, ya que se encuentran en una indefensión total al estar sin regular el procedimiento administrativo, y existir aspectos básicos, como la compatibilidad de prestaciones y el copago, también sin regulación».
Lola Hernández discrepa además de las cifras facilitadas por la Consejería sobre el número de murcianos que ya perciben ayudas o prestaciones derivadas de la Ley de Dependencia.
Según Bascuñana, al día de hoy existen 11.800 murcianos que ya se benefician de esta norma.
Sin embargo, Hernández esgrime los datos del Ministerio de Sanidad y Política Social a 1 de junio de 2009, según los cuales son sólo 7.730 los murcianos dependientes con prestaciones.
La secretaria socialista de Bienestar Social considera que los datos del Ministerio son los únicos válidos, ya que son los utilizados por la Administración central para pagar su parte de las ayudas. Lo cual significa, según Hernández, que 4.070 dependientes, de los incluidos por el consejero entre los beneficiarios, «aún no tienen resuelto el expediente, porque no creo que la Comunidad Autónoma les esté adelantando el dinero que debe abonar el Ministerio».
La dirigente socialista denunció también «la pérdida de expedientes» y «la falta de personal en la oficina de dependencia», si bien el pasado viernes empezaron a trabajar 30 nuevos trabajadores sociales, según anunció el consejero.
Fuente: laverdad.es 22 de junio
lunes, 22 de junio de 2009
domingo, 21 de junio de 2009
VALENCIA - LA PATRONAL DE LA DEPENDENCIA ABOGA POR DESTINAR INVERSION PUBLICA AL SECTOR
El presidente de la Asociación empresarial de residencias y servicios a personas dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte), Alberto Giménez, ha abogado hoy por orientar parte de la inversión pública del Estado al sector asistencial, para fomentar la creación de empleo y riqueza.
Giménez ha señalado en un comunicado que el sector de la dependencia ha alcanzado el reconocimiento de "interés especial" en todos los ámbitos empresariales y comerciales, pero "parece que las Administraciones públicas han decidido orientar sus inversiones a otros sectores con menor incidencia en la calidad de vida y el retorno económico directo al ciudadano".
Ha recordado el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, ha defendido recientemente que este sector debe ser tenido en cuenta como generador de empleo y de riqueza y ha abogado por la necesidad de adecuar los precios de concertación a los servicios que se prestan.
Para Giménez, el respaldo de la CEOE supone el reconocimiento de que este sector ha adquirido "la madurez y el peso específico necesario para equipararse con sectores con más tradición empresarial en España", y ha destacado que ese crecimiento incide directamente en otros sectores como la alimentación, la construcción o la tecnología.
Como ejemplo, ha explicado que el sector de tecnología sanitaria, que agrupa a más de 1.700 empresas, cerró el ejercicio de 2008 con una facturación cercana a los 6.000 millones de euros, un 8% más que el año anterior.
Además, ha indicado que, a pesar de la crisis económica, la actividad internacional y el desarrollo de proyectos de I+D+i han mantenido la tendencia de crecimiento de este sector, en el que desarrollan su actividad más de 30.000 profesionales.
Por otra parte, el presidente de Aerte ha respaldado la solicitud de la CEOE a la Administración pública para que culmine el desarrollo y reglamento de la Ley, definiendo un marco estable basado en criterios de calidad, equidad en el acceso y sostenibilidad económica.
También ha abogado por un sistema único que defina los modelos de atención y por dar prioridad a las prestaciones de servicios frente a las económicas, "para que la figura del cuidador informal no se convierta en norma".
Fuente : adn.es/valencia 21 de junio
Giménez ha señalado en un comunicado que el sector de la dependencia ha alcanzado el reconocimiento de "interés especial" en todos los ámbitos empresariales y comerciales, pero "parece que las Administraciones públicas han decidido orientar sus inversiones a otros sectores con menor incidencia en la calidad de vida y el retorno económico directo al ciudadano".
Ha recordado el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, ha defendido recientemente que este sector debe ser tenido en cuenta como generador de empleo y de riqueza y ha abogado por la necesidad de adecuar los precios de concertación a los servicios que se prestan.
Para Giménez, el respaldo de la CEOE supone el reconocimiento de que este sector ha adquirido "la madurez y el peso específico necesario para equipararse con sectores con más tradición empresarial en España", y ha destacado que ese crecimiento incide directamente en otros sectores como la alimentación, la construcción o la tecnología.
Como ejemplo, ha explicado que el sector de tecnología sanitaria, que agrupa a más de 1.700 empresas, cerró el ejercicio de 2008 con una facturación cercana a los 6.000 millones de euros, un 8% más que el año anterior.
Además, ha indicado que, a pesar de la crisis económica, la actividad internacional y el desarrollo de proyectos de I+D+i han mantenido la tendencia de crecimiento de este sector, en el que desarrollan su actividad más de 30.000 profesionales.
Por otra parte, el presidente de Aerte ha respaldado la solicitud de la CEOE a la Administración pública para que culmine el desarrollo y reglamento de la Ley, definiendo un marco estable basado en criterios de calidad, equidad en el acceso y sostenibilidad económica.
También ha abogado por un sistema único que defina los modelos de atención y por dar prioridad a las prestaciones de servicios frente a las económicas, "para que la figura del cuidador informal no se convierta en norma".
Fuente : adn.es/valencia 21 de junio
ASTURIAS ES LA REGION EN LA QUE MAS SOLICITANTES DE AYUDAS A LA DEPENDENCIA HAN MUERTO SIN RECIBIRLAS
A 1 de junio habían fallecido el 13,5% de los 28.223 demandantes, la tasa más alta del país, sólo superada por la comunidad balear, que roza el 14%
Bienestar prepara un 'plan de choque' para desbloquear más de 6.000 casos
Asturias lidera la lista más negra de la dependencia. El Principado es la región con mayor porcentaje de personas que fallecieron mientras esperaban la llegada de las ayudas de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Tal y como adelantó EL COMERCIO, del listado real de 28.223 asturianos que, entre el 23 de abril de 2007 y el 1 de junio de 2009, presentaron su solicitud para ser considerados dependientes, se han caído 3.800. Es decir, el 13,5% de los solicitantes han muerto antes de disfrutar de unas prestaciones surgidas para que su discapacidad o falta de autonomía no fuera sinónimo de dependencia de un familiar.
Así se desprende de la revisión de los datos realizada por el organismo encargado de gestionar en el país el Sistema de Atención a la Dependencia: el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Tras revisar, una a una, todas las peticiones presentadas en España, el Imserso publicó el 1 de junio unas cifras tan reales como duras: 99.183 españoles fallecieron en espera de la ley.
La comparativa nacional señala al Principado como una de la región con más problemas, ya que su tasa de fallecidos supera en tres puntos la media del país (10,3%) y la cifra total de asturianos que quedaron sin prestación ronda el 4% del conjunto de España.
Con ese 13,5% de nombres caídos de la relación, la asturiana es la región que lidera la tasa de mortalidad, ya que sólo la supera la comunidad balear, que roza al 14%, pero que tiene menos solicitantes netos. En el Norte, únicamente se le aproxima Galicia, con un 13%, mientras que el País Vasco protagoniza la cara de la moneda: sólo dejó sin respuesta al 8% de sus 68.403 solicitantes.
«Descentralizar la gestión»
La relación de cifras 'negras' en Asturias no se limita sólo a los fallecidos, sino que también suma 4.742 personas que han presentado su solicitud, pero que no tienen aún dictamen de grado y nivel de dependencia, así como 6.081 que, aunque ya saben a qué tienen derecho, aún no han recibido la prestación que conlleva. De hecho, la mayoría lleva un año a la espera.
Ese atasco es, precisamente, lo que acarrea mayores críticas a la gestión de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, tanto por el único partido en la oposición, el PP, como por los colectivos de afectados, entre ellos la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas, y por el ente que reúne a más expertos en la materia: la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
El presidente de esta última, José Manuel Ramírez, explica que «la tasa de muertos, con ser elevada, tampoco es para poner el grito en el cielo, ya que estamos hablando de un colectivo mayor, con problemas de salud, que tiene un porcentaje de mortalidad que oscila entre el 10 y el 13%».
Sin embargo, lo que no considera «normal» es que «haya tal atasco en la gestión», por lo que, la pasada semana, instó al Principado a «descentralizar la gestión», puesto que entiende que los problemas vienen «porque no ha utilizado la red municipal de servicios sociales para tramitar esta ley». De hecho, aseguró que «si dejara a la Fundación Municipal de Servicios Sociales tramitar las peticiones gijonesas, el atasco acabaría. Es clave utilizar esa red».
55 nuevos empleos
Dicho y hecho, la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín, anunció el jueves durante el pleno de la Junta General del Principado que, dentro de un «plan de choque» para descongestionar la gestión consistente en contratar a 55 personas, de las que 30 «reforzarán la plantilla de los servicios sociales municipales».
Las otras 25, como ya publicó EL COMERCIO, se incorporarán a los equipos territoriales, los que gestionan la ley en todo el territorio asturiano, de los cuales 15 estarán sobre el terreno y 10 se dedicarán a mecanizar los datos, tanto las peticiones, como las valoraciones y las notificaciones.
El objetivo es, según explicó Martín, que en seis meses «se acabe con los retrasos», para que Asturias empiece a cumplir la ley. Esto es, que en el plazo de tres meses, o cuatro según el decreto aprobado por el Gobierno regional, la persona que se considere dependiente reciba la prestación a la que tenga derecho.
Hospitales llenos
Pero mientras se lleva a cabo el plan y no, expertos y usuarios coinciden en que la ley «ha generado gran frustración» entre los posibles beneficiarios, hasta el punto de que la Confederación de Personas con Discapacidad (Cocemfe) pide que «se pare y se revise la ley»
Porque, aunque el problema no único en Asturias, ya que ocurre lo mismo en todo el país, todos coinciden en un problema que señala el PP, que es que «en Asturias hubo un parón, debido al cambio en las consejerías», recuerda la diputada Inmaculada González, en referencia a que desde 2007 han estado al frente del departamento desde Laura González, la que la puso en marcha, las socialistas Pilar Rodríguez (hoy directora del Imserso) y Teresa Ordiz, hasta la actual, Noemí Martín.
A eso suma «la falta de financiación», que lleva al Principado a pagar 8 de cada 10 euros que cuesta esta ley, y a «centrar la ayuda en la paga al cuidador familiar», a la que González cree que «hay que poner freno, porque es un subsidio con el que callar bocas, pero no resolver nada.».
En eso coincide con la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas, que preside el asturiano Vicente Sanz, quien, además, señala otro problema «se está llegando a la sanitarización de la persona dependiente, puesto que el familiar cuidador no puede atenderle como necesita y se multiplican las visitas a hospitales y centros de salud».
Fuente: elcomerciodigital.com 21 de junio
Bienestar prepara un 'plan de choque' para desbloquear más de 6.000 casos
Asturias lidera la lista más negra de la dependencia. El Principado es la región con mayor porcentaje de personas que fallecieron mientras esperaban la llegada de las ayudas de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Tal y como adelantó EL COMERCIO, del listado real de 28.223 asturianos que, entre el 23 de abril de 2007 y el 1 de junio de 2009, presentaron su solicitud para ser considerados dependientes, se han caído 3.800. Es decir, el 13,5% de los solicitantes han muerto antes de disfrutar de unas prestaciones surgidas para que su discapacidad o falta de autonomía no fuera sinónimo de dependencia de un familiar.
Así se desprende de la revisión de los datos realizada por el organismo encargado de gestionar en el país el Sistema de Atención a la Dependencia: el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Tras revisar, una a una, todas las peticiones presentadas en España, el Imserso publicó el 1 de junio unas cifras tan reales como duras: 99.183 españoles fallecieron en espera de la ley.
La comparativa nacional señala al Principado como una de la región con más problemas, ya que su tasa de fallecidos supera en tres puntos la media del país (10,3%) y la cifra total de asturianos que quedaron sin prestación ronda el 4% del conjunto de España.
Con ese 13,5% de nombres caídos de la relación, la asturiana es la región que lidera la tasa de mortalidad, ya que sólo la supera la comunidad balear, que roza al 14%, pero que tiene menos solicitantes netos. En el Norte, únicamente se le aproxima Galicia, con un 13%, mientras que el País Vasco protagoniza la cara de la moneda: sólo dejó sin respuesta al 8% de sus 68.403 solicitantes.
«Descentralizar la gestión»
La relación de cifras 'negras' en Asturias no se limita sólo a los fallecidos, sino que también suma 4.742 personas que han presentado su solicitud, pero que no tienen aún dictamen de grado y nivel de dependencia, así como 6.081 que, aunque ya saben a qué tienen derecho, aún no han recibido la prestación que conlleva. De hecho, la mayoría lleva un año a la espera.
Ese atasco es, precisamente, lo que acarrea mayores críticas a la gestión de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, tanto por el único partido en la oposición, el PP, como por los colectivos de afectados, entre ellos la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas, y por el ente que reúne a más expertos en la materia: la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
El presidente de esta última, José Manuel Ramírez, explica que «la tasa de muertos, con ser elevada, tampoco es para poner el grito en el cielo, ya que estamos hablando de un colectivo mayor, con problemas de salud, que tiene un porcentaje de mortalidad que oscila entre el 10 y el 13%».
Sin embargo, lo que no considera «normal» es que «haya tal atasco en la gestión», por lo que, la pasada semana, instó al Principado a «descentralizar la gestión», puesto que entiende que los problemas vienen «porque no ha utilizado la red municipal de servicios sociales para tramitar esta ley». De hecho, aseguró que «si dejara a la Fundación Municipal de Servicios Sociales tramitar las peticiones gijonesas, el atasco acabaría. Es clave utilizar esa red».
55 nuevos empleos
Dicho y hecho, la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín, anunció el jueves durante el pleno de la Junta General del Principado que, dentro de un «plan de choque» para descongestionar la gestión consistente en contratar a 55 personas, de las que 30 «reforzarán la plantilla de los servicios sociales municipales».
Las otras 25, como ya publicó EL COMERCIO, se incorporarán a los equipos territoriales, los que gestionan la ley en todo el territorio asturiano, de los cuales 15 estarán sobre el terreno y 10 se dedicarán a mecanizar los datos, tanto las peticiones, como las valoraciones y las notificaciones.
El objetivo es, según explicó Martín, que en seis meses «se acabe con los retrasos», para que Asturias empiece a cumplir la ley. Esto es, que en el plazo de tres meses, o cuatro según el decreto aprobado por el Gobierno regional, la persona que se considere dependiente reciba la prestación a la que tenga derecho.
Hospitales llenos
Pero mientras se lleva a cabo el plan y no, expertos y usuarios coinciden en que la ley «ha generado gran frustración» entre los posibles beneficiarios, hasta el punto de que la Confederación de Personas con Discapacidad (Cocemfe) pide que «se pare y se revise la ley»
Porque, aunque el problema no único en Asturias, ya que ocurre lo mismo en todo el país, todos coinciden en un problema que señala el PP, que es que «en Asturias hubo un parón, debido al cambio en las consejerías», recuerda la diputada Inmaculada González, en referencia a que desde 2007 han estado al frente del departamento desde Laura González, la que la puso en marcha, las socialistas Pilar Rodríguez (hoy directora del Imserso) y Teresa Ordiz, hasta la actual, Noemí Martín.
A eso suma «la falta de financiación», que lleva al Principado a pagar 8 de cada 10 euros que cuesta esta ley, y a «centrar la ayuda en la paga al cuidador familiar», a la que González cree que «hay que poner freno, porque es un subsidio con el que callar bocas, pero no resolver nada.».
En eso coincide con la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas, que preside el asturiano Vicente Sanz, quien, además, señala otro problema «se está llegando a la sanitarización de la persona dependiente, puesto que el familiar cuidador no puede atenderle como necesita y se multiplican las visitas a hospitales y centros de salud».
Fuente: elcomerciodigital.com 21 de junio
sábado, 20 de junio de 2009
ASTURIAS. BIENESTAR USARA SERVICIOS SOCIALES PARA DESASTACAR LA LEY DE DEPENDENCIA
Bienestar Social tirará de la red municipal de servicios sociales, la que gestionan los ayuntamientos, para desatascar la gestión de la Ley de la Dependencia en Asturias.
Así lo anunció ayer en la Junta General del Principado la consejera Noemí Martín, quien explicó que se reforzará con 30 personas la plantilla de los servicios sociales municipales y se incorporarán otras 25 personas al equipo de la propia consejería: 15 para reforzar los equipos territoriales y 10 para mecanizar datos.
La respuesta de Martín coincide con la idea la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que, tal y como adelantó EL COMERCIO, planteó al Principado «utilizar los servicios sociales municipales para acabar con el atasco», cifrado en más de 6.000 personas con derecho a recibir prestación que aún no la tienen. En la propuesta de la asociación se aseguraba que, de ceder la gestión a la red gijonesa «el atasco se acabaría».
«PER encubierto»
La otra crítica de la asociación fue al «exceso de pagas a familiares» que concede el Principado, calificada ayer en la Junta por la diputada del PP, Inmaculada González, como «un PER encubierto», en relación al Plan de Empleo Rural andaluz que se resume en subsidios. González fue la que obligó, con su interpelación, a que Martín diera explicaciones en el parlamento, tras saberse que 3.800 personas fallecieron a la espera de las ayudas de la ley.
Fuente: elcomerciodigital.com 19 de junio
Así lo anunció ayer en la Junta General del Principado la consejera Noemí Martín, quien explicó que se reforzará con 30 personas la plantilla de los servicios sociales municipales y se incorporarán otras 25 personas al equipo de la propia consejería: 15 para reforzar los equipos territoriales y 10 para mecanizar datos.
La respuesta de Martín coincide con la idea la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que, tal y como adelantó EL COMERCIO, planteó al Principado «utilizar los servicios sociales municipales para acabar con el atasco», cifrado en más de 6.000 personas con derecho a recibir prestación que aún no la tienen. En la propuesta de la asociación se aseguraba que, de ceder la gestión a la red gijonesa «el atasco se acabaría».
«PER encubierto»
La otra crítica de la asociación fue al «exceso de pagas a familiares» que concede el Principado, calificada ayer en la Junta por la diputada del PP, Inmaculada González, como «un PER encubierto», en relación al Plan de Empleo Rural andaluz que se resume en subsidios. González fue la que obligó, con su interpelación, a que Martín diera explicaciones en el parlamento, tras saberse que 3.800 personas fallecieron a la espera de las ayudas de la ley.
Fuente: elcomerciodigital.com 19 de junio
miércoles, 17 de junio de 2009
MURCIA. INTERES EN EL PP POR QUE FRACASE LA LEY DE DEPENDENCIA
Saura ve interés en el PP por que fracase la Ley de Dependencia
«Estoy convencido de que la Región de Murcia está a la cola en la aplicación de la Ley Estatal de Dependencia no por una cuestión de eficacia administrativa, sino porque su Gobierno quiere hacer fracasar una ley socialista. ¿Por qué hay quince comunidades autónomas que están mejor? Porque ustedes hacen de arietes de Rajoy contra Zapatero poniendo en juego algo central para las personas dependientes». Así acusó ayer el portavoz parlamentario del PSOE, Pedro Saura, al presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, de ralentizar en las administración autonómica y los ayuntamientos gobernados por el PP el proceso legal necesario para que las personas que no pueden valerse por sí mismas reciban prestaciones.
En la Asamblea Regional, Valcárcel contestó que ésa no era más que una de las diez «mentiras» del discurso de Saura. Y rechazó la invectiva porque se basa en datos de la Plataforma por la Sanidad Pública, sin reconocimiento oficial y «afín al PSOE».
Valcárcel ve diez «mentiras»
El presidente autonómico dijo que el único observatorio oficial es el Imserso, organismo del Ministerio de Política Social según el cual Murcia ha completado ya el 83% de las valoraciones a posibles beneficiarios y 11.000 ciudadanos tienen ya prestación.
Los primeros espadas de PP Y PSOE cruzaron acusaciones sobre su compromiso ante la crisis económica, si bien Valcárcel llegó más lejos en el contenido y el tono.
Así, Saura reprochó al presidente sus «chirogotas, chistes y charlotadas, que son una falta de respeto» a los ciudadanos», en especial a los parados (citó a los «albañiles de toda la vida» perjudicados por la especulación inmobiliaria alentada por el PP).
Valcárcel respondió que él sólo usaba la «ironía parlamentaria», y no caía ni en lo «inmoral» de querer enfrentar a los murcianos con su presidente. Entre las supuestas mentiras, destacó la de que él no se enfrenta a la dirección nacional del PP por la reforma del Estatuto de Castilla La Mancha acerca del Trasvase Tajo-Segura.
«Yo le he dicho a usted, al presidente nacional del PP, a De Cospedal (número 2 popular) y hasta al lucero del alba que las enmiendas son lesivas», subrayó Valcárcel. Y añadió, antes de ser ovacionado por su grupo: «Pero usted sí calla ante las enmiendas del PSOE, que son letales» porque entre otras cosas se refieren a la fecha de cadudidad del trasvase.
Fuente: La Verdad 17 de junio
«Estoy convencido de que la Región de Murcia está a la cola en la aplicación de la Ley Estatal de Dependencia no por una cuestión de eficacia administrativa, sino porque su Gobierno quiere hacer fracasar una ley socialista. ¿Por qué hay quince comunidades autónomas que están mejor? Porque ustedes hacen de arietes de Rajoy contra Zapatero poniendo en juego algo central para las personas dependientes». Así acusó ayer el portavoz parlamentario del PSOE, Pedro Saura, al presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, de ralentizar en las administración autonómica y los ayuntamientos gobernados por el PP el proceso legal necesario para que las personas que no pueden valerse por sí mismas reciban prestaciones.
En la Asamblea Regional, Valcárcel contestó que ésa no era más que una de las diez «mentiras» del discurso de Saura. Y rechazó la invectiva porque se basa en datos de la Plataforma por la Sanidad Pública, sin reconocimiento oficial y «afín al PSOE».
Valcárcel ve diez «mentiras»
El presidente autonómico dijo que el único observatorio oficial es el Imserso, organismo del Ministerio de Política Social según el cual Murcia ha completado ya el 83% de las valoraciones a posibles beneficiarios y 11.000 ciudadanos tienen ya prestación.
Los primeros espadas de PP Y PSOE cruzaron acusaciones sobre su compromiso ante la crisis económica, si bien Valcárcel llegó más lejos en el contenido y el tono.
Así, Saura reprochó al presidente sus «chirogotas, chistes y charlotadas, que son una falta de respeto» a los ciudadanos», en especial a los parados (citó a los «albañiles de toda la vida» perjudicados por la especulación inmobiliaria alentada por el PP).
Valcárcel respondió que él sólo usaba la «ironía parlamentaria», y no caía ni en lo «inmoral» de querer enfrentar a los murcianos con su presidente. Entre las supuestas mentiras, destacó la de que él no se enfrenta a la dirección nacional del PP por la reforma del Estatuto de Castilla La Mancha acerca del Trasvase Tajo-Segura.
«Yo le he dicho a usted, al presidente nacional del PP, a De Cospedal (número 2 popular) y hasta al lucero del alba que las enmiendas son lesivas», subrayó Valcárcel. Y añadió, antes de ser ovacionado por su grupo: «Pero usted sí calla ante las enmiendas del PSOE, que son letales» porque entre otras cosas se refieren a la fecha de cadudidad del trasvase.
Fuente: La Verdad 17 de junio
3.800 ASTURIANOS FALLECIDOS ANTES DE RECIBIR AYUDAS A LA DEPENDENCIA
El Imserso eleva a 3.800 los asturianos fallecidos antes de recibir ayudas a la dependencia
La Asociación de Directores de Servicios Sociales censura al Principado «por el atasco en la gestión»
Ni 55, ni 1.051. Son 3.800 los asturianos que han fallecido mientras esperaban recibir ayudas de la Ley de la Dependencia. Así lo indica el último informe del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), el relativo al mes de junio, en el que la Administración central «ha depurado» las cifras ofrecidas por las comunidades autónomas en los dos años que lleva en marcha la ley.
De tal calibre ha sido la revisión -de la que se han eliminado «las bajas y fallecimientos»- que, de las cifras presentadas por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda al Imserso, faltan esos 3.800 nombres, de los cuales 2.643 ya tenían derecho a recibir una prestación, pero no llegaron a disfrutarla. En total, en España, 99.183 personas se quedaron a las puertas de la ley.
De hecho, y ante lo abultado de los números rojos, las comunidades autónomas han presionado al Imserso que, en cuestión de horas, descolgó de su web el informe sin permitir el acceso al mismo a los medios de comunicación.
La peor del Norte
Sin embargo, el documento fue facilitado a EL COMERCIO por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, cuyo presidente, José Manuel Ramírez, anunció que «si mañana (por hoy) no lo han vuelto a colgar, presentaremos una queja porque es un escándalo».
Aunque aseguró que «no hay que hacer demagogia con el número de muertos, porque es normal que el 13% fallezca en dos años», Ramírez sí cree que los datos demuestran «que se está pervirtiendo la ley», ya que «no se cumplen los plazos de tramitación. A veces se valora pronto, es cierto, pero entre que la persona tiene el dictamen de grado de dependencia y que recibe la prestación puede pasar más de un año».
En ese margen de retraso se mueve, afirmó Ramírez, «Asturias, una comunidad que si bien no sale mal parada en el análisis del modelo que aplica -nosotros le pusimos un notable-, lo cierto es que falla estrepitosamente la atención. Tiene un gran atasco en la gestión». Pone como ejemplo «que el 41,84% de las personas ya valoradas y con dictamen, aún no tienen prestación. Es una cifra abrumadora».
Con ese porcentaje, que supone que, en estos momentos, 6.081 asturianos con derecho reconocido están esperando que la Consejería de Bienestar Social les dé la prestación, Asturias es la comunidad del Norte que peor registro presenta, puesto que Galicia tiene a la espera al 31% de los beneficiarios con derecho; Cantabria, al 27,99% y el País Vasco sólo al 5,96%.
Críticas sindicales
Aunque la consejera de Bienestar Social, Noemí Martín, volvió a reconocer ayer retrasos que superan «hasta un año», a las críticas de los expertos se sumaron las de UGT y CC OO, que consideran que «la desorganización» de las administraciones está generando «precariedad» en el empleo».
Fuente: elcomerciodigital.com 17 de junio
La Asociación de Directores de Servicios Sociales censura al Principado «por el atasco en la gestión»
Ni 55, ni 1.051. Son 3.800 los asturianos que han fallecido mientras esperaban recibir ayudas de la Ley de la Dependencia. Así lo indica el último informe del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), el relativo al mes de junio, en el que la Administración central «ha depurado» las cifras ofrecidas por las comunidades autónomas en los dos años que lleva en marcha la ley.
De tal calibre ha sido la revisión -de la que se han eliminado «las bajas y fallecimientos»- que, de las cifras presentadas por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda al Imserso, faltan esos 3.800 nombres, de los cuales 2.643 ya tenían derecho a recibir una prestación, pero no llegaron a disfrutarla. En total, en España, 99.183 personas se quedaron a las puertas de la ley.
De hecho, y ante lo abultado de los números rojos, las comunidades autónomas han presionado al Imserso que, en cuestión de horas, descolgó de su web el informe sin permitir el acceso al mismo a los medios de comunicación.
La peor del Norte
Sin embargo, el documento fue facilitado a EL COMERCIO por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, cuyo presidente, José Manuel Ramírez, anunció que «si mañana (por hoy) no lo han vuelto a colgar, presentaremos una queja porque es un escándalo».
Aunque aseguró que «no hay que hacer demagogia con el número de muertos, porque es normal que el 13% fallezca en dos años», Ramírez sí cree que los datos demuestran «que se está pervirtiendo la ley», ya que «no se cumplen los plazos de tramitación. A veces se valora pronto, es cierto, pero entre que la persona tiene el dictamen de grado de dependencia y que recibe la prestación puede pasar más de un año».
En ese margen de retraso se mueve, afirmó Ramírez, «Asturias, una comunidad que si bien no sale mal parada en el análisis del modelo que aplica -nosotros le pusimos un notable-, lo cierto es que falla estrepitosamente la atención. Tiene un gran atasco en la gestión». Pone como ejemplo «que el 41,84% de las personas ya valoradas y con dictamen, aún no tienen prestación. Es una cifra abrumadora».
Con ese porcentaje, que supone que, en estos momentos, 6.081 asturianos con derecho reconocido están esperando que la Consejería de Bienestar Social les dé la prestación, Asturias es la comunidad del Norte que peor registro presenta, puesto que Galicia tiene a la espera al 31% de los beneficiarios con derecho; Cantabria, al 27,99% y el País Vasco sólo al 5,96%.
Críticas sindicales
Aunque la consejera de Bienestar Social, Noemí Martín, volvió a reconocer ayer retrasos que superan «hasta un año», a las críticas de los expertos se sumaron las de UGT y CC OO, que consideran que «la desorganización» de las administraciones está generando «precariedad» en el empleo».
Fuente: elcomerciodigital.com 17 de junio
martes, 16 de junio de 2009
MADRID Y COMUNIDAD VALENCIANA ACUMULAN 50% RECLAMACIONES DEPENDENCIA
Madrid y C.Valenciana acumulan 50% reclamaciones sobre ley de Dependencia
La Comunitat Valenciana y Madrid concentran más del 50 por ciento de las quejas que llegan al Defensor del Pueblo sobre la aplicación de la Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Así se desprende del informe del Defensor del Pueblo de 2008, cuyo titular, Enrique Múgica, ha presentado hoy en el Parlamento, y que señala que todavía hay "un considerable número de ciudadanos que, aún teniendo una gran dependencia, no han conseguido ver reconocido su derecho".
Respecto a la labor de la Generalitat en este tema, Múgica critica que la Conselleria de Bienestar Social no contestó solicitudes de valoración y dejó en suspenso la tramitación de la misma, "cuando, de una primera valoración" deducía que les correspondía un grado moderado de dependencia, y por lo tanto no le era de aplicación la ley.
En estos casos, se dejaba en suspenso la valoración, sin comunicárselo al interesado hasta el último trimestre del año anterior al de implantación del grado moderado, que estaba establecido para 2014.
Múgica señala que "aún comprendiendo las dificultades de gestión que el elevado número de solicitudes ha originado para las administraciones públicas implicadas, no puede compartir el criterio expuesto", ya que la administración pública tiene la "obligación" de dictar resolución expresa sobre cualquier solicitud que formulen.
Asimismo recuerda que no se puede optar por "resolver expresamente o dejar de hacerlo aplicando la figura del silencio administrativo".
El mayor volumen de quejas se refiere a la "demora en la valoración y posterior aprobación del programa individual de atención", indica y considera "significativo" el número de interesados que han fallecido a lo largo de este proceso y cuyos descendientes podrán "ver o no reconocidos sus derechos".
El informe señala que la aplicación de esta ley y las "lagunas detectadas" en ella, fue una de las cuestiones que centró en encuentro anual celebrado entre el Defensor del Pueblo y los comisionados parlamentarios de las comunidades autónomas, y en que se busca la coordinación de estos organismos.
En este encuentro se citó, entre las dificultades surgidas, el desarrollo normativo de la ley y la aplicación que en cada comunidad autónoma debe realizarse de la misma, la falta de una evaluación sobre la aplicación de la norma, y la "falta de concordancia entre los datos facilitados por las administraciones autonómicas y los publicados por el IMSERSO.
El defensor también destaca que algunas administraciones han tenido que "crear y alimentar aplicaciones informáticas paralelas par conocer el estado de tramitación de los expedientes, ya que el sistema no ofrece los listados necesarios, y los que sí están instalados tienen numerosos errores.
La falta de operatividad en el sistema establecido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para "suministrar datos económicos de los beneficiarios", ha sido otros de los aspectos denunciados por el Defensor, que también ha apuntado que algunas comunidades autónomas ven "insuficiente" la financiación que reciben.
Fuente: EFE, Valencia
La Comunitat Valenciana y Madrid concentran más del 50 por ciento de las quejas que llegan al Defensor del Pueblo sobre la aplicación de la Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Así se desprende del informe del Defensor del Pueblo de 2008, cuyo titular, Enrique Múgica, ha presentado hoy en el Parlamento, y que señala que todavía hay "un considerable número de ciudadanos que, aún teniendo una gran dependencia, no han conseguido ver reconocido su derecho".
Respecto a la labor de la Generalitat en este tema, Múgica critica que la Conselleria de Bienestar Social no contestó solicitudes de valoración y dejó en suspenso la tramitación de la misma, "cuando, de una primera valoración" deducía que les correspondía un grado moderado de dependencia, y por lo tanto no le era de aplicación la ley.
En estos casos, se dejaba en suspenso la valoración, sin comunicárselo al interesado hasta el último trimestre del año anterior al de implantación del grado moderado, que estaba establecido para 2014.
Múgica señala que "aún comprendiendo las dificultades de gestión que el elevado número de solicitudes ha originado para las administraciones públicas implicadas, no puede compartir el criterio expuesto", ya que la administración pública tiene la "obligación" de dictar resolución expresa sobre cualquier solicitud que formulen.
Asimismo recuerda que no se puede optar por "resolver expresamente o dejar de hacerlo aplicando la figura del silencio administrativo".
El mayor volumen de quejas se refiere a la "demora en la valoración y posterior aprobación del programa individual de atención", indica y considera "significativo" el número de interesados que han fallecido a lo largo de este proceso y cuyos descendientes podrán "ver o no reconocidos sus derechos".
El informe señala que la aplicación de esta ley y las "lagunas detectadas" en ella, fue una de las cuestiones que centró en encuentro anual celebrado entre el Defensor del Pueblo y los comisionados parlamentarios de las comunidades autónomas, y en que se busca la coordinación de estos organismos.
En este encuentro se citó, entre las dificultades surgidas, el desarrollo normativo de la ley y la aplicación que en cada comunidad autónoma debe realizarse de la misma, la falta de una evaluación sobre la aplicación de la norma, y la "falta de concordancia entre los datos facilitados por las administraciones autonómicas y los publicados por el IMSERSO.
El defensor también destaca que algunas administraciones han tenido que "crear y alimentar aplicaciones informáticas paralelas par conocer el estado de tramitación de los expedientes, ya que el sistema no ofrece los listados necesarios, y los que sí están instalados tienen numerosos errores.
La falta de operatividad en el sistema establecido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para "suministrar datos económicos de los beneficiarios", ha sido otros de los aspectos denunciados por el Defensor, que también ha apuntado que algunas comunidades autónomas ven "insuficiente" la financiación que reciben.
Fuente: EFE, Valencia
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