40 asturianos renuncian a cobrar cada mes por el cuidado de su familiar dependiente
Bienestar detecta un descenso del 40% en los litigios iniciados por las familias, al pasar de los 150 de marzo de 2009 a los 90 actuales
La anunciada disminución del cobro de pagas por cuidar de un familiar con dependencia ya se puede medir: 40 asturianos renuncian, cada mes, a percibir esa prestación. Prefieren, ahora, que su pariente reciba atención profesional, ya sea en forma de ayuda a domicilio, de centro de día o, también, de ingreso en una residencia.
Los números vienen a apoyar los augurios realizados a EL COMERCIO por el director general de Prestaciones y Servicios Sociales, Pedro Rodríguez, a su vuelta al cargo, en diciembre de 2008. En ese momento, tras recuperar IU el control de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, advirtió que el boom de las pagas a familiares «es normal cuando una norma como la Ley de la Dependencia entra en vigor. Pero, a los pocos meses, las familias se dan cuenta de que lo que realmente necesita su pariente es atención profesional».
Quince meses después de aquellas declaraciones, Pedro Rodríguez tiene cifras ya en su poder «que demuestran que lo de las pagas al cuidador familiar va a menos». Por el momento, aún las reciben 5.687 asturianos, lo que significa que casi la mitad, el 48,8%, del total de beneficiarios de la Ley de la Dependencia en la región optan por ella.
Sin embargo, esa prestación «va a la baja», mientras suben los servicios considerados prioritarios en la ley, como la atención residencial, los centros de día y la ayuda a domicilio.
El tirón se ha centrado especialmente en los centros de día, un servicio que quedó casi en desuso cuando entró en vigor la ley y que hoy, sin embargo, cuenta ya con casi 900 usuarios con dependencia reconocida.
Y bajan, a pesar de que los sueldos suben, puesto que el Ministerio de Sanidad y Política Social acaba de aprobar las cuantías para 2010, que oscilan entre los 520,69 euros mensuales para el familiar que cuide de un pariente con el máximo grado, el III, y nivel, el 2, de dependencia, y los 300,90 euros, que cobra quien cuide de un pariente con el menor grado, II, y nivel, 1, de los que ahora mismo reconoce la Ley de la Dependencia.
Todos ellos reciben, además, 162,49 euros para pagar la cuota correspondiente al alta en la Seguridad Social del familiar asalariado.
El servicio es lo primero
La mayor inclinación de beneficiarios y familias a optar por los servicios también se ha traducido en un descenso en la litigiosidad entre los usuarios y el Principado.
Durante el año pasado, fueron muchas las familias que se negaron a firmar el Plan Individual de Atención (PIA), al entender que o el grado de dependencia no era el adecuado «o el servicio que los técnicos proponían no era el que ellos consideraban», aclara el director general de Prestaciones y Servicios Sociales.
Es decir, que preferían «cobrar por cuidarles en casa», cuando los técnicos «veían claro que, al beneficiario, lo que más falta le hacía era una atención profesional, incluso en su propia casa».
Esa lucha entre Administración y administrados llegó a su culmen con 150 PIAs paralizados el año pasado, cifra que ha disminuido un 40% para quedar, en la actualidad, en «90 expedientes para los que todavía no hemos podido alcanzar un acuerdo con el beneficiario que es, en definitiva, el que tiene la última palabra».
A pesar de ser cierta esa aseveración -que el dependiente es quien decide qué quiere y no la Administración-, la situación de indefensión que, en muchos casos, se encuentra el titular del PIA, ha llevado a las comunidades autónomas a poner ciertos límites a la ascendencia que la familia puede tener sobre él.
Así, desde el 1 de enero pasado, las personas que ya estuvieran utilizando un servicio antes de ser evaluados de su grado de dependencia no podrán dejar esa atención profesional para que un pariente les cuide en casa, «con lo que se ha puesto freno a muchas peticiones de ese tipo que tuvimos en 2009».
Tal y como publicó ayer EL COMERCIO, el objetivo de Bienestar es cerrar 2010 con todos los dependientes con derecho a una prestación disfrutando de ella. La cifra prevista son 18.000 personas y Rodríguez espera que, la mayoría, «estén disfrutando de un servicio».
Fuente : elcomerciodigital.com
domingo, 4 de abril de 2010
CANARIAS - NO TEME INVESTIGACIÓN POR DEPENDENCIA
El Gobierno no teme una investigación por Dependencia
“Va a venir muy bien para que se desmonten las falacias que se han venido vertiendo sobre la gestión de la Ley'', dice Marrero.
El portavoz del Ejecutivo regional, Martín Marrero, aseguró que “el Gobierno de Canarias tiene las cuentas bien claras sobre la Ley de Dependencia y no le preocupa en absoluto una investigación”, en alusión a la fiscalización del Ministerio de Sanidad y el Tribunal de Cuentas a la Comunidad Autónoma ante la sospecha de que los fondos recibidos por este concepto del Estado se desvían a otros servicios.
“Es una investigación que se va a hacer a todas las comunidades autónomas”, especificó Martín Marrero a los periodistas tras la reunión del Consejo de Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria.
“Va a venir muy bien esa investigación para que se desmonten las falacias que se han venido vertiendo sobre la gestión de la Ley de Dependencia en Canarias”, explicó Marrero, antes de considerar que “no preocupa esa investigación, sino que bienvenida sea para que quede acreditado, de una vez, que en Canarias existe un sistema de Dependencia propio, que atiende a muchísimas más personas que el sistema de Dependencia estatal”.
En una línea más crítica, Marrero señaló que el sistema de Dependencia que lleva a cabo el Estado “se están planteando, según el Ministerio, un giro para plantear que las prestaciones económicas de la Dependencia son excepcionales, en vez de comunes, como se había dado a entender en campañas institucionales”.
Fuente : canariasahora.com
“Va a venir muy bien para que se desmonten las falacias que se han venido vertiendo sobre la gestión de la Ley'', dice Marrero.
El portavoz del Ejecutivo regional, Martín Marrero, aseguró que “el Gobierno de Canarias tiene las cuentas bien claras sobre la Ley de Dependencia y no le preocupa en absoluto una investigación”, en alusión a la fiscalización del Ministerio de Sanidad y el Tribunal de Cuentas a la Comunidad Autónoma ante la sospecha de que los fondos recibidos por este concepto del Estado se desvían a otros servicios.
“Es una investigación que se va a hacer a todas las comunidades autónomas”, especificó Martín Marrero a los periodistas tras la reunión del Consejo de Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria.
“Va a venir muy bien esa investigación para que se desmonten las falacias que se han venido vertiendo sobre la gestión de la Ley de Dependencia en Canarias”, explicó Marrero, antes de considerar que “no preocupa esa investigación, sino que bienvenida sea para que quede acreditado, de una vez, que en Canarias existe un sistema de Dependencia propio, que atiende a muchísimas más personas que el sistema de Dependencia estatal”.
En una línea más crítica, Marrero señaló que el sistema de Dependencia que lleva a cabo el Estado “se están planteando, según el Ministerio, un giro para plantear que las prestaciones económicas de la Dependencia son excepcionales, en vez de comunes, como se había dado a entender en campañas institucionales”.
Fuente : canariasahora.com
ASTURIAS - BAREMO QUE QUITARÁ DERECHOS
Un baremo que quitaría derechos al 25% de los beneficiarios
Asturias apuesta por una nueva fórmula, más objetiva y que no dejará fuera del sistema a discapacitados ni a enfermos mentales
2010, o el año de parón de la Ley de la Dependencia, no servirá sólo para ajustar las cuentas de la norma, poniendo al día expedientes retrasados. También las herramientas de la propia ley se están sometiendo a una compleja 'ITV' que traerá consigo la herramienta informática que unifique a todos los equipos -«ahora todavía tomamos apuntes a mano, aunque no se crea»- y, también, un nuevo baremo.
Mientras que en el diseño y aplicación del programa que permitirá al Principado tener al alcance de un clic todos los detalles de un expediente -evitando dobles y hasta triples carpetas con un mismo protagonista, o dando de baja a los fallecidos en tiempo real- no está generando polémica e, incluso, tiene fecha de puesta en marcha -«antes del verano»-, lo del baremo es ya otro cantar.
Rodríguez reconoce que ya ha habido dos reuniones de la comisión delegada del Consejo Interterritorial de la Dependencia, la que forman los directores generales de todas las comunidades, y que aún faltan más citas «para llegar a un acuerdo».
Porque sobre la mesa hay dos opciones para renovar el actual baremo. Todos están de acuerdo en que el actual «permite demasiada subjetividad del valorador, de forma que, a veces, una persona alcanza un grado y nivel de dependencia y otra no, aun estando en la misma situación».
477 valoraciones de prueba
De hecho, el Principado fue señalado como «especialmente duro» en la aplicación del baremo por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, algo que Rodríguez rechaza «porque nosotros aplicamos el mismo baremo que los demás», aunque reconoce que «es cierto que permite un alto grado de subjetividad».
Por ello, a final del año pasado, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) encargó a una empresa externa que llevara a cabo valoraciones aleatorias «y realizó 477, con el oficial y con las alternativas».
De ese trabajo salieron las ya dos opciones citadas «que son muy diferentes, porque una es muy dura, tanto que el 25% de los beneficiarios actuales quedaría fuera del sistema».
Esta fórmula no es apoyada por Asturias, «ni tampoco por la mayoría de comunidades», pero sí tiene éxito en algunas «que entienden que no es normal que España tenga más dependientes que Alemania. Pero es que no pueden comparar un sistema con otro, puesto que en Alemania los servicios sociales son mucho más amplios y las personas con discapacidad tienen su propio sistema, así como las que tienen un problema mental. Aquí, están todos adscritos a la Ley de la Dependencia».
Estará para el verano
La fórmula que apoya Asturias es «mucho más objetiva» y en la que «no sobra nadie». En España, afirma Pedro Rodríguez, «la Ley de la Dependencia obliga a dar atención a las personas con dependencia y falta de autonomía.
Eso aglutina a las discapacidades, a los problemas mentales y a todos. Y así seguiremos».
Por eso, apoyan el baremo calificado como «primera opción», en el que se gana, asegura, en objetividad: «No hay tanto margen para la opinión del valorador porque todo está mucho más medido».
Ese nuevo documento, que deberán aplicar todas las comunidades, estará listo «antes del verano», aunque la discusión «todavía continúa». Pedro Rodríguez tiene claro que «no podemos poner en marcha una norma que suponga un cambio radical con lo que estamos aplicando ahora, porque ése no es el objetivo de la ley. Fue creada para dar derechos a los que no los tenían».
Fuente : elcomerciodigital.com
Asturias apuesta por una nueva fórmula, más objetiva y que no dejará fuera del sistema a discapacitados ni a enfermos mentales
2010, o el año de parón de la Ley de la Dependencia, no servirá sólo para ajustar las cuentas de la norma, poniendo al día expedientes retrasados. También las herramientas de la propia ley se están sometiendo a una compleja 'ITV' que traerá consigo la herramienta informática que unifique a todos los equipos -«ahora todavía tomamos apuntes a mano, aunque no se crea»- y, también, un nuevo baremo.
Mientras que en el diseño y aplicación del programa que permitirá al Principado tener al alcance de un clic todos los detalles de un expediente -evitando dobles y hasta triples carpetas con un mismo protagonista, o dando de baja a los fallecidos en tiempo real- no está generando polémica e, incluso, tiene fecha de puesta en marcha -«antes del verano»-, lo del baremo es ya otro cantar.
Rodríguez reconoce que ya ha habido dos reuniones de la comisión delegada del Consejo Interterritorial de la Dependencia, la que forman los directores generales de todas las comunidades, y que aún faltan más citas «para llegar a un acuerdo».
Porque sobre la mesa hay dos opciones para renovar el actual baremo. Todos están de acuerdo en que el actual «permite demasiada subjetividad del valorador, de forma que, a veces, una persona alcanza un grado y nivel de dependencia y otra no, aun estando en la misma situación».
477 valoraciones de prueba
De hecho, el Principado fue señalado como «especialmente duro» en la aplicación del baremo por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, algo que Rodríguez rechaza «porque nosotros aplicamos el mismo baremo que los demás», aunque reconoce que «es cierto que permite un alto grado de subjetividad».
Por ello, a final del año pasado, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) encargó a una empresa externa que llevara a cabo valoraciones aleatorias «y realizó 477, con el oficial y con las alternativas».
De ese trabajo salieron las ya dos opciones citadas «que son muy diferentes, porque una es muy dura, tanto que el 25% de los beneficiarios actuales quedaría fuera del sistema».
Esta fórmula no es apoyada por Asturias, «ni tampoco por la mayoría de comunidades», pero sí tiene éxito en algunas «que entienden que no es normal que España tenga más dependientes que Alemania. Pero es que no pueden comparar un sistema con otro, puesto que en Alemania los servicios sociales son mucho más amplios y las personas con discapacidad tienen su propio sistema, así como las que tienen un problema mental. Aquí, están todos adscritos a la Ley de la Dependencia».
Estará para el verano
La fórmula que apoya Asturias es «mucho más objetiva» y en la que «no sobra nadie». En España, afirma Pedro Rodríguez, «la Ley de la Dependencia obliga a dar atención a las personas con dependencia y falta de autonomía.
Eso aglutina a las discapacidades, a los problemas mentales y a todos. Y así seguiremos».
Por eso, apoyan el baremo calificado como «primera opción», en el que se gana, asegura, en objetividad: «No hay tanto margen para la opinión del valorador porque todo está mucho más medido».
Ese nuevo documento, que deberán aplicar todas las comunidades, estará listo «antes del verano», aunque la discusión «todavía continúa». Pedro Rodríguez tiene claro que «no podemos poner en marcha una norma que suponga un cambio radical con lo que estamos aplicando ahora, porque ése no es el objetivo de la ley. Fue creada para dar derechos a los que no los tenían».
Fuente : elcomerciodigital.com
CATALUÑA - PP PIDE CONTROL DE LA LEY
El PP pide a la Sindicatura de Cuentas que controle la Ley de Dependencia
Según el parlamentario, "la falta de transparencia que hay actualmente en las aportaciones que hacen cada una de las administraciones y los graves problemas de pago en las residencias ha llevado al PPC ha pedirlo", según señala en un comunicado remitido por este partido político.
Rafael López ha explicado que "según la Generalitat aporta el 80% de la ley de dependencia, cuando sólo debería aportar el 50%, mientras que el Gobierno del Estado lo niega y dice que aporta lo que tiene que aportar".
Por este motivo ha reclamado "aclarar la financiación de la ley, ya que desde su puesta en marcha ha habido un baile de cifras continuo por parte de las administraciones".
En este sentido, López también ha destacado que la Generalitat "se niega a presentar la deuda que según ella tiene por la aplicación de la ley".
Asimismo, Rafael López ha denunciado que según un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, al que ha tenido acceso el diputado popular "el esfuerzo en Cataluña por habitante y año de la ley de dependencia es de 25,85 euros, mientras que la media española es de 30,71 euros ".
"El mismo estudio asegura que en 2009, la administración del Estado aportó un 62,7% de los recursos, la Generalitat un 22,7% y los usuarios un 14,5%" ha añadido el diputado popular.
Por otra parte, Rafael López ha pedido al Síndic de Greuges "iniciar una actuación de oficio para estudiar el cumplimiento de la ley de la dependencia de Cataluña".
En este sentido, ha explicado que "la Generalitat dice que el 91% de las solicitudes se hacen dentro de los plazos de seis meses (3 para la valoración y 3 para el Programa Individual de Atención), pero lo cierto que con los datos de uno de marzo, hay una lista de espera de 38.066 catalanes, afectando, por tanto, a sus derechos ".
Fuente : abc.es
Según el parlamentario, "la falta de transparencia que hay actualmente en las aportaciones que hacen cada una de las administraciones y los graves problemas de pago en las residencias ha llevado al PPC ha pedirlo", según señala en un comunicado remitido por este partido político.
Rafael López ha explicado que "según la Generalitat aporta el 80% de la ley de dependencia, cuando sólo debería aportar el 50%, mientras que el Gobierno del Estado lo niega y dice que aporta lo que tiene que aportar".
Por este motivo ha reclamado "aclarar la financiación de la ley, ya que desde su puesta en marcha ha habido un baile de cifras continuo por parte de las administraciones".
En este sentido, López también ha destacado que la Generalitat "se niega a presentar la deuda que según ella tiene por la aplicación de la ley".
Asimismo, Rafael López ha denunciado que según un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, al que ha tenido acceso el diputado popular "el esfuerzo en Cataluña por habitante y año de la ley de dependencia es de 25,85 euros, mientras que la media española es de 30,71 euros ".
"El mismo estudio asegura que en 2009, la administración del Estado aportó un 62,7% de los recursos, la Generalitat un 22,7% y los usuarios un 14,5%" ha añadido el diputado popular.
Por otra parte, Rafael López ha pedido al Síndic de Greuges "iniciar una actuación de oficio para estudiar el cumplimiento de la ley de la dependencia de Cataluña".
En este sentido, ha explicado que "la Generalitat dice que el 91% de las solicitudes se hacen dentro de los plazos de seis meses (3 para la valoración y 3 para el Programa Individual de Atención), pero lo cierto que con los datos de uno de marzo, hay una lista de espera de 38.066 catalanes, afectando, por tanto, a sus derechos ".
Fuente : abc.es
CASTELLÓN - PRESTACIONES LLEGAN A 9.000 CASTELLONENSES
Las prestaciones por dependencia llegan a 9.000 castellonenses a los tres años de la ley
Unas 14.000 personas han solicitado las ayudas, de las cuales 12.400 han sido valoradas para poder recibir la prestación
La Ley de Dependencia avanza a marchas forzadas para los beneficiarios pero cumpliendo escrupulosamente los plazos según las administraciones.
Después de tres años de la puesta en marcha del Sistema de Atención a la Dependencia, los castellonenses beneficiarios de este tipo de prestaciones, con dictamen favorable, son ya 12.400, aunque tan sólo 8.789 perciben algún tipo de ayuda.
La Conselleria de Bienestar Social tiene una explicación para este desfase: se han concedido las prestaciones en función del calendario que marca la propio ley, que hasta 2010 tan sólo contempla la implantación de los derechos en aquellos dependientes valorados en los grados III y II, en los que se engloban aquellos beneficiarios en situaciones de mayor gravedad.
La justificación burocrática, sin embargo, no logra acallar a los colectivos de discapacitados y dependendientes, que vienen demandando desde la puesta en marcha del sistema una mayor agilidad tanto en la valoración de las necesidades como en la recepción de las ayudas por parte de las administraciones.
También los partidos de la oposición han encontrado en la aplicación de la Ley de Dependencia un filón con el que atacar la gestión del Consell, al que acusan de «boicot».
La Generalitat se defiende de estas acusaciones asegurando que las valoraciones de las personas en situación de dependencia alcanzan ya el 90% de las solicitudes que se han recibido en las oficinas de la Conselleria.
En Castellón, este porcentaje supone que de las 14.000 solicitudes que, según los datos del departamento autonómico, se han formulado en la provincia, unas 12.400 personas ya tienen en su haber el dictamen que las reconoce como beneficiarias de prestaciones por dependencia.
Un 70% de ellas las están recibiendo.
Lo cierto, sin embargo, es que la Comunitat Valenciana se sitúa a la cola en el ránking de las autonomías españolas en porcentaje de población dictaminada, con 87.805 resoluciones de las 91.522 solicitudes a 1 de marzo de 2010. De ellas, reciben ya algún tipo de prestación un total de 29.109 personas.
La mayoría de las ayudas concedidas, tanto en el ámbito autonómico como en el estatal, corresponden a las prestaciones por cuidados familiares, con más del 48%, mientras que la atención residencial supone otro 42%.
No consta en la Comunitat Valenciana ninguna prestación por teleasistencia ni por ayuda a domicilio.
En cuanto a los grados de dependencia dictaminados, la mayoría de las resoluciones corresponden a grandes dependientes y dependientes severos (grados III y II), en sus distintos niveles.
Los primeros suponen casi el 40% de todas las valoraciones realizadas, mientras que la dependencia severa afecta a otro 28% de las solicitudes formuladas por los dependientes de Castellón y la Comunitat.
El grado I, de dependencia moderada, aquella en la que la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día, apenas supone menos de un 20% de los dictámenes emitidos por la Conselleria de Bienestar Social.
Fuente : lasprovincias.es
Unas 14.000 personas han solicitado las ayudas, de las cuales 12.400 han sido valoradas para poder recibir la prestación
La Ley de Dependencia avanza a marchas forzadas para los beneficiarios pero cumpliendo escrupulosamente los plazos según las administraciones.
Después de tres años de la puesta en marcha del Sistema de Atención a la Dependencia, los castellonenses beneficiarios de este tipo de prestaciones, con dictamen favorable, son ya 12.400, aunque tan sólo 8.789 perciben algún tipo de ayuda.
La Conselleria de Bienestar Social tiene una explicación para este desfase: se han concedido las prestaciones en función del calendario que marca la propio ley, que hasta 2010 tan sólo contempla la implantación de los derechos en aquellos dependientes valorados en los grados III y II, en los que se engloban aquellos beneficiarios en situaciones de mayor gravedad.
La justificación burocrática, sin embargo, no logra acallar a los colectivos de discapacitados y dependendientes, que vienen demandando desde la puesta en marcha del sistema una mayor agilidad tanto en la valoración de las necesidades como en la recepción de las ayudas por parte de las administraciones.
También los partidos de la oposición han encontrado en la aplicación de la Ley de Dependencia un filón con el que atacar la gestión del Consell, al que acusan de «boicot».
La Generalitat se defiende de estas acusaciones asegurando que las valoraciones de las personas en situación de dependencia alcanzan ya el 90% de las solicitudes que se han recibido en las oficinas de la Conselleria.
En Castellón, este porcentaje supone que de las 14.000 solicitudes que, según los datos del departamento autonómico, se han formulado en la provincia, unas 12.400 personas ya tienen en su haber el dictamen que las reconoce como beneficiarias de prestaciones por dependencia.
Un 70% de ellas las están recibiendo.
Lo cierto, sin embargo, es que la Comunitat Valenciana se sitúa a la cola en el ránking de las autonomías españolas en porcentaje de población dictaminada, con 87.805 resoluciones de las 91.522 solicitudes a 1 de marzo de 2010. De ellas, reciben ya algún tipo de prestación un total de 29.109 personas.
La mayoría de las ayudas concedidas, tanto en el ámbito autonómico como en el estatal, corresponden a las prestaciones por cuidados familiares, con más del 48%, mientras que la atención residencial supone otro 42%.
No consta en la Comunitat Valenciana ninguna prestación por teleasistencia ni por ayuda a domicilio.
En cuanto a los grados de dependencia dictaminados, la mayoría de las resoluciones corresponden a grandes dependientes y dependientes severos (grados III y II), en sus distintos niveles.
Los primeros suponen casi el 40% de todas las valoraciones realizadas, mientras que la dependencia severa afecta a otro 28% de las solicitudes formuladas por los dependientes de Castellón y la Comunitat.
El grado I, de dependencia moderada, aquella en la que la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día, apenas supone menos de un 20% de los dictámenes emitidos por la Conselleria de Bienestar Social.
Fuente : lasprovincias.es
MURCIA - PP NO PUEDE DAR LECCIONES DE COMPROMISO
Mármol (PSOE): PP "no puede dar lecciones de compromiso con los dependientes"
Mármol indicó que Sánchez "olvida que ha sido el PSOE, el que aprobó la Ley de Dependencia, gracias a la cual se está atendiendo, en las comunidades que lo están aplicando bien, a miles de discapacitados y aliviando la situación de sus familias" .
Sobre esta Ley, añadió, que a pesar de estar en sus fases iniciales de implantación, ha creado miles de puestos de trabajo, "y si no ha avanzado aún más es por el freno que están poniéndole comunidades autónomas como Murcia, Valencia o Madrid".
Para el diputado socialista, a quien debería pedir explicaciones el portavoz popular sobre la situación de los dependientes en la Región es al presidente Ramón Luis Valcárcel "que es -según dijo- quien frena la implantación de la ley de dependencia en la Región de Murcia".
Con relación al IVA, recordó que seguirán teniendo un impuesto inferior a la media de la Unión Europea e inferior a países como Alemania o Francia, ambos gobernados por la derecha.
Igualmente, aseguró que habrá una presión fiscal "inferior a la que había cuando gobernaba el PP".
"Si el señor Pedro Antonio Sánchez quiere de verdad ayudar a las personas dependientes debería exigir tanto en los ayuntamientos como en las comunidades que gobiernan que incrementen sus exenciones y deducciones de impuestos y no hagan todo lo contrario de lo que predican", agregó.
En este sentido, recordó que ayuntamientos como Madrid o Murcia son de los que más impuestos trasladan a los ciudadanos como ocurre con el de bienes inmuebles, que ha subido en los próximos años cerca de un 200 por ciento.
Fuente : abc.es
Mármol indicó que Sánchez "olvida que ha sido el PSOE, el que aprobó la Ley de Dependencia, gracias a la cual se está atendiendo, en las comunidades que lo están aplicando bien, a miles de discapacitados y aliviando la situación de sus familias" .
Sobre esta Ley, añadió, que a pesar de estar en sus fases iniciales de implantación, ha creado miles de puestos de trabajo, "y si no ha avanzado aún más es por el freno que están poniéndole comunidades autónomas como Murcia, Valencia o Madrid".
Para el diputado socialista, a quien debería pedir explicaciones el portavoz popular sobre la situación de los dependientes en la Región es al presidente Ramón Luis Valcárcel "que es -según dijo- quien frena la implantación de la ley de dependencia en la Región de Murcia".
Con relación al IVA, recordó que seguirán teniendo un impuesto inferior a la media de la Unión Europea e inferior a países como Alemania o Francia, ambos gobernados por la derecha.
Igualmente, aseguró que habrá una presión fiscal "inferior a la que había cuando gobernaba el PP".
"Si el señor Pedro Antonio Sánchez quiere de verdad ayudar a las personas dependientes debería exigir tanto en los ayuntamientos como en las comunidades que gobiernan que incrementen sus exenciones y deducciones de impuestos y no hagan todo lo contrario de lo que predican", agregó.
En este sentido, recordó que ayuntamientos como Madrid o Murcia son de los que más impuestos trasladan a los ciudadanos como ocurre con el de bienes inmuebles, que ha subido en los próximos años cerca de un 200 por ciento.
Fuente : abc.es
BADAJOZ - SÓLO UNO DE CADA TRES SOLICITANTES TIENE AYUDAS
Sólo uno de cada tres solicitantes disfruta de la Ley de Dependencia
Dinero para las personas que atienden a sus familiares, plazas en centros de día y residencias o incluso apoyo para contratar a un cuidador.
Estas son algunas de las ayudas que otorga la Ley de Dependencia y que ya disfrutan muchas personas.
Otras en cambio, deben esperar y este es el caso de Badajoz, donde sólo uno de cada tres pacenses que han solicitado este apoyo lo recibe actualmente.
Leer noticia completa en HOY.es
Fuente : que.es
Dinero para las personas que atienden a sus familiares, plazas en centros de día y residencias o incluso apoyo para contratar a un cuidador.
Estas son algunas de las ayudas que otorga la Ley de Dependencia y que ya disfrutan muchas personas.
Otras en cambio, deben esperar y este es el caso de Badajoz, donde sólo uno de cada tres pacenses que han solicitado este apoyo lo recibe actualmente.
Leer noticia completa en HOY.es
Fuente : que.es
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