NC critica la contratación de una treintena de personas para impulsar la ley
Nueva Canarias (NC) destacó hoy que el impulso a la Ley de Dependencia en Canarias no pasa por engrosar en una treintena el número de nóminas que dependen del Ejecutivo canario.
La formación nacionalista considera "un disparate" que, en vez de confiar en los cabildos, el Gobierno autonómico haya montado una "estructura paralela mediante el contrato de 120 personas", a las que ahora se sumarían 30 más, según indica en un comunicado.
Estas personas no tienen la suficiente experiencia y suponen un "incremento del gasto corriente y la duplicación administrativa".
Para Nueva Canarias esto evidencia "el neocentralismo del Ejecutivo autonómico que le lleva a mantener un discurso "prepotente y falaz tratando constantemente de ocultar la evidencia", diciendo, por ejemplo, que Canarias es la comunidad que mejor desarrolla la ley.
Fuente : abc.es
miércoles, 26 de mayo de 2010
"EL GOBIERNO SOCIALISTA NO ACEPTA LECCIONES DEL PP"
Trinidad Jiménez: "El Gobierno socialista no acepta lecciones en materia de política social del PP"
Los 'populares' dicen que con el recorte, Zapatero "ha perjudicado a los más débiles y ha mentido a todos los españoles"
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha espetado este miércoles a la bancada 'popular', durante la sesión de control del Congreso de los Diputados, que "el Gobierno socialista no acepta lecciones en materia de política social del PP", al tiempo que ha acusado a las comunidades autónomas gobernadas por el PP de incumplir la Ley de Dependencia.
Jiménez reaccionaba así, en el Pleno de la Cámara Baja, a las acusaciones de la diputada 'popular' Inmaculada Guaita, quien ha recalcado que el presidente del Gobierno, con el recorte para reducir el déficit público, "ha perjudicado a los más débiles y ha mentido a todos los españoles", pues en su día aseguró que con él de presidente "jamás habría recortes sociales". "Los españoles se merecen un gobierno que no les miente", ha apostillado.
La ministra ha dicho que el Gobierno no acepta lecciones de un partido que durante sus ocho años de mandato "ni subió las pensiones mínimas por encima del IPC, ni el salario mínimo interprofesional, ni destinó un solo euro a dependencia".
SE MANTIENE EL ESTADO DE BIENESTAR
Jiménez ha asegurado que el recorte "no va a afectar a la provisión de servicios básicos y esenciales del Estado: las prestaciones por desempleo, la educación, las becas, la I+D y la sanidad se mantienen intactas" y se van a seguir otorgando servicios y prestaciones a todas las personas dependientes que lo necesiten. "Es en las comunidades gobernadas por del PP donde no se está cumpliendo la Ley de Dependencia", ha aseverado.
Igualmente, ha señalado que las medidas para reducir el déficit público "han sido difíciles pero necesarias" y ha añadido que el Gobierno "pide un cierto sacrifico a la ciudadanía" pero sin que el recorte afecte "a los pilares básicos del Estado de bienestar".
Para el PP, "el mayor recorte social de la historia de la democracia" rompe el acuerdo sobre pensiones asumido en el Pacto de Toledo, deja cada año a 400.000 parejas sin los 2.500 euros del 'cheque-bebé' y va a suponer la pérdida de 20.000 empleos debido al recorte del gasto farmacéutico.
"Es un ajuste innecesario que tienen que pagar funcionarios, pensionistas y futuras madres. Es un recorte equivalente a lo que han costado los dos planes locales de inversión que no han generado riqueza ni empleo", ha concluido.
Fuente : europapress.es
Los 'populares' dicen que con el recorte, Zapatero "ha perjudicado a los más débiles y ha mentido a todos los españoles"
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha espetado este miércoles a la bancada 'popular', durante la sesión de control del Congreso de los Diputados, que "el Gobierno socialista no acepta lecciones en materia de política social del PP", al tiempo que ha acusado a las comunidades autónomas gobernadas por el PP de incumplir la Ley de Dependencia.
Jiménez reaccionaba así, en el Pleno de la Cámara Baja, a las acusaciones de la diputada 'popular' Inmaculada Guaita, quien ha recalcado que el presidente del Gobierno, con el recorte para reducir el déficit público, "ha perjudicado a los más débiles y ha mentido a todos los españoles", pues en su día aseguró que con él de presidente "jamás habría recortes sociales". "Los españoles se merecen un gobierno que no les miente", ha apostillado.
La ministra ha dicho que el Gobierno no acepta lecciones de un partido que durante sus ocho años de mandato "ni subió las pensiones mínimas por encima del IPC, ni el salario mínimo interprofesional, ni destinó un solo euro a dependencia".
SE MANTIENE EL ESTADO DE BIENESTAR
Jiménez ha asegurado que el recorte "no va a afectar a la provisión de servicios básicos y esenciales del Estado: las prestaciones por desempleo, la educación, las becas, la I+D y la sanidad se mantienen intactas" y se van a seguir otorgando servicios y prestaciones a todas las personas dependientes que lo necesiten. "Es en las comunidades gobernadas por del PP donde no se está cumpliendo la Ley de Dependencia", ha aseverado.
Igualmente, ha señalado que las medidas para reducir el déficit público "han sido difíciles pero necesarias" y ha añadido que el Gobierno "pide un cierto sacrifico a la ciudadanía" pero sin que el recorte afecte "a los pilares básicos del Estado de bienestar".
Para el PP, "el mayor recorte social de la historia de la democracia" rompe el acuerdo sobre pensiones asumido en el Pacto de Toledo, deja cada año a 400.000 parejas sin los 2.500 euros del 'cheque-bebé' y va a suponer la pérdida de 20.000 empleos debido al recorte del gasto farmacéutico.
"Es un ajuste innecesario que tienen que pagar funcionarios, pensionistas y futuras madres. Es un recorte equivalente a lo que han costado los dos planes locales de inversión que no han generado riqueza ni empleo", ha concluido.
Fuente : europapress.es
GOBIERNO SALVA DEL RECORTE LOS ATRASOS POR DEPENDIENTES EN ASILOS
El Gobierno salva del recorte los atrasos por dependientes en asilos
La polémica por el aplazamiento de la retroactividad en la Ley de Dependencia se ve ahora suavizada. El real decreto ley con las medidas para combatir el déficit salva a algunas prestaciones económicas, que seguirán llegando a los familiares de los dependientes con los atrasos adeudados, sin demora de ninguna clase.
Se trata de las llamadas prestaciones económicas vinculadas al servicio, un dinero que se da a aquellas familias de grandes dependientes que optan por una plaza de residencia pero la Administración no puede dársela, porque no las hay en los geriátricos públicos ni en los concertados.
Estos usuarios contratan con un geriátrico privado, pero, por ley, reciben una cantidad para que no les resulte tan caro. Las cuantías oscilan entre 400 y 800 euros, que, en muchos casos, han venido adelantando a los gobiernos puesto que ya tenían al anciano o discapacitado en una residencia.
Esa prestación la reciben en la actualidad más de 43.000 personas, sobre todo en Castilla y León y Cataluña.
La medida ha sido acogida con agrado por las organizaciones implicadas en el desarrollo de la Ley de Dependencia. "Vemos en ello sensibilidad por parte del Ministerio de Sanidad y Política Social, a quien ya habíamos avisado de que aplazar estos pagos se iba a considerar una gran injusticia, puesto que la retroactividad de estos casos se refiere a cantidades efectivamente abonadas para procurar cuidados y adelantadas por las personas dependientes y sus familias", dijo ayer el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
La subida del IVA en julio también iba a penalizar a estas familias, pero ayer mismo CiU alcanzó un acuerdo con el PSOE para sacar adelante su propuesta: que el IVA que se aplique a estos servicios privados para las familias sea sólo del 4%.
El real decreto también libra del aplazamiento a las prestaciones económicas para el asistente personal, aunque esta ayuda es muy minoritaria todavía, apenas alcanza los 700 usuarios. El asistente personal está previsto para quien tiene alguna discapacidad, por ejemplo un invidente, o alguien que va en silla de ruedas. Contratan a una persona que les ayuda a moverse y, sobre todo, a salir de casa, por ejemplo para estudiar, lo que les permite mucha más autonomía.
Por tanto, las comunidades sólo podrán pagar en plazos, hasta en cinco años, aquellos atrasos que les deben a los cuidadores familiares.
Fuente : elpais.com
La polémica por el aplazamiento de la retroactividad en la Ley de Dependencia se ve ahora suavizada. El real decreto ley con las medidas para combatir el déficit salva a algunas prestaciones económicas, que seguirán llegando a los familiares de los dependientes con los atrasos adeudados, sin demora de ninguna clase.
Se trata de las llamadas prestaciones económicas vinculadas al servicio, un dinero que se da a aquellas familias de grandes dependientes que optan por una plaza de residencia pero la Administración no puede dársela, porque no las hay en los geriátricos públicos ni en los concertados.
Estos usuarios contratan con un geriátrico privado, pero, por ley, reciben una cantidad para que no les resulte tan caro. Las cuantías oscilan entre 400 y 800 euros, que, en muchos casos, han venido adelantando a los gobiernos puesto que ya tenían al anciano o discapacitado en una residencia.
Esa prestación la reciben en la actualidad más de 43.000 personas, sobre todo en Castilla y León y Cataluña.
La medida ha sido acogida con agrado por las organizaciones implicadas en el desarrollo de la Ley de Dependencia. "Vemos en ello sensibilidad por parte del Ministerio de Sanidad y Política Social, a quien ya habíamos avisado de que aplazar estos pagos se iba a considerar una gran injusticia, puesto que la retroactividad de estos casos se refiere a cantidades efectivamente abonadas para procurar cuidados y adelantadas por las personas dependientes y sus familias", dijo ayer el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
La subida del IVA en julio también iba a penalizar a estas familias, pero ayer mismo CiU alcanzó un acuerdo con el PSOE para sacar adelante su propuesta: que el IVA que se aplique a estos servicios privados para las familias sea sólo del 4%.
El real decreto también libra del aplazamiento a las prestaciones económicas para el asistente personal, aunque esta ayuda es muy minoritaria todavía, apenas alcanza los 700 usuarios. El asistente personal está previsto para quien tiene alguna discapacidad, por ejemplo un invidente, o alguien que va en silla de ruedas. Contratan a una persona que les ayuda a moverse y, sobre todo, a salir de casa, por ejemplo para estudiar, lo que les permite mucha más autonomía.
Por tanto, las comunidades sólo podrán pagar en plazos, hasta en cinco años, aquellos atrasos que les deben a los cuidadores familiares.
Fuente : elpais.com
EL GOBIERNO ACELERA CONCRECIÓN AYUDAS POR DEPENDENCIA LEVE
El Gobierno acelera la concreción de la ayuda por dependencia leve
• Confía en que no se colapse el sistema de asistencia como alertan los ayuntamientos
• Acció Social anuncia que no dividirá pagos en 5 años como prevé el Ejecutivo, sino en 3
El Gobierno concretará «lo antes posible» las ayudas a las que tendrán derecho los ciudadanos con un grado de dependencia leve, que a partir del año que viene podrán solicitar una prestación pública de acuerdo con la ley de la dependencia.
Así lo confirmó ayer el secretario general de Política Social y Consumo del Ministerio de Sanidad, Francisco Moza, quien explicó que está en marcha un grupo de trabajo para fijar, de acuerdo con las autonomías y las entidades del sector, los servicios a los que tendrán acceso las personas a las que se reconozca el grado de dependencia 1, el menos grave.
La consellera de Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, había exigido al Gobierno que acelerase este proceso para poder planificar los servicios que las administraciones deberán prestar a los nuevos usuarios. Capdevila formuló esta reclamación a la vista del riesgo de colapso del sistema que han denunciado los servicios sociales de numerosos municipios catalanes.
Los ayuntamientos alertan de que los nuevos beneficiarios pueden hacer inviable en el 2011 una atención a la dependencia que ya desborda en muchos casos las capacidades locales.
Al respecto de esta denuncia, Moza reconoció el «importante esfuerzo» de los profesionales municipales, pero sostuvo que el sistema sigue absorbiendo un gran número de nuevos casos «a un ritmo similar que el año pasado» y que durante este ejercicio ha incorporado a 250.000 ciudadanos. Preguntado sobre si ante la queja municipal el Gobierno tiene previsto algún apoyo adicional, el secretario general de Política Social recordó que las autonomías han incrementado sus fondos para el despliegue de la ley y que el segundo Plan E del Gobierno incluyó una parte destinada a reforzar servicios municipales del ámbito social, que ha representado 737 millones extras. Moza añadió que «hay que explicar a la gente la complejidad del sistema».
DISCREPANCIA EN LOS PLAZOS
Respecto a la decisión del Gobierno de restringir los pagos retroactivos solo a partir del periodo superior a los seis meses de demora y de fraccionar estos desembolsos en hasta cinco años, el responsable ministerial argumentó que se viven «momentos económicos complicados» y que con estos pagos a plazos se evita congelar la entrada en el sistema del grado de dependencia leve como alguna Administración había sugerido.
La consellera de Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila criticó por «excesivo» este pago en hasta cinco años y apuntó que el Govern limitará estos periodos a dos o tres ejercicios. La dirigente recordó que la mayoría de las solicitudes proceden de personas con más de 80 años.
La titular de Acció Social también advirtió de que, pese a que a su juicio la ley de dependencia no está en peligro, es necesario tomar medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema, cuestionada reiteradamente por parte de numerosos municipios catalanes.
Fuente : elperiodico.com
• Confía en que no se colapse el sistema de asistencia como alertan los ayuntamientos
• Acció Social anuncia que no dividirá pagos en 5 años como prevé el Ejecutivo, sino en 3
El Gobierno concretará «lo antes posible» las ayudas a las que tendrán derecho los ciudadanos con un grado de dependencia leve, que a partir del año que viene podrán solicitar una prestación pública de acuerdo con la ley de la dependencia.
Así lo confirmó ayer el secretario general de Política Social y Consumo del Ministerio de Sanidad, Francisco Moza, quien explicó que está en marcha un grupo de trabajo para fijar, de acuerdo con las autonomías y las entidades del sector, los servicios a los que tendrán acceso las personas a las que se reconozca el grado de dependencia 1, el menos grave.
La consellera de Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, había exigido al Gobierno que acelerase este proceso para poder planificar los servicios que las administraciones deberán prestar a los nuevos usuarios. Capdevila formuló esta reclamación a la vista del riesgo de colapso del sistema que han denunciado los servicios sociales de numerosos municipios catalanes.
Los ayuntamientos alertan de que los nuevos beneficiarios pueden hacer inviable en el 2011 una atención a la dependencia que ya desborda en muchos casos las capacidades locales.
Al respecto de esta denuncia, Moza reconoció el «importante esfuerzo» de los profesionales municipales, pero sostuvo que el sistema sigue absorbiendo un gran número de nuevos casos «a un ritmo similar que el año pasado» y que durante este ejercicio ha incorporado a 250.000 ciudadanos. Preguntado sobre si ante la queja municipal el Gobierno tiene previsto algún apoyo adicional, el secretario general de Política Social recordó que las autonomías han incrementado sus fondos para el despliegue de la ley y que el segundo Plan E del Gobierno incluyó una parte destinada a reforzar servicios municipales del ámbito social, que ha representado 737 millones extras. Moza añadió que «hay que explicar a la gente la complejidad del sistema».
DISCREPANCIA EN LOS PLAZOS
Respecto a la decisión del Gobierno de restringir los pagos retroactivos solo a partir del periodo superior a los seis meses de demora y de fraccionar estos desembolsos en hasta cinco años, el responsable ministerial argumentó que se viven «momentos económicos complicados» y que con estos pagos a plazos se evita congelar la entrada en el sistema del grado de dependencia leve como alguna Administración había sugerido.
La consellera de Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila criticó por «excesivo» este pago en hasta cinco años y apuntó que el Govern limitará estos periodos a dos o tres ejercicios. La dirigente recordó que la mayoría de las solicitudes proceden de personas con más de 80 años.
La titular de Acció Social también advirtió de que, pese a que a su juicio la ley de dependencia no está en peligro, es necesario tomar medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema, cuestionada reiteradamente por parte de numerosos municipios catalanes.
Fuente : elperiodico.com
CIU PACTA EXTENDER IVA DEL 4% EN DEPENDENCIA AL SECTOR PRIVADO
El PSOE y Convergència i Unió (CiU) acordaron ayer que cuando entre en vigor la subida del IVA el próximo primero de julio, se aplicará el tipo superreducido del 4% a las prestaciones económicas vinculadas a los servicios de dependencia, es decir, a aquellos servicios privados que se contratan con fondos públicos, tal y como fija la actual Ley de Dependencia.
El Gobierno ya aprobó en abril aplicar el tipo del IVA superreducido a los centros concertados. El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, indicó que la modificación se llevará a cabo en las próximas semanas en alguna de las iniciativas que se tramitan actualmente en el Senado.
Para aquellas personas dependientes que no puedan acceder a un servicio público o concertado de atención, el Estado facilita servicios alternativos, desde plazas en una residencia privada a atención a domicilio. "A estos servicios alternativos se les aplicará una IVA del 4% a partir de julio", explicaron desde CiU. A pesar del acuerdo con el grupo catalán, el PSOE rechazó ayer una propuesta del PP que pedía lo mismo. El tipo superreducido es el único que se mantendrá en su nivel actual. En cambio, el tipo general del 16% subirá hasta el 18% y el IVA del 7% se elevará hasta el 8%.
No a congelar las pensiones
Por otra parte, PSOE, PP y CiU rechazaron ayer en el Congreso tramitar una proposición de ley en la que se pretendía incorporar nuevos impuestos medioambientales a las nucleares, bolsas de plástico, vertidos e incineración.
Además, el Congreso aprobó ayer una moción del PP con el voto en contra del PSOE que insta al Gobierno a no congelar las pensiones, medida incluida en el decreto-ley que se debatirá mañana.
Fuente : cincodias.com
El Gobierno ya aprobó en abril aplicar el tipo del IVA superreducido a los centros concertados. El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, indicó que la modificación se llevará a cabo en las próximas semanas en alguna de las iniciativas que se tramitan actualmente en el Senado.
Para aquellas personas dependientes que no puedan acceder a un servicio público o concertado de atención, el Estado facilita servicios alternativos, desde plazas en una residencia privada a atención a domicilio. "A estos servicios alternativos se les aplicará una IVA del 4% a partir de julio", explicaron desde CiU. A pesar del acuerdo con el grupo catalán, el PSOE rechazó ayer una propuesta del PP que pedía lo mismo. El tipo superreducido es el único que se mantendrá en su nivel actual. En cambio, el tipo general del 16% subirá hasta el 18% y el IVA del 7% se elevará hasta el 8%.
No a congelar las pensiones
Por otra parte, PSOE, PP y CiU rechazaron ayer en el Congreso tramitar una proposición de ley en la que se pretendía incorporar nuevos impuestos medioambientales a las nucleares, bolsas de plástico, vertidos e incineración.
Además, el Congreso aprobó ayer una moción del PP con el voto en contra del PSOE que insta al Gobierno a no congelar las pensiones, medida incluida en el decreto-ley que se debatirá mañana.
Fuente : cincodias.com
SEVILLA - EL PLENO AYUNTAMIENTO CELEBRA HOY DEBATE FINAL DE LAS LEYES LOCALES
El Pleno del Parlamento celebra hoy el debate final de la leyes locales
El Pleno del Parlamento celebrará hoy el debate final de los proyectos de Ley de Autonomía Local y de participación de los entes locales en los tributos de la comunidad, que previsiblemente serán aprobados en virtud de la mayoría absoluta que ostenta el PSOE, que en los últimos días ha hecho un llamamiento a PP-A e IULV-CA para posibilitar el consenso en torno a esas normas.
Durante la tramitación de ambos proyectos de Ley en comisión, el grupo socialista a aceptado unas 30 enmiendas de PP-A e IULV-CA, que mantendrán para el debate final en pleno las enmiendas que le han sido rechazadas.
Según el orden aprobado, el pleno, que se desarrollará hoy y mañana, se iniciará con la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, para presentar el Informe Anual correspondiente a la actividad desarrollada por su institución en el año 2009.
A continuación, se procederá a la votación del acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente del 18 de mayo sobre mantenimiento del texto de la Ley de Aguas aprobada por el Pleno el pasado 28 de abril. Posteriormente, se debatirá la propuesta de toma en consideración de la proposición de Ley de Aguas de Andalucía, presentada por el Grupo Socialista, y que cuenta con el criterio favorable del Consejo de Gobierno para su tramitación.
La jornada de hoy en el Pleno se cerrará con las comparecencias del Consejo de Gobierno, la primera de ellas de la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Aguilar, para informar sobre la evaluación del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (Pista) 2007-2008.
Seguidamente, tendrá lugar la comparecencia del Consejo de Gobierno a fin de dar cuenta de las repercusiones en Andalucía de las medidas de ajuste económico anunciadas por el Gobierno de la Nación, solicitada por los tres grupos parlamentarios.
En la sesión de control al Consejo de Gobierno de mañana jueves, el presidente del grupo popular, Javier Arenas, preguntará al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, sobre la situación socioeconómica de Andalucía, mientras que el portavoz de IULV-CA lo hará acerca de la repercusión de los recortes salariales anunciados por el Gobierno central.
En cuanto a las proposiciones no de Ley que serán debatidas mañana, se encuentran dos del PSOE sobre III Pacto por la Economía Social en Andalucía y financiación de la Ley de Dependencia en función de las prestaciones concedidas, y otras dos del PP-A relativas a defensa del Pacto de Toledo y a recorte del gasto público.
También se debatirá una moción relativa a política general en materia de infraestructuras de transporte, defendida por el Grupo Popular, que además interpelará al Consejo de Gobierno acerca de atención a la dependencia.
Fuente : europapress.es
El Pleno del Parlamento celebrará hoy el debate final de los proyectos de Ley de Autonomía Local y de participación de los entes locales en los tributos de la comunidad, que previsiblemente serán aprobados en virtud de la mayoría absoluta que ostenta el PSOE, que en los últimos días ha hecho un llamamiento a PP-A e IULV-CA para posibilitar el consenso en torno a esas normas.
Durante la tramitación de ambos proyectos de Ley en comisión, el grupo socialista a aceptado unas 30 enmiendas de PP-A e IULV-CA, que mantendrán para el debate final en pleno las enmiendas que le han sido rechazadas.
Según el orden aprobado, el pleno, que se desarrollará hoy y mañana, se iniciará con la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, para presentar el Informe Anual correspondiente a la actividad desarrollada por su institución en el año 2009.
A continuación, se procederá a la votación del acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente del 18 de mayo sobre mantenimiento del texto de la Ley de Aguas aprobada por el Pleno el pasado 28 de abril. Posteriormente, se debatirá la propuesta de toma en consideración de la proposición de Ley de Aguas de Andalucía, presentada por el Grupo Socialista, y que cuenta con el criterio favorable del Consejo de Gobierno para su tramitación.
La jornada de hoy en el Pleno se cerrará con las comparecencias del Consejo de Gobierno, la primera de ellas de la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Aguilar, para informar sobre la evaluación del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (Pista) 2007-2008.
Seguidamente, tendrá lugar la comparecencia del Consejo de Gobierno a fin de dar cuenta de las repercusiones en Andalucía de las medidas de ajuste económico anunciadas por el Gobierno de la Nación, solicitada por los tres grupos parlamentarios.
En la sesión de control al Consejo de Gobierno de mañana jueves, el presidente del grupo popular, Javier Arenas, preguntará al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, sobre la situación socioeconómica de Andalucía, mientras que el portavoz de IULV-CA lo hará acerca de la repercusión de los recortes salariales anunciados por el Gobierno central.
En cuanto a las proposiciones no de Ley que serán debatidas mañana, se encuentran dos del PSOE sobre III Pacto por la Economía Social en Andalucía y financiación de la Ley de Dependencia en función de las prestaciones concedidas, y otras dos del PP-A relativas a defensa del Pacto de Toledo y a recorte del gasto público.
También se debatirá una moción relativa a política general en materia de infraestructuras de transporte, defendida por el Grupo Popular, que además interpelará al Consejo de Gobierno acerca de atención a la dependencia.
Fuente : europapress.es
martes, 25 de mayo de 2010
C. VALENCIANA - AERTE: "EL GOBIERNO SE EQUIVOCA CON EL RECORTE"
AERTE asegura que el Gobierno se equivoca con el recorte porque incentivar la ley reduciría el déficit
El presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (AERTE), Alberto Giménez, aseguró hoy que los recortes previstos por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en las políticas sociales establecidas son un "error" y consideró que hay "indicios evidentes" y "estudios económicos sólidos" que defienden que incentivar la ley de dependencia ayudaría a reducir el déficit.
Giménez señaló en un comunicado que la "apuesta por la atención sociosanitaria profesional genera empleo y retornos económicos directos e indirectos para la administración, además de ayudar a la recuperación de otros sectores como la construcción y las infraestructuras, el alimentario o las nuevas tecnologías, entre otros".
En este sentido, el presidente de la patronal autonómica recalcó que, sólo en la Comunitat Valenciana, la adjudicación a personas en situación de Dependencia de las 4.000 plazas disponibles en la red sociosanitaria "permitiría la creación de cerca de 3.000 empleos, además de un retorno de unos 12 millones de euros para las administraciones públicas".
Como ejemplo, citó que los impuestos que recuperaría la Administración central --IVA e IRPF--, el ahorro en prestaciones por desempleo y los ingresos por la Seguridad Social de los trabajadores incorporados a la citada red serían "muy superiores" a medio plazo a la reducción prevista por el ejecutivo de Rodríguez Zapatero mediante unos recortes que calificó de "poco sensibles".
Del mismo modo, Alberto Giménez se mostró partidario de que la administración "priorice" los servicios "centrándose en los grandes dependientes y dependientes severos que siguen sin recibir la atención que necesitan". Una vez atendidos con criterios profesionales y de calidad, dijo, "podremos estudiar la atención de la dependencia leve o moderada en función de los recursos disponibles y con criterios realistas y teniendo en cuenta la situación económica que vivimos".
Giménez se mostró "a favor" de que se implanten protocolos de control de la atención de las personas en situación de dependencia atendidas por cuidadores informales, al igual que se hace con los centros residenciales y/o los servicios socioasistenciales complementarios, como los centros del día, los servicios de ayuda a domicilio o la teleasistencia.
En este sentido, el portavoz de Aerte indicó que los empresarios del sector "entienden y apoyan" que personas con una dependencia leve o moderada "aboguen por mantener su independencia y/o permanecer en el entorno familiar, si bien, es necesario que exista un control sobre aquellos que prestan servicios asistenciales fuera de la órbita de los recursos profesionales".
En todo caso, Alberto Giménez criticó que esta medida "se haya intentado extender hacia las personas con dependencia severa o grave, que requieren atención especializada las 24 horas, por el simple hecho de que supone una menor inversión inicial de la Administración".
El presidente de Aerte destacó que ya existen estudios "que rechazan esta premisa de recorte presupuestario" y sostuvo que su permanencia "va en contra del articulado de la Ley" ya que, tal y como indica expresamente, "los cuidadores son una excepción aplicable únicamente ante la inexistencia de recursos profesionales".
Fuente : europapress.es
El presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (AERTE), Alberto Giménez, aseguró hoy que los recortes previstos por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en las políticas sociales establecidas son un "error" y consideró que hay "indicios evidentes" y "estudios económicos sólidos" que defienden que incentivar la ley de dependencia ayudaría a reducir el déficit.
Giménez señaló en un comunicado que la "apuesta por la atención sociosanitaria profesional genera empleo y retornos económicos directos e indirectos para la administración, además de ayudar a la recuperación de otros sectores como la construcción y las infraestructuras, el alimentario o las nuevas tecnologías, entre otros".
En este sentido, el presidente de la patronal autonómica recalcó que, sólo en la Comunitat Valenciana, la adjudicación a personas en situación de Dependencia de las 4.000 plazas disponibles en la red sociosanitaria "permitiría la creación de cerca de 3.000 empleos, además de un retorno de unos 12 millones de euros para las administraciones públicas".
Como ejemplo, citó que los impuestos que recuperaría la Administración central --IVA e IRPF--, el ahorro en prestaciones por desempleo y los ingresos por la Seguridad Social de los trabajadores incorporados a la citada red serían "muy superiores" a medio plazo a la reducción prevista por el ejecutivo de Rodríguez Zapatero mediante unos recortes que calificó de "poco sensibles".
Del mismo modo, Alberto Giménez se mostró partidario de que la administración "priorice" los servicios "centrándose en los grandes dependientes y dependientes severos que siguen sin recibir la atención que necesitan". Una vez atendidos con criterios profesionales y de calidad, dijo, "podremos estudiar la atención de la dependencia leve o moderada en función de los recursos disponibles y con criterios realistas y teniendo en cuenta la situación económica que vivimos".
Giménez se mostró "a favor" de que se implanten protocolos de control de la atención de las personas en situación de dependencia atendidas por cuidadores informales, al igual que se hace con los centros residenciales y/o los servicios socioasistenciales complementarios, como los centros del día, los servicios de ayuda a domicilio o la teleasistencia.
En este sentido, el portavoz de Aerte indicó que los empresarios del sector "entienden y apoyan" que personas con una dependencia leve o moderada "aboguen por mantener su independencia y/o permanecer en el entorno familiar, si bien, es necesario que exista un control sobre aquellos que prestan servicios asistenciales fuera de la órbita de los recursos profesionales".
En todo caso, Alberto Giménez criticó que esta medida "se haya intentado extender hacia las personas con dependencia severa o grave, que requieren atención especializada las 24 horas, por el simple hecho de que supone una menor inversión inicial de la Administración".
El presidente de Aerte destacó que ya existen estudios "que rechazan esta premisa de recorte presupuestario" y sostuvo que su permanencia "va en contra del articulado de la Ley" ya que, tal y como indica expresamente, "los cuidadores son una excepción aplicable únicamente ante la inexistencia de recursos profesionales".
Fuente : europapress.es
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