El PSPV asegura que el Consell "ha intentado hacer negocio con la Ley"
El portavoz de Bienestar Social del PSPV en Les Corts, Antoni Torres, aseguró que el Consell "ha intentado hacer negocio de la Ley de Dependencia".
A este respecto, explicó que en estos momentos que se está en el proceso de reparto de los fondos, desde el Consell "pretenden que ese reparto se haga en función de las personas que potencialmente pueden ser dependientes en lugar de hacerlo en función de las personas que están siendo atendidas".
Torres, en un comunicado, explicó que si se aprobara así, "podrían seguir utilizando los fondos destinados a la aplicación de la Ley de la Dependencia para cuestiones que nada tienen que ver con los derechos de los dependientes de la Comunitat Valenciana".
Por ello, exigió al Gobierno valenciano que abandonen las "excusas sin sentido" y resuelvan de manera inmediata la situación de "más de 30.000 valencianos dependientes que tienen en lista de espera desde hace más de un año para que puedan acceder de una vez a las ayudas que les corresponde".
Según el portavoz socialista, desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia hace ya más de tres años, "la gran mayoría de las comunidades autónomas de todos los signos políticos, han hecho un importantísimo esfuerzo para que sus dependientes pudiesen acceder a todas las ayudas y servicios que les corresponden porque así se lo garantiza la Ley".
En esta línea, Torres aseguró que éste "no es el caso de la Comunitat Valenciana", ya que el PP "ha estado boicoteando la aplicación de esta ley durante todo este tiempo hasta el punto de que más de 30.000 dependientes valencianos siguen esperando en este momento que se les conceda la ayuda que ya tendrían si vivieran en otra comunidad".
Fuente : diariocriticocv.com
martes, 1 de junio de 2010
ANDALUCÍA - NECESITARÁ 117.000 EMPLEOS PARA SERVICIOS DE CALIDAD
Andalucía necesitará 117.000 empleos para servicios de calidad de vida
Los datos reflejados en el informe elaborado por la Asociación Española de Servicios a la Persona (AESP) sobre la situación actual y potencial de estos servicios en Andalucía, indican que durante los próximos tres años será necesario cubrir 117.921 nuevos empleos a tiempo completo para satisfacer las crecientes necesidades relacionadas con la calidad de vida y la salud de la sociedad andaluza.
Según afirmó el presidente de la Aesp, Javier Benavente, el progresivo envejecimiento de la población, la realidad ya generalizada de la incorporación de la mujer al mercado laboral, el incremento de las estructuras familiares monoparentales y la falta de control actual sobre la prestación de los servicios a los mayores, dependientes y convalecientes en su domicilio, está comenzando ya a provocar la "urgente necesidad de tomar medidas encaminadas a regular todas las actividades relacionadas con la calidad de vida y la salud,".
"La Ley de Dependencia de 2006, a pesar de los próximos recortes previstos, representa una excelente oportunidad para crear nuevos puestos de trabajo regularizados, no deslocalizables y necesarios para atender la demanda de los próximos años," señaló, lamentando que, sin embargo, "desgraciadamente, en vez de fomentar un empleo estable y de calidad lo que está consiguiendo es potenciar el desarrollo de la economía sumergida".
Según cita el informe, las previsiones de la OCDE indican que el 36% de la población superará los 65 años en el conjunto de España para el año 2050 frente al 16,8% registrado en 2005. El envejecimiento de la población, unido a la mejora de las tasas de supervivencia de las personas dependientes, induce a prever que la sociedad necesitará cada vez más recurrir a los servicios a la persona en los próximos tres años.
Ya en 2010, está previsto que 90.000 andaluces opten por este recurso. En este sentido, se prevé también que a través de la Ley de Dependencia se atiendan a 270.000 ciudadanos andaluces en 2015 con lo que surgirán en torno a 180.000 puestos de trabajo en este sector, de los cuales el 30% serán subcontratados con empleados privados.
Esto quiere decir que unos 54.000 servicios podrían desempeñarse a través del sector privado, por lo que resulta imprescindible una regulación laboral y fiscal del sector. Para el año 2013 en concreto, está prevista la necesidad de 102.273 nuevos empleos a tiempo completo dedicados a estos servicios en Andalucía. Otro de los aspectos que indica el informe es la generalización del uso de los servicios de limpieza y planchado en el domicilio.
En la sociedad actual, la limpieza es un elemento esencial y la demanda de los servicios de higiene va a ser creciente y constante. Antiguamente el ama de casa era la encargada de realizar estas labores pero la progresiva integración de la mujer al mundo laboral, con una tasa actual del 51,38%, ha provocado un aumento en la demanda de este tipo de servicio.
A este factor hay que añadir el aumento de las personas mayores, que ya no pueden realizar estas labores por sí mismas, y el aumento de los hogares monoparentales en los que el tiempo disponible para estos menesteres es muy escaso. La previsión del informe indica que en 2013 será necesario contar con 15.648 nuevos empleos en Andalucía a tiempo completo en este sector.
Fuente : diariojaen.es
Los datos reflejados en el informe elaborado por la Asociación Española de Servicios a la Persona (AESP) sobre la situación actual y potencial de estos servicios en Andalucía, indican que durante los próximos tres años será necesario cubrir 117.921 nuevos empleos a tiempo completo para satisfacer las crecientes necesidades relacionadas con la calidad de vida y la salud de la sociedad andaluza.
Según afirmó el presidente de la Aesp, Javier Benavente, el progresivo envejecimiento de la población, la realidad ya generalizada de la incorporación de la mujer al mercado laboral, el incremento de las estructuras familiares monoparentales y la falta de control actual sobre la prestación de los servicios a los mayores, dependientes y convalecientes en su domicilio, está comenzando ya a provocar la "urgente necesidad de tomar medidas encaminadas a regular todas las actividades relacionadas con la calidad de vida y la salud,".
"La Ley de Dependencia de 2006, a pesar de los próximos recortes previstos, representa una excelente oportunidad para crear nuevos puestos de trabajo regularizados, no deslocalizables y necesarios para atender la demanda de los próximos años," señaló, lamentando que, sin embargo, "desgraciadamente, en vez de fomentar un empleo estable y de calidad lo que está consiguiendo es potenciar el desarrollo de la economía sumergida".
Según cita el informe, las previsiones de la OCDE indican que el 36% de la población superará los 65 años en el conjunto de España para el año 2050 frente al 16,8% registrado en 2005. El envejecimiento de la población, unido a la mejora de las tasas de supervivencia de las personas dependientes, induce a prever que la sociedad necesitará cada vez más recurrir a los servicios a la persona en los próximos tres años.
Ya en 2010, está previsto que 90.000 andaluces opten por este recurso. En este sentido, se prevé también que a través de la Ley de Dependencia se atiendan a 270.000 ciudadanos andaluces en 2015 con lo que surgirán en torno a 180.000 puestos de trabajo en este sector, de los cuales el 30% serán subcontratados con empleados privados.
Esto quiere decir que unos 54.000 servicios podrían desempeñarse a través del sector privado, por lo que resulta imprescindible una regulación laboral y fiscal del sector. Para el año 2013 en concreto, está prevista la necesidad de 102.273 nuevos empleos a tiempo completo dedicados a estos servicios en Andalucía. Otro de los aspectos que indica el informe es la generalización del uso de los servicios de limpieza y planchado en el domicilio.
En la sociedad actual, la limpieza es un elemento esencial y la demanda de los servicios de higiene va a ser creciente y constante. Antiguamente el ama de casa era la encargada de realizar estas labores pero la progresiva integración de la mujer al mundo laboral, con una tasa actual del 51,38%, ha provocado un aumento en la demanda de este tipo de servicio.
A este factor hay que añadir el aumento de las personas mayores, que ya no pueden realizar estas labores por sí mismas, y el aumento de los hogares monoparentales en los que el tiempo disponible para estos menesteres es muy escaso. La previsión del informe indica que en 2013 será necesario contar con 15.648 nuevos empleos en Andalucía a tiempo completo en este sector.
Fuente : diariojaen.es
C.A.VASCA - EL PP PIDE MANTENER EN VIZCAYA LA RETROACTIVIDAD
El PP pide mantener en Vizcaya la retroactividad en ayudas por dependencia
El PP ha presentado una propuesta para su debate en las Juntas Generales de Vizcaya en la que reclama a la Diputación que mantenga la retroactividad en las ayudas por dependencia y no aplique este recorte incluido en las medidas de ahorro aprobadas por el Gobierno central.
Hasta ahora, ha expuesto el PP en una nota, cuando se concedía una ayuda por dependencia "con la primera mensualidad se pagaba una cantidad única equivalente al número de meses que hubieran transcurrido desde su solicitud, para compensar el retraso acumulado en el tramitación", pero ahora, ha lamentado, esta retroactividad desaparece.
Esta formación ha explicado que la Diputación tiene "autonomía para no aplicar" esta medida porque es "la competente en la prestación de los servicios contemplados en la Ley de Dependencia".
Por ello, ha reclamado a la Diputación que intente que "los vizcaínos no se vean perjudicados por las improvisaciones del señor Zapatero".
Fuente : abc.es
El PP ha presentado una propuesta para su debate en las Juntas Generales de Vizcaya en la que reclama a la Diputación que mantenga la retroactividad en las ayudas por dependencia y no aplique este recorte incluido en las medidas de ahorro aprobadas por el Gobierno central.
Hasta ahora, ha expuesto el PP en una nota, cuando se concedía una ayuda por dependencia "con la primera mensualidad se pagaba una cantidad única equivalente al número de meses que hubieran transcurrido desde su solicitud, para compensar el retraso acumulado en el tramitación", pero ahora, ha lamentado, esta retroactividad desaparece.
Esta formación ha explicado que la Diputación tiene "autonomía para no aplicar" esta medida porque es "la competente en la prestación de los servicios contemplados en la Ley de Dependencia".
Por ello, ha reclamado a la Diputación que intente que "los vizcaínos no se vean perjudicados por las improvisaciones del señor Zapatero".
Fuente : abc.es
GALICIA - RECURREN ANTE EL SUPREMO LAS AYUDAS MÁXIMAS
Recurren ante el Supremo las ayudas máximas de la ley de dependencia
La organización Solcom, para la solidaridad comunitaria de las personas con diversidad funcional y la inclusión social, ha interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso contra el decreto que regula las cuantías máximas de las prestaciones de la ley de dependencia, al considerar que estas son insuficientes y que apenas cubren las necesidades básicas de los beneficiarios.
La cuantía máxima establecida por la ley es de 836,96 euros al mes, una cantidad que, según la presidenta de Solcom, María Luisa Ruiz Jarabo, «no es suficiente ni para cubrir cuatro horas de asistencia personal al día», cuando una persona evaluada con gran dependencia puede llegar a necesitar hasta seis veces más.
Fuente : lavozdegalicia.es
La organización Solcom, para la solidaridad comunitaria de las personas con diversidad funcional y la inclusión social, ha interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso contra el decreto que regula las cuantías máximas de las prestaciones de la ley de dependencia, al considerar que estas son insuficientes y que apenas cubren las necesidades básicas de los beneficiarios.
La cuantía máxima establecida por la ley es de 836,96 euros al mes, una cantidad que, según la presidenta de Solcom, María Luisa Ruiz Jarabo, «no es suficiente ni para cubrir cuatro horas de asistencia personal al día», cuando una persona evaluada con gran dependencia puede llegar a necesitar hasta seis veces más.
Fuente : lavozdegalicia.es
NUEVOS CRITERIOS - LA FINANCIACIÓN PREMIARÁ LA AGILIDAD
La financiación de la dependencia premiará la agilidad en las ayudas
Gobierno y comunidades aprueban hoy los nuevos criterios
El modelo perjudica a Madrid y Valencia, con mucha población pero menos cobertura
Las comunidades autónomas y el Gobierno aprobarán hoy nuevos criterios para financiar la Ley de Dependencia, criterios que premian la buena gestión realizada por las Administraciones, es decir, las más ágiles en el desarrollo de la ley.
Las comunidades que peor han aplicado esta ley en sus territorios -las que tienen menos beneficiarios protegidos- saldrán perjudicadas si persisten en esa forma de actuar, porque recibirán menos dinero del llamado nivel acordado, que en la actualidad es de 233 millones de euros.
Hasta ahora el criterio que más pesaba era la población; en los próximos años será la eficacia.
El dinero del nivel acordado se divide ahora en tres fondos, el general, el de compensación y el de cumplimiento de acuerdos. El general es el más importante porque supone el 80% del total del dinero.
El fondo general se venía repartiendo, sobre todo, en función de la población dependiente calculada para cada comunidad. Ahora se añaden dos nuevos criterios: el número de personas que ya tienen adjudicada una ayuda (PIA) y el número de prestaciones de servicios. El primero premia la agilidad en la gestión y el segundo la concesión de servicios, una plaza en un geriátrico, por ejemplo, frente a las muy extendidas ayudas económicas. Así se desprende del documento al que ha tenido acceso este periódico.
El nuevo acuerdo, plurianual, irá adelgazando el peso del criterio poblacional que ahora supone un 55% del fondo general: en 2011 sólo supondrá un 20%, en 2012, un 10% y el año siguiente desaparecerá por completo.
¿Dónde irá todo ello? Lo que se pierde por esa vía irá engordando cada año uno de los nuevos criterios introducidos ahora, el del número de personas que ya tienen adjudicada una ayuda. Así que, en 2013, casi un 74% del fondo general se repartirá en función de los dependientes a los que ya les han recetado la ayuda que les corresponde, es decir, ya tienen su plan individual de atención (PIA), la última puerta antes de recibir la ayuda.
Normalmente se entiende que el que tiene el PIA ya tiene su prestación, pero no siempre es así de inmediato. Este nuevo reparto puede servir de acicate a las comunidades autónomas para avanzar en los trámites administrativos, pero también caben las trampas en una ley que ha estado permanentemente jalonada de ellas. A partir de ahora pueden darse prisa en completar los PIA para obtener más dinero, pero si después tardan en otorgar la ayuda tendrán que pagar los atrasos. Es más difícil hacer trampa.
Estas nuevas medidas se aplauden en las comunidades que van más adelantadas en la aplicación de la ley, pero penalizan a las demás. Madrid y Valencia, por ejemplo, no saldrán bien paradas si continúan como ahora. La oposición de estas dos regiones a la medida podría hoy arrastrar a la abstención a otras comunidades del PP, que sí valoran la propuesta. Pero el acuerdo se alcanzará de todos modos.
Una simulación sobre cómo afectarían estos nuevos criterios de reparto en las comunidades si sus datos siguen en la tendencia actual demuestra que las más perjudicadas serían Canarias, Valencia, Madrid, Galicia y Asturias, mientras que se beneficiarían Andalucía y Murcia, entre otras. Porque a veces unos criterios y otros compensan las pérdidas.
Personas atendidas
Algunas comunidades, como Castilla y León, han valorado este acuerdo, porque creen que va en la dirección correcta, es decir, premia en el reparto a las que gestionan con más agilidad y conceden más servicios. Pero fuentes de esa consejería lamentan que todo el porcentaje que se pierde por el criterio de la población vaya a parar solo al de las personas con ayuda adjudicada. Entienden que sería más justo que el criterio fuera, decididamente, el número de personas que ya están recibiendo la ayuda o que parte de ese porcentaje de dinero sea en función de las prestaciones de servicios, que son las que crean empleo.
Desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, también creen que la iniciativa va en la dirección adecuada, pero recuerdan que no hay nada tan efectivo como repartir el dinero en función del número de personas efectivamente atendidas y del coste de cada servicio que reciben, porque no cuesta lo mismo una plaza de residencia que atender a un anciano en casa, por ejemplo.
En 2009, para corregir los desfases de gestión entre comunidades, se decidió primar con un 20% del total del dinero a las autonomías que más personas tuvieran ya reconocidas como dependientes. Eso se volvió contraproducente, porque algunas comunidades dictaminaron rápido, pero se demoraron a la hora de dar las ayudas. Así que recibían más por esa vía las que peor gestionaban.
El reparto del dinero acordado
La financiación de la Ley de Dependencia tiene dos niveles, el mínimo y el acordado. El mínimo es el más importante, un dinero por cada dependiente incluido en el sistema. El acordado se negocia con las comunidades y en él se introducen criterios coercitivos. Su monto es de 283.197.420 euros. Queda como sigue:
- Fondo general. Se lleva el 80% del dinero a repartir entre los siguientes criterios: población potencialmente dependiente (55%, 20% en 2011, 10% en 2012 y nada en 2013); superficie de la comunidad (1,80%); dispersión de la población (0,60%); insularidad (0,60%); dictámenes de grado y nivel (6,30%); personas con la ayuda concedida, PIA (18,90%), y prestación de un servicio (16,80%).
- Fondo de compensación. Supone un 10% del total, repartido así: capacidad económica de las familias (49%), coste de los servicios en cada territorio (49%) y emigrantes retornados (2%).
- Fondo de cumplimiento. Se lleva el restante 10% del total para: formación de cuidadores familiares (85%) y transposición de los acuerdos a la normativa autonómica (15%).
Fuente : elpais.com
Gobierno y comunidades aprueban hoy los nuevos criterios
El modelo perjudica a Madrid y Valencia, con mucha población pero menos cobertura
Las comunidades autónomas y el Gobierno aprobarán hoy nuevos criterios para financiar la Ley de Dependencia, criterios que premian la buena gestión realizada por las Administraciones, es decir, las más ágiles en el desarrollo de la ley.
Las comunidades que peor han aplicado esta ley en sus territorios -las que tienen menos beneficiarios protegidos- saldrán perjudicadas si persisten en esa forma de actuar, porque recibirán menos dinero del llamado nivel acordado, que en la actualidad es de 233 millones de euros.
Hasta ahora el criterio que más pesaba era la población; en los próximos años será la eficacia.
El dinero del nivel acordado se divide ahora en tres fondos, el general, el de compensación y el de cumplimiento de acuerdos. El general es el más importante porque supone el 80% del total del dinero.
El fondo general se venía repartiendo, sobre todo, en función de la población dependiente calculada para cada comunidad. Ahora se añaden dos nuevos criterios: el número de personas que ya tienen adjudicada una ayuda (PIA) y el número de prestaciones de servicios. El primero premia la agilidad en la gestión y el segundo la concesión de servicios, una plaza en un geriátrico, por ejemplo, frente a las muy extendidas ayudas económicas. Así se desprende del documento al que ha tenido acceso este periódico.
El nuevo acuerdo, plurianual, irá adelgazando el peso del criterio poblacional que ahora supone un 55% del fondo general: en 2011 sólo supondrá un 20%, en 2012, un 10% y el año siguiente desaparecerá por completo.
¿Dónde irá todo ello? Lo que se pierde por esa vía irá engordando cada año uno de los nuevos criterios introducidos ahora, el del número de personas que ya tienen adjudicada una ayuda. Así que, en 2013, casi un 74% del fondo general se repartirá en función de los dependientes a los que ya les han recetado la ayuda que les corresponde, es decir, ya tienen su plan individual de atención (PIA), la última puerta antes de recibir la ayuda.
Normalmente se entiende que el que tiene el PIA ya tiene su prestación, pero no siempre es así de inmediato. Este nuevo reparto puede servir de acicate a las comunidades autónomas para avanzar en los trámites administrativos, pero también caben las trampas en una ley que ha estado permanentemente jalonada de ellas. A partir de ahora pueden darse prisa en completar los PIA para obtener más dinero, pero si después tardan en otorgar la ayuda tendrán que pagar los atrasos. Es más difícil hacer trampa.
Estas nuevas medidas se aplauden en las comunidades que van más adelantadas en la aplicación de la ley, pero penalizan a las demás. Madrid y Valencia, por ejemplo, no saldrán bien paradas si continúan como ahora. La oposición de estas dos regiones a la medida podría hoy arrastrar a la abstención a otras comunidades del PP, que sí valoran la propuesta. Pero el acuerdo se alcanzará de todos modos.
Una simulación sobre cómo afectarían estos nuevos criterios de reparto en las comunidades si sus datos siguen en la tendencia actual demuestra que las más perjudicadas serían Canarias, Valencia, Madrid, Galicia y Asturias, mientras que se beneficiarían Andalucía y Murcia, entre otras. Porque a veces unos criterios y otros compensan las pérdidas.
Personas atendidas
Algunas comunidades, como Castilla y León, han valorado este acuerdo, porque creen que va en la dirección correcta, es decir, premia en el reparto a las que gestionan con más agilidad y conceden más servicios. Pero fuentes de esa consejería lamentan que todo el porcentaje que se pierde por el criterio de la población vaya a parar solo al de las personas con ayuda adjudicada. Entienden que sería más justo que el criterio fuera, decididamente, el número de personas que ya están recibiendo la ayuda o que parte de ese porcentaje de dinero sea en función de las prestaciones de servicios, que son las que crean empleo.
Desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, también creen que la iniciativa va en la dirección adecuada, pero recuerdan que no hay nada tan efectivo como repartir el dinero en función del número de personas efectivamente atendidas y del coste de cada servicio que reciben, porque no cuesta lo mismo una plaza de residencia que atender a un anciano en casa, por ejemplo.
En 2009, para corregir los desfases de gestión entre comunidades, se decidió primar con un 20% del total del dinero a las autonomías que más personas tuvieran ya reconocidas como dependientes. Eso se volvió contraproducente, porque algunas comunidades dictaminaron rápido, pero se demoraron a la hora de dar las ayudas. Así que recibían más por esa vía las que peor gestionaban.
El reparto del dinero acordado
La financiación de la Ley de Dependencia tiene dos niveles, el mínimo y el acordado. El mínimo es el más importante, un dinero por cada dependiente incluido en el sistema. El acordado se negocia con las comunidades y en él se introducen criterios coercitivos. Su monto es de 283.197.420 euros. Queda como sigue:
- Fondo general. Se lleva el 80% del dinero a repartir entre los siguientes criterios: población potencialmente dependiente (55%, 20% en 2011, 10% en 2012 y nada en 2013); superficie de la comunidad (1,80%); dispersión de la población (0,60%); insularidad (0,60%); dictámenes de grado y nivel (6,30%); personas con la ayuda concedida, PIA (18,90%), y prestación de un servicio (16,80%).
- Fondo de compensación. Supone un 10% del total, repartido así: capacidad económica de las familias (49%), coste de los servicios en cada territorio (49%) y emigrantes retornados (2%).
- Fondo de cumplimiento. Se lleva el restante 10% del total para: formación de cuidadores familiares (85%) y transposición de los acuerdos a la normativa autonómica (15%).
Fuente : elpais.com
ASTURIAS - RECORTE CON UNA INCIDENCIA MÍNIMA
Asturias procurará que recorte tenga una incidencia mínima en Ley Dependencia
El Gobierno de Asturias procurará que las medidas de recorte social anunciadas para reducir el déficit público que, entre otras cosas, elimina la retroactividad de las ayudas para personas dependientes, tengan una "incidencia mínima" en la Ley de Dependencia.
Así lo ha asegurado hoy a los periodistas la consejera de Bienestar Social, Noemí Martín, que participa en el Consejo Territorial de Dependencia, en el que el Gobierno y las comunidades autónomas analizan el desarrollo y aplicación de la citada normativa.
La consejera ha subrayado que el Ejecutivo asturiano no comparte que estas medidas afecten a un recorte de los derechos de la Ley de Dependencia que, en este caso, se concreta en el impacto de una parte importante de la retroactividad.
La medida, anunciada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, supone que se elimina la retroactividad correspondiente al número de meses transcurridos desde que se solicitan las ayudas a la dependencia hasta que son concedidas.
Martín ha opinado que las medidas deberían haber incidido más en los ingresos, es decir, en recuperar el impuesto del patrimonio o en hacer una política fiscal "mucho más justa y más progresiva" que implique más dinero para las arcas públicas, no sólo la reducción del déficit.
De lo contrario, ha añadido, las medidas que se adoptan están suponiendo que el sacrificio para salir de esta crisis "lo tienen que hacer siempre los mismos".
"Nosotros entendemos que si hay que hacer un esfuerzo de austeridad, hay que hacerlo, pero tiene que ir acompañado de medidas que supongan más ingresos para las arcas públicas, precisamente para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales", ha comentado.
En este sentido, la consejera ha insistido en que desde Asturias van a procurar que la incidencia de estas medidas "sea mínima" y que el sacrificio "se comparta de forma solidaria", y especialmente quien más tiene para que quien menos tiene "no sea el que pague las consecuencias de una crisis que no generó".
Fuente : elcomerciodigital.com
El Gobierno de Asturias procurará que las medidas de recorte social anunciadas para reducir el déficit público que, entre otras cosas, elimina la retroactividad de las ayudas para personas dependientes, tengan una "incidencia mínima" en la Ley de Dependencia.
Así lo ha asegurado hoy a los periodistas la consejera de Bienestar Social, Noemí Martín, que participa en el Consejo Territorial de Dependencia, en el que el Gobierno y las comunidades autónomas analizan el desarrollo y aplicación de la citada normativa.
La consejera ha subrayado que el Ejecutivo asturiano no comparte que estas medidas afecten a un recorte de los derechos de la Ley de Dependencia que, en este caso, se concreta en el impacto de una parte importante de la retroactividad.
La medida, anunciada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, supone que se elimina la retroactividad correspondiente al número de meses transcurridos desde que se solicitan las ayudas a la dependencia hasta que son concedidas.
Martín ha opinado que las medidas deberían haber incidido más en los ingresos, es decir, en recuperar el impuesto del patrimonio o en hacer una política fiscal "mucho más justa y más progresiva" que implique más dinero para las arcas públicas, no sólo la reducción del déficit.
De lo contrario, ha añadido, las medidas que se adoptan están suponiendo que el sacrificio para salir de esta crisis "lo tienen que hacer siempre los mismos".
"Nosotros entendemos que si hay que hacer un esfuerzo de austeridad, hay que hacerlo, pero tiene que ir acompañado de medidas que supongan más ingresos para las arcas públicas, precisamente para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales", ha comentado.
En este sentido, la consejera ha insistido en que desde Asturias van a procurar que la incidencia de estas medidas "sea mínima" y que el sacrificio "se comparta de forma solidaria", y especialmente quien más tiene para que quien menos tiene "no sea el que pague las consecuencias de una crisis que no generó".
Fuente : elcomerciodigital.com
C.VALENCIANA - SÍNDIC REGISTRA DESCENSO DE QUEJAS
Síndic registra un descenso de quejas por la ley de Dependencia en 2009
La Sindicatura de Greuges ha registrado durante el año pasado un descenso en el número de quejas que recibe por la aplicación deficiente de la ley de Dependencia, aunque con 948 reclamaciones éste es el tema que más preocupa a los ciudadanos que se dirigen a esta Institución.
El síndic de Greuges, José Cholbi, ha entregado hoy a la presidenta de Les Corts Valencianes, Milagrosa Martínez, el informe anual de 2009, que refleja que en este ejercicio se han formulado un total de 3.647 quejas, de las cuales 20 han sido de oficio, así como que la Oficina de Atención al Ciudadano ha recibido 6.662 consultas.
El informe, según han informado fuentes de la Sindicatura a través de un comunicado de prensa, refleja que en 2009 las quejas presentadas en materia de la ley de Dependencia fueron 948, una cifra inferior a las 1.864 que se tramitaron en 2008, mientras que hay un "relevante incremento" en otras materias como medio ambiente.
La institución ha recibido prácticamente el mismo número de quejas que en 2008, cuando hubieron 3.927, mientras que las consultas ciudadanas han registrado un aumento sustancial en los últimos dos años, pasando de las 4.308 en 2007 a las 6.172 en 2008 y 6.662 en 2009.
Las quejas más frecuentes, tras las relativas a la ley de Dependencia, son las que afectan a los servicios prestados por los ayuntamientos (368) y las de urbanismo y vivienda (332), que se refieren a cuestiones como la aprobación y ejecución de planes urbanísticos o el incumplimiento de la normativa en esta materia.
La sanidad con 318 quejas, que afectan a cuestiones como la listas de espera o las infraestructuras; el medio ambiente con 301 alegaciones relativas a cuestiones como la contaminación acústica o la telefonía móvil; y los servicios sociales con 237 quejas, completan la lista de las materias más demandadas.
La hacienda pública motiva 231 quejas, la educación 199, el empleo público 125 y el uso del valenciano 74, señalan desde la Sindicatura, que destaca el hecho de que por primera vez este año no hay ninguna administración "hostil", término que se utiliza para designar a los organismos que no colaboran con la institución.
En cuanto al grado de aceptación de las resoluciones, se indica que de las 740 emitidas, sólo ocho no han sido aceptadas por los ayuntamientos de Alcalà de Xivert, Borriol, Elx, La Pobla de Vallbona, Riba-roja del Túria y las consellerias de Justicia y Administraciones Púbicas y Sanidad.
El informe también apunta que de un total de 1.394 quejas cerradas durante 2009, 857 se resolvieron de forma favorable para el ciudadano, lo que supone un porcentaje superior al 60 por ciento.
Por provincias, la de Alicante es la que más quejas ha registrado, un total de 1.616, seguida muy de cerca por Valencia, con 1.614 y Castellón con 321.
Fuente : abc.es
La Sindicatura de Greuges ha registrado durante el año pasado un descenso en el número de quejas que recibe por la aplicación deficiente de la ley de Dependencia, aunque con 948 reclamaciones éste es el tema que más preocupa a los ciudadanos que se dirigen a esta Institución.
El síndic de Greuges, José Cholbi, ha entregado hoy a la presidenta de Les Corts Valencianes, Milagrosa Martínez, el informe anual de 2009, que refleja que en este ejercicio se han formulado un total de 3.647 quejas, de las cuales 20 han sido de oficio, así como que la Oficina de Atención al Ciudadano ha recibido 6.662 consultas.
El informe, según han informado fuentes de la Sindicatura a través de un comunicado de prensa, refleja que en 2009 las quejas presentadas en materia de la ley de Dependencia fueron 948, una cifra inferior a las 1.864 que se tramitaron en 2008, mientras que hay un "relevante incremento" en otras materias como medio ambiente.
La institución ha recibido prácticamente el mismo número de quejas que en 2008, cuando hubieron 3.927, mientras que las consultas ciudadanas han registrado un aumento sustancial en los últimos dos años, pasando de las 4.308 en 2007 a las 6.172 en 2008 y 6.662 en 2009.
Las quejas más frecuentes, tras las relativas a la ley de Dependencia, son las que afectan a los servicios prestados por los ayuntamientos (368) y las de urbanismo y vivienda (332), que se refieren a cuestiones como la aprobación y ejecución de planes urbanísticos o el incumplimiento de la normativa en esta materia.
La sanidad con 318 quejas, que afectan a cuestiones como la listas de espera o las infraestructuras; el medio ambiente con 301 alegaciones relativas a cuestiones como la contaminación acústica o la telefonía móvil; y los servicios sociales con 237 quejas, completan la lista de las materias más demandadas.
La hacienda pública motiva 231 quejas, la educación 199, el empleo público 125 y el uso del valenciano 74, señalan desde la Sindicatura, que destaca el hecho de que por primera vez este año no hay ninguna administración "hostil", término que se utiliza para designar a los organismos que no colaboran con la institución.
En cuanto al grado de aceptación de las resoluciones, se indica que de las 740 emitidas, sólo ocho no han sido aceptadas por los ayuntamientos de Alcalà de Xivert, Borriol, Elx, La Pobla de Vallbona, Riba-roja del Túria y las consellerias de Justicia y Administraciones Púbicas y Sanidad.
El informe también apunta que de un total de 1.394 quejas cerradas durante 2009, 857 se resolvieron de forma favorable para el ciudadano, lo que supone un porcentaje superior al 60 por ciento.
Por provincias, la de Alicante es la que más quejas ha registrado, un total de 1.616, seguida muy de cerca por Valencia, con 1.614 y Castellón con 321.
Fuente : abc.es
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