El IVA reducido para obras o dependencia entra en vigor en Guipúzcoa
Las modificaciones del IVA, que incluyen la aplicación de tipos reducidos para obras de rehabilitación de viviendas y ciertos servicios de dependencia, entrarán previsiblemente mañana en vigor en Guipúzcoa, tras su publicación en el Boletín Oficial de la provincia.
Las Juntas Generales de Guipúzcoa han dado hoy luz verde a la convalidación del decreto nacional que fija estas modificaciones, trámite obligado dada la singularidad fiscal de la provincia.
El diputado foral de Hacienda, Peio González, ha explicado a los periodistas que el objetivo de estas medidas, cuya aplicación es obligada, es "atemperar" los efectos del IVA aplicando tipos reducidos en rehabilitación de viviendas y para empresas que presten servicios a la administración con el concepto de Ley de Dependencia.
También se facilitan los trámites para que autónomos o profesionales puedan recuperar el IVA en el caso de impago de facturas, ha agregado González.
En cuanto a las modificaciones fiscales que pueden darse en España para incrementar la presión a las rentas más altas, González ha reconocido que "los movimientos tributarios" que se den sí pueden hacer que "se anticipe la reflexión" que a "medio-largo plazo" se acordó impulsar en Euskadi.
Ha recordado que los tres partidos que gobiernan las instituciones vascas -PSE, PNV y Hamaikabat- llegaron a un amplio acuerdo desde el punto de vista fiscal que, en principio, no contemplaba introducir modificaciones en la presente legislatura, aunque sí apuntaba la necesidad de impulsar dicha reflexión que, según González, ahora podría "adelantarse".
Peio González también ha dicho que hay pendiente una nueva reunión entre los diputados generales y el lehendakari, Patxi López, para analizar las repercusiones que tendrán en Euskadi las medidas de ajuste económico y las que se podrían aplicar en esta comunidad autónoma, aunque todavía no se ha fijado una fecha.
Sí hay convocado otro encuentro del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) para la próxima semana, ha concluido.
Fuente : abc.es
miércoles, 2 de junio de 2010
EXTREMADURA - MANTIENE SU PESO EN FONDO DEPENDENCIA
Región mantiene su peso en Fondo Dependencia con nuevo criterio, según Mejuto
Extremadura recibirá este año, "más o menos", la misma cantidad del Fondo de Dependencia que en 2009, cuando se elevó a 8,5 millones de euros, según ha afirmado hoy la consejera de Sanidad y Dependencia, María Jesús Mejuto.
Mejuto ha aportado este dato después de que el Gobierno y las comunidades autónomas acordaran ayer modificar los criterios del reparto de fondos de la Ley de Dependencia para el periodo 2010-2013.
En rueda de prensa, la consejera ha destacado que son variables que permitirán ser "más equitativos" en el reparto del fondo, dado que se prima a aquellas personas que están ya reconocidas como dependientes en detrimento del criterio anterior, basado en la población potencialmente dependiente.
Por otra parte, ha valorado la modificación del actual baremo de valoración de las personas dependientes -se incorpora como nuevo elemento la frecuencia con que éstas son o no capaces de realizar algunas tareas- porque "homogeneiza la valoración en todo el territorio nacional con criterios mucho más objetivos y más cuantificables".
Según los datos facilitados por Mejuto, la Consejería ha recibido, desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en enero de 2007, unas 42.000 solicitudes, de las 35.639 están activas, ya que el resto han sido desechadas por fallecimiento del solicitante, por incumplir los requisitos o no haber presentado toda la documentación.
De estas 35.639 personas, 28.119 han sido valoradas, de modo que 19.594 de ellas que tienen reconocido el derecho a un servicio o una prestación económica.
De estas últimas, 13.208 ya lo reciben y las 6.386 restantes están a la espera de recibir su Plan Individualizado de Atención (PIA) para beneficiarse de los recursos correspondientes.
A este respecto, a preguntas de cómo afectará la eliminación de la retroactividad de las ayudas, Mejuto ha aclarado que este ajuste sólo se aplicará a los nuevos expedientes si son resueltos en seis meses.
Fuente : abc.es
Extremadura recibirá este año, "más o menos", la misma cantidad del Fondo de Dependencia que en 2009, cuando se elevó a 8,5 millones de euros, según ha afirmado hoy la consejera de Sanidad y Dependencia, María Jesús Mejuto.
Mejuto ha aportado este dato después de que el Gobierno y las comunidades autónomas acordaran ayer modificar los criterios del reparto de fondos de la Ley de Dependencia para el periodo 2010-2013.
En rueda de prensa, la consejera ha destacado que son variables que permitirán ser "más equitativos" en el reparto del fondo, dado que se prima a aquellas personas que están ya reconocidas como dependientes en detrimento del criterio anterior, basado en la población potencialmente dependiente.
Por otra parte, ha valorado la modificación del actual baremo de valoración de las personas dependientes -se incorpora como nuevo elemento la frecuencia con que éstas son o no capaces de realizar algunas tareas- porque "homogeneiza la valoración en todo el territorio nacional con criterios mucho más objetivos y más cuantificables".
Según los datos facilitados por Mejuto, la Consejería ha recibido, desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en enero de 2007, unas 42.000 solicitudes, de las 35.639 están activas, ya que el resto han sido desechadas por fallecimiento del solicitante, por incumplir los requisitos o no haber presentado toda la documentación.
De estas 35.639 personas, 28.119 han sido valoradas, de modo que 19.594 de ellas que tienen reconocido el derecho a un servicio o una prestación económica.
De estas últimas, 13.208 ya lo reciben y las 6.386 restantes están a la espera de recibir su Plan Individualizado de Atención (PIA) para beneficiarse de los recursos correspondientes.
A este respecto, a preguntas de cómo afectará la eliminación de la retroactividad de las ayudas, Mejuto ha aclarado que este ajuste sólo se aplicará a los nuevos expedientes si son resueltos en seis meses.
Fuente : abc.es
CATALUÑA - "LAS MEDIDAS ANTICRISIS NO AFECTARÁN A BENEFICIARIOS"
Capdevila: Las medidas anticrisis no afectarán beneficiarios ley dependencia
La consellera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, ha asegurado hoy que las medidas adoptadas recientemente por el gobierno catalán para contener el gasto público no afectarán a los beneficiarios de la ley de dependencia.
La consellera ha afirmado también que el objetivo de su departamento es que a finales de este año el tiempo de espera para la valoración del grado de dependencia no supere los seis meses, en lugar de los ocho o nueve actuales.
Carme Capdevila ha inaugurado hoy en L'Hospitalet de Llobregat el Salón Avante para la autonomía de las personas con dependencia, en el que participan un centenar de empresas.
En el certamen, que se desarrolla en el recinto de la Fira de Barcelona en L'Hospitalet, las empresas muestran las últimas novedades tecnológicas para favorecer la autonomía de las personas dependientes y mejorar su calidad de vida.
Fuente : abc.es
La consellera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, ha asegurado hoy que las medidas adoptadas recientemente por el gobierno catalán para contener el gasto público no afectarán a los beneficiarios de la ley de dependencia.
La consellera ha afirmado también que el objetivo de su departamento es que a finales de este año el tiempo de espera para la valoración del grado de dependencia no supere los seis meses, en lugar de los ocho o nueve actuales.
Carme Capdevila ha inaugurado hoy en L'Hospitalet de Llobregat el Salón Avante para la autonomía de las personas con dependencia, en el que participan un centenar de empresas.
En el certamen, que se desarrolla en el recinto de la Fira de Barcelona en L'Hospitalet, las empresas muestran las últimas novedades tecnológicas para favorecer la autonomía de las personas dependientes y mejorar su calidad de vida.
Fuente : abc.es
CASTILLA Y LEÓN - LA IMPORTANCIA DE LA VARIABLE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Antón subraya importancia de variable prestación servicios en Ley Dependencia
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, César Antón, ha subrayado hoy la importancia de que la variable de prestación de servicios se sitúe entre las tenidas más en cuenta al gestionar la Ley de Dependencia.
Antón ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras participar en Madrid en el Consejo Territorial de Dependencia, en el que las Comunidades analizaron, entre otros asuntos, el reparto del nivel acordado, que es el dinero fijo que el Gobierno concede a las autonomías para aplicar la Ley.
El consejero ha explicado que este año se han introducido las variables de Dictámenes, Programas Individualizados de Atención (PIA) y Prestaciones de Servicios.
Ha concretado que de 2011 a 2013 se registrará la evolución de una variable que pierde peso, la que se refiere a la población potencialmente dependiente, y ha reclamado que no se tenga en cuenta sólo este aspecto y que se ponga el acento en la prestación de servicios, no sólo en los PIA como plantea el Ministerio.
Fuente : abc.es
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, César Antón, ha subrayado hoy la importancia de que la variable de prestación de servicios se sitúe entre las tenidas más en cuenta al gestionar la Ley de Dependencia.
Antón ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras participar en Madrid en el Consejo Territorial de Dependencia, en el que las Comunidades analizaron, entre otros asuntos, el reparto del nivel acordado, que es el dinero fijo que el Gobierno concede a las autonomías para aplicar la Ley.
El consejero ha explicado que este año se han introducido las variables de Dictámenes, Programas Individualizados de Atención (PIA) y Prestaciones de Servicios.
Ha concretado que de 2011 a 2013 se registrará la evolución de una variable que pierde peso, la que se refiere a la población potencialmente dependiente, y ha reclamado que no se tenga en cuenta sólo este aspecto y que se ponga el acento en la prestación de servicios, no sólo en los PIA como plantea el Ministerio.
Fuente : abc.es
MADRID - CIEN VEHÍCULOS A CRUZ ROJA PARA AYUDA A DOMICILIO
Jiménez entrega cien vehículos a Cruz Roja de ayuda a domicilio para "ayudar al 'desapoyo' de la Dependencia"
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha asistido este miércoles, en la sede de Cruz Roja Española en Madrid, a la entrega de cien vehículos financiados por el ministerio que dirige para el programa 'Ayuda a Domicilio' y ha explicado que, entre otros objetivos, servirán para "ayudar al 'desapoyo' de la Ley de Dependencia".
Así, los vehículos, facilitarán el acercamiento de los voluntarios a las personas que participan en los programas de Cruz Roja. La organización ha explicado que el objetivo es detectar las necesidades e incrementar las actividades de ayuda y acompañamiento de las personas mayores para llegar a más de 25.000 personas, con la participación de 4.500 voluntarios.
Trinidad Jiménez ha detallado que pese a que el servicio de ayuda a domicilio cuenta con una larga trayectoria se ha ido adaptando a las diferentes necesidades y, ha añadido que, en este caso, una voluntaria le había enseñando cómo el vehículo llevaba también "una serie de elementos y utensilios que pueden ayudar a las personas mayores".
El presidente de la Cruz Roja Española, Juan Manuel del Toro Rivero, ha puesto de manifiesto --ante los presidentes de las asambleas autonómicas y provinciales de la asociación-- que, gracias a los medios que a día de hoy tienen al alcance, los programas de acompañamiento se van a poder desarrollar en más de trescientas asambleas locales.
EL TERCER SECTOR APORTA UN 4% DEL PIB NACIONAL
Por su parte, la ministra ha subrayado que "el tercer sector se ha convertido en un ámbito estratégico económico". Además, ha añadido que facturan 110.000.000 euros al año, dan trabajo a más de 2.000.000 millones de personas y agrupa a 150.000 empresas.
Por otro lado, el presidente de Cruz Roja ha querido recordar que gracias al 0,7 por ciento del IRPF se han podido poner en práctica muchos proyectos.
En este sentido ha informado de que Cruz Roja ha recibido 33.342.000 millones de euros de subvención, que, unidos a otras ayudas y aportaciones individuales han sumado un total de 60.341.000 para la realización de 47 programas.
Fuente : europapress.es
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha asistido este miércoles, en la sede de Cruz Roja Española en Madrid, a la entrega de cien vehículos financiados por el ministerio que dirige para el programa 'Ayuda a Domicilio' y ha explicado que, entre otros objetivos, servirán para "ayudar al 'desapoyo' de la Ley de Dependencia".
Así, los vehículos, facilitarán el acercamiento de los voluntarios a las personas que participan en los programas de Cruz Roja. La organización ha explicado que el objetivo es detectar las necesidades e incrementar las actividades de ayuda y acompañamiento de las personas mayores para llegar a más de 25.000 personas, con la participación de 4.500 voluntarios.
Trinidad Jiménez ha detallado que pese a que el servicio de ayuda a domicilio cuenta con una larga trayectoria se ha ido adaptando a las diferentes necesidades y, ha añadido que, en este caso, una voluntaria le había enseñando cómo el vehículo llevaba también "una serie de elementos y utensilios que pueden ayudar a las personas mayores".
El presidente de la Cruz Roja Española, Juan Manuel del Toro Rivero, ha puesto de manifiesto --ante los presidentes de las asambleas autonómicas y provinciales de la asociación-- que, gracias a los medios que a día de hoy tienen al alcance, los programas de acompañamiento se van a poder desarrollar en más de trescientas asambleas locales.
EL TERCER SECTOR APORTA UN 4% DEL PIB NACIONAL
Por su parte, la ministra ha subrayado que "el tercer sector se ha convertido en un ámbito estratégico económico". Además, ha añadido que facturan 110.000.000 euros al año, dan trabajo a más de 2.000.000 millones de personas y agrupa a 150.000 empresas.
Por otro lado, el presidente de Cruz Roja ha querido recordar que gracias al 0,7 por ciento del IRPF se han podido poner en práctica muchos proyectos.
En este sentido ha informado de que Cruz Roja ha recibido 33.342.000 millones de euros de subvención, que, unidos a otras ayudas y aportaciones individuales han sumado un total de 60.341.000 para la realización de 47 programas.
Fuente : europapress.es
LA LEY ABARCARÁ LA SORDOCEGUERA Y MINUSVALÍAS PSÍQUICAS
La Ley de Dependencia abarcará la sordoceguera y minusvalías psíquicas
El Ministerio de Sanidad y las autonomías modifican el baremo de valoración de los dependientes para atender más colectivos
El Gobierno central y las comunidades autónomas acordaron ayer modificar los criterios de la valoración de las personas dependientes para incluir entre los futuros beneficiarios de las prestaciones a varios colectivos que no estaban suficientemente contemplados hasta ahora, como las personas que padecen sordoceguera o las que sufren algunas discapacidades psíquicas.
La reforma fue aprobada por el Consejo Territorial de la Dependencia, un órgano integrado por el Ministerio de Sanidad y las consejerías del ramo (además de las diputaciones en el caso del País Vasco), cuyos representantes se han dado un plazo de un año para poner en marcha los cambios.
Según explicó el director de Política Social del Gobierno vasco, Alfonso Gurpegui, que asistió a la reunión junto a la diputada alavesa de Bienestar Social, Covadonga Solaguren, la ampliación de los beneficiarios de la Ley de Dependencia ha contado con el respaldo de Euskadi, aunque «nos hubiera gustado avanzar un poco más». «De todos modos -agregó Gurpegui- se ha incorporado un mecanismo para revisar el baremo de valoración al cabo de tres años».
Homogeneidad
El Consejo Territorial ha introducido cambios en ese baremo no sólo para que abarque a más personas dependientes, sino también para que la valoración -que determina el nivel de discapacidad reconocida- gane en objetividad y, en consecuencia, dependa lo menos posible del examinador (en el País Vasco, las diputaciones combinan el sistema estatal con otro conocido técnicamente como RAI).
Para que los exámenes sean más homogéneos en toda España, los técnicos encargados de realizarlos dispondrán de unas guías metodológicas que les ayudarán a interpretar mejor las enfermedades. También se desarrollará un manual de buenas prácticas que tenga en cuenta la efectividad de las prestaciones.
El Ministerio de Sanidad y las consejerías dieron 'luz verde' a otra novedad que no afecta al País Vasco Navarra: la variación en los criterios para distribuir el dinero que el Gobierno central entrega cada año a las autonomías para financiar una parte de los gastos de la Dependencia. En 2010 se repartirán 283 millones y la parte que corresponda a Euskadi y Navarra se determinará aplicando el sistema de cupo. No obstante, en las demás comunidades tendrá cada vez más peso el número de personas realmente atendidas.
Es decir, hasta ahora una región recibía dinero en función de la estimación de su población dependiente. Sin embargo, esa variable perderá importancia hasta desaparecer en 2013. La ministra Trinidad Jiménez negó ayer que algunas comunidades sucumban a la tentación de reconocer un aluvión de personas dependientes antes del 1 de julio. La titular de Sanidad también informó a las autonomías de la nueva retroactividad de la dependencia.
Las prestaciones se dará no desde el momento en que se presenta la solicitud, sino desde su concesión.
Fuente : elcorreo.com
El Ministerio de Sanidad y las autonomías modifican el baremo de valoración de los dependientes para atender más colectivos
El Gobierno central y las comunidades autónomas acordaron ayer modificar los criterios de la valoración de las personas dependientes para incluir entre los futuros beneficiarios de las prestaciones a varios colectivos que no estaban suficientemente contemplados hasta ahora, como las personas que padecen sordoceguera o las que sufren algunas discapacidades psíquicas.
La reforma fue aprobada por el Consejo Territorial de la Dependencia, un órgano integrado por el Ministerio de Sanidad y las consejerías del ramo (además de las diputaciones en el caso del País Vasco), cuyos representantes se han dado un plazo de un año para poner en marcha los cambios.
Según explicó el director de Política Social del Gobierno vasco, Alfonso Gurpegui, que asistió a la reunión junto a la diputada alavesa de Bienestar Social, Covadonga Solaguren, la ampliación de los beneficiarios de la Ley de Dependencia ha contado con el respaldo de Euskadi, aunque «nos hubiera gustado avanzar un poco más». «De todos modos -agregó Gurpegui- se ha incorporado un mecanismo para revisar el baremo de valoración al cabo de tres años».
Homogeneidad
El Consejo Territorial ha introducido cambios en ese baremo no sólo para que abarque a más personas dependientes, sino también para que la valoración -que determina el nivel de discapacidad reconocida- gane en objetividad y, en consecuencia, dependa lo menos posible del examinador (en el País Vasco, las diputaciones combinan el sistema estatal con otro conocido técnicamente como RAI).
Para que los exámenes sean más homogéneos en toda España, los técnicos encargados de realizarlos dispondrán de unas guías metodológicas que les ayudarán a interpretar mejor las enfermedades. También se desarrollará un manual de buenas prácticas que tenga en cuenta la efectividad de las prestaciones.
El Ministerio de Sanidad y las consejerías dieron 'luz verde' a otra novedad que no afecta al País Vasco Navarra: la variación en los criterios para distribuir el dinero que el Gobierno central entrega cada año a las autonomías para financiar una parte de los gastos de la Dependencia. En 2010 se repartirán 283 millones y la parte que corresponda a Euskadi y Navarra se determinará aplicando el sistema de cupo. No obstante, en las demás comunidades tendrá cada vez más peso el número de personas realmente atendidas.
Es decir, hasta ahora una región recibía dinero en función de la estimación de su población dependiente. Sin embargo, esa variable perderá importancia hasta desaparecer en 2013. La ministra Trinidad Jiménez negó ayer que algunas comunidades sucumban a la tentación de reconocer un aluvión de personas dependientes antes del 1 de julio. La titular de Sanidad también informó a las autonomías de la nueva retroactividad de la dependencia.
Las prestaciones se dará no desde el momento en que se presenta la solicitud, sino desde su concesión.
Fuente : elcorreo.com
martes, 1 de junio de 2010
28 MILLONES PARA CONVERTIR A PENSIONISTAS EN "ENFERMEROS"
28 millones para convertir a pensionistas en 'enfermeros'
La promesa de agilizar la Ley de Dependencia es la última hoja caída del árbol electoral que aupó en su día al actual Gobierno socialista. El recortazo del Ejecutivo ha entrado de lleno en esta red de protección pública, y no sólo porque a partir de ahora los enfermos no cobrarán los atrasos derivados del tiempo que se tome la Administración en reconocer sus solicitudes.
Sanidad sigue dando pasos adelante para desarrollar la peculiar idea de convertir a pensionistas ya retirados en una especie de médicos de sus propios cónyuges o familiares enfermos.
La fórmula pasa por darles cursillos exprés de 15 horas y otras diez "voluntarias" que les avale como "cuidadores no profesionales", un atajo administrativo para aligerar las listas de espera al que el Ministerio de Trinidad Jiménez destinará 28,3 millones de euros en 2010, según las actas del último Comité Consultivo a las que ha accedido este diario.
Se trata de nueve veces más de lo que invertirá la Administración, a través de la Fundación Tripartita, a sufragar planes de formación orientados específicamente a personal sanitario.
La nueva partida escuece tanto a la patronal como a los sindicatos. Y es que la norma deja claro que el objetivo del cuarto pilar del Estado de Bienestar es procurar una atención profesional a los enfermos –mediante plazas en residencias, centros de día, etc.–
Sin embargo, la realidad va por otros derroteros: en la actualidad la mitad de las ayudas concedidas (el 49,3%) llega a las familias a través del formato cheque.
Esto es, la Administración les abona una cantidad mensual para que ellas mismas procuren a sus familiares la atención necesaria. Esta situación atrapa ya a 318.843 casos.
Y, lejos de ser un fenómeno en extinción, el Gobierno sigue dando cuerda a esta práctica. La razón es cien por cien económica, como los consejeros autonómicos han dejado en evidencia en las últimas reuniones con Sanidad. Algunas comunidades justifican que a menudo los familiares se sienten más cómodos vigilando de cerca a sus dependientes, en vez de dejarles en una residencia.
Pero a nadie se le escapa que esta fórmula casera ahorra importantes costes. Dar una paga en mano de entre 300 y 519 euros a los «cuidadores informales» es siempre más barato que costear una plaza residencial a los discapacitados (con precios que oscilan entre 1.400 y los 2.500 euros al mes, en función del territorio).
Toda esta pirueta se antoja especialmente paradójica si se tiene en cuenta que en 2011 el personal dedicado a la Ley de Dependencia tendrá que estar en posesión de un "certificado de profesionalidad", porcentaje que deberá llegar hasta el 100% en 2015, fecha en la que en teoría estará totalmente implantada la red de Dependencia.
Para que esto se cumpla, 40.000 profesionales deberían pasar por un curso de reciclaje este mismo año, un objetivo para el que harían falta, según las distintas patronales, alrededor de 100 millones.
Una vez más los números son tozudos. Lograr una Ley de Dependencia eficaz sale caro en un momento en el que el Ejecutivo busca recovecos para limar el déficit público. Los jubilados contribuirán a esta causa por dos vías: a la congelación de sus pensiones se une ahora esta nueva carga. La de cuidar prácticamente a coste cero a sus enfermos.
Sin reglas
La reciente documentación que ha compartido el Ministerio de Sanidad con los agentes sociales deja en evidencia que el 95% de las comunidades -todas menos Cantabria y Asturias- llevan dos años sin fijar "el porcentaje de copago" en su territorio; "los criterios de acreditación" de cuidadores no profesionales, y los "procedimientos de valoración" de los enfermos.
Nuevos criterios
El Departamento de Trinidad Jiménez se reunió ayer con las comunidades para anunciarles que las reglas de reparto de fondos sufrirán variaciones. El objetivo es beneficiar a las que demuestren más enfermos atendidos, en menoscabo de los tradicionales criterios de insularidad, número potencial de enfermos, etc, algo que ha irritado a la mayoría porque supondrá recortes.
Mínima subida
El Gobierno insiste en que la Ley de Dependencia es su bandera social. Para este año se vanaglorió de un incremento de los recursos a este fin de más del 30%. Pero lo cierto es que la subida real es del 2%: el Ejecutivo no tiene en cuenta que el año pasado fijó un fondo extra de 400 millones derivado del Plan E, por lo que la inversión global pasará de los 1.559 millones a los 1.581 millones.
Fuente : expansion.com
La promesa de agilizar la Ley de Dependencia es la última hoja caída del árbol electoral que aupó en su día al actual Gobierno socialista. El recortazo del Ejecutivo ha entrado de lleno en esta red de protección pública, y no sólo porque a partir de ahora los enfermos no cobrarán los atrasos derivados del tiempo que se tome la Administración en reconocer sus solicitudes.
Sanidad sigue dando pasos adelante para desarrollar la peculiar idea de convertir a pensionistas ya retirados en una especie de médicos de sus propios cónyuges o familiares enfermos.
La fórmula pasa por darles cursillos exprés de 15 horas y otras diez "voluntarias" que les avale como "cuidadores no profesionales", un atajo administrativo para aligerar las listas de espera al que el Ministerio de Trinidad Jiménez destinará 28,3 millones de euros en 2010, según las actas del último Comité Consultivo a las que ha accedido este diario.
Se trata de nueve veces más de lo que invertirá la Administración, a través de la Fundación Tripartita, a sufragar planes de formación orientados específicamente a personal sanitario.
La nueva partida escuece tanto a la patronal como a los sindicatos. Y es que la norma deja claro que el objetivo del cuarto pilar del Estado de Bienestar es procurar una atención profesional a los enfermos –mediante plazas en residencias, centros de día, etc.–
Sin embargo, la realidad va por otros derroteros: en la actualidad la mitad de las ayudas concedidas (el 49,3%) llega a las familias a través del formato cheque.
Esto es, la Administración les abona una cantidad mensual para que ellas mismas procuren a sus familiares la atención necesaria. Esta situación atrapa ya a 318.843 casos.
Y, lejos de ser un fenómeno en extinción, el Gobierno sigue dando cuerda a esta práctica. La razón es cien por cien económica, como los consejeros autonómicos han dejado en evidencia en las últimas reuniones con Sanidad. Algunas comunidades justifican que a menudo los familiares se sienten más cómodos vigilando de cerca a sus dependientes, en vez de dejarles en una residencia.
Pero a nadie se le escapa que esta fórmula casera ahorra importantes costes. Dar una paga en mano de entre 300 y 519 euros a los «cuidadores informales» es siempre más barato que costear una plaza residencial a los discapacitados (con precios que oscilan entre 1.400 y los 2.500 euros al mes, en función del territorio).
Toda esta pirueta se antoja especialmente paradójica si se tiene en cuenta que en 2011 el personal dedicado a la Ley de Dependencia tendrá que estar en posesión de un "certificado de profesionalidad", porcentaje que deberá llegar hasta el 100% en 2015, fecha en la que en teoría estará totalmente implantada la red de Dependencia.
Para que esto se cumpla, 40.000 profesionales deberían pasar por un curso de reciclaje este mismo año, un objetivo para el que harían falta, según las distintas patronales, alrededor de 100 millones.
Una vez más los números son tozudos. Lograr una Ley de Dependencia eficaz sale caro en un momento en el que el Ejecutivo busca recovecos para limar el déficit público. Los jubilados contribuirán a esta causa por dos vías: a la congelación de sus pensiones se une ahora esta nueva carga. La de cuidar prácticamente a coste cero a sus enfermos.
Sin reglas
La reciente documentación que ha compartido el Ministerio de Sanidad con los agentes sociales deja en evidencia que el 95% de las comunidades -todas menos Cantabria y Asturias- llevan dos años sin fijar "el porcentaje de copago" en su territorio; "los criterios de acreditación" de cuidadores no profesionales, y los "procedimientos de valoración" de los enfermos.
Nuevos criterios
El Departamento de Trinidad Jiménez se reunió ayer con las comunidades para anunciarles que las reglas de reparto de fondos sufrirán variaciones. El objetivo es beneficiar a las que demuestren más enfermos atendidos, en menoscabo de los tradicionales criterios de insularidad, número potencial de enfermos, etc, algo que ha irritado a la mayoría porque supondrá recortes.
Mínima subida
El Gobierno insiste en que la Ley de Dependencia es su bandera social. Para este año se vanaglorió de un incremento de los recursos a este fin de más del 30%. Pero lo cierto es que la subida real es del 2%: el Ejecutivo no tiene en cuenta que el año pasado fijó un fondo extra de 400 millones derivado del Plan E, por lo que la inversión global pasará de los 1.559 millones a los 1.581 millones.
Fuente : expansion.com
Suscribirse a:
Entradas (Atom)