El PP alerta del "retraso" en la valoración y el pago de las prestaciones de la Ley de Dependencia en Extremadura
El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura ha alertado del "retraso" que sufre la aplicación de la Ley de Dependencia en la región, tanto en la valoración de las personas como en el pago de las prestaciones una vez reconocidas.
La diputada regional y portavoz de PP de Extremadura en materia de Dependencia, Cristina Herrera, ha calificado de "chapuza" la aplicación en Extremadura de esta norma, que era "uno de los bastiones" del PSOE en la legislatura que ahora acaba.
Según los datos aportados por Herrera, a día de hoy "más de 6.400 extremeños están esperando a ser valorados en cuanto a su dependencia", una situación que "con es normal, con los medios que dice el PSOE que ha puesto" haya este número de personas sin valorar.
Además, y según ha explicado Herrera, el decreto del Gobierno central sobre esta ley establecía que la retroactividad en el pago de las prestaciones "solamente llevaba consigo seis meses, y a día de hoy hay personas que tardan entre nueve y 12 meses esperando, y la retroactividad no se le está pagando".
Por tanto, ha lamentado que estas personas "están esperando a que se les pague, y cuando se les paga no se está cumpliendo con la realidad".
SIN ABONAR EN ENERO Y FEBRERO
Además Herrera ha asegurado que aquellas personas que están ya evaluadas y que están recibiendo su prestación "han estado durante todo el mes de enero y febrero sin recibirla", lo que ha generado "gran angustia" para ellos y sus familiares.
Esta situación ha provocado que estas personas "como no sabían" cuándo les iban a pagar esta prestación, "algunos han tenido que cortar el servicio", ya que muchas personas mayores que cuentan con esta ayuda "viven de una pensión mínima" y por tanto, si no se les paga a tiempo, "no pueden hacer frente al pago de sus cuidadores".
Así, ha aseverado que la "paralización" en el pago de estas prestaciones supone "uno de los recortes sociales más importantes" que se están produciendo en la región extremeña.
Por todo ello, la diputada del PP ha explicado que Vara había asegurado que "esta iba a ser la legislatura de la dependencia", que permitiría atender a las personas en esta situación y crear puestos de trabajo, pero cuatro años después de empezar a aplicar esta ley, "Extremadura sigue siendo el furgón de cola" en este ámbito, en el que está "en la misma situación que en el año 2007".
Frente a esta situación, Herrera ha asegurado que si el PP gana las próximas elecciones autonómicas del 22 de mayo en Extremadura, "no habrá estos recortes sociales ni habrá paralización en el pago de estas prestaciones".
Y es que, según ha explicado la diputada del PP, en la actualidad, el proceso de valoración y reconocimiento de la prestación tarda "entre ocho y 12 meses" en Extremadura, algo que "no se puede consentir", y asegurado que, en caso de gobernar, el PP realizará este proceso "en tres meses", tal y como se está haciendo en otras comunidades autónomas.
Fuente : europapress.es/extremadura/noticia
viernes, 4 de marzo de 2011
CASTILLA LA MANCHA - APUESTA POR LA SANIDAD Y LA LEY DEPENDENCIA
La Junta apuesta por la Sanidad y la Ley de Dependencia como factores clave para aumentar y mejorar la calidad de vida de los mayores
XI Congreso de la Sociedad Castellano-Manchega de Geriatría y Gerontología
En los últimos años, las transferencias sanitarias y la apuesta por la Ley de la Dependencia, como nuevo pilar del estado del bienestar, han conseguido que en Castilla-La Mancha haya aumentado la esperanza de vida de los ancianos y que ese crecimiento haya estado acompañado de una mayor calidad de vida.
El director general de Atención Sanitaria y Calidad del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), Jesús Hernández, destacó esta mañana la “apuesta fuerte” del Gobierno de Castilla-La Mancha por la Sanidad y la Ley de Dependencia como dos factores fundamentales que en los últimos años han mejorado la vida de nuestros mayores.
Jesús Hernández, que participó en la inauguración del XI Congreso de la Sociedad Castellano-Manchega de Geriatría y Gerontología que se celebra hoy y mañana en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), manifestó que esa mejora en los servicios sanitarios, desde el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de las enfermedades, hasta la Ley de Dependencia, en la parte más social, han contribuido en los últimos años a aumentar la esperanza de vida y que ese incremento haya estado acompañado de una mayor calidad de vida.
Esta apuesta, dijo Hernández, ha sido desde la consciencia de la importancia que tiene la atención a los mayores, que en Castilla-La Mancha representan en torno al 18% de la población, con el fin de evitarles sufrimiento, dependencia física y psicológica y situaciones de soledad.
Un ejemplo de ello es el desarrollo de la Geriatría en el propio Hospital General ‘La Mancha Centro’, que ha pasado de no contar con ningún geriatra a tener, a raíz de las transferencias sanitarias, un Servicio compuesto por cinco especialistas que desarrollan una actividad muy importante en este área sanitaria. En estos momentos el hospital, que colabora en la organización de este congreso, prepara las acreditaciones para la formación de especialistas en Geriatría.
En el mismo sentido se pronunció el alcalde de Alcázar de San Juan, José Fernando Sánchez Bódalo, que asistió a la inauguración de este congreso y subrayó que la apuesta por políticas que priorizan la sanidad y el bienestar social han supuesto un salto en cantidad y calidad en los últimos diez años en la atención que se presta a la tercera edad ya que se ha pasado de no tener nada a contar con atención hospitalaria, servicios sociales y dependencia.
El XI Congreso de la Sociedad Castellano-Manchega de Geriatría y Gerontología reúne a 130 profesionales de toda la región que durante dos días se formarán en todo lo relativo a “Los trastornos afectivos del anciano”. Estas patologías, según la presidenta de la Sociedad, Mari Paz Jiménez, tienen gran importancia por su influencia en la calidad de vida del anciano y porque requieren un abordaje multidisciplinar.
Durante el congreso, expertos de Castilla-La Mancha y del resto del país pondrán en común aspectos relacionados con patologías como la depresión y la ansiedad, dos procesos muy prevalentes en los mayores, y también en otras como el trastorno bipolar o el insomnio, que conllevan un riesgo importante en el deterioro psíquico que posteriormente puede influir en la dependencia o en enfermedades físicas. Su objetivo, dijo, es evitar a los ancianos la dependencia y la incapacidad.
El congreso cuenta con un gran número de aportaciones científicas, comunicaciones, pósters y ponencias que se verán durante estos dos días y ha sido acreditado por el SESCAM con dos créditos
Fuente : lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha
XI Congreso de la Sociedad Castellano-Manchega de Geriatría y Gerontología
En los últimos años, las transferencias sanitarias y la apuesta por la Ley de la Dependencia, como nuevo pilar del estado del bienestar, han conseguido que en Castilla-La Mancha haya aumentado la esperanza de vida de los ancianos y que ese crecimiento haya estado acompañado de una mayor calidad de vida.
El director general de Atención Sanitaria y Calidad del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), Jesús Hernández, destacó esta mañana la “apuesta fuerte” del Gobierno de Castilla-La Mancha por la Sanidad y la Ley de Dependencia como dos factores fundamentales que en los últimos años han mejorado la vida de nuestros mayores.
Jesús Hernández, que participó en la inauguración del XI Congreso de la Sociedad Castellano-Manchega de Geriatría y Gerontología que se celebra hoy y mañana en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), manifestó que esa mejora en los servicios sanitarios, desde el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de las enfermedades, hasta la Ley de Dependencia, en la parte más social, han contribuido en los últimos años a aumentar la esperanza de vida y que ese incremento haya estado acompañado de una mayor calidad de vida.
Esta apuesta, dijo Hernández, ha sido desde la consciencia de la importancia que tiene la atención a los mayores, que en Castilla-La Mancha representan en torno al 18% de la población, con el fin de evitarles sufrimiento, dependencia física y psicológica y situaciones de soledad.
Un ejemplo de ello es el desarrollo de la Geriatría en el propio Hospital General ‘La Mancha Centro’, que ha pasado de no contar con ningún geriatra a tener, a raíz de las transferencias sanitarias, un Servicio compuesto por cinco especialistas que desarrollan una actividad muy importante en este área sanitaria. En estos momentos el hospital, que colabora en la organización de este congreso, prepara las acreditaciones para la formación de especialistas en Geriatría.
En el mismo sentido se pronunció el alcalde de Alcázar de San Juan, José Fernando Sánchez Bódalo, que asistió a la inauguración de este congreso y subrayó que la apuesta por políticas que priorizan la sanidad y el bienestar social han supuesto un salto en cantidad y calidad en los últimos diez años en la atención que se presta a la tercera edad ya que se ha pasado de no tener nada a contar con atención hospitalaria, servicios sociales y dependencia.
El XI Congreso de la Sociedad Castellano-Manchega de Geriatría y Gerontología reúne a 130 profesionales de toda la región que durante dos días se formarán en todo lo relativo a “Los trastornos afectivos del anciano”. Estas patologías, según la presidenta de la Sociedad, Mari Paz Jiménez, tienen gran importancia por su influencia en la calidad de vida del anciano y porque requieren un abordaje multidisciplinar.
Durante el congreso, expertos de Castilla-La Mancha y del resto del país pondrán en común aspectos relacionados con patologías como la depresión y la ansiedad, dos procesos muy prevalentes en los mayores, y también en otras como el trastorno bipolar o el insomnio, que conllevan un riesgo importante en el deterioro psíquico que posteriormente puede influir en la dependencia o en enfermedades físicas. Su objetivo, dijo, es evitar a los ancianos la dependencia y la incapacidad.
El congreso cuenta con un gran número de aportaciones científicas, comunicaciones, pósters y ponencias que se verán durante estos dos días y ha sido acreditado por el SESCAM con dos créditos
Fuente : lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha
jueves, 3 de marzo de 2011
LA AUDIENCIA NACIONAL ANULA LOS CRITERIOS PARA EL COPAGO EN LAS PRESTACIONES
La Audiencia Nacional anula los criterios para el copago en las prestaciones por dependencia
La Audiencia Nacional ha anulado el acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia por el que se fijaron los criterios de participación de los beneficiarios de la Ley de Dependencia en el coste de los servicios (el llamado “copago”), al entender que se trata de una “disposición general” que tendría que haber sido aprobada por el Gobierno a través de un real decreto.
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha tomado esta decisión al estimar parcialmente el recurso interpuesto por Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) contra el acuerdo adoptado el 27 de noviembre de 2008 por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Los magistrados de la Audiencia Nacional han decidido anular el acuerdo por haber incurrido en un defecto formal –debería haber sido aprobado por real decreto- pero no han entrado a valorar los criterios fijados para el copago. La decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
El citado acuerdo estableció “los criterio mínimos comunes de la participación económica” de los beneficiarios en las prestaciones del Sistema. Se fijaron así los mínimos que iban a regir el despliegue del Sistema a través de los correspondientes convenios con las comunidades autónomas.
La Ley de Dependencia prevé en su artículo 33 un sistema de financiación mixto de las prestaciones que contempla, en el que participan el Estado, las comunidades autónomas y los propios beneficiarios “según el tipo y el coste del servicio y su capacidad económica personal”, teniendo presente que esta capacidad económica “se tendrá también en cuenta para la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas”.
El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, creado a partir de la Ley de Dependencia, es el instrumento a través del cual se articula la cooperación de las administraciones para el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
Los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, presididos por José Félix Méndez destacan en la sentencia hecha pública hoy “la relevancia, eficacia y significación de los criterios de participación del beneficiario en el coste de los servicios”.
“Nos encontramos, por tanto, ante una verdadera disposición general”, señala la resolución. Los magistrados entienden por lo tanto que el acuerdo recurrido “se integra en el ordenamiento jurídico y tiene alcance general”.
Por todos estos motivos, la Audiencia Nacional considera que la administración “incurrió en una omisión del procedimiento” ya que se debería haber aprobado a través de un real decreto.
Esta omisión de procedimiento “determina su nulidad de pleno derecho”.
Fuente : diariosigloxxi.com
La Audiencia Nacional ha anulado el acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia por el que se fijaron los criterios de participación de los beneficiarios de la Ley de Dependencia en el coste de los servicios (el llamado “copago”), al entender que se trata de una “disposición general” que tendría que haber sido aprobada por el Gobierno a través de un real decreto.
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha tomado esta decisión al estimar parcialmente el recurso interpuesto por Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) contra el acuerdo adoptado el 27 de noviembre de 2008 por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Los magistrados de la Audiencia Nacional han decidido anular el acuerdo por haber incurrido en un defecto formal –debería haber sido aprobado por real decreto- pero no han entrado a valorar los criterios fijados para el copago. La decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
El citado acuerdo estableció “los criterio mínimos comunes de la participación económica” de los beneficiarios en las prestaciones del Sistema. Se fijaron así los mínimos que iban a regir el despliegue del Sistema a través de los correspondientes convenios con las comunidades autónomas.
La Ley de Dependencia prevé en su artículo 33 un sistema de financiación mixto de las prestaciones que contempla, en el que participan el Estado, las comunidades autónomas y los propios beneficiarios “según el tipo y el coste del servicio y su capacidad económica personal”, teniendo presente que esta capacidad económica “se tendrá también en cuenta para la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas”.
El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, creado a partir de la Ley de Dependencia, es el instrumento a través del cual se articula la cooperación de las administraciones para el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
Los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, presididos por José Félix Méndez destacan en la sentencia hecha pública hoy “la relevancia, eficacia y significación de los criterios de participación del beneficiario en el coste de los servicios”.
“Nos encontramos, por tanto, ante una verdadera disposición general”, señala la resolución. Los magistrados entienden por lo tanto que el acuerdo recurrido “se integra en el ordenamiento jurídico y tiene alcance general”.
Por todos estos motivos, la Audiencia Nacional considera que la administración “incurrió en una omisión del procedimiento” ya que se debería haber aprobado a través de un real decreto.
Esta omisión de procedimiento “determina su nulidad de pleno derecho”.
Fuente : diariosigloxxi.com
miércoles, 2 de marzo de 2011
MADRID - IU DENUNCIA: CASI LA MITAD DE SOLICITANTES NO RECIBEN PRESTACIÓN
IU denuncia que casi la mitad de los solicitantes de ayuda por dependencia no reciben la prestación
El portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo, dijo hoy que el hecho de que el Gobierno regional esté valorando a las personas que hayan solicitado la ayuda de la Ley de Dependencia “no significa que tengan un recurso asignado” y denunció que, de las 134.937 personas que lo solicitaron, sólo 69.400 reciben algún tipo de prestación.
Gordo, en respuesta al vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, quien hoy afirmó que la Comunidad de Madrid ya ha valorado al 95 por ciento de los solicitantes de ayuda de la Ley de Dependencia y que se atienden 150 nuevos dependientes al día, indicó que “la realidad es que la lista de espera de personas dependientes es cada vez mayor”.
Dijo que el Gobierno presidido por Esperanza Aguirre “está haciendo valoraciones a la baja” de las personas dependientes, de forma que se les ofrece un recursos inferior al que necesitan, por ejemplo un centro de día en lugar de una residencia.
El lema de la Comunidad es “o aceptas el recurso, aunque no es el que te corresponda, o solicitas una nueva valoración y se dilate el proceso”, apuntó el portavoz de IU.
Asimismo, afirmó que “muchas de las personas que la Comunidad de Madrid incluye entre los atendidos ya tenían el recurso asignado por la Ley de Servicios Sociales”, por lo que recriminó al Gobierno regional que compute "a estas personas como nuevos perceptores de un recurso y mientras deje a los nuevos solicitantes en lista de espera”.
Por último, explicó que “hay personas mayores que llevan más de dos años esperando para recibir un recurso” y señaló que “es lamentable que, una vez más, el Gobierno de Aguirre recorte los recursos sociales especialmente en este momento de crisis, que es cuando más los necesitan los madrileños”.
Fuente : diariosigloxxi.com
El portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo, dijo hoy que el hecho de que el Gobierno regional esté valorando a las personas que hayan solicitado la ayuda de la Ley de Dependencia “no significa que tengan un recurso asignado” y denunció que, de las 134.937 personas que lo solicitaron, sólo 69.400 reciben algún tipo de prestación.
Gordo, en respuesta al vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, quien hoy afirmó que la Comunidad de Madrid ya ha valorado al 95 por ciento de los solicitantes de ayuda de la Ley de Dependencia y que se atienden 150 nuevos dependientes al día, indicó que “la realidad es que la lista de espera de personas dependientes es cada vez mayor”.
Dijo que el Gobierno presidido por Esperanza Aguirre “está haciendo valoraciones a la baja” de las personas dependientes, de forma que se les ofrece un recursos inferior al que necesitan, por ejemplo un centro de día en lugar de una residencia.
El lema de la Comunidad es “o aceptas el recurso, aunque no es el que te corresponda, o solicitas una nueva valoración y se dilate el proceso”, apuntó el portavoz de IU.
Asimismo, afirmó que “muchas de las personas que la Comunidad de Madrid incluye entre los atendidos ya tenían el recurso asignado por la Ley de Servicios Sociales”, por lo que recriminó al Gobierno regional que compute "a estas personas como nuevos perceptores de un recurso y mientras deje a los nuevos solicitantes en lista de espera”.
Por último, explicó que “hay personas mayores que llevan más de dos años esperando para recibir un recurso” y señaló que “es lamentable que, una vez más, el Gobierno de Aguirre recorte los recursos sociales especialmente en este momento de crisis, que es cuando más los necesitan los madrileños”.
Fuente : diariosigloxxi.com
CERMI PIDE QUE EL GRADO DE DISCAPACIDAD SEA COMPETENCIA JURISDICCIÓN SOCIAL
El CERMI pide que el grado de discapacidad sea competencia de la Jurisdicción Social
Asegura que los periodos de tramitación son más breves que por la vía Contencioso-Administrativa
El sector social de la discapacidad, representado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado un documento de propuestas al proyecto de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en trámite en el Congreso, con el objetivo de dar seguridad jurídica a la inclusión de los actos de reconocimiento del grado de discapacidad y dependencia por la vía social.
Teniendo en cuenta que el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del Sistema regulado por la Ley se ha atribuido hasta el momento a la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, el CERMI considera que “no es el orden jurisdiccional más adecuado para ejercer el control judicial sobre la actividad administrativa en este orden”.
En este sentido, el Comité explica que lo que se busca es una coherencia en la organización de los órdenes jurisdiccionales, siendo la Jurisdicción Social, el orden competente en relación al control judicial de los actos administrativos de la Seguridad Social, así como del reconocimiento del grado de discapacidad o de dependencia.
“Las prestaciones en materia de protección de las situaciones de dependencia se configuran como un auténtico sistema de derechos”, afirma. Por ello, continúa, “guarda similitudes evidentes con el del reconocimiento del grado de discapacidad o con el sistema de prestaciones económicas de la Seguridad Social, cuya competencia la tiene la Jurisdicción Social”.
Asimismo, el CERMI considera que existe, por tanto, una conveniencia de lograr la mayor congruencia y armonización posible de las decisiones jurisdiccionales; así como que exige una mayor celeridad para los procedimientos en el orden social, por cuanto afectan a derechos sociales, cuya satisfacción efectiva requiere rápida respuesta judicial.
De lo contrario, añade, “se frustraría la propia finalidad de la Ley, que es atender situaciones de necesidad, en muchos casos de personas cuya esperanza de vida puede ser limitada, por razón de edad avanzada, que precisa ser satisfecha de forma casi inmediata y personal”.
Así, el CERMI expone que “ir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa supone esperar de 4 a 5 años a la resolución definitiva, mientras en la jurisdicción social, el periodo de tramitación para cuestiones no urgentes, que habitualmente no llega a un año, el procedimiento es breve y se regula en un solo acto”.
Para el CERMI, es cuestión de “justicia social”, ya que, según afirma, “la justicia que no llega es justicia que no sirve”. “De acuerdo con el Sistema de Información del SAAD, el 79,38% de los solicitantes de valoración de la situación de dependencia tiene más de 65 años de edad; y el 53,02% son personas mayores de 80 años”.
Por ello, “las personas que recurren, en vía contencioso-administrativa, una solución de valoración de la situación de dependencia, tienen una esperanza de vida media bastante reducida (no más de tres años si son hombres, y no más de 4 años si son mujeres), que hacen que el tiempo medio de resolución de los recursos en esta jurisdicción no les garantice el disfrute en vida de los resultados de su reclamación”.
Por otra parte, el CERMI, en relación a la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad, aunque el proyecto de Ley no excluye expresamente el acto administrativo de reconocimiento del grado de discapacidad de la Jurisdicción Social, también propone que, “dar seguridad jurídica a la inclusión de estos actos”, ya que, según el Comité, “existen dudas sobre la interpretación que los Tribunales pueden dar en un futuro al artículo de la Ley que excluye expresamente los actos administrativos de asistencia y protección social públicas”.
Fuente : solidaridaddigital.discapnet.es
Asegura que los periodos de tramitación son más breves que por la vía Contencioso-Administrativa
El sector social de la discapacidad, representado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado un documento de propuestas al proyecto de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en trámite en el Congreso, con el objetivo de dar seguridad jurídica a la inclusión de los actos de reconocimiento del grado de discapacidad y dependencia por la vía social.
Teniendo en cuenta que el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del Sistema regulado por la Ley se ha atribuido hasta el momento a la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, el CERMI considera que “no es el orden jurisdiccional más adecuado para ejercer el control judicial sobre la actividad administrativa en este orden”.
En este sentido, el Comité explica que lo que se busca es una coherencia en la organización de los órdenes jurisdiccionales, siendo la Jurisdicción Social, el orden competente en relación al control judicial de los actos administrativos de la Seguridad Social, así como del reconocimiento del grado de discapacidad o de dependencia.
“Las prestaciones en materia de protección de las situaciones de dependencia se configuran como un auténtico sistema de derechos”, afirma. Por ello, continúa, “guarda similitudes evidentes con el del reconocimiento del grado de discapacidad o con el sistema de prestaciones económicas de la Seguridad Social, cuya competencia la tiene la Jurisdicción Social”.
Asimismo, el CERMI considera que existe, por tanto, una conveniencia de lograr la mayor congruencia y armonización posible de las decisiones jurisdiccionales; así como que exige una mayor celeridad para los procedimientos en el orden social, por cuanto afectan a derechos sociales, cuya satisfacción efectiva requiere rápida respuesta judicial.
De lo contrario, añade, “se frustraría la propia finalidad de la Ley, que es atender situaciones de necesidad, en muchos casos de personas cuya esperanza de vida puede ser limitada, por razón de edad avanzada, que precisa ser satisfecha de forma casi inmediata y personal”.
Así, el CERMI expone que “ir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa supone esperar de 4 a 5 años a la resolución definitiva, mientras en la jurisdicción social, el periodo de tramitación para cuestiones no urgentes, que habitualmente no llega a un año, el procedimiento es breve y se regula en un solo acto”.
Para el CERMI, es cuestión de “justicia social”, ya que, según afirma, “la justicia que no llega es justicia que no sirve”. “De acuerdo con el Sistema de Información del SAAD, el 79,38% de los solicitantes de valoración de la situación de dependencia tiene más de 65 años de edad; y el 53,02% son personas mayores de 80 años”.
Por ello, “las personas que recurren, en vía contencioso-administrativa, una solución de valoración de la situación de dependencia, tienen una esperanza de vida media bastante reducida (no más de tres años si son hombres, y no más de 4 años si son mujeres), que hacen que el tiempo medio de resolución de los recursos en esta jurisdicción no les garantice el disfrute en vida de los resultados de su reclamación”.
Por otra parte, el CERMI, en relación a la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad, aunque el proyecto de Ley no excluye expresamente el acto administrativo de reconocimiento del grado de discapacidad de la Jurisdicción Social, también propone que, “dar seguridad jurídica a la inclusión de estos actos”, ya que, según el Comité, “existen dudas sobre la interpretación que los Tribunales pueden dar en un futuro al artículo de la Ley que excluye expresamente los actos administrativos de asistencia y protección social públicas”.
Fuente : solidaridaddigital.discapnet.es
CASTILLA LA MANCHA - COMPATIBLE LA DEUDA PÚBLICA CON PRESTACIÓN DE SERVICIOS
C-LM insiste en la necesidad de hacer compatible la deuda pública con la prestación de los servicios
La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, ha insistido este miércoles en que este Ejecutivo tiene "muy claro" que "es necesario hacer compatible la deuda pública con la prestación de los servicios" como está haciendo esta Comunidad Autónoma, a diferencia de otras como la Comunidad de Madrid, que tiene menos deuda pero "no aplica la Ley de Dependencia y está despidiendo a profesores de las aulas públicas".
Rodríguez ha respondido así, a preguntas de los medios, por el hecho de que Castilla-La Mancha sea una de las cuatro comunidades autónomas que cerraron el ejercicio 2010 con desviaciones "considerables" del déficit, según los datos avanzados este martes por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, quien aseguró que esta región es la que peor se ha comportado.
Según ha explicado Rodríguez, los datos que se conocieron "tampoco son una novedad ni dicen nada nuevo" respecto a lo que ya se conocía el último trimestre de 2010, y ha agregado que las cifras globales aportadas por Salgado han sido medidas en términos de contabilidad nacional y "serán definitivas en otoño de 2011".
Sin embargo, ha aclarado la portavoz, si se analizan "en relación a los datos de ejecución presupuestaria, el déficit se sitúa en torno a un 5,1 por ciento", lo que significa que en el último semestre se ha producido "un ajuste" del 4,8 al 5,1 por ciento, lo que supone un crecimiento de sólo tres décimas con el que "se entiende que están siendo eficaces todas las medias que estamos aplicando", a través del Plan de Consolidación de las Finanzas y los Servicios Públicos
Fuente : europapress.es/nacional/noticia
La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, ha insistido este miércoles en que este Ejecutivo tiene "muy claro" que "es necesario hacer compatible la deuda pública con la prestación de los servicios" como está haciendo esta Comunidad Autónoma, a diferencia de otras como la Comunidad de Madrid, que tiene menos deuda pero "no aplica la Ley de Dependencia y está despidiendo a profesores de las aulas públicas".
Rodríguez ha respondido así, a preguntas de los medios, por el hecho de que Castilla-La Mancha sea una de las cuatro comunidades autónomas que cerraron el ejercicio 2010 con desviaciones "considerables" del déficit, según los datos avanzados este martes por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, quien aseguró que esta región es la que peor se ha comportado.
Según ha explicado Rodríguez, los datos que se conocieron "tampoco son una novedad ni dicen nada nuevo" respecto a lo que ya se conocía el último trimestre de 2010, y ha agregado que las cifras globales aportadas por Salgado han sido medidas en términos de contabilidad nacional y "serán definitivas en otoño de 2011".
Sin embargo, ha aclarado la portavoz, si se analizan "en relación a los datos de ejecución presupuestaria, el déficit se sitúa en torno a un 5,1 por ciento", lo que significa que en el último semestre se ha producido "un ajuste" del 4,8 al 5,1 por ciento, lo que supone un crecimiento de sólo tres décimas con el que "se entiende que están siendo eficaces todas las medias que estamos aplicando", a través del Plan de Consolidación de las Finanzas y los Servicios Públicos
Fuente : europapress.es/nacional/noticia
CASTILLA LA MANCHA - 1.000 INCORPORACIONES EN FEBRERO
Mil nuevas personas se han incorporado en febrero a Ley Dependencia en CLM
Un millar de personas se han incorporado el pasado mes de febrero a los servicios de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, hasta superar la cifra de 39.000 beneficiarios.
Según los datos ofrecidos hoy por el consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, las personas con prestación a cargo de la Ley de Dependencia han pasado de 37.936 a finales de enero a 39.050 a finales de febrero, es decir, hasta ayer.
Asimismo, y según los datos aportados por Lamata, el número de prestaciones han aumentado en el mismo periodo en 1.700, al pasarse de las 50.932 a 52.551 en este último mes de febrero.
Además, se trata de prestaciones que "se estaban poniendo en duda", como son las del grado 1-nivel 2, que en la región se han empezado a aplicar en enero, ha dicho.
Los beneficiarios de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha son en el 75% de los casos mayores de sesenta y cinco años.
En la comunidad autónoma hay unas 370.000 personas con más de 65 años, lo que representa el 18% de la población.
Estos datos los ha ofrecido Lamata durante la presentación del Plan Integral de las Personas Mayores antes de que fuera tratado en el Consejo de Gobierno, al igual que el denominado Plan Mayor Seguridad.
Fuente : abc.es
Un millar de personas se han incorporado el pasado mes de febrero a los servicios de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, hasta superar la cifra de 39.000 beneficiarios.
Según los datos ofrecidos hoy por el consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, las personas con prestación a cargo de la Ley de Dependencia han pasado de 37.936 a finales de enero a 39.050 a finales de febrero, es decir, hasta ayer.
Asimismo, y según los datos aportados por Lamata, el número de prestaciones han aumentado en el mismo periodo en 1.700, al pasarse de las 50.932 a 52.551 en este último mes de febrero.
Además, se trata de prestaciones que "se estaban poniendo en duda", como son las del grado 1-nivel 2, que en la región se han empezado a aplicar en enero, ha dicho.
Los beneficiarios de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha son en el 75% de los casos mayores de sesenta y cinco años.
En la comunidad autónoma hay unas 370.000 personas con más de 65 años, lo que representa el 18% de la población.
Estos datos los ha ofrecido Lamata durante la presentación del Plan Integral de las Personas Mayores antes de que fuera tratado en el Consejo de Gobierno, al igual que el denominado Plan Mayor Seguridad.
Fuente : abc.es
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