1.500 expedientes de dependencia de 2007 y 2008 están atascados
El Consell traslada a las plataformas de afectados que pagarán a mes vencido
Unos 1.500 expedientes de personas que solicitaron las prestaciones que contempla la ley de Dependencia durante los años 2007 y 2008 se encuentran encallados en la burocracia de los despachos de la Consejería de Justicia y Bienestar Social y pendientes de resolver. Unos 500 corresponden a solicitudes de 2007 y otros 1.000 son de 2008. Ello supone que hay personas que presentaron la solicitud el año en el que la norma comenzó su andadura (2007) y aún se encuentran a la espera de una respuesta de la Administración. Otros, correspondientes a los dos años, habrán fallecido durante el proceso.
Bienestar Social culpa al Gobierno de los problemas de financiación
El departamento que dirige Jorge Cabré trasladó ayer esta información a las plataformas provinciales que agrupan a los dependientes y sus familiares en una reunión que mantuvieron en las dependencias de la consejería.
El encuentro, que según los miembros de las entidades ciudadanas transcurrió en un ambiente de cordialidad por parte del consejero, sirvió para confirmar una situación que afecta a todas las parcelas de gobierno de la Generalitat, y que consiste en que "no hay dinero", como apuntó el coordinador de las plataformas Jaime-Esteban García. Cabré se excusó al indicar que el día de pago no es de su competencia ya que "depende de una orden de Tesorería".
Todo ello se ha traducido no solo en un notable retraso en el pago de las prestaciones a las personas a las que se les ha reconocido el derecho a percibirlas, sino en una demora en la liquidación a quienes ya habían comenzado a cobrar las ayudas, una situación que se hace más evidente en el caso del pago a los cuidadores familiares. A este respecto, la consejería admitió los problemas de caja que tiene, relacionados con la falta de liquidez generalizada en la hacienda valenciana, y se comprometió a pagar durante el mes siguiente al correspondiente a las ayudas. De esta forma, las prestaciones de septiembre se pagarán a lo largo de todo el mes de octubre.
La consejería responsabilizó de esta situación al Gobierno central, al que acusó de no asumir la responsabilidad que le corresponde en la financiación de la ley y hacer cargar la mayoría del peso económico a la Generalitat.
En el encuentro, Bienestar Social se comprometió a reconocer la retroactividad en el pago de en todos los expedientes aprobados a partir de marzo de 2011. Las personas a las que se les concedieron las ayudas antes de esta fecha tendrán que recurrir para poder recibir las prestaciones.
Los representantes de las distintas plataformas valoraron "la voluntad de explicación, de hacerse entender y el interés y las ganas de colaborar" del consejero, pero recordaron que su política es "continuista" respecto a sus antecesores.
Por su parte, el consejero avanzó que la asignación para atender a la dependencia "no se verá reducida en los presupuestos de la Generalitat para 2012". La Generalitat financia 50.527 prestaciones para 43.922 personas, comentó. Además, añadió que el último año la Administración ha aumentado un 51% las prestaciones con una caída de ingresos del Estado del 18%.
Fuente : elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana
lunes, 3 de octubre de 2011
MADRID - CONSEJERO DE ASUNTOS SOCIALES DISPUESTO A "IR A PLEITO"
Salvador Victoria, dispuesto a ir a pleito para reclamar al Gobierno el dinero que le corresponde poner para dependencia
El consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, se ha mostrado dispuesto a "ir a pleito" para reclamar al Gobierno central el dinero que le corresponde pagar con motivo de la Ley de Dependencia.
En declaraciones a Europa Press, Victoria ha explicado que, aunque al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad le corresponde aportar el 50 por ciento de la financiación, sólo está poniendo el 20 por ciento mientras que la Comunidad de Madrid paga el 80 por ciento restante.
"El Estado ha puesto en marcha una Ley y tendrá que hacerse responsable de la parte que tiene que financiar. Si hay que ir a pleito, por supuesto que iremos. No descarto ningún tipo de medida, no sólo política sino también judicial, para reclamar la parte que corresponde", ha subrayado el consejero, al tiempo que ha remarcado que no reclama "para la administración sino para los dependientes".
En cualquier caso, se ha mostrado esperanzado con respecto a un posible cambio de Gobierno como consecuencia de las elecciones del próximo 20 de noviembre. "Espero que el nuevo ministro sea más sensible que la ministra actual y sea él el primero que dé un paso para sensibilizarse con la situación de los dependientes en toda España", ha deseado.
Y es que, según ha explicado, una de las primeras cosas que hizo al llegar al cargo este año fue "pedir una reunión a la ministra para hablar de financiación" sin que se haya producido ese encuentro.
EL 83,3% RECIBEN SUS PRESTACIONES
Victoria ha dado a conocer los últimos datos de valorados en la Comunidad de Madrid, que ascienden al 97 por ciento y ha cuantificado en un 83,3 por ciento el porcentaje de personas que "reciben ya una prestación". "Estamos 13 puntos por encima de la media nacional, que está en un 70 por ciento de atención", ha apostillado.
No obstante, el consejero ha reconocido que "hay que mejorar porque hay casi un 17 por ciento de madrileños valorados que todavía no están siendo atendidos". "Si a mí el Estado me pagara el 50 por ciento del dinero, seguramente ya estaría atendido ese 17 por ciento de dependientes", ha lamentado.
"Del 83,3 por ciento de atendidos, hay que destacar dos cosas: el 30 por ciento recibe más de una prestación, siempre que sean compatibles; y, en segundo lugar, la apuesta de la Comunidad por prestaciones de calidad", ha precisado.
"Mientras que comunidades como Andalucía dan un 'taloncito', aquí somos la comunidad con más plazas residenciales de toda España (una de cada cinco está en Madrid) y la segunda en ayuda a domicilio en teleasistencia", ha concluido.
Fuente : lavanguardia.com/local/madrid
El consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, se ha mostrado dispuesto a "ir a pleito" para reclamar al Gobierno central el dinero que le corresponde pagar con motivo de la Ley de Dependencia.
En declaraciones a Europa Press, Victoria ha explicado que, aunque al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad le corresponde aportar el 50 por ciento de la financiación, sólo está poniendo el 20 por ciento mientras que la Comunidad de Madrid paga el 80 por ciento restante.
"El Estado ha puesto en marcha una Ley y tendrá que hacerse responsable de la parte que tiene que financiar. Si hay que ir a pleito, por supuesto que iremos. No descarto ningún tipo de medida, no sólo política sino también judicial, para reclamar la parte que corresponde", ha subrayado el consejero, al tiempo que ha remarcado que no reclama "para la administración sino para los dependientes".
En cualquier caso, se ha mostrado esperanzado con respecto a un posible cambio de Gobierno como consecuencia de las elecciones del próximo 20 de noviembre. "Espero que el nuevo ministro sea más sensible que la ministra actual y sea él el primero que dé un paso para sensibilizarse con la situación de los dependientes en toda España", ha deseado.
Y es que, según ha explicado, una de las primeras cosas que hizo al llegar al cargo este año fue "pedir una reunión a la ministra para hablar de financiación" sin que se haya producido ese encuentro.
EL 83,3% RECIBEN SUS PRESTACIONES
Victoria ha dado a conocer los últimos datos de valorados en la Comunidad de Madrid, que ascienden al 97 por ciento y ha cuantificado en un 83,3 por ciento el porcentaje de personas que "reciben ya una prestación". "Estamos 13 puntos por encima de la media nacional, que está en un 70 por ciento de atención", ha apostillado.
No obstante, el consejero ha reconocido que "hay que mejorar porque hay casi un 17 por ciento de madrileños valorados que todavía no están siendo atendidos". "Si a mí el Estado me pagara el 50 por ciento del dinero, seguramente ya estaría atendido ese 17 por ciento de dependientes", ha lamentado.
"Del 83,3 por ciento de atendidos, hay que destacar dos cosas: el 30 por ciento recibe más de una prestación, siempre que sean compatibles; y, en segundo lugar, la apuesta de la Comunidad por prestaciones de calidad", ha precisado.
"Mientras que comunidades como Andalucía dan un 'taloncito', aquí somos la comunidad con más plazas residenciales de toda España (una de cada cinco está en Madrid) y la segunda en ayuda a domicilio en teleasistencia", ha concluido.
Fuente : lavanguardia.com/local/madrid
EXTREMADURA - OFICINA EN DEFENSA DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES
Abren la primera oficina extremeña en defensa de las personas dependientes
El sindicato UGT ha abierto en Cáceres la primera oficina de Extremadura especializada en la atención de personas dependientes o con discapacidad, unas instalaciones que quieren reducir las dificultades de los usuarios para el reconocimiento de su discapacidad por parte de la administración.
En concreto, la oficina desea reducir los tiempos de espera a los que se enfrentan las personas que piden una ayuda al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), según ha explicado el secretario de Acción Social de UGT Extremadura, Nereo Ramírez, en rueda de prensa.
La oficina ofrecerá estos servicios de manera gratuita, mientras que los ciudadanos interesados en recibir asesoramiento jurídico especializado en esta materia deberán afiliarse.
Ramírez ha comparecido en compañía del secretario de la unión comarcal de Cáceres del sindicato, Alejando Alonso, quien ha insistido en que la prestación por dependencia es un derecho reconocido por la Ley de Dependencia extremeña.
Según ha dicho, supone además uno de los "refugios" que generan empleo y facilitan la propia autonomía de los familiares con personas a su cargo.
Las oficinas, que funcionan desde hoy en la sede del sindicato en Cáceres, serán gestionadas por afiliados al sindicato, que trabajarán de manera voluntaria sin recibir una remuneración.
Las instalaciones funcionarán en horario de mañana, de lunes a viernes, y no estarán financiadas por ninguna administración pública, han explicado los representantes sindicales.
Por otro lado, el secretario de Acción Social de UGT ha señalado que la iniciativa se incluye en una campaña de ámbito estatal en defensa del estado de bienestar que lidera esta organización junto con CCOO.
Según ha recalcado, se han planteado una serie de recortes que pueden mermar los "cimientos del estado de bienestar", de manera que la oficina quiere "hacer valer" el derecho que tienen los enfermos a la atención a la dependencia en el caso de Extremadura.
El responsable sindical ha destacado que "existen comunidades autónomas que están atentando contra el estado de bienestar", en referencia a la educación en Madrid y la sanidad en Cataluña
Fuente : abc.es
El sindicato UGT ha abierto en Cáceres la primera oficina de Extremadura especializada en la atención de personas dependientes o con discapacidad, unas instalaciones que quieren reducir las dificultades de los usuarios para el reconocimiento de su discapacidad por parte de la administración.
En concreto, la oficina desea reducir los tiempos de espera a los que se enfrentan las personas que piden una ayuda al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), según ha explicado el secretario de Acción Social de UGT Extremadura, Nereo Ramírez, en rueda de prensa.
La oficina ofrecerá estos servicios de manera gratuita, mientras que los ciudadanos interesados en recibir asesoramiento jurídico especializado en esta materia deberán afiliarse.
Ramírez ha comparecido en compañía del secretario de la unión comarcal de Cáceres del sindicato, Alejando Alonso, quien ha insistido en que la prestación por dependencia es un derecho reconocido por la Ley de Dependencia extremeña.
Según ha dicho, supone además uno de los "refugios" que generan empleo y facilitan la propia autonomía de los familiares con personas a su cargo.
Las oficinas, que funcionan desde hoy en la sede del sindicato en Cáceres, serán gestionadas por afiliados al sindicato, que trabajarán de manera voluntaria sin recibir una remuneración.
Las instalaciones funcionarán en horario de mañana, de lunes a viernes, y no estarán financiadas por ninguna administración pública, han explicado los representantes sindicales.
Por otro lado, el secretario de Acción Social de UGT ha señalado que la iniciativa se incluye en una campaña de ámbito estatal en defensa del estado de bienestar que lidera esta organización junto con CCOO.
Según ha recalcado, se han planteado una serie de recortes que pueden mermar los "cimientos del estado de bienestar", de manera que la oficina quiere "hacer valer" el derecho que tienen los enfermos a la atención a la dependencia en el caso de Extremadura.
El responsable sindical ha destacado que "existen comunidades autónomas que están atentando contra el estado de bienestar", en referencia a la educación en Madrid y la sanidad en Cataluña
Fuente : abc.es
domingo, 2 de octubre de 2011
C.VALENCIANA - RESOLUCIÓN EXPEDIENTE DE UNA FALLECIDA
El Síndic pide al Consell que dé las ayudas a una mujer fallecida dependiente.
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, recomendó ayer a la Conselleria de Justicia y Bienestar Social que proceda, "a la mayor brevedad posible", a resolver el expediente de una mujer dependiente fallecida, reconociendo las prestaciones económicas que le hubieran correspondido desde el día siguiente al de la solicitud (15 de enero de 2009) hasta la fecha de su muerte (24 de febrero de 2011) y se notifique a los familiares.
El Síndic realizó esta recomendación tras la queja de la hija de fallecida, en la que le indicaba que el 15 de enero de 2009 solicitó la valoración de su madre, a efectos de percibir las ayudas y prestaciones previstas en la Ley de Dependencia.
Sin embargo, la mujer dependiente murió el pasado 24 de febrero, sin que se hubiese resuelto su expediente y, por lo tanto, sin que se le hubiesen reconocido las ayudas y prestaciones.
José Cholbí señala que el Consell aprobó el Decreto 18/2011, el 25 de febrero, por el que se establece el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes, y señala que el plazo máximo para resolver es de seis meses, mientras que los efectos económicos de la resolución favorable lo son desde el día siguiente a la presentación de la solicitud.
El defensor del pueblo valenciano destaca que "la falta de cumplimiento de los plazos para resolver expedientes conlleva la inobservancia de la normativa aplicable al respecto", puesto que vulnera lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo.
Fuente : levante-emv.com/comunitat-valenciana
El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, recomendó ayer a la Conselleria de Justicia y Bienestar Social que proceda, "a la mayor brevedad posible", a resolver el expediente de una mujer dependiente fallecida, reconociendo las prestaciones económicas que le hubieran correspondido desde el día siguiente al de la solicitud (15 de enero de 2009) hasta la fecha de su muerte (24 de febrero de 2011) y se notifique a los familiares.
El Síndic realizó esta recomendación tras la queja de la hija de fallecida, en la que le indicaba que el 15 de enero de 2009 solicitó la valoración de su madre, a efectos de percibir las ayudas y prestaciones previstas en la Ley de Dependencia.
Sin embargo, la mujer dependiente murió el pasado 24 de febrero, sin que se hubiese resuelto su expediente y, por lo tanto, sin que se le hubiesen reconocido las ayudas y prestaciones.
José Cholbí señala que el Consell aprobó el Decreto 18/2011, el 25 de febrero, por el que se establece el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes, y señala que el plazo máximo para resolver es de seis meses, mientras que los efectos económicos de la resolución favorable lo son desde el día siguiente a la presentación de la solicitud.
El defensor del pueblo valenciano destaca que "la falta de cumplimiento de los plazos para resolver expedientes conlleva la inobservancia de la normativa aplicable al respecto", puesto que vulnera lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo.
Fuente : levante-emv.com/comunitat-valenciana
LOS DEPENDIENTES IMPOTENTES ANTE EL IMPAGO
Los dependientes se ven impotentes ante el impago
Castilla-La Mancha (PP) lleva tres meses sin pagar las dotaciones a los beneficiarios
El País Valencià era una de las autonomías que peor gestionaban el sistema de dependencia, hasta que los impagos de Cospedal han superado cualquier expectativa. juan navarro
El concepto de derecho subjetivo pierde toda su fuerza cuando su incumplimiento empuja al ciudadano a acudir a la justicia como único recurso. Por eso se sienten impotentes los dependientes de Castilla-La Mancha, que desde hace tres meses no cobran las ayudas económicas que les corresponden. Sí, en un papel consta que son beneficiarios de un derecho garantizado por ley, pero ¿qué pasa cuando la Administración no lo hace efectivo? ¿Qué pasa cuando sus quejas chocan contra un muro, cuando su autonomía dice que no tiene dinero para pagarles lo que les corresponde?
Por mucha fuerza legal que tenga el derecho subjetivo, en la práctica sólo un juez puede obligar a una Administración a cumplirlo. Y eso implica tiempo y mucha fuerza moral. El dependiente debería presentar un recurso de alzada contra la Administración. Si en tres meses esta no resuelve, la persona dependiente tiene seis meses para acudir a un juzgado de lo contencioso-administrativo. Si la Administración contesta pero el dependiente no queda satisfecho, tiene dos meses para reclamar a los juzgados, detalla la abogada miembro del foro Justicia y Discapacidad, Josefa García.
La única vía para exigir el derecho subjetivo es recurrir a los tribunales
La lentitud de la justicia
Pero la justicia española no brilla por su rapidez y los familiares de dependientes no tienen tiempo, ganas ni recursos económicos para afrontar un proceso judicial para conseguir algo que ya es suyo. "Tenemos que empezar a explicar qué es un derecho subjetivo, es el mismo derecho que el del paro, o que si un empresario te dice que no te paga", explica la secretaria para la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha.
No obstante, reconoce que la justicia es lenta y eso supone un freno a la hora de hacer efectivo el derecho. "Por eso se intentó que los casos de dependencia se trataran por los juzgados de lo social, porque son más rápidos y no se necesita procurador. Pero no fue posible y van por la justicia ordinaria", explica Fontecha. "Haría falta más dinero para contratar más personal en los juzgados de lo social", añade.
UGT señala que la dependencia es un derecho como el de cobrar el paro
"Es más efectivo salir a la calle que ir a los tribunales", afirma el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. Su asociación lleva años poniendo la cara roja a las autonomías que peor gestionan el sistema de atención a la dependencia.
Una situación novedosa
Hasta ahora, los casos que han llegado a los tribunales por la mala aplicación de la Ley de Dependencia se han debido a retrasos en el reconocimiento de la ayuda la espera se alarga de media hasta más de un año y al incumplimiento del sentido retroactivo de la ley. Ningún dependiente ha emprendido nunca una batalla legal por el impago de su ayuda porque hasta ahora, más allá de retrasos puntuales, no había habido impagos.
También para el Defensor del Pueblo, que año tras año registra un número creciente de quejas, esta situación es nueva. En general, explican en la institución, los dependientes suelen agotar todas las vías (protestas en la calle y la vía judicial) hasta que buscan el amparo del Defensor.
Y por ahora sólo han pasado tres meses desde que el recién constituido Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha dejara de pagar a los dependientes que ya recibían ayudas alegando falta de liquidez.
En los próximos días, una integrante de la Plataforma por la Dependencia de Castilla-La Mancha será la primera persona en reclamar ante los tribunales que se le reinstaure el derecho subjetivo del que ya era beneficiaria. También el presidente de la plataforma, Enrique Rivas, se plantea optar por la vía judicial.
Tras el eco que consiguieron con sus primeras protestas, los dependientes manchegos consiguieron que a mediados de septiembre la Junta les pagara el mes de junio. Ahora esperan los ingresos de julio, agosto y septiembre. Los dependientes se manifestarán el próximo día 9 en Toledo. Además, llevan semanas quejándose en los consistorios, algunos de los cuales ya les han apoyado, como el de Illescas (Toledo), del PP.
En la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de Castilla-La Mancha aseguran que van pagando al ritmo en que van cobrando del Gobierno central. El Gobierno de Cospedal obvia que es la única autonomía que incumple la norma, aún cuando el Estado hace efectivo el ingreso a todas las comunidades al mismo tiempo.
Opacidad autonómica
La financiación de la dependencia es, en parte, finalista, aunque reina la opacidad. El Gobierno central paga cada mes a las autonomías por el número de dependientes que atienden. Este es el monto de mayor peso. Además, cada año se ingresa una cantidad fija, que se define según la población, la extensión y otras características diferenciales entre las autonomías.
La Administración central y las autonómicas deben pagar a escote el coste del sistema, sin tener en cuenta el copago de los usuarios en algunos casos. Pero se desconoce la realidad. Las autonomías, que se quejan de que asumen un mayor peso que el Estado, no hacen pública su aportación al sistema.
"El sistema de financiación es opaco. No se sabe quién pone qué", critica Montserrat Cervera, una de las expertas que realizaron el estudio sobre el sistema que encargó el Congreso. Cervera apunta a que otro de los problemas del sistema es que nació con una previsión de gastos inferior al real. Se establecieron costes de infraestructuras por debajo de los reales y se previó un número de beneficiarios inferior al que luego ha resultado ser.
¿Y qué pasaría si la Administración, pese a una resolución judicial, alegase que no tiene fondos? Es un futurible sin precedentes, pero los dependientes temen que su indefensión se agrave.
Fuente : publico.es/espana
Castilla-La Mancha (PP) lleva tres meses sin pagar las dotaciones a los beneficiarios
El País Valencià era una de las autonomías que peor gestionaban el sistema de dependencia, hasta que los impagos de Cospedal han superado cualquier expectativa. juan navarro
El concepto de derecho subjetivo pierde toda su fuerza cuando su incumplimiento empuja al ciudadano a acudir a la justicia como único recurso. Por eso se sienten impotentes los dependientes de Castilla-La Mancha, que desde hace tres meses no cobran las ayudas económicas que les corresponden. Sí, en un papel consta que son beneficiarios de un derecho garantizado por ley, pero ¿qué pasa cuando la Administración no lo hace efectivo? ¿Qué pasa cuando sus quejas chocan contra un muro, cuando su autonomía dice que no tiene dinero para pagarles lo que les corresponde?
Por mucha fuerza legal que tenga el derecho subjetivo, en la práctica sólo un juez puede obligar a una Administración a cumplirlo. Y eso implica tiempo y mucha fuerza moral. El dependiente debería presentar un recurso de alzada contra la Administración. Si en tres meses esta no resuelve, la persona dependiente tiene seis meses para acudir a un juzgado de lo contencioso-administrativo. Si la Administración contesta pero el dependiente no queda satisfecho, tiene dos meses para reclamar a los juzgados, detalla la abogada miembro del foro Justicia y Discapacidad, Josefa García.
La única vía para exigir el derecho subjetivo es recurrir a los tribunales
La lentitud de la justicia
Pero la justicia española no brilla por su rapidez y los familiares de dependientes no tienen tiempo, ganas ni recursos económicos para afrontar un proceso judicial para conseguir algo que ya es suyo. "Tenemos que empezar a explicar qué es un derecho subjetivo, es el mismo derecho que el del paro, o que si un empresario te dice que no te paga", explica la secretaria para la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha.
No obstante, reconoce que la justicia es lenta y eso supone un freno a la hora de hacer efectivo el derecho. "Por eso se intentó que los casos de dependencia se trataran por los juzgados de lo social, porque son más rápidos y no se necesita procurador. Pero no fue posible y van por la justicia ordinaria", explica Fontecha. "Haría falta más dinero para contratar más personal en los juzgados de lo social", añade.
UGT señala que la dependencia es un derecho como el de cobrar el paro
"Es más efectivo salir a la calle que ir a los tribunales", afirma el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. Su asociación lleva años poniendo la cara roja a las autonomías que peor gestionan el sistema de atención a la dependencia.
Una situación novedosa
Hasta ahora, los casos que han llegado a los tribunales por la mala aplicación de la Ley de Dependencia se han debido a retrasos en el reconocimiento de la ayuda la espera se alarga de media hasta más de un año y al incumplimiento del sentido retroactivo de la ley. Ningún dependiente ha emprendido nunca una batalla legal por el impago de su ayuda porque hasta ahora, más allá de retrasos puntuales, no había habido impagos.
También para el Defensor del Pueblo, que año tras año registra un número creciente de quejas, esta situación es nueva. En general, explican en la institución, los dependientes suelen agotar todas las vías (protestas en la calle y la vía judicial) hasta que buscan el amparo del Defensor.
Y por ahora sólo han pasado tres meses desde que el recién constituido Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha dejara de pagar a los dependientes que ya recibían ayudas alegando falta de liquidez.
En los próximos días, una integrante de la Plataforma por la Dependencia de Castilla-La Mancha será la primera persona en reclamar ante los tribunales que se le reinstaure el derecho subjetivo del que ya era beneficiaria. También el presidente de la plataforma, Enrique Rivas, se plantea optar por la vía judicial.
Tras el eco que consiguieron con sus primeras protestas, los dependientes manchegos consiguieron que a mediados de septiembre la Junta les pagara el mes de junio. Ahora esperan los ingresos de julio, agosto y septiembre. Los dependientes se manifestarán el próximo día 9 en Toledo. Además, llevan semanas quejándose en los consistorios, algunos de los cuales ya les han apoyado, como el de Illescas (Toledo), del PP.
En la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de Castilla-La Mancha aseguran que van pagando al ritmo en que van cobrando del Gobierno central. El Gobierno de Cospedal obvia que es la única autonomía que incumple la norma, aún cuando el Estado hace efectivo el ingreso a todas las comunidades al mismo tiempo.
Opacidad autonómica
La financiación de la dependencia es, en parte, finalista, aunque reina la opacidad. El Gobierno central paga cada mes a las autonomías por el número de dependientes que atienden. Este es el monto de mayor peso. Además, cada año se ingresa una cantidad fija, que se define según la población, la extensión y otras características diferenciales entre las autonomías.
La Administración central y las autonómicas deben pagar a escote el coste del sistema, sin tener en cuenta el copago de los usuarios en algunos casos. Pero se desconoce la realidad. Las autonomías, que se quejan de que asumen un mayor peso que el Estado, no hacen pública su aportación al sistema.
"El sistema de financiación es opaco. No se sabe quién pone qué", critica Montserrat Cervera, una de las expertas que realizaron el estudio sobre el sistema que encargó el Congreso. Cervera apunta a que otro de los problemas del sistema es que nació con una previsión de gastos inferior al real. Se establecieron costes de infraestructuras por debajo de los reales y se previó un número de beneficiarios inferior al que luego ha resultado ser.
¿Y qué pasaría si la Administración, pese a una resolución judicial, alegase que no tiene fondos? Es un futurible sin precedentes, pero los dependientes temen que su indefensión se agrave.
Fuente : publico.es/espana
EL AGUJERO AUTONÓMICO
Los últimos ajustes acometidos en distintas comunidades autónomas han puesto en pie de guerra a algunos colectivos, como los farmacéuticos, los docentes o los sanitarios.
No son los primeros, ya que en los últimos ejercicios presupuestarios todas y cada una de las administraciones autonómicas han recurrido al tijeretazo para, entre otras cosas, poder cumplir con el compromiso de reducir el déficit y atender así el mandato de la Unión Europea.
Pero nunca hasta ahora los gobiernos regionales se habían atrevido a tocar los pilares básicos del Estado del bienestar, como la sanidad, la educación o los servicios sociales.
Aumento de las horas lectivas de los profesores, cierre de camas hospitalarias o retrasos en los pagos derivados de la Ley de Dependencia son ejemplos de medidas implantadas por algunos ejecutivos autonómicos y que, sin duda, van a protagonizar la campaña electoral para los comicios del 20N.
La tijera está ya preparada para afrontar un ejercicio, el de 2012, que por tercer año consecutivo contará con unos presupuestos autonómicos austeros.
Mientras se diseñan las cuentas, Efe ha recopilado algunas de las medidas que los gobiernos regionales han decidido poner en marcha para tapar el "agujero" autonómico. Más llamativas en Cataluña y Castilla-La Mancha y tan diversas como lo es el mapa territorial.
MADRID: SIN PROBLEMAS DE LIQUIDEZ
El Gobierno de Esperanza Aguirre no tiene problemas de liquidez, aunque los ingresos de la comunidad han menguado, según el Ejecutivo.
Pese al revuelo que ha causado la decisión de aumentar el número de horas lectivas y la reducción de los contratos de profesores interinos, Aguirre se ha comprometido a garantizar los servicios esenciales como la sanidad, la educación o los transportes y aplazará partidas dedicadas a otras materias.
ANDALUCÍA YA HA AHORRADO 600 MILLONES
De momento, la Junta de Andalucía ha podido disminuir su gasto en 600 millones de euros, y lo ha hecho con una reducción de los gastos operativos no vinculados a servicios esenciales (88,3 millones), con la mejora de la eficiencia del gasto farmacéutico (197), con una disminución de los gastos financieros (152) y con la reprogramación de las inversiones (161).
Es electoral para esta comunidad -las autonómicas se celebrarán en marzo- y no se prevén drásticas medidas más allá de unos presupuestos restrictivos pero que, tal y como ha adelantado el Gobierno de José Antonio Griñán, darán prioridad a las políticas de gasto social frente a las inversiones.
ARAGÓN: MÁS DE CIEN MEDIDAS MENORES PARA AHORRAR 105 MILLONES
Con más de un centenar de medidas pretende el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi ahorrar 105 millones de euros en esta legislatura.
Para ello, y sin afectar al gasto corriente sanitario, se limitarán la subvenciones públicas, no se repondrá ni se comprará mobiliario en ocho años y se controlará el carburante, las dietas, el parque móvil y el consumo eléctrico y de teléfono.
ASTURIAS: A LA ESPERA DE 1.250 MILLONES DEL ESTADO
Para cuadrar sus cuentas, el Gobierno de Francisco Álvarez Cascos confía en contar con los 1.250 millones que dice que el Estado debe a Asturias. Pocos anuncios hasta ahora, salvo el ahorro de casi 5 millones de euros anuales por la eliminación de órganos y altos cargos.
Casi 800.000 euros ahorrará con el cambio de gama de los coches oficiales, ha asegurado el Ejecutivo asturiano, que quiere poner en marcha un cheque-bebé de 2.000 euros a gastar en comercios del Principado. "Ni un paso atrás", ha dicho, en derechos sociales.
BALEARES: 800 DESPIDOS
El equipo de José Ramón Bauzá quiere eliminar 92 de las 168 empresas públicas de Baleares con el fin de ahorrar anualmente 115 millones. La cara negativa de esta medida, anunciada esta misma semana, serán 800 despidos de contratados laborales de la administración autonómica.
La positiva es que los proveedores de la comunidad podrán cobrar en dos años los 247 millones de euros que les debe el Govern.
CANARIAS: AHORRO DE 3.500 MILLONES EN CUATRO AÑOS
Nada más y nada menos que 3.500 millones ha ahorrado Canarias desde 2008, pero aún es insuficiente.
Por eso, el Gobierno que preside Paulino Rivero ha aprobado un plan que prevé agilizar las certificaciones de los fondos europeos para recuperar 61 millones.
También supervisará los desplazamientos entre islas de los altos cargos, controlará las subvenciones y no se cortará a la hora de reducir el salario de los empleados en función de las horas que no hayan cumplido.
CANTABRIA: TAPAR EL AGUJERO DE REVILLA
En 440 millones de euros ha cifrado el Gobierno de Cantabria el agujero que ha dejado el anterior Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla. De momento, el nuevo Gobierno de Ignacio Diego no ha anunciado grandes medidas, tan sólo un recorte de 100 millones que ha aplazado hasta que acuerde con el Ministerio de Economía las actuaciones para corregir el déficit.
CASTILLA-LA MANCHA: TIJERETAZO AL PRESUPUESTO
María Dolores de Cospedal fue la primera presidenta en presentar, tras el 22 de mayo, un plan de ahorro de 1.815 millones reduciendo el gasto público. De hecho, va a meter la tijera al presupuesto y lo rebajará en un 20 por ciento.
Al adelgazamiento de la administración se sumará la venta de edificios sanitarios o el aumento de las horas lectivas de los profesores.
Con un déficit superior al 4 por ciento del PIB, Castilla-La Mancha puso en pie de guerra a las farmacias, que llegaron a cerrar en protesta por los 163 millones que les debe el Gobierno. Cifra que se incluye en los 2.800 millones a los que asciende la factura del Ejecutivo con los proveedores.
CASTILLA Y LEÓN: TAMBIÉN A LA ESPERA DE 724 MILLONES DEL ESTADO
Dice la oposición socialista al Gobierno de Juan Vicente Herrera que en la comunidad se están llevando a cabo recortes "ocultos" en sanidad y educación. El Ejecutivo se defiende y asegura que la Junta se "ajusta al recorte que el Gobierno central impone".
Y es que el Estado le debe 724 millones de euros en concepto de financiación autonómica, es decir, que le ha "birlado" a cada familia de la región 1.110 euros, asegura la Junta.
CATALUÑA: LA MADRE DE TODAS LAS BATALLAS
El Gobierno de Artur Mas ha adoptado quizás las medidas más polémicas y ha puesto en pie de guerra a numerosos colectivos sociales tras el anuncio de algunas de estas decisiones o la amenaza de otras.
Entre ellas, el cierre de camas hospitalarias, quirófanos y servicios de urgencia nocturnos, la propuesta de reducir a la mitad la paga extra de Navidad al personal sanitario, la supresión de la sexta hora lectiva, la rebaja de la aportación a las universidades públicas, la reducción de ordenadores, la cancelación temporal de las ayudas por hijos menores de tres años o la reducción a 600 plazas para nuevos policías frente a las 800 previstas.
Hasta la cultura se ha visto afectada, con una reducción del 15 por ciento en las subvenciones, y las infraestructuras, con el aplazamiento de obras como la línea 9 de metro de Barcelona.
La Generalitat no descarta sumar a esto algunas privatizaciones. Al menos Mas ya lo ha sugerido.
COMUNIDAD VALENCIANA: NI DESPIDOS NI RECORTES SALARIALES
El nuevo presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha negado que se vayan a producir 800 despidos en la administración autonómica, aunque su consejero de Hacienda anunció días atrás a los sindicatos que el Consell suprimirá 704 puestos de trabajo y 165 liberados sindicales institucionales para ahorrar 31 millones.
De todos modos, el Gobierno valenciano ya ha aplicado este año recortes por valor de 1.800 millones de euros, aunque no descarta más medidas porque esa cifra podría ser insuficiente.
EXTREMADURA: CUADRAR LAS CUENTAS PERO NO A MARTILLAZOS
El Gobierno que preside José Antonio Monago ya ha anunciado que el presupuesto de su comunidad se rebajará el próximo año entre un 10 y un 20 por ciento, para lo que aplicará nuevos ajustes en el sector público que permitirán cuadrar las cuentas "pero no a martillazos".
Suprimir los privilegios a los funcionarios que sean altos cargos, anular las cláusulas indemnizatorias a los directivos y reducir sus sueldos, renegociar los alquileres de los edificios públicos (la Junta se gasta 150.000 euros mensuales en este concepto) y reducir a la mitad los gastos en publicidad, dietas y de representación son otras de las medidas de ahorro previstas.
GALICIA: BLINDAR EL GASTO SOCIAL
Es el objetivo de Alberto Núñez Feijóo, que sólo reducirá las partidas en educación, sanidad y servicios sociales un 0,4 por ciento, pero dejará de hacer infraestructuras porque disminuirá las inversiones en un 5,6 por ciento.
Su presupuesto para 2012 se quedará, en total, con 129 millones de euros menos que el de este año, con un endeudamiento adicional de 114 millones.
MURCIA: ANTES DE CERRAR UN QUIRÓFANO, CERRARÁ LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA
Es lo que ha aseverado el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, que sólo ha adelantado la rebaja de entre un 10 y un 18 por ciento en las cuentas de 2012, aunque no afectará a servicios "inamovibles" de carácter social.
NAVARRA: MÁS AGUJEROS EN EL CINTURÓN
Yolanda Barcina se ha estrenado apretando el cinturón del gasto y ha recortado 190 millones, pero piensa hacer algún agujero más en la correa hasta llegar a los 294.
PAÍS VASCO: UN FRAUDE FISCAL IGUAL AL GASTO EDUCATIVO
Luchar contra el fraude que, según el lehendakari, Patxi López, cuesta al año a los vascos lo mismo que todo el sistema educativo (entre el 17 y el 18 por ciento del PIB), es el objetivo de su Gobierno para 2012 para sanear sus arcas con las que, no obstante, se garantizará el futuro del Estado del bienestar.
LA RIOJA: IMPUESTO MEDIOAMBIENTAL PARA EMPRESAS
La austeridad marcará la austeridad de las cuentas riojanas para 2012, y el Gobierno de Pedro Sanz estudia implantar un impuesto medioambiental para empresas que complementaría las medidas ya en marcha para reducir gastos.
Fuente : abc.es/agencias/noticia
No son los primeros, ya que en los últimos ejercicios presupuestarios todas y cada una de las administraciones autonómicas han recurrido al tijeretazo para, entre otras cosas, poder cumplir con el compromiso de reducir el déficit y atender así el mandato de la Unión Europea.
Pero nunca hasta ahora los gobiernos regionales se habían atrevido a tocar los pilares básicos del Estado del bienestar, como la sanidad, la educación o los servicios sociales.
Aumento de las horas lectivas de los profesores, cierre de camas hospitalarias o retrasos en los pagos derivados de la Ley de Dependencia son ejemplos de medidas implantadas por algunos ejecutivos autonómicos y que, sin duda, van a protagonizar la campaña electoral para los comicios del 20N.
La tijera está ya preparada para afrontar un ejercicio, el de 2012, que por tercer año consecutivo contará con unos presupuestos autonómicos austeros.
Mientras se diseñan las cuentas, Efe ha recopilado algunas de las medidas que los gobiernos regionales han decidido poner en marcha para tapar el "agujero" autonómico. Más llamativas en Cataluña y Castilla-La Mancha y tan diversas como lo es el mapa territorial.
MADRID: SIN PROBLEMAS DE LIQUIDEZ
El Gobierno de Esperanza Aguirre no tiene problemas de liquidez, aunque los ingresos de la comunidad han menguado, según el Ejecutivo.
Pese al revuelo que ha causado la decisión de aumentar el número de horas lectivas y la reducción de los contratos de profesores interinos, Aguirre se ha comprometido a garantizar los servicios esenciales como la sanidad, la educación o los transportes y aplazará partidas dedicadas a otras materias.
ANDALUCÍA YA HA AHORRADO 600 MILLONES
De momento, la Junta de Andalucía ha podido disminuir su gasto en 600 millones de euros, y lo ha hecho con una reducción de los gastos operativos no vinculados a servicios esenciales (88,3 millones), con la mejora de la eficiencia del gasto farmacéutico (197), con una disminución de los gastos financieros (152) y con la reprogramación de las inversiones (161).
Es electoral para esta comunidad -las autonómicas se celebrarán en marzo- y no se prevén drásticas medidas más allá de unos presupuestos restrictivos pero que, tal y como ha adelantado el Gobierno de José Antonio Griñán, darán prioridad a las políticas de gasto social frente a las inversiones.
ARAGÓN: MÁS DE CIEN MEDIDAS MENORES PARA AHORRAR 105 MILLONES
Con más de un centenar de medidas pretende el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi ahorrar 105 millones de euros en esta legislatura.
Para ello, y sin afectar al gasto corriente sanitario, se limitarán la subvenciones públicas, no se repondrá ni se comprará mobiliario en ocho años y se controlará el carburante, las dietas, el parque móvil y el consumo eléctrico y de teléfono.
ASTURIAS: A LA ESPERA DE 1.250 MILLONES DEL ESTADO
Para cuadrar sus cuentas, el Gobierno de Francisco Álvarez Cascos confía en contar con los 1.250 millones que dice que el Estado debe a Asturias. Pocos anuncios hasta ahora, salvo el ahorro de casi 5 millones de euros anuales por la eliminación de órganos y altos cargos.
Casi 800.000 euros ahorrará con el cambio de gama de los coches oficiales, ha asegurado el Ejecutivo asturiano, que quiere poner en marcha un cheque-bebé de 2.000 euros a gastar en comercios del Principado. "Ni un paso atrás", ha dicho, en derechos sociales.
BALEARES: 800 DESPIDOS
El equipo de José Ramón Bauzá quiere eliminar 92 de las 168 empresas públicas de Baleares con el fin de ahorrar anualmente 115 millones. La cara negativa de esta medida, anunciada esta misma semana, serán 800 despidos de contratados laborales de la administración autonómica.
La positiva es que los proveedores de la comunidad podrán cobrar en dos años los 247 millones de euros que les debe el Govern.
CANARIAS: AHORRO DE 3.500 MILLONES EN CUATRO AÑOS
Nada más y nada menos que 3.500 millones ha ahorrado Canarias desde 2008, pero aún es insuficiente.
Por eso, el Gobierno que preside Paulino Rivero ha aprobado un plan que prevé agilizar las certificaciones de los fondos europeos para recuperar 61 millones.
También supervisará los desplazamientos entre islas de los altos cargos, controlará las subvenciones y no se cortará a la hora de reducir el salario de los empleados en función de las horas que no hayan cumplido.
CANTABRIA: TAPAR EL AGUJERO DE REVILLA
En 440 millones de euros ha cifrado el Gobierno de Cantabria el agujero que ha dejado el anterior Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla. De momento, el nuevo Gobierno de Ignacio Diego no ha anunciado grandes medidas, tan sólo un recorte de 100 millones que ha aplazado hasta que acuerde con el Ministerio de Economía las actuaciones para corregir el déficit.
CASTILLA-LA MANCHA: TIJERETAZO AL PRESUPUESTO
María Dolores de Cospedal fue la primera presidenta en presentar, tras el 22 de mayo, un plan de ahorro de 1.815 millones reduciendo el gasto público. De hecho, va a meter la tijera al presupuesto y lo rebajará en un 20 por ciento.
Al adelgazamiento de la administración se sumará la venta de edificios sanitarios o el aumento de las horas lectivas de los profesores.
Con un déficit superior al 4 por ciento del PIB, Castilla-La Mancha puso en pie de guerra a las farmacias, que llegaron a cerrar en protesta por los 163 millones que les debe el Gobierno. Cifra que se incluye en los 2.800 millones a los que asciende la factura del Ejecutivo con los proveedores.
CASTILLA Y LEÓN: TAMBIÉN A LA ESPERA DE 724 MILLONES DEL ESTADO
Dice la oposición socialista al Gobierno de Juan Vicente Herrera que en la comunidad se están llevando a cabo recortes "ocultos" en sanidad y educación. El Ejecutivo se defiende y asegura que la Junta se "ajusta al recorte que el Gobierno central impone".
Y es que el Estado le debe 724 millones de euros en concepto de financiación autonómica, es decir, que le ha "birlado" a cada familia de la región 1.110 euros, asegura la Junta.
CATALUÑA: LA MADRE DE TODAS LAS BATALLAS
El Gobierno de Artur Mas ha adoptado quizás las medidas más polémicas y ha puesto en pie de guerra a numerosos colectivos sociales tras el anuncio de algunas de estas decisiones o la amenaza de otras.
Entre ellas, el cierre de camas hospitalarias, quirófanos y servicios de urgencia nocturnos, la propuesta de reducir a la mitad la paga extra de Navidad al personal sanitario, la supresión de la sexta hora lectiva, la rebaja de la aportación a las universidades públicas, la reducción de ordenadores, la cancelación temporal de las ayudas por hijos menores de tres años o la reducción a 600 plazas para nuevos policías frente a las 800 previstas.
Hasta la cultura se ha visto afectada, con una reducción del 15 por ciento en las subvenciones, y las infraestructuras, con el aplazamiento de obras como la línea 9 de metro de Barcelona.
La Generalitat no descarta sumar a esto algunas privatizaciones. Al menos Mas ya lo ha sugerido.
COMUNIDAD VALENCIANA: NI DESPIDOS NI RECORTES SALARIALES
El nuevo presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha negado que se vayan a producir 800 despidos en la administración autonómica, aunque su consejero de Hacienda anunció días atrás a los sindicatos que el Consell suprimirá 704 puestos de trabajo y 165 liberados sindicales institucionales para ahorrar 31 millones.
De todos modos, el Gobierno valenciano ya ha aplicado este año recortes por valor de 1.800 millones de euros, aunque no descarta más medidas porque esa cifra podría ser insuficiente.
EXTREMADURA: CUADRAR LAS CUENTAS PERO NO A MARTILLAZOS
El Gobierno que preside José Antonio Monago ya ha anunciado que el presupuesto de su comunidad se rebajará el próximo año entre un 10 y un 20 por ciento, para lo que aplicará nuevos ajustes en el sector público que permitirán cuadrar las cuentas "pero no a martillazos".
Suprimir los privilegios a los funcionarios que sean altos cargos, anular las cláusulas indemnizatorias a los directivos y reducir sus sueldos, renegociar los alquileres de los edificios públicos (la Junta se gasta 150.000 euros mensuales en este concepto) y reducir a la mitad los gastos en publicidad, dietas y de representación son otras de las medidas de ahorro previstas.
GALICIA: BLINDAR EL GASTO SOCIAL
Es el objetivo de Alberto Núñez Feijóo, que sólo reducirá las partidas en educación, sanidad y servicios sociales un 0,4 por ciento, pero dejará de hacer infraestructuras porque disminuirá las inversiones en un 5,6 por ciento.
Su presupuesto para 2012 se quedará, en total, con 129 millones de euros menos que el de este año, con un endeudamiento adicional de 114 millones.
MURCIA: ANTES DE CERRAR UN QUIRÓFANO, CERRARÁ LA TELEVISIÓN AUTONÓMICA
Es lo que ha aseverado el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, que sólo ha adelantado la rebaja de entre un 10 y un 18 por ciento en las cuentas de 2012, aunque no afectará a servicios "inamovibles" de carácter social.
NAVARRA: MÁS AGUJEROS EN EL CINTURÓN
Yolanda Barcina se ha estrenado apretando el cinturón del gasto y ha recortado 190 millones, pero piensa hacer algún agujero más en la correa hasta llegar a los 294.
PAÍS VASCO: UN FRAUDE FISCAL IGUAL AL GASTO EDUCATIVO
Luchar contra el fraude que, según el lehendakari, Patxi López, cuesta al año a los vascos lo mismo que todo el sistema educativo (entre el 17 y el 18 por ciento del PIB), es el objetivo de su Gobierno para 2012 para sanear sus arcas con las que, no obstante, se garantizará el futuro del Estado del bienestar.
LA RIOJA: IMPUESTO MEDIOAMBIENTAL PARA EMPRESAS
La austeridad marcará la austeridad de las cuentas riojanas para 2012, y el Gobierno de Pedro Sanz estudia implantar un impuesto medioambiental para empresas que complementaría las medidas ya en marcha para reducir gastos.
Fuente : abc.es/agencias/noticia
CATALUÑA - GOVERN RECLAMA DEVOLUCIÓN PRESTACIÓN POR RECIBIR DOS AYUDAS A LA VEZ
El Govern reclama 8.500 euros a un menor tetrapléjico por haber recibido dos ayudas a la vez
El Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) de la Conselleria de Bienestar y Familia de la Generalitat ha reclamado a un menor de 17 años vecino de Olot (Girona) y gran dependiente --afectado por tertraplejía distónica-- la devolución de 8.456,07 euros, al haber sido beneficiario simultáneamente de dos prestaciones incompatibles entre 2007 y 2011.
En declaraciones a Europa Press, el padre del niño, Manuel Trubat, ha explicado que su hijo tenía concedida la prestación de 'Viure en Familia' y que, al aprobarse la Ley de Dependencia, solicitó esta ayuda, que le tramitaron los servicios sociales: "No es cosa mía, es la administración la que lo gestionó hace cuatro años".
"Me niego a pagar", ha explicado Trubat, que además de recibir esta sanción, actualmente se encuentra de mudanza para poder llevar a su hijo a una escuela privada en la que están especializados en su dolencia debido a que la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat le ha "denegado la escolarización a la que tenía derecho", ha asegurado.
"La Administración está incumpliendo conmigo", ha lamentado Trubat, que ha puesto en manos de la asociación Papás de Álex el asunto, y que todavía no ha contactado con el ICASS para concretar la situación.
En la carta enviada al padre, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Generalitat explica que la prestación de la dependencia y la de 'Viure en Familia' "son incompatibles entre sí", por lo que además de suspender el pago de la ayuda de 'Viure en Familia', la Generalitat le restará mes a mes parte de la prestación de la dependencia para ir haciendo efectiva la devolución de 8.500 euros.
"La percepción simultánea de las dos prestaciones ha generado una deuda acumulada que debe ser reintegrada a la Administración", dice la carta firmada por el subdirector de prestaciones y coordinación general del ICASS, Rafel Arderiu.
No obstante, la Generalitat explica en la carta que para evitar disfunciones en la familia del niño, el reintegro de la deuda contraída con la Generalitat se hará efectivo mediante la compensación gradual de los importes que el chico recibe en concepto de la Ley de Dependencia, e invita al padre a ponerse en contacto con el instituto para personalizar la devolución de la deuda.
DE LA PASADA LEGISLATURA
Fuentes de la Generalitat han señalado a Europa Press que durante la pasada legislatura se tramitaron "muchas ayudas" a dependientes que ya contaban con el programa 'Viure en Familia', lo que nuevo Govern asume como un "error administrativo", pero está obligado a comunicarlo a los usuarios, ha dicho.
Estas fuentes han precisado que cuando el padre de este niño se ponga en contacto con el ICASS podrá encontrar "alguna solución" al problema, llegando incluso a no devolver la cantidad si su situación económica no se lo permite.
"La percepción de dos ayudas incompatibles debe comunicarse oficialmente, pero luego caso por caso el ICASS encuentra soluciones con las familias", han sugerido.
Fuente : lavanguardia.com/local/barcelona
El Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) de la Conselleria de Bienestar y Familia de la Generalitat ha reclamado a un menor de 17 años vecino de Olot (Girona) y gran dependiente --afectado por tertraplejía distónica-- la devolución de 8.456,07 euros, al haber sido beneficiario simultáneamente de dos prestaciones incompatibles entre 2007 y 2011.
En declaraciones a Europa Press, el padre del niño, Manuel Trubat, ha explicado que su hijo tenía concedida la prestación de 'Viure en Familia' y que, al aprobarse la Ley de Dependencia, solicitó esta ayuda, que le tramitaron los servicios sociales: "No es cosa mía, es la administración la que lo gestionó hace cuatro años".
"Me niego a pagar", ha explicado Trubat, que además de recibir esta sanción, actualmente se encuentra de mudanza para poder llevar a su hijo a una escuela privada en la que están especializados en su dolencia debido a que la Conselleria de Enseñanza de la Generalitat le ha "denegado la escolarización a la que tenía derecho", ha asegurado.
"La Administración está incumpliendo conmigo", ha lamentado Trubat, que ha puesto en manos de la asociación Papás de Álex el asunto, y que todavía no ha contactado con el ICASS para concretar la situación.
En la carta enviada al padre, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Generalitat explica que la prestación de la dependencia y la de 'Viure en Familia' "son incompatibles entre sí", por lo que además de suspender el pago de la ayuda de 'Viure en Familia', la Generalitat le restará mes a mes parte de la prestación de la dependencia para ir haciendo efectiva la devolución de 8.500 euros.
"La percepción simultánea de las dos prestaciones ha generado una deuda acumulada que debe ser reintegrada a la Administración", dice la carta firmada por el subdirector de prestaciones y coordinación general del ICASS, Rafel Arderiu.
No obstante, la Generalitat explica en la carta que para evitar disfunciones en la familia del niño, el reintegro de la deuda contraída con la Generalitat se hará efectivo mediante la compensación gradual de los importes que el chico recibe en concepto de la Ley de Dependencia, e invita al padre a ponerse en contacto con el instituto para personalizar la devolución de la deuda.
DE LA PASADA LEGISLATURA
Fuentes de la Generalitat han señalado a Europa Press que durante la pasada legislatura se tramitaron "muchas ayudas" a dependientes que ya contaban con el programa 'Viure en Familia', lo que nuevo Govern asume como un "error administrativo", pero está obligado a comunicarlo a los usuarios, ha dicho.
Estas fuentes han precisado que cuando el padre de este niño se ponga en contacto con el ICASS podrá encontrar "alguna solución" al problema, llegando incluso a no devolver la cantidad si su situación económica no se lo permite.
"La percepción de dos ayudas incompatibles debe comunicarse oficialmente, pero luego caso por caso el ICASS encuentra soluciones con las familias", han sugerido.
Fuente : lavanguardia.com/local/barcelona
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