El Cermi exige a las comunidades autónomas que no paralicen la Ley de Dependencia
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha exigido a todas las comunidades autónomas que "no" paralicen el despliegue de la Ley Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, ya que, según indica, "las necesidades sociales no cubiertas de personas con discapacidad y mayores están ahí y es necesario darles respuesta inmediata".
La plataforma representativa de la discapacidad plantea esta exigencia a las administraciones autonómicas tras conocer los últimos datos oficiales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que indican que el número de personas beneficiarias de las prestaciones se ha reducido por segundo mes consecutivo, lo que supone un estancamiento en su aplicación.
Esta paralización de la ley, en su cuarto año de despliegue, "no es fortuita", continúa el Cermi, sino que "tiene su causa en una falta de voluntad política de desarrollar el SAAD, pues son aún miles las personas que teniendo reconocida la situación de dependencia y asignada una prestación, no la reciben efectivamente por inacción de las administraciones territoriales".
Además, añade, "otras miles más esperan a ser valoradas o a que llegue la fecha en que tendrán derecho a beneficiarse de la ley".
Según el Cermi, "el derecho a la promoción de la autonomía personal y a recibir consecuentemente prestaciones está garantizado por ley y no puede quedar al arbitrio de las Administraciones, en función de su mayor o menor compromiso con esta realidad social o de su situación financiera".
Fuente : diariosigloxxi.com
martes, 13 de diciembre de 2011
CANARIAS - LA LEY NO LLEGA A LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES
La Ley de Dependencia no llega a los cuidadores no profesionales
El número de cuidadores no profesionales reconocidos en el Archipiélago solo es inferior en Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla.
El mal funcionamiento de la Ley de Dependencia en Canarias, denunciado desde hace mucho tiempo por diversos colectivos y asociaciones, se manifiesta ahora también con el no reconocimiento de cuidadores no profesionales para personas dependedientes.
En la comunidad autónoma únicamente existen 2.428 convenios especiales que regulan el cuidado de personas de pendientes que se encuentran a cargo de cuidadores no profesionales, según las cifras hechas públicas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales -Imserso-.
Por debajo de la cifra del Archipiélago canario únicamente se encuentran Navarra -1.328 convenios-, La Rioja -1.695-, Ceuta -426- y Melilla -327-.
En total, y hasta el pasado 28 de noviembre, en España se han resuelto 171.021, de los cuales 159.055 corresponden a mujeres y 11.966 a hombres
Fuente : ilustradordigital.es
El número de cuidadores no profesionales reconocidos en el Archipiélago solo es inferior en Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla.
El mal funcionamiento de la Ley de Dependencia en Canarias, denunciado desde hace mucho tiempo por diversos colectivos y asociaciones, se manifiesta ahora también con el no reconocimiento de cuidadores no profesionales para personas dependedientes.
En la comunidad autónoma únicamente existen 2.428 convenios especiales que regulan el cuidado de personas de pendientes que se encuentran a cargo de cuidadores no profesionales, según las cifras hechas públicas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales -Imserso-.
Por debajo de la cifra del Archipiélago canario únicamente se encuentran Navarra -1.328 convenios-, La Rioja -1.695-, Ceuta -426- y Melilla -327-.
En total, y hasta el pasado 28 de noviembre, en España se han resuelto 171.021, de los cuales 159.055 corresponden a mujeres y 11.966 a hombres
Fuente : ilustradordigital.es
BALEARES - EL GOVERN PAGARÁ PUNTUALMENTE LAS AYUDAS Y NÓMINAS
El Govern pagará puntualmente las ayudas y nóminas de dependencia en 2012
El Govern se ha comprometido hoy a pagar puntualmente en 2012 las ayudas y la nóminas de dependencia, pero ha descartado nuevas obras de residencias y centros de día debido a la escasez de financiación.
La consellera de Salud, Familia y Bienestar Social, Carmen Castro, ha contestado ante una interpelación de la coalición PSM-IV-ExM sobre la política del Govern en materia de dependencia en el pleno del Parlament que no creará más expectativas de las que puede cumplir.
Castro ha recordado que la ley de dependencia es una buena ley, pero que está limitada a los recursos con los que cuenta, ya que la financiación que proviene del Gobierno central ha ido disminuyendo desde su creación, y en 2011 significó un 10 % menos que en 2010.
La consellera de Salud ha asegurado que entre las prioridades del Govern está la agilización de los trámites burocráticos de la ley y el reconocimiento de la dependencia, así como la integración de los datos de sanidad y bienestar social, que será posible a través de la nueva tarjeta sanitaria.
Ha asegurado que se revisará la distribución actual de los trabajadores sociales para mejorar en eficacia, y que aunque en 2012 no se creará ninguna plaza residencial adicional ni centros de día, si se promoverán la concertación con centros privados para dar acogida a la demanda.
Desde julio a septiembre se han registrado 21.994 solicitudes, de las cuales 19.083 ya han sido resueltas, y hay más de 10.418 beneficiarios, ha indicado.
Castro ha señalado que si bien no se pueden hacer grandes compromisos en esta materia porque afecta a colectivos vulnerables y sensibles, espera que esta situación cambie en los próximos años.
Para el Govern otras de las prioridades son el mejoramiento del sistema informático del que depende el servicio de dependencia y cuya avería ha ocasionado la pérdida de expedientes, y la prevención de la dependencia, en la que pondrán especial énfasis a partir de 2012.
En opinión de la diputada econacionalista Fina Santiago, que ha presentado la interpelación, la prevención no es prioritaria porque está prevista en la ley para 2015 y ha pedido a Castro que adquiera compromisos en esta materia, y que los de a conocer a la ciudadanía. La interpelación ha pedido a la Conselleria de Salud, Familia y Bienestar Social que defina un plan a seguir en esta materia, ya que hasta ahora no ha presentado ninguno.
Santiago considera que las prioridades del Govern deben centrarse en aumentar las dotaciones económicas y crear más plazas residenciales.
Fuente : abc.es
El Govern se ha comprometido hoy a pagar puntualmente en 2012 las ayudas y la nóminas de dependencia, pero ha descartado nuevas obras de residencias y centros de día debido a la escasez de financiación.
La consellera de Salud, Familia y Bienestar Social, Carmen Castro, ha contestado ante una interpelación de la coalición PSM-IV-ExM sobre la política del Govern en materia de dependencia en el pleno del Parlament que no creará más expectativas de las que puede cumplir.
Castro ha recordado que la ley de dependencia es una buena ley, pero que está limitada a los recursos con los que cuenta, ya que la financiación que proviene del Gobierno central ha ido disminuyendo desde su creación, y en 2011 significó un 10 % menos que en 2010.
La consellera de Salud ha asegurado que entre las prioridades del Govern está la agilización de los trámites burocráticos de la ley y el reconocimiento de la dependencia, así como la integración de los datos de sanidad y bienestar social, que será posible a través de la nueva tarjeta sanitaria.
Ha asegurado que se revisará la distribución actual de los trabajadores sociales para mejorar en eficacia, y que aunque en 2012 no se creará ninguna plaza residencial adicional ni centros de día, si se promoverán la concertación con centros privados para dar acogida a la demanda.
Desde julio a septiembre se han registrado 21.994 solicitudes, de las cuales 19.083 ya han sido resueltas, y hay más de 10.418 beneficiarios, ha indicado.
Castro ha señalado que si bien no se pueden hacer grandes compromisos en esta materia porque afecta a colectivos vulnerables y sensibles, espera que esta situación cambie en los próximos años.
Para el Govern otras de las prioridades son el mejoramiento del sistema informático del que depende el servicio de dependencia y cuya avería ha ocasionado la pérdida de expedientes, y la prevención de la dependencia, en la que pondrán especial énfasis a partir de 2012.
En opinión de la diputada econacionalista Fina Santiago, que ha presentado la interpelación, la prevención no es prioritaria porque está prevista en la ley para 2015 y ha pedido a Castro que adquiera compromisos en esta materia, y que los de a conocer a la ciudadanía. La interpelación ha pedido a la Conselleria de Salud, Familia y Bienestar Social que defina un plan a seguir en esta materia, ya que hasta ahora no ha presentado ninguno.
Santiago considera que las prioridades del Govern deben centrarse en aumentar las dotaciones económicas y crear más plazas residenciales.
Fuente : abc.es
C. VALENCIANA - CABRÉ PEDIRÁ AL ESTADO QUE APORTE 50% DE LA FINANCIACIÓN
Cabré pedirá al Estado que aporte el 50 % de la financiación a la dependencia
El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, reclamará al Estado que aporte el 50 % de la financiación necesaria para aplicar la Ley de Dependencia en la Comunitat.
Además, el conseller ha propuesta crear una "tarjeta social" para evitar duplicidades en las ayudas públicas que conllevará un "reestudio" del 30 % de las subvenciones, ha anunciado tras reunirse con el president de la Generalitat, Alberto Fabra.
Tras la reunión, en el marco de la ronda de encuentros que Fabra está manteniendo con los consellers, Cabré ha explicado que se está trabajando en la creación de una "tarjeta social" para conocer las prestaciones que reciben las personas físicas o jurídicas con el fin de redistribuir las ayudas.
Se estima que alrededor del 30 % de las subvenciones de esta Conselleria presenta "problemas de duplicidad" y es necesario "ordenarlas" para una mejor gestión, ha indicado en rueda de prensa.
Se trata de evitar que la misma persona u ONG reciban subvenciones de distintas administraciones con el mismo fin y en el mismo periodo de tiempo, situación que se produce por la falta de coordinación de las administraciones, según ha reconocido.
Para la creación de esta tarjeta, la Conselleria se pondrá en contacto con otras administraciones, como el Estado, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Diputaciones y otras Consellerias para "no reduplicar el gasto" y poder destinarlo a otras personas o entidades que no lo reciben.
Cabré ha afirmado que con el nuevo Gobierno seguirá manteniendo "las mismas reivindicaciones" que con el Ejecutivo socialista porque esas demandas "no eran partidistas sino justas", y se ha mostrado convencido de que ahora "se oirán mejor".
Entre ellas, ha citado la financiación al 50 % con el Estado de la aplicación de la Ley de Dependencia, porque "no es admisible" que la Generalitat soporte el 70 % de su financiación.
Otras reivindicaciones son sustituir los juzgados pendientes de apertura por jueces de adscripción territorial para solventar "el déficit de jueces" y la concesión al Gobierno valenciano de la gestión de las tasas y cuentas de depósitos que genera la Justicia, que representan unos 30 millones de euros, con carácter finalista.
El plan de agrupación de partidos judiciales se trasladará al Ministerio de Justicia a principios de año, según el conseller, que ha precisado que el Consejo General del Poder Judicial "está por la labor" de extender esta propuesta al resto de España.
El compromiso con la austeridad se concreta también en un plan de ahorro de la administración de justicia que ascenderá a 4,5 millones de euros cada año, gracias a medidas en consumo energético, de papel, gasto de taxi, en material de oficina y en el pago de alquileres de inmuebles mediante arrendamientos.
Además limitará el coste de la asistencia jurídica gratuita a la cantidad económica recogida por los Presupuestos de la Generalitat.
Entre las infraestructuras previstas están la puesta en marcha del centro de atención especializada Gran Vía de Castellón y la puesta en funcionamiento de la residencia y centro de día para grandes dependientes de Petrer, así como cinco nuevos juzgados en Llíria, Massamagrell, Novelda, Torrevieja y el juzgado de lo Penal número 4 de Orihuela, con sede en Torrevieja.
También son una prioridad terminar las obras del Palacio de Justicia de Vila-real y poner en marcha esta legislatura la construcción de la Ciudad de la Justicia de Alicante.
Fuente : abc.es
El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, reclamará al Estado que aporte el 50 % de la financiación necesaria para aplicar la Ley de Dependencia en la Comunitat.
Además, el conseller ha propuesta crear una "tarjeta social" para evitar duplicidades en las ayudas públicas que conllevará un "reestudio" del 30 % de las subvenciones, ha anunciado tras reunirse con el president de la Generalitat, Alberto Fabra.
Tras la reunión, en el marco de la ronda de encuentros que Fabra está manteniendo con los consellers, Cabré ha explicado que se está trabajando en la creación de una "tarjeta social" para conocer las prestaciones que reciben las personas físicas o jurídicas con el fin de redistribuir las ayudas.
Se estima que alrededor del 30 % de las subvenciones de esta Conselleria presenta "problemas de duplicidad" y es necesario "ordenarlas" para una mejor gestión, ha indicado en rueda de prensa.
Se trata de evitar que la misma persona u ONG reciban subvenciones de distintas administraciones con el mismo fin y en el mismo periodo de tiempo, situación que se produce por la falta de coordinación de las administraciones, según ha reconocido.
Para la creación de esta tarjeta, la Conselleria se pondrá en contacto con otras administraciones, como el Estado, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Diputaciones y otras Consellerias para "no reduplicar el gasto" y poder destinarlo a otras personas o entidades que no lo reciben.
Cabré ha afirmado que con el nuevo Gobierno seguirá manteniendo "las mismas reivindicaciones" que con el Ejecutivo socialista porque esas demandas "no eran partidistas sino justas", y se ha mostrado convencido de que ahora "se oirán mejor".
Entre ellas, ha citado la financiación al 50 % con el Estado de la aplicación de la Ley de Dependencia, porque "no es admisible" que la Generalitat soporte el 70 % de su financiación.
Otras reivindicaciones son sustituir los juzgados pendientes de apertura por jueces de adscripción territorial para solventar "el déficit de jueces" y la concesión al Gobierno valenciano de la gestión de las tasas y cuentas de depósitos que genera la Justicia, que representan unos 30 millones de euros, con carácter finalista.
El plan de agrupación de partidos judiciales se trasladará al Ministerio de Justicia a principios de año, según el conseller, que ha precisado que el Consejo General del Poder Judicial "está por la labor" de extender esta propuesta al resto de España.
El compromiso con la austeridad se concreta también en un plan de ahorro de la administración de justicia que ascenderá a 4,5 millones de euros cada año, gracias a medidas en consumo energético, de papel, gasto de taxi, en material de oficina y en el pago de alquileres de inmuebles mediante arrendamientos.
Además limitará el coste de la asistencia jurídica gratuita a la cantidad económica recogida por los Presupuestos de la Generalitat.
Entre las infraestructuras previstas están la puesta en marcha del centro de atención especializada Gran Vía de Castellón y la puesta en funcionamiento de la residencia y centro de día para grandes dependientes de Petrer, así como cinco nuevos juzgados en Llíria, Massamagrell, Novelda, Torrevieja y el juzgado de lo Penal número 4 de Orihuela, con sede en Torrevieja.
También son una prioridad terminar las obras del Palacio de Justicia de Vila-real y poner en marcha esta legislatura la construcción de la Ciudad de la Justicia de Alicante.
Fuente : abc.es
SEVILLA - LA LEY DE DEPENDENCIA SE ESTANCA
La ley de dependencia se estanca
Retrocede el número de beneficiarios desde septiembre, sin que las nuevas entradas repongan el número de fallecidos · La lista de espera se eleva por encima del 30% · La previsión para 2012 es desmesurada
El desarrollo de la ley de dependencia en Andalucía ha entrado en stand by. Desde la vuelta de las vacaciones de verano, la entrada de nuevos beneficiarios al sistema es prácticamente cero. En tres meses no hay apenas variación y la que se ha dado es a la baja. Esta circunstancia es inédita en los registros desde que se puso en marcha la ley a mediados de 2007, salvo la excepción que supusieron las limpiezas de fallecidos de las cifras oficiales en junio de 2009 y mayo de 2011.
A 1 de diciembre, según las estadísticas del Imserso, en la comunidad reciben prestaciones 191.330 dependientes. En septiembre eran 192.414. En noviembre, 192.920.
Este saldo negativo se explica por el freno a la ley de dependencia que también se reproduce en otras comunidades autónomas y de la que no escapa Andalucía. Si se comparan las estadísticas actuales, el 1 de enero se daban ayudas a 182.724 beneficiarios, con lo que en todo este año se registra un aumento de 8.606 dependientes. En 2010, el incremento neto fue de unas 40.000 personas.
Precisamente, este año había que dar cobertura a unos 40.000 dependientes más que entraron en el sistema: los moderados más graves (Grado I Nivel 2), que tienen derecho a recibir una ayuda desde el 1 de enero, al igual que los grandes dependientes y los severos. Las estadísticas no especifican cuántos beneficiarios se han dado de baja en el sistema por fallecimiento o se han dado de alta por mejoras en su salud, algo más improbable al tener más de 80 años la mayoría de los usuarios. La parálisis de Andalucía sucede a las que ya venían registrando otras comunidades en meses anteriores.
Este año, a falta de diciembre, sólo Aragón y Asturias acabarían el año con menos dependientes atendidos que en enero. Pero si se comparan las estadísticas desde septiembre, Baleares, Extremadura o Valencia acompañan a Andalucía en el paso atrás. Otras muchas registran aumentos mínimos desde las vacaciones de verano y País Vasco y Madrid han experimentado un salto importante este año en cuanto a dependientes con una ayuda.
Esta aplicación al ralentí, donde no se cubre la tasa de reposición -mueren más dependientes de los que acceden a las ayudas-, contrasta con la cifra personas que tienen derecho a una prestación y aún no la reciben.
En Andalucía, el 30% de los reconocidos como dependientes se encuentran a la espera: 77.475 andaluces están en el limbo de la dependencia.
El estancamiento en la aplicación de la ley difiere notablemente de las previsiones que maneja el Gobierno andaluz para 2012. Según el proyecto de ley de Presupuestos, que se votará la semana próxima en el Parlamento andaluz y que se ha utilizado como arma electoral por parte del PSOE en la pasada campaña del 20-N, Andalucía cerraría el próximo año con 275.744 andaluces atendidos, casi 85.000 más que ahora. "Se estima que la población atendida con carácter neto a finales de 2012 ascenderá a 275.744 personas", señala literalmente la previsión de la Junta para 2012.
Esta predicción va más allá y apunta que habría 29.696 personas atendidas en residencias (19.680 en la actualidad); 15.449 en centros de día (11.758); 64.539 en ayuda a domicilio (50.121); 205 personas atendidas en casas hogar y 165.855 prestaciones económicas (109.947).
Las pagas pasarían de representar el 57,4% de las ayudas que reciben las personas beneficiarias con prestaciones al 60,1%. Estos porcentajes se rebajan, y así lo abraza la Junta, si se computa el número total de prestaciones que se conceden (259.229), al poder recibir una persona dos o incluso tres ayudas complementarias. El número de ayudas concedidas sí ha aumentado, un 1,6% desde septiembre y un 8,2% desde enero.
Desde la Junta de Andalucía rechazan que haya una parálisis en la aplicación de la ley. Fuentes de la Consejería de Igualdad se remiten a la evolución desde enero, que ha supuesto un incremento neto de 8.606 personas, y añaden que durante este año han fallecido 27.336 personas que se beneficiaban de las ayudas, según datos del Instituto Nacional de Estadística. A ello añaden que otras 3.659 personas se han visto afectadas por bajas administrativas (traslados, renuncias,...).
Pero en 2010 también hubo fallecidos y el incremento neto fue muy superior. Las mismas fuentes señalaron que no existe un "limbo" de dependientes sin ayuda, sino que esta causalidad obedece al propio desarrollo de la ley. Además, agregaron que la estimación para 2012 es una "proyección aritmética" en base a los datos actuales. No hubo respuesta específica a la variación desde verano, ni si existen problemas económicos, tras entrar por primera vez la dependencia en números negativos en la comunidad.
Fuente : diariodesevilla.es/article
Retrocede el número de beneficiarios desde septiembre, sin que las nuevas entradas repongan el número de fallecidos · La lista de espera se eleva por encima del 30% · La previsión para 2012 es desmesurada
El desarrollo de la ley de dependencia en Andalucía ha entrado en stand by. Desde la vuelta de las vacaciones de verano, la entrada de nuevos beneficiarios al sistema es prácticamente cero. En tres meses no hay apenas variación y la que se ha dado es a la baja. Esta circunstancia es inédita en los registros desde que se puso en marcha la ley a mediados de 2007, salvo la excepción que supusieron las limpiezas de fallecidos de las cifras oficiales en junio de 2009 y mayo de 2011.
A 1 de diciembre, según las estadísticas del Imserso, en la comunidad reciben prestaciones 191.330 dependientes. En septiembre eran 192.414. En noviembre, 192.920.
Este saldo negativo se explica por el freno a la ley de dependencia que también se reproduce en otras comunidades autónomas y de la que no escapa Andalucía. Si se comparan las estadísticas actuales, el 1 de enero se daban ayudas a 182.724 beneficiarios, con lo que en todo este año se registra un aumento de 8.606 dependientes. En 2010, el incremento neto fue de unas 40.000 personas.
Precisamente, este año había que dar cobertura a unos 40.000 dependientes más que entraron en el sistema: los moderados más graves (Grado I Nivel 2), que tienen derecho a recibir una ayuda desde el 1 de enero, al igual que los grandes dependientes y los severos. Las estadísticas no especifican cuántos beneficiarios se han dado de baja en el sistema por fallecimiento o se han dado de alta por mejoras en su salud, algo más improbable al tener más de 80 años la mayoría de los usuarios. La parálisis de Andalucía sucede a las que ya venían registrando otras comunidades en meses anteriores.
Este año, a falta de diciembre, sólo Aragón y Asturias acabarían el año con menos dependientes atendidos que en enero. Pero si se comparan las estadísticas desde septiembre, Baleares, Extremadura o Valencia acompañan a Andalucía en el paso atrás. Otras muchas registran aumentos mínimos desde las vacaciones de verano y País Vasco y Madrid han experimentado un salto importante este año en cuanto a dependientes con una ayuda.
Esta aplicación al ralentí, donde no se cubre la tasa de reposición -mueren más dependientes de los que acceden a las ayudas-, contrasta con la cifra personas que tienen derecho a una prestación y aún no la reciben.
En Andalucía, el 30% de los reconocidos como dependientes se encuentran a la espera: 77.475 andaluces están en el limbo de la dependencia.
El estancamiento en la aplicación de la ley difiere notablemente de las previsiones que maneja el Gobierno andaluz para 2012. Según el proyecto de ley de Presupuestos, que se votará la semana próxima en el Parlamento andaluz y que se ha utilizado como arma electoral por parte del PSOE en la pasada campaña del 20-N, Andalucía cerraría el próximo año con 275.744 andaluces atendidos, casi 85.000 más que ahora. "Se estima que la población atendida con carácter neto a finales de 2012 ascenderá a 275.744 personas", señala literalmente la previsión de la Junta para 2012.
Esta predicción va más allá y apunta que habría 29.696 personas atendidas en residencias (19.680 en la actualidad); 15.449 en centros de día (11.758); 64.539 en ayuda a domicilio (50.121); 205 personas atendidas en casas hogar y 165.855 prestaciones económicas (109.947).
Las pagas pasarían de representar el 57,4% de las ayudas que reciben las personas beneficiarias con prestaciones al 60,1%. Estos porcentajes se rebajan, y así lo abraza la Junta, si se computa el número total de prestaciones que se conceden (259.229), al poder recibir una persona dos o incluso tres ayudas complementarias. El número de ayudas concedidas sí ha aumentado, un 1,6% desde septiembre y un 8,2% desde enero.
Desde la Junta de Andalucía rechazan que haya una parálisis en la aplicación de la ley. Fuentes de la Consejería de Igualdad se remiten a la evolución desde enero, que ha supuesto un incremento neto de 8.606 personas, y añaden que durante este año han fallecido 27.336 personas que se beneficiaban de las ayudas, según datos del Instituto Nacional de Estadística. A ello añaden que otras 3.659 personas se han visto afectadas por bajas administrativas (traslados, renuncias,...).
Pero en 2010 también hubo fallecidos y el incremento neto fue muy superior. Las mismas fuentes señalaron que no existe un "limbo" de dependientes sin ayuda, sino que esta causalidad obedece al propio desarrollo de la ley. Además, agregaron que la estimación para 2012 es una "proyección aritmética" en base a los datos actuales. No hubo respuesta específica a la variación desde verano, ni si existen problemas económicos, tras entrar por primera vez la dependencia en números negativos en la comunidad.
Fuente : diariodesevilla.es/article
EL LIMBO DE LA DEPENDENCIA
El limbo de la dependencia
Años reclamando algo que debía de ser justo, algo que debía de ayudar a tantas familias con gravámenes familiares, para personas que padecen una minusvalía grave.
Algo que los enfermos dependientes debían de tener. Era esa esperada ley de la dependencia. Tal vez no la mejor, pero el primer avance estaba conseguido, solo era cuestión de ir puliendo, transformándola, adaptarla a los nuevos movimientos y épocas.
Una ley que nació para aquella persona que precise ayuda constante en su actividad de la vida diaria. Una ley que suponía que ningún ciudadano, se quedase fuera de su cobertura por problemas económicos.
Una ley de derecho, para los dependientes, con servicios y prestaciones y para todos y todas. En definitiva una ley que era y sigue siendo necesaria. En estos tiempos de crisis, los datos no son agüeros. Uno de cada tres dependientes, es decir, 312.244 personas, tienen derecho a cobrar lo que marca la ley de dependencia. Pero no perciben nada. Y lo preocupante no es este número, sino la tendencia a la subida de él. Pues aunque las crisis avance, en concordancia va las enfermedades y con ella las carencias del bienestar que se están dando.
A las cifras que marcan la cantidad de usuarios que no cobran , esta la cifra de quienes están esperando aún por parte de sus comunidades el PIA, es decir , el requisito fundamental para recibir esta prestación. Esto es lo que se le denomina, el limbo de la dependencia.
Creciente cada día. Personas que están en el olvido, pues si se le reconoce su derecho, glosarán la lista de no pagados. Pero esta ley está agonizando, la han hecho vieja incluso antes de ser joven.
Deberíamos llorar, gritar y decir 'Basta'. No se puede dejar a tanta gente en el olvido, bastante desdicha es tener un familiar enfermo y si lo unes a no tener sustento económico, solo queda la desesperación. Y entonces, ¿Dónde quedará su sufrimiento de tantos años? ¿Dónde quedará la lucha del reconocimiento que tantos no han visto, por no estar ya aquí?
Espero de corazón que aquellos que ahora parece se ríen de esta ley y quieren recortarla hasta su desaparición, jamás deban de pasar por lo que cientos de familias están pasando. Sentirse solo es peor que no saberse vivo.
Pues no es el enfermo solamente quien sufre, sino también quien lo cuida y vive día a día con la enfermedad. Pues las enfermedades no entienden de ideologías
Fuente : laverdad.es
Años reclamando algo que debía de ser justo, algo que debía de ayudar a tantas familias con gravámenes familiares, para personas que padecen una minusvalía grave.
Algo que los enfermos dependientes debían de tener. Era esa esperada ley de la dependencia. Tal vez no la mejor, pero el primer avance estaba conseguido, solo era cuestión de ir puliendo, transformándola, adaptarla a los nuevos movimientos y épocas.
Una ley que nació para aquella persona que precise ayuda constante en su actividad de la vida diaria. Una ley que suponía que ningún ciudadano, se quedase fuera de su cobertura por problemas económicos.
Una ley de derecho, para los dependientes, con servicios y prestaciones y para todos y todas. En definitiva una ley que era y sigue siendo necesaria. En estos tiempos de crisis, los datos no son agüeros. Uno de cada tres dependientes, es decir, 312.244 personas, tienen derecho a cobrar lo que marca la ley de dependencia. Pero no perciben nada. Y lo preocupante no es este número, sino la tendencia a la subida de él. Pues aunque las crisis avance, en concordancia va las enfermedades y con ella las carencias del bienestar que se están dando.
A las cifras que marcan la cantidad de usuarios que no cobran , esta la cifra de quienes están esperando aún por parte de sus comunidades el PIA, es decir , el requisito fundamental para recibir esta prestación. Esto es lo que se le denomina, el limbo de la dependencia.
Creciente cada día. Personas que están en el olvido, pues si se le reconoce su derecho, glosarán la lista de no pagados. Pero esta ley está agonizando, la han hecho vieja incluso antes de ser joven.
Deberíamos llorar, gritar y decir 'Basta'. No se puede dejar a tanta gente en el olvido, bastante desdicha es tener un familiar enfermo y si lo unes a no tener sustento económico, solo queda la desesperación. Y entonces, ¿Dónde quedará su sufrimiento de tantos años? ¿Dónde quedará la lucha del reconocimiento que tantos no han visto, por no estar ya aquí?
Espero de corazón que aquellos que ahora parece se ríen de esta ley y quieren recortarla hasta su desaparición, jamás deban de pasar por lo que cientos de familias están pasando. Sentirse solo es peor que no saberse vivo.
Pues no es el enfermo solamente quien sufre, sino también quien lo cuida y vive día a día con la enfermedad. Pues las enfermedades no entienden de ideologías
Fuente : laverdad.es
miércoles, 2 de noviembre de 2011
LA LEY ESTÁ PARALIZADA
La Ley de Dependencia está paralizada
La mayoría de las comunidades ha frenado el flujo de nuevos beneficiarios y cuatro de ellas tienen ya saldo negativo - Hay 305.000 personas en lista de espera
El desarrollo de la Ley de Dependencia está prácticamente parado. En los últimos cinco meses, 13 comunidades han disminuido el número de beneficiarios registrados en el sistema respecto al mismo periodo del año anterior y cuatro de ellas tienen ahora menos personas atendidas que en junio, lo que indica que no se está cubriendo ni la tasa de reposición.
A pesar de que hay 305.674 dependientes en lista de espera, el ritmo de incorporación a la estadística oficial está frenado. Los expertos en servicios sociales temen que la crisis y la falta de estrategia política ralenticen una ley que puede ser un gran motor económico y de creación de empleo.
Desde junio, una vez actualizada la estadística, se han contabilizado 35.191 nuevos dependientes atendidos, pero solo cuatro comunidades sostienen esa cifra: suman el 75% de ese total. Son Andalucía, Castilla y León, País Vasco y Madrid. ¿Madrid? Sí. Esta comunidad sigue a la cola en la relación de beneficiarios por población, pero ha dado un estirón incorporando a nuevos usuarios.
Y otras cuatro comunidades presentan saldo negativo respecto a las personas que atendían en junio: Aragón, Valencia, Asturias y Navarra. El batacazo de Aragón es notable, con casi 1.000 beneficiarios menos.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los dependientes son ancianos de avanzada edad y, por tanto, un colectivo de alta mortalidad, cabría afirmar que Aragón ha cerrado el grifo de las ayudas. Y encima ha engordado su lista de espera 1.637 personas. Las cuatro autonomías mencionadas han agrandado su lista de espera en los últimos meses.
Hace un año, las cosas eran distintas. En el mismo periodo de 2010, de junio a octubre, se registraron en el sistema 48.212 personas atendidas. Pues bien, el recuento interanual indica ese mencionado retroceso en el flujo de beneficiarios que entra en el sistema en 13 comunidades.
En algunos casos el descenso es notable, como en Cataluña, que incorporó a más de 9.000 personas atendidas en esos cinco meses de 2010 y solo a 2.662 en el mismo periodo este año. Murcia ha bajado 1.720 personas, Extremadura 1.789 y Castilla-La Mancha 1.423, por poner algunos ejemplos. Galicia es de las pocas que ha hecho el viaje al contrario: partía de números rojos en 2010 y ha registrado 3.577 beneficiarios en los últimos cinco meses. Sin embargo, en general, el desarrollo es mortecino.
La lista de espera está lejos de adelgazar: hay 305.674 personas con derecho a una ayuda que aún no la reciben. Por tanto, no parece lógico el ritmo que sigue la incorporación de beneficiarios. En Madrid, por ejemplo, la lista de espera ha aumentado en los últimos cinco meses en 2.251 personas. Y en Cataluña, en 2.024.
"Puede afirmarse que solo cuatro comunidades están tirando del carro y que en algunas, donde las cosas iban razonablemente bien, los cambios de Gobierno no han beneficiado en nada a la ley, como Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha o Cataluña", asegura el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
Desde la asociación insisten en que esta ley, "en lugar de dejarla morir, hay que reflotarla y sacar de ella el máximo beneficio, porque es mucho lo que puede dar, es un gran motor de empleo y de retornos económicos para el Estado".
Y ofrecen algunos datos: "Si los familiares que cuidan a ancianos en casa tuvieran algunas horas de ayuda a domicilio, además de mejorar la atención al dependiente y asegurarse de que el cuidador no está menoscabando su propia salud, se podrían crear más de 10.000 empleos, con un incremento del 7% de los costes del sistema", señala Ramírez. De las 740.000 personas que reciben ayudas de dependencia, 420.000 perciben una prestación económica para cuidar al dependiente en casa.
"Por cada 100.000 personas que pasaran de la prestación económica a recibir un servicio (en residencias, centros de día) se generarían no menos de 30.000 empleos directos", explican. La asociación considera que hay que cambiar los criterios de financiación para que las comunidades reciban más dinero por aquellos dependientes que ingresen en geriátricos.
"A las comunidades les sale más cara una plaza de residencia que conceder una paga para cuidar del anciano en casa; sin embargo, reciben el mismo dinero en un caso y otro. Eso hay que modificarlo, pero no hace falta cambiar la ley para ello", insiste.
La secretaria general de Política Social, Isabel Martínez, no descarta "reajustes en la ley", pero el Gobierno opina que "sigue siendo necesaria y que no se puede frenar". "Hay que seguir desarrollándola, creemos en su sostenibilidad. Esta ley genera unos retornos económicos muy importantes.
Es, por tanto, un elemento de crecimiento y frenarla sería paralizar la actividad productiva en un sector que está creciendo y que debe seguir haciéndolo", afirma Martínez. "El modelo es viable, hay que ver los instrumentos que garanticen no solo la sostenibilidad de la dependencia, sino de todos los servicios sociales. Hay televisiones autonómicas con una audiencia ínfima en la que se gastan un dineral o aeropuertos sin aviones que jamás debían haberse hecho", añade.
La crisis que atraviesa España es complicada para acelerar el desarrollo de la ley, pero la secretaria de Política Social cree también que "falta voluntad política", y acusa a las comunidades del PP, "porque los datos son claros".
Ramírez también cree que falta voluntad política. "El caso más claro siempre ha sido Madrid, cuyas estadísticas han estado muy por debajo de la media nacional. Recientemente han hecho un esfuerzo por incorporar gente al sistema. Si siguieran subiendo a este ritmo, aún tardarían más de un año en alcanzar la media estatal".
Impagos y otras amenazas
El sistema de dependencia siempre ha estado lastrado por demoras, en la evaluación de los dependientes y en la concesión de las ayudas, pero el impago de las prestaciones económicas durante varios meses que venían percibiendo los beneficiarios en Castilla-La Mancha desató la furia de los afectados este verano.
A fecha de hoy aún les adeudan septiembre. En esta comunidad y en Valencia han estado acumulando hasta dos meses de impagos. Y en Aragón, el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi ya ha amenazado con no pagar hasta 2012 a los dependientes reconocidos en julio. Cuando se está percibiendo una prestación económica, dejar de hacerlo puede suponer un gran ahogo económico para muchas familias.
Algunos usuarios en las comunidades mencionadas han tenido dificultades para pagar a quien les ayuda a manejarse en casa o abonar la cuota del centro de día o de la residencia en la que viven. Como siempre, en España se busca el apoyo de la familia, que, en tiempos de crisis, tampoco está muy boyante.
"Conviene advertir que para las personas en situación de dependencia, un retraso en la percepción de las ayudas como el que anuncia Aragón o el que se viene produciendo en comunidades como Castilla-La Mancha o Valencia, puede ser irreparable, dada la avanzada edad de los usuarios del sistema o sus condiciones de salud", asegura el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
Ramírez lamenta que un derecho subjetivo como el que otorga esta ley se "salte a la torera, como si lo que atañe a los derechos sociales tuviera menor rango que otros derechos, como la escolarización o la sanidad". "¿Qué habría ocurrido si Castilla-La Mancha hubiera decidido de un día para otro dejar de pagar las pensiones? Pues esto es lo mismo".
Desde la comunidad aludida se acusó al Gobierno de no transferir el dinero para los dependientes. "Es cierto que el Gobierno siempre paga con retraso, pero eso les pasa a todas las comunidades y en todas las áreas, no solo en dependencia. Y eso, en todo caso, ha ocurrido siempre, no solo ahora, y otras comunidades, también algunas del PP, no han dejado por ello de atender a sus dependientes", zanja Ramírez.
Fuente : elpais.com/articulo/sociedad
La mayoría de las comunidades ha frenado el flujo de nuevos beneficiarios y cuatro de ellas tienen ya saldo negativo - Hay 305.000 personas en lista de espera
El desarrollo de la Ley de Dependencia está prácticamente parado. En los últimos cinco meses, 13 comunidades han disminuido el número de beneficiarios registrados en el sistema respecto al mismo periodo del año anterior y cuatro de ellas tienen ahora menos personas atendidas que en junio, lo que indica que no se está cubriendo ni la tasa de reposición.
A pesar de que hay 305.674 dependientes en lista de espera, el ritmo de incorporación a la estadística oficial está frenado. Los expertos en servicios sociales temen que la crisis y la falta de estrategia política ralenticen una ley que puede ser un gran motor económico y de creación de empleo.
Desde junio, una vez actualizada la estadística, se han contabilizado 35.191 nuevos dependientes atendidos, pero solo cuatro comunidades sostienen esa cifra: suman el 75% de ese total. Son Andalucía, Castilla y León, País Vasco y Madrid. ¿Madrid? Sí. Esta comunidad sigue a la cola en la relación de beneficiarios por población, pero ha dado un estirón incorporando a nuevos usuarios.
Y otras cuatro comunidades presentan saldo negativo respecto a las personas que atendían en junio: Aragón, Valencia, Asturias y Navarra. El batacazo de Aragón es notable, con casi 1.000 beneficiarios menos.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los dependientes son ancianos de avanzada edad y, por tanto, un colectivo de alta mortalidad, cabría afirmar que Aragón ha cerrado el grifo de las ayudas. Y encima ha engordado su lista de espera 1.637 personas. Las cuatro autonomías mencionadas han agrandado su lista de espera en los últimos meses.
Hace un año, las cosas eran distintas. En el mismo periodo de 2010, de junio a octubre, se registraron en el sistema 48.212 personas atendidas. Pues bien, el recuento interanual indica ese mencionado retroceso en el flujo de beneficiarios que entra en el sistema en 13 comunidades.
En algunos casos el descenso es notable, como en Cataluña, que incorporó a más de 9.000 personas atendidas en esos cinco meses de 2010 y solo a 2.662 en el mismo periodo este año. Murcia ha bajado 1.720 personas, Extremadura 1.789 y Castilla-La Mancha 1.423, por poner algunos ejemplos. Galicia es de las pocas que ha hecho el viaje al contrario: partía de números rojos en 2010 y ha registrado 3.577 beneficiarios en los últimos cinco meses. Sin embargo, en general, el desarrollo es mortecino.
La lista de espera está lejos de adelgazar: hay 305.674 personas con derecho a una ayuda que aún no la reciben. Por tanto, no parece lógico el ritmo que sigue la incorporación de beneficiarios. En Madrid, por ejemplo, la lista de espera ha aumentado en los últimos cinco meses en 2.251 personas. Y en Cataluña, en 2.024.
"Puede afirmarse que solo cuatro comunidades están tirando del carro y que en algunas, donde las cosas iban razonablemente bien, los cambios de Gobierno no han beneficiado en nada a la ley, como Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha o Cataluña", asegura el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
Desde la asociación insisten en que esta ley, "en lugar de dejarla morir, hay que reflotarla y sacar de ella el máximo beneficio, porque es mucho lo que puede dar, es un gran motor de empleo y de retornos económicos para el Estado".
Y ofrecen algunos datos: "Si los familiares que cuidan a ancianos en casa tuvieran algunas horas de ayuda a domicilio, además de mejorar la atención al dependiente y asegurarse de que el cuidador no está menoscabando su propia salud, se podrían crear más de 10.000 empleos, con un incremento del 7% de los costes del sistema", señala Ramírez. De las 740.000 personas que reciben ayudas de dependencia, 420.000 perciben una prestación económica para cuidar al dependiente en casa.
"Por cada 100.000 personas que pasaran de la prestación económica a recibir un servicio (en residencias, centros de día) se generarían no menos de 30.000 empleos directos", explican. La asociación considera que hay que cambiar los criterios de financiación para que las comunidades reciban más dinero por aquellos dependientes que ingresen en geriátricos.
"A las comunidades les sale más cara una plaza de residencia que conceder una paga para cuidar del anciano en casa; sin embargo, reciben el mismo dinero en un caso y otro. Eso hay que modificarlo, pero no hace falta cambiar la ley para ello", insiste.
La secretaria general de Política Social, Isabel Martínez, no descarta "reajustes en la ley", pero el Gobierno opina que "sigue siendo necesaria y que no se puede frenar". "Hay que seguir desarrollándola, creemos en su sostenibilidad. Esta ley genera unos retornos económicos muy importantes.
Es, por tanto, un elemento de crecimiento y frenarla sería paralizar la actividad productiva en un sector que está creciendo y que debe seguir haciéndolo", afirma Martínez. "El modelo es viable, hay que ver los instrumentos que garanticen no solo la sostenibilidad de la dependencia, sino de todos los servicios sociales. Hay televisiones autonómicas con una audiencia ínfima en la que se gastan un dineral o aeropuertos sin aviones que jamás debían haberse hecho", añade.
La crisis que atraviesa España es complicada para acelerar el desarrollo de la ley, pero la secretaria de Política Social cree también que "falta voluntad política", y acusa a las comunidades del PP, "porque los datos son claros".
Ramírez también cree que falta voluntad política. "El caso más claro siempre ha sido Madrid, cuyas estadísticas han estado muy por debajo de la media nacional. Recientemente han hecho un esfuerzo por incorporar gente al sistema. Si siguieran subiendo a este ritmo, aún tardarían más de un año en alcanzar la media estatal".
Impagos y otras amenazas
El sistema de dependencia siempre ha estado lastrado por demoras, en la evaluación de los dependientes y en la concesión de las ayudas, pero el impago de las prestaciones económicas durante varios meses que venían percibiendo los beneficiarios en Castilla-La Mancha desató la furia de los afectados este verano.
A fecha de hoy aún les adeudan septiembre. En esta comunidad y en Valencia han estado acumulando hasta dos meses de impagos. Y en Aragón, el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi ya ha amenazado con no pagar hasta 2012 a los dependientes reconocidos en julio. Cuando se está percibiendo una prestación económica, dejar de hacerlo puede suponer un gran ahogo económico para muchas familias.
Algunos usuarios en las comunidades mencionadas han tenido dificultades para pagar a quien les ayuda a manejarse en casa o abonar la cuota del centro de día o de la residencia en la que viven. Como siempre, en España se busca el apoyo de la familia, que, en tiempos de crisis, tampoco está muy boyante.
"Conviene advertir que para las personas en situación de dependencia, un retraso en la percepción de las ayudas como el que anuncia Aragón o el que se viene produciendo en comunidades como Castilla-La Mancha o Valencia, puede ser irreparable, dada la avanzada edad de los usuarios del sistema o sus condiciones de salud", asegura el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
Ramírez lamenta que un derecho subjetivo como el que otorga esta ley se "salte a la torera, como si lo que atañe a los derechos sociales tuviera menor rango que otros derechos, como la escolarización o la sanidad". "¿Qué habría ocurrido si Castilla-La Mancha hubiera decidido de un día para otro dejar de pagar las pensiones? Pues esto es lo mismo".
Desde la comunidad aludida se acusó al Gobierno de no transferir el dinero para los dependientes. "Es cierto que el Gobierno siempre paga con retraso, pero eso les pasa a todas las comunidades y en todas las áreas, no solo en dependencia. Y eso, en todo caso, ha ocurrido siempre, no solo ahora, y otras comunidades, también algunas del PP, no han dejado por ello de atender a sus dependientes", zanja Ramírez.
Fuente : elpais.com/articulo/sociedad
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