CCOO apoya la manifestación en defensa de la Ley de Dependencia del domingo
La Secretaría de Políticas Sociales de CCOO de Castilla-La Mancha ha mostrado su apoyo a todas las familias y personas dependientes de la región y a la concentración convocada para el domingo en Toledo, a las 12.00 horas, por la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia.
En un comunicado, el sindicato ha señalado que, en el actual contexto de crisis, que "está ensañándose con las personas más desfavorecidas", y con la aplicación del Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos, "hay muchas familias castellanomanchegas que se están viendo sin recursos, muchas de ellas las que tienen alguna persona dependiente".
Así, ha denunciado que las personas dependientes y sus familias, encargadas de su cuidado, "están viendo cómo se incumple la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha".
Por tanto, el sindicato ha apoyado las "justas reivindicaciones de estas familias", que ha confiado en que sean "entendidas por toda la sociedad".
Fuente : abc.es
viernes, 16 de diciembre de 2011
jueves, 15 de diciembre de 2011
ANDALUCÍA - RESPETA LA SENTENCIA QUE LE CONDENA POR LA TARDANZA DE AYUDAS
Andalucía respeta la sentencia que le condena por la tardanza de ayudas de la dependencia y niega retrasos deliberados
Apunta que en otras comunidades, donde hay retrasos de hasta tres años, las sentencias son absolutorias y no condenatorias como ésta
La consejera para la Igualdad y Bienestar Social andaluza, Micaela Navarro, afirma que "respeta" la sentencia que condena a la Administración andaluza a pagar 30.000 euros a la familia de una mujer que falleció en espera de las ayudas previstas en la Ley de Dependencia, pero niega que existan "retrasos deliberados" en este caso por parte de alguna de las tres administraciones que intervienen en el proceso: la estatal, la autonómica y la local.
En este sentido, Navarro, en declaraciones a los medios tras presentar este jueves una nueva campaña del 'Cuidabús' en Sevilla, ha explicado que el procedimiento "no había terminado", apuntando que se trata de un expediente iniciado en 2008, cuando el volumen de solicitudes fue mayor, si bien advierte que "no es ningún tipo de justificación".
La sentencia, que es firme al tratarse de un procedimiento de cuantía inferior a los 30.000 euros, según adelanta este jueves la edición del diario El Mundo, censura la "negligencia, torpeza, desidia y mala administración" de la Junta. Los hechos se remontan al 22 de enero de 2008 cuando la mujer solicitó el reconocimiento de su situación de dependencia para acceder a las prestaciones previstas en la Ley. Nueve meses después, la Delegación provincial de Sevilla de Igualdad y Bienestar reconoció el grado III de gran dependencia, nivel 2, el máximo previsto.
El 10 de diciembre, se remitió el programa individual de atención (PIA) al Servicio de Gestión Económica de Pensiones de la Junta para que se empezará a pagar la correspondiente prestación a la solicitante, que tiene efectos retroactivos por lo que la Junta tendría que abonar desde la presentación de la solicitud. No obstante, la ayuda no llegó a la solicitante porque el 13 de enero de 2009 murió.
SENTENCIAS "CONTRARIAS"
La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, a este respecto, ha asegurado que "respeta" la sentencia, pero recuerda que los propios informes jurídicos de la Junta, así como otros fallos que existen en este ámbito "dejan claro que la prestación económica es personal", por lo que son "contrarias" a la conocida hoy.
De otro lado, ha reconocido que le "llama la atención poderosamente que en otras comunidades autónomas, donde hay retrasos de hasta tres y cuatro años, las sentencias que se producen son absolutorias para la Administración pública, y en este caso es condenatoria para la Junta".
Igualmente, ha reiterado su respeto por la sentencia, pero no comparte algunas cuestiones de la misma que entiende que son "puros juicios de valor". "Seguiremos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora", ha manifestado.
Por otro lado, Navarro ha asegurado que las razones del retraso "no son cuestiones deliberadas". "Por parte de ninguna de las administraciones que intervienen en el expediente de una persona --la estatal, la autonómica y la local--, no hay la más mínima intención de retrasar el procedimiento", ha apuntado.
Según la consejera, "no todos los expedientes tienen el mismo recorrido o culminan al mismo tiempo, hay que pedir informes a otros organismos y no siempre y todos tardan el mismo tiempo".
EL TIEMPO EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN
En este sentido, ha precisado que en el caso de la Ley de Dependencia, para agilizar trámites y evitar problemas a los usuarios, se firmó acuerdos de protocolo con la Consejería de Salud de la Junta para que no sea el usuario quien tenga que aportar el informe sanitario, sino que sea la Consejería de Igualdad quien lo solicite, "lo que significa que desde que la persona hace la solicitud comienza el plazo a correr, pero en contra de la Administración pública, y si fuera de otra forma, hasta que la persona no completa la documentación los plazos no comienzan a correr".
Por otro lado, la consejera ha reconocido que "probablemente hubiera alguna complicación" en la tramitación de este expediente, que forma parte del volumen "inmenso" del año 2008. Igualmente, ha indicado que "probablemente" haya personas que lleven más de seis meses esperando, pero "en Andalucía se les atiende, sin embargo hay personas en otras comunidades que llevan tres años esperando y no tienen esperanza de que se les vaya a atender".
Fuente : europapress.es/sociedad/noticia-andalucia
Apunta que en otras comunidades, donde hay retrasos de hasta tres años, las sentencias son absolutorias y no condenatorias como ésta
La consejera para la Igualdad y Bienestar Social andaluza, Micaela Navarro, afirma que "respeta" la sentencia que condena a la Administración andaluza a pagar 30.000 euros a la familia de una mujer que falleció en espera de las ayudas previstas en la Ley de Dependencia, pero niega que existan "retrasos deliberados" en este caso por parte de alguna de las tres administraciones que intervienen en el proceso: la estatal, la autonómica y la local.
En este sentido, Navarro, en declaraciones a los medios tras presentar este jueves una nueva campaña del 'Cuidabús' en Sevilla, ha explicado que el procedimiento "no había terminado", apuntando que se trata de un expediente iniciado en 2008, cuando el volumen de solicitudes fue mayor, si bien advierte que "no es ningún tipo de justificación".
La sentencia, que es firme al tratarse de un procedimiento de cuantía inferior a los 30.000 euros, según adelanta este jueves la edición del diario El Mundo, censura la "negligencia, torpeza, desidia y mala administración" de la Junta. Los hechos se remontan al 22 de enero de 2008 cuando la mujer solicitó el reconocimiento de su situación de dependencia para acceder a las prestaciones previstas en la Ley. Nueve meses después, la Delegación provincial de Sevilla de Igualdad y Bienestar reconoció el grado III de gran dependencia, nivel 2, el máximo previsto.
El 10 de diciembre, se remitió el programa individual de atención (PIA) al Servicio de Gestión Económica de Pensiones de la Junta para que se empezará a pagar la correspondiente prestación a la solicitante, que tiene efectos retroactivos por lo que la Junta tendría que abonar desde la presentación de la solicitud. No obstante, la ayuda no llegó a la solicitante porque el 13 de enero de 2009 murió.
SENTENCIAS "CONTRARIAS"
La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, a este respecto, ha asegurado que "respeta" la sentencia, pero recuerda que los propios informes jurídicos de la Junta, así como otros fallos que existen en este ámbito "dejan claro que la prestación económica es personal", por lo que son "contrarias" a la conocida hoy.
De otro lado, ha reconocido que le "llama la atención poderosamente que en otras comunidades autónomas, donde hay retrasos de hasta tres y cuatro años, las sentencias que se producen son absolutorias para la Administración pública, y en este caso es condenatoria para la Junta".
Igualmente, ha reiterado su respeto por la sentencia, pero no comparte algunas cuestiones de la misma que entiende que son "puros juicios de valor". "Seguiremos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora", ha manifestado.
Por otro lado, Navarro ha asegurado que las razones del retraso "no son cuestiones deliberadas". "Por parte de ninguna de las administraciones que intervienen en el expediente de una persona --la estatal, la autonómica y la local--, no hay la más mínima intención de retrasar el procedimiento", ha apuntado.
Según la consejera, "no todos los expedientes tienen el mismo recorrido o culminan al mismo tiempo, hay que pedir informes a otros organismos y no siempre y todos tardan el mismo tiempo".
EL TIEMPO EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN
En este sentido, ha precisado que en el caso de la Ley de Dependencia, para agilizar trámites y evitar problemas a los usuarios, se firmó acuerdos de protocolo con la Consejería de Salud de la Junta para que no sea el usuario quien tenga que aportar el informe sanitario, sino que sea la Consejería de Igualdad quien lo solicite, "lo que significa que desde que la persona hace la solicitud comienza el plazo a correr, pero en contra de la Administración pública, y si fuera de otra forma, hasta que la persona no completa la documentación los plazos no comienzan a correr".
Por otro lado, la consejera ha reconocido que "probablemente hubiera alguna complicación" en la tramitación de este expediente, que forma parte del volumen "inmenso" del año 2008. Igualmente, ha indicado que "probablemente" haya personas que lleven más de seis meses esperando, pero "en Andalucía se les atiende, sin embargo hay personas en otras comunidades que llevan tres años esperando y no tienen esperanza de que se les vaya a atender".
Fuente : europapress.es/sociedad/noticia-andalucia
CANARIAS - LA MAYORÍA DE LAS QUEJAS AL DIPUTADO DE LO COMÚN SON POR LA LEY
La mayoría de las quejas al Diputado del Común son por la Ley de Dependencia
El nuevo Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, ha indicado hoy que la mayoría de las quejas que recibe la institución que preside están relacionadas con el retraso en la aplicación de la Ley de Dependencia, por lo que ha urgido al Gobierno de Canarias a buscar una solución.
En lo que va de año, el Diputado del Común ha recibido un total de 622 reclamaciones, la mayor parte relativas a la Ley de Dependencia, ha dicho Saavedra tras reunirse con el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, por primera vez después de haber sido elegido por el Parlamento de Canarias el pasado 30 de noviembre.
En opinión de Saavedra, el retraso en la aplicación de la Ley de Dependencia se debe fundamentalmente a la escasez de personal en la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, encargada de tramitar los expedientes.
La Ley de Dependencia establece dos fases, una de valoración del dependiente y de reconocimiento o no del derecho, y otra de reconocimiento de la prestación; y entre ambas existe un margen de tiempo demasiado dilatado, según el Diputado del Común.
Además de las reclamaciones sobre la Ley de Dependencia, destacan también en número las quejas relativas a la administración de justicia y a educación.
En estas dos últimas áreas se trata en general de situaciones particulares de muy diversa índole.
Algunas de las quejas presentadas por los ciudadanos se archivan y se notifica que la administración ha cumplido con sus obligaciones, mientras que en otras se pide a la institución correspondiente que conteste al ciudadano con mayor amplitud.
Saavedra ha indicado que su intención es dar a conocer esta institución "hasta el último rincón de Canarias" para que el ciudadano sepa que existe un instrumento que puede utilizar frente a la administración autonómica y local.
El Diputado del Común está presente en todas las islas, pues en todas hay oficinas de la instituciones, y también pueden presentarse reclamaciones por internet, por lo que esta institución está al alcance de todos los canarios, según ha dicho.
Saavedra ha expresado su intención de impulsar la institución y presionar "para que todas las administraciones sean más diligentes", ya que, en su opinión, hay algunas que cumplen muy bien con sus obligaciones y otras menos.
El pleno del Parlamento de Canarias eligió a Jerónimo Saavedra como Diputado del Común el pasado 30 de noviembre, con los votos de los grupos que apoyan al Gobierno canario, CC-PNC-CCN y PSOE.
Los diputados del PP se ausentaron de la votación al considerar que los grupos del Gobierno no contaron con ellos para la renovación de los órganos parlamentarios, pese a ser el partido más votado en las elecciones.
Los tres diputados del grupo mixto, dos de Nueva Canarias y uno del PIL, optaron por la abstención.
Saavedra, que renunció a su militancia en el PSOE por ser incompatible con su nuevo cargo, ha sido anteriormente presidente del Gobierno de Canarias, ministro de Administraciones Públicas y de Educación y alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, entre otros puestos políticos.
Fuente : abc.es
El nuevo Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, ha indicado hoy que la mayoría de las quejas que recibe la institución que preside están relacionadas con el retraso en la aplicación de la Ley de Dependencia, por lo que ha urgido al Gobierno de Canarias a buscar una solución.
En lo que va de año, el Diputado del Común ha recibido un total de 622 reclamaciones, la mayor parte relativas a la Ley de Dependencia, ha dicho Saavedra tras reunirse con el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, por primera vez después de haber sido elegido por el Parlamento de Canarias el pasado 30 de noviembre.
En opinión de Saavedra, el retraso en la aplicación de la Ley de Dependencia se debe fundamentalmente a la escasez de personal en la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, encargada de tramitar los expedientes.
La Ley de Dependencia establece dos fases, una de valoración del dependiente y de reconocimiento o no del derecho, y otra de reconocimiento de la prestación; y entre ambas existe un margen de tiempo demasiado dilatado, según el Diputado del Común.
Además de las reclamaciones sobre la Ley de Dependencia, destacan también en número las quejas relativas a la administración de justicia y a educación.
En estas dos últimas áreas se trata en general de situaciones particulares de muy diversa índole.
Algunas de las quejas presentadas por los ciudadanos se archivan y se notifica que la administración ha cumplido con sus obligaciones, mientras que en otras se pide a la institución correspondiente que conteste al ciudadano con mayor amplitud.
Saavedra ha indicado que su intención es dar a conocer esta institución "hasta el último rincón de Canarias" para que el ciudadano sepa que existe un instrumento que puede utilizar frente a la administración autonómica y local.
El Diputado del Común está presente en todas las islas, pues en todas hay oficinas de la instituciones, y también pueden presentarse reclamaciones por internet, por lo que esta institución está al alcance de todos los canarios, según ha dicho.
Saavedra ha expresado su intención de impulsar la institución y presionar "para que todas las administraciones sean más diligentes", ya que, en su opinión, hay algunas que cumplen muy bien con sus obligaciones y otras menos.
El pleno del Parlamento de Canarias eligió a Jerónimo Saavedra como Diputado del Común el pasado 30 de noviembre, con los votos de los grupos que apoyan al Gobierno canario, CC-PNC-CCN y PSOE.
Los diputados del PP se ausentaron de la votación al considerar que los grupos del Gobierno no contaron con ellos para la renovación de los órganos parlamentarios, pese a ser el partido más votado en las elecciones.
Los tres diputados del grupo mixto, dos de Nueva Canarias y uno del PIL, optaron por la abstención.
Saavedra, que renunció a su militancia en el PSOE por ser incompatible con su nuevo cargo, ha sido anteriormente presidente del Gobierno de Canarias, ministro de Administraciones Públicas y de Educación y alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, entre otros puestos políticos.
Fuente : abc.es
miércoles, 14 de diciembre de 2011
EL CUIDADO DE LOS MAYORES EN EL AIRE
El cuidado a los ancianos, en el aire
Los recortes de las autonomías se están llevando por delante las ayudas a viejos y jóvenes discapacitados que reconoce la Ley de Dependencia.
Ocho autonomías deben varios meses de ayudas y no pagan a residencias y proveedores. Se han frenado los beneficiarios y siguen esperando una ayuda 312.000 personas con derecho reconocido.
Mientras, Rajoy dice que la Ley de Dependencia "no es viable" y no se puede pagar. Pero no dice que España gasta menos en sus ancianos que el resto de Europa y que para 2050, uno de cada tres españoles tendrá más de 65 años. Hay que afrontar con prioridad y urgencia el cuidado de nuestros mayores y buscar cómo se paga.
La Ley de Dependencia cumple a finales de diciembre 5 años, con un balance agridulce: ha beneficiado a 1.227.871 personas (ancianos y jóvenes discapacitados), pero todavía quedan sin atender la mayoría de los tres millones de españoles que no pueden valerse por sí mismos.
El esfuerzo inversor en Dependencia se ha duplicado (del 0,32% del PIB al 0,64% en 2010), pero aún es la mitad de los países de la OCDE. Y aunque el Estado ha mantenido su aportación, las autonomías han recortado presupuestos, sobre todo en 2011, con lo que se han frenado los beneficiarios: 741.713 a 1 de diciembre (y han caído incluso, entre junio y noviembre, en once autonomías, porque mueren más dependientes de los que acceden a las ayudas.
Y sigue estancada el último año la lista de espera: 312.214 dependientes con derecho reconocido pero que no reciben servicios ni ayuda. Como la mitad tiene más de 80 años, un 10% se muere antes de que les llegue.
Y algo más grave: hay ocho autonomías, con Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña en cabeza, que pagan con retraso (de dos a ocho meses) a las familias que cuidan a dependientes, a las residencias donde están (hay 78.828 camas en residencias concertadas) y a las empresas que los suministran (desde comida a pañales o sillas de ruedas).
En noviembre, más de la mitad de las ayudas (52%) a los dependientes era dinero para sus familias, por cuidarles (entre 300 y 520 € al mes) o para sus cuidadores (entre 625 y 850 €), algo que tenía que ser excepcional, ya que la Ley contempla que las ayudas deberían ser para teleasistencia (13,53%), ayuda a domicilio (13%), Centros de día (6,32%) y sobre todo para residencias (sólo 13,30 % de los beneficiarios).
Pero a las autonomías les sale más barato dar una ayuda a las familias que pagar una residencia (1.800 €), que además, no hay (sólo se han creado 66.000 en la última década). De hecho, en 2005, de cada 100 abuelos que salían del hospital, 20 entraban en residencias y ahora no llegan a 5.
Al final, España gastó en Dependencia 6.767 millones de euros en 2010, pero sólo el 60% es por la nueva Ley (el 40% restante es para cubrir la asistencia que ya se hacía a ancianos y discapacitados). Pues bien, esos 3.623 millones que cuesta la Ley los paga en su mayoría el Estado (50,44%), luego las autonomías (42,46%) y un 7,10% los usuarios. Pero hay grandes diferencias y hay 4 autonomías que no aportan ni la cuarta parte del gasto: Canarias (10%), Comunidad Valenciana (15%), Madrid (26%) y Galicia (27%). Y por eso, tienen más lista de espera y menos dependientes atendidos.
Si en España, 1,58 de cada 100 habitantes reciben ayudas a la dependencia, en Canarias son 0,49, en Valencia 0,84, en Baleares 0,97 y en Madrid 1,19. Eso sí, en la Rioja 2,44, en Andalucía 2,30, en Castilla y León 2,24 y en el País Vasco 2. O sea, que hay que mirar dónde envejecemos.
El problema es que llueve sobre mojado y hay 5 autonomías que siempre suspenden en los exámenes periódicos que les hacen los gestores de residencias: Canarias (0,5 de nota), Comunidad Valenciana (1,5), Asturias (3), Madrid (3,5) y Baleares (4,5). Y denuncian su "empecinamiento en no aplicar las prestaciones y servicios que la Ley contempla".
Sin embargo, hay otras 5 con sobresaliente: Castilla la Mancha (9,5), País Vasco (9,5), Castilla y León (9,5), La Rioja (9) y Aragón(9), aunque temen que esto cambie con los nuevos Gobiernos autonómicos del PP en Toledo, Zaragoza y Logroño, que de hecho, ya han empezado con recortes e impagos a la Dependencia.
Al final, la Ley y la financiación estatal es la misma y hay autonomías con problemas y otras sin ellos. Pero el problema vendrá en 2012, ya que Rajoy ha advertido que la Ley de Dependencia "no es viable", lo que augura más recortes, cuando todavía dos tercios de los dependientes están sin atender. Y cuando la OCDE ha dicho que España tiene que multiplicar por seis su gasto en dependencia en las próximas décadas.
De hecho, España será el país más envejecido de Occidente en 2021 y la población de más de 65 años se va a duplicar: de los 7,6 millones actuales a 15,3 millones en 2050, uno de cada tres españoles.
Con este panorama, no cabe aplicar recortes a la dependencia. El gasto actual, 6.767 millones al año (poco frente a los 88.828 millones de la Sanidad y los 112.000 de las pensiones) tendría por fuerza que crecer, hasta los 20.000 millones en 2015, según la Ley de Dependencia. Y aunque su aplicación se modere por la crisis, queda mucho por hacer. Además, es una inversión con mucho retorno: 165.000 empleos creados estos años y 20 céntimos recuperados por cada euro gastado (entre más cotizaciones e impuestos).
Hay que buscar nuevos recursos, como los planteados por la Comisión de Expertos: una cotización adicional para la Dependencia, un recargo del IVA, el copago en las recetas y promover seguros privados. Y coordinar sanidad, pensiones y dependencia, buscando soluciones conjuntas para nuestros mayores. Es su derecho y nuestra obligación. Se lo debemos a nuestros padres. Y a nosotros y a nuestros hijos, en unos años.
Fuente : valenciaplaza.com
Los recortes de las autonomías se están llevando por delante las ayudas a viejos y jóvenes discapacitados que reconoce la Ley de Dependencia.
Ocho autonomías deben varios meses de ayudas y no pagan a residencias y proveedores. Se han frenado los beneficiarios y siguen esperando una ayuda 312.000 personas con derecho reconocido.
Mientras, Rajoy dice que la Ley de Dependencia "no es viable" y no se puede pagar. Pero no dice que España gasta menos en sus ancianos que el resto de Europa y que para 2050, uno de cada tres españoles tendrá más de 65 años. Hay que afrontar con prioridad y urgencia el cuidado de nuestros mayores y buscar cómo se paga.
La Ley de Dependencia cumple a finales de diciembre 5 años, con un balance agridulce: ha beneficiado a 1.227.871 personas (ancianos y jóvenes discapacitados), pero todavía quedan sin atender la mayoría de los tres millones de españoles que no pueden valerse por sí mismos.
El esfuerzo inversor en Dependencia se ha duplicado (del 0,32% del PIB al 0,64% en 2010), pero aún es la mitad de los países de la OCDE. Y aunque el Estado ha mantenido su aportación, las autonomías han recortado presupuestos, sobre todo en 2011, con lo que se han frenado los beneficiarios: 741.713 a 1 de diciembre (y han caído incluso, entre junio y noviembre, en once autonomías, porque mueren más dependientes de los que acceden a las ayudas.
Y sigue estancada el último año la lista de espera: 312.214 dependientes con derecho reconocido pero que no reciben servicios ni ayuda. Como la mitad tiene más de 80 años, un 10% se muere antes de que les llegue.
Y algo más grave: hay ocho autonomías, con Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña en cabeza, que pagan con retraso (de dos a ocho meses) a las familias que cuidan a dependientes, a las residencias donde están (hay 78.828 camas en residencias concertadas) y a las empresas que los suministran (desde comida a pañales o sillas de ruedas).
En noviembre, más de la mitad de las ayudas (52%) a los dependientes era dinero para sus familias, por cuidarles (entre 300 y 520 € al mes) o para sus cuidadores (entre 625 y 850 €), algo que tenía que ser excepcional, ya que la Ley contempla que las ayudas deberían ser para teleasistencia (13,53%), ayuda a domicilio (13%), Centros de día (6,32%) y sobre todo para residencias (sólo 13,30 % de los beneficiarios).
Pero a las autonomías les sale más barato dar una ayuda a las familias que pagar una residencia (1.800 €), que además, no hay (sólo se han creado 66.000 en la última década). De hecho, en 2005, de cada 100 abuelos que salían del hospital, 20 entraban en residencias y ahora no llegan a 5.
Al final, España gastó en Dependencia 6.767 millones de euros en 2010, pero sólo el 60% es por la nueva Ley (el 40% restante es para cubrir la asistencia que ya se hacía a ancianos y discapacitados). Pues bien, esos 3.623 millones que cuesta la Ley los paga en su mayoría el Estado (50,44%), luego las autonomías (42,46%) y un 7,10% los usuarios. Pero hay grandes diferencias y hay 4 autonomías que no aportan ni la cuarta parte del gasto: Canarias (10%), Comunidad Valenciana (15%), Madrid (26%) y Galicia (27%). Y por eso, tienen más lista de espera y menos dependientes atendidos.
Si en España, 1,58 de cada 100 habitantes reciben ayudas a la dependencia, en Canarias son 0,49, en Valencia 0,84, en Baleares 0,97 y en Madrid 1,19. Eso sí, en la Rioja 2,44, en Andalucía 2,30, en Castilla y León 2,24 y en el País Vasco 2. O sea, que hay que mirar dónde envejecemos.
El problema es que llueve sobre mojado y hay 5 autonomías que siempre suspenden en los exámenes periódicos que les hacen los gestores de residencias: Canarias (0,5 de nota), Comunidad Valenciana (1,5), Asturias (3), Madrid (3,5) y Baleares (4,5). Y denuncian su "empecinamiento en no aplicar las prestaciones y servicios que la Ley contempla".
Sin embargo, hay otras 5 con sobresaliente: Castilla la Mancha (9,5), País Vasco (9,5), Castilla y León (9,5), La Rioja (9) y Aragón(9), aunque temen que esto cambie con los nuevos Gobiernos autonómicos del PP en Toledo, Zaragoza y Logroño, que de hecho, ya han empezado con recortes e impagos a la Dependencia.
Al final, la Ley y la financiación estatal es la misma y hay autonomías con problemas y otras sin ellos. Pero el problema vendrá en 2012, ya que Rajoy ha advertido que la Ley de Dependencia "no es viable", lo que augura más recortes, cuando todavía dos tercios de los dependientes están sin atender. Y cuando la OCDE ha dicho que España tiene que multiplicar por seis su gasto en dependencia en las próximas décadas.
De hecho, España será el país más envejecido de Occidente en 2021 y la población de más de 65 años se va a duplicar: de los 7,6 millones actuales a 15,3 millones en 2050, uno de cada tres españoles.
Con este panorama, no cabe aplicar recortes a la dependencia. El gasto actual, 6.767 millones al año (poco frente a los 88.828 millones de la Sanidad y los 112.000 de las pensiones) tendría por fuerza que crecer, hasta los 20.000 millones en 2015, según la Ley de Dependencia. Y aunque su aplicación se modere por la crisis, queda mucho por hacer. Además, es una inversión con mucho retorno: 165.000 empleos creados estos años y 20 céntimos recuperados por cada euro gastado (entre más cotizaciones e impuestos).
Hay que buscar nuevos recursos, como los planteados por la Comisión de Expertos: una cotización adicional para la Dependencia, un recargo del IVA, el copago en las recetas y promover seguros privados. Y coordinar sanidad, pensiones y dependencia, buscando soluciones conjuntas para nuestros mayores. Es su derecho y nuestra obligación. Se lo debemos a nuestros padres. Y a nosotros y a nuestros hijos, en unos años.
Fuente : valenciaplaza.com
NAVARRA - ARTÍCULO DE OPINIÓN
Injusticias con los recortes en la Ley de Dependencia
Querido/a lector/a, sé que si lees el periódico a diario sentirás ya cansancio de encontrarse casi a diario con cartas en protesta a los recortes en la Ley de la Dependencia. No obstante, mi indignación me obliga a insistir para que nadie en Navarra se quede sin conocer la realidad de abandono a la que nos quieren someter con los recortes de esta ley.
Me llamo Marian y estoy diagnosticada de esclerosis múltiple desde hace 22 años. Cuando me pasaron la valoración de la dependencia me otorgaron un grado de dependencia severa nivel 1.
Ahora he recibido una carta en la que me dicen que es incompatible la ayuda económica, el Servicio de Atención a Domicilio con la plaza en centro de día. En mi caso, del Servicio de Atención a Domicilio no puedo disponer ya que su horario de trabajo comienza a las 8 de la mañana, y para llegar a las actividades del centro de día a las 8.30 he tenido que contratar a una persona que me ayude a vestirme, levantarme, asearme, darme de desayunar, darme la medicación y atender a mi niño que he tenido hace 4 meses.
La ayuda económica que me conceden fue de 230 euros y con esto es imposible pagar a la persona contratada.
Estoy totalmente en contra de que a las personas dependientes nos quiten la ayuda económica para poder cuadrar el balance presupuestario del año 2011. No, así no se trata a las personas que más necesitamos el apoyo de nuestras instituciones.
Fuente : noticiasdenavarra.com
Querido/a lector/a, sé que si lees el periódico a diario sentirás ya cansancio de encontrarse casi a diario con cartas en protesta a los recortes en la Ley de la Dependencia. No obstante, mi indignación me obliga a insistir para que nadie en Navarra se quede sin conocer la realidad de abandono a la que nos quieren someter con los recortes de esta ley.
Me llamo Marian y estoy diagnosticada de esclerosis múltiple desde hace 22 años. Cuando me pasaron la valoración de la dependencia me otorgaron un grado de dependencia severa nivel 1.
Ahora he recibido una carta en la que me dicen que es incompatible la ayuda económica, el Servicio de Atención a Domicilio con la plaza en centro de día. En mi caso, del Servicio de Atención a Domicilio no puedo disponer ya que su horario de trabajo comienza a las 8 de la mañana, y para llegar a las actividades del centro de día a las 8.30 he tenido que contratar a una persona que me ayude a vestirme, levantarme, asearme, darme de desayunar, darme la medicación y atender a mi niño que he tenido hace 4 meses.
La ayuda económica que me conceden fue de 230 euros y con esto es imposible pagar a la persona contratada.
Estoy totalmente en contra de que a las personas dependientes nos quiten la ayuda económica para poder cuadrar el balance presupuestario del año 2011. No, así no se trata a las personas que más necesitamos el apoyo de nuestras instituciones.
Fuente : noticiasdenavarra.com
C.VALENCIANA - LOS IMPAGOS PONEN EN RIESGO EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES
Los impagos de la Generalitat valenciana ponen en riesgo el sistema público de servicios sociales, según CCOO
CCOO PV ha denunciado que los impagos de la Generalitat "están poniendo en peligro el sistema público de servicios sociales" y ha añadido que la Comunitat "suspende en todas las estadísticas de aplicación de la Ley de Dependencia". Al respecto, ha señalado la "alarma sobre la desaparición del sistema ante el ahogo de las entidades que lo gestionan, los presupuestos restrictivos y las tentaciones de privatización" por parte de la Generalitat.
La secretaria de Política Social de CCOO PV, Eva Hernández, en un comunicado, ha señalado que desde su aprobación en 2006 la Ley de la Depedencia "no se ha aplicado como hubiera sido deseable" dado que el 90 por ciento de las prestaciones de servicios está "externalizada, vía subvenciones a entidades sin ánimo de lucro o licitaciones a empresas".
En este sentido, ha afirmado que "los impagos por parte de Bienestar Social están poniendo en cuestión el sistema de servicios sociales".
"El sistema puede desaparecer si lo hacen las entidades y empresas, puesto que la administración no puede asumir el sistema", ha advertido Hernández. "Servicios como la atención a la dependencia, a menores, drogodependientes, mujeres maltratadas, personas en riesgo de exclusión social, mayores, etc., están ahora mismo en peligro", ha apuntado.
"La Ley de Dependencia no se pone en marcha en el País Valenciano hasta 2008", ha continuado la responsable sindicalista, a pesar de que durante los primeros dos años "hubo una evolución favorable en reconocimiento de la situación de dependencia, en 2011 solo se han atendido 1.500 de las 5.000 nuevas solicitudes".
"CCOO PV ha constatado que desde agosto ha descendido el número de solicitudes de reconocimiento y en dictámenes" y en la Comunitat, "de las más de 110.000 solicitudes, solo 42.960 reciben prestación".
Hernández ha destacado que las 31.295 personas que tienen reconocido el derecho subjetivo a ser atendidos, "no lo están ejerciendo" y que los presupuestos públicos de la Generalitat "auguran que solo se van a dar entre 400 y 1.000 nuevas resoluciones de casos, por tanto, no se cubre la demanda".
Ante esta situación, CCOO PV ha anunciado que va a "defender esta ley ante tentaciones, todavía hipotéticas, de que el sistema de dependencia pase a ser un ser un seguro privado" ya que "si el sistema se cae, pueden caer entre 40.000 y 60.000 puestos de trabajo".
Hernández ha anunciado que CCOO PV está trabajando, junto a más de mil entidades sociales y los colegios profesionales del sector en el País Valenciano, en crear una alianza para defender el sistema público de servicios sociales que se presentará a finales de año.
INFORMAYOR
Por otro lado, ha informado de que el sindicato ha puesto a disposición de las personas afectadas por esta situación un teléfono gratuito, el 900 102 305. Allí se les asesorará sobre todo lo relativo a la dependencia, protección social y pensiones.
Gutiérrez ha defendido la Ley de Dependencia "frente a los que dicen que no es viable", puesto que es la única que ha generado empleo: 190.000 puestos de trabajo en todo el Estado. Además, ha negado que la atención a la dependencia "sea necesaria solo para personas mayores, ya que 800.000 personas tienen algún tipo de minusvalía física o psíquica debido a accidentes en España".
Fuente : europapress.es/economia
CCOO PV ha denunciado que los impagos de la Generalitat "están poniendo en peligro el sistema público de servicios sociales" y ha añadido que la Comunitat "suspende en todas las estadísticas de aplicación de la Ley de Dependencia". Al respecto, ha señalado la "alarma sobre la desaparición del sistema ante el ahogo de las entidades que lo gestionan, los presupuestos restrictivos y las tentaciones de privatización" por parte de la Generalitat.
La secretaria de Política Social de CCOO PV, Eva Hernández, en un comunicado, ha señalado que desde su aprobación en 2006 la Ley de la Depedencia "no se ha aplicado como hubiera sido deseable" dado que el 90 por ciento de las prestaciones de servicios está "externalizada, vía subvenciones a entidades sin ánimo de lucro o licitaciones a empresas".
En este sentido, ha afirmado que "los impagos por parte de Bienestar Social están poniendo en cuestión el sistema de servicios sociales".
"El sistema puede desaparecer si lo hacen las entidades y empresas, puesto que la administración no puede asumir el sistema", ha advertido Hernández. "Servicios como la atención a la dependencia, a menores, drogodependientes, mujeres maltratadas, personas en riesgo de exclusión social, mayores, etc., están ahora mismo en peligro", ha apuntado.
"La Ley de Dependencia no se pone en marcha en el País Valenciano hasta 2008", ha continuado la responsable sindicalista, a pesar de que durante los primeros dos años "hubo una evolución favorable en reconocimiento de la situación de dependencia, en 2011 solo se han atendido 1.500 de las 5.000 nuevas solicitudes".
"CCOO PV ha constatado que desde agosto ha descendido el número de solicitudes de reconocimiento y en dictámenes" y en la Comunitat, "de las más de 110.000 solicitudes, solo 42.960 reciben prestación".
Hernández ha destacado que las 31.295 personas que tienen reconocido el derecho subjetivo a ser atendidos, "no lo están ejerciendo" y que los presupuestos públicos de la Generalitat "auguran que solo se van a dar entre 400 y 1.000 nuevas resoluciones de casos, por tanto, no se cubre la demanda".
Ante esta situación, CCOO PV ha anunciado que va a "defender esta ley ante tentaciones, todavía hipotéticas, de que el sistema de dependencia pase a ser un ser un seguro privado" ya que "si el sistema se cae, pueden caer entre 40.000 y 60.000 puestos de trabajo".
Hernández ha anunciado que CCOO PV está trabajando, junto a más de mil entidades sociales y los colegios profesionales del sector en el País Valenciano, en crear una alianza para defender el sistema público de servicios sociales que se presentará a finales de año.
INFORMAYOR
Por otro lado, ha informado de que el sindicato ha puesto a disposición de las personas afectadas por esta situación un teléfono gratuito, el 900 102 305. Allí se les asesorará sobre todo lo relativo a la dependencia, protección social y pensiones.
Gutiérrez ha defendido la Ley de Dependencia "frente a los que dicen que no es viable", puesto que es la única que ha generado empleo: 190.000 puestos de trabajo en todo el Estado. Además, ha negado que la atención a la dependencia "sea necesaria solo para personas mayores, ya que 800.000 personas tienen algún tipo de minusvalía física o psíquica debido a accidentes en España".
Fuente : europapress.es/economia
martes, 13 de diciembre de 2011
ARTÍCULO DE OPINIÓN
El retraso en la vigencia real de la Ley de Dependencia ha conseguido (si es que ese era el fin que perseguían quienes la aprobaron) que se mueran al año más dependientes que los que ingresan en la nómina de atenciones que establece.
A este paso la ley misma dejará de tener sentido cuando se mueran todos los aspirantes o, alternativamente, los trámites resulten tan extenuantes y dilatados que nadie alcance al fin a sacar partido alguno a su situación de dependencia, que se contempla como si fuera algo deseable a lo que algunos optan como forma de resolverse la vida y no una situación, precisada de ayuda, que se produce muy en contra de la voluntad del que la padece.
En tiempos de tijeras largas la dependencia parece un lujo que no está a nuestro alcance o se sitúa muy por detrás de otros lujos, por ejemplo culturales, que hemos decidido permitirnos por no arruinar nuestra vida espiritual.
Es, en el fondo, una cuestión de invertir o no invertir y, sobre todo, de prioridades a la hora de gastar dinero público; en ese terreno, cada vez que se mueve una partida presupuestaria del Estado se pone en situación de riesgo vital a una determinada categoría de personas: baja la inversión en trasplantes (no es el caso, de momento) y se aligeran las listas de espera por muerte de los aspirantes a receptores; se abandona un medicamente caro y mueren su antiguos consumidores; se trata de uno de esos problemas que si se deja a sí mismo se acaba resolviendo por sí solo, como nuestra vida en general, que tiende a rematarse con la muerte.
Así que la ampliada esperanza de vida nos aboca a un final apocalíptico de ancianos enfermos dejados en manos de la familia como entidad subsidiaria de la Seguridad Social que nos podemos pagar.
Fuente : larazon.es/noticia
A este paso la ley misma dejará de tener sentido cuando se mueran todos los aspirantes o, alternativamente, los trámites resulten tan extenuantes y dilatados que nadie alcance al fin a sacar partido alguno a su situación de dependencia, que se contempla como si fuera algo deseable a lo que algunos optan como forma de resolverse la vida y no una situación, precisada de ayuda, que se produce muy en contra de la voluntad del que la padece.
En tiempos de tijeras largas la dependencia parece un lujo que no está a nuestro alcance o se sitúa muy por detrás de otros lujos, por ejemplo culturales, que hemos decidido permitirnos por no arruinar nuestra vida espiritual.
Es, en el fondo, una cuestión de invertir o no invertir y, sobre todo, de prioridades a la hora de gastar dinero público; en ese terreno, cada vez que se mueve una partida presupuestaria del Estado se pone en situación de riesgo vital a una determinada categoría de personas: baja la inversión en trasplantes (no es el caso, de momento) y se aligeran las listas de espera por muerte de los aspirantes a receptores; se abandona un medicamente caro y mueren su antiguos consumidores; se trata de uno de esos problemas que si se deja a sí mismo se acaba resolviendo por sí solo, como nuestra vida en general, que tiende a rematarse con la muerte.
Así que la ampliada esperanza de vida nos aboca a un final apocalíptico de ancianos enfermos dejados en manos de la familia como entidad subsidiaria de la Seguridad Social que nos podemos pagar.
Fuente : larazon.es/noticia
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