viernes, 11 de mayo de 2012

ARAGÓN - UN 40% DE LAS PLAZAS CONCERTADAS NO SE CUBREN

 

Residencias mayores denuncian que    40 % de las plazas concertadas no se cubren


Las residencias de mayores del sector solidario que existen en Aragón no tienen cubiertas el 40 por ciento de las plazas concertadas con el Gobierno aragonés, a pesar de haber personas en lista de espera, debido a los "recortes" que se están produciendo en las prestaciones sociales.

Así lo ha denunciado hoy la presidenta de Lares Aragón, María Pilar Antonio, asociación sin ánimo de lucro que integra a 44 residencias de mayores y siete centros de día, con más de 2.700 plazas, de las que 377 están concertadas con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), al que ha ofrecido "diálogo" para solucionar esta situación, ha dicho.

Ya que según ha informado esas 377 plazas, de las que se han perdido un 40 por ciento desde enero de 2011, pertenecen al antiguo concierto con la administración autonómica, que en abril del pasado año firmó un nuevo acuerdo con todas las residencias de Aragón, también con las mercantiles, para el aumento de las plazas concertadas en el marco de la Ley de la Dependencia.

El IASS no ha cumplido el concierto antiguo pero tampoco el nuevo, por lo que la situación en la Comunidad de plazas concertadas está "peor" que antes, ha denunciado María Pilar Antonio en una rueda de prensa para presentar el X Congreso Lares, que se celebrará en Zaragoza del 23 al 25 de mayo con el lema "El arte de cuidar", con la asistencia de 450 profesionales.

Ha criticado que las plazas de las personas que mueren no se cubran, es decir, no existe reposición, al haber una "cierta paralización" en la Ley de la Dependencia, y ha afirmado que "no se puede ir hacia atrás".
Aún así, a pesar de que no se están dando plazas concertadas y que hay "recortes" en las prestaciones sociales, Aragón está mejor que otras comunidades autónomas en las que se ha producido además un recorte en los precios de los conciertos y retrasos en los pagos, ha criticado el presidente de Lares Federación, José Ignacio Santaolalla, que agrupa a 900 residencias y centros de día españolas, donde atienden a unas 70.000 personas mayores.

Cada comunidad autónoma es diferente, pero la tónica general es la existencia de recortes de la Administración en tres vías, como son la reducción de prestaciones, caso de Aragón, la rebaja de los precios concertados y los impagos, ha explicado.

En concreto ha citado a Castilla-La Mancha y a la Comunidad Valenciana, en las que en su opinión la situación es "absolutamente insostenible" y, a veces, "imposible de soportar" al no poder pagar a los proveedores.

"Con cerrar no se soluciona el problema", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que, aunque se pueda acabar dando menos prestaciones, se intenta no reducir la calidad a pesar de que "a medio plazo es imposible sostener la misma calidad con muchísimo menos dinero".

Por ello, ha reivindicado que se cumpla la Ley de la Dependencia y que se garanticen los derechos de los dependientes, además de que las entidades sin ánimo de lucro sean las primeras, antes que las mercantiles, en ofrecer esas prestaciones, con la garantía y financiación del Estado.

También ha recordado que más del 50 por ciento de las prestaciones de la Dependencia se destinen a las ayudas económicas por cuidados en el entorno familiar, que se ha convertido en la norma de la ley y un recurso que demandan las familias por la crisis económica y el desempleo.

A la administración le interesa porque supone una tercera parte del gasto de una plaza residencial y, aunque es una "opción buena y respetable" y que "no demonizamos", el problema a su juicio es el trasvase que está habiendo en este tipo de ayudas, algo que debería ser supervisado por los responsables.

Lares Aragón agrupa a 44 residencias del sector solidario, cinco en Huesca, seis en Teruel y el resto en la provincia de Zaragoza, con más de 2.500 plazas, además de siete centros de día uno de ellos con unidad de demencia y otro con apartamentos tutelados, con alrededor de 200 plazas.

Ninguno de estos centros ha tenido problemas con el IASS por los cuidados a los mayores, aunque el instituto les ha preguntado si tenían plazas libres para reubicar a los de las residencias que tendrán que cerrar

Fuente  :  eldiariomontanes.es

MÁS DE 275.300 DEPENDIENTES SIN LA PRESTACIÓN A LA QUE TIENEN DERECHO

Según el SAAD
 

Más de 275.300 dependientes, sin la prestación a la que tienen derecho

Dependencia 
 
   Un total de 275.330 personas se encuentran actualmente en el llamado 'limbo de la dependencia' en España, ya que la Administración ha reconocido su derecho a recibir una prestación o servicio por su condición de dependientes pero a 1 de mayo de este año, no percibían ninguna ayuda. 

   Así se desprende de la estadística oficial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) actualizada a 30 de abril y publicada este martes, según la cual 1.033.776 personas han recibido un dictamen que dice que tienen derecho a prestación, pero son 758.446 las que lo perciben.

   Según los mismos datos, el grupo más amplio es el que conforman los dependientes severos, que suponen el 30,45 por ciento del total. Los grandes dependientes son el 27,51 por ciento y, los dependientes moderados, grupo al que por orden del Gobierno no se incorporarán nuevos beneficiarios hasta 2013, suponen el 26,28 por ciento del total. En la estadística figuran, además, 238.806 sin grado asignado.

   En cuanto al tipo de atención que reciben estas personas, como es tradicional desde la entrada en vigor de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, las ayudas económicas son mayoría, aunque la norma las dotaba de carácter excepcional. En algunos casos se reciben en combinación con los servicios, ya que de media, cada dependiente recibe 1,24 prestaciones.

   En la actualidad, 61.758 personas reciben dinero para costear un servicio de atención y 428.899 para sufragar los cuidados del dependiente en el entorno familiar. Además, 864 figuran como beneficiarias de una prestación económica para asistencia personal, de manera que, en total, casi el 52% de las prestaciones concedidas en virtud de la norma son ayudas monetarias.

   Respecto a los servicios, el más extendido es la teleasistencia, con 133.290 en vigor, seguida de la atención residencial que hoy llega a 122.663 dependientes. Asimismo, a 1 de mayo estaban vigentes 120.904 prestaciones de ayuda a domicilio y 61.971 en centros de día o de noche.

   La apuesta minoritaria son los programas de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal, de los que sólo se han concedido 18.726, lo que representa menos de un dos por ciento de todas las prestaciones y servicios que funcionan en la actualidad.

   En total, desde enero de 2007, más de 2,3 millones de españoles han solicitado entrar en el sistema, algo más de dos millones han sido dictaminados y 1.552.864 reconocidos con derecho a recibir una prestación, aunque en este tiempo han sido 1.326.528 las prestaciones acordadas.

Fuente  :  europapress.es/epsocial/noticia

ARAGÓN - RESIDENCIAS EN SITUACIÓN INSOSTENIBLE

 

Las residencias de ancianos en situación insostenible por los recortes


Así lo ha denunciado la presidenta de Lares Aragón, asociación que integra a 44 residencias de mayores y siete centros de día, con más de 2.700 plazas.

Concentración de jubilados contra los recortes.. GUILLERMO C.  
Concentración de jubilados contra los recortes.

 El presidente de Lares, José Ignacio Santaolalla, que agrupa a 900 residencias de mayores y centros de día, ha denunciado que los "recortes" que se están produciendo en las prestaciones sociales ha llevado a muchos centros a una situación "absolutamente insostenible".

Santaolalla, responsable de la Federación de residencias y servicios de atención a los mayores del sector solidario, ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa para presentar el X Congreso Lares, que se celebrará en Zaragoza del 23 al 25 de mayo con el lema 'El arte de cuidar', con la asistencia de 450 profesionales.


Tres vías para los recortes

Ha agregado que cada comunidad autónoma es diferente, pero la tónica general es la existencia de recortes de la administración en tres vías, como son la reducción de prestaciones, la rebaja de los precios concertados y los impagos, ha explicado.

En concreto ha citado a Castilla-La Mancha y a la Comunidad Valenciana, en las que en su opinión la situación es "absolutamente insostenible" y, a veces, "imposible de soportar", al no poder pagar a los proveedores.

"Con cerrar no se soluciona el problema", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que, aunque se pueda acabar dando menos prestaciones, se intenta no reducir la calidad a pesar de que "a medio plazo es imposible sostener la misma calidad con muchísimo menos dinero".

Por ello, ha reivindicado que se cumpla la Ley de la Dependencia y que se garanticen los derechos de los dependientes, además de que las entidades sin ánimo de lucro sean las primeras, antes que las mercantiles, en ofrecer esas prestaciones, con la garantía y financiación del Estado.
Recorte de prestaciones de la Dependencia

También ha recordado que más del 50% de las prestaciones de la Dependencia se destinen a las ayudas económicas por cuidados en el entorno familiar, que se ha convertido en la norma de la ley y un recurso que demandan las familias por la crisis económica y el desempleo.

A la administración le interesa porque supone una tercera parte del gasto de una plaza residencial y, aunque es una "opción buena y respetable" y que "no demonizamos", el problema a su juicio es el trasvase que está habiendo en este tipo de ayudas, algo que debería ser supervisado por los responsables.

Fuente  :  heraldo.es/noticias/aragon

C.VALENCIANA - MÁS DE 5.000 QUEJAS AL SÍNDIC

 

El Síndic ha recibido desde 2007 más de 5.000 quejas de dependientes

 

La institución insta a Bienestar Social a tomar medidas para resolver el "atasco" en las ayudas

 


Entre 2007 y 2011, la Sindicatura de Greuges ha recibido 5.607 quejas sobre irregularidades en la tramitación de los expedientes de personas dependientes por parte de la Consejería de Bienestar Social, a la que insta a tomar medidas para resolver el “atasco” en la concesión de estas ayudas.

 En el apartado específico sobre la Ley de Dependencia del informe de la Sindicatura de 2011, se advierte de la discriminación que supone que “una mayoría aplastante” de los “cuidadores informales” de los dependientes sean mujeres.

Durante el pasado año, el Síndic recibió 1.254 quejas relacionadas con la gestión pública de la Dependencia, una cantidad algo inferior a la de 2010 (1.541) y 2008 (1.864), aunque superior a la de 2009 (948). En conjunto, desde octubre de 2007 y hasta diciembre del pasado ejercicio, la institución conoció de 5.607 quejas relacionadas con las irregularidades en la tramitación de las prestaciones, con una demora que en algunos casos supera los cuatro años.

La Sindicatura incide en que todavía se desconocen los criterios de incoación de estos expedientes, lo que ha generado un sentimiento de “inseguridad jurídica” entre los beneficiarios.

Asimismo, teme que estos retrasos no van a poder ser solventados por el nuevo decreto —que modifica la tramitación de las ayudas y reconoce su retroactividad— aprobado en de febrero de 2011 por la consejería y que todavía no ha tenido “resultado alguno”. “Bien es verdad que el atasco que existe no se puede resolver solo con un nuevo decreto, razón por la que la situación de estancamiento aún no ha sido despejada”, añade.

Falta de medidas

El Síndic echa en falta, en los decretos y órdenes del Consell que desarrollan la norma estatal de la Dependencia, medidas que “intenten abordar la discriminación por razón de género” que se produce en el ámbito del cuidado “informal” a estas personas.

La falta de aplicación de las solicitudes de la ley con efectos retroactivos ha motivado muchas de las quejas recibidas en 2011, ejercicio en el que se ha acordado reconocer por primera vez la ayuda desde la fecha de aprobación del programa individual de atención (PIA), pero solo para las resoluciones dictadas a partir de marzo de 2011. La Sindicatura ha valorado esta medida, aunque considera que debería haberse extendido también a las resoluciones dictadas con anterioridad a marzo de 2011, porque no hacerlo supone un “agravio”.

Fuente  :  ccaa.elpais.com

GALICIA - CERMI PIDE RECTIFICAR AL VALEDOR DO POBO SUS DECLARACIONES

 

Cermi galicia pide al valedor do pobo que rectifique por proponer que se suspenda la ley de dependencia


El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Galicia (Cermi Galicia) pide al Valedor do Pobo (Denfensor del Pueblo) de la comunidad, Benigno López, que rectifique sus declaraciones en el Parlamento sobre la suspensión de la Ley de Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia por falta de recursos económicos.

Así, el Cermi considera que "no se puede consentir" que una figura como el Defensor del Pueblo, "creada para velar por los intereses de los ciudadanos y por hacer cumplir las leyes", haga este tipo de declaraciones. Asimismo, manifiesta su "total repulsa ante un hecho sin precedentes".

"Es inaceptable que el Defensor del Pueblo haga estas declaraciones cuando, precisamente, acababa de presentar un informe que reflejaba que en 2011 se recibió un 9% más de reclamaciones sobre la aplicación de la Ley de Dependencia, llegando a un total de 2.497 quejas", informa el comité.

El Cermi Galicia opina que la actitud de Benigno López supone una "falta de total sensibilidad de cara a las personas con mayores dificultades, entre las que se encuentran las personas con discapacidad".

En este sentido, según continúa el comité gallego, "este llamamiento a que el Gobierno haga unos recortes imprescindibles, justos y necesarios", en palabras de Benigno Sánchez, "no son propias de un alto comisionado que está llamado a amparar los derechos sociales de los ciudadanos".

Además, el Cermi Galicia expresa que tampoco se puede aceptar que el López considere que los ciudadanos están obligados por igual a aceptar las medidas de ajuste que se están produciendo.
También recuerda que Galicia es la comunidad autónoma que presta una mayor tasa de discapacidad (112,9 de cada mil personas, según datos del INE), al mismo tiempo que cuenta con un envejecimiento poblacional que hace "imprescindibles" medidas como las que se recogen en la Ley de Autonomía Personal y Atención a personas en situación de Dependencia, entre otras.

Ante "esta falta de independencia e imparcialidad y, sobre todo, ante esta falta de sensibilidad y de cumplimiento de los fines para los que fue creada la figura del Defensor del Pueblo", el Cermi exige una rectificación por parte de Benigno Sánchez o, por el contrario, su dimisión.

Fuente  :  ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias

ASTURIAS - PRETENDE REBAJAR LA TRAMITACIÓN

 

El Principado pretende rebajar la tramitación de la ley de Dependencia

 

La consejera de Bienestar Social apuesta por el cuidado profesionalizado



Paloma Menéndez, ayer, en Gijón.
Paloma Menéndez, ayer, en Gijón. 



La consejera de Bienestar Social, Paloma Menéndez, aseguró ayer que la intención del Gobierno del Principado es la de poder reducir el tiempo de tramitación de la ley de Dependencia en Asturias a seis meses, si bien la propia ley establece que el plazo debe ser de tres meses.


Menéndez ha apostado por la profesionalización de la ayuda a los dependientes, aunque «la última palabra siempre la tiene el usuario, y en muchas ocasiones prefiere que sea alguien de su entorno familiar», indicó.


Además, la Consejera recordó que en el pasado ejercicio se modificó el presupuesto para dotar de fondos esta partida, que no aparecía recogida en el crédito inicial del Presupuesto, y subrayó que para este año se harán los cambios necesarios para conseguir «que ningún dependiente ni perceptor del salario social se queden sin ayuda».


Paloma Menéndez también señaló que habrá que negociar en las comisiones sectoriales el cobro del dinero procedente del Estado para la prestación, a la vez que el personal que tramita las solicitudes se ha incrementado para agilizar el proceso.

Fuente  :  lne.es/gijon

CATALUÑA - LOS BENEFICIARIOS PAGARÁN MÁS A PARTIR DEL VERANO

 

Los beneficiarios de la Ley de dependencia en Catalunya pagarán más a partir de verano



La Generalitat incrementará a partir de verano el copago en la Ley de dependencia para que las aportaciones de los beneficiarios pasen a financiar en torno al 12% del presupuesto frente al 9,5% actual.




La Generalitat incrementará a partir de verano el copago en la Ley de dependencia para que las aportaciones de los beneficiarios pasen a financiar en torno al 12% del presupuesto frente al 9,5% actual.
En una entrevista a Europa Press en febrero, el conseller de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, ya avanzó que la Generalitat estudiaba aumentar el copago en la Ley de dependencia pasando del 9% actual a un máximo del 13%, quedando exentos aquellos beneficiarios que no tengan recursos económicos ni patrimonio.

Cleries ha asegurado este jueves en el salón FiraGran de L'Hospitalet de Llobregat que en el plazo de un mes se publicará en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya una modificación en el copago de la Ley de dependencia.

"El copago en Catalunya no llega al 10% y queda por debajo de lo que prevé la Ley de dependencia", que es del 33%, ha manifestado Cleries, que ha explicado que si ahora está en torno al 9%, se podrá llegar al 12 ó 13%.

El conseller ha aclarado que se analizará la capacidad económica individual de cada beneficiario "sin tener en cuenta los recursos de la familia, de los hijos o de los nietos".

Ha hecho un llamamiento a la tranquilidad ya que "la gente que no tiene nada, no tendrá que pagar nada porque se lo pagará la Generalitat, y el resto pagará en función de su disponibilidad".

Cleries ha explicado que hay "personas que cobran otras rentas además de la pensión o que tienen mucho patrimonio" que deberán asumir un mayor copago de los servicios.

En el año 2011, la Ley de dependencia en Catalunya representó un gasto de unos 1.200 millones de euros que financiaron la Generalitat (70%), el Estado (20%) y los beneficiarios (9,5%).

Cleries ha explicado que en el último año han crecido un 40% los beneficiarios de la ley y que la aportación del Estado se redujo en 76,5 millones de euros por lo que ha reclamado a la administración central que aporte más dinero.