miércoles, 23 de mayo de 2012

LA CORUÑA - PROTESTAS POR PARALIZACIÓN DE LA LEY


 

Pensionistas y jubilados protestan por la pérdida de poder adquisitivo y la "paralización" de la Ley de Dependencia


La Unión de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados de Galicia (UPJP-UGT) se han concentrado este martes ante las puertas de la Delegación del Gobierno para protestar contra la pérdida de poder adquisitivo y la "paralización" de la Ley de Dependencia.

En declaraciones a los medios, el secretario de organización de UPJP-UGT, Alejandro Pedrido, ha criticado el "prejuicio" que supone para el colectivo las medidas tomadas por el Gobierno Central. Entre ellas, se ha referido a la pérdida del 2,9 por ciento de poder adquisitivo para la mayoría de las pensiones. "Estamos cabreados con el gobierno", ha apostillado.

"Cualquiera que este hoy en día con una familia por debajo del salario mínimo está en el umbral de la pobreza, y más si el salario mínimo fue congelado y la inflación sigue subiendo", ha comentado, para añadir que "es totalmente injusto".

Asimismo, ha denunciado el "repago" de la sanidad pública "al tener que pagar los medicamentos". "El hecho real es que cualquiera que gane más de 100.000 euros paga más de 32.000 euros a Hacienda y cuánto de ese dinero va a los bancos y no puede ser solidario con el resto del colectivo que tiene que pagar las medicinas", ha indicado.

Por último, Pedrido ha criticado la "paralización" en la Ley de Dependencia de nuevos beneficiarios de grado moderado, en relación al recorte de la partida que se destina a esta ayuda en los Presupuestos Generales. "Están muriendo los que la tienen y no incorporan a nadie" cuando, según él, hay 25.000 personas pendientes de que se le otorgue dicha prestación", ha remarcado .

Fuente  :  ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias

CASTILLA-LA MANCHA - CAÍDA LIBRE DE LA LEY

 

Valentín (PSOE): la Ley de la Dependencia está en caída libre en la región


La presidenta del PSOE de Castilla-La Mancha, Matilde Valentín, ha denunciado hoy en Cuenca que la Ley de Dependencia está en "caída libre" en esta región, ya que en el último año su aplicación ha pasado del primer al quinto puesto, según los datos del Imserso, y continúa con indicadores negativos.

Ello ha ocurrido, según indica Valentín en una nota de prensa, por la paralización de la aplicación de la Ley de Dependencia por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha y por los recortes del Gobierno central en los Presupuestos Generales del Estado.

Según la responsable socialista, 5.320 familias han dejado de tener derecho a prestaciones y servicios de Dependencia y se ha dejado de atender a otras 2.000.

Otras 900 familias, según la responsable del PSOE, han dejado de percibir una prestación económica para cuidar a sus mayores en el entorno familiar o en una residencia.

A ello se suma la eliminación de 800 plazas de residencia y 1.361 aparatos de teleasistencia menos y 456 personas menos atendidas en Ayuda a Domicilio.

Valentín ha asegurado que en julio de 2011, Castilla-La Mancha obtuvo una calificación de 9,5 en la aplicación de la Ley, ocupando el primer lugar en el ranking nacional.

Según la líder socialista, Castilla-La Mancha era la Comunidad Autónoma que más presupuesto destinaba a políticas de mayores en relación con el PIB de todo el país e incluso "era la región que más había avanzado en cohesión social".

"Un año después vamos en caída libre, pues estamos ocupando ya el quinto lugar con retroceso y datos negativos en todos los indicadores" ha afirmado.

Ha responsabilizado a la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, de esta situación.
"El retroceso en políticas sociales que estamos sufriendo en Castilla-La Mancha en este primer año de Gobierno de Cospedal" ha asegurado que "no tiene comparación con ningún momento de la Historia reciente de nuestra Democracia".

 Fuente - abc.es/agencias/noticia

jueves, 17 de mayo de 2012

RECORTES SOCIALES

El freno a los dependientes leves no ha servido para atender a los graves

Los beneficiarios con necesidades grandes o severas son 15.000 menos este año

Desde enero están desocupadas 1.757 plazas de residencia que quedaron libres


La Ley de la Dependencia está estrangulada por los dos extremos.

El Gobierno ha paralizado la entrada al sistema de los dependientes leves para dedicar sus esfuerzos a los más graves, pero eso tampoco está ocurriendo: en los últimos cuatro meses, de diciembre a abril, se han perdido 15.877 dependientes graves y severos, lo que quiere decir que el saldo entre los que entran al sistema y los que mueren es negativo.

Los beneficiarios que mueren no se ven sustituidos por otros que precisan ayuda. Esto, que ya venía ocurriendo con los grandes dependientes, se ha extendido a los severos (el grado intermedio de gravedad). Así pues, el sistema crece ficticiamente, porque la mayoría de los que entran son dependientes leves, que no tienen derecho a prestación hasta 2014.

Sin necesidad de un decreto anticrisis, la ley está prácticamente muerta.

Si el sistema está parado no cabe atribuirlo a que ha alcanzado una velocidad de crucero, puesto que hay 275.000 personas esperando la ayuda a la que tienen derecho. Pero de marzo a abril solo se ha atendido a 507 personas más en toda España.


¿Por qué no entran los dependientes al sistema?
Los profesionales sospechan que el baremo con el que se mide si alguien tiene derecho a una ayuda se está aplicando de forma muy rigurosa.

“Prueba de ello es que también se ha incrementado el número de personas que, tras ser valoradas, no consiguen el derecho a una ayuda”, explica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Otra de las grandes reformas anunciadas por la ministra de Sanidad y Política Social, Ana Mato, es la de ir sustituyendo las excesivas ayudas económicas que se están dando para atender a los ancianos en casa por la prestación de un servicio: centros de día, residencias, ayuda a domicilio.

Tampoco parece ser el caso. De enero a abril se han recortado 1.757 plazas de residencia, es decir, aquellas que fueron quedando libres no se han ocupado. “En realidad son muchas más, porque solo en Castilla-La Mancha, donde se ha eliminado por completo el programa de estancias temporales en residencias, podrían salir otras muchas plazas perdidas por esa vía”, explica el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), Alberto Echevarría. “Además, las horas que se prestan de ayuda a domicilio han caído en España una media del 40%.

Ambas cosas son un tiro en el empleo. Por cada dos plazas de residencia que nos quiten se va un trabajador a la calle y lo mismo por cada seis horas menos de ayuda a domicilio. Las pérdidas de empleo están siendo fuertes y automáticas. Se están cargando la ley, la están dejando a cero”, critica Echevarría.
Las horas de ayuda a domicilio se han reducido de media en España un 40%

En comunidades como Castilla-La Mancha, los profesionales han recibido instrucciones verbales de que se paralicen momentáneamente todos los expedientes en los que se concedía una ayuda económica para el cuidador familiar, incluyendo aquellas en las que la familia había dado ya su conformidad; solo se tramitarían servicios, aunque eso signifique colocar a la gente en una lista de espera. Por otra parte, los trabajadores sociales de base han filtrado correos electrónicos en los que se les recomienda priorizar la concesión de un servicio.

“La idea es correcta, es preciso priorizar los servicios, pues generan empleo; pero es perverso cortar las ayudas económicas cuando no hay servicios que prestar. Curiosamente, ahora es más rentable, porque un ciudadano puede quedar eternamente en una lista de espera para una plaza de residencia (incluso morir esperando) sin que se le tenga que abonar nada; sin embargo, si se le concede una ayuda económica, habrá que pagarle con retroactividad, y estos gastos están ahogando a las comunidades, que han perdido 283 millones en los Presupuestos Generales el Estado. Se están viendo obligadas a incumplir la ley”, explica Ramírez.

“Cargarse lentamente la ley es una medida canalla que solo perjudica a los más vulnerables”, añade.

 Fuente  :  elpais.com

 

 

GALICIA - DIMITE VALEDOR DO POBO GALLEGO

Dimite el 'defensor del pueblo' que justificó los recortes de Rajoy y puso en duda la ley de dependencia

 

Las declaraciones de Benigno López, el Valedor do Pobo gallego, fueron duramente criticadas por la oposición y los sindicatos y motivaron la renuncia de la vicevaledora


El Valedor do Pobo, Benigno López. EFE

El Valedor do Pobo, Benigno López. EFE

El Valedor do Pobo, Benigno López, ha presentado hoy la renuncia de su cargo, mediante un breve escrito presentado hoy en el Registro del Parlamento de Galicia, en el que no explica los motivos de su renuncia.
Durante los últimos días, la presión política de los grupos de la oposición sobre la figura del Valedor aumentó debido a unas declaraciones en las que justificaba los recortes del Gobierno y ponía en duda la viabilidad de la ley de dependencia.

Estas declaraciones ya provocaron entonces, hace dos semanas, la dimisión de una de las vicevaledoras, Dolores Galovart, la designada a propuesta del PSdeG, por su rechazo a estas valoraciones hechas por el Valedor.

Pese a la presión de socialistas y nacionalistas en el Parlamento gallego, hoy mismo, tras la celebración de la Junta de Portavoces, el portavoz del grupo mayoritario, Pedro Puy (PP), ha defendido la continuidad del Valedor, ya que su mandato finaliza dentro de dos meses.

Magistrado del TSJG

López (A Coruña, 1952) tomó posesión el 27 de julio de 2007, durante la pasada legislatura, tras ser designado por unanimidad para el cargo por el Parlamento el 17 de ese mismo mes, por lo que en apenas dos meses finalizaba su mandato.

López dijo que la Ley de Dependencia "nació muerta" 
 
Antes de ocupar el cargo de alto comisionado de la Cámara autonómica, Benigno López ejercía como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Desde su toma de posesión, el 27 de julio de 2007, Benigno López González protagonizó diferentes polémicas.

Entre ellas, destacó especialmente los severos reproches que suscitaron desde las filas del BNG sus comentarios sobre el gallego. El alto comisionado, poco más de un mes después de la toma de posesión, suscitó las tempranas críticas del entonces presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, y de su vicepresidente, Anxo Quintana, al asegurar que la introducción del gallego en el ámbito jurídico podía generar "inseguridad" a los no duchos en este idioma.

Lengua gallega

Más adelante, a finales de 2011, aceptó a trámite una reclamación de un dirigente vigués de UPyD sobre un libro de texto, que provocó la modificación por parte de la Consellería de Educación donde recogía que el gallego "es la lengua propia de Galicia", pero no añadía la condición de cooficialidad del castellano. Poco antes, en 2010, había afeado a la Xunta y el Ayuntamiento de A Coruña la edición de una guía de consumo con una única versión en gallego.

En el escrito de renuncia que presentó hoy en el Parlamento no explica los motivos 
 
La última polémica la suscitó cuando aseguró que la Ley de Dependencia "nació muerta" por falta de presupuesto. Esta aseveración motivó la dimisión de la vicevaledora Dolores Galovart y críticas desde varios partidos y sindicatos. El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Galicia (Cermi Galicia) llegó a pedirle que rectificase sus palabras sobre la necesidad de suspender la aplicación de la Ley de Dependencia o dimitiese de su cargo.

Fuente  :  publico.es/espana

viernes, 11 de mayo de 2012

MURCIA - RETRASO DE DOS MESES EN LAS AYUDAS

 

Unos 8.500 dependientes sufren un retraso de dos meses en sus ayudas

 

Política Social debería haberles abonado en marzo un pago que asciende a 8,1 millones de euros


8.500 familias con personas dependientes a su cargo llevan desde marzo a la espera de que el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) les abone, en total, 8,1 millones de euros en ayudas. 
 
 Fuentes de la Consejería de Sanidad y Política Social explican que los afectados cobrarán «de junio en adelante», y admiten que los problemas financieros de la Comunidad Autónoma están detrás de esta situación. El pago de estas ayudas está paralizado hasta que el Plan de Reequilibrio «asegure la liquidez», explican. 
 
En realidad, lo que estas familias están sufriendo es un retraso que se acumula a demoras anteriores. Porque el pago que están esperando se corresponde a las mensualidades de la prestación económica al cuidador que no cobraron en su día por la lentitud en la tramitación de sus expedientes. 
 
Cuando una persona pide una ayuda económica prevista en la Ley de Dependencia, la Administración tiene como máximo seis meses para resolver la solicitud. Pasado ese tiempo, el dependiente tiene ya derecho a cobrar la prestación. Eso significa que, una vez resuelto el expediente, la Consejería debe pagar con carácter retroactivo los meses que el ciudadano ha tenido que esperar 'de más'. 
 
En mayo de 2010, el anterior Gobierno central decidió fraccionar el pago de esas deudas en cinco anualidades. Es decir, los dependientes cobran lo que se les debe a lo largo de cinco años, en cobros que se hacen siempre en el mes de marzo, según el acuerdo al que llegó el Ministerio con las comunidades autónomas. 
 
Sin embargo, ya el año pasado se produjo en Murcia un retraso de un mes en el abono de estas cantidades. En lugar de cobrar en marzo, los afectados recibieron el dinero en abril. Ahora, la demora es mayor, y además no se sabe cuánto puede alargarse esta situación. Es posible que hasta bien entrado el verano. Algunos de estos dependientes aguardan pagos de más de 1.000 euros. 
 
En total, la deuda que Política Social tiene contraída con todos ellos (8.500 familias en total) asciende a 8,1 millones de euros.
 
Plan de Reequilibrio
 
El sistema de la Dependencia va a sufrir en la Región cambios tras la aprobación del Plan de Reequilibrio Financiero. Las modificaciones están pendientes de la negociación entre la Consejería y las federaciones que representan a las personas con discapacidad. El comité que agrupa a todas estas asociaciones, el CERMI, está liderando estas conversaciones. «Todavía no hay nada definitivo, y confiamos en poder llegar a algún acuerdo», explicó ayer a 'La Verdad' Joaquín Barberá, presidente de este organismo. 
 
Como informó en su día 'La Verdad', la Consejería quiere que disponer de una plaza en un centro de día sea incompatible con la prestación económica (ahora pueden recibir un 25% de la ayuda). 
 
El CERMI se opone frontalmente a este cambio. Además, la Comunidad prevé extender el copago a más de 15.000 personas dependientes a las que en estos momentos no se les aplica. 
 
De la ayuda económica al cuidador que reciben cada mes se les retraerá una cantidad en función de su renta. Si no hay cambios de última hora, solo quedarán exentos quienes tengan ingresos inferiores al IPREM, un indicador de medición de la pobreza que en estos momentos está en 532 euros. 
 
Fuente  .  laverdad.es/murcia
 

C.VALENCIANA - CONSELL REBAJARÁ CERCA DE UN 20% LA AYUDA POR CUIDAR A UN DEPENDIENTE



Las rentas más altas no cobrarán los 300 euros mínimos de la prestación al cuidador no profesional. Se implantará el copago para discapacitados

 

El Consell rebajará cerca de un 20% la ayuda por cuidar a un dependiente


Muchos dependientes son cuidados en sus casas por algún familiar
 

La revisión de la Ley de Dependencia para hacerla «viable» es inminente. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya trazó las principales líneas en el documento de reformas  que presentó en la Unión Europea para recuperar la confianza. Sin embargo, autonomías y Ejecutivo central continúan analizando el camino correcto para que la ley deje de ser un coladero de fondos públicos.

En esta línea, la reestructuración más importante es la «revisión de las cuantías de las prestaciones» que reciben los cuidadores informales, es decir, aquellos que  atienden a un familiar en situación de dependencia. Hasta aquí es lo que establece el documento de Rajoy, pero según explicó a LA RAZÓN el secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Joaquín Martínez, la variación del baremo supondrá que el Consell rebaje estas ayudas aproximadamente un 20 por ciento, lo que se traducirá en un ahorro de 40 millones de euros.

Hasta ahora, la subvención máxima era de 520 euros, para los pacientes más graves, y la mínima de cerca de 300. La cuantía variaba según la renta del reconocido como dependiente, pero nunca sin exceder estos límites, es decir, la ayuda para el familiar encargado de cuidarlo era siempre como mínimo de 300 euros, aunque fuera una familia con capacidad económica para costease el servicio. 

A partir de 2013, cuando entrarán en vigor todas estas medidas, este límite desaparecerá, por lo que no será obligatorio que cobren este mínimo.

Quienes demuestren su precariedad económica sí cobrarán el máximo y no se les aplicará ninguna rebaja. Cabe recordar que, debido a la crisis económica, muchas familias sobreviven gracias a esta ayuda.

En principio está previsto que estos cambios sólo afecten a los nuevos cuidadores  y no a los que ya reciben la prestación.

Otro de los puntos clave es lo que Rajoy define como «avanzar en la aplicación efectiva de la contribución del usuario al sistema», que se materializará en la contribución de los ciudadanos en un 33 por ciento -ahora sólo lo hacen en un porcentaje del diez por ciento-.

En este sentido, también se implantará el copago para los discapacitados, exentos hasta ahora de participar económicamente en el sistema.

Todas estas medidas se debatirán entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad durante los próximos 17 y 18 de mayo.

En el encuentro, la Conselleria de Bienestar Social reivindicará que el Estado  financie la ley según los servicios prestados y no según el número de dependientes reconocidos, ya que destina el mismo dinero si el paciente está en un centro especializado o en su casa.

En este sentido, Martínez destacó que la Comunitat es la primera en atención especializada, con un porcentaje del 27,8 por ciento, muy por encima de la media nacional, del 13 por ciento.

Fuente  :  larazon.es/noticia

CANARIAS - SUBIDA DEL IGIG ENCARECE SERVICIOS


ajustes en el gobierno autónomo

 

La subida del IGIC encarece los servicios para los dependientes

 

El incremento de los tipos repercute en las funerarias y en los productos sanitarios



Paulino Rivero y Javier González Ortiz en el Consejo de Gobierno.
Paulino Rivero y Javier González Ortiz en el Consejo de Gobierno.


El incremento del tipo reducido del IGIC del 2% al 3% afectará a las prestaciones vinculadas a la Ley de Dependencia, los servicios de las empresas funerarias y cementerios, los transportes terrestres de viajeros, mercancías y turistas y la reparación de vehículos.

Además, se aplicará a las actividades industriales, gafas y lentillas, productos sanitarios, medicinas para animales o sillas de ruedas.

El anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales desarrolla de forma prolija los productos, servicios y prestaciones afectados y exentos por el incremento de los tipos del IGIC, que grava directamente el consumo y que repercute en los bienes y servicios que se prestan en las Islas. Las exenciones en el pago de este tributo afectan básicamente a productos de alimentación de primera necesidad, medicinas, transporte aéreo y marítimo o las entregas de libros, periódicos o revistas.

Sin embargo, en el incremento de los tipos reducido y general entran el resto de bienes y prestaciones que no están exentos del IGIC. En el caso del tipo reducido, que hasta ahora era del 2%, estarán afectados los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche y la atención residencial previstos en la Ley de Dependencia que se presten en plazas concertadas.

En el artículo 15 de la Ley de Dependencia figura el catálogo de servicios que ofrece el sistema y que, entre otros, son la atención a las necesidades del hogar, los cuidados personales, los centros de día para mayores o los centros de atención a personas con discapacidad.

Otros servicios que verán incrementado el IGIC son los efectuados por las empresas funerarias y los cementerios, el transporte terrestre de viajeros y mercancías, todo tipo de transporte turístico y la reparación de vehículos y sillas de ruedas.

El IGIC también repercute en la entrega de bienes. En el ámbito del consumo más general el sector industrial es el principal afectado por este incremento impositivo. Entre las actividades gravadas figuran la fabricación de aceites, el sacrificio de animales para el consumo humano o la fabricación de ropa, cuero y calzado. También se gravan los productos sanitarios adquiridos para el diagnóstico, control y tratamiento de enfermedades como instrumentos médicos, equipos y materiales quirúrgicos.

Otros bienes sobre los que se aumentará el IGIC son las gafas graduadas y las lentillas, los medicamentos para animales o las sillas de ruedas para el traslado de personas con discapacidad. En el anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales se recogen los productos que se verán gravados con los tipos incrementados del 9,5% y del 13,5%, además del tipo superincrementado del 20%.

La Comunidad Autónoma recupera el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, un tributo que se bonificó en 2008 y por el que la Comunidad Autónoma recaudaba en su momento más de 100 millones de euros. La previsión actual es que se puedan ingresar unos 20 millones, ya que las reducciones y exenciones que figuran en la nueva ley son numerosas. Según establece, las reducciones mejoran las realizadas por la normativa estatal.

Sucesiones

Entre ellas están las de parentesco, discapacidad, seguros de vida, adquisición de vivienda habitual y adquisiciones de bienes del patrimonio histórico y cultural. La Comunidad Autónoma introduce dos reducciones más del impuesto que son por razones de edad o por adquisiciones de bienes del patrimonio natural.

Con respecto al Impuesto sobre el Patrimonio, la norma que prepara el Gobierno canario exime de este tributo a los patrimonios especialmente protegidos de los contribuyentes con discapacidad.

Hacienda también introduce modificaciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de tal manera que si se trata de la transmisión de bienes inmuebles, así como la constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía, el tipo general será del 6,5%.

Fuente  :  laopinion.es/canarias