La reforma de la Dependencia abocará a muchos a la beneficencia, según un informe
Un estudio de la Procuraduría del Principado,
en el que participan varias asociaciones, dice que peligra la
asistencia a mayores y discapacitados
Las últimas reformas aprobadas por el gobierno
de Mariano Rajoy sobre la ley de Dependencia causarán un retroceso en la
atención a mayores y discapacitados «de dimensiones históricas» y puede
obligar a algunos, sobre todo a aquellos que no tengan familias que los
acojan, a depender de «prácticas asistenciales y de beneficencia».
Así
lo manifestó, ayer, la Procuradora General del Principado de Asturias,
María Antonia Fernández Felgueroso, en la presentación de un informe
sobre la ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia.
El texto ha sido
elaborado en colaboración con varias asociaciones, algunas de ellas
representadas en su presentación pública, que llevan cinco años
trabajando en comisión sobre la ley, formulando recomendaciones para su
mejora: Cermi, Once, Fesopras, Aspace, Aspaym, Federación de
Asociaciones de Mayores del Principado de Asturias (FAMPA), y
Pensionistas y Jubilados de CC OO y UGT. Ayer, todas ellas coincidían en
que la ley «ha recibido una estocada de muerte», en palabras de Manuel
Francisco Menéndez (UGT).
La clave, según coincidieron en
subrayar, es el recorte drástico de dinero y de servicios. Entre 800 y
1.000 euros menos en los presupuestos estatales, lo que significa que a
Asturias llegarán 11 millones menos.
Y eso se traduce en la eliminación
de los niveles de discapacidad, con los que se singularizaba la distinta
intensidad de los respectivos grados de dependencia; la supresión del
carácter retroactivo de determinadas prestaciones y el aplazamiento de
dos años para el acceso efectivo al cobro de las mismas; la supresión de
las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores -el 85% son
mujeres- y la disminución de la cantidad que cobran como tales; y la
eliminación de la compatibilidad entre servicios.
«Las
comunidades autónomas que quieran seguir apostando por la ley, tendrán
que hacer un esfuerzo inversor adicional muy difícil en la actual
coyuntura económica», afirmó Fernández Felgueroso.
Dolores San
Martín, de la Federación de Mayores, puso un ejemplo práctico que
indica los daños que causan de estos recortes.
«Ayer mismo, un matrimonio octogenario que vive sólo en su casa y que tenía
cien horas de ayuda a domicilio, recibió la comunicación de que sólo
tendrá 24 horas en días alternos. La situación es gravísima».
En Asturias, el 54% de los 17.500 beneficiados por la ley de dependencia son mayores de 80 años.
En
lo que respecta a los dependientes afectados por algún tipo de
discapacidad física o psíquica, sus representantes coincidieron en
destacar que el principal defecto de la ley fue que nació sin memoria
económica.
«Se aprobó con la unanimidad de todos los grupos pero sin
financiación, y el Estado tiene la obligación de vigilar por los más
débiles. Creemos que está herida de muerte», aseguró Javier Rubio, de
Aspaym.
«Los recortes se saltan los derechos constitucionales y
se ceban en los más desfavorecidos y en los que pagan los impuestos»,
apuntó Francisco García Alonso, de CC OO.
La presidenta del
CERMI, Mónica Oviedo, lamentó que una ley que había reconocido un
derecho subjetivo y que tanto costó que incluyera también a los
discapacitados, «quede vacía de contenido».
El informe sobre
la ley, redactado por los servicios jurídicos de la institución y que se
enviará a la Consejería de Bienestar Social y se incluirá en el informe
anual que la Procuradora presenta todos los años en la Junta General,
pretende ser, según sus responsables, «una reflexión desde la
experiencia cotidiana en el que se concluyen una serie de consecuencias
tan preocupantes como la vulneración tácita del derecho que tienen las
personas dependientes a recibir la necesaria atención pública, así como
la generación de graves situaciones de desprotección social y en todo
caso el directo e inminente deterioro de la atención efectiva a la
dependencia».
«Nuestra obligación es seguir luchando.
Esperemos que alguna vez llegue el rescate a las familias y a las
personas», dijo María Antonia Fernández Felgueroso.
Fuente : lne.es/sociedad
