El vocal de comunicación de la Sociedad Española de Neurología (SEN), Jesús Porta, ha reclamado un despliegue equitativo de la Ley de Dependencia en todas las comunidades autónomas para atajar las "grandes injusticias" de un desarrollo desigual. Así lo exigió en el marco de la LXI Reunión Anual de la SEN que se celebra en Barcelona estos días.
Porta recordó que las enfermedades neurológicas son la primera causa de dependencia en el país, e instó las administraciones a implementar la Ley de forma parecida, también en el tiempo. Es una "obligación ética", dijo, y afirmó que el agravio comparativo entre pacientes de diversas comunidades aumenta su sufrimiento.
Asimismo, instó al Gobierno a escuchar las sociedades científicas para aplicar la ley con "excelencia": financiar la rehabilitación cognitiva de un enfermo, citó a modo de ejemplo, puede ser más eficaz que limitarse a dar dinero a la familia.
El presidente de la SEN, Eduardo Martínez, reclamó fondos para la investigación clínica en neurología, y afirmó que es una "asignatura pendiente" del Gobierno de España. Es "paradójico" y "muy difícil de entender" que tan sólo el 25 por ciento de los grupos de investigación en neurología estén dirigidos por neurólogos, dijo.
Destacó que el 80 por ciento de las familias europeas tienen miembros afectados por enfermedades neurológicas como el alzheimer, el parkinson, infartos cerebrales, y epilepsia, que representan la mitad de las enfermedades discapacitantes en España.
El 25 por ciento de años de vida perdidos por muerte prematura en el país se debe a estas dolencias, añadió Martínez, y subrayó el papel "clave" de la investigación para prevenir la enfermedad y por lo tanto la dependencia.
La LXI Reunión Anual de la SEN reúne a más de 2.500 neurólogos, 800 trabajos científicos y 100 presentaciones, y tratará avances como las técnicas de neurorrescate en personas que han sufrido un ictus; disminución de la toxicidad en fármacos contra el alzheimer; nuevos fármacos antiepilépticos, y técnicas de neurointervencionismo
Fuente : europapress.es
miércoles, 18 de noviembre de 2009
VALLADOLID - EL ALCALDE ACHACA LA SUBIDA DE LAS AYUDAS A DOMICILIO A LA LEY DE DEPENDENCIA
El alcalde achaca la subida de las ayudas a domicilio a la Ley de Dependencia
Asegura que la norma «se aprobó sin la financiación adecuada»
Después de las críticas de PSOE e Izquierda Unida sobre la subida del precio de los diferentes servicios de ayuda a domicilio a partir del 1 de enero del 2010, el alcalde de Valladolid defendió ayer que la causa de este incremento es la Ley de Dependencia.
La oposición criticó los aumentos que incluso harán triplicar las tasas actuales en servicios como ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día, 'catering' o canguros para mayores.
Javier León de la Riva argumentó ayer que en esta ley se especifica que los beneficiarios de la acción social deben abonar el 33% de su coste y que, de momento, lo que ha acordado la Junta de Castilla y León es unificar los servicios y precios de toda la comunidad.
«La crítica se la tienen que hacer a José Luis Rodríguez Zapatero porque es la Ley de Dependencia la que especifica que los beneficiarios tienen que pagar el 33%. En la ciudad de Valladolid van a pagar sólo el 20%, el otro 13% todavía no lo pagan», explicó.
Por otro lado, aseguró que la decisión del Gobierno autonómico de homogeneizar los precios y servicios «es discutible, aunque aceptable y aceptada», añadió el regidor que recordó que ayuntamientos socialistas de la comunidad también han firmado esta decisión.
León de la Riva añadió que el problema que se plantea ahora por la subida de los precios es fruto del nacimiento de esta ley «que se aprobó sin una memoria económica y sin una financiación adecuada y es esa ley la que dice que hay que pagar el 33%, y no el Ayuntamiento de Valladolid».
El alcalde realizó estas declaraciones durante su visita a las obras de urbanización de las calles Fundaciones y San Juan de la Cruz con las que se concluirá la primera fase del Área de Rehabilitación Integral de La Rondilla (ARI).
Fuente : nortecastilla.es
Asegura que la norma «se aprobó sin la financiación adecuada»
Después de las críticas de PSOE e Izquierda Unida sobre la subida del precio de los diferentes servicios de ayuda a domicilio a partir del 1 de enero del 2010, el alcalde de Valladolid defendió ayer que la causa de este incremento es la Ley de Dependencia.
La oposición criticó los aumentos que incluso harán triplicar las tasas actuales en servicios como ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día, 'catering' o canguros para mayores.
Javier León de la Riva argumentó ayer que en esta ley se especifica que los beneficiarios de la acción social deben abonar el 33% de su coste y que, de momento, lo que ha acordado la Junta de Castilla y León es unificar los servicios y precios de toda la comunidad.
«La crítica se la tienen que hacer a José Luis Rodríguez Zapatero porque es la Ley de Dependencia la que especifica que los beneficiarios tienen que pagar el 33%. En la ciudad de Valladolid van a pagar sólo el 20%, el otro 13% todavía no lo pagan», explicó.
Por otro lado, aseguró que la decisión del Gobierno autonómico de homogeneizar los precios y servicios «es discutible, aunque aceptable y aceptada», añadió el regidor que recordó que ayuntamientos socialistas de la comunidad también han firmado esta decisión.
León de la Riva añadió que el problema que se plantea ahora por la subida de los precios es fruto del nacimiento de esta ley «que se aprobó sin una memoria económica y sin una financiación adecuada y es esa ley la que dice que hay que pagar el 33%, y no el Ayuntamiento de Valladolid».
El alcalde realizó estas declaraciones durante su visita a las obras de urbanización de las calles Fundaciones y San Juan de la Cruz con las que se concluirá la primera fase del Área de Rehabilitación Integral de La Rondilla (ARI).
Fuente : nortecastilla.es
GUADALAJARA - VALORADOS EL 72%, PERO SOLO RECIBEN AYUDA EL 43% DE LAS SOLICITUDES
Siete de cada diez solicitudes presentadas en la provincia de Guadalajara al amparo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia han sido valoradas y resueltas y se les ha comunicado a sus titulares el grado y nivel de dependencia que les corresponden.
Sin embargo, sólo cuatro de cada diez tienen adjudicadas prestaciones y servicios. En total, en Guadalajara se han adjudicado 2.933 prestaciones desde el inicio de la aplicación de la Ley.
Son datos ofrecidos recientemente por el delegado de Salud y Bienestar Social, Juan Pablo Martínez Marqueta, que ha señalado que en la provincia de Guadalajara, hasta finales del mes de octubre, se han contabilizado ya un total de 6.769 solicitudes de acogimiento a la Ley de Dependencia. De ellas, se han valorado 6.133, es decir, un 90,6 por ciento. Del total de presentadas han sido valoradas, resueltas y comunicadas 4.892, es decir, un 72 por ciento, siete de cada diez.
Otro dato destacado es que, de las solicitudes valoradas y resueltas, 3.625 (el 74% del total) tienen derecho a recibir prestaciones del sistema, mientras que, de ellas, se han emitido 2.651 resoluciones de Programa Individual de Atención (PIA) y se les ha dado la oportunidad de hacer efectivo su derecho subjetivo a la atención de su situación de dependencia a dos de cada tres solicitantes, mediante el cobro de una prestación económica o la atención en un centro o servicio especializado.
Martínez ha subrayado la gran apuesta que el Gobierno de Castilla-La Mancha sigue manteniendo para continuar entre las mejores comunidades en la prestación de servicios sociales. Cabe recordar que la región se sitúa por encima de la media nacional en el proceso de aplicación de la Ley de Dependencia, como se manifiesta en los últimos datos publicados por el Imserso a fecha 1 de noviembre y la Tesorería General de la Seguridad Social a 20 de octubre.
La Ley fija tres grados de dependencia: la denominada Grado I, que corresponde a los casos de Dependencia Moderada. El Grado II, Dependencia Severa y Grado III, Gran Dependencia, que son los casos en que las personas necesitan ayuda para realizar varias actividades de la vida diaria dos o tres veces al día, o incluso contar con el apoyo permanente de un cuidador.
Fuente _ eldecano.es
Sin embargo, sólo cuatro de cada diez tienen adjudicadas prestaciones y servicios. En total, en Guadalajara se han adjudicado 2.933 prestaciones desde el inicio de la aplicación de la Ley.
Son datos ofrecidos recientemente por el delegado de Salud y Bienestar Social, Juan Pablo Martínez Marqueta, que ha señalado que en la provincia de Guadalajara, hasta finales del mes de octubre, se han contabilizado ya un total de 6.769 solicitudes de acogimiento a la Ley de Dependencia. De ellas, se han valorado 6.133, es decir, un 90,6 por ciento. Del total de presentadas han sido valoradas, resueltas y comunicadas 4.892, es decir, un 72 por ciento, siete de cada diez.
Otro dato destacado es que, de las solicitudes valoradas y resueltas, 3.625 (el 74% del total) tienen derecho a recibir prestaciones del sistema, mientras que, de ellas, se han emitido 2.651 resoluciones de Programa Individual de Atención (PIA) y se les ha dado la oportunidad de hacer efectivo su derecho subjetivo a la atención de su situación de dependencia a dos de cada tres solicitantes, mediante el cobro de una prestación económica o la atención en un centro o servicio especializado.
Martínez ha subrayado la gran apuesta que el Gobierno de Castilla-La Mancha sigue manteniendo para continuar entre las mejores comunidades en la prestación de servicios sociales. Cabe recordar que la región se sitúa por encima de la media nacional en el proceso de aplicación de la Ley de Dependencia, como se manifiesta en los últimos datos publicados por el Imserso a fecha 1 de noviembre y la Tesorería General de la Seguridad Social a 20 de octubre.
La Ley fija tres grados de dependencia: la denominada Grado I, que corresponde a los casos de Dependencia Moderada. El Grado II, Dependencia Severa y Grado III, Gran Dependencia, que son los casos en que las personas necesitan ayuda para realizar varias actividades de la vida diaria dos o tres veces al día, o incluso contar con el apoyo permanente de un cuidador.
Fuente _ eldecano.es
LOS CANARIOS, LOS PEORES TRATADOS DEL PAÍS - ARTÍCULO DE OPINIÓN
La implantación de la Ley de Dependencia es tan desigual por comunidades que mientras algunas avanzan a buen ritmo en otras los ciudadanos se desesperan por una ayuda. En Canarias, por ejemplo, que presenta los peores datos de España en numerosos capítulos, el 66% de las personas con derecho reconocido a una ayuda aún espera por ella. La media española es del 38%. Ahí es nada. Nosotros casi la doblamos.
Un informe elaborado por Comisiones Obreras pone de manifiesto, además, cómo se están disparando las prestaciones económicas frente a los servicios, que la ley considera prioritarios. En ese apartado tres comunidades, según este informe, muestran equilibrio en las ayudas. País Vasco, La Rioja y Extremadura.
La Comunidad Valenciana, Madrid y Canarias “tienen una implantación tan escasa de la ley respecto a su población, que sus datos no alcanzan consistencia estadística”. ¿Y?, nada. Los políticos, los gestores de nuestras miserias, de nuestras enfermedades, como si oyeran llover. No digo yo que les de igual, pero perder el dueño, no lo parece.
CC.OO dice que la lista de espera de ciudadanos dependientes que tienen derecho a una ayuda “y que el Estado debe liderar la interpretación adecuada de la norma para garantizar la igualdad de los ciudadanos en el acceso a sus derechos”, no reciben respuesta.
Dios, Dios. Cuándo aparecen estos datos recordamos, ¡Oh!, que en estas islas hay vecinos que estando discapacitados no tienen quien les eche una mano; los medios de comunicación han dado buena cuenta de esos atropellos pero su publicidad solo sirve para llenar unas páginas, indignarse y poco más. Quienes tienen la obligación de dignificar esas situaciones, viven lejos de una realidad, de esa realidad que no les gusta porque afea e incomoda. No ganamos para disgusto en las islas porque si dejamos a a un lado a los discapacitados (no incluyo algunos políticos, no…), y entramos en la sanidad, en el funcionamiento del SCS es cómo, dice un amigo, para botarse a la bebida.
Veamos. Últimamente, el Gobierno de Canarias ha desarrollado una intensa campaña propagandística emplazando a los ciudadanos a insistir en el debate vital de la sanidad pública. Y nunca mejor lo de vital, ya que para muchos la situación de la sanidad canaria es hoy cuestión de vida o muerte. Esa línea la separa la medicina pública y la privada.
Deterioro sanitario evidente
Cierto. Desde hace años asistimos a un considerable deterioro de la sanidad pública para regocijo de la sanidad privada que se beneficia de conciertos que los gobiernos de CC y PP han desarrollado con diligencia. Se ha ido produciendo la descapitalización del sistema público en beneficio de los centros privados y eso no es un secreto para nadie. Las listas de espera en Canarias son las más largas del Estado español, además del escaso tiempo que los médicos de Atención Primaria (escasez de recursos y elevado número de pacientes) le dedican a los enfermos y otras lamentables condiciones de trabajo como la alta precariedad laboral.
Esta falta de recursos explica en gran parte las graves deficiencias del sistema sanitario español al que no es ajeno Canarias. Tenemos el porcentaje más bajo (30%) de población que manifiesta satisfacción con el sistema sanitario (Encuesta de salud del EUROSTAT) aunque los directivos de la sanidad en Canarias estén felices y contentos con ese pobre dato. Así son de irresponsables. Además, si hablamos de pobreza contamos con las mayores tasas de nuestro entorno en cuanto a mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias, resultado del control deficitario de la higiene alimentaria y ambiental.
Si a todo esto leemos como el Presidente del Sindicato de Médicos, Isidro Rexard, dice que el gobierno canario “no es de fiar porque no cumple” o que “los recortes presupuestarios que anuncia la consejera Roldós va contra la calidad de los servicios”, mejor será cuidarse.
Isidro Rexard saca la lengua a pasear y ha dicho asimismo que un recorte de unos 80 millones de euros en el área sanitaria, tal como anuncia Roldós y los suyos, supone que se van a perjudicar los servicios esenciales, la congelación salarial y desaparecerán las ayudas sociales de los trabajadores.
Marisol Ayala
Fuente : teideactualidad.com
Un informe elaborado por Comisiones Obreras pone de manifiesto, además, cómo se están disparando las prestaciones económicas frente a los servicios, que la ley considera prioritarios. En ese apartado tres comunidades, según este informe, muestran equilibrio en las ayudas. País Vasco, La Rioja y Extremadura.
La Comunidad Valenciana, Madrid y Canarias “tienen una implantación tan escasa de la ley respecto a su población, que sus datos no alcanzan consistencia estadística”. ¿Y?, nada. Los políticos, los gestores de nuestras miserias, de nuestras enfermedades, como si oyeran llover. No digo yo que les de igual, pero perder el dueño, no lo parece.
CC.OO dice que la lista de espera de ciudadanos dependientes que tienen derecho a una ayuda “y que el Estado debe liderar la interpretación adecuada de la norma para garantizar la igualdad de los ciudadanos en el acceso a sus derechos”, no reciben respuesta.
Dios, Dios. Cuándo aparecen estos datos recordamos, ¡Oh!, que en estas islas hay vecinos que estando discapacitados no tienen quien les eche una mano; los medios de comunicación han dado buena cuenta de esos atropellos pero su publicidad solo sirve para llenar unas páginas, indignarse y poco más. Quienes tienen la obligación de dignificar esas situaciones, viven lejos de una realidad, de esa realidad que no les gusta porque afea e incomoda. No ganamos para disgusto en las islas porque si dejamos a a un lado a los discapacitados (no incluyo algunos políticos, no…), y entramos en la sanidad, en el funcionamiento del SCS es cómo, dice un amigo, para botarse a la bebida.
Veamos. Últimamente, el Gobierno de Canarias ha desarrollado una intensa campaña propagandística emplazando a los ciudadanos a insistir en el debate vital de la sanidad pública. Y nunca mejor lo de vital, ya que para muchos la situación de la sanidad canaria es hoy cuestión de vida o muerte. Esa línea la separa la medicina pública y la privada.
Deterioro sanitario evidente
Cierto. Desde hace años asistimos a un considerable deterioro de la sanidad pública para regocijo de la sanidad privada que se beneficia de conciertos que los gobiernos de CC y PP han desarrollado con diligencia. Se ha ido produciendo la descapitalización del sistema público en beneficio de los centros privados y eso no es un secreto para nadie. Las listas de espera en Canarias son las más largas del Estado español, además del escaso tiempo que los médicos de Atención Primaria (escasez de recursos y elevado número de pacientes) le dedican a los enfermos y otras lamentables condiciones de trabajo como la alta precariedad laboral.
Esta falta de recursos explica en gran parte las graves deficiencias del sistema sanitario español al que no es ajeno Canarias. Tenemos el porcentaje más bajo (30%) de población que manifiesta satisfacción con el sistema sanitario (Encuesta de salud del EUROSTAT) aunque los directivos de la sanidad en Canarias estén felices y contentos con ese pobre dato. Así son de irresponsables. Además, si hablamos de pobreza contamos con las mayores tasas de nuestro entorno en cuanto a mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias, resultado del control deficitario de la higiene alimentaria y ambiental.
Si a todo esto leemos como el Presidente del Sindicato de Médicos, Isidro Rexard, dice que el gobierno canario “no es de fiar porque no cumple” o que “los recortes presupuestarios que anuncia la consejera Roldós va contra la calidad de los servicios”, mejor será cuidarse.
Isidro Rexard saca la lengua a pasear y ha dicho asimismo que un recorte de unos 80 millones de euros en el área sanitaria, tal como anuncia Roldós y los suyos, supone que se van a perjudicar los servicios esenciales, la congelación salarial y desaparecerán las ayudas sociales de los trabajadores.
Marisol Ayala
Fuente : teideactualidad.com
CANTABRIA - LA APLICACIÓN DE LA LEY ENFRENTA AL GOBIERNO Y OPOSICIÓN
La aplicación de la Ley de Dependencia enfrentó ayer al Gobierno regional y la oposición en el transcurso de la Comisión de Economía del Parlamento, en la que la vicepresidenta, Dolores Gorostiaga, dio cuenta del presupuesto de su consejería para 2010.
Las cuentas de Empleo y Bienestar Social ascienden a 317,8 millones de euros lo que supone un incremento del 9,5%. Se trata del departamento de la Administración regional que más crece. Gorostiaga apuntó que es un presupuesto austero y de carácter social «adaptado a un periodo de crisis». Se garantiza, dijo, la protección de los colectivos más desfavorecidos.
Destacó sobre todo los gastos en empleo y en la Ley de Dependencia.
Fue esta última la que motivó más enfrentamiento con el portavoz popular, Eduardo Van den Eynde, que criticó que la Administración autonómica asuma el grueso de los gastos, 130 millones de euros, mientras que el Estado aporta sólo 25 millones de los 65 millones que le corresponden. «Ponemos 40 millones de más», puntualizó el diputado popular.
También censuró que el Ejecutivo regional extienda la ayuda al entorno familiar que, a su juicio, debe ser excepcional, porque «es la solución más fácil». Supone, precisó, el 62% de los beneficiarios.
Estos reparos fueron acogidos con desagrado por Gorostiaga, que recordó al representante del PP que Cantabria es la primera comunidad autónoma en el cumplimiento de la Ley de Dependencia. «Ustedes se cabrean cuando pasa algo bueno; deberían estar orgullosos», le dijo, e incluso apuntó que el PP cántabro «podría dar consejos» a sus compañeros en otras comunidades autónomas.
Acusó a los populares de «desconocimiento absoluto» sobre la ley ya que, dijo, la aportación del Estado no tiene que ser del 50%. Precisó que la prioridad es la atención a las personas, pague quien pague. En cuanto a la ayuda al entorno familiar, señaló que es la opción que mayoritariamente elige el dependiente.
Van den Eynde consideró que el presupuesto es un lastre y va a prolongar la crisis porque carece de medidas innovadoras.
Fuente : eldiariomontanes.es
Las cuentas de Empleo y Bienestar Social ascienden a 317,8 millones de euros lo que supone un incremento del 9,5%. Se trata del departamento de la Administración regional que más crece. Gorostiaga apuntó que es un presupuesto austero y de carácter social «adaptado a un periodo de crisis». Se garantiza, dijo, la protección de los colectivos más desfavorecidos.
Destacó sobre todo los gastos en empleo y en la Ley de Dependencia.
Fue esta última la que motivó más enfrentamiento con el portavoz popular, Eduardo Van den Eynde, que criticó que la Administración autonómica asuma el grueso de los gastos, 130 millones de euros, mientras que el Estado aporta sólo 25 millones de los 65 millones que le corresponden. «Ponemos 40 millones de más», puntualizó el diputado popular.
También censuró que el Ejecutivo regional extienda la ayuda al entorno familiar que, a su juicio, debe ser excepcional, porque «es la solución más fácil». Supone, precisó, el 62% de los beneficiarios.
Estos reparos fueron acogidos con desagrado por Gorostiaga, que recordó al representante del PP que Cantabria es la primera comunidad autónoma en el cumplimiento de la Ley de Dependencia. «Ustedes se cabrean cuando pasa algo bueno; deberían estar orgullosos», le dijo, e incluso apuntó que el PP cántabro «podría dar consejos» a sus compañeros en otras comunidades autónomas.
Acusó a los populares de «desconocimiento absoluto» sobre la ley ya que, dijo, la aportación del Estado no tiene que ser del 50%. Precisó que la prioridad es la atención a las personas, pague quien pague. En cuanto a la ayuda al entorno familiar, señaló que es la opción que mayoritariamente elige el dependiente.
Van den Eynde consideró que el presupuesto es un lastre y va a prolongar la crisis porque carece de medidas innovadoras.
Fuente : eldiariomontanes.es
martes, 17 de noviembre de 2009
MADRID - 10.000 EXPEDIENTES DESAPARECIDOS Y "COMPLICIDAD" DEL PP EN EL BLOQUEO DE LA LEY
El concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid Pedro Zerolo denunció hoy los "más de 10.000" informes de valoración de la dependencia de ciudadanos de la capital que han "desaparecido, se han perdido o que no han llegado" al Gobierno regional, motivo por el que criticó la "complicidad" entre Consistorio y Comunidad en el "boicoteo" de la ley.
Las críticas del socialista se produjeron después de que la delegada de Familia y Servicios Sociales, Concepción Dancausa, confirmara hoy en la comisión del ramo que, a fecha de 11 de noviembre, el número de solicitudes de valoración recibidas en el Ayuntamiento era de 58.651, de las que 55.919, esto es, más del 95 por ciento, "ya han sido remitidas a la Comunidad de Madrid", con sus correspondientes informes sociales de entorno.
Para Zerolo, esta cifra no es más que "escándalo" ya que el propio Ejecutivo autonómico reconoció el pasado 1 de noviembre, haber recibido 44.481 informes de valoración, supuestamente de los 179 municipios que integran la región.
El socialista calculó que más o menos la mitad de los informes de valoración podrían proceder de la capital, por lo que "a día de hoy se podría hablar de la desaparición de casi 20.000 expedientes de familias madrileñas que no han llegado a donde deberían llegar".
"Ustedes creen que el Ayuntamiento es un buzón y no tiene competencia alguna, que sólo las tiene la Comunidad pero, si no tienen más, pídanlas", reclamó el edil después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anulara un artículo de la Orden del 17 de diciembre.
En definitiva, y siempre según los socialistas, lo que el TSJM dice es que todas las personas que han solicitado el reconocimiento del grado y nivel de dependencia y que no han recibido respuesta en seis meses tienen derecho a ser atendidos. Para Zerolo el hecho de que la Comunidad no haya recurrido implica el reconocimiento de que habían legislado "de manera inadecuada", algo que tratan de enmendar ahora con una ley que incluye el silencio administrativo negativo.
Dancausa matizó que la sentencia establece que si la Comunidad quiere establecer el silencio administrativo negativo no puede regularlo por una Orden, sino a través de una norma con rango de ley, de ahí que el Gobierno regional "haya anunciado su intención de iniciar una reforma normativa en este sentido, igual que también aseguró que nadie se verá privado de la ayuda".
La edil aseveró que el Ayuntamiento de Madrid está plenamente preparado para atender los casos de dependientes que se le presenten gracias, entre otras cuestiones, a la creación de la Subdirección de Atención a la Dependencia, con 33 nuevos puestos de trabajo, a la incorporación de 102 nuevos trabajadores sociales o la aprobación de una nueva ordenanza que regula el acceso a la ayuda a domicilio y a los centros de día.
Además, la responsable de Familia manifestó que las funciones que tienen los ayuntamientos en la aplicación de la Ley de la Dependencia son "muy limitadas". Por ello instó a los socialistas a preocuparse por la regulación, aún pendiente, del copago, en manos del Gobierno central, o por el desarrollo del sistema informático para conocer la realidad de la aplicación de la Ley en cada Comunidad Autónoma.
"Mientras tanto, nosotros seguiremos cumpliendo con nuestras competencias, y con algunas más, para garantizar que ningún madrileño esté desatendido", concluyó la delegada tras recordar que la ordenanza recientemente aprobado incluye el silencio administrativo positivo.
Fuente : europapress.es
Las críticas del socialista se produjeron después de que la delegada de Familia y Servicios Sociales, Concepción Dancausa, confirmara hoy en la comisión del ramo que, a fecha de 11 de noviembre, el número de solicitudes de valoración recibidas en el Ayuntamiento era de 58.651, de las que 55.919, esto es, más del 95 por ciento, "ya han sido remitidas a la Comunidad de Madrid", con sus correspondientes informes sociales de entorno.
Para Zerolo, esta cifra no es más que "escándalo" ya que el propio Ejecutivo autonómico reconoció el pasado 1 de noviembre, haber recibido 44.481 informes de valoración, supuestamente de los 179 municipios que integran la región.
El socialista calculó que más o menos la mitad de los informes de valoración podrían proceder de la capital, por lo que "a día de hoy se podría hablar de la desaparición de casi 20.000 expedientes de familias madrileñas que no han llegado a donde deberían llegar".
"Ustedes creen que el Ayuntamiento es un buzón y no tiene competencia alguna, que sólo las tiene la Comunidad pero, si no tienen más, pídanlas", reclamó el edil después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anulara un artículo de la Orden del 17 de diciembre.
En definitiva, y siempre según los socialistas, lo que el TSJM dice es que todas las personas que han solicitado el reconocimiento del grado y nivel de dependencia y que no han recibido respuesta en seis meses tienen derecho a ser atendidos. Para Zerolo el hecho de que la Comunidad no haya recurrido implica el reconocimiento de que habían legislado "de manera inadecuada", algo que tratan de enmendar ahora con una ley que incluye el silencio administrativo negativo.
Dancausa matizó que la sentencia establece que si la Comunidad quiere establecer el silencio administrativo negativo no puede regularlo por una Orden, sino a través de una norma con rango de ley, de ahí que el Gobierno regional "haya anunciado su intención de iniciar una reforma normativa en este sentido, igual que también aseguró que nadie se verá privado de la ayuda".
La edil aseveró que el Ayuntamiento de Madrid está plenamente preparado para atender los casos de dependientes que se le presenten gracias, entre otras cuestiones, a la creación de la Subdirección de Atención a la Dependencia, con 33 nuevos puestos de trabajo, a la incorporación de 102 nuevos trabajadores sociales o la aprobación de una nueva ordenanza que regula el acceso a la ayuda a domicilio y a los centros de día.
Además, la responsable de Familia manifestó que las funciones que tienen los ayuntamientos en la aplicación de la Ley de la Dependencia son "muy limitadas". Por ello instó a los socialistas a preocuparse por la regulación, aún pendiente, del copago, en manos del Gobierno central, o por el desarrollo del sistema informático para conocer la realidad de la aplicación de la Ley en cada Comunidad Autónoma.
"Mientras tanto, nosotros seguiremos cumpliendo con nuestras competencias, y con algunas más, para garantizar que ningún madrileño esté desatendido", concluyó la delegada tras recordar que la ordenanza recientemente aprobado incluye el silencio administrativo positivo.
Fuente : europapress.es
lunes, 16 de noviembre de 2009
MURCIA - "DIFICIL" QUE SE DESARROLLE LA LEY DE DEPENDENCIA EN LA ACTUAL SITUACIÓN DE CRISIS
El director general de Instituto de Estudios Económicos, Juan Iranzo, ha considerado hoy "difícil" que se desarrolle la Ley de Dependencia en la actual situación de crisis, y ha solicitado que el Plan E-2 destine recursos para formación en tecnologías de la información y comunicación, sector al que también acceden personas con discapacidad.
Iranzo ha pronunciado la conferencia inaugural de las jornadas "Respuestas jurídicas a las personas con discapacidad especialmente vulnerables", organizadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Murcia y a las que asisten más de 40 jueces y magistrados, abogados, notarios y registradores de toda España.
El catedrático, que en su intervención se ha referido a la crisis desde los puntos de vista financiero, del sector de la construcción, el desempleo, la competitividad o el sector sanitario, ha calificado de "deseable" una disminución de los costes sociales y un aumento del IVA, una decisión, ha asegurado, que "no pone en entredicho el sector asistencial".
El decano del Colegio de Abogados de Madrid ha dicho que es preocupante el retraso del desarrollo de la Ley de Dependencia y la crisis que afecta a la sanidad pública, fundamental para la atención a discapacitados.
Por ello ha considerado "urgente" un pacto de estado para garantizar el sistema sanitario, y en este sentido ha apostado por el "tiquet moderador", con fin disuasorio, o el cheque sanitario, con el que el ciudadano puede elegir ser atendido por el sector público o el privado.
Ha explicado que la destrucción de empleo disminuye también la posibilidad de empleo del discapacitado y se ha mostrado contrario al sistema de cuotas frente al de empleo en función de su formación, capacidad y potencialidad.
Juan Iranzo ha criticado las inversiones del Plan E, que se ha limitado a reconstruir aceras "y lo único que ha conseguido es entorpecer la movilidad y disminuir la actividad comercial". En momentos de crisis en que disminuyen las cotizaciones sociales no hay que hacer aceras sino infraestructuras productivas.
Por ello, el responsable del Instituto de Estudios Económicos ha pedido que los recursos del futuro Plan E 2 se dediquen a financiar las tecnologías de la información y la comunicación, que pueden llegar también a los discapacitados.
El catedrático ha pedido que, en el trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado, y mediante enmiendas, se dediquen recursos a estas tecnologías, que permiten acceder a la formación a personas vulnerables, además de favorecer el empleo, mejorar la productividad, a la vez que facilitar los mecanismos de conciliación laboral y familiar.
Iranzo ha llamado la atención sobre la dificultad de desarrollar la Ley de Dependencia en los dos próximos años, tiempo en que ha opinado que España no saldrá "totalmente" de la crisis.
También se ha referido al hecho de que los recursos para su aplicación no dependen sólo de la administración central sino de las locales y regionales.
Juan Iranzo ha recordado que parte importante de la financiación local ha estado hasta ahora ligada al suelo, a los sectores de la construcción y el inmobiliario, y que el parón en ambos supondrá un impedimento para atender a personas en situación de vulnerabilidad.
Además Pío Aguirre, vocal del CGPJ, ha explicado a Efe que en este foro se va a analizar el impacto de la crisis sobre los discapacitados, sus derechos y libertades según la Convención de las Naciones Unidas así como sus derechos laborales.
Fuente : abc.es
Iranzo ha pronunciado la conferencia inaugural de las jornadas "Respuestas jurídicas a las personas con discapacidad especialmente vulnerables", organizadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Murcia y a las que asisten más de 40 jueces y magistrados, abogados, notarios y registradores de toda España.
El catedrático, que en su intervención se ha referido a la crisis desde los puntos de vista financiero, del sector de la construcción, el desempleo, la competitividad o el sector sanitario, ha calificado de "deseable" una disminución de los costes sociales y un aumento del IVA, una decisión, ha asegurado, que "no pone en entredicho el sector asistencial".
El decano del Colegio de Abogados de Madrid ha dicho que es preocupante el retraso del desarrollo de la Ley de Dependencia y la crisis que afecta a la sanidad pública, fundamental para la atención a discapacitados.
Por ello ha considerado "urgente" un pacto de estado para garantizar el sistema sanitario, y en este sentido ha apostado por el "tiquet moderador", con fin disuasorio, o el cheque sanitario, con el que el ciudadano puede elegir ser atendido por el sector público o el privado.
Ha explicado que la destrucción de empleo disminuye también la posibilidad de empleo del discapacitado y se ha mostrado contrario al sistema de cuotas frente al de empleo en función de su formación, capacidad y potencialidad.
Juan Iranzo ha criticado las inversiones del Plan E, que se ha limitado a reconstruir aceras "y lo único que ha conseguido es entorpecer la movilidad y disminuir la actividad comercial". En momentos de crisis en que disminuyen las cotizaciones sociales no hay que hacer aceras sino infraestructuras productivas.
Por ello, el responsable del Instituto de Estudios Económicos ha pedido que los recursos del futuro Plan E 2 se dediquen a financiar las tecnologías de la información y la comunicación, que pueden llegar también a los discapacitados.
El catedrático ha pedido que, en el trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado, y mediante enmiendas, se dediquen recursos a estas tecnologías, que permiten acceder a la formación a personas vulnerables, además de favorecer el empleo, mejorar la productividad, a la vez que facilitar los mecanismos de conciliación laboral y familiar.
Iranzo ha llamado la atención sobre la dificultad de desarrollar la Ley de Dependencia en los dos próximos años, tiempo en que ha opinado que España no saldrá "totalmente" de la crisis.
También se ha referido al hecho de que los recursos para su aplicación no dependen sólo de la administración central sino de las locales y regionales.
Juan Iranzo ha recordado que parte importante de la financiación local ha estado hasta ahora ligada al suelo, a los sectores de la construcción y el inmobiliario, y que el parón en ambos supondrá un impedimento para atender a personas en situación de vulnerabilidad.
Además Pío Aguirre, vocal del CGPJ, ha explicado a Efe que en este foro se va a analizar el impacto de la crisis sobre los discapacitados, sus derechos y libertades según la Convención de las Naciones Unidas así como sus derechos laborales.
Fuente : abc.es
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