Un manifiesto en el Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down pretende "romper barreras" y sensibilizar
La Asociación Síndrome de Down de Extremadura ha elaborado un manifiesto, con motivo de la celebración el próximo domingo, 21 de marzo, del Día Internacional de las Personas que padecen esta enfermedad, en el que se pretende "romper barreras y lanzar un mensaje de comprensión y complicidad", y en el que además se recogen los deseos del colectivo.
Esta asociación explicó en nota de prensa que es "indudable" que se han producido avances en relación con los derechos de la personas con Síndrome de Down en los últimos años, los cuales, según dijo, ha estado "encabezados por la lucha de las familias" y "bien secundados por los políticos y sociedad civil", lo que supone que las personas con esta enfermedad "poco a poco van ocupando el lugar que se merecen".
Destacó que "son muchos los logros conseguidos", aunque señaló que los momentos actuales son "una dura prueba", puesto que "la lacra del paro también sacude a este colectivo y los recortes económicos a veces se ceban" con el mismo.
"Qué duda cabe que la Ley de Dependencia supuso una paso adelante", resaltó la asociación, que reconoció los "esfuerzos" realizados por la Administración regional, "pero aún hay un largo camino por recorrer", apuntó.
Al respecto, indicó que junto con la dependencia, "la otra gran apuesta" fue la promoción de la Autonomía Personal, ya que este colectivo "se vería muy beneficiado si por parte de toda la sociedad se apostara por la integración o normalización".
Añadió que "ya es un hecho habitual y se ve sin sorpresa" que los chicos y chicas con Síndrome de Down estén escolarizados en Primaria; pero "cada vez es más habitual verlos también" en Secundaria o en Formación Profesional, entre otras enseñanzas.
"El gran reto de toda sociedad democrática, y no solo para con las personas con Síndrome de Down, es que cada uno pueda alcanzar el tope de sus capacidades", señaló la asociación, la cual añadió que este colectivo está "demostrando día a día que pueden, que cada vez pueden más y que cuando se les da una oportunidad cumplen".
Igualmente, destacó que las personas con Síndrome de Down "son muy conscientes de la oportunidad que se plantea cada vez que empiezan a trabajar", por lo que "luchan con todas sus fuerzas por no dejarla escapar". Así, recordó que "son ya varios" los chicos que viven en un piso, con una ayuda de profesionales, pero solos, y en algunos casos trabajando.
La Asociación de Síndrome de Down de Extremadura afirmó que estas personas son "un beneficio para todos" porque promueven "valores que hacen a la sociedad más digna de llamarse humana".
OBJETIVOS
Por otro lado, entre los objetivos y deseos que incluye el citado manifiesto, la asociación mencionó que pretende que la sociedad "deje de mirarse el ombligo y cambie los cristales con los que mira a su alrededor", porque "sólo si nos veis — a las personas con Síndrome de Down— como realmente somos, podremos tener las oportunidades que merecemos", como estudiar y aprender "como los demás", al igual que trabajar y "llegar a ser independientes".
Del mismo modo, añadió que la asociación rechaza la discriminación de cualquier tipo y citó su deseo de convertir "en costumbre" la sensibilización ante esta enfermedad.
Finalmente, la asociación pidió que la sociedad no deje que "un cromosoma de más sea una barrera", porque si el resto abre "las ventanas, el mundo será mucho mejor", concluyó.
Fuente : 20minutos.es
jueves, 18 de marzo de 2010
CANARIAS - PSC PIDE AUDITORÍA POR NO APLICACIÓN LEY
PSC pide auditoría integral Ley Dependencia porque no se aplica en Canarias
Canarias destaca como la comunidad autónoma española que menos dictámenes y menos beneficiarios tiene en la atención a la dependencia, en parte debido a que el Gobierno de Canarias desvía los fondos que recibe del Estado para otros usos, según denunciaron en rueda de prensa los socialistas.
Además, el Gobierno canario no aporta la parte que le corresponde para su financiación y ha centralizado toda la gestión en la Consejería de Bienestar Social, excluyendo a cabildos y ayuntamientos, lo que bloquea burocráticamente el sistema, de acuerdo con el PSC-PSOE.
Detrás de ese bloqueo a la aplicación de la ley y al cumplimiento de los derechos de los dependientes canarios hay mucha gente que sufre y hay muchos empleos que no se crean, unos 15.000, declararon la diputada Francisca Luengo y el portavoz parlamentario, Santiago Pérez.
La solicitud a la Audiencia de Cuentas de una auditoría integral pedida por el grupo socialista debe ser aprobada por el pleno del Parlamento para que se lleve a efecto.
Según datos del IMSERSO sobre la situación de la Ley de Dependencia en España a fecha 1 de marzo, Canarias es la comunidad autónoma que menos dependientes perciben alguna prestación en relación a su población (6.900 personas, el 0,33 por ciento), mientras en el conjunto de España el 1,1 por ciento de los habitantes es beneficiaria.
También cierra Canarias la clasificación en cuanto a dictámenes emitidos, con un porcentaje del 0,96 por ciento (media nacional del 2,37 por ciento), mientras que respecto a solicitantes llega al 1,25 por ciento, frente a una media nacional del 2,62 y solo por encima de Madrid, con el 1,04 por ciento.
El caso de las evaluaciones es especialmente grave desde un punto de vista económico, según Luengo, porque parte de la financiación que da el Estado está en función de ese parámetro, de manera que "no valorar cuesta muy caro" a la Comunidad Autónoma.
El resto de la financiación necesaria para la aplicación de la Ley de Dependencia, en concreto para la creación de nuevos servicios, es aportada en un 50 por ciento por el Estado y el 50 por ciento por la Comunidad Autónoma.
Pero el Gobierno de Canarias, dijo Luengo, no sólo no aporta la mitad que le corresponde, sino que además desvía el dinero del Estado a financiar servicios sociales previamente existentes, para ahorrar así en el presupuesto que ya dedicaba a residencias y otras infraestructuras antes de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia.
"¿Dónde está el dinero de la dependencia; por qué se destina a otras partidas; por qué no aporta el Gobierno de Canarias el 50 por ciento?" son algunas de las preguntas que debe responder la auditoría de la Audiencia de Cuentas, dijo la diputada.
Los socialistas quieren también que se aclare la mala gestión, que lleva a que se tarde dos años en resolver una solicitud, cuando legalmente no debe durar más de seis meses, lo que lleva a que las personas más ancianas que tienen derecho a la prestación "mueran por el camino".
Francisca Luengo afirmó que "el boicot" del Gobierno de Canarias a la Ley de Dependencia incluye una gestión cada vez más centralizada que excluye a cabildos y ayuntamientos, en lugar de dar participación a las corporaciones insulares para realizar las evaluaciones.
Ante este panorama, los socialistas consideraron una falta de respeto que la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, haya responsabilizado a los dependientes del mal funcionamiento del sistema por presentar demasiadas solicitudes.
Si Canarias está en los últimos lugares en cuanto a presentación de solicitudes es por la falta de compromiso del Gobierno de Canarias y por el desánimo que produce en los posibles beneficiarios la falta de respuesta, según Santiago Pérez.
A diferencia de otras comunidades, en Canarias la Ley de Dependencia no se ha traducido en la creación de "ni un solo servicio" nuevo a los dependientes, y especialmente grave para el PSC-PSOE es que no se haya creado ni siquiera el servicio de ayuda a domicilio.
Esta falta de servicios, dijo Luengo, desaprovecha una gran nicho de empleo, en torno a 15.000 personas, que además, si ocurre que el familiar dependiente al que cuidan llega a fallecer estarán formados y en condiciones de incorporarse al mercado laboral para cuidar otros dependientes.
Luengo acusó al Gobierno de Canarias de "desnaturalizar" el sistema de dependencia, porque a las personas beneficiarias solamente les da prestaciones económicas, en lugar de nuevos servicios, ya que le sale más barato.
"El Gobierno de Canarias considera la Ley de Dependencia como un gasto y una carga, en lugar de como una fuente de inversión y de empleo", además de un derecho de los ciudadanos, dijo Francisca Luengo.
Fuente : abc.es
Canarias destaca como la comunidad autónoma española que menos dictámenes y menos beneficiarios tiene en la atención a la dependencia, en parte debido a que el Gobierno de Canarias desvía los fondos que recibe del Estado para otros usos, según denunciaron en rueda de prensa los socialistas.
Además, el Gobierno canario no aporta la parte que le corresponde para su financiación y ha centralizado toda la gestión en la Consejería de Bienestar Social, excluyendo a cabildos y ayuntamientos, lo que bloquea burocráticamente el sistema, de acuerdo con el PSC-PSOE.
Detrás de ese bloqueo a la aplicación de la ley y al cumplimiento de los derechos de los dependientes canarios hay mucha gente que sufre y hay muchos empleos que no se crean, unos 15.000, declararon la diputada Francisca Luengo y el portavoz parlamentario, Santiago Pérez.
La solicitud a la Audiencia de Cuentas de una auditoría integral pedida por el grupo socialista debe ser aprobada por el pleno del Parlamento para que se lleve a efecto.
Según datos del IMSERSO sobre la situación de la Ley de Dependencia en España a fecha 1 de marzo, Canarias es la comunidad autónoma que menos dependientes perciben alguna prestación en relación a su población (6.900 personas, el 0,33 por ciento), mientras en el conjunto de España el 1,1 por ciento de los habitantes es beneficiaria.
También cierra Canarias la clasificación en cuanto a dictámenes emitidos, con un porcentaje del 0,96 por ciento (media nacional del 2,37 por ciento), mientras que respecto a solicitantes llega al 1,25 por ciento, frente a una media nacional del 2,62 y solo por encima de Madrid, con el 1,04 por ciento.
El caso de las evaluaciones es especialmente grave desde un punto de vista económico, según Luengo, porque parte de la financiación que da el Estado está en función de ese parámetro, de manera que "no valorar cuesta muy caro" a la Comunidad Autónoma.
El resto de la financiación necesaria para la aplicación de la Ley de Dependencia, en concreto para la creación de nuevos servicios, es aportada en un 50 por ciento por el Estado y el 50 por ciento por la Comunidad Autónoma.
Pero el Gobierno de Canarias, dijo Luengo, no sólo no aporta la mitad que le corresponde, sino que además desvía el dinero del Estado a financiar servicios sociales previamente existentes, para ahorrar así en el presupuesto que ya dedicaba a residencias y otras infraestructuras antes de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia.
"¿Dónde está el dinero de la dependencia; por qué se destina a otras partidas; por qué no aporta el Gobierno de Canarias el 50 por ciento?" son algunas de las preguntas que debe responder la auditoría de la Audiencia de Cuentas, dijo la diputada.
Los socialistas quieren también que se aclare la mala gestión, que lleva a que se tarde dos años en resolver una solicitud, cuando legalmente no debe durar más de seis meses, lo que lleva a que las personas más ancianas que tienen derecho a la prestación "mueran por el camino".
Francisca Luengo afirmó que "el boicot" del Gobierno de Canarias a la Ley de Dependencia incluye una gestión cada vez más centralizada que excluye a cabildos y ayuntamientos, en lugar de dar participación a las corporaciones insulares para realizar las evaluaciones.
Ante este panorama, los socialistas consideraron una falta de respeto que la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, haya responsabilizado a los dependientes del mal funcionamiento del sistema por presentar demasiadas solicitudes.
Si Canarias está en los últimos lugares en cuanto a presentación de solicitudes es por la falta de compromiso del Gobierno de Canarias y por el desánimo que produce en los posibles beneficiarios la falta de respuesta, según Santiago Pérez.
A diferencia de otras comunidades, en Canarias la Ley de Dependencia no se ha traducido en la creación de "ni un solo servicio" nuevo a los dependientes, y especialmente grave para el PSC-PSOE es que no se haya creado ni siquiera el servicio de ayuda a domicilio.
Esta falta de servicios, dijo Luengo, desaprovecha una gran nicho de empleo, en torno a 15.000 personas, que además, si ocurre que el familiar dependiente al que cuidan llega a fallecer estarán formados y en condiciones de incorporarse al mercado laboral para cuidar otros dependientes.
Luengo acusó al Gobierno de Canarias de "desnaturalizar" el sistema de dependencia, porque a las personas beneficiarias solamente les da prestaciones económicas, en lugar de nuevos servicios, ya que le sale más barato.
"El Gobierno de Canarias considera la Ley de Dependencia como un gasto y una carga, en lugar de como una fuente de inversión y de empleo", además de un derecho de los ciudadanos, dijo Francisca Luengo.
Fuente : abc.es
MADRID - LA COMUNIDAD DICE QUE SE APLICA LA LEY
Comunidad dice que aplica la Ley de Dependencia y que el 70% de los 400 vecinos evaluados en Aranjuez recibe el servicio
La Comunidad de Madrid aseguró hoy que está aplicando la Ley de Dependencia en todos los municipios de la región desde que se puso en marcha y afirmó que el 70 por ciento de las 400 personas con derecho a prestación por dependencia en Aranjuez ya está recibiendo el servicio que le corresponde.
El Gobierno regional respondía así después de que la delegada de Bienestar Social del municipio, Monserrat García, aseverara que "un total de 57 vecinos han fallecido sin comunicación alguna, esperando a ser valorados y a recibir un recurso al que tenía derecho, a pesar de que la Ley contempla un plazo máximo de 6 meses para valorar a la persona dependiente que tramita su derecho a recibir alguna prestación".
El Ejecutivo autonómico indicó que este año, en materia de dependencia, invertirá casi 900 millones de euros e insistió en que Madrid "es una de las pocas comunidades que mantiene el carácter retroactivo de las ayudas económicas que otorga la Ley de Dependencia".
"El compromiso de la Comunidad de Madrid en atender a todas las personas dependientes de la región se plasma en la red de servicios sociales con la que cuenta con casi 50.000 plazas residenciales, 70.000 ayudas a domicilio y 115.000 teleasistencias", señaló la Comunidad de Madrid.
Asimismo, recordó la puesta en funcionamiento de la nueva Oficina de Información a la Dependencia (en la calle Agustín de Foxá, 31) y el refuerzo de recursos que se ha hecho en el teléfono 012, a través de los cuáles se atenderán a 400.000 personas al año.
RESPUESTA A ALCORCÓN
Por otra parte, la Administración autonómica recordó al alcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana, que desde el año 2003 hasta 2009, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales ha incrementado en más de un 122 por ciento su aportación a los convenios municipales de servicios sociales de atención primaria y de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. También destacó que este año, la Comunidad de Madrid destinará, a través de los citados convenios, un total de 107,5 millones de euros.
Señaló asimismo que de las más de 800 personas dependientes reconocidas en la localidad que tienen un PIA (Plan Individual de Atención), el 62 por ciento cuenta ya con un recurso asignado.
Finalmente, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales pidió a todos los ayuntamientos "lealtad institucional para no confundir a los madrileños". También solicita "toda su colaboración para adaptar sus recursos a una Ley que nació y sigue con una financiación insuficiente e inadecuada".
Fuente : europapress.es
La Comunidad de Madrid aseguró hoy que está aplicando la Ley de Dependencia en todos los municipios de la región desde que se puso en marcha y afirmó que el 70 por ciento de las 400 personas con derecho a prestación por dependencia en Aranjuez ya está recibiendo el servicio que le corresponde.
El Gobierno regional respondía así después de que la delegada de Bienestar Social del municipio, Monserrat García, aseverara que "un total de 57 vecinos han fallecido sin comunicación alguna, esperando a ser valorados y a recibir un recurso al que tenía derecho, a pesar de que la Ley contempla un plazo máximo de 6 meses para valorar a la persona dependiente que tramita su derecho a recibir alguna prestación".
El Ejecutivo autonómico indicó que este año, en materia de dependencia, invertirá casi 900 millones de euros e insistió en que Madrid "es una de las pocas comunidades que mantiene el carácter retroactivo de las ayudas económicas que otorga la Ley de Dependencia".
"El compromiso de la Comunidad de Madrid en atender a todas las personas dependientes de la región se plasma en la red de servicios sociales con la que cuenta con casi 50.000 plazas residenciales, 70.000 ayudas a domicilio y 115.000 teleasistencias", señaló la Comunidad de Madrid.
Asimismo, recordó la puesta en funcionamiento de la nueva Oficina de Información a la Dependencia (en la calle Agustín de Foxá, 31) y el refuerzo de recursos que se ha hecho en el teléfono 012, a través de los cuáles se atenderán a 400.000 personas al año.
RESPUESTA A ALCORCÓN
Por otra parte, la Administración autonómica recordó al alcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana, que desde el año 2003 hasta 2009, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales ha incrementado en más de un 122 por ciento su aportación a los convenios municipales de servicios sociales de atención primaria y de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. También destacó que este año, la Comunidad de Madrid destinará, a través de los citados convenios, un total de 107,5 millones de euros.
Señaló asimismo que de las más de 800 personas dependientes reconocidas en la localidad que tienen un PIA (Plan Individual de Atención), el 62 por ciento cuenta ya con un recurso asignado.
Finalmente, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales pidió a todos los ayuntamientos "lealtad institucional para no confundir a los madrileños". También solicita "toda su colaboración para adaptar sus recursos a una Ley que nació y sigue con una financiación insuficiente e inadecuada".
Fuente : europapress.es
CASTILLA Y LEÓN - GOBIERNO REGULA CUIDADOR FAMILIAR
El Gobierno regula el cuidador familiar en la Ley de Dependencia
El 39% de las 11.280 personas con derecho a prestación en León eligen el dinero
En la provincia de León hay 14.694 personas que tienen reconocida la situación de dependencia, de las que 11.280 les corresponde el acceso a servicios y prestaciones.
El 39% (4.461) han elegido la prestación económica para el cuidado de la persona dependiente en el ámbito familiar, según los datos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León con fecha 1 de marzo.
El Gobierno ha dado «un paso más», según fuentes de la delegación del Gobierno de Castilla y León, para desarrollar la normativa que tipifica la figura del cuidador. «para que no haya ambigüedades».
El Boletín Oficial del Estado publica los requisitos para recibir la prestación económica para cuidados en el entorno familia, que no cambia nada con respecto a lo que ya existía, pero que «da una estabilidad reglamentada» al cuidador personal.
Uno de los requisitos para ser cuidador personal de una persona dependiente es la de tener una capacidad física y psíquica suficiente para desarrollar adecuadamente, por sí misma, las funciones de cuidado y apoyo.
Los responsables de servicios sociales de la Junta de Castilla y León recuerdan, en declaraciones a este periódico, que la comunidad organiza cursos y talleres desde hace un año para las personas que reciben la prestación económica en el ámbito familia, «para que estén bien preparadas para atender a la persona a la que tienen a su cargo y para que sepan cuidarse a ellas mismas, puesto que casi el 90% son mujeres».
De las 10.189 personas que ya han recibido prestación por dependencia en León, 5.728 (56,2%) lo hacen en los servicios como residencias, centros de día, ayuda a domicilio, teleasistencia, prestación vinculada a servicio, prevención y poprmoción de la autonomía personal o asistente personal.
Casi 2.000 (1.648) están eligiendo las prestaciones según el Programa Individualizado de Atención (PIA) o se les ha solicitado completar datos para el cálculo de su capacidad económica.
Le corresponde a las comunidades autónomas o administración que tenga la competencia el establecer los mecanismos de seguimiento y realizar las actividades de control de calidad de las prestaciones reconocidas, así como verificar el cumplimiento de lo establecido en el PIA. En Castilla y León hay 570.312 personas con más de 65 años.
Fuente : diariodeleon.es
El 39% de las 11.280 personas con derecho a prestación en León eligen el dinero
En la provincia de León hay 14.694 personas que tienen reconocida la situación de dependencia, de las que 11.280 les corresponde el acceso a servicios y prestaciones.
El 39% (4.461) han elegido la prestación económica para el cuidado de la persona dependiente en el ámbito familiar, según los datos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León con fecha 1 de marzo.
El Gobierno ha dado «un paso más», según fuentes de la delegación del Gobierno de Castilla y León, para desarrollar la normativa que tipifica la figura del cuidador. «para que no haya ambigüedades».
El Boletín Oficial del Estado publica los requisitos para recibir la prestación económica para cuidados en el entorno familia, que no cambia nada con respecto a lo que ya existía, pero que «da una estabilidad reglamentada» al cuidador personal.
Uno de los requisitos para ser cuidador personal de una persona dependiente es la de tener una capacidad física y psíquica suficiente para desarrollar adecuadamente, por sí misma, las funciones de cuidado y apoyo.
Los responsables de servicios sociales de la Junta de Castilla y León recuerdan, en declaraciones a este periódico, que la comunidad organiza cursos y talleres desde hace un año para las personas que reciben la prestación económica en el ámbito familia, «para que estén bien preparadas para atender a la persona a la que tienen a su cargo y para que sepan cuidarse a ellas mismas, puesto que casi el 90% son mujeres».
De las 10.189 personas que ya han recibido prestación por dependencia en León, 5.728 (56,2%) lo hacen en los servicios como residencias, centros de día, ayuda a domicilio, teleasistencia, prestación vinculada a servicio, prevención y poprmoción de la autonomía personal o asistente personal.
Casi 2.000 (1.648) están eligiendo las prestaciones según el Programa Individualizado de Atención (PIA) o se les ha solicitado completar datos para el cálculo de su capacidad económica.
Le corresponde a las comunidades autónomas o administración que tenga la competencia el establecer los mecanismos de seguimiento y realizar las actividades de control de calidad de las prestaciones reconocidas, así como verificar el cumplimiento de lo establecido en el PIA. En Castilla y León hay 570.312 personas con más de 65 años.
Fuente : diariodeleon.es
ASTURIAS - LEY DEPENDENCIA, DE NUNCA ACABAR
La jefa del área de Servicios de Proximidad del Principado asegura que en 2011 aumentará el número de solicitudes de discapacitados moderados
La ley de Dependencia es un recurso sin fin: se comenzó a aplicar hace tres años en Asturias y la previsión es que el número de beneficiarios crezca con el paso del tiempo.
«Hay que tener presente que personas con dependencia las hay y las habrá. La población, además de envejecer, sufre avatares que le hace susceptible de hacer uso de esta ley», explicó ayer la jefa del área de servicios de proximidad y atención personalizada de Bienestar Social, Susana del Olmo, durante una conferencia que ofreció en el centro de día «Ría de Avilés».
Añadió además: «Algunos niños ya nacen con alguna discapacidad y las personas valoradas hace tres años han sufrido, en algunos casos, empeoramientos por lo que hay que hacerles una nueva valoración. La ley de Dependencia es un recurso en crecimiento y consolidación».
Del Olmo destacó además que, hasta ahora, muchos asturianos no solicitaron la prestación por dependencia «porque entendían que no encajaban en la ley». El próximo año, subrayó la ponente, comenzarán a gestionarse los expedientes de grado I nivel II (dependencia moderada) y entonces aumentará previsiblemente el número de solicitudes.
Los beneficiarios de la ley de Dependencia deben cumplir un escrupuloso proceso para optar a esta servicio que, sólo en Asturias, llega actualmente a 32.000 familias. Los dependientes tienen opción de elegir o un servicio o una prestación económica.
Los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de la autonomía personal son: la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los centros de día y los alojamientos temporales.
Las prestaciones económicas se establecen según sean para cuidados de la persona dependiente en el medio familiar, de asistencia personal o vinculadas al servicio (dirigida a aquellos ancianos en centros privados, por ejemplo). «A día de hoy hay el mismo peso de solicitudes de servicios que de prestaciones económicas», sentenció Del Olmo durante la ponencia que ofreció en el centro de día que dirige Esther Fernández Riera en las antiguas dependencias de la Casa del Mar.
La responsable del área de servicios de proximidad y atención personalizada hizo alusión también durante su conferencia a la lista de espera que sufren los demandantes de la ley de Dependencia. «En un área como Avilés, con gran volumen de expedientes, hay más retrasos que en el medio rural pero se ha contratado personal para evitar demoras», sentenció.
Y recalcó: «Esta ley es muy compleja y lleva un proceso administrativo largo. Todos los documentos tienen que estar firmados». Y eso que la picaresca parece no cuajar en este servicio. «La gente es muy legal y notifica cualquier cambio. Los casos de picaresca son anecdóticos», concluyó Del Olmo.
Fuente : lne.es
La ley de Dependencia es un recurso sin fin: se comenzó a aplicar hace tres años en Asturias y la previsión es que el número de beneficiarios crezca con el paso del tiempo.
«Hay que tener presente que personas con dependencia las hay y las habrá. La población, además de envejecer, sufre avatares que le hace susceptible de hacer uso de esta ley», explicó ayer la jefa del área de servicios de proximidad y atención personalizada de Bienestar Social, Susana del Olmo, durante una conferencia que ofreció en el centro de día «Ría de Avilés».
Añadió además: «Algunos niños ya nacen con alguna discapacidad y las personas valoradas hace tres años han sufrido, en algunos casos, empeoramientos por lo que hay que hacerles una nueva valoración. La ley de Dependencia es un recurso en crecimiento y consolidación».
Del Olmo destacó además que, hasta ahora, muchos asturianos no solicitaron la prestación por dependencia «porque entendían que no encajaban en la ley». El próximo año, subrayó la ponente, comenzarán a gestionarse los expedientes de grado I nivel II (dependencia moderada) y entonces aumentará previsiblemente el número de solicitudes.
Los beneficiarios de la ley de Dependencia deben cumplir un escrupuloso proceso para optar a esta servicio que, sólo en Asturias, llega actualmente a 32.000 familias. Los dependientes tienen opción de elegir o un servicio o una prestación económica.
Los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de la autonomía personal son: la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los centros de día y los alojamientos temporales.
Las prestaciones económicas se establecen según sean para cuidados de la persona dependiente en el medio familiar, de asistencia personal o vinculadas al servicio (dirigida a aquellos ancianos en centros privados, por ejemplo). «A día de hoy hay el mismo peso de solicitudes de servicios que de prestaciones económicas», sentenció Del Olmo durante la ponencia que ofreció en el centro de día que dirige Esther Fernández Riera en las antiguas dependencias de la Casa del Mar.
La responsable del área de servicios de proximidad y atención personalizada hizo alusión también durante su conferencia a la lista de espera que sufren los demandantes de la ley de Dependencia. «En un área como Avilés, con gran volumen de expedientes, hay más retrasos que en el medio rural pero se ha contratado personal para evitar demoras», sentenció.
Y recalcó: «Esta ley es muy compleja y lleva un proceso administrativo largo. Todos los documentos tienen que estar firmados». Y eso que la picaresca parece no cuajar en este servicio. «La gente es muy legal y notifica cualquier cambio. Los casos de picaresca son anecdóticos», concluyó Del Olmo.
Fuente : lne.es
miércoles, 17 de marzo de 2010
PSOE Y CiU PACTAN TRASLADAR FONDOS
Acuerdo alcanzado ayer en el Congreso
PSOE y CiU pactan trasladar fondos de la formación continua a dependencia
La utilización de los recursos de la formación continua y la formación ocupacional para generar empleo en el sector de la dependencia se encuentra entre las prioridades del acuerdo alcanzado ayer en el Congreso entre el PSOE y Convergència i Unió, que incluye también la aprobación futura de bonificaciones para la contratación de ayuda a las familias.
Mediante este pacto suscrito con los nacionalistas catalanes, el Gobierno se compromete a estudiar el impacto que la Ley de Dependencia está teniendo en la generación de empleo. En las previsiones iniciales del Gobierno figuraba la creación de 300.000 puestos de trabajo, pero hasta ahora sólo se han creado alrededor de 25.000.
Dentro de la aplicación de la Ley de Dependencia, el Gobierno se compromete también a apostar por la prestación de servicios frente a las prestaciones económicas incondicionadas, de común acuerdo con las comunidades autónomas. En el marco de las conversaciones abiertas por el Ejecutivo y los grupos parlamentarios en el madrileño palacio de Zurbano, consta también la intención de estudiar la mejora del tratamiento fiscal en la prestación de todo tipo de servicios asociados a la Ley de Dependencia, sobre todo en lo que afecta al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
En un principio, el pacto entre el PSOE y CiU abarca el estudio de los costes reales de la prestación de los diferentes servicios previstos en la ley. Ello incluirá contar con la renta de las personas beneficiarias, el nivel de vida, los costes de los servicios y el resto de las condiciones socioeconómicas en cada comunidad.
En el pacto se incluye también la elaboración de un plan para reducir los plazos de pago del sector público a las empresas y organizaciones vinculadas al sector de la dependencia. Por último, PSOE y CiU están también de acuerdo en promover la investigación en las áreas relacionadas con la dependencia.
Fuente : cincodias.com
PSOE y CiU pactan trasladar fondos de la formación continua a dependencia
La utilización de los recursos de la formación continua y la formación ocupacional para generar empleo en el sector de la dependencia se encuentra entre las prioridades del acuerdo alcanzado ayer en el Congreso entre el PSOE y Convergència i Unió, que incluye también la aprobación futura de bonificaciones para la contratación de ayuda a las familias.
Mediante este pacto suscrito con los nacionalistas catalanes, el Gobierno se compromete a estudiar el impacto que la Ley de Dependencia está teniendo en la generación de empleo. En las previsiones iniciales del Gobierno figuraba la creación de 300.000 puestos de trabajo, pero hasta ahora sólo se han creado alrededor de 25.000.
Dentro de la aplicación de la Ley de Dependencia, el Gobierno se compromete también a apostar por la prestación de servicios frente a las prestaciones económicas incondicionadas, de común acuerdo con las comunidades autónomas. En el marco de las conversaciones abiertas por el Ejecutivo y los grupos parlamentarios en el madrileño palacio de Zurbano, consta también la intención de estudiar la mejora del tratamiento fiscal en la prestación de todo tipo de servicios asociados a la Ley de Dependencia, sobre todo en lo que afecta al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
En un principio, el pacto entre el PSOE y CiU abarca el estudio de los costes reales de la prestación de los diferentes servicios previstos en la ley. Ello incluirá contar con la renta de las personas beneficiarias, el nivel de vida, los costes de los servicios y el resto de las condiciones socioeconómicas en cada comunidad.
En el pacto se incluye también la elaboración de un plan para reducir los plazos de pago del sector público a las empresas y organizaciones vinculadas al sector de la dependencia. Por último, PSOE y CiU están también de acuerdo en promover la investigación en las áreas relacionadas con la dependencia.
Fuente : cincodias.com
ALICANTE - "CAMPS IMPIDE DESARROLLO LEY"
La Plataforma de la Dependencia acusa a Camps de impedir el desarrollo de la ley
La Plataforma de la Defensa de la Ley de la Dependencia en la Vega Baja acusó ayer al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de «falta de compromiso» y de empeñarse «en no desarrollar esta norma» en la Comunidad Valenciana.
Asimismo critican al conseller Juan Cotino de no hacerlo bien a este respecto «aunque su familia gestiona el 65% de las residencias de la Comunidad», algo que consideran, «no es de recibo».
Aseguran que la nueva consellera, Angélica Such, es más de lo mismo», por lo que proponen en una carta que se pongan en marcha.
Así, exigen que se pague la retroactividad desde que se presentaron las solicitudes de dependientes, que se pague a los familiares de los fallecidos así como que se resuelvan los expedientes en trámite por la vía de urgencia, así como que se normalicen los pagos de los que ya perciben la ayuda «puesto que no es una limosna, es un derecho». A fin de cuentas lo que se solicitan es que se cumpla la ley y consideran necesario que el jefe del Consell la agilice en todos los departamentos de los que depende.
No obstante las críticas de esta plataforma no sólo están dirigidas al ejecutivo autonómico, sino también al nacional.
Desde la Plataforma indican que sólo la Comunidad valenciana «no recibe la aportación del Ministerio de Política Social» y añaden que intentan saber lo que se debe desde el Gobierno a la Comunidad. Para ello solicitaron una reunión a la ministra Trinidad Jiménez en abril de 2009 sin que los haya recibido. En ella le querían preguntar si se destina el dinero que corresponde.
Fuente : laverdad.es
La Plataforma de la Defensa de la Ley de la Dependencia en la Vega Baja acusó ayer al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de «falta de compromiso» y de empeñarse «en no desarrollar esta norma» en la Comunidad Valenciana.
Asimismo critican al conseller Juan Cotino de no hacerlo bien a este respecto «aunque su familia gestiona el 65% de las residencias de la Comunidad», algo que consideran, «no es de recibo».
Aseguran que la nueva consellera, Angélica Such, es más de lo mismo», por lo que proponen en una carta que se pongan en marcha.
Así, exigen que se pague la retroactividad desde que se presentaron las solicitudes de dependientes, que se pague a los familiares de los fallecidos así como que se resuelvan los expedientes en trámite por la vía de urgencia, así como que se normalicen los pagos de los que ya perciben la ayuda «puesto que no es una limosna, es un derecho». A fin de cuentas lo que se solicitan es que se cumpla la ley y consideran necesario que el jefe del Consell la agilice en todos los departamentos de los que depende.
No obstante las críticas de esta plataforma no sólo están dirigidas al ejecutivo autonómico, sino también al nacional.
Desde la Plataforma indican que sólo la Comunidad valenciana «no recibe la aportación del Ministerio de Política Social» y añaden que intentan saber lo que se debe desde el Gobierno a la Comunidad. Para ello solicitaron una reunión a la ministra Trinidad Jiménez en abril de 2009 sin que los haya recibido. En ella le querían preguntar si se destina el dinero que corresponde.
Fuente : laverdad.es
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