Xunta y EGAP firman un convenio para mejorar la formación en dependencia
La Consellería de Bienestar y la Escuela Gallega de Administración Pública (EGAP), firmaron hoy un convenio de colaboración para el desarrollo de actividades de formación dirigidas al personal de la Xunta encargada de atender a personas con problemas de dependencia.
El convenio, presentado hoy por la conselleira de Bienestar, Beatriz Mato y el director de la EGAP, Pablo Figueroa, establece que las actividades formativas comenzarán en octubre e incluirán cursos, seminarios y otras acciones de divulgación dirigidas a profesionales que conforman los equipos de valoración del grado de dependencia y discapacidad y a trabajadores del Servicio Gallego de Salud.
La conselleira de Bienestar señaló en un comunicado que es una "prioridad" del Gobierno autonómico formar a estos profesionales para que presten el mejor servicio y asesoramiento a los solicitantes y beneficiarios de estas prestaciones conforme a la ley de dependencia.
A este respecto, apuntó que además de adquirir los conocimientos básicos para la valoración de discapacidad y dependencia, los participantes podrán conocer también las particularidades de la valoración en función de otros factores como la salud o la edad del solicitante, así como en casos de enfermedades neurológicas progresivas u otros transtornos.
Otro de los aspectos que se abordará en estos cursos será la valoración de la discapacidad en niños menores de 36 meses ya que, según la conselleira, "uno de los objetivos del Gobierno es darle un especial impulso a la atención temprana".
Además de los trabajadores de la Xunta, el proyecto también incluye a cuidadores no profesionales y a empresas que gestionan servicios de atención a la dependencia, con el fin de mejorar la calidad del servicio y de la atención que prestan a los usuarios.
A este respecto, Mato señaló que los cursos pueden servir a estos colectivos como una "herramienta que permita su inserción laboral en el futuro".
Como conclusión, la conselleira destacó que esta iniciativa responde al objetivo de la Xunta de mejorar la calidad de la atención en los servicios que contempla la ley de dependencia y apuntó que esta mejora "pasa por implementar la formación de los trabajadores que atienden a los solicitantes y a los usuarios".
Por su parte, el director de la EGAP expresó su interés por que la institución que dirige dedique una parte de su programación a la formación y especialización de los profesionales del área de atención a personas mayores en situación de dependencia, según el comunicado.
Fuente : abc.es
martes, 25 de mayo de 2010
PSOE Y PP: ACUERDO APLICACIÓN IVA SUPERREDUCIDO
El PSOE y CIU han acordado que cuando entre en vigor la subida general del IVA el próximo 1 de julio, se aplicará el tipo superreducido del 4 por ciento a las prestaciones económicas vinculadas a los servicios de dependencia, es decir, a aquellos servicios privados que se contratan con fondos del sistema de la dependencia.
Así lo ha anunciado en el Congreso el portavoz adjunto de CIU, Josep Sánchez Llibre, que ha indicado que la modificación se acometerá en las próximas semanas en alguna de las iniciativas que se tramitan actualmente en el Senado. Llibre ha intervenido en el pleno de la Cámara Baja durante el debate de toma en consideración de una proposición de ley del PP para aplicar esta medida a todos los servicios de dependencia, sean concertados o privados.
Por tanto, el IVA superreducido se aplicará, además de a los servicios concertados, a la prestación económica vinculada a la adquisición de un servicio cuando no sea posible el acceso a uno público o concertado de atención y cuidado, según establece el artículo 14 de la Ley de Dependencia.
Sánchez Llibre ha justificado el acuerdo diciendo que de lo que se trata "es de ser práctico", de modo que "la iniciativa no se quede en los cajones de la Cámara esperando la venia de sus señorías". Según explicó, en caso de que se tomara en consideración la proposición de ley defendida esta tarde por el PP, ésta no se aprobaría hasta el final del próximo periodo de sesiones.
"SE TRATA DE SER PRÁCTICOS"
Ante esta situación, Llibre ha recalcado que su grupo "ha optado por intentar llegar acuerdo con el Grupo Socialista para recoger el espíritu de los acuerdos de Zurbano". "Nos podemos congratular todas las formaciones políticas porque existe este compromiso y riguroso de presentar esta enmienda en el Senado y que vuelva al Congreso antes del 30 de junio", ha añadido.
Al margen del acuerdo, la proposición de ley que traía a la cámara el Partido Popular solamente ha recabado el apoyo del PNV, pues CIU se abstendrá mientras que el PSOE y las formaciones de izquierdas votarán en contra.
Así, el diputado socialista José Javier Mármol --tras confirmar el acuerdo alcanzado con CIU-- ha preguntado al PP si la rebaja del tipo a las entidades privadas rebajaría los precios al consumidor final. "Creo que deberíamos de estar de acuerdo en que no existe ninguna garantía", ha añadido.
En cualquier caso, ha señalado que la proposición de ley del PP tendría un coste de 60 millones de euros y reclamó a este grupo parlamentario que "si tan prioritaria es la Ley de Dependencia" pidan a "sus compañeros de Madrid, Valencia o Murcia que apliquen la ley y no la boicoteen".
Por su parte, la diputada del PP Lourdes Méndez Monasterio ha defendido su texto diciendo que supondría "un ahorro para la administración". "La bajada del IVA al 4 por ciento crearía empleo", ha añadido.
"TELEASISTENCIA MÁS CARA"
Con todo, Méndez denunció que la subida del IVA "encarecerá la teleasistencia, los geriátricos y los centros de día". "Las personas a las que más afecta son las que más sufrirán la crisis", ha añadido diciendo que los pensionistas sufrirán "pérdida de poder adquisitivo", que cifró en más de 800 euros anuales.
"Es ridículo ver a un presidente del Gobierno aferrado a un discurso que contradicen los hechos", ha apuntado antes de señalar que "estamos ante el recorte social más grande de la democracia".
Por su parte, el diputado de ERC Joan Tardá ha manifestado ante la propuesta 'popular' que "lo prioritario debe ser lo público; lo subsidiario, lo privado concertado y luego lo privado". "Hay lista de espera en centros concertados y existen centros privados que no tienen todas las plazas cubiertas y no se animan a concertarse", ha agregado.
El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, ha mostrado su rechazo a la proposición por "no estar de acuerdo con una política que se abone a la demagogia fiscal". Así, ha criticado al Grupo Popular por "proponer un endurecimiento del concepto de estabilidad publicitaria y expender la aplicación del IVA superreducido a todas las empresas". "Difícilmente es posible", ha concluido.
Fuente : europapress.es
Así lo ha anunciado en el Congreso el portavoz adjunto de CIU, Josep Sánchez Llibre, que ha indicado que la modificación se acometerá en las próximas semanas en alguna de las iniciativas que se tramitan actualmente en el Senado. Llibre ha intervenido en el pleno de la Cámara Baja durante el debate de toma en consideración de una proposición de ley del PP para aplicar esta medida a todos los servicios de dependencia, sean concertados o privados.
Por tanto, el IVA superreducido se aplicará, además de a los servicios concertados, a la prestación económica vinculada a la adquisición de un servicio cuando no sea posible el acceso a uno público o concertado de atención y cuidado, según establece el artículo 14 de la Ley de Dependencia.
Sánchez Llibre ha justificado el acuerdo diciendo que de lo que se trata "es de ser práctico", de modo que "la iniciativa no se quede en los cajones de la Cámara esperando la venia de sus señorías". Según explicó, en caso de que se tomara en consideración la proposición de ley defendida esta tarde por el PP, ésta no se aprobaría hasta el final del próximo periodo de sesiones.
"SE TRATA DE SER PRÁCTICOS"
Ante esta situación, Llibre ha recalcado que su grupo "ha optado por intentar llegar acuerdo con el Grupo Socialista para recoger el espíritu de los acuerdos de Zurbano". "Nos podemos congratular todas las formaciones políticas porque existe este compromiso y riguroso de presentar esta enmienda en el Senado y que vuelva al Congreso antes del 30 de junio", ha añadido.
Al margen del acuerdo, la proposición de ley que traía a la cámara el Partido Popular solamente ha recabado el apoyo del PNV, pues CIU se abstendrá mientras que el PSOE y las formaciones de izquierdas votarán en contra.
Así, el diputado socialista José Javier Mármol --tras confirmar el acuerdo alcanzado con CIU-- ha preguntado al PP si la rebaja del tipo a las entidades privadas rebajaría los precios al consumidor final. "Creo que deberíamos de estar de acuerdo en que no existe ninguna garantía", ha añadido.
En cualquier caso, ha señalado que la proposición de ley del PP tendría un coste de 60 millones de euros y reclamó a este grupo parlamentario que "si tan prioritaria es la Ley de Dependencia" pidan a "sus compañeros de Madrid, Valencia o Murcia que apliquen la ley y no la boicoteen".
Por su parte, la diputada del PP Lourdes Méndez Monasterio ha defendido su texto diciendo que supondría "un ahorro para la administración". "La bajada del IVA al 4 por ciento crearía empleo", ha añadido.
"TELEASISTENCIA MÁS CARA"
Con todo, Méndez denunció que la subida del IVA "encarecerá la teleasistencia, los geriátricos y los centros de día". "Las personas a las que más afecta son las que más sufrirán la crisis", ha añadido diciendo que los pensionistas sufrirán "pérdida de poder adquisitivo", que cifró en más de 800 euros anuales.
"Es ridículo ver a un presidente del Gobierno aferrado a un discurso que contradicen los hechos", ha apuntado antes de señalar que "estamos ante el recorte social más grande de la democracia".
Por su parte, el diputado de ERC Joan Tardá ha manifestado ante la propuesta 'popular' que "lo prioritario debe ser lo público; lo subsidiario, lo privado concertado y luego lo privado". "Hay lista de espera en centros concertados y existen centros privados que no tienen todas las plazas cubiertas y no se animan a concertarse", ha agregado.
El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, ha mostrado su rechazo a la proposición por "no estar de acuerdo con una política que se abone a la demagogia fiscal". Así, ha criticado al Grupo Popular por "proponer un endurecimiento del concepto de estabilidad publicitaria y expender la aplicación del IVA superreducido a todas las empresas". "Difícilmente es posible", ha concluido.
Fuente : europapress.es
CANARIAS - BIENESTAR SOCIAL ANUNCIA QUE "AGILIZARÁ" EXPEDIENTES
Bienestar Social anuncia que agilizará expedientes de dependencia
La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de canarias afirmó hoy que va a agilizar la tramitación de los expedientes de las personas que piden acogerse a la Ley de Dependencia, y para ello aplicará un "plan de choque".
"El plan consiste en la contratación de un total de 29 profesionales (trabajadores sociales y auxiliares administrativos), cuya labor será la agilización de los trámites de resolución de expedientes contemplados en la Ley de Promoción y Autonomía Personal", según la Consejería.
El objetivo es resolver los expedientes en el plazo máximo de seis meses, de acuerdo con este departamento.
Hasta ahora, los solicitantes recibían las visitas en su hogar de los profesionales sociosanitarios de forma separada, y ahora se hará una sola visita por parte de todo el equipo.
También ha anunciado la Consejería que adaptará los planes sociosanitarios ya existentes a la nueva Ley.
Según la Consejería, de las personas que han solicitado acogerse a la Ley de Dependencia, el 50 por ciento no tienen derecho a servicios ni prestaciones por el momento, y de los que sí tienen derecho más de la mitad ya reciben algún servicio, según los datos de la Consejería.
La misma fuente indicó que 10.000 personas reciben atención en prevención, 3.000 servicio de teleasistencia, 17.000 ayuda en domicilio, 10.000 mayores están en centros de día y residencias y 4.700 reciben atención de los 128 centros para personas con discapacidad.
Otras 5.000 personas reciben una prestación económica vinculada al cuidado en el entorno familiar.
En total 40.000 personas reciben un servicio "dentro del marco de la atención a personas dependientes", según la Consejería.
Fuente : abc.es
La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de canarias afirmó hoy que va a agilizar la tramitación de los expedientes de las personas que piden acogerse a la Ley de Dependencia, y para ello aplicará un "plan de choque".
"El plan consiste en la contratación de un total de 29 profesionales (trabajadores sociales y auxiliares administrativos), cuya labor será la agilización de los trámites de resolución de expedientes contemplados en la Ley de Promoción y Autonomía Personal", según la Consejería.
El objetivo es resolver los expedientes en el plazo máximo de seis meses, de acuerdo con este departamento.
Hasta ahora, los solicitantes recibían las visitas en su hogar de los profesionales sociosanitarios de forma separada, y ahora se hará una sola visita por parte de todo el equipo.
También ha anunciado la Consejería que adaptará los planes sociosanitarios ya existentes a la nueva Ley.
Según la Consejería, de las personas que han solicitado acogerse a la Ley de Dependencia, el 50 por ciento no tienen derecho a servicios ni prestaciones por el momento, y de los que sí tienen derecho más de la mitad ya reciben algún servicio, según los datos de la Consejería.
La misma fuente indicó que 10.000 personas reciben atención en prevención, 3.000 servicio de teleasistencia, 17.000 ayuda en domicilio, 10.000 mayores están en centros de día y residencias y 4.700 reciben atención de los 128 centros para personas con discapacidad.
Otras 5.000 personas reciben una prestación económica vinculada al cuidado en el entorno familiar.
En total 40.000 personas reciben un servicio "dentro del marco de la atención a personas dependientes", según la Consejería.
Fuente : abc.es
ANDALUCÍA - LA JUNTA EXIGE AL GOBIERNO QUE ACABE CON "REPARTO INJUSTO"
Junta exige al Gobierno que acabe con el reparto "absolutamente injusto"
La Junta de Andalucía ha reclamado hoy al Gobierno que ponga fin al reparto "absolutamente injusto" entre comunidades de los fondos para la aplicación de la Ley de Dependencia, una demanda que planteará en el próximo Consejo Territorial previsto para el 1 de junio.
En rueda de prensa, la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, ha anunciado que Andalucía seguirá defendiendo y solicitando que el 50 por ciento del fondo que se distribuye este año para desarrollar esta ley sea en función de personas realmente atendidas y "no potencialmente dependientes".
Para la consejera, no puede ser que tres años después de empezar a desarrollarse la Ley de Dependencia, se utilice como criterio a potenciales dependientes según el número de habitantes de la comunidades.
Con estos baremos, según la Junta, el reparto del fondo único que se hace una vez al año supone para Canarias 1.200 euros por persona atendida y para Andalucía, 420 euros, algo que, a su juicio, es "absolutamente injusto".
"Andalucía no quiere ningún privilegio ni un premio", ha destacado Navarro, que ha añadido a continuación que si con los criterios que defiende la Junta alguna otra comunidad recibe "más dinero que nosotros, me parecerá estupendo".
Navarro ha recalcado que "Andalucía sólo quiere defender el derecho de los andaluces y, sobre todo, el esfuerzo económico que está haciendo la Junta".
Fuente : ideal.es
La Junta de Andalucía ha reclamado hoy al Gobierno que ponga fin al reparto "absolutamente injusto" entre comunidades de los fondos para la aplicación de la Ley de Dependencia, una demanda que planteará en el próximo Consejo Territorial previsto para el 1 de junio.
En rueda de prensa, la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, ha anunciado que Andalucía seguirá defendiendo y solicitando que el 50 por ciento del fondo que se distribuye este año para desarrollar esta ley sea en función de personas realmente atendidas y "no potencialmente dependientes".
Para la consejera, no puede ser que tres años después de empezar a desarrollarse la Ley de Dependencia, se utilice como criterio a potenciales dependientes según el número de habitantes de la comunidades.
Con estos baremos, según la Junta, el reparto del fondo único que se hace una vez al año supone para Canarias 1.200 euros por persona atendida y para Andalucía, 420 euros, algo que, a su juicio, es "absolutamente injusto".
"Andalucía no quiere ningún privilegio ni un premio", ha destacado Navarro, que ha añadido a continuación que si con los criterios que defiende la Junta alguna otra comunidad recibe "más dinero que nosotros, me parecerá estupendo".
Navarro ha recalcado que "Andalucía sólo quiere defender el derecho de los andaluces y, sobre todo, el esfuerzo económico que está haciendo la Junta".
Fuente : ideal.es
MURCIA - ¿PARALIZAR LA LEY? NO, GRACIAS
¿Paralizar la Ley de Dependencia? No, gracias
María Eugenia Pérez Parra. Secretaria de Políticas de Protección Social de UGT Región de Murcia
Es curioso pero en las últimas semanas, la denominada Ley de Dependencia está ocupando la atención, y no porque coseche grandes avances en el ámbito social, sino porque en estos momentos de crisis económica, el Gobierno estatal ha decidido recortar gastos sumándose a recientes reclamos de algunas Comunidades autónomas, que pidieron retrasar su implantación justificándose en una insuficiencia financiera.
La Comunidad de Murcia es una de ellas.
No deja de ser llamativo que una comunidad como la nuestra, tres años después de la entrada en vigor de la Ley todavía no haya promulgado normativa de fondo alguna para su desarrollo, mostrando un claro desdén hacia lo que constituye un derecho subjetivo de la ciudadanía.
Esta Ley no sólo garantiza un nuevo derecho para todos, sino que también contempla garantías de dignificación sobre los servicios de calidad, el carácter público de las prestaciones y el acceso a éstas en condiciones de igualdad, calidad y sostenibilidad.
Así que difícilmente podemos entender que se recurra siempre a la misma víctima ante cualquier propuesta de ajuste económico o elemento de confrontación política, y más cuando en la Región apenas despega su desarrollo.
Desde UGT observamos claramente algunos indicadores que reflejan la falta de voluntad institucional para implantar la Ley en la Región, desde la deficiente coordinación y colaboración con las redes de servicios sociales municipales hasta la excesiva dilatación de los procedimientos, que ha dado lugar, entre otras cosas, a que más de 4.000 murcianos dependientes hayan fallecido esperándola.
Y esperando también nos encontramos ahora, para saber cuando pasarán por Consejo de Gobierno y cuando verán la luz los actuales tres borradores de proyectos de decretos que desarrollan materias de tanta importancia como el régimen de compatibilidad de las prestaciones, la intensidad de protección de los servicios, y el derecho a los servicios y prestaciones económicas.
Y es, en este último punto, donde de manera deliberada se está actuando a espaldas de la ley: existe la obligación legal para las Administraciones de crear una red de servicios para atender a dependientes, y excepcionalmente, cuando el beneficiario esté siendo atendido por su entorno familiar y se reúnan las condiciones establecidas (condiciones adecuadas de convivencia, habitabilidad de la vivienda y lo establezca su Programa Individual de Atención), se reconocerá una prestación económica para cuidados familiares.
Pues bien, en la Región de Murcia, a fecha 3 de mayo de 2010, reciben prestación económica por cuidados de familiares 15.106 personas de las 17.028 personas beneficiarias con prestaciones, es decir que un 88% son prestaciones económicas, por lo que se convierte esta ayuda económica en la mas otorgada por nuestra Región. Este dato pone de manifiesto que el Gobierno regional da prioridad a esta prestación en vez de activar y desarrollar nuevos servicios y poder así crear nuevos empleos.
El ahorro está garantizado para la Administración regional, pues es más barato dar una prestación que crear, a modo de ejemplo, una plaza geriátrica, que triplicaría el gasto. Y es que esta prestación, que oscila en torno a 519 euros, está dando lugar a que en miles de hogares se tome como un subsidio económico para el seno familiar en estos momentos de crisis, desvirtuando así la finalidad de la prestación y fomentando formas de empleo sumergido.
Pero a esto, también añadir nuestro rechazo rotundo a los recortes sociales anunciados por el Gobierno de la nación, lamentando en este caso que una de las medidas significativas de este plan de ahorro del gasto se centre en un sistema de protección social tan básico como es la atención a la dependencia.
En UGT estamos convencidos de que, con la correcta implantación de la Ley de Dependencia no sólo se estaría dando respuesta a una exigencia de nuestro Estado de Bienestar como es la atención a nuestros mayores, personas con discapacidad y otros colectivos sino que además se estaría potenciando un sector productivo estratégico, con perspectivas de futuro en el mercado de trabajo.
Para los que conformamos UGT, creemos necesario que en la mentalidad de nuestros políticos tenga cabida de una vez la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, como un derecho subjetivo básico, al mismo nivel que la educación o la sanidad, ya que no puede estar supeditado ni a los vaivenes de los ciclos económicos ni a los intereses partidistas.
Fuente : laopiniondemurcia.es
María Eugenia Pérez Parra. Secretaria de Políticas de Protección Social de UGT Región de Murcia
Es curioso pero en las últimas semanas, la denominada Ley de Dependencia está ocupando la atención, y no porque coseche grandes avances en el ámbito social, sino porque en estos momentos de crisis económica, el Gobierno estatal ha decidido recortar gastos sumándose a recientes reclamos de algunas Comunidades autónomas, que pidieron retrasar su implantación justificándose en una insuficiencia financiera.
La Comunidad de Murcia es una de ellas.
No deja de ser llamativo que una comunidad como la nuestra, tres años después de la entrada en vigor de la Ley todavía no haya promulgado normativa de fondo alguna para su desarrollo, mostrando un claro desdén hacia lo que constituye un derecho subjetivo de la ciudadanía.
Esta Ley no sólo garantiza un nuevo derecho para todos, sino que también contempla garantías de dignificación sobre los servicios de calidad, el carácter público de las prestaciones y el acceso a éstas en condiciones de igualdad, calidad y sostenibilidad.
Así que difícilmente podemos entender que se recurra siempre a la misma víctima ante cualquier propuesta de ajuste económico o elemento de confrontación política, y más cuando en la Región apenas despega su desarrollo.
Desde UGT observamos claramente algunos indicadores que reflejan la falta de voluntad institucional para implantar la Ley en la Región, desde la deficiente coordinación y colaboración con las redes de servicios sociales municipales hasta la excesiva dilatación de los procedimientos, que ha dado lugar, entre otras cosas, a que más de 4.000 murcianos dependientes hayan fallecido esperándola.
Y esperando también nos encontramos ahora, para saber cuando pasarán por Consejo de Gobierno y cuando verán la luz los actuales tres borradores de proyectos de decretos que desarrollan materias de tanta importancia como el régimen de compatibilidad de las prestaciones, la intensidad de protección de los servicios, y el derecho a los servicios y prestaciones económicas.
Y es, en este último punto, donde de manera deliberada se está actuando a espaldas de la ley: existe la obligación legal para las Administraciones de crear una red de servicios para atender a dependientes, y excepcionalmente, cuando el beneficiario esté siendo atendido por su entorno familiar y se reúnan las condiciones establecidas (condiciones adecuadas de convivencia, habitabilidad de la vivienda y lo establezca su Programa Individual de Atención), se reconocerá una prestación económica para cuidados familiares.
Pues bien, en la Región de Murcia, a fecha 3 de mayo de 2010, reciben prestación económica por cuidados de familiares 15.106 personas de las 17.028 personas beneficiarias con prestaciones, es decir que un 88% son prestaciones económicas, por lo que se convierte esta ayuda económica en la mas otorgada por nuestra Región. Este dato pone de manifiesto que el Gobierno regional da prioridad a esta prestación en vez de activar y desarrollar nuevos servicios y poder así crear nuevos empleos.
El ahorro está garantizado para la Administración regional, pues es más barato dar una prestación que crear, a modo de ejemplo, una plaza geriátrica, que triplicaría el gasto. Y es que esta prestación, que oscila en torno a 519 euros, está dando lugar a que en miles de hogares se tome como un subsidio económico para el seno familiar en estos momentos de crisis, desvirtuando así la finalidad de la prestación y fomentando formas de empleo sumergido.
Pero a esto, también añadir nuestro rechazo rotundo a los recortes sociales anunciados por el Gobierno de la nación, lamentando en este caso que una de las medidas significativas de este plan de ahorro del gasto se centre en un sistema de protección social tan básico como es la atención a la dependencia.
En UGT estamos convencidos de que, con la correcta implantación de la Ley de Dependencia no sólo se estaría dando respuesta a una exigencia de nuestro Estado de Bienestar como es la atención a nuestros mayores, personas con discapacidad y otros colectivos sino que además se estaría potenciando un sector productivo estratégico, con perspectivas de futuro en el mercado de trabajo.
Para los que conformamos UGT, creemos necesario que en la mentalidad de nuestros políticos tenga cabida de una vez la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, como un derecho subjetivo básico, al mismo nivel que la educación o la sanidad, ya que no puede estar supeditado ni a los vaivenes de los ciclos económicos ni a los intereses partidistas.
Fuente : laopiniondemurcia.es
lunes, 24 de mayo de 2010
REAL DECRETO-LEY 8/2010
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
Núm. 126 Lunes 24 de mayo de 2010 Sec. I. Pág. 45070
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia establece en su artículo 7 que la protección de la situación de dependencia se prestará de acuerdo con los siguientes niveles de protección: un nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado, un nivel de protección acordado entre la Administración General del Estado y cada una de las Comunidades Autónomas y un nivel adicional que pueden establecer, por su parte, las Comunidades Autónomas con cargo a sus presupuestos.
A partir del 1 de junio de 2010, el plazo para resolver las solicitudes sobre el reconocimiento de la situación de dependencia y la prestación que corresponda recibir a la persona beneficiaria, será de seis meses a contar desde la fecha de la solicitud, independientemente de que la administración competente hubiera regulado uno o dos procedimientos diferenciados.
En consecuencia, el derecho de acceso a las prestaciones correspondientes se generará a partir de la resolución en la que se reconozca la concreta prestación a percibir por la persona beneficiaria. No obstante, el derecho a percibir la prestación económica de dependencia que, en su caso, fuera reconocida, se generará desde el día siguiente al del cumplimiento del plazo máximo de seis meses indicado sin que se hubiera notificado resolución expresa de reconocimiento de la prestación que corresponda percibir a la persona beneficiaria.
Las cuantías que se adeuden en concepto de efectos retroactivos de las prestaciones económicas, independientemente de la fecha de la solicitud, podrán ser aplazadas y su pago periodificado en pagos anuales de igual cuantía en un plazo máximo de 5 años.
CAPÍTULO III
Medidas en materia de dependencia
Artículo 5. Modificación de la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia.
Con efectos de 1 de junio de 2010 se modifica la Disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, del siguiente modo:
Uno. Se modifica el apartado 2, que queda redactado como sigue:
«2. En el marco de lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones.»
Dos. Se modifica el apartado 3, que queda redactado como sigue:
«3. El reconocimiento del derecho contenido en las resoluciones de las administraciones públicas competentes generará el derecho de acceso a las prestaciones correspondientes, previstas en los artículos 17 a 25 de esta Ley, a partir de la fecha de la resolución en la que se reconozca la concreta prestación o prestaciones que corresponden a la persona beneficiaria.
Si una vez transcurrido el plazo máximo de seis meses desde la solicitud, no se hubiera notificado resolución expresa de reconocimiento de prestación, el derecho de acceso a la prestación económica que, en su caso, fuera reconocida, se generará desde el día siguiente al del cumplimiento del plazo máximo indicado.»
Tres. El actual apartado 3, queda numerado como apartado 4. El actual apartado 4, queda numerado como apartado 5.
Disposición adicional sexta. Aplazamiento y periodificación del abono de los efectos retroactivos de las prestaciones económicas previstas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
Las cuantías en concepto de efectos retroactivos de las prestaciones económicas previstas en el artículo 18 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, podrán ser aplazadas y su abono periodificado en pagos anuales de igual cuantía, en un plazo máximo de 5 años desde la fecha de la resolución firme de reconocimiento expreso de la prestación. El aplazamiento deberá ser notificado a la persona beneficiaria de la prestación y a la Administración General del Estado como responsable del nivel mínimo, a efectos de que ésta ajuste su abono al aplazamiento y periodificación de los importes de las prestaciones económicas determinado por la Comunidad Autónoma.
Disposición transitoria tercera. Solicitud de prestaciones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
A las personas que hayan solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, y se les reconozca un Grado III o un Grado II, les será de aplicación la Disposición Final Primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en la redacción vigente en el momento de presentación de la solicitud.
Entrada en vigor.
Este Real Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Texto completo en Fuente : B.O.E.
Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
Núm. 126 Lunes 24 de mayo de 2010 Sec. I. Pág. 45070
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia establece en su artículo 7 que la protección de la situación de dependencia se prestará de acuerdo con los siguientes niveles de protección: un nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado, un nivel de protección acordado entre la Administración General del Estado y cada una de las Comunidades Autónomas y un nivel adicional que pueden establecer, por su parte, las Comunidades Autónomas con cargo a sus presupuestos.
A partir del 1 de junio de 2010, el plazo para resolver las solicitudes sobre el reconocimiento de la situación de dependencia y la prestación que corresponda recibir a la persona beneficiaria, será de seis meses a contar desde la fecha de la solicitud, independientemente de que la administración competente hubiera regulado uno o dos procedimientos diferenciados.
En consecuencia, el derecho de acceso a las prestaciones correspondientes se generará a partir de la resolución en la que se reconozca la concreta prestación a percibir por la persona beneficiaria. No obstante, el derecho a percibir la prestación económica de dependencia que, en su caso, fuera reconocida, se generará desde el día siguiente al del cumplimiento del plazo máximo de seis meses indicado sin que se hubiera notificado resolución expresa de reconocimiento de la prestación que corresponda percibir a la persona beneficiaria.
Las cuantías que se adeuden en concepto de efectos retroactivos de las prestaciones económicas, independientemente de la fecha de la solicitud, podrán ser aplazadas y su pago periodificado en pagos anuales de igual cuantía en un plazo máximo de 5 años.
CAPÍTULO III
Medidas en materia de dependencia
Artículo 5. Modificación de la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia.
Con efectos de 1 de junio de 2010 se modifica la Disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, del siguiente modo:
Uno. Se modifica el apartado 2, que queda redactado como sigue:
«2. En el marco de lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones.»
Dos. Se modifica el apartado 3, que queda redactado como sigue:
«3. El reconocimiento del derecho contenido en las resoluciones de las administraciones públicas competentes generará el derecho de acceso a las prestaciones correspondientes, previstas en los artículos 17 a 25 de esta Ley, a partir de la fecha de la resolución en la que se reconozca la concreta prestación o prestaciones que corresponden a la persona beneficiaria.
Si una vez transcurrido el plazo máximo de seis meses desde la solicitud, no se hubiera notificado resolución expresa de reconocimiento de prestación, el derecho de acceso a la prestación económica que, en su caso, fuera reconocida, se generará desde el día siguiente al del cumplimiento del plazo máximo indicado.»
Tres. El actual apartado 3, queda numerado como apartado 4. El actual apartado 4, queda numerado como apartado 5.
Disposición adicional sexta. Aplazamiento y periodificación del abono de los efectos retroactivos de las prestaciones económicas previstas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
Las cuantías en concepto de efectos retroactivos de las prestaciones económicas previstas en el artículo 18 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, podrán ser aplazadas y su abono periodificado en pagos anuales de igual cuantía, en un plazo máximo de 5 años desde la fecha de la resolución firme de reconocimiento expreso de la prestación. El aplazamiento deberá ser notificado a la persona beneficiaria de la prestación y a la Administración General del Estado como responsable del nivel mínimo, a efectos de que ésta ajuste su abono al aplazamiento y periodificación de los importes de las prestaciones económicas determinado por la Comunidad Autónoma.
Disposición transitoria tercera. Solicitud de prestaciones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
A las personas que hayan solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, y se les reconozca un Grado III o un Grado II, les será de aplicación la Disposición Final Primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en la redacción vigente en el momento de presentación de la solicitud.
Entrada en vigor.
Este Real Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Texto completo en Fuente : B.O.E.
C.A.VASCA - EA AVISA AL PNV: "ABSTENERSE EN EL DECRETO SERIA TRAPICHEAR CON VOTOS"
Eusko Alkartasuna ha advertido hoy al PNV de que si se abstiene en la votación de las medidas para reducir el déficit público "avalará los recortes sociales" y le ha instado a actuar con firmeza "en defensa del Estado de Bienestar" en lugar de "trapichear con los votos en clave partidista".
EA ha opinado, en un comunicado, que el decreto ley del Gobierno "no es una medida más en la estrategia de negociación institucional entre partidos", sino que "representa un ataque directo a la línea de flotación del Estado del Bienestar", por lo que requiere "una respuesta política ideológica y no táctica".
A su juicio, se trata de unas restricciones que "pretenden reducir el déficit público a costa de seguir castigando a las clases sociales más débiles y más controladas por el Estado, como los pensionistas y los funcionarios, los perceptores de las ayudas de la Ley de Dependencia y muchas parejas en situación difícil".
"Son momentos de tomar posición política firme en defensa del Estado del Bienestar y no para trapichear con los votos del Congreso de los Diputados en clave partidista", ha opinado la formación nacionalista.
"Si el PNV u otros grupos parlamentarios se abstienen, y por tanto conceden su aval a este decreto, no es que refuercen al Gobierno del PSOE, sino que premian su política social y económica errónea y debilitan las condiciones de vida y los derechos sociales de toda la ciudadanía, también la vasca", ha agregado EA.
Fuente : abc.es
EA ha opinado, en un comunicado, que el decreto ley del Gobierno "no es una medida más en la estrategia de negociación institucional entre partidos", sino que "representa un ataque directo a la línea de flotación del Estado del Bienestar", por lo que requiere "una respuesta política ideológica y no táctica".
A su juicio, se trata de unas restricciones que "pretenden reducir el déficit público a costa de seguir castigando a las clases sociales más débiles y más controladas por el Estado, como los pensionistas y los funcionarios, los perceptores de las ayudas de la Ley de Dependencia y muchas parejas en situación difícil".
"Son momentos de tomar posición política firme en defensa del Estado del Bienestar y no para trapichear con los votos del Congreso de los Diputados en clave partidista", ha opinado la formación nacionalista.
"Si el PNV u otros grupos parlamentarios se abstienen, y por tanto conceden su aval a este decreto, no es que refuercen al Gobierno del PSOE, sino que premian su política social y económica errónea y debilitan las condiciones de vida y los derechos sociales de toda la ciudadanía, también la vasca", ha agregado EA.
Fuente : abc.es
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