Asociación de discapacitados lamenta que no se aplique la ley de dependencia(
La asociación Discapacitat Intel·lectual Catalunya (Dincat) cree que los 30.000 expedientes sin tramitar de la ley de dependencia encontrados en el departamento de Bienestar y Familia son la prueba de que el cumplimiento de la ley de dependencia aun está "muy lejos".
Según un comunicado de Dincat, que agrupa a más de 300 entidades y apoya a 31.000 catalanes con discapacidad intelectual, la realidad de estas familias es que "se vulneran" los derechos fundamentales de las personas con discapacidad intelectual al no cumplir con las leyes que preservan sus derechos.
También denuncian que el actual gobierno de la Generalitat haya reducido la resolución de expedientes en un 35 por ciento y que la media de tramitaciones haya pasado de 6.000 a 4.000 al mes.
Además, Dincat muestra su temor a que "la fragilidad actual del sistema económico" comporte un "recorte de derechos" para las personas con discapacidad intelectual y esto amenace su calidad de vida.
En este sentido, la organización denuncia las dificultades de inserción laboral con que se encuentran estas personas y los problemas para los discapacitados intelectuales en edad escolar para encontrar una escuela con recursos adecuados y para continuar su formación en centros de educación posobligatoria.
También señala que la disminución de las subvenciones dificulta la autonomía del individuo en su hogar y la organización de actividades de ocio para este colectivo.
Fuente : abc.es
jueves, 12 de mayo de 2011
C.VALENCIANA - DEPENDIENTES DENUNCIAN QUE EL CONSELL RETIENE AYUDAS
Los dependientes denuncian que el Consell retiene ayudas
Aseguran que la Generalitat todavía no ha pagado la prestación correspondiente a los últimos dos meses
La Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia denunció ayer que la Generalitat Valenciana mantiene retenidos desde comienzos de año cerca de 9.000 expedientes de ayudas, a pesar de que ya están aprobados y a la espera de que se notifiquen a sus beneficiarios.
La Plataforma hizo ayer balance de los tres años que lleva en funcionamiento para exigir que se aplique la Ley en la Comunidad.
El 1 de mayo había un total de 155.432 solicitudes presentadas: 74.141 son las personas con derecho a la prestación, de las cuales 45.567 ya la estaban recibiendo, es decir, un total de 28.484 no están cobrando a pesar de tener reconocido el derecho.
Juan Bueno, trabajador social y miembro de la Plataforma, aseguró que eran 8.885 las ayudas ya aprobadas y firmadas, que en lugar de comunicarse a sus beneficiarios, estaban en un cajón. "Suponemos que se notificarán en plena campaña, para usarlas electoralmente", aseguró, a lo que añadió que desde enero la Ley estaba totalmente paralizada en la Comunidad. Lo normal es que estos expedientes se hubieran notificado dos meses después de haber sido firmados y autorizados.
A esto se añade, que la Generalitat tampoco ha pagado durante los últimos dos meses las ayudas a los dependientes.
La Comunidad Valenciana sigue a la cola en cumplimiento de esta Ley en España y el Síndic todavía tiene quejas por asuntos sin resolver pendientes desde el año 2007.
Un 15% de los solicitantes de la prestación fallecen antes de que hayan llegado a percibir cantidad alguna de la Administración. Los responsables de la plataforma señalaron que se tramitan de manera especialmente lenta los expedientes relativos a personas mayores, "suponemos que esperando que haya fallecimiento".
En el acto participó la adjunta al Síndic de Greuges, Emilia Caballero, señaló que durante 2010 se atendieron 1.500 quejas en la Comunidad Valenciana, el triple que en Cataluña, a pesar que esta última autonomía tiene más población.
En lo que va de 2011, el Síndic ha registrado 420 quejas. Caballero denunció la falta de criterios objetivos de la Conselleria para resolver los expedientes y por qué unos se tramitan más rápido que otros.
La responsable del servicio de asesoramiento jurídico para afectados del Colegio de Abogados de Alicante, Paloma Cascales, aseguró que se han atendido a un total de 1.854 personas en la provincia de Alicante, aunque alguno de ellos representaban a colectivos más amplios, lo que se ha traducido en 225 demandas tramitadas ante el TSJ.
Cascales afirmó que el tribunal autonómico está resolviendo los recursos en el plazo de un año y todas ellas son a favor de los dependientes, obligando a la Generalitat a pagar la prestación desde la fecha en que se solicitó. "El problema -dijo Cascales- es que la Generalitat sigue sin pagar a pesar de las sentencias".
Diplomas para los colectivos amigos y a los boicoteadores
No tienen casi recursos, pero la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia ya está barajando crear sus premios para distinguir a quien más colabora con ellos y también para sacar los colores a los que menos.
Los premios consistirán en meros diplomas para reconocer las buenas prácticas y las malas prácticas. En este último grupo, la plataforma ya tiene muy claros a sus candidatos: el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a quien consideran el máximo responsable del "boicot" a la ley; al conseller Juan Cotino; y la consellera Angélica Such, a la que consideran una "decoración" y que Cotino sigue siendo quien controla de facto la política social de la Generalitat.
Entre los colectivos amigos que sí colaboran con la Plataforma hay muchos candidatos, entre los que se encuentran las Universidades de Alicante y Valencia, el Síndic de Greuges, los sindicatos UGT, CC OO y la Intersindical, el Colegio de Abogados de Alicante, la Unió de Periodistes, entre otros.
Fuente : diarioinformacion.com/portada-alicante
Aseguran que la Generalitat todavía no ha pagado la prestación correspondiente a los últimos dos meses
La Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia denunció ayer que la Generalitat Valenciana mantiene retenidos desde comienzos de año cerca de 9.000 expedientes de ayudas, a pesar de que ya están aprobados y a la espera de que se notifiquen a sus beneficiarios.
La Plataforma hizo ayer balance de los tres años que lleva en funcionamiento para exigir que se aplique la Ley en la Comunidad.
El 1 de mayo había un total de 155.432 solicitudes presentadas: 74.141 son las personas con derecho a la prestación, de las cuales 45.567 ya la estaban recibiendo, es decir, un total de 28.484 no están cobrando a pesar de tener reconocido el derecho.
Juan Bueno, trabajador social y miembro de la Plataforma, aseguró que eran 8.885 las ayudas ya aprobadas y firmadas, que en lugar de comunicarse a sus beneficiarios, estaban en un cajón. "Suponemos que se notificarán en plena campaña, para usarlas electoralmente", aseguró, a lo que añadió que desde enero la Ley estaba totalmente paralizada en la Comunidad. Lo normal es que estos expedientes se hubieran notificado dos meses después de haber sido firmados y autorizados.
A esto se añade, que la Generalitat tampoco ha pagado durante los últimos dos meses las ayudas a los dependientes.
La Comunidad Valenciana sigue a la cola en cumplimiento de esta Ley en España y el Síndic todavía tiene quejas por asuntos sin resolver pendientes desde el año 2007.
Un 15% de los solicitantes de la prestación fallecen antes de que hayan llegado a percibir cantidad alguna de la Administración. Los responsables de la plataforma señalaron que se tramitan de manera especialmente lenta los expedientes relativos a personas mayores, "suponemos que esperando que haya fallecimiento".
En el acto participó la adjunta al Síndic de Greuges, Emilia Caballero, señaló que durante 2010 se atendieron 1.500 quejas en la Comunidad Valenciana, el triple que en Cataluña, a pesar que esta última autonomía tiene más población.
En lo que va de 2011, el Síndic ha registrado 420 quejas. Caballero denunció la falta de criterios objetivos de la Conselleria para resolver los expedientes y por qué unos se tramitan más rápido que otros.
La responsable del servicio de asesoramiento jurídico para afectados del Colegio de Abogados de Alicante, Paloma Cascales, aseguró que se han atendido a un total de 1.854 personas en la provincia de Alicante, aunque alguno de ellos representaban a colectivos más amplios, lo que se ha traducido en 225 demandas tramitadas ante el TSJ.
Cascales afirmó que el tribunal autonómico está resolviendo los recursos en el plazo de un año y todas ellas son a favor de los dependientes, obligando a la Generalitat a pagar la prestación desde la fecha en que se solicitó. "El problema -dijo Cascales- es que la Generalitat sigue sin pagar a pesar de las sentencias".
Diplomas para los colectivos amigos y a los boicoteadores
No tienen casi recursos, pero la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia ya está barajando crear sus premios para distinguir a quien más colabora con ellos y también para sacar los colores a los que menos.
Los premios consistirán en meros diplomas para reconocer las buenas prácticas y las malas prácticas. En este último grupo, la plataforma ya tiene muy claros a sus candidatos: el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a quien consideran el máximo responsable del "boicot" a la ley; al conseller Juan Cotino; y la consellera Angélica Such, a la que consideran una "decoración" y que Cotino sigue siendo quien controla de facto la política social de la Generalitat.
Entre los colectivos amigos que sí colaboran con la Plataforma hay muchos candidatos, entre los que se encuentran las Universidades de Alicante y Valencia, el Síndic de Greuges, los sindicatos UGT, CC OO y la Intersindical, el Colegio de Abogados de Alicante, la Unió de Periodistes, entre otros.
Fuente : diarioinformacion.com/portada-alicante
C.VALENCIANA - RETENIDAS DESDE ENERO 9.000 AYUDAS
La Generalitat tiene retenidas desde enero casi 9.000 ayudas a dependientes
Los afectados creen que hay intereses electorales en el bloqueo de estas subvenciones ya autorizadas
"La Ley de la Dependencia está paralizada desde enero de 2011", ha denunciado esta mañana Juan Bueno, trabajador social y miembro de la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia de Alicante.
La plataforma ha realizado una rueda de prensa para hacer balance de la situación. En ella ha denunciado que la Generalitat tiene retenidas desde enero un total de 8.885 resoluciones de ayuda a dependientes ya firmadas, es decir, en las que se reconoce el derecho a recibir una prestación.
Los dependientes creen que las resoluciones llegarán justo antes de las elecciones.
Lo habitual es que las resoluciones lleguen firmadas cada dos meses.
La plataforma recordó que a uno de mayo había en la Comunidad Valenciana 105.432 solicitudes de ayuda presentadas por dependientes. De este total, 74.171 tenían derecho a percibir una prestación y de ellas, 45.675 dependientes la deberían estar cobrando.
En la Comunidad Valenciana hay casi 20.000 dependientes que tienen reconocido el derecho a recibir una prestación pero no aún no tienen firmada la resolución.
Hay un 15% de los dependientes que solicitaron ayuda que ya han fallecido, lo que supone alrededor de 15.000 personas.
En la rueda de prensa ha participado también la adjunta al Síndic de Greuges, Emilia Caballero, quien ha explicado que lo más preocupante de la aplicación de la Ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana es el retraso y la falta de criterio.
Caballero asegura que hay resueltos expedientes de 2009 y pendientes de 2007 y ha insistido en que "desde el principio la ley ha estado enfocada de una manera que hace muy difícil su cumplimiento".
La adjunta al Síndic también ha dejado claro que la Comunidad junto con Madrid y Canarias son las tres autonomías donde el nivel de quejas es más grave.
Las plataformas valencianas de dependencia están preparando la entrega de diplomas de buenas y malas prácticas, un reconocimiento que entregarán en un acto en Alicante porque fue en esta provincia donde se empezó a organizar el colectivo.
Al apartado de malas prácticas opta el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, al que consideran máximo responsable de la mala aplicación de la ley o el consejero Juan Cotino, que actualmente ocupa la cartera de Urbanismo pero al que los dependientes consideran todavía máximo responsable real en la Consejería de Bienestar Social.
Fuente : elpais.com/articulo
Los afectados creen que hay intereses electorales en el bloqueo de estas subvenciones ya autorizadas
"La Ley de la Dependencia está paralizada desde enero de 2011", ha denunciado esta mañana Juan Bueno, trabajador social y miembro de la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia de Alicante.
La plataforma ha realizado una rueda de prensa para hacer balance de la situación. En ella ha denunciado que la Generalitat tiene retenidas desde enero un total de 8.885 resoluciones de ayuda a dependientes ya firmadas, es decir, en las que se reconoce el derecho a recibir una prestación.
Los dependientes creen que las resoluciones llegarán justo antes de las elecciones.
Lo habitual es que las resoluciones lleguen firmadas cada dos meses.
La plataforma recordó que a uno de mayo había en la Comunidad Valenciana 105.432 solicitudes de ayuda presentadas por dependientes. De este total, 74.171 tenían derecho a percibir una prestación y de ellas, 45.675 dependientes la deberían estar cobrando.
En la Comunidad Valenciana hay casi 20.000 dependientes que tienen reconocido el derecho a recibir una prestación pero no aún no tienen firmada la resolución.
Hay un 15% de los dependientes que solicitaron ayuda que ya han fallecido, lo que supone alrededor de 15.000 personas.
En la rueda de prensa ha participado también la adjunta al Síndic de Greuges, Emilia Caballero, quien ha explicado que lo más preocupante de la aplicación de la Ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana es el retraso y la falta de criterio.
Caballero asegura que hay resueltos expedientes de 2009 y pendientes de 2007 y ha insistido en que "desde el principio la ley ha estado enfocada de una manera que hace muy difícil su cumplimiento".
La adjunta al Síndic también ha dejado claro que la Comunidad junto con Madrid y Canarias son las tres autonomías donde el nivel de quejas es más grave.
Las plataformas valencianas de dependencia están preparando la entrega de diplomas de buenas y malas prácticas, un reconocimiento que entregarán en un acto en Alicante porque fue en esta provincia donde se empezó a organizar el colectivo.
Al apartado de malas prácticas opta el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, al que consideran máximo responsable de la mala aplicación de la ley o el consejero Juan Cotino, que actualmente ocupa la cartera de Urbanismo pero al que los dependientes consideran todavía máximo responsable real en la Consejería de Bienestar Social.
Fuente : elpais.com/articulo
lunes, 9 de mayo de 2011
PAJÍN DEFIENDE EL ESTADO DE BIENESTAR FRENTE AL COPAGO EN MOMENTOS DE CRISIS
Pajín defiende el Estado de Bienestar frente al copago en momentos de crisis
La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha asegurado hoy que el Gobierno socialista apuesta en "momentos de crisis" por "mantener el Estado del Bienestar", frente a "quienes quieren introducir el copago" sanitario "o frenar la Ley de Dependencia".
Pajín ha hecho estas manifestaciones en la sede electoral del PSOE de Villajoyosa (Alicante), donde se ha reunido con colectivos y asociaciones locales de carácter social relacionados con el ámbito de la dependencia.
En su intervención, la ministra ha resaltado que, dentro de una coyuntura económica que "obliga a apretarse el cinturón", el Ejecutivo central ha optado por dar prioridad a "las políticas sociales" y por "proseguir" con la Ley de Dependencia, aplicando "recortes" en otras áreas.
Según Pajín, "nos encontramos en un momento decisivo para el futuro" y, por ello, las medidas que adopte la clase política determinarán si "se garantizará" el Estado del Bienestar o si, por el contrario, "se dará marcha atrás".
Ha subrayado que el sector de la política social impulsado a través de la Ley de Dependencia es "un espacio de creación de empleo", frente a otros sectores en los que se han destruido puestos de trabajo.
La ministra ha incidido en que la creación de empleo será mayor en el futuro conforme se construyan y se pongan en marcha "todos los centros de día y de atención" necesarios para el desarrollo de la Ley de Dependencia.
Pajín ha remarcado que esta ley es "una apuesta de justicia" y un "modelo productivo diferente", al tiempo que ha apelado por "salir de la crisis", sin llevar a cabo "recortes en las políticas sociales" y reforzando "el Estado de Bienestar".
También ha criticado a quienes atacan el Sistema Nacional de Salud -afirmando "que no se puede soportar" y que "es costoso"- y ha replicado que el español es "el mejor del mundo", porque "no discrimina a nadie" y es el servicio "mejor valorado" por los ciudadanos.
Pajín ha defendido un sistema sanitario totalmente público y ha asegurado que el modelo sanitario de privatización que se aplica en "algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP no es más barato, sino al contrario".
Fuente : abc.es
La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha asegurado hoy que el Gobierno socialista apuesta en "momentos de crisis" por "mantener el Estado del Bienestar", frente a "quienes quieren introducir el copago" sanitario "o frenar la Ley de Dependencia".
Pajín ha hecho estas manifestaciones en la sede electoral del PSOE de Villajoyosa (Alicante), donde se ha reunido con colectivos y asociaciones locales de carácter social relacionados con el ámbito de la dependencia.
En su intervención, la ministra ha resaltado que, dentro de una coyuntura económica que "obliga a apretarse el cinturón", el Ejecutivo central ha optado por dar prioridad a "las políticas sociales" y por "proseguir" con la Ley de Dependencia, aplicando "recortes" en otras áreas.
Según Pajín, "nos encontramos en un momento decisivo para el futuro" y, por ello, las medidas que adopte la clase política determinarán si "se garantizará" el Estado del Bienestar o si, por el contrario, "se dará marcha atrás".
Ha subrayado que el sector de la política social impulsado a través de la Ley de Dependencia es "un espacio de creación de empleo", frente a otros sectores en los que se han destruido puestos de trabajo.
La ministra ha incidido en que la creación de empleo será mayor en el futuro conforme se construyan y se pongan en marcha "todos los centros de día y de atención" necesarios para el desarrollo de la Ley de Dependencia.
Pajín ha remarcado que esta ley es "una apuesta de justicia" y un "modelo productivo diferente", al tiempo que ha apelado por "salir de la crisis", sin llevar a cabo "recortes en las políticas sociales" y reforzando "el Estado de Bienestar".
También ha criticado a quienes atacan el Sistema Nacional de Salud -afirmando "que no se puede soportar" y que "es costoso"- y ha replicado que el español es "el mejor del mundo", porque "no discrimina a nadie" y es el servicio "mejor valorado" por los ciudadanos.
Pajín ha defendido un sistema sanitario totalmente público y ha asegurado que el modelo sanitario de privatización que se aplica en "algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP no es más barato, sino al contrario".
Fuente : abc.es
SANIDAD PÚBLICA: CRÓNICA DE UN RECORTE ANUNCIADO
Sanidad pública: crónica de un recorte anunciado
Los programas marco de PP y PSOE para las elecciones del 22-M apenas dedican espacio a la sanidad, a pesar de que es competencia de las Autonomías
La crisis del ladrillo y su repercusión en el empleo acaparan los discursos de los principales partidos en los primeros días de la campaña electoral, dejando en un discreto nivel el modelo de la Sanidad pública (y con él, el de la Ley de Dependencia), que está amenazando con colapsar si no se toman medidas y que precisa de un pacto de Estado entre los dos principales partidos del país.
En los discursos de los mítines se reparten, casi al 50%, acusaciones sobre el detonante de la crisis y se proponen recetas para solventar el problema del paro y el modelo económico, pero nadie tiene interés por abordar la sanidad —cuyas competencias corresponden en exclusiva a las Autonomías—, ni si es preciso o no meter tijera en sus cuentas.
Así, en el programa marco que los socialistas han aprobado para las elecciones autonómicas —“la fuerza de un gran país”—, la Sanidad pública sólo aparece a partir de la página 10 —el documento consta de 22 páginas— y las medidas que se aportan cabalgan entre la propuesta y la contención.
“Debemos rechazar rotundamente cualquier proceso de desmontar los servicios públicos existentes [Sanidad pública y atención a la dependencia]... el reto de la mejora constante en la prestación de servicios debe asumirse desde el ahorro en la gestión de los mismos”, dice el documento.
Los socialistas dejan a los diferentes programas electorales la concreción de sus medidas y se limitan a apuntar en su programa, en apenas dos párrafos, que hay que trabajar en el “perfeccionamiento, a través de los correspondientes acuerdos entre Comunidades Autónomas, de la atención sanitaria plena a los ciudadanos que se trasladan entre Comunidades, incluyendo la posibilidad de acceder al centro sanitario más próximo al domicilio, independientemente de la Comunidad Autónoma en que se encuentre” y al desarrollo “pleno del Sistema de Atención a la Dependencia, garantizando su aplicación efectiva” .
Apenas tres páginas de las 62 de las que consta el programa marco del PP están dedicadas al tema sanitario. Bajo el epígrafe “Una Sanidad de calidad para todos”, el Partido Popular afirma que considera básica la mejora de “la calidad de la asistencia sanitaria, y para ello es preciso garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. También es mucho lo que se puede innovar en los sistemas de gestión clínica, modernizándolos con la introducción de nuevas tecnologías, promoviendo la existencia de una base de datos única y poniendo en valor la colaboración público-privada”.
A continuación, se desgrana una serie de medidas, como la igualdad de trato de los pacientes, la tarjeta sanitaria única, libre elección de médico, atención a patologías crónicas o planes de atención a la salud mental.
Ambos partidos colocan el acento en la palabra “eficiencia”. Para los conservadores significa garantizar “una gestión que tenga en cuenta todos los recursos sanitarios disponibles, tanto públicos como privados”; y para los socialistas, “revisar las prácticas desarrolladas, introducir mejoras en las mismas y redimensionarse. (...) Austeridad en el gasto, reduciendo todos aquellos que no incidan en la calidad, y eficiencia en la gestión, avanzando en todas las formas de actuación y prestación de servicios que permitan compartir sus costes y aprovechar al máximo sus efectos”.
Eficiencia, sostenibilidad del sistema, austeridad en el gasto, ahorro... Palabras que indican que algo va a cambiar en el Sistema Nacional de Salud tras los comicios del 22 de mayo, pero cuyo abordaje podría tener un coste electoral. Y si no que se lo digan a Artur Mas, el president de la Generalitat de Catalunya, que aparcó hasta después de la cita electoral los anunciados recortes de un 10% en el sistema sanitario catalán por las movilizaciones de la ciudadanía y los profesionales que se estaban produciendo en contra de dichas medidas.
Fuente : estrelladigital.es/espana
Los programas marco de PP y PSOE para las elecciones del 22-M apenas dedican espacio a la sanidad, a pesar de que es competencia de las Autonomías
La crisis del ladrillo y su repercusión en el empleo acaparan los discursos de los principales partidos en los primeros días de la campaña electoral, dejando en un discreto nivel el modelo de la Sanidad pública (y con él, el de la Ley de Dependencia), que está amenazando con colapsar si no se toman medidas y que precisa de un pacto de Estado entre los dos principales partidos del país.
En los discursos de los mítines se reparten, casi al 50%, acusaciones sobre el detonante de la crisis y se proponen recetas para solventar el problema del paro y el modelo económico, pero nadie tiene interés por abordar la sanidad —cuyas competencias corresponden en exclusiva a las Autonomías—, ni si es preciso o no meter tijera en sus cuentas.
Así, en el programa marco que los socialistas han aprobado para las elecciones autonómicas —“la fuerza de un gran país”—, la Sanidad pública sólo aparece a partir de la página 10 —el documento consta de 22 páginas— y las medidas que se aportan cabalgan entre la propuesta y la contención.
“Debemos rechazar rotundamente cualquier proceso de desmontar los servicios públicos existentes [Sanidad pública y atención a la dependencia]... el reto de la mejora constante en la prestación de servicios debe asumirse desde el ahorro en la gestión de los mismos”, dice el documento.
Los socialistas dejan a los diferentes programas electorales la concreción de sus medidas y se limitan a apuntar en su programa, en apenas dos párrafos, que hay que trabajar en el “perfeccionamiento, a través de los correspondientes acuerdos entre Comunidades Autónomas, de la atención sanitaria plena a los ciudadanos que se trasladan entre Comunidades, incluyendo la posibilidad de acceder al centro sanitario más próximo al domicilio, independientemente de la Comunidad Autónoma en que se encuentre” y al desarrollo “pleno del Sistema de Atención a la Dependencia, garantizando su aplicación efectiva” .
Apenas tres páginas de las 62 de las que consta el programa marco del PP están dedicadas al tema sanitario. Bajo el epígrafe “Una Sanidad de calidad para todos”, el Partido Popular afirma que considera básica la mejora de “la calidad de la asistencia sanitaria, y para ello es preciso garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. También es mucho lo que se puede innovar en los sistemas de gestión clínica, modernizándolos con la introducción de nuevas tecnologías, promoviendo la existencia de una base de datos única y poniendo en valor la colaboración público-privada”.
A continuación, se desgrana una serie de medidas, como la igualdad de trato de los pacientes, la tarjeta sanitaria única, libre elección de médico, atención a patologías crónicas o planes de atención a la salud mental.
Ambos partidos colocan el acento en la palabra “eficiencia”. Para los conservadores significa garantizar “una gestión que tenga en cuenta todos los recursos sanitarios disponibles, tanto públicos como privados”; y para los socialistas, “revisar las prácticas desarrolladas, introducir mejoras en las mismas y redimensionarse. (...) Austeridad en el gasto, reduciendo todos aquellos que no incidan en la calidad, y eficiencia en la gestión, avanzando en todas las formas de actuación y prestación de servicios que permitan compartir sus costes y aprovechar al máximo sus efectos”.
Eficiencia, sostenibilidad del sistema, austeridad en el gasto, ahorro... Palabras que indican que algo va a cambiar en el Sistema Nacional de Salud tras los comicios del 22 de mayo, pero cuyo abordaje podría tener un coste electoral. Y si no que se lo digan a Artur Mas, el president de la Generalitat de Catalunya, que aparcó hasta después de la cita electoral los anunciados recortes de un 10% en el sistema sanitario catalán por las movilizaciones de la ciudadanía y los profesionales que se estaban produciendo en contra de dichas medidas.
Fuente : estrelladigital.es/espana
INFORME EXAHUSTIVO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY
El PNV cree que no se hace "conforme a lo establecido"
El Congreso votará el martes si exige al Gobierno un informe exhaustivo de la aplicación de la Ley de Dependencia
El Pleno del Congreso del próximo martes debatirá si exige o no al Gobierno, en el plazo de dos meses, un informe exhaustivo que detalle cuáles son las intenciones del Gobierno en el desarrollo y la aplicación de la Ley de Dependencia, aprobada hace cuatro años y medio porque, a su juicio, la implantación de la misma "no está siendo conforme a lo establecido".
El diputado nacionalista vasco, Joseba Agirretxea, será el encargado de defender la propuesta, a través de una moción en la que reclama también una valoración de los resultados de la misma, en un plazo máximo de tres meses, proponiendo las modificaciones en la implantación del sistema.
Según apunta, el PNV demanda estas cuestiones ante la "ausencia" del informe de evaluación que, tras tres años de aplicación de la Ley, debía haber sido presentado por el Ejecutivo.
UN SISTEMA DE FINANCIACIÓN
En el texto de la iniciativa, al que tuvo acceso Europa Press, el PNV quiere también que el Gobierno español establezca un sistema de financiación de la dependencia donde el Estado aporte el 50 por ciento del gasto real realizado, y acreditado, y el resto sea puesto por las comunidades autónomas y Diputaciones forales, tal y como se corresponde, de acuerdo al sistema establecido en dicha normativa.
Además, solicita que este sistema de financiación se articule mediante los correspondientes convenios o, en el caso de los territorios forales, mediante la deducción del cupo a aportar al Estado. "Las partidas para la financiación de la dependencia serían ampliables, con el fin de lograr una financiación suficiente", apunta.
UNA VALORACIÓN DE LA MISMA
"Diferentes formas de entender algo tan básico como la financiación de los servicios y prestaciones que la ley garantiza, hacen que muchas comunidades autónomas y territorios forales se sientan ahogadas por tener que hacer frente a una demanda que el Estado no está respondiendo acorde a lo establecido", agrega el PNV.
En su opinión, la aplicación de algunos artículos de la normativa está permitiendo que el espíritu de excepcionalidad de algunas prestaciones económicas contempladas en la misma se esté convirtiendo "no sólo en habitual, sino que en mayoritario". "Distorsiona las previsiones económicas y de servicios de las instituciones que han de responder a esta demanda", puntualiza el PNV
Fuente : europapress.es/nacional
El Congreso votará el martes si exige al Gobierno un informe exhaustivo de la aplicación de la Ley de Dependencia
El Pleno del Congreso del próximo martes debatirá si exige o no al Gobierno, en el plazo de dos meses, un informe exhaustivo que detalle cuáles son las intenciones del Gobierno en el desarrollo y la aplicación de la Ley de Dependencia, aprobada hace cuatro años y medio porque, a su juicio, la implantación de la misma "no está siendo conforme a lo establecido".
El diputado nacionalista vasco, Joseba Agirretxea, será el encargado de defender la propuesta, a través de una moción en la que reclama también una valoración de los resultados de la misma, en un plazo máximo de tres meses, proponiendo las modificaciones en la implantación del sistema.
Según apunta, el PNV demanda estas cuestiones ante la "ausencia" del informe de evaluación que, tras tres años de aplicación de la Ley, debía haber sido presentado por el Ejecutivo.
UN SISTEMA DE FINANCIACIÓN
En el texto de la iniciativa, al que tuvo acceso Europa Press, el PNV quiere también que el Gobierno español establezca un sistema de financiación de la dependencia donde el Estado aporte el 50 por ciento del gasto real realizado, y acreditado, y el resto sea puesto por las comunidades autónomas y Diputaciones forales, tal y como se corresponde, de acuerdo al sistema establecido en dicha normativa.
Además, solicita que este sistema de financiación se articule mediante los correspondientes convenios o, en el caso de los territorios forales, mediante la deducción del cupo a aportar al Estado. "Las partidas para la financiación de la dependencia serían ampliables, con el fin de lograr una financiación suficiente", apunta.
UNA VALORACIÓN DE LA MISMA
"Diferentes formas de entender algo tan básico como la financiación de los servicios y prestaciones que la ley garantiza, hacen que muchas comunidades autónomas y territorios forales se sientan ahogadas por tener que hacer frente a una demanda que el Estado no está respondiendo acorde a lo establecido", agrega el PNV.
En su opinión, la aplicación de algunos artículos de la normativa está permitiendo que el espíritu de excepcionalidad de algunas prestaciones económicas contempladas en la misma se esté convirtiendo "no sólo en habitual, sino que en mayoritario". "Distorsiona las previsiones económicas y de servicios de las instituciones que han de responder a esta demanda", puntualiza el PNV
Fuente : europapress.es/nacional
MADRID - 20% SOLICITANTES, EN LISTA DE ESPERA
PSM denuncia que casi un 20% de los solicitantes de ayuda a la dependencia está en lista de espera
El Partido Socialista de Madrid (PSM) ha denunciado este sábado que un 18,9 por ciento (17.080 personas) de los solicitantes de ayudas en virtud de la Ley de Dependencia está en lista de espera para recibir las prestaciones a las que tienen derecho "debido a la desidia del Gobierno de Aguirre".
Según ha informado la formación en un comunicado, según los datos aportados por la Comunidad Autónoma al Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD) a fecha 1 de mayo de 2011, "un total de 90.338 personas son beneficiarias con derecho a prestación, de las cuales, sólo 73.258 personas están recibiendo ya prestaciones".
De los beneficiarios con derecho a prestación, un total de 43.875 han sido reconocidos como grandes dependientes, 33.004 como dependientes severos y 13.459 como dependientes moderados nivel 2.
Por otra parte, de los beneficiarios que perciben la prestación económica por cuidados familiares (16.515), "solamente 4.722 están dados de alta en la Seguridad Social en el Convenio de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, a fecha 29 de abril de 2011, lo que nos sitúa a la cola no ya de las comunidades autónomas, sino por detrás incluso de muchas provincias como Granada, con muchísima menos población que Madrid".
La número 'dos' en la lista del PSM, Amparo Valcarce, ha señalado que estos datos "revelan que la Administración regional no está cumpliendo con su responsabilidad en la aplicación de la Ley de Dependencia", por lo que ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid que explique "qué hace con el dinero que cobra la Administración madrileña".
"Nosotros hemos denunciado reiteradamente la falta de transparencia y queremos que haya una gestión transparente de los recursos dedicados a la dependencia, pero queremos, sobre todo, que la financiación que se recibe se dedique íntegramente a la dependencia porque en la Comunidad de Madrid las personas mayores, con discapacidad y sus familias tienen un derecho reconocido por ley y es obligación de la Comunidad de Madrid cumplirlo", ha manifestado Valcarce, al tiempo que ha destacado que la propia Aguirre ha recibido 700 millones de euros de inversión del Estado en esta materia.
Asimismo, ha criticado que la "falta de transparencia" en los presupuestos de la Comunidad de Madrid en la ejecución presupuestaria "hace que la región se sitúe a la cola de la dependencia".
El equipo de Tomás Gómez se compromete a dedicar "toda la financiación íntegra" que se recibe por los servicios sociales "para garantizar que en el plazo de seis meses los ciudadanos tengan todas las ayudas que necesitan y porque además es un derecho reconocido por ley". Para ello, pondrá en marcha un acuerdo con los ayuntamientos para disponer de las plazas de ayuda a domicilio, la teleasistencia, residencia y centros de día.
"Sabemos que muchas familias sufren un auténtico calvario desde que han podido solicitar la ayuda de dependencia y que no conocen nada de su expediente. Por eso nos comprometemos a poner en marcha la figura del Defensor del Dependiente, pero también que las administraciones sean transparentes y rigurosas", ha señalado Valcarce.
Fuente : lavanguardia.com/local/madrid
El Partido Socialista de Madrid (PSM) ha denunciado este sábado que un 18,9 por ciento (17.080 personas) de los solicitantes de ayudas en virtud de la Ley de Dependencia está en lista de espera para recibir las prestaciones a las que tienen derecho "debido a la desidia del Gobierno de Aguirre".
Según ha informado la formación en un comunicado, según los datos aportados por la Comunidad Autónoma al Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD) a fecha 1 de mayo de 2011, "un total de 90.338 personas son beneficiarias con derecho a prestación, de las cuales, sólo 73.258 personas están recibiendo ya prestaciones".
De los beneficiarios con derecho a prestación, un total de 43.875 han sido reconocidos como grandes dependientes, 33.004 como dependientes severos y 13.459 como dependientes moderados nivel 2.
Por otra parte, de los beneficiarios que perciben la prestación económica por cuidados familiares (16.515), "solamente 4.722 están dados de alta en la Seguridad Social en el Convenio de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, a fecha 29 de abril de 2011, lo que nos sitúa a la cola no ya de las comunidades autónomas, sino por detrás incluso de muchas provincias como Granada, con muchísima menos población que Madrid".
La número 'dos' en la lista del PSM, Amparo Valcarce, ha señalado que estos datos "revelan que la Administración regional no está cumpliendo con su responsabilidad en la aplicación de la Ley de Dependencia", por lo que ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid que explique "qué hace con el dinero que cobra la Administración madrileña".
"Nosotros hemos denunciado reiteradamente la falta de transparencia y queremos que haya una gestión transparente de los recursos dedicados a la dependencia, pero queremos, sobre todo, que la financiación que se recibe se dedique íntegramente a la dependencia porque en la Comunidad de Madrid las personas mayores, con discapacidad y sus familias tienen un derecho reconocido por ley y es obligación de la Comunidad de Madrid cumplirlo", ha manifestado Valcarce, al tiempo que ha destacado que la propia Aguirre ha recibido 700 millones de euros de inversión del Estado en esta materia.
Asimismo, ha criticado que la "falta de transparencia" en los presupuestos de la Comunidad de Madrid en la ejecución presupuestaria "hace que la región se sitúe a la cola de la dependencia".
El equipo de Tomás Gómez se compromete a dedicar "toda la financiación íntegra" que se recibe por los servicios sociales "para garantizar que en el plazo de seis meses los ciudadanos tengan todas las ayudas que necesitan y porque además es un derecho reconocido por ley". Para ello, pondrá en marcha un acuerdo con los ayuntamientos para disponer de las plazas de ayuda a domicilio, la teleasistencia, residencia y centros de día.
"Sabemos que muchas familias sufren un auténtico calvario desde que han podido solicitar la ayuda de dependencia y que no conocen nada de su expediente. Por eso nos comprometemos a poner en marcha la figura del Defensor del Dependiente, pero también que las administraciones sean transparentes y rigurosas", ha señalado Valcarce.
Fuente : lavanguardia.com/local/madrid
Suscribirse a:
Entradas (Atom)