La DGA aprobará próximamente las cuantías para los dependientes moderados
La Comunidad Autónoma de Aragón dará luz verde en un futuro próximo a la orden aragonesa para desarrollar las cuantías que el Estado establece para los dependientes de grado moderado. Lo ha anunciado el consejero Ricardo Oliván en las Cortes, quien ha rechazado los datos ofrecidos por los socialistas en cuanto al nivel de aplicación.
Existen un total de 48.680 solicitudes de valoración de la situación de dependencia
El Gobierno aragonés tendrá que realizar un esfuerzo adicional para asumir el gasto de dependencia a pesar de la situación económica. Aún así habla de que está muy próxima la aprobación de la orden aragonesa que desarrolla el Decreto del Gobierno central que fija las cuantías de los dependientes de grado moderado, nivel que debía haberse implantado en la Comunidad este año.
En la Comunidad Autónoma de Aragón se han implantado ya dos grados, gran dependencia y dependencia severa, desde mayo de 2007. Así lo ha asegurado el consejero de Bienestar Social, Ricardo Oliván, en su comparecencia en el Pleno de las Cortes de Aragón este jueves.
A 1 de septiembre, existen un total de 48.680 solicitudes de valoración de la situación de dependencia registradas, 45.288 dictámenes y 23.729 beneficiarios. Estas cifras en junio estaban en 24.472 beneficiarios y "no los 27.000 que los socialistas manifiestan tras depurarse las cifras de personas que habían fallecido".
Respuesta ésta del consejero a la críticas del socialista Eduardo Alonso, quien ha insistido en que Aragón haya pasado en sólo tres meses del cuarto puesto a nivel nacional en desarrollo de la Ley de la Dependencia al séptimo lugar. Causa, ha dicho, de que no haya entrado ningún dependiente nuevo en el sistema, con 23.729 dependientes atendidos, un 1,76% en relación con la población, en vez de los 27.000 que había en mayo, un 2,04% de la población. No es problema de falta de colaboración del Estado, ha asegurado Alonso, y le preocupa "el desmantelamiento del Estado de bienestar para cumplir el déficit a costa de los dependientes".
La Consejería de Bienestar Social, ha manifestado el consejero Oliván, quiere integrar la información y actuaciones de carácter social y sanitario; unificar los criterios de valoración manejados; desarrollar normas de acreditación y calidad de centros y servicios; la mejora continua en la formación de los profesionales que realizan la atención a las personas en situación de dependencia; puesta en marcha de programas de prevención y promoción de la autonomía; diseño de un soporte informático del sistema que unifique las bases de datos existentes; y desarrollo e implementación de nuevas prácticas en el cumplimiento de lo ordenado en la Ley de Dependencia.
El PSOE denunciaba el descenso en los datos el pasado día 22
El consejero ha continuado explicando que, por otro lado, la situación presupuestaria en la que se encontraba el Instituto Aragonés de Servicios Sociales a fin de la legislatura anterior motivó que desde la Intervención General del Departamento de Economía se impidiese la fiscalización de cualquier documento contable del presupuesto del IASS que diese lugar a nuevos compromisos de gasto que permitiera el pago del Ingreso Aragonés de Inserción, dejando un déficit de 1,9 millones de euros y sin cobertura mínima de subsistencia a las personas más desfavorecidas de Aragón.
Esto también ha impedido la aprobación de nuevos programas de atención a los dependientes, lo que obligará al Gobierno a realizar un esfuerzo extraordinario para ejecutar estas prestaciones, aunque "de momento nos impide temporalmente hacer frente a estos compromisos".
Desde Izquierda Unida, la diputada Patricia Luquin ha resaltado que a la ciudadanía no le importa lo que se presupueste para la aplicación de la Ley o cómo ha ido el traspaso de competencias, ya que "son asuntos que quedan fuera de su realidad". Asimismo, ha afirmado que los poderes públicos deben garantizar los derechos como principal prioridad.
Por su parte, la presidenta del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, Nieves Ibeas, ha remarcado la posición de Luquin, criticando los conflictos entre PSOE y PP en relación a este asunto, mientras muchos dependientes están sin atender.
Finalmente, la diputada del PAR María Herrero ha argumentado que el procedimiento tiene que seguir desarrollándose y ha pedido que se cumplan los plazos estrictamente en la aplicación de esta norma.
Fuente : aragondigital.es
domingo, 2 de octubre de 2011
sábado, 1 de octubre de 2011
C.VALENCIANA - EXIGEN PAGO "YA" DE LAS AYUDAS DE AGOSTO
Plataformas de dependencia piden ´ya´ el pago de las ayudas de agosto
Las Plataformas en Defensa de la Ley Dependencia de la Comunitat Valenciana consideran "intolerable e insostenible" el retraso del pago de las prestaciones económicas y servicios correspondientes de agosto en toda la Comunitat por parte de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social.
Por ello, la entidad cívica exigió ayer el pago de las prestaciones económicas y servicios correspondientes al mes de agosto "ya". Asimismo, informaron de la reunión con el conseller de justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, prevista para el 27 de septiembre para hacerle llegar sus reivindicaciones "más urgentes", entre ellas su compromiso para el pago de estas prestaciones en los cinco primeros días de cada mes, contribuyendo así a la seguridad y estabilidad de los afectados.
Fuente : levante-emv.com/comunitat-valenciana
Las Plataformas en Defensa de la Ley Dependencia de la Comunitat Valenciana consideran "intolerable e insostenible" el retraso del pago de las prestaciones económicas y servicios correspondientes de agosto en toda la Comunitat por parte de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social.
Por ello, la entidad cívica exigió ayer el pago de las prestaciones económicas y servicios correspondientes al mes de agosto "ya". Asimismo, informaron de la reunión con el conseller de justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, prevista para el 27 de septiembre para hacerle llegar sus reivindicaciones "más urgentes", entre ellas su compromiso para el pago de estas prestaciones en los cinco primeros días de cada mes, contribuyendo así a la seguridad y estabilidad de los afectados.
Fuente : levante-emv.com/comunitat-valenciana
MURCIA - EXIGEN PLAZO DE PAGO DE LAS PRESTACIONES
El PSRM exige un plazo de pago de las prestaciones a los dependientes
A los socialistas les preocupa «es que el Partido Popular de Murcia haga con los dependientes lo que María Dolores de Cospedal está haciendo en Castilla-La Mancha»
El PSRM pide que los problemas de Tesorería y los recortes del Gobierno regional no afecten a las políticas sociales y a los dependientes. La responsable de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, lamentó que el Grupo Parlamentario Popular no haya aprobado en la Asamblea que se pida al Gobierno regional que el pago de las prestaciones para la dependencia no vuelva a sufrir retrasos como los de este verano.
La diputada mostró su preocupación respecto a que de aquí a final de año pudieran producirse nuevos retrasos en las prestaciones por dependencia, dada la situación económica de la Administración regional. "Rechazamos de pleno que los problemas de Tesorería que pueda tener el Gobierno regional tengan que pagarlos los dependientes y las personas con menos recursos, perceptoras del salario mínimo interprofesional, como sucedió el pasado mes de junio".
Al mismo tiempo, el Grupo Parlamentario Socialista quiere que el Gobierno regional explique cuándo se van a hacer efectivas las prestaciones por dependencia a los más de 13.000 dependientes que tienen reconocido ya el derecho a recibirlas y aún no las perciben.
Al tener problemas de Tesorería retrasar el pago de las prestaciones por dependencia "nos pone en alerta, ya que esos problemas de Tesorería se van a ir incrementando por la caída de los ingresos, a lo que hay que sumar el recorte presupuestario de 800 millones de euros que tiene previsto acometer el Gobierno regional".
Con este escenario, Rosique añadió que lo que les preocupa "es que el Partido Popular de Murcia haga con los dependientes lo que María Dolores de Cospedal está haciendo en Castilla-La Mancha, a los que no les ha pagado las prestaciones de los meses de julio y agosto".
Teresa Rosique hizo alusión al Informe anual del Defensor del Pueblo de 2010, donde se ponen de manifiesto las numerosas quejas presentadas ante esta institución como consecuencia de las dilaciones en la tramitación del procedimiento.
El Gobierno regional ha incumplido el plazo de seis meses para el reconocimiento del grado y de la prestación por dependencia. "Quejas a las que también se han sumado otras derivadas del retraso del pago de prestaciones ya acordadas, es decir, los retrasos en los abonos de las mensualidades o de los pagos únicos derivados de las cuantías acumuladas y no pagadas desde la fecha de la solicitud y para cuya solución ha sido necesaria la mediación del Defensor del Pueblo".
Agregó que el Partido Popular "para tapar" los incumplimientos en materia de dependencia acude siempre al discurso de que la Comunidad autónoma pone más dinero que el Gobierno de España para la aplicación de la ley de Dependencia, "algo que no es cierto; además computa como gastos de dependencia los que la Comunidad realizaba ya con anterioridad a la aplicación de la ley, debido a que tiene las competencias exclusivas en materia de Política Social y, por tanto, es su obligación".
Fuente : laverdad.es/murcia
A los socialistas les preocupa «es que el Partido Popular de Murcia haga con los dependientes lo que María Dolores de Cospedal está haciendo en Castilla-La Mancha»
El PSRM pide que los problemas de Tesorería y los recortes del Gobierno regional no afecten a las políticas sociales y a los dependientes. La responsable de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, lamentó que el Grupo Parlamentario Popular no haya aprobado en la Asamblea que se pida al Gobierno regional que el pago de las prestaciones para la dependencia no vuelva a sufrir retrasos como los de este verano.
La diputada mostró su preocupación respecto a que de aquí a final de año pudieran producirse nuevos retrasos en las prestaciones por dependencia, dada la situación económica de la Administración regional. "Rechazamos de pleno que los problemas de Tesorería que pueda tener el Gobierno regional tengan que pagarlos los dependientes y las personas con menos recursos, perceptoras del salario mínimo interprofesional, como sucedió el pasado mes de junio".
Al mismo tiempo, el Grupo Parlamentario Socialista quiere que el Gobierno regional explique cuándo se van a hacer efectivas las prestaciones por dependencia a los más de 13.000 dependientes que tienen reconocido ya el derecho a recibirlas y aún no las perciben.
Al tener problemas de Tesorería retrasar el pago de las prestaciones por dependencia "nos pone en alerta, ya que esos problemas de Tesorería se van a ir incrementando por la caída de los ingresos, a lo que hay que sumar el recorte presupuestario de 800 millones de euros que tiene previsto acometer el Gobierno regional".
Con este escenario, Rosique añadió que lo que les preocupa "es que el Partido Popular de Murcia haga con los dependientes lo que María Dolores de Cospedal está haciendo en Castilla-La Mancha, a los que no les ha pagado las prestaciones de los meses de julio y agosto".
Teresa Rosique hizo alusión al Informe anual del Defensor del Pueblo de 2010, donde se ponen de manifiesto las numerosas quejas presentadas ante esta institución como consecuencia de las dilaciones en la tramitación del procedimiento.
El Gobierno regional ha incumplido el plazo de seis meses para el reconocimiento del grado y de la prestación por dependencia. "Quejas a las que también se han sumado otras derivadas del retraso del pago de prestaciones ya acordadas, es decir, los retrasos en los abonos de las mensualidades o de los pagos únicos derivados de las cuantías acumuladas y no pagadas desde la fecha de la solicitud y para cuya solución ha sido necesaria la mediación del Defensor del Pueblo".
Agregó que el Partido Popular "para tapar" los incumplimientos en materia de dependencia acude siempre al discurso de que la Comunidad autónoma pone más dinero que el Gobierno de España para la aplicación de la ley de Dependencia, "algo que no es cierto; además computa como gastos de dependencia los que la Comunidad realizaba ya con anterioridad a la aplicación de la ley, debido a que tiene las competencias exclusivas en materia de Política Social y, por tanto, es su obligación".
Fuente : laverdad.es/murcia
CASTILLA Y LEÓN - LA LEY VENDE DINERO MÁS QUE ATENCIÓN
«La Ley de Dependencia vende a las familias dinero más que atención y ha hecho tambalear los Servicios Sociales»
La responsable de la política de familia, discapacitados y mayores afirma que en esta legislatura de crisis «los derechos sociales están garantizados»
Milagros Marcos Ortega.Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades
Los más débiles de la sociedad -los niños, las mujeres maltratadas, los mayores o los discapacitados-, su calidad de vida, sus posibilidades de recuperación, de inserción o adaptación dependen, en plena crisis económica, de una gestión, la de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que ha de sortear las dificultades económicas propias y de financiación estatal para dar respuesta a necesidades que, de ninguna manera, pueden esperar.
Milagros Marcos Ortega es la nueva máxima responsable de este departamento, puesto al que esta palentina accede desde la Gerencia de Servicios Sociales por lo que conoce bien el terreno para gestionar en una legislatura que estrena Ley de Servicios Sociales.
-El discurso de investidura del presidente Herrera repasa violencia doméstica, conciliación de la vida laboral y familiar... y no Servicios Sociales como sí hiciera, en cambio, con detalle en el de la anterior Legislatura. ¿Tiene algún significado?
-Más bien al contrario, ha dejado claro el blindaje de los servicios sociales, la educación y la sanidad. Juventud, mujer, servicios sociales, todo ello se engloba bajo políticas sociales y estará blindado. Otra cosa es que, en un discurso, no se pueda entrar al detalle de todo.
-Entonces no se van a repetir los recortes.
-No los ha habido. En 2011 se tuvieron que reducir por el descenso de los ingresos del Estado; pero en Servicios Sociales creció un 7%.
-Los presupuestos de la Gerencia de Servicios Sociales se mantuvieron; pero hubo un recorte medio del 10% en los fondos que sostienen las asociaciones...
-Hay un cambio de modelo de gestión. Ahora el ciudadano elige el servicio, la prestación, ya no son subvenciones sino ayudas vinculadas para el beneficiario, garantías de recursos. Es una nueva organización. En plazas residenciales ha aumentado el presupuesto para conciertos. En todas las áreas se hacen esfuerzos de contención de gasto y damos prioridad a la atención directa y optimizamos recursos para dar respuesta a las necesidades. Los derechos sociales están garantizados.
-Sin recortes.
-No habrá recortes ni en residencias de mayores ni en discapacitados. No obstante, estamos ahora elaborando presupuestos, pero garantizamos la atención directa y los derechos recogidos en la nueva ley. Además, no hay presupuestos estatales y no conocer los ingresos crea una situación especialmente complicada. Si ya con ellos luego nos reclaman.
-¿Sigue habiendo problemas de retraso en el pago del Gobierno central de las ayudas al dependiente?
-El Estado liquida a meses vencidos; pero el problema grave son las deficiencias con las cuantías que corresponden a los casos más severos. 70 euros por nivel mínimo. Por ejemplo, una plaza residencial, si el Estado pone el 20%, el usuario un porcentaje bajo porque no tiene, está claro quien pone el dinero. La ley se está evaluando ahora y exigimos aportaciones acordes con el coste de los servicios.
-Cinco años de Ley de Dependencia, los primeros llenos de discrepancias y con falta de desarrollo de la normativa. ¿Cuál es ahora su balance?
-Hay dos escenarios, el nacional y el de Castilla y León, claramente diferenciados. Respecto al papel del Gobierno central hay todavía pendientes trabajos muy serios que se deben promover desde el Consejo Interterritorial como la cartera de servicios, la promoción de la autonomía y la atención temprana. Ya en 2010 tendría que haberse creado el grupo de trabajo para aspectos tales como la revisión del baremo, hay otros no en marcha como los documentos de acreditación, el libro blanco, el envejecimiento activo. Hay grandes retrasos, problemas con el modelo de financiación, el modelo se tambalea. En paralelo, la Junta da respuesta a las personas dependientes con criterios establecidos con los agentes sociales y del sector de los propios afectados para establecer criterios del cálculo de las aportaciones, de los modelos de atención temprana. Cumplimos plazos y con los servicios pese a las dificultades.
-¿No hay discrepancias, incongruencias, doble sistema? ¿Cómo se ha integrado la Ley de Dependencia en los Servicios Sociales tradicionales?
-Los Servicios Sociales han integrado la Ley de Dependencia. Intentamos que la puerta de acceso sea única. Si la ley no hubiera sido tan acelerada... La unificación de criterios es un objetivo de esta legislatura, logramos poner de acuerdo con la atención a domicilio a 24 corporaciones locales, ahora trabajaremos también en unificar.
-Como el usuario decide, hay familias que evitan llevar a su mayor a una residencia, los dejan en casa y cobran la ayuda de la Dependencia. ¿No atenta esto contra la filosofía de los propios servicios sociales?
-La Ley de Dependencia vende dinero a las familias más que servicios para el dependiente. Esto ha hecho que se tambaleen los servicios sociales. Hay plazas vacantes en las residencias, en toda España. La ley es dinero en lugar de servicios prestados en domicilios o en centros.
-Incluso, sobre todo con la crisis, sacan a sus mayores de la residencia y piden ayuda económica.
-Aquí no permitimos que se haga eso; pero como el usuario elige puede evitar escoger esa opción. Hacemos seguimientos de las prestaciones a domicilio y tenemos una alta cobertura de plazas residenciales que nos ayuda a evitar estas situaciones. Castilla y León apuesta por el servicio aunque nos resulte mucho más caro.
-No se ha avanzado en evitar que el discapacitado tenga que reclamar ayudas en dos ventanillas diferentes, la de minusvalía y la de dependencia.
-Castilla y León no puede obviar los baremos estatales ni sus criterios y hace ya dos años que, en el marco del Consejo Interterritorial, se estableció la necesidad de crear un grupo de trabajo para su revisión. Otra cosa es que nosotros pasamos al mismo tiempo todos los baremos para que el ciudadano no tenga que hacer varias visitas, aplicamos los dos al mismo tiempo y el informe social también se hace en paralelo para valorar la minusvalía y el grado de dependencia, ojalá hubiera un único baremo. Trabajamos en unificar los procesos lo máximo posible, en un sistema unificado por un equipo que pueda valorar todos los aspectos.
-En el caso reciente, de una joven con las piernas amputadas y un bebé, la familia denunciaba que no se les había informado de la vía de la Ley de Dependencia y que no tienen ninguna ayuda. De hecho, el caso está en el juzgado.
-De todo se les informó en el mismo momento que lo requirieron, los informes así lo recogen. Se les ha ofertado todo tipo de recursos y opciones, pero la evaluación de su grado de minusvalía debe hacerse cuando acabe la rehabilitación. No vamos a incumplir un baremo estatal. Se puso en duda el trabajo de los profesionales pese a que les informaron de todas las opciones al momento.
-Algunas asociaciones de familiares y afectados reclaman que el Decreto de precios públicos en el que se trabaja recoja la pluridiscapacidad, porque una plaza de una persona con parálisis cerebral es más cara que la de alguien con lesión medular.
-La norma que regule los precios públicos estará consensuada con agentes sociales y asociaciones.
-Algunos ayuntamientos cobran directamente la ayuda económica por la plaza residencial de un dependiente y, en otros municipios, lo recibe el usuario. ¿No debería la Junta ejercer algún control o unificar criterios?
-La Ley de Dependencia establece que las prestaciones serán servicios y, si faltan, ayuda vinculada para contratarlos. Las aportaciones llegan de las administraciones públicas y se le descontará al usuario la financiación pública que reciba. Si está en una residencia de titularidad y gestión pública, ya lo tiene reconocido directamente, si es vinculada, la Junta transfiere el dinero que llega del Estado a la Corporación local que está prestando servicio, no tiene por qué llegar al usuario, ya le costea una parte llegando al ayuntamiento.
-Las diputaciones tienen problemas económicos con sus residencias, ¿se plantea la consejería algún cambio, asumirlas?
-La Ley de Pacto Local establece que tienen esas competencias. Hay un problema derivado de la situación económica, pero no puede derivar en una crisis de competencias o social.
-Los criterios de acceso son diferentes, solo a los centros de las diputaciones puede acceder un mayor válido que por soledad no quiera quedarse en casa.
-Otra cosa será homogeneizar los criterios de acceso.
-Con la Dependencia, un mayor que solo tenga la edad como factor discapacitante ya no podrá tener plaza residencial de la Junta.
-La tendencia en estos casos es a dar apoyo en sus domicilios; pero con los informes sociales y en el marco de los Servicios Sociales, se pueden atender estas situaciones.
-¿Modificarán la normativa que exige determinado personal a las residencias?
-Mediante decreto reduciremos la exigencia de tener médico en residencias pequeñas rurales. La tendencia es evolucionar hacia centros multiservicios, al modelo europeo de unidad de convivencia, que por ejemplo la cafetería esté abierta a la calle, lo hace más rentable y más integrado, más sostenible. Además, se abrirá aún más a estancias nocturnas o temporales, dará más flexibilidad de servicio, se integra en el entorno y se abre a la población.
-¿No delega en exceso la Junta la responsabilidad social en las asociaciones de afectados?
-En otra época se delegaban competencias en las asociaciones. Ahora, son derechos de los ciudadanos, ofrecen un servicio y el usuario lo elige y percibe la ayuda vinculada para costearlo. El afectado decide qué y dónde lo quiere, nosotros garantizamos intensidad del servicio y calidad.
Fuente : elnortedecastilla.es
La responsable de la política de familia, discapacitados y mayores afirma que en esta legislatura de crisis «los derechos sociales están garantizados»
Milagros Marcos Ortega.Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades
Los más débiles de la sociedad -los niños, las mujeres maltratadas, los mayores o los discapacitados-, su calidad de vida, sus posibilidades de recuperación, de inserción o adaptación dependen, en plena crisis económica, de una gestión, la de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que ha de sortear las dificultades económicas propias y de financiación estatal para dar respuesta a necesidades que, de ninguna manera, pueden esperar.
Milagros Marcos Ortega es la nueva máxima responsable de este departamento, puesto al que esta palentina accede desde la Gerencia de Servicios Sociales por lo que conoce bien el terreno para gestionar en una legislatura que estrena Ley de Servicios Sociales.
-El discurso de investidura del presidente Herrera repasa violencia doméstica, conciliación de la vida laboral y familiar... y no Servicios Sociales como sí hiciera, en cambio, con detalle en el de la anterior Legislatura. ¿Tiene algún significado?
-Más bien al contrario, ha dejado claro el blindaje de los servicios sociales, la educación y la sanidad. Juventud, mujer, servicios sociales, todo ello se engloba bajo políticas sociales y estará blindado. Otra cosa es que, en un discurso, no se pueda entrar al detalle de todo.
-Entonces no se van a repetir los recortes.
-No los ha habido. En 2011 se tuvieron que reducir por el descenso de los ingresos del Estado; pero en Servicios Sociales creció un 7%.
-Los presupuestos de la Gerencia de Servicios Sociales se mantuvieron; pero hubo un recorte medio del 10% en los fondos que sostienen las asociaciones...
-Hay un cambio de modelo de gestión. Ahora el ciudadano elige el servicio, la prestación, ya no son subvenciones sino ayudas vinculadas para el beneficiario, garantías de recursos. Es una nueva organización. En plazas residenciales ha aumentado el presupuesto para conciertos. En todas las áreas se hacen esfuerzos de contención de gasto y damos prioridad a la atención directa y optimizamos recursos para dar respuesta a las necesidades. Los derechos sociales están garantizados.
-Sin recortes.
-No habrá recortes ni en residencias de mayores ni en discapacitados. No obstante, estamos ahora elaborando presupuestos, pero garantizamos la atención directa y los derechos recogidos en la nueva ley. Además, no hay presupuestos estatales y no conocer los ingresos crea una situación especialmente complicada. Si ya con ellos luego nos reclaman.
-¿Sigue habiendo problemas de retraso en el pago del Gobierno central de las ayudas al dependiente?
-El Estado liquida a meses vencidos; pero el problema grave son las deficiencias con las cuantías que corresponden a los casos más severos. 70 euros por nivel mínimo. Por ejemplo, una plaza residencial, si el Estado pone el 20%, el usuario un porcentaje bajo porque no tiene, está claro quien pone el dinero. La ley se está evaluando ahora y exigimos aportaciones acordes con el coste de los servicios.
-Cinco años de Ley de Dependencia, los primeros llenos de discrepancias y con falta de desarrollo de la normativa. ¿Cuál es ahora su balance?
-Hay dos escenarios, el nacional y el de Castilla y León, claramente diferenciados. Respecto al papel del Gobierno central hay todavía pendientes trabajos muy serios que se deben promover desde el Consejo Interterritorial como la cartera de servicios, la promoción de la autonomía y la atención temprana. Ya en 2010 tendría que haberse creado el grupo de trabajo para aspectos tales como la revisión del baremo, hay otros no en marcha como los documentos de acreditación, el libro blanco, el envejecimiento activo. Hay grandes retrasos, problemas con el modelo de financiación, el modelo se tambalea. En paralelo, la Junta da respuesta a las personas dependientes con criterios establecidos con los agentes sociales y del sector de los propios afectados para establecer criterios del cálculo de las aportaciones, de los modelos de atención temprana. Cumplimos plazos y con los servicios pese a las dificultades.
-¿No hay discrepancias, incongruencias, doble sistema? ¿Cómo se ha integrado la Ley de Dependencia en los Servicios Sociales tradicionales?
-Los Servicios Sociales han integrado la Ley de Dependencia. Intentamos que la puerta de acceso sea única. Si la ley no hubiera sido tan acelerada... La unificación de criterios es un objetivo de esta legislatura, logramos poner de acuerdo con la atención a domicilio a 24 corporaciones locales, ahora trabajaremos también en unificar.
-Como el usuario decide, hay familias que evitan llevar a su mayor a una residencia, los dejan en casa y cobran la ayuda de la Dependencia. ¿No atenta esto contra la filosofía de los propios servicios sociales?
-La Ley de Dependencia vende dinero a las familias más que servicios para el dependiente. Esto ha hecho que se tambaleen los servicios sociales. Hay plazas vacantes en las residencias, en toda España. La ley es dinero en lugar de servicios prestados en domicilios o en centros.
-Incluso, sobre todo con la crisis, sacan a sus mayores de la residencia y piden ayuda económica.
-Aquí no permitimos que se haga eso; pero como el usuario elige puede evitar escoger esa opción. Hacemos seguimientos de las prestaciones a domicilio y tenemos una alta cobertura de plazas residenciales que nos ayuda a evitar estas situaciones. Castilla y León apuesta por el servicio aunque nos resulte mucho más caro.
-No se ha avanzado en evitar que el discapacitado tenga que reclamar ayudas en dos ventanillas diferentes, la de minusvalía y la de dependencia.
-Castilla y León no puede obviar los baremos estatales ni sus criterios y hace ya dos años que, en el marco del Consejo Interterritorial, se estableció la necesidad de crear un grupo de trabajo para su revisión. Otra cosa es que nosotros pasamos al mismo tiempo todos los baremos para que el ciudadano no tenga que hacer varias visitas, aplicamos los dos al mismo tiempo y el informe social también se hace en paralelo para valorar la minusvalía y el grado de dependencia, ojalá hubiera un único baremo. Trabajamos en unificar los procesos lo máximo posible, en un sistema unificado por un equipo que pueda valorar todos los aspectos.
-En el caso reciente, de una joven con las piernas amputadas y un bebé, la familia denunciaba que no se les había informado de la vía de la Ley de Dependencia y que no tienen ninguna ayuda. De hecho, el caso está en el juzgado.
-De todo se les informó en el mismo momento que lo requirieron, los informes así lo recogen. Se les ha ofertado todo tipo de recursos y opciones, pero la evaluación de su grado de minusvalía debe hacerse cuando acabe la rehabilitación. No vamos a incumplir un baremo estatal. Se puso en duda el trabajo de los profesionales pese a que les informaron de todas las opciones al momento.
-Algunas asociaciones de familiares y afectados reclaman que el Decreto de precios públicos en el que se trabaja recoja la pluridiscapacidad, porque una plaza de una persona con parálisis cerebral es más cara que la de alguien con lesión medular.
-La norma que regule los precios públicos estará consensuada con agentes sociales y asociaciones.
-Algunos ayuntamientos cobran directamente la ayuda económica por la plaza residencial de un dependiente y, en otros municipios, lo recibe el usuario. ¿No debería la Junta ejercer algún control o unificar criterios?
-La Ley de Dependencia establece que las prestaciones serán servicios y, si faltan, ayuda vinculada para contratarlos. Las aportaciones llegan de las administraciones públicas y se le descontará al usuario la financiación pública que reciba. Si está en una residencia de titularidad y gestión pública, ya lo tiene reconocido directamente, si es vinculada, la Junta transfiere el dinero que llega del Estado a la Corporación local que está prestando servicio, no tiene por qué llegar al usuario, ya le costea una parte llegando al ayuntamiento.
-Las diputaciones tienen problemas económicos con sus residencias, ¿se plantea la consejería algún cambio, asumirlas?
-La Ley de Pacto Local establece que tienen esas competencias. Hay un problema derivado de la situación económica, pero no puede derivar en una crisis de competencias o social.
-Los criterios de acceso son diferentes, solo a los centros de las diputaciones puede acceder un mayor válido que por soledad no quiera quedarse en casa.
-Otra cosa será homogeneizar los criterios de acceso.
-Con la Dependencia, un mayor que solo tenga la edad como factor discapacitante ya no podrá tener plaza residencial de la Junta.
-La tendencia en estos casos es a dar apoyo en sus domicilios; pero con los informes sociales y en el marco de los Servicios Sociales, se pueden atender estas situaciones.
-¿Modificarán la normativa que exige determinado personal a las residencias?
-Mediante decreto reduciremos la exigencia de tener médico en residencias pequeñas rurales. La tendencia es evolucionar hacia centros multiservicios, al modelo europeo de unidad de convivencia, que por ejemplo la cafetería esté abierta a la calle, lo hace más rentable y más integrado, más sostenible. Además, se abrirá aún más a estancias nocturnas o temporales, dará más flexibilidad de servicio, se integra en el entorno y se abre a la población.
-¿No delega en exceso la Junta la responsabilidad social en las asociaciones de afectados?
-En otra época se delegaban competencias en las asociaciones. Ahora, son derechos de los ciudadanos, ofrecen un servicio y el usuario lo elige y percibe la ayuda vinculada para costearlo. El afectado decide qué y dónde lo quiere, nosotros garantizamos intensidad del servicio y calidad.
Fuente : elnortedecastilla.es
ASTURIAS - LA DEMANDA GERIÁTRICA SE DISPARA
La demanda geriátrica se dispara
El envejecimiento de la población, una tendencia que también se da en el resto de la región, está disparando la demanda de plazas geriátricas. Según los últimos datos de Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), la lista de espera en la comarca «es de unas 200 personas».
Para reducir las aproximadamente dos centenares de solicitudes de plaza en centros geriátricos públicos, en la comarca del Caudal se está a la espera de la apertura de la residencia de mayores de Sotiello.
Este nuevo centro para mayores, en el que el concejo de Aller tiene depositadas sus esperanzas para que se amplíe la oferta de plazas geriátricas, está retrasando, sin embargo, su apertura. En un primer momento el Principado había fijado la fecha de inauguración para el pasado mes de mayo. Cuatro meses después, el Gobierno regional aún no ha decidido cuándo entrará en servicio la residencia que, al parecer, se está retrasando por problemas administrativos.
El geriátrico de Sotiello cuenta con 92 plazas de alojamiento, de las que 28 están previsto que sean destinadas a un nuevo centro de día.
Cuando entre en servicio esta residencia para mayores en Aller, el número de plazas públicas en residencias de ancianos dependientes del Principado en la comarca del Caudal se acercará a los 200. Las 92 plazas de la residencia de mayores de Aller se sumarán al centenar de plazas que ya están en servicio en el geriatrico de Nuevo Santullano, en Mieres.
Así pues, ni cuando comience a funcionar la residencia de Sotiello se logrará reducir más que en un 50% las listas de espara de plazas residenciales para mayores.
Residencia Valle del Caudal No obstante, a la oferta de plazas geriátricas públicas hay que añadir las residencias Valle del Caudal, en Mieres, y Canuto Hevia, en Lena, que están gestionados por patronatos municipales. Entre las dos ofertan unas 80 plazas y tienen plazas concertadas con el ERA.
A la luz de las cifras, los responsables de la gestión de los geriátricos publicos, y también desde el Ayuntamiento de Mieres, se ve con preocupación las listas de espera. En la actualidad, la oferta de 180 plazas públicas geriátricas, a las que habría de añadir las 92 del centro para mayores de Sotiello cuando entre en funcionamiento, no bastan para cubrir la demanda actual de plazas.
La residencia municipal Valle del Caudal que gestiona el Ayuntamiento de Mieres tiene una lista de espera de más de un centenar de personas. De sus 77 plazas, 36 son concertadas con el ERA y de las 41 restantes se hace cargo el ayuntaiento.
La concejal de Bienestar Social de Mieres, Mari Luz Fernández, admite la “gran demanda de plazas geriátricas que hay en el concejo y en toda la comarca del Caudal debido a la población envejecida que tenemos”. A su juicio, el objetivo es “que se siga aumentando la oferta de plazas públicas a través del Principado”.
La edil es consciente del reto que supone “reducir las listas de espera y también ofrecer nuevos servicios para los mayores”.
Asimismo, Fernández ha visto con buenos ojos la licencia de apertura pedida esta semana de una nueva residencia geríatrica en Ablaña.
Nuevo centro en Ablaña La propietaria de esta residencia privada ya ha solicitado licencia para abrir una residencia con 46 plazas, una iniciativa que es vista “como positiva” en el consistorio mierense.
La oferta de plazas privadas, por tanto, aumentará con la futura residencia de Ablaña. En la actualidad, las plazas residenciales privadas el concejo de Mieres rondan las 75. Son las que ofrecen la Residencia del Padrún, Nuestra Señora del Rosario, Monte Llosorio y Pico Xiana.
En la oferta de residencias geriátricas también hay que incluir la residencia que está construyendo el Montepío de la Minería en la localidad allerana de Felechosa y que estará terminada el próximo año. Se ofertan 280 plazas, aunque la mayoría de ellas serán para mutualistas del Montepío.
Fuente : lavozdeasturias.es/asturias
El envejecimiento de la población, una tendencia que también se da en el resto de la región, está disparando la demanda de plazas geriátricas. Según los últimos datos de Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), la lista de espera en la comarca «es de unas 200 personas».
Para reducir las aproximadamente dos centenares de solicitudes de plaza en centros geriátricos públicos, en la comarca del Caudal se está a la espera de la apertura de la residencia de mayores de Sotiello.
Este nuevo centro para mayores, en el que el concejo de Aller tiene depositadas sus esperanzas para que se amplíe la oferta de plazas geriátricas, está retrasando, sin embargo, su apertura. En un primer momento el Principado había fijado la fecha de inauguración para el pasado mes de mayo. Cuatro meses después, el Gobierno regional aún no ha decidido cuándo entrará en servicio la residencia que, al parecer, se está retrasando por problemas administrativos.
El geriátrico de Sotiello cuenta con 92 plazas de alojamiento, de las que 28 están previsto que sean destinadas a un nuevo centro de día.
Cuando entre en servicio esta residencia para mayores en Aller, el número de plazas públicas en residencias de ancianos dependientes del Principado en la comarca del Caudal se acercará a los 200. Las 92 plazas de la residencia de mayores de Aller se sumarán al centenar de plazas que ya están en servicio en el geriatrico de Nuevo Santullano, en Mieres.
Así pues, ni cuando comience a funcionar la residencia de Sotiello se logrará reducir más que en un 50% las listas de espara de plazas residenciales para mayores.
Residencia Valle del Caudal No obstante, a la oferta de plazas geriátricas públicas hay que añadir las residencias Valle del Caudal, en Mieres, y Canuto Hevia, en Lena, que están gestionados por patronatos municipales. Entre las dos ofertan unas 80 plazas y tienen plazas concertadas con el ERA.
A la luz de las cifras, los responsables de la gestión de los geriátricos publicos, y también desde el Ayuntamiento de Mieres, se ve con preocupación las listas de espera. En la actualidad, la oferta de 180 plazas públicas geriátricas, a las que habría de añadir las 92 del centro para mayores de Sotiello cuando entre en funcionamiento, no bastan para cubrir la demanda actual de plazas.
La residencia municipal Valle del Caudal que gestiona el Ayuntamiento de Mieres tiene una lista de espera de más de un centenar de personas. De sus 77 plazas, 36 son concertadas con el ERA y de las 41 restantes se hace cargo el ayuntaiento.
La concejal de Bienestar Social de Mieres, Mari Luz Fernández, admite la “gran demanda de plazas geriátricas que hay en el concejo y en toda la comarca del Caudal debido a la población envejecida que tenemos”. A su juicio, el objetivo es “que se siga aumentando la oferta de plazas públicas a través del Principado”.
La edil es consciente del reto que supone “reducir las listas de espera y también ofrecer nuevos servicios para los mayores”.
Asimismo, Fernández ha visto con buenos ojos la licencia de apertura pedida esta semana de una nueva residencia geríatrica en Ablaña.
Nuevo centro en Ablaña La propietaria de esta residencia privada ya ha solicitado licencia para abrir una residencia con 46 plazas, una iniciativa que es vista “como positiva” en el consistorio mierense.
La oferta de plazas privadas, por tanto, aumentará con la futura residencia de Ablaña. En la actualidad, las plazas residenciales privadas el concejo de Mieres rondan las 75. Son las que ofrecen la Residencia del Padrún, Nuestra Señora del Rosario, Monte Llosorio y Pico Xiana.
En la oferta de residencias geriátricas también hay que incluir la residencia que está construyendo el Montepío de la Minería en la localidad allerana de Felechosa y que estará terminada el próximo año. Se ofertan 280 plazas, aunque la mayoría de ellas serán para mutualistas del Montepío.
Fuente : lavozdeasturias.es/asturias
MADRID - ¿CÓMO SE REPARTEN LAS RESIDENCIAS?
¿Cómo se reparten las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid?
En toda la región existen cerca de 200 residencias para personas dependientes, pero sólo 19 de ellas están gestionadas directamente por la Comunidad de Madrid. De éstas, en el sur de la región no hay ninguna, ya que todas son de gestión indirecta o concertadas con entidades privadas.
En la Comunidad de Madrid existen 19 residencias públicas para personas mayores dependientes, donde se les da una asistencia sociosanitaria completa. Sin embargo esa es sólo la cifra de centros gestionados directamente por la Consejería de Asuntos Sociales, porque si contamos las residencias concertadas, con Ayuntamientos, con entidades privadas o de gestión indirecta, nos encontramos con que en la región hay un total de casi 200 residencias. Traducido: 29.000 plazas a disposición de los madrileños y madrileñas que ya apenas pueden valerse por sí mismos.
Las residencias están presentes, de una manera u otra, en prácticamente todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Sin embargo se notan ciertas diferencias de cantidad en determinadas zonas, por ejemplo en el sur de Madrid.
Si tenemos en cuenta sólo las residencias de gestión pública directa, nos encontramos con que los municipios del sur no están representados por ningún municipio, es decir, que ninguna residencia de la Comunidad de Madrid, gestionada directamente por la administración, se encuentra en el sur. Ese tipo de gestión se reparte entre las siete de Madrid capital y una para localidades como Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, Arganda del Rey, Colmenar Viejo, Navalcarnero, Las Rozas, San Fernando de Henares, San Martín de Valdeiglesias, Torrelaguna y Villaviciosa de Odón.
La situación se equilibra si tenemos en cuenta todas las residencias, tanto públicas como concertadas. Aun así, continúa habiendo zonas y municipios que destacan por su gran variedad de “oferta” residencial para personas mayores con dependencia. Sin contar con las contratadas del plan de velocidad de la Comunidad de Madrid, la localidad con más centros residenciales (excluyendo, naturalmente, Madrid Capital) es Las Rozas, con siete residencias, seis de las cuales son concertadas con entidades privadas.
En el sur de Madrid el número de residencias cobra algo más de importancia si atendemos al total, con ejemplos como el de Ciempozuelos, Getafe y Leganés, con cinco residencias en cada municipio.
En cualquier caso, ¿qué hay que hacer para acceder a una residencia? Para empezar, solicitar la valoración de dependencia, tener el reconocimiento del grado de esa dependencia y el Programa Individual de Atención que especifique que el solicitante requiere el acceso al centro.
Con todo eso, hay que tramitar una solicitud en el Centro de Servicios Sociales que corresponda al domicilio. Y a partir de ahí, la burocracia hace su trabajo… aunque a veces haya que esperar más de lo deseable.
Fuente : sermadridsur.com/noticias
En toda la región existen cerca de 200 residencias para personas dependientes, pero sólo 19 de ellas están gestionadas directamente por la Comunidad de Madrid. De éstas, en el sur de la región no hay ninguna, ya que todas son de gestión indirecta o concertadas con entidades privadas.
En la Comunidad de Madrid existen 19 residencias públicas para personas mayores dependientes, donde se les da una asistencia sociosanitaria completa. Sin embargo esa es sólo la cifra de centros gestionados directamente por la Consejería de Asuntos Sociales, porque si contamos las residencias concertadas, con Ayuntamientos, con entidades privadas o de gestión indirecta, nos encontramos con que en la región hay un total de casi 200 residencias. Traducido: 29.000 plazas a disposición de los madrileños y madrileñas que ya apenas pueden valerse por sí mismos.
Las residencias están presentes, de una manera u otra, en prácticamente todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Sin embargo se notan ciertas diferencias de cantidad en determinadas zonas, por ejemplo en el sur de Madrid.
Si tenemos en cuenta sólo las residencias de gestión pública directa, nos encontramos con que los municipios del sur no están representados por ningún municipio, es decir, que ninguna residencia de la Comunidad de Madrid, gestionada directamente por la administración, se encuentra en el sur. Ese tipo de gestión se reparte entre las siete de Madrid capital y una para localidades como Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, Arganda del Rey, Colmenar Viejo, Navalcarnero, Las Rozas, San Fernando de Henares, San Martín de Valdeiglesias, Torrelaguna y Villaviciosa de Odón.
La situación se equilibra si tenemos en cuenta todas las residencias, tanto públicas como concertadas. Aun así, continúa habiendo zonas y municipios que destacan por su gran variedad de “oferta” residencial para personas mayores con dependencia. Sin contar con las contratadas del plan de velocidad de la Comunidad de Madrid, la localidad con más centros residenciales (excluyendo, naturalmente, Madrid Capital) es Las Rozas, con siete residencias, seis de las cuales son concertadas con entidades privadas.
En el sur de Madrid el número de residencias cobra algo más de importancia si atendemos al total, con ejemplos como el de Ciempozuelos, Getafe y Leganés, con cinco residencias en cada municipio.
En cualquier caso, ¿qué hay que hacer para acceder a una residencia? Para empezar, solicitar la valoración de dependencia, tener el reconocimiento del grado de esa dependencia y el Programa Individual de Atención que especifique que el solicitante requiere el acceso al centro.
Con todo eso, hay que tramitar una solicitud en el Centro de Servicios Sociales que corresponda al domicilio. Y a partir de ahí, la burocracia hace su trabajo… aunque a veces haya que esperar más de lo deseable.
Fuente : sermadridsur.com/noticias
MEJORAR LA GESTIÓN DEL ASISTENTE PERSONAL
Las personas con gran discapacidad física reclaman mejorar la gestión del asistente personal
El 20% de la población reconoce que no dispone de apoyos en su vida diaria
Estudio “Necesidades en el medio urbano de las personas con gran discapacidad física y sus familias”
Más del 40% de los encuestados ingresa menos de 1.000€ al mes
Las prestaciones ofrecidas por la Ley de Dependencia no se ajustan a las necesidades manifestadas por los encuestados
Elaborado por la Plataforma Representativa Estatal de Grandes Discapacitados Físicos con la colaboración de la Fundación ONCE y Obra Social Caja Madrid
Las personas con gran discapacidad física reclaman que se mejore la gestión de la figura del asistente personal. Así se desprende del estudio “Necesidades en el medio urbano de las personas con gran discapacidad física y sus familias”, presentado hoy por la Plataforma Representativa Estatal de Grandes Discapacitados Físicos (PREDIF).
Así, una de las principales necesidades destacadas por los participantes en este estudio es la falta o inadecuada gestión de la figura del asistente personal. Por las grandes dificultades que encuentran en todas las áreas de su vida cotidiana, necesitan del apoyo de una tercera persona, con una media de 12 horas al día. Dos aspectos fundamentales son la feminización y el envejecimiento de la figura del asistente personal, que se agudiza de forma aún más acusada en los entornos rurales.
En su intervención la secretaria general de Política Social y Consumo, Isabel Martínez Lozano ha destacado que este informe “es una herramienta para adecuar las políticas de la discapacidad a las necesidades expresadas por estas personas”. La secretaria general ha subrayado el gran desarrollo que han tenido las iniciativas relacionadas con la accesibilidad, así como las medidas adoptadas por las administraciones públicas “para adaptar espacios públicos, productos, servicios y tecnologías.”
Además ha indicado que “el compromiso que España mantiene con los derechos de las personas con discapacidad, seguirá generando avances en todos los ámbitos de la vida social. Nuestra sociedad avanzará así hacia un modelo de convivencia más inclusivo y potenciador de las capacidades de todas y todos los ciudadanos”.
Por su parte el presidente de PREDIF, Miguel Ángel García Oca ha subrayado que las personas con gran discapacidad física que viven en el medio urbano destacan que las condiciones de accesibilidad o posibilidades para el empleo “son mayores que en el medio rural”. Sin embargo “la concienciación social es de una mayor discriminación en el entorno urbano que en el rural”, ha añadido.
Además, el director general de la Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso ha indicado que este estudio y las distintas acciones que realiza la Fundación “pretenden conseguir los máximos niveles de accesibilidad y que nos lleve a la autonomía personal en todos los ámbitos de la vida diaria”. “Es importante y urgente atender las conclusiones de este estudio trabajando con medidas firmes que nos lleven a ir solucionando aquello que no está hecho”, ha agregado
RESULTADOS
Para detectar las necesidades que presenta el colectivo encuestado, se han dividido en tres ámbitos concretos: apoyo en la vida diaria; las necesidades en el área económica, de formación y vida laboral y las de acceso, utilización y disfrute de los diferentes recursos de uso público.
Sobre las necesidades de apoyo en la vida diaria, un 20% de la población reconoce que no dispone de apoyos, o que los que tiene a su disposición son insuficientes para cubrir estas necesidades básicas. En esta línea, se destacan la falta generalizada de accesibilidad, la deficiente atención a su situación de dependencia y el acceso al empleo.
Dadas las especiales características de severidad y altas necesidades de apoyo que presenta la población objeto de este estudio, el papel de la familia, en concreto de las mujeres adultas y adultas mayores residentes en el hogar, resulta fundamental.
Respecto al área de formación y vida laboral y a la hora de analizar los ingresos personales que perciben, el estudio resalta que más del 40% de los encuestados ingresa menos de 1.000€ al mes y que los recibidos en total en el hogar en la mayoría de los casos no superan los 2.000€.
Si además a este bajo nivel de ingresos, le añadimos el sobrecoste económico que tienen derivado de su situación de discapacidad (necesidad de tratamientos médicos, productos de apoyo, asistentes personales, etc.), se observa que más del 50% de los hogares encuestados tienen unos niveles económicos precarios.
A pesar de que la Administración Pública hace un gran esfuerzo a la hora de reducir el gasto, esta ayuda se focaliza en el área sanitaria (medicamentos, asistencia sanitaria, etc.) y deja sin cubrir grandes necesidades en el área social (asistencia personal, ayudas al trasporte, etc.). Existe además la dificultad añadida de que las prestaciones que ofrecen en algunos casos no se ajustan a sus necesidades
En el ámbito social y sobre la Ley 39/2006 y la creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se destaca que las prestaciones ofrecidas no se ajustan a las necesidades manifestadas por los encuestados en este estudio ni a los objetivos marcados por esta ambiciosa Ley.
Respecto a las necesidades en el acceso, utilización y disfrute de los diferentes recursos de uso público el estudio revela que la movilidad y la accesibilidad son elementos determinantes de la calidad de vida y el bienestar para las personas con grandes discapacidades físicas en el entorno urbano.
Las dificultades para desarrollar actividades productivas económicamente, desarrollar relaciones personales y hacer uso de recursos comunitarios, dependen en gran medida del sobrecoste que es preciso asumir, las necesidades de apoyo no cubiertas, y la accesibilidad de los espacios urbanos. El resultado de este escenario es un claro riesgo de aislamiento y confinamiento de las personas con gran discapacidad.
La muestra del estudio, en el que han colaborado la Fundación ONCE y la Obra Social Caja Madrid, está compuesta por personas con gran discapacidad física residentes en el medio urbano con nacionalidad española. Aproximadamente dos tercios de los encuestados residen en municipios de tamaño superior a 100.000 habitantes. De los encuestados, un 56,14% son varones y un 43,86% mujeres, con una edad situada entre los 30 y 59 años mayoritariamente. Más del 67,18% de los encuestados tiene un porcentaje de discapacidad reconocido superior al 75% y el diagnóstico mayoritario relacionado con la discapacidad física corresponde a Lesión Medular.
En el acto también han estado presentes el responsable del departamento de Proyectos de Atención a Personas Dependientes de Obra Social Caja Madrid, Juan Ignacio Gómez-Pallete, y el director de Intersocial, Agustín Huete.
PREDIF es una entidad sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, que representa y realiza programas para cuarenta mil discapacitados físicos gravemente afectados. Cuenta con una experiencia, a través de sus Federaciones miembros, de más de 20 años.
Fuente : aragonliberal.es/noticias
El 20% de la población reconoce que no dispone de apoyos en su vida diaria
Estudio “Necesidades en el medio urbano de las personas con gran discapacidad física y sus familias”
Más del 40% de los encuestados ingresa menos de 1.000€ al mes
Las prestaciones ofrecidas por la Ley de Dependencia no se ajustan a las necesidades manifestadas por los encuestados
Elaborado por la Plataforma Representativa Estatal de Grandes Discapacitados Físicos con la colaboración de la Fundación ONCE y Obra Social Caja Madrid
Las personas con gran discapacidad física reclaman que se mejore la gestión de la figura del asistente personal. Así se desprende del estudio “Necesidades en el medio urbano de las personas con gran discapacidad física y sus familias”, presentado hoy por la Plataforma Representativa Estatal de Grandes Discapacitados Físicos (PREDIF).
Así, una de las principales necesidades destacadas por los participantes en este estudio es la falta o inadecuada gestión de la figura del asistente personal. Por las grandes dificultades que encuentran en todas las áreas de su vida cotidiana, necesitan del apoyo de una tercera persona, con una media de 12 horas al día. Dos aspectos fundamentales son la feminización y el envejecimiento de la figura del asistente personal, que se agudiza de forma aún más acusada en los entornos rurales.
En su intervención la secretaria general de Política Social y Consumo, Isabel Martínez Lozano ha destacado que este informe “es una herramienta para adecuar las políticas de la discapacidad a las necesidades expresadas por estas personas”. La secretaria general ha subrayado el gran desarrollo que han tenido las iniciativas relacionadas con la accesibilidad, así como las medidas adoptadas por las administraciones públicas “para adaptar espacios públicos, productos, servicios y tecnologías.”
Además ha indicado que “el compromiso que España mantiene con los derechos de las personas con discapacidad, seguirá generando avances en todos los ámbitos de la vida social. Nuestra sociedad avanzará así hacia un modelo de convivencia más inclusivo y potenciador de las capacidades de todas y todos los ciudadanos”.
Por su parte el presidente de PREDIF, Miguel Ángel García Oca ha subrayado que las personas con gran discapacidad física que viven en el medio urbano destacan que las condiciones de accesibilidad o posibilidades para el empleo “son mayores que en el medio rural”. Sin embargo “la concienciación social es de una mayor discriminación en el entorno urbano que en el rural”, ha añadido.
Además, el director general de la Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso ha indicado que este estudio y las distintas acciones que realiza la Fundación “pretenden conseguir los máximos niveles de accesibilidad y que nos lleve a la autonomía personal en todos los ámbitos de la vida diaria”. “Es importante y urgente atender las conclusiones de este estudio trabajando con medidas firmes que nos lleven a ir solucionando aquello que no está hecho”, ha agregado
RESULTADOS
Para detectar las necesidades que presenta el colectivo encuestado, se han dividido en tres ámbitos concretos: apoyo en la vida diaria; las necesidades en el área económica, de formación y vida laboral y las de acceso, utilización y disfrute de los diferentes recursos de uso público.
Sobre las necesidades de apoyo en la vida diaria, un 20% de la población reconoce que no dispone de apoyos, o que los que tiene a su disposición son insuficientes para cubrir estas necesidades básicas. En esta línea, se destacan la falta generalizada de accesibilidad, la deficiente atención a su situación de dependencia y el acceso al empleo.
Dadas las especiales características de severidad y altas necesidades de apoyo que presenta la población objeto de este estudio, el papel de la familia, en concreto de las mujeres adultas y adultas mayores residentes en el hogar, resulta fundamental.
Respecto al área de formación y vida laboral y a la hora de analizar los ingresos personales que perciben, el estudio resalta que más del 40% de los encuestados ingresa menos de 1.000€ al mes y que los recibidos en total en el hogar en la mayoría de los casos no superan los 2.000€.
Si además a este bajo nivel de ingresos, le añadimos el sobrecoste económico que tienen derivado de su situación de discapacidad (necesidad de tratamientos médicos, productos de apoyo, asistentes personales, etc.), se observa que más del 50% de los hogares encuestados tienen unos niveles económicos precarios.
A pesar de que la Administración Pública hace un gran esfuerzo a la hora de reducir el gasto, esta ayuda se focaliza en el área sanitaria (medicamentos, asistencia sanitaria, etc.) y deja sin cubrir grandes necesidades en el área social (asistencia personal, ayudas al trasporte, etc.). Existe además la dificultad añadida de que las prestaciones que ofrecen en algunos casos no se ajustan a sus necesidades
En el ámbito social y sobre la Ley 39/2006 y la creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se destaca que las prestaciones ofrecidas no se ajustan a las necesidades manifestadas por los encuestados en este estudio ni a los objetivos marcados por esta ambiciosa Ley.
Respecto a las necesidades en el acceso, utilización y disfrute de los diferentes recursos de uso público el estudio revela que la movilidad y la accesibilidad son elementos determinantes de la calidad de vida y el bienestar para las personas con grandes discapacidades físicas en el entorno urbano.
Las dificultades para desarrollar actividades productivas económicamente, desarrollar relaciones personales y hacer uso de recursos comunitarios, dependen en gran medida del sobrecoste que es preciso asumir, las necesidades de apoyo no cubiertas, y la accesibilidad de los espacios urbanos. El resultado de este escenario es un claro riesgo de aislamiento y confinamiento de las personas con gran discapacidad.
La muestra del estudio, en el que han colaborado la Fundación ONCE y la Obra Social Caja Madrid, está compuesta por personas con gran discapacidad física residentes en el medio urbano con nacionalidad española. Aproximadamente dos tercios de los encuestados residen en municipios de tamaño superior a 100.000 habitantes. De los encuestados, un 56,14% son varones y un 43,86% mujeres, con una edad situada entre los 30 y 59 años mayoritariamente. Más del 67,18% de los encuestados tiene un porcentaje de discapacidad reconocido superior al 75% y el diagnóstico mayoritario relacionado con la discapacidad física corresponde a Lesión Medular.
En el acto también han estado presentes el responsable del departamento de Proyectos de Atención a Personas Dependientes de Obra Social Caja Madrid, Juan Ignacio Gómez-Pallete, y el director de Intersocial, Agustín Huete.
PREDIF es una entidad sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, que representa y realiza programas para cuarenta mil discapacitados físicos gravemente afectados. Cuenta con una experiencia, a través de sus Federaciones miembros, de más de 20 años.
Fuente : aragonliberal.es/noticias
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