Se trataría de
revolucionar el actual modelo puesto que incorporaría criterios de control finalista sobre los gastos de las comunidades
en capítulos tan importantes como la sanidad, la educación o las
políticas sociales, que son las que se llevan la parte del león del
presupuesto autonómico.
Ya no se trata tanto de incrementar la participación de las
comunidades en la "cesta" de los ingresos del Estado (PIE) o darles un
nuevo paquete de impuestos propios, dado que la filosofía de la
austeridad y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria viene a ser, de
forma resumida, hacer lo mismo con menos.
Por ello, en lugar de meter mano en el capítulo de los ingresos, Montoro prefiere hacerlo en el de los gastos, lo que, de seguro, le servirá para cosechar apoyos incondicionales de unas comunidades muy celosas con sus competencias.
"Si la prestación de un determinado servicio le sale muy caro a una
autonomía en relación con otra, quizá lo que tenga que hacer es cambiar
la manera de gestionarlo", dicen desde el departamento que dirige
Montoro como ministro y Antonio Beteta como secretario de Estado de
Administraciones Públicas.
Y eso incluye tanto una operación de
cataratas como los gastos en libros en la educación pública que,
Andalucía, por ejemplo, ofrece gratis a las familias, a la armonización
en la financiación de la dependencia.
Montoro y Beteta han conseguido levantar en armas a los alcaldes, muy críticos con algunas cuestiones de la reforma local, cosa que se puso de manifiesto ayer durante una reunión de ambos en Génova
con el vicesecretario popular de Política Local y autonómica, Javier
Arenas; el presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, así como los
responsables de las distintas federaciones de municipios y provincias
del resto de España.
Lo cierto es que Montoro no está haciendo muchos
amigos desde su Ministerio, pero tienen claro que "es muy dificil contentar a nadie cuando estás pidiendo que recorten gastos y cumplan con el déficit".
Hacienda avisa que "resulta muy sencillo saber lo que les cuesta cada servicio. Se trata de que sean más eficientes"
El Instituto de Estudios Fiscales trabaja desde principios de
año en un decreto que determinará el coste estándar de la prestación de
servicios municipales atendiendo a criterios como la
población, la dispersión o el envejecimiento.
Se trataría de trasladar
el modelo a las comunidades, aunque en este caso hay un choque competencial claro.
Sin embargo, desde el momento en que Hacienda fiscaliza mes a mes el
gasto autonómico en aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y
tiene de hecho, intervenidas a aquellas comunidades que han acudido al
Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) "resulta muy sencillo saber lo que les cuesta cada servicio.
Se trata de que sean más eficientes", aducen desde Hacienda en declaraciones a Vozpópuli.
De momento, las comunidades de Andalucía y Castilla y León,
gobernadas respectivamente por el PSOE y el PP, han pedido una
convocatoria de la Conferencia Sectorial para Asuntos Locales,
que no se reúne desde el año 2007.
Quieren saber en qué medida se ven
afectados por la reforma local, puesto que tendrán que volver a hacerse
cargo del coste de aquellas competencias que, aún correspondiéndoles,
asumían los ayuntamientos.
La nueva Ley de Racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local deja claro el ámbito
competencial de cada uno de los niveles administrativos, aunque prosigue
la batalla por el hecho de que los entes locales tendrán que seguir
encargándose de los gastos de mantenimiento, conservación, limpieza o
vigilancia de los colegios.
De hecho, la FEMP vaticina un choque frontal con las comunidades.
Fuente : vozpopuli.com/nacional
