Los discapacitados denuncian un «retroceso» en los servicios sociales
La plataforma que une a todas las asociaciones afirma que los servicios que se prestan a miles de ciudadanos pueden desaparecer, aunque ve a la Consejería «en disposición de negociar»
El Comité Español de Representantes de la Discapacidad (Cermi) en la Región advirtió ayer de que los presupuestos de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración para 2011 suponen, tal y como están concebidos en este momento, «un retroceso» en la oferta de servicios sociales de sus asociaciones, algunas de los cuales podrían incluso desaparecer.
El Cermi, compuesto por las asociaciones de discapacitados Acime, Aspaym, Aspace, Fadis, Famdif-Cocemfe, Fasen, Feafes, Feaps, Fesormu, Fundown y Once, considera «inadmisible» esta posibilidad, cuando la labor de estas asociaciones «es fundamental para mejorar la vida de miles de ciudadanos» desde hace más de 30 años.
Tras mostrar su disposición al diálogo con la Consejería «para encontrar una solución al peligro que amenaza» a varias de sus organizaciones, califica de «inconcebible tratar toda la discapacidad como dependencia», pues los servicios de estas asociaciones van más allá de los derechos que reconoce la ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
Por ello, la plataforma de los discapacitados insta a que se promueva una nueva ley de servicios sociales para la próxima legislatura, y se opone «a cualquier tipo de retroceso en los logros alcanzados en la cobertura de servicios sociales para cualquier persona con discapacidad».
El presidente de Cermi, Joaquín Barberá, aseguró más tarde que «existe presupuesto suficiente para atender la dependencia y no hay menos dinero que otros años, aunque creo que tendríamos que sentarnos a negociar para que asociaciones que no tratan la dependencia no se queden sin ayudas. Creo que se puede llegar a una solución aceptable para todos y me consta que hay buena disposición en la Consejería para negociar».
El posicionamiento de Cermi coincidió ayer con una protesta convocada por Famdif-Cocemfe ante la Consejería de Obras Públicas. El acto pretendía mostrar la oposición de las personas con discapacidad y sus familias a la aprobación de las partidas destinadas a Famdif -Cocemfe y sus asociaciones, que recogen un recorte del 82%.
«La importante reducción prevista para el mantenimiento de las entidades de la discapacidad física y orgánica, si llegara a aprobarse, supondría la supresión de los servicios que se prestan a las personas con discapacidad física y orgánica, el despido de más de 90 profesionales, el cierre de nuestras asociaciones y la desaparición del movimiento asociativo».
Fuente : laverdad.es/murcia
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