MURCIA - SOBRE LA LEY DE DEPENDENCIA

Sobre la ley de dependencia por Leopoldo Navarro

«Se trata de construir un sistema de Servicios Sociales eficiente donde el usuario reciba atención personalizada»

Mucho se ha escrito, especialmente en los últimos tiempos, sobre la Ley de Dependencia y la reforma de la misma que ha planteado el RDL 20/2012. Mucho se ha escrito, pero poco se ha analizado en profundidad.

Asistimos a la ceremonia de la confusión, es algo a lo que debería tenernos acostumbrados el Partido Socialista cuando está en la oposición, pero no deja de sorprendernos la falta de rigor en algunos de los planteamientos que se vienen haciendo.

Conviene recordar que la llamada Ley de Dependencia (en realidad técnicamente «Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y a las familias»), aprobada en 2006 y cuya entrada en vigor se produjo en 2007, contó con la aprobación de una amplia mayoría del Congreso y con los votos favorables del Grupo Parlamentario Popular.

Sin embargo, ya en ese momento desde el Partido Popular avisamos de que era una Ley que nacía con muchas deficiencias; no se habían hecho los cálculos relativos al número de dependientes con ningún rigor, no se había elaborado una memoria económica en condiciones y, sobre todo, no contaba con una adecuada financiación para su puesta en marcha. 

Advertíamos de que acabaría por convertirse en una losa si no se adecuaba el sistema de financiación, y lo advertíamos en un contexto económico bastante menos desfavorable que el actual. Entonces se nos llamó agoreros, se nos acusó de falta de lealtad institucional y unas cuantas lindezas más. 

Pero la realidad siempre se obstina en salir a la luz, y el resultado ha sido, como en tantas otras cosas, un desfase importante entre el coste de las medidas y la capacidad para hacerles frente; una vez más, con el cambio de Gobierno de la nación, toca poner rigor, seriedad y establecer bases de futuro que construyan los cimientos de un sistema nacional de Dependencia, basado en criterios de eficacia y eficiencia, que alejen el sistema del colapso al que estaba abocado por la falta de previsión de los anteriores gestores.

La reforma también fija los criterios de aportación en función de unos criterios comunes para la determinación de la capacidad económica del usuario según renta y patrimonio. 

Debemos alejarnos de la falacia del «gratis total». No existe la gratuidad, el debate es si los servicios los debemos pagar entre todos o si debe haber aportación del beneficiario al sistema. 

Aportación que, por otra parte, es uno de los aspectos que siempre ha formado parte de la norma, y a partir de ahora el Gobierno y las CCAA trazarán parámetros de acuerdo con el nivel de renta del dependiente. 

Aquellas personas cuyos recursos estén por debajo de la cantidad mensual del Iprem (Indicador Público de la Renta de Efectos Múltiples) no abonarán nada, y a partir de aquí la aportación se medirá de forma progresiva (a más renta, más desembolso) hasta llegar al 90 por ciento del coste del servicio.

Otra de las líneas fundamentales de la mejora del sistema consiste en la modificación de los criterios para financiar el modelo en cada una de las Comunidades Autónomas. 

Se trata, de construir un auténtico sistema de Servicios Sociales eficiente donde el usuario reciba una atención personalizada y de calidad, y donde no quepa una inadecuada financiación que, como hasta ahora, nos abocaba a un colapso del sistema.

Seguramente podemos debatir sobre si esta postura es o no la adecuada, pero a la vista de la evolución del sistema, actualmente es la única viable, pues la alternativa es la quiebra del sistema y, por tanto, la desaparición del mismo. El rigor y la responsabilidad frente al puro cálculo electoralista.
 

Leopoldo Navarro
Secretario de Área de Organización del Partido Popular en la Región de Murcia

Fuente  :  larazon.es/noticia