CASTILLA Y LEÓN - Y LLEGARON LOS RECORTES

Los recortes de la Ley de Dependencia arrinconan a los 62.104 discapacitados

El Gobierno central ha eliminado una partida de 22 millones y reducido otra el 13,24%

Y llegaron los recortes. 

 

Apenas se había estrenado y la Ley de Dependencia que había comenzado a reconocer derechos y prestaciones en 2007 –ese año se contaron con los dedos– no ha podido celebrar su quinto cumpleaños sin dejar de ser lo que era y disfrazada de la palabra ajuste y enmascarada bajo los conceptos de mejora, profesionalización o, incluso, del de un mayor respeto al espíritu de la ley, llegó la tijera. 

 

Se llame como se llame, disminuyeron, y no poco, los recursos. 

 

Los recortes y la reforma los impusieron el Estado y la Junta, para poder disimular lo indisimulable, que son muchos, muchos millones menos y más, más beneficiarios y rebuscaron la forma de adaptar el sistema a la falta de ingresos. 

 

El Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales congeló la incorporación al sistema de nuevos grados de dependencia; pero insuficiente esta contención de la demanda, eliminó una de sus dos vías de financiación, la del llamado nivel concertado, y Castilla y León perdió 22 millones, y redujo el otro, el del mínimo garantizado que es la financiación, al 50% con las comunidades, en función del número y la gravedad de cada dependiente, y lo bajó otro 13,24%. 

 

La evolución de esta cuantía ha sido, lógicamente por el aumento de beneficiarios, al alza y muy progresiva. 

 

Así, en 2008 la Consejería de Familia recibía 32,5 millones del Estado; 99,8 en 2009; 111,8 al año siguiente y 105,7 el pasado ejercicio. 

 

Sobre este último dato cabe esperar 13 millones menos de euros. 

 

A estas reducciones hay que añadir las que la propia Junta suma, un cálculo difícil porque desde 2011 no desglosa del global de Servicios Sociales las cuentas de la dependencia; pero fuentes del sector lo sitúan en al menos 6,6 millones de descuento. 

 

Para 2013, la Junta recortará en 21 millones su capital para gestionar toda su acción social, además de los 22 que reducirá el Gobierno central.

 

 

Moción socialista

 

Esta situación ha llevado al Grupo Parlamentario Socialista a presentar una moción en las Cortes para reclamar la retirada de los recortes, garantías en la intensidad perdida de la Atención a Domicilio y la revisión y el reconocimiento suficiente de los cuidados en el entorno familiar.

 

La apuesta de Familia para compensar los recortes ha sido la de bajar aún más la reducción estatal del 15% de las pagas al cuidador –que por cierto tampoco tienen ya Seguridad Social–. 

 

Así, en Castilla y León son ya de un 30% y seguirán bajando en una apuesta por potenciar la contratación de servicios cualificados, de profesionalizar el sector y, además, crear empleo a través de la ayuda vinculada. 

 

Supone que de los 62.104 dependientes ya con prestaciones de la región, 24.988 que reciben la ayuda por atención en el entorno familiar ven drásticamente reducida su prestación y no siempre la opción de la vinculada –un dinero para pagar un servicio– permite cubrir la atención y no siempre es posible optar por el ingreso en una residencia o apostar por un asistente personal. 

 

Si bien esta opción suele adaptarse bastante bien a los ancianos, evitando además que la atención recaiga sobre la pareja también mayor, en los casos de hijos menores discapacitados, ningún padre quiere renunciar a sus cuidados en su hogar y, en cambio, necesita ayuda para fisioterapia, logopedia...

 

Tampoco la vinculada llega en muchos casos para la contratación de una plaza o el desahogo de un centro de día y la reducción de horas de ayuda a domicilio deja abandonados a muchos usuarios. 

 

Muchos dependientes no encuentran su lugar en las nuevas soluciones.

 

Fuente  :  elnortedecastilla.es