Los recortes en dependencia elevan a más de un año la espera para obtener valoración
Denuncian que la Junta acumula más
de 37.000 solicitudes sin respuesta y que 57.000 personas con derecho a
ayudas aún no la reciben
La paralización del sistema de atención a la dependencia
vuelve a estar sobre la mesa. Los recortes están desarmando el complejo
engranaje creado desde el año 2007 para hacer realidad la ley y las
asociaciones alertan de que muchas personas dependientes están quedando
desatendidas.
El Colegio de Trabajadores Sociales de Málaga denuncia
que el tijeretazo y la aplicación del Decreto Ley del 13 de julio que
reordena la Ley de Dependencia han provocado que el tiempo de espera
para ser valorado se demore hasta más de un año en Andalucía.
Así, solo
desde que una persona presenta la solicitud hasta que obtiene un
dictamen con el grado que le corresponde, pueden transcurrir más de doce
meses.
A fecha de diciembre de 2012, la Junta de Andalucía
acumulaba más de 37.200 expedientes sin respuesta, según indica Rafael
Arredondo, presidente del colectivo profesional, que hizo ayer balance
del último ejercicio en los servicios sociales.
En enero del pasado año
esta cifra era de 32.200 expedientes, es decir, que se ha incrementado
en 5.000 más a pesar de que el total de peticiones ha caído en 10.000.
Unos plazos muy alejados de lo que marcaba inicialmente
la ley, que establecía un máximo de seis meses desde que se realizaba la
solicitud hasta que el beneficiario recibía la prestación, pasando por
la valoración, la elaboración del Programa Individual de Atención (PIA) y
la autorización final por parte de la Junta.
Ahora, solo en el primer
paso, el proceso tarda el doble.
Sin embargo, entra en los nuevos
márgenes que establece el decreto, que aumenta el tiempo a dos años y
medio, y elimina la retroactividad de los pagos si no se cumplen los
plazos.
Se trata de un nuevo limbo de la dependencia que se suma a
otro: el de las personas ya valoradas y con derechos reconocidos dentro
de los grados en vigor y que sin embargo siguen a la espera de que se
les dé la prestación.
Según los datos del Sistema para la Autonomía y la
Atención a la Dependencia (SAAD) de las 250.194 beneficiarios de la ley
en Andalucía, solo 192.662 están recibiendo una ayuda, es decir, que
57.662 personas se encuentran a la espera de este servicio.
Fallecimientos sin prestación
A esto hay que añadir las cien mil personas valoradas
dentro del Grado 1, cuya entrada en vigor se ha demorado hasta julio del
año 2015.
«Debido a la edad de muchas de estas personas, tememos que
más de 5.000 nunca lleguen a recibir ninguna ayuda, porque fallecerán en
esos dos años y medio de demora», asegura Rafael Arredondo.
En la
provincia, 30.412 personas ya reciben alguna prestación y unas 7.400
están valoradas dentro del Grado 1, según los últimos datos ofrecidos
por la Delegación de Igualdad y Bienestar Social.
Arredondo alerta también de que los beneficiarios han
caído en dos mil personas entre enero y diciembre.
De 194.877 se ha
pasado a 192.532 en Andalucía lo que, a su juicio, demuestra que ni
siquiera se está manteniendo la tasa de reposición, es decir, que no
solo no se incorporan nuevos beneficiarios sino que las plazas de las
personas que dejan una prestación por fallecimiento o por cambios en su
salud no se están cubriendo.
Demolición de la ley
Una realidad que confirman también desde la Asociación de
Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que advierten de que en
diez comunidades ni siquiera se cubren estas bajas.
La asociación
también ha hecho balance estos días sobre lo que denominan «una
demolición controlada de la Ley de Dependencia».
José Manuel Ramírez, presidente de la entidad, recuerda
que la Ley de Dependencia sufrió en 2012 un recorte de 835 millones de
euros por parte del Gobierno central, eliminando la aplicación del nivel
acordado, reduciendo un 15% el nivel mínimo de financiación, y
empujando a la Comunidades Autónomas «al abismo» ante la imposibilidad
de seguir prestando los servicios y pagando las prestaciones.
Calculan que las aportaciones del Ministerio no llegan al
25% del total de los costes y para el año 2013 no llegará al 20%.
«Resulta una canallada dejar en la estacada a cientos de miles de
personas en situación de dependencia y a sus familias», opina.
A esto se
añade la reducción a los cuidadores familiares la cuantía de las
prestaciones económicas en un 15%, además de dejar sin cotización a la
Seguridad Social a los cuidadores.
Fuente . diariosur.es/v/20130103/malaga
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