LEY DEPENDENCIA, DE PANACEA A GRAN ESTAFA

“La ley de dependencia era la panacea y se ha convertido en una gran estafa”

Abogado especialista en Filosofía Moral y Jurídica y máster en Gestión de Empresas, Luis Cayo Pérez Bueno (Calasparra, Murcia, 1967) trabaja desde 1995 en el sector de la discapacidad, y desde 2008 es presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). 

Además, es vicepresidente del Consejo Nacional de la Discapacidad y vocal del Real Patronato sobre Discapacidad y del Consejo Estatal de ONG de Acción Social. 

Escritor y traductor, es autor de múltiples análisis y estudios sobre los derechos y la protección jurídica de este colectivo, motivo por el cual en 2011 recibió la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social. Esta semana participó en Tenerife en el IX Congreso Estatal de Cermi autonómicos, donde se abordó la situación y la gestión del cambio en la discapacidad, temas sobre los que dialogó con el DIARIO.

-¿Cuál es la actual situación de la discapacidad en nuestro país?

 
“La discapacidad siempre ha estado mal, aunque la crisis ha agudizado una situación que de partida era penosa. Pero no se puede decir que en época de bonanza no hubiera problemas, porque las personas con discapacidad estamos estructuralmente excluidas de los bienes sociales básicos; no tenemos el mismo nivel de renta ni parecido de la ciudadanía; estamos a cuarenta puntos de diferencia en tasas de actividad y con unos alarmantes datos de empleo; tenemos más tasas de pobreza y exclusión social, etc.; y eso cuando la economía crecía al 3 o 4% y había superávit, hace solo cinco años”.

La crisis ha agudizado los problemas de un colectivo que ya estaba en precario”

-Y frente a toda esa problemática, las administraciones siguen sin ofrecerles soluciones…

 
“La protección, el acompañamiento, los recursos que desde los poderes públicos se dan a esta situación de partida tan injusta es frágil y discontinua, porque para la discapacidad y el resto de sectores en exclusión nunca ha habido estado de bienestar en España. Y lo que estamos viendo ahora es esa agudización de todos esos problemas, porque muchos de los servicios públicos han sido delegados por las administraciones en las propias organizaciones de la discapacidad; se ha delegado una gestión y una función pública, y se financia a través de convenios y subvenciones, la mayor parte de ellos con carácter anual, que no se pagan en tiempo y forma, y todo eso hace que estemos en una situación de precariedad absoluta”. 

-¿Por dónde pasan pues las posibles soluciones?

 
“Nosotros venimos analizando todos estos problemas durante los años que llevamos de crisis, y ante eso no solo basta con criticar y denunciar; debemos ser creativos y propositivos, y ante los problemas hemos planteado soluciones. La panorámica en todas las comunidades, con sus particularidades, es muy similar y comparable, y el 60% de nuestra propuesta política no tiene que ver siquiera con ampliar el presupuesto, porque hay muchas medidas que no requieren de impacto económico, sino de voluntad política y de cierta creatividad y audacia, a pesar de que nos sigan diciendo que ‘no’ y se vuelve la vista hacia otro lado”.

-Uno de los instrumentos que se desarrolló para intentar mejorar las cosas era la ley de dependencia, que al final se ha demostrado que de partida era una ley que nació sin desarrollar ni dotación…

 
“A nosotros nos gusta llamarla ley de autonomía personal y que dependencia quede de segundo apellido. Se nos vendió como la cuarta pata del estado de bienestar, como la panacea, porque iba a resolver todos los problemas de las personas con discapacidad. 

Sin embargo, solo el 20% de las personas que tienen reconocida una discapacidad en España tienen a su vez una dependencia reconocida. 

El resto está fuera y lo van a seguir estando, no solo por un problema económico, sino de modelo, porque se trata de una ley que solo estaba pensada para resolver los problemas de un segmento mínimo de la discapacidad. 

Además, esa ley tuvo problemas de modelo, porque estaba más volcada en la dependencia que genera la edad avanzada, y no en personas que tienen necesidad de apoyo desde que nacen, como son muchos discapacitados. 

Y es una ley que se ha desarrollado desigualmente en todas las comunidades autónomas, lo que ha hecho que haya 19 sistemas distintos y encima la ha desarbolado la crisis económica. Todo se ha conjurado para que todas esas expectativas de cambio se vean como una estafa”.

El 80% de los discapacitados no perciben ayudas porque el sistema no los reconoce”

-Por tanto, la problemática de la discapacidad va mucho más allá de la ley de dependencia, ¿no es así?

 
“Sin duda. Ya no podemos hablar de la discapacidad como un rostro único, sino de muchas discapacidades, tantas como personas y segmentos hay. 

Hasta hace muy poco, y gracias a la presión que se ha hecho empiezan a cambiar, eran una especie de ‘café para todos’, y una vez que tenías una discapacidad reconocida el repertorio de ayudas y ventajas era el mismo, tuvieras más o menos grado de discapacidad; o no tenían en cuenta el factor de género, o el factor de ruralidad, cuando hay más de un millón de personas discapacitadas en el ámbito rural; o no tenían en cuenta la insularidad, como el caso de Canarias, o los problemas de Ceuta y Melilla; o pertenecer a una minoría o ser inmigrante. 

Por eso, creo que tenemos que avanzar hacia políticas más versátiles, porque no puede haber una regla común. 

El núcleo duro de la exclusión de la discapacidad hoy en día no está por tanto en ese rostro único, y hay que actuar desde políticas más amplias y junto al resto de políticas sociales. 

Todo eso forma parte de esa reinvención hacia la que deben caminar las políticas de discapacidad en las que estamos inmersos en estos momentos, tanto los gobiernos como el movimiento asociativo”. 

-Estos días ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano los problemas y demandas de las entidades y el colectivo de discapacitados del Archipiélago. ¿Qué situación se ha encontrado en Canarias?

 
“Me he encontrado una situación muy precaria, aunque hay que tener en cuenta que la situación de la discapacidad también participa de los rasgos del problema que presenta Canarias en estos momentos. 

No hay que juzgar por la parte, sino por el todo. Es un situación, en cualquier caso, que se ha precarizado en los últimos años, como en toda España, pero aquí con unas peculiaridades que hacen que la fragilidad sea mayor. 

He detectado que el movimiento asociativo necesita una renovación, aunque he visto un grado de interlocución amplio con las administraciones, a las que se le dicen las cosas con claridad, incluso en tono crítico. 

Creo que se deberían reforzar las políticas canarias de discapacidad, para atender a su singularidad sin excudarse en ella. 

Canarias necesita una renovación del marco normativo y es importante que se apruebe una Ley General Canaria de Derechos de las Personas con Discapacidad, de acuerdo a la Convención de la ONU, y que eso lleve la ley de Accesibilidad, la de Servicios Sociales, etc., que aquí se han quedado un poco ancladas”.

Fuente  :   diariodeavisos.com