Trabajadores sociales: los PGE condenan a muerte la ley de Dependencia
Por esta razón, los trabajadores sociales exigen en un comunicado que los gobiernos central y autonómico busquen fórmulas para cambiarlos a lo largo del trámite parlamentario para impedir que sigan siendo los más débiles los que paguen la crisis.
Respecto a la ley de Dependencia, el Colegio considera "inadmisible" que la Administración central se limite a aportar sólo el 18 por ciento de su coste en 2013, cuando su aportación debería ser del 50 por ciento.
Esta merma en los dineros destinados a atender la dependencia "deja claramente en papel mojado" a los derechos que estipula la ley, afirman.
Recuerdan al respecto que la consejera autonómica de Cultura, Deportes y Bienestar Social, Inés Rojas, ha asegurado que las partidas asignadas en las cuentas estatales a los servicios sociales del Archipiélago se reducen un 39,8 por ciento lo que ocasionará, entre otras muchas carencia del servicios público de servicios sociales, que no se tramitará "ni una sola alta más" en el sistema de dependencia.
El Colegio provincial de Trabajo Social recuerda que en la actualidad más de 270.000 canarios tienen ya reconocidos sus derechos como dependientes y están en espera de recibir la prestación o servicio, por lo que exige que se dé respuesta a estos ciudadanos cuyo derecho no puede desaparecer por el recorte presupuestario.
Asimismo denuncia "el inexplicable recorte" del 40 por ciento en la partida destinada a financiar los servicios sociales que prestan los ayuntamientos y recuerda que son precisamente los servicios municipales los que atienden a la población más necesitada, la que ya no puede pagar el recibo de la luz, el agua, a los que ya no perciben prestaciones por desempleo y necesita ayuda para cubrir necesidades básicas como alimentos y ropa.
Los trabajadores sociales insisten en que las corporaciones locales ya están desbordados por el incremento del número de ciudadanos a los que la crisis ha llevado a la pobreza y que menguar la cuantía que se asigna a los ayuntamientos "supone condenar a miles de canarios a la marginalidad y la mendicidad".
Asimismo, advierte de que en una situación de emergencia social, la reducción de financiación para prestaciones que permiten sobrevivir a los más débiles y a los más perjudicados por la crisis no puede justificarse bajo ningún concepto, por lo que este recorte presupuestario deja a expensas de la caridad a miles de ciudadanos.
Fuente : abc.es/agencias/noticia
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