Tribuna Abierta
No dejar ni el recuerdo de la Ley de Dependencia
AURELIO ABREU - SENADOR
Eso es lo que se propone el PP, y de qué forma lo está consiguiendo.
El 1 de mayo pasado se hizo público un recorte en la dotación de la Ley que supera al total presupuestado por el Gobierno de España para todo 2013 (1.108 millones de recorte frente a 1.087 consignados).
Ya sólo la forma de comunicar esta salvajada denota las intenciones y catadura de quienes la firma y promueven: el 1 de mayo, en festivo, colgado en la web del Gobierno en el Plan Nacional de Reformas 2013 que se envió el día anterior a la UE, sin una triste nota o rueda de prensa en la que dar la cara ante decenas de miles de dependientes.
Eso es lo que se propone el PP, y de qué forma lo está consiguiendo.
El 1 de mayo pasado se hizo público un recorte en la dotación de la Ley que supera al total presupuestado por el Gobierno de España para todo 2013 (1.108 millones de recorte frente a 1.087 consignados).
Ya sólo la forma de comunicar esta salvajada denota las intenciones y catadura de quienes la firma y promueven: el 1 de mayo, en festivo, colgado en la web del Gobierno en el Plan Nacional de Reformas 2013 que se envió el día anterior a la UE, sin una triste nota o rueda de prensa en la que dar la cara ante decenas de miles de dependientes.
Esta
clandestinidad para anunciar un recorte de tanta trascendencia sólo
tiene dos explicaciones posibles: o se avergüenzan de lo que están
haciendo, o no son conscientes de lo que están haciendo.
La segunda es, sin duda, más probable que la primera.
Y sin embargo, y esto es lo más aterrador, seguramente sí son conscientes de lo que están haciendo, porque la destrucción del sistema de atención a la dependencia forma parte de una política premeditada que transforma derechos en productos de consumo, al alcance de quien pueda pagarlos. Para los demás, beneficencia, y con suerte.
Este brutal hachazo a la dotación económica de la Ley coloca a las autonomías, en su vertiente de gestoras y prestadoras del servicio, al borde del colapso.
Y por ende, en una cascada, a las Administraciones locales también en una situación caótica.
El Estado no aporta los recursos que debe aportar (el 50%, cuando en 2012 sólo transfirió el 21% a las Comunidades) y encima pretende disminuirlos.
Todo para que en Bruselas vean que somos gente seria, capaz de pasar por encima de los ciudadanos si con eso rebajamos una décima el déficit.
Al final de la cadena están los verdaderos perjudicados, los dependientes, las personas con discapacidad o que por edad ya no pueden valerse por sí mismas.
Para ellas, el golpe es doble, porque al recorte económico se suma un aumento del copago de los servicios (del 10% al 15%) y una revisión de las valoraciones de dependencia a fin de rebajar los pagos.
Parece que al PP le molesta que las personas en situación de dependencia tengan derecho a ser debidamente atendidas por los poderes públicos. Esta desarticulación, lenta, agónica y cruel, del primer instrumento legislativo que los dependientes han tenido a su favor en este país obedece a una idea preconcebida.
Habría que buscar, tal vez, en la lista de donantes del PP si hay algún generoso financiador, que acuda presto y solidario a cubrir el hueco de un servicio calificado como insostenible (si tan insostenible es todo, ¿por qué el sector privado se abalanza sobre él?).
Gestionar la dependencia ya es bastante complicado de por sí, una pelea constante entre Administraciones. Hacerlo con cantidades cada vez más míseras es una mezquindad sólo a la altura de un Gobierno como éste.
Fuente : laopinion.es/opinion
La segunda es, sin duda, más probable que la primera.
Y sin embargo, y esto es lo más aterrador, seguramente sí son conscientes de lo que están haciendo, porque la destrucción del sistema de atención a la dependencia forma parte de una política premeditada que transforma derechos en productos de consumo, al alcance de quien pueda pagarlos. Para los demás, beneficencia, y con suerte.
Este brutal hachazo a la dotación económica de la Ley coloca a las autonomías, en su vertiente de gestoras y prestadoras del servicio, al borde del colapso.
Y por ende, en una cascada, a las Administraciones locales también en una situación caótica.
El Estado no aporta los recursos que debe aportar (el 50%, cuando en 2012 sólo transfirió el 21% a las Comunidades) y encima pretende disminuirlos.
Todo para que en Bruselas vean que somos gente seria, capaz de pasar por encima de los ciudadanos si con eso rebajamos una décima el déficit.
Al final de la cadena están los verdaderos perjudicados, los dependientes, las personas con discapacidad o que por edad ya no pueden valerse por sí mismas.
Para ellas, el golpe es doble, porque al recorte económico se suma un aumento del copago de los servicios (del 10% al 15%) y una revisión de las valoraciones de dependencia a fin de rebajar los pagos.
Parece que al PP le molesta que las personas en situación de dependencia tengan derecho a ser debidamente atendidas por los poderes públicos. Esta desarticulación, lenta, agónica y cruel, del primer instrumento legislativo que los dependientes han tenido a su favor en este país obedece a una idea preconcebida.
Habría que buscar, tal vez, en la lista de donantes del PP si hay algún generoso financiador, que acuda presto y solidario a cubrir el hueco de un servicio calificado como insostenible (si tan insostenible es todo, ¿por qué el sector privado se abalanza sobre él?).
Gestionar la dependencia ya es bastante complicado de por sí, una pelea constante entre Administraciones. Hacerlo con cantidades cada vez más míseras es una mezquindad sólo a la altura de un Gobierno como éste.
Fuente : laopinion.es/opinion
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