Nuevo varapalo a la Ley de Dependencia
Las reformas
propuestas y puestas en marcha por el Partido Popular (PP) han eliminado
de forma drástica la mayoría de las garantías sociales de la
ciudadanía.
Parecía que la Ley de Dependencia iba a sufrir su peor momento durante 2012, con la introducción del copago, la desaparición de las subvenciones en las cuotas de los cuidadores, los recortes de entre el 15% y el 90% en las prestaciones y la nueva regulación de grados de dependencia.
Sin embargo, a menos de cinco meses del comienzo del nuevo año, la situación parece empeorar ya que, durante 2013, el PP pretende recortar 1.108 millones de euros sólo en materia de Dependencia.
1.100 millones
Parecía que la Ley de Dependencia iba a sufrir su peor momento durante 2012, con la introducción del copago, la desaparición de las subvenciones en las cuotas de los cuidadores, los recortes de entre el 15% y el 90% en las prestaciones y la nueva regulación de grados de dependencia.
Sin embargo, a menos de cinco meses del comienzo del nuevo año, la situación parece empeorar ya que, durante 2013, el PP pretende recortar 1.108 millones de euros sólo en materia de Dependencia.
1.100 millones
A
golpe de Real Decreto, la Ley de Dependencia sufre una estrategia por
parte de los populares que, según la secretaria del Fórum de Política
Feminista, Begoña San José, intenta “dinamitarla sistemáticamente”.
El Programa Nacional de Reformas de 2013, publicado el pasado 30 de abril, prevé la puesta en vigor de nuevos decretos reales que, junto a los aprobados durante 2012, suponen la pérdida de la mayor parte de las garantías sociales ofrecidas a las personas dependientes.
En el programa de reformas se propone el incremento de “en torno al 5%” de los costes que deben aportar los beneficiarios de los servicios de dependencia, así como dos nuevos decretos con los que, presuntamente, se ahorrarán casi 500 millones de euros más durante el próximo año 2014.
Desde el Partido Popular han intentado explicar que esos más de 1.100 millones de euros no forman parte de un nuevo recorte, sino que responden a las medidas acordadas con las comunidades autónomas, que se empezaron a aplicar durante el verano de 2012 y que continuarán hasta finales de 2014.
El tijeretazo ha sido disfrazado por el Gobierno popular como una medida de ahorro prometida a Bruselas; no obstante, la desinformación provoca que los cálculos de los que habla el Ejecutivo de Mariano Rajoy no coincidan con la realidad: el aumento de alrededor del 5% que los beneficiarios deberán aportar a los costes de los servicios no es suficiente para alcanzar ese ahorro de 1.108 millones de euros.
El secretario de Estado para Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, también ha asegurado que el que se haya puesto en marcha un recorte de más de mil millones de euros en Dependencia “es rotundamente falso”, ya que es lo que prevén ahorrar hasta 2014.
Casi la mitad de esa cantidad, 527 millones de euros, explica Moreno, “se lo ahorran las comunidades autónomas, y en especial la Junta de Andalucía”.
Moreno afirma que esta reforma ya está empezando a dar frutos, ya que ha aumentado el número de beneficiarios y que, según explica, el Gobierno garantiza la asistencia “a aquel que más lo necesita, a ese gran dependiente que muchas veces está postrado en una cama las 24 horas del día”.
Esta afirmación choca con la realidad, ya que no son pocas las situaciones que, desde que se iniciaron los recortes, han empeorado drásticamente: Dolors Carrasquilla, vecina del Port de Sagunt (Comunitat de València), lleva más de dos meses encadenada al Palau de la Generalitat tras haberse visto afectada por una reducción del grado de invalidez que sufre por causa de una enfermedad crónica y que la mantiene postrada en una silla de ruedas.
La Sanidad valenciana también fue la encargada de retirar una prótesis a Adrián García, de 23 años, por no poder pagar los 152 euros que costaba.
No sólo los valencianos sufren las consecuencias de los recortes en Dependencia: en Galicia, más de 14.000 cuidadores familiares perderán las prestaciones.
La rebaja en las subvenciones por parte del Gobierno central, incrementada considerablemente por parte de las comunidades autónomas –y especialmente por las gobernadas por el PP, como Valencia o Galicia– es la culpable de que la aplicación de la Ley de Dependencia empiece a ser insostenible.
Las mentiras
El Programa Nacional de Reformas de 2013, publicado el pasado 30 de abril, prevé la puesta en vigor de nuevos decretos reales que, junto a los aprobados durante 2012, suponen la pérdida de la mayor parte de las garantías sociales ofrecidas a las personas dependientes.
En el programa de reformas se propone el incremento de “en torno al 5%” de los costes que deben aportar los beneficiarios de los servicios de dependencia, así como dos nuevos decretos con los que, presuntamente, se ahorrarán casi 500 millones de euros más durante el próximo año 2014.
Desde el Partido Popular han intentado explicar que esos más de 1.100 millones de euros no forman parte de un nuevo recorte, sino que responden a las medidas acordadas con las comunidades autónomas, que se empezaron a aplicar durante el verano de 2012 y que continuarán hasta finales de 2014.
El tijeretazo ha sido disfrazado por el Gobierno popular como una medida de ahorro prometida a Bruselas; no obstante, la desinformación provoca que los cálculos de los que habla el Ejecutivo de Mariano Rajoy no coincidan con la realidad: el aumento de alrededor del 5% que los beneficiarios deberán aportar a los costes de los servicios no es suficiente para alcanzar ese ahorro de 1.108 millones de euros.
El secretario de Estado para Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, también ha asegurado que el que se haya puesto en marcha un recorte de más de mil millones de euros en Dependencia “es rotundamente falso”, ya que es lo que prevén ahorrar hasta 2014.
Casi la mitad de esa cantidad, 527 millones de euros, explica Moreno, “se lo ahorran las comunidades autónomas, y en especial la Junta de Andalucía”.
Moreno afirma que esta reforma ya está empezando a dar frutos, ya que ha aumentado el número de beneficiarios y que, según explica, el Gobierno garantiza la asistencia “a aquel que más lo necesita, a ese gran dependiente que muchas veces está postrado en una cama las 24 horas del día”.
Esta afirmación choca con la realidad, ya que no son pocas las situaciones que, desde que se iniciaron los recortes, han empeorado drásticamente: Dolors Carrasquilla, vecina del Port de Sagunt (Comunitat de València), lleva más de dos meses encadenada al Palau de la Generalitat tras haberse visto afectada por una reducción del grado de invalidez que sufre por causa de una enfermedad crónica y que la mantiene postrada en una silla de ruedas.
La Sanidad valenciana también fue la encargada de retirar una prótesis a Adrián García, de 23 años, por no poder pagar los 152 euros que costaba.
No sólo los valencianos sufren las consecuencias de los recortes en Dependencia: en Galicia, más de 14.000 cuidadores familiares perderán las prestaciones.
La rebaja en las subvenciones por parte del Gobierno central, incrementada considerablemente por parte de las comunidades autónomas –y especialmente por las gobernadas por el PP, como Valencia o Galicia– es la culpable de que la aplicación de la Ley de Dependencia empiece a ser insostenible.
Las mentiras
El Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con Ana Mato al frente, ha
asegurado que no endurecerá estas medidas “ni este año, ni el que viene,
ni después”; sin embargo, en el Programa de Reformas ya se plantean
tres nuevos decretos que se aplicarán a lo largo de 2013 y 2014 y que,
al contrario de lo que prometen, sí empeorarán la situación de la
Dependencia en el Estado.
Este último gran recorte supone un enorme varapalo a la Dependencia, y ha sido recibido con sorpresa incluso por comunidades populares, como la de Castilla y León, donde recuerdan que no tienen previsto “ningún ajuste en dependencia para conseguir ahorro” y que las aportaciones de los usuarios, fijadas el pasado año, se mantendrán.
Desde el primer tijeretazo a la Ley de Dependencia en 2012, los populares no han dejado de intentar justificar sus reformas. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en Asuntos Sociales, Susana Camarero, defendió el pasado mes de julio los recortes en Dependencia escudándose, como ya es habitual, en la mala gestión del Gobierno socialista e intentando promover la idea de que el objetivo de la reforma era “hacer la Dependencia más sostenible y perdurable en el tiempo, y garantizar la viabilidad de las prestaciones”.
Sin embargo, Mariano Rajoy ya había puesto en duda la sostenibilidad de la Dependencia incluso antes de alcanzar la Presidencia del Gobierno “Realmente hoy no [es viable].
Lo que hay que hacer es ir haciendo lo que se pueda”; así contestaba en una entrevista publicada por el diario El País en noviembre de 2011.
El Partido Popular incumple, una vez más, una de sus promesas y provoca que la insostenibilidad de la Ley de Dependencia de la que hablaba hace ahora un año y medio esté causada por sus constantes recortes en garantías sociales.
La Rioja recorta sobre el recorte en dependencia
El Gobierno de La Rioja “ha suavizado las incompatibilidades de Dependencia”, según el consejero de Servicios Sociales, José Ignacio Nieto.
Esto se traduce en un recorte en Dependencia en esta Comunidad, dirigida por Pedro Sanz, del PP, que se une al recorte de diez millones en el presupuesto para 2013.
Sin previo aviso, el Gobierno de Sanz publicó en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), un recorte del 50% en partidas como la ayuda a domicilio y la prestación por cuidados en el entorno familiar, además de establecer criterios restrictivos como la imposibilidad de desempeñar un trabajo a tiempo completo si se solicita la prestación por dependencia.
Fuente : rebelion.org/noticia
Este último gran recorte supone un enorme varapalo a la Dependencia, y ha sido recibido con sorpresa incluso por comunidades populares, como la de Castilla y León, donde recuerdan que no tienen previsto “ningún ajuste en dependencia para conseguir ahorro” y que las aportaciones de los usuarios, fijadas el pasado año, se mantendrán.
Desde el primer tijeretazo a la Ley de Dependencia en 2012, los populares no han dejado de intentar justificar sus reformas. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en Asuntos Sociales, Susana Camarero, defendió el pasado mes de julio los recortes en Dependencia escudándose, como ya es habitual, en la mala gestión del Gobierno socialista e intentando promover la idea de que el objetivo de la reforma era “hacer la Dependencia más sostenible y perdurable en el tiempo, y garantizar la viabilidad de las prestaciones”.
Sin embargo, Mariano Rajoy ya había puesto en duda la sostenibilidad de la Dependencia incluso antes de alcanzar la Presidencia del Gobierno “Realmente hoy no [es viable].
Lo que hay que hacer es ir haciendo lo que se pueda”; así contestaba en una entrevista publicada por el diario El País en noviembre de 2011.
El Partido Popular incumple, una vez más, una de sus promesas y provoca que la insostenibilidad de la Ley de Dependencia de la que hablaba hace ahora un año y medio esté causada por sus constantes recortes en garantías sociales.
La Rioja recorta sobre el recorte en dependencia
El Gobierno de La Rioja “ha suavizado las incompatibilidades de Dependencia”, según el consejero de Servicios Sociales, José Ignacio Nieto.
Esto se traduce en un recorte en Dependencia en esta Comunidad, dirigida por Pedro Sanz, del PP, que se une al recorte de diez millones en el presupuesto para 2013.
Sin previo aviso, el Gobierno de Sanz publicó en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), un recorte del 50% en partidas como la ayuda a domicilio y la prestación por cuidados en el entorno familiar, además de establecer criterios restrictivos como la imposibilidad de desempeñar un trabajo a tiempo completo si se solicita la prestación por dependencia.
Fuente : rebelion.org/noticia
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