Jaén no prestará el servicio de dependencia por impagos de la Junta
El bipartito social-comunista andaluz debe más de 160 millones a los Ayuntamientos por el plan de Cooperación Municipal y de Ayuda a Domicilio.
La chispa ha saltado cuando la UGT de Jaén acusó al alcalde del PP, José Enrique Fernández de Moya,
de insensibilidad respecto a los 800 beneficiarios de estos servicios y
de sus 200 trabajadores. El secretario general del PP de Jaén, Miguel Ángel García Anguita, subrayó este miércoles que el servicio de dependencia es una "competencia exclusiva" de la Junta de Andalucía, a la que, por ello, le ha pedido "responsabilidad" ante un asunto "de tanta importancia".
No es sólo Jaén capital, sino el Ayuntamiento de Sevilla, al que la Junta debe 16 millones de euros por el mismo concepto, el que tiene que suplir lo que es responsabilidad de la Junta. En general, la Junta no paga la dependencia y carga el coste a los Ayuntamientos y Diputaciones. El paso de Jaén de dejar de prestar los servicios parece, desgraciadamente, el único camino posible si la Junta no cumple.
En una nota difundida este martes después de que el alcalde Fernández de Moya confirmara que el Ayuntamiento dejará de prestar este servicio a partir del próximo mes de diciembre, García Anguita ha recalcado que la Administración regional "debe al Consistorio dos millones de euros por impagos", en lo que constituye, según ha añadido, una situación que "se repite, por desgracia, en municipios de toda Andalucía, puesto que la Junta es una administración morosa".
Además, ha instado a la Junta a que "asuma sus competencias en materia de dependencia y pague el dinero que adeuda a los ayuntamientos por este concepto", y al PSOE "que abandone la confrontación y la demagogia y se sume a esta exigencia y sea capaz de reivindicar a sus jefes en la Junta que cumplan con la ley".
El representante popular ha culpado al portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, de "mentir descaradamente" en este asunto, ya que el Consistorio jiennense "denunció con más de dos meses de antelación el convenio de la Ley de Dependencia, que expira el próximo 3 de diciembre", de modo que esta decisión "se presentó en tiempo y forma, tal y como demuestra la jurisprudencia del Tribunal Supremo y se le ha hecho saber a la Junta en el escrito enviado este martes".
El Ejecutivo de Zapatero redujo en un diez por ciento el presupuesto para aplicar la ley de dependencia en el año 2011 y en realidad, un comité de expertos, en sede parlamentaria, explicó que no había un modelo de financiación suficiente y sostenible para las prestaciones de dependencia y que, por tanto, se hacía necesaria su revisión.
En la capital andaluza se mantendrá el servicio a dependientes "hasta que no se pueda hacer porque la Junta no colabore con nosotros de ninguna manera". La deuda contraída por la Administración regional con el Consistorio hispalense en este programa, que según fuentes municipales asciende a 16.456.352,92 euros.
De dicha cantidad, 7.083.016,71 euros se encuentran incluidos en el plan de pago a proveedores del propio Ejecutivo andaluz que tampoco han sido abonados.
El grupo Joly subraya que la Junta "está pagando mal y tarde", ya que la cuantía que abona la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales -una de las carteras que dirige IU- por la hora prestada en dicha ayuda es "insuficiente", lo que obliga al Ayuntamiento a sufragar el resto del gasto.
A ello se añade, según el gobierno local, el incumplimiento del convenio firmado para la puesta en marcha del programa mediante el cual la Junta se comprometía a abonar con anticipación dicho importe, que debería ingresar en las arcas municipales al inicio de cada semestre.
Los retrasos vienen produciéndose desde la segunda mitad de 2011, situación que se agravó en 2012 y ha llegado a ser alarmante en el presente ejercicio, puesto que en las actuales fechas aún no se han ingresado las cuantías correspondientes a los dos semestres del año.
Tras trasladar a la Institución Provincial que abonaría los atrasos pendientes de anteriores ejercicios, la Junta de Andalucía procedió a pagar 3’5 millones de euros el pasado 28 de febrero correspondientes en su mayor parte a la liquidación de 2011, quedando pendiente la de 2012 y lo que se adeudaba por el primer semestre de 2013.
Estos impagos tienen al límite a numerosas empresas y ayuntamientos de la provincia en el servicio a personas dependientes, así como a los aproximadamente 1.800 trabajadoras que les atienden. Muchas de ellas llevan dos y tres meses sin cobrar.
La Diputación Provincial, entidad intermediaria en esta materia, no puede abonar las partidas de la Ley de la Dependencia a los ayuntamientos por los impagos del Gobierno andaluz.
Según los datos ofrecidos por el PP en agosto de este año, la Junta tiene una deuda de más de 30 millones de euros con la Federación de Personas con Discapacidad Intelectual; de 15 millones que se adeudan a los Centros Especiales de Empleo.
El recorte presupuestario que ha sufrido el programa de atención a la dependencia, envejecimiento activo y discapacidad ha sido de 78,2 millones de euros respecto al presupuesto anterior, pero que en el caso de la partidas destinadas a los trabajadores de refuerzo de la dependencia se ha recortado hasta un 50%, 10 millones de euros.
La subvención que recibe Cáritas de parte de la Junta, con la que da cobertura de primera necesidad a familias en riesgo de exclusión social, se ha recortado en un 90%, pasando de 1,8 millones de euros a 110.900 euros, mientras que el gobierno central y la Unión Europea han aumentado sus aportaciones en 743.700 euros y 1,3 millones respectivamente.
El recorte de la Junta al presupuesto del programa de Atención a la Infancia ha sido de 53,8 millones de euros; de 21 millones en el Plan Concertado o de 38,4 en el programa de Atención Social, con el agravante de que son partidas que se recortan a los ayuntamientos a través de transferencias corrientes para entidades locales y sociales.
En el caso del Ayuntamiento de Valverde del Camino, Huelva, que tiene sólo una guardería, la deuda es de 97.000 euros, por lo que en el conjunto de la comunidad podría superar los 20 millones.
Tampoco se "ha dado ni un solo céntimo" a los ayuntamientos para los contratos del programa de exclusión social.
Fuente : libertaddigital.com/espana
No es sólo Jaén capital, sino el Ayuntamiento de Sevilla, al que la Junta debe 16 millones de euros por el mismo concepto, el que tiene que suplir lo que es responsabilidad de la Junta. En general, la Junta no paga la dependencia y carga el coste a los Ayuntamientos y Diputaciones. El paso de Jaén de dejar de prestar los servicios parece, desgraciadamente, el único camino posible si la Junta no cumple.
En una nota difundida este martes después de que el alcalde Fernández de Moya confirmara que el Ayuntamiento dejará de prestar este servicio a partir del próximo mes de diciembre, García Anguita ha recalcado que la Administración regional "debe al Consistorio dos millones de euros por impagos", en lo que constituye, según ha añadido, una situación que "se repite, por desgracia, en municipios de toda Andalucía, puesto que la Junta es una administración morosa".
Además, ha instado a la Junta a que "asuma sus competencias en materia de dependencia y pague el dinero que adeuda a los ayuntamientos por este concepto", y al PSOE "que abandone la confrontación y la demagogia y se sume a esta exigencia y sea capaz de reivindicar a sus jefes en la Junta que cumplan con la ley".
El representante popular ha culpado al portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, de "mentir descaradamente" en este asunto, ya que el Consistorio jiennense "denunció con más de dos meses de antelación el convenio de la Ley de Dependencia, que expira el próximo 3 de diciembre", de modo que esta decisión "se presentó en tiempo y forma, tal y como demuestra la jurisprudencia del Tribunal Supremo y se le ha hecho saber a la Junta en el escrito enviado este martes".
El Ejecutivo de Zapatero redujo en un diez por ciento el presupuesto para aplicar la ley de dependencia en el año 2011 y en realidad, un comité de expertos, en sede parlamentaria, explicó que no había un modelo de financiación suficiente y sostenible para las prestaciones de dependencia y que, por tanto, se hacía necesaria su revisión.
El caso Sevilla
De momento, Juan Ignacio Zoido ha asegurado el servicio aunque culpa a la Junta de la deuda de 16 millones de euros que asfixia al Ayuntamiento. La ayuda a la dependencia continuará prestándose en Sevilla. cuyos servicios sociales están en números rojos, color que sufren otros ayuntamientos que denuncian la situación estos días.En la capital andaluza se mantendrá el servicio a dependientes "hasta que no se pueda hacer porque la Junta no colabore con nosotros de ninguna manera". La deuda contraída por la Administración regional con el Consistorio hispalense en este programa, que según fuentes municipales asciende a 16.456.352,92 euros.
De dicha cantidad, 7.083.016,71 euros se encuentran incluidos en el plan de pago a proveedores del propio Ejecutivo andaluz que tampoco han sido abonados.
El grupo Joly subraya que la Junta "está pagando mal y tarde", ya que la cuantía que abona la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales -una de las carteras que dirige IU- por la hora prestada en dicha ayuda es "insuficiente", lo que obliga al Ayuntamiento a sufragar el resto del gasto.
A ello se añade, según el gobierno local, el incumplimiento del convenio firmado para la puesta en marcha del programa mediante el cual la Junta se comprometía a abonar con anticipación dicho importe, que debería ingresar en las arcas municipales al inicio de cada semestre.
Los retrasos vienen produciéndose desde la segunda mitad de 2011, situación que se agravó en 2012 y ha llegado a ser alarmante en el presente ejercicio, puesto que en las actuales fechas aún no se han ingresado las cuantías correspondientes a los dos semestres del año.
El caso Granada
La Junta de Andalucía acumulaba en marzo de 2013 una deuda de 16 millones de euros con la Diputación de Granada por el servicio de ayuda a domicilio.Tras trasladar a la Institución Provincial que abonaría los atrasos pendientes de anteriores ejercicios, la Junta de Andalucía procedió a pagar 3’5 millones de euros el pasado 28 de febrero correspondientes en su mayor parte a la liquidación de 2011, quedando pendiente la de 2012 y lo que se adeudaba por el primer semestre de 2013.
Estos impagos tienen al límite a numerosas empresas y ayuntamientos de la provincia en el servicio a personas dependientes, así como a los aproximadamente 1.800 trabajadoras que les atienden. Muchas de ellas llevan dos y tres meses sin cobrar.
La Diputación Provincial, entidad intermediaria en esta materia, no puede abonar las partidas de la Ley de la Dependencia a los ayuntamientos por los impagos del Gobierno andaluz.
La política social de la Junta, un desastre para el PP
Como siempre, la Junta se "escuda" en el objetivo de déficit acordado entre el gobierno y las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera pero es bien sabido que es potestad de cada comunidad decidir dónde debe ajustar, y en Andalucía, según el PP, PSOE e IU decidieron que había que recortar en política social antes que meter la tijera a la administración paralela.Según los datos ofrecidos por el PP en agosto de este año, la Junta tiene una deuda de más de 30 millones de euros con la Federación de Personas con Discapacidad Intelectual; de 15 millones que se adeudan a los Centros Especiales de Empleo.
El recorte presupuestario que ha sufrido el programa de atención a la dependencia, envejecimiento activo y discapacidad ha sido de 78,2 millones de euros respecto al presupuesto anterior, pero que en el caso de la partidas destinadas a los trabajadores de refuerzo de la dependencia se ha recortado hasta un 50%, 10 millones de euros.
La subvención que recibe Cáritas de parte de la Junta, con la que da cobertura de primera necesidad a familias en riesgo de exclusión social, se ha recortado en un 90%, pasando de 1,8 millones de euros a 110.900 euros, mientras que el gobierno central y la Unión Europea han aumentado sus aportaciones en 743.700 euros y 1,3 millones respectivamente.
El recorte de la Junta al presupuesto del programa de Atención a la Infancia ha sido de 53,8 millones de euros; de 21 millones en el Plan Concertado o de 38,4 en el programa de Atención Social, con el agravante de que son partidas que se recortan a los ayuntamientos a través de transferencias corrientes para entidades locales y sociales.
La Junta hunde a los Ayuntamientos
En el caso de los Ayuntamientos la Junta les debía a final del verano más de 40 millones de ayuda a domicilio y más de 120 del Plan de Cooperación Municipal, así como el dinero para las Escuelas Infantiles desde el mes de abril, una deuda alarmante.En el caso del Ayuntamiento de Valverde del Camino, Huelva, que tiene sólo una guardería, la deuda es de 97.000 euros, por lo que en el conjunto de la comunidad podría superar los 20 millones.
Tampoco se "ha dado ni un solo céntimo" a los ayuntamientos para los contratos del programa de exclusión social.
Fuente : libertaddigital.com/espana
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