«Los beneficiarios ya superan los 115.000, aunque el Gobierno nunca ha aportado lo que le corresponde»
Josep Lluís Cleries: «Cada nueva plaza de dependencia otorgada es una bofetada mayor»
El conseller del diálogo y la ayuda
Entrevistamos a Josep Lluís Cleries (Barcelona 1956) la semana en que salta el escándalo del retraso en las ayudas a la renta mínima por cambiar el sistema de pago. La conselleria de Trabajo y Empresa es la que extiende el cheque, pero es ante la sede de Bienestar y Familia donde reclaman los afectados. Toca hacer pedagogía en un departamento que encabeza un político cercano, que escucha y disfruta ayudando. Así es este ingeniero industrial, diplomado en Iese y Esade.
¿Se ha dejado la piel para que el tijeretazo del Govern afectara lo menos posible a las ayudas sociales?
– Evidentemente. La prueba está en que el presupuesto del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales ha aumentado un 6,7 por ciento referente al año anterior. Los números iniciales no eran estos y he luchado todo lo que he podido para que el bienestar sea una de las prioridades y más en una situación de crisis.
– ¿Cuál es el principal objetivo de esta legislatura?
– No tenemos todos los recursos que querríamos y que necesitamos, y lo que nos hace falta es poder mantener los ejes básicos del estado del bienestar. Esto significa que en la primera parte de la legislatura debemos priorizar y cumplir unos objetivos presupuestarios de contención y austeridad. En la segunda, pondremos en marcha acciones nuevas para pasar de derechos virtuales a reales. Lo que no podemos hacer es lo que pasó en el anterior mandato, cuando en el año 2010 sólo cobraron a tiempo una de cada cuatro familias y se generó un agujero de 106 millones.
– ¿Ya ha conseguido poner al día los retrasos de la Ley de Dependencia?
– Los beneficiarios activos de la Ley de Dependencia ya superan los 115.000. De las 52.000 valoraciones que teníamos pendientes en febrero, que nos dejó el tripartito de retraso, hace 15 días teníamos pendientes 14.000. Ahora el promedio que tardamos en hacer valoraciones está por debajo de los dos meses.
– ¿El Gobierno ya aporta todo lo que marca la ley?
– La ley dice que una tercera parte la aportan los beneficiarios, otra la Generalitat, y, la tercera, el Gobierno. Pero esto no ha sucedido nunca. Si una plaza de residencia concertada vale 1.869 euros, el beneficiario paga unos 500 y el Gobierno aporta unos 300, por lo que el Govern está aportando 1.000 euros. Cuantas más plazas de residencia otorgamos, la bofetada que nos damos es mayor.
– Los informes sobre pobreza son demoledores. ¿Qué hará su conselleria para amortiguar el golpe de miles de las familias que viven en la pobreza extrema?
– Hemos creado un grupo de trabajo para impulsar, a partir de otoño, un conjunto de acciones muy concretas. Estamos trabajando con la Asociación y Federación de Municipios y con todas las entidades que están actuando en la primera línea de la pobreza como Cáritas, Cruz Roja, las Entidades Catalanas de Acció Social, (Ecas), etc.
–¿Cuáles son estas actuaciones?
–Por ejemplo, con una entidad que trabaja en el ámbito de la infancia llevaremos a cabo acciones dirigidas a la prevención y atención de la pobreza en el mundo infantil. Trabajar con los niños es una manera de llegar a las familias. Vamos a crear unas zonas de actuación preferente para trabajar en los barrios concretos donde se nota un crecimiento de la pobreza, sin nombrarlos para no estigmatizar.
– Hay zonas donde el porcentaje de inmigración roza el 50 por ciento.
– En determinadas zonas hay índices de personas extranjeras muy elevados porque la tendencia de la gente es a reencontrarse y agruparse. Queremos hacer una Cataluña cohesionada donde los que llegan se sientan catalanes sin renunciar a sus raíces. Nunca hemos optado por la asimilación, sino por la integración para que cada uno se muestre tal y como es.
– Miles de personas rezan estos días el Ramandán en la calle, en polígonos industriales y hasta en patios de escuelas. ¿Cuál es la postura del Govern ante la construcción de mezquitas?
– Nuestra postura es clara: es una normativa municipal y deben tener una financiación privada como cualquier otro tipo de servicio religioso. Quien ha de autorizarlas son los ayuntamientos cumpliendo con rigurosidad las normativas vigentes, sobre todo en seguridad y aforo.
– Algunos ayuntamientos han puesto en marcha normativas para prohibir el burka. ¿Ahora lo hará el Govern?
– Hay una comisión interdepartamental en Gobernación en la que participa la Oficina de Asuntos Religiosos y otras consejerías. En estos momentos se está estudiando hasta dónde puede llegar la normativa ya que tenemos una dificultad: sólo el Gobierno puede regular el espacio público. Debemos conseguir una regulación potente en todos los sentidos y en todos los equipamientos públicos, desde un hospital hasta un centro cívico.
– ¿Es cuestión de seguridad o de derechos de la mujer?
– Del mismo modo que respetamos los valores que tienen en otras culturas, en nuestro país se deben respetar los nuestros. En nuestra sociedad el rostro es un elemento identitario y significativo de la persona, de modo que este tipo de vestimentas, que lo ocultan, es un tema relacionado tanto con la seguridad como con derechos humanos y de la mujer. Por eso, prohibiremos también cualquier elemento que impida el reconocimiento de una persona, como un casco.
Fuente : larazon.es/noticia
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