Cabré pedirá al Estado que aporte el 50 % de la financiación a la dependencia
El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, reclamará al Estado que aporte el 50 % de la financiación necesaria para aplicar la Ley de Dependencia en la Comunitat.
Además, el conseller ha propuesta crear una "tarjeta social" para evitar duplicidades en las ayudas públicas que conllevará un "reestudio" del 30 % de las subvenciones, ha anunciado tras reunirse con el president de la Generalitat, Alberto Fabra.
Tras la reunión, en el marco de la ronda de encuentros que Fabra está manteniendo con los consellers, Cabré ha explicado que se está trabajando en la creación de una "tarjeta social" para conocer las prestaciones que reciben las personas físicas o jurídicas con el fin de redistribuir las ayudas.
Se estima que alrededor del 30 % de las subvenciones de esta Conselleria presenta "problemas de duplicidad" y es necesario "ordenarlas" para una mejor gestión, ha indicado en rueda de prensa.
Se trata de evitar que la misma persona u ONG reciban subvenciones de distintas administraciones con el mismo fin y en el mismo periodo de tiempo, situación que se produce por la falta de coordinación de las administraciones, según ha reconocido.
Para la creación de esta tarjeta, la Conselleria se pondrá en contacto con otras administraciones, como el Estado, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Diputaciones y otras Consellerias para "no reduplicar el gasto" y poder destinarlo a otras personas o entidades que no lo reciben.
Cabré ha afirmado que con el nuevo Gobierno seguirá manteniendo "las mismas reivindicaciones" que con el Ejecutivo socialista porque esas demandas "no eran partidistas sino justas", y se ha mostrado convencido de que ahora "se oirán mejor".
Entre ellas, ha citado la financiación al 50 % con el Estado de la aplicación de la Ley de Dependencia, porque "no es admisible" que la Generalitat soporte el 70 % de su financiación.
Otras reivindicaciones son sustituir los juzgados pendientes de apertura por jueces de adscripción territorial para solventar "el déficit de jueces" y la concesión al Gobierno valenciano de la gestión de las tasas y cuentas de depósitos que genera la Justicia, que representan unos 30 millones de euros, con carácter finalista.
El plan de agrupación de partidos judiciales se trasladará al Ministerio de Justicia a principios de año, según el conseller, que ha precisado que el Consejo General del Poder Judicial "está por la labor" de extender esta propuesta al resto de España.
El compromiso con la austeridad se concreta también en un plan de ahorro de la administración de justicia que ascenderá a 4,5 millones de euros cada año, gracias a medidas en consumo energético, de papel, gasto de taxi, en material de oficina y en el pago de alquileres de inmuebles mediante arrendamientos.
Además limitará el coste de la asistencia jurídica gratuita a la cantidad económica recogida por los Presupuestos de la Generalitat.
Entre las infraestructuras previstas están la puesta en marcha del centro de atención especializada Gran Vía de Castellón y la puesta en funcionamiento de la residencia y centro de día para grandes dependientes de Petrer, así como cinco nuevos juzgados en Llíria, Massamagrell, Novelda, Torrevieja y el juzgado de lo Penal número 4 de Orihuela, con sede en Torrevieja.
También son una prioridad terminar las obras del Palacio de Justicia de Vila-real y poner en marcha esta legislatura la construcción de la Ciudad de la Justicia de Alicante.
Fuente : abc.es
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