GRANADA - AYUNTAMIENTO CULPA A LA JUNTA DE LA NO APLICACIÓN DE LA LEY

El Ayuntamiento de Granada culpa a la Junta de la no aplicación de la Ley de Dependencia

El Consistorio asegura que soporta un sobrecoste por la paralización y los retrasos de la administración autonómica con esta normativa

El Ayuntamiento de Granada ha denunciado que la no aplicación de la Ley de Dependencia en la capital es “responsabilidad de la administración autonómica”, debido al retraso y la paralización en la resolución de expedientes y en los pagos.

Es por eso que el Consistorio asegura soportar “un sobrecoste” cercano a los dos millones de euros para atender a personas que no están reconocidas por la Ley de Dependencia andaluza y que, a pesar de ello, “no se les puede dejar desatendidos”, asegura el concejal de Bienestar Social en Granada, Fernando Egea.

Egea ha explicado en rueda de prensa que, en los casos de dependencia moderada (grado I nivel 2), la Junta ya acumula un retraso de un año en la puesta en marcha de la Ley. Según el edil de Bienestar, sólo lo ha hecho en la concesión de unidades de estancia diurna a personas dependientes y únicamente en los casos en los que los usuarios ya venían disfrutando con anterioridad de este servicio.

Por este motivo, mantiene que la Junta sólo ha puesto en marcha la Ley “parcialmente”, pues esas plazas de estancia diurna “ya las estaba pagando y sí le interesaba incluirlas en la Dependencia”.

No obstante, Egea asegura que existen casos sin valorar que “ya podrían estar gozando” de las prestaciones de la Ley, de haber sido resueltas por la administración andaluza.

El edil ‘popular’ añade que esta paralización supone para el Ayuntamiento “un sobrecoste” por tener que atender a muchos dependientes “que debería cubrir la Junta”, asegura.

Según el concejal de Bienestar Social, unas 300 personas necesitan de asistencia en la capital y aún no tienen reconocida su dependencia por la administración autonómica, por lo que, mientras se resuelven sus casos, es el Consistorio el que tiene que asumir este servicio.

Los datos aportados por Egea arrojan un coste medio anual por la atención a esas 300 personas de un millón cuatrocientos mil euros aunque, para Egea, el principal problema es que entre esos casos “hay personas afectadas con dependencia severa” cuya asistencia se ve demorada.

UN SOBRECOSTE DE DOS MILLONES, ENTRE ASISTENCIA Y TRAMITACIÓN

Asimismo, el Ayuntamiento critica que la Junta se retrasa una media de cinco meses en conceder el recurso de personas dependientes -cuando antes este período era de un mes- y que, por este motivo, el Consistorio debe hacerse cargo de ese gasto durante ese tiempo. En total, Bienestar Social estima un coste extra de dos millones de euros anuales que “deberían ser soportados por la Junta de Andalucía” a través de la Ley de Dependencia.

En 2011, el Ayuntamiento de Granada ha remitido a la Junta 1.858 expedientes para obtener prestaciones de la Ley de Dependencia, de los que se han resuelto 1.103. De los 755 casos no resueltos aún, el Consistorio se hace cargo de unos 300 dependientes “a los que no se les puede dejar desatendidos”, asevera Egea. Además, el concejal ‘popular’ asegura que la administración andaluza ha resuelto en Granada a lo largo del año pasado un 30% menos de expedientes que en 2010, alcanzando un total de 323.

Para hacer frente a las demandas de estas personas dependientes que están a expensas de la resolución de sus casos por parte de la Junta, es el Consistorio el que sufraga al personal que se ocupa de tramitar estos expedientes en la capital. En total, son 13 personas más las que asume el Ayuntamiento -aparte de las 16 que ya contrata la administración regional para este servicio-, con un coste aproximado de 590.000 euros.

En ese sentido, para llevar a cabo la labor administrativa de esta Ley, son ocho los auxiliares de apoyo que trabajan los casos de Granada. Sin embargo, Egea asegura que no se han cubierto dos bajas de larga duración por parte de la Junta durante el 2011 -una de ellas aún no está cubierta-, lo que retrasa aún más la resolución de expedientes.

“En todos los aspectos que atañen a la Ley de Dependencia, la Junta de Andalucía está incumpliendo o no dotando adecuadamente” de los medios necesarios para aplicarla, ha insistido el concejal de Bienestar Social. Además, Egea afirma que, aunque el número de casos de personas dependientes aumenta cada año, la partida dedicada a este servicio “no se ha incrementado” desde el año 2006 por parte de la administración autonómica.

RETRASOS EN LOS PAGOS

A todo eso hay que sumar, según Egea, que la Junta está retrasando los pagos de la ayuda a domicilio de la Dependencia pues, cuando antes lo abonaba con un semestre de anticipación, ahora lo hace con un abono bimensual y “con el plazo vencido”.

“El Ayuntamiento soporta una carga muy superior porque estas personas no pueden quedar desatendidas. La Junta no está resolviendo la Ley de Dependencia en casos de nivel moderado, excepto los de estancia diurna, porque le interesa. Hay personas desatendidas y me temo que en 2012 vaya a peor”, asegura Egea.

Este año, el coste de la Ley de Dependencia en Granada está fijado en un presupuesto de 15 millones de euros, de los que el Ayuntamiento debe asumir 4,1 millones, sin contar el sobrecoste que denuncia el área de Bienestar Social. Se atenderá a un total de 6.993 personas dependientes de distintos niveles de necesidad

Fuente : granadadigital.com