Empresarios de Dependencia ven "ilógico" cobrar por la evaluación porque el 80% de solicitantes tienen derecho a ello
El presidente de la Federación de Empresarios de la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, considera "no es lógico" que Castilla-La Mancha, como ya hace Murcia, quiera cobrar 20 euros por cabeza a quienes se sometan a la evaluación para saber si son o no dependientes y de qué nivel, porque "el 80% de los evaluados resultan tener derecho" a la ayuda.
En declaraciones a Europa Press, Echevarría ha explicado que si el porcentaje fuese el contrario "parecería lógico poner coto" pero "la sensatez de la ciudadanía ha quedado demostrada" porque la mayor parte de los solicitantes de evaluación son en realidad sujetos de derecho a recibir un servicio o prestación por dependencia.
"¿No habíamos quedado en que por ley cualquier persona susceptible de ser dependiente podía pedir una evaluación?", ha apuntado, para cuestionar además que en Castilla-La Mancha y en Murcia se esté respetando el espíritu de la ley, que fija la atención a la dependencia como un derecho de los ciudadanos. "¿No estábamos hablando de que es un derecho universal y subjetivo, el cuarto pilar del Estado del Bienestar?", ha apuntado.
En cuanto a la intención del Gobierno manchego de no pagar las plazas concertadas en las residencias mientras estén vacantes y reservadas a su nombre, el representante de la patronal ha incidido en que "no tiene sentido" y ha afirmado que si sale adelante esta medida, el sector "reclamará" para que se permita ocupar las plazas libres por la vía privada o se pague "al menos un porcentaje sensato" por tenerlas reservadas.
Según ha explicado, las residencias firman contratos con la administración pública para garantizarle un número determinado de plazas al cabo del año que no se pueden ofrecer al público que acude por la vía privada. "Para el empresario es como si estuvieran ocupada porque los costes son exactamente los mismos", ha señalado.
Por eso, en su opinión, "si no se ocupan no es responsabilidad de la empresa, sino de la administración pública que no ha sido diligente" para buscarles ocupación. "Que tengamos que tenerlas a su disposición pero mientras estén vacantes no se pague, no es ni oportuno ni procedente, porque el coste es el mismo para la empresa, estén ocupadas o no", ha señalado.
En este sentido, ha apuntado que lo único que podría ahorrarse la administración, en este caso, manchega, es la manutención del dependiente que va asociada al coste de la plaza, aunque eso, según ha dicho, no supone "ni el cinco por ciento del importe" de mantener una plaza en una residencia a su completa disposición
Fuente : noticias.lainformacion.com/asuntos-sociales/
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