Canarias tiene las plazas públicas para dependientes más caras del Estado
Los servicios sociales en las islas están transferidos a los cabildos y Canarias es la única comunidad donde cohabitan dos sistemas, el anterior, financiado exclusivamente por el Gobierno canario a través de los planes sociosanitarios, y la conocida como Ley de Dependencia. Una plaza residencial ronda los 2.200 euros al mes.
Canarias tiene las plazas públicas residenciales para dependientes más caras de todo el Estado, con un coste real que ronda los 2.200 euros por persona al mes, mientras que, por ejemplo, Asturias las valora en un máximo de 1.400 euros y es la comunidad con el precio más bajo de país.
Los servicios sociales en las islas están transferidos a los cabildos y Canarias es la única comunidad donde cohabitan dos sistemas, el anterior, financiado exclusivamente por el Gobierno canario a través de los planes sociosanitarios, y la conocida como Ley de Dependencia, que lleva el nombre de Ley de Promoción de la Autonomía Personal.
Esto implica que los ciudadanos canarios se revelen contra la Ley de Dependencia, porque ahora se les pide el copago, mientras con el sistema propio tenían a su disposición un recurso más barato.
Los últimos datos facilitados por la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias precisan que son más de 30.000 las personas con algún grado de dependencia que están siendo atendidas a través de la red de recursos y servicios que incluyen los servicios de prevención, programa de teleasistencia, ayuda a domicilio, servicios de día, servicios residenciales y prestaciones económicas.
Precisamente ayer, la ministra de Sanidad y Política Social, Leire Pajín, aseguró que las prestaciones por dependencia "se están garantizando" y recordó que el calendario de implantación de la Ley de Dependencia "no ha sufrido retrasos a pesar de la crisis". Subrayó "el compromiso del Gobierno para que los dependientes puedan acceder a las prestaciones antes de los seis meses".
Según el calendario marcado por el Gobierno central, las personas dependientes de grado I y grado II deben estar incorporadas al derecho de prestación a partir de enero de 2011. La implantación de la nueva ley se hará de forma progresiva y no acabará hasta 2015.
Ayer, la diputada en el Congreso Lourdes Méndez Monasterio (PP) reprochó a Leire Pajín que, con la reducción del 10% del presupuesto que plantea su cartera con respecto a lo aprobado en 2009, si se dividen las partidas de este año de 1.498 millones de euros, entre las cerca de 1,2 millones de personas que hay que atender, le da "un resultado de tres euros al día para cada dependiente".
El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, criticó ayer el recorte "desmedido" del presupuesto regional para atender a los dependientes y aseguró que son muchas las partidas a las que no se destina ni un solo euro, como sucede con la construcción de centros de mayores. Añadió que tampoco hay dinero "para discapacitados y drogodependientes".
La bajada en la partida de menores engorda la de Dependencia
Los presupuestos de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario destinan 108.301.621 euros al Sistema de Atención a la Dependencia, una cifra importante, teniendo en cuenta que la totalidad del dinero que manejará este departamento se eleva a 310.387.975 euros.
El capítulo de la dependencia es una de las partida que sube respeto al año pasado, gracias a que han bajado considerablemente los apartados de menores, tanto con medidas judiciales como el de los menores extranjeros no acompañados.
Sin embargo, el Grupo Socialista en el Parlamento regional criticó que las cuentas de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda suponen una bajada del 15,71% respecto a los 368 millones de 2010.
En la presentación del presupuesto, la consejera Inés Rojas aseguró que con este presupuesto se pretende llegar a 35.000 personas en el marco de las políticas de vivienda, a 30.000 en la atención a personas con algún grado de dependencia, intervendrá en 300.000 personas a través del Plan concertado de Prestaciones Básicas y ofrecerá ayuda 16.000 mujeres víctimas de violencia de género, además de atender de forma directa a 8.000 menores en riesgo, protección o reinserción.
Fuente : eldia.es
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