Aprobado el Decreto que establece los precios públicos para algunos servicios de la Ley de Dependencia
El consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al Decreto que establece los precios públicos para determinados servicios sociales especializados destinados a personas beneficiarias de prestaciones del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD).
Según ha explicado en rueda de prensa la consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, los precios de los servicios se establecen en función del grado y nivel de dependencia de la persona usuaria del servicio.
Indicó además que el decreto, que entrará en vigor el próximo uno de enero de 2011, regula y unifica la participación económica de las personas usuarias en el coste de todos los servicios tanto los de carácter residencial y de centro de día para personas mayores como los destinados a personas con discapacidad, que hasta la fecha carecían de regulación.
En el caso de las plazas residenciales para mayores el decreto recoge un precio que oscila entre los 1.241,38 euros para las personas no dependientes y los 1.400 euros mensuales para las personas con el mayor grado de dependencia. En el caso de los centros de día se establece un precio de entre 700 y 900 euros para un servicio mensual.
Migoya manifestó además que el decreto recoge el principio de progresividad en la aportación de los usuarios, en función de diferentes tramos de capacidad económica, con un límite máximo del 90% del precio público en el caso de los servicios residenciales y del 65% en el resto de servicios.
Con esta nueva regulación se pretende incentivar la utilización de servicios profesionalizados, como los centros de día, entre las personas con menores niveles de renta, al adecuar el pago a la capacidad económica de la persona usuaria.
En el ámbito de la discapacidad los porcentajes de copago establecidos en el Decreto permiten unificar la aportación que realizan los usuarios de todos los centros de la red pública, independientemente de su ubicación o naturaleza.
En este caso el precio público para una plaza en un centro de alojamiento para personas con discapacidad oscila entre 1.307,92 euros y 1.927 euros para un grado III de dependencia. En el caso de los centros de apoyo a la integración el precio público fijado oscila entre los 500 y los 800 euros por un mes completo.
Con la aprobación de este Decreto Asturias se convierte en la sexta comunidad autónoma española que regula los precios públicos de los servicios de atención social en el marco de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, junto a Cataluña, Islas Baleares, Castilla y León, Murcia y Cantabria.
Otros acuerdos.
Port otra parte, el consejo ha aprobado también un gasto de 353.061 euros con destino a subvencionar cuatro proyectos en materia de Cooperación al Desarrollo. Así mismo se dio el visto bueno a la adjudicación de 30 viviendas vacantes de protección oficial en Langreo
Fuente : 20minutos.es/noticia
CRECIENDO A CONTRACORRIENTE
ResponderEliminarEl Principado se desmarca del recorte autonómico generalizado en políticas de dependencia y amplía los casos que reciben ayudas
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se quejaba ayer de los «recortes económicos generalizados» en políticas de discapacidad en las comunidades autónomas, con recortes presupuestarios de entre el 80 y el 90 por ciento respecto a otros años.
No es ése el caso de Asturias, donde el presupuesto para atender la dependencia se incrementará el año que viene un 6,5 por ciento.
La Consejería de Bienestar Social estima que en 2011 entrarán en el sistema de dependencia cerca de 7.000 asturianos y 2.626 se incorporarán en bloque el 1 de enero, una vez redactado su plan de atención personal.
Son los que ya tienen reconocido el grado I, nivel 2 de dependencia, que entrará en vigor en esa fecha tal y como estaba previsto en el desarrollo de la ley.
Del reconocimiento de ese nuevo nivel de dependencia, calificada como moderada, se beneficiarán personas que necesitan, al menos una vez al día, ayuda para realizar actividades básicas como asearse, comer, atender su hogar o salir a dar un paseo o hacer un recado.
Alguien, por poner un caso, que necesita ayuda para lavarse, vestirse y limpiar la casa pero que es autónomo, en cuanto que mantiene su capacidad de decisión y, en líneas generales, sigue controlando su vida.
Esas personas percibirán entre 180 euros mensuales -cuando son atendidos en su hogar por un cuidador familiar- y 300 -cuando requieren asistencia profesional.
La ley establece para estos nuevos dependientes reconocidos por decreto la prestación de 21 a 30 horas de ayuda a domicilio al mes, 25 horas semanales en centros de día y de noche o entre 20 y 30 horas de servicios de promoción de la autonomía.
También podrán hacer uso de la teleasistencia.
La Consejería de Bienestar Social afirma que, adelantándose a la aplicación de la ley, ya presta algunos de esos servicios a un alto porcentaje a los dependientes leves y ha habilitado plazas asistenciales para ellos en sus centros de día.
En Asturias, según los últimos datos del SAAD (Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia), desde la entrada en vigor de la ley de Dependencia, en enero de 2007, se presentaron 41.244 solicitudes a las ayudas y servicios contemplados en ella y 23.320 personas han visto reconocido este derecho.
A día de hoy residen en el Principado 12.842 beneficiarios de la dependencia, con la declaración de gran dependencia o dependencia severa. Todos ellos perciben 13.401 prestaciones -algunas personas se benefician de dos o más servicios simultáneamente- ya sea ayuda a domicilio, una plaza residencial, teleasistencia o la prestación económica por cuidados familiares.
Fuente : lne.es/asturias