El freno a los dependientes leves no ha servido para atender a los graves
Los beneficiarios con necesidades grandes o severas son 15.000 menos este año
Desde enero están desocupadas 1.757 plazas de residencia que quedaron libres
La Ley de la Dependencia está estrangulada por los dos extremos.
El Gobierno ha paralizado la entrada al sistema de los dependientes leves para dedicar sus esfuerzos a los más graves, pero eso tampoco está ocurriendo: en los últimos cuatro meses, de diciembre a abril, se han perdido 15.877 dependientes graves y severos, lo que quiere decir que el saldo entre los que entran al sistema y los que mueren es negativo.
Los beneficiarios que mueren no se ven sustituidos por otros que precisan ayuda. Esto, que ya venía ocurriendo con los grandes dependientes, se ha extendido a los severos (el grado intermedio de gravedad). Así pues, el sistema crece ficticiamente, porque la mayoría de los que entran son dependientes leves, que no tienen derecho a prestación hasta 2014.
Sin necesidad de un decreto anticrisis, la ley está prácticamente muerta.
Si el sistema está parado no cabe atribuirlo a que ha alcanzado una velocidad de crucero, puesto que hay 275.000 personas esperando la ayuda a la que tienen derecho. Pero de marzo a abril solo se ha atendido a 507 personas más en toda España.
¿Por qué no entran los dependientes al sistema?
Los profesionales sospechan que el baremo con el que se mide si alguien tiene derecho a una ayuda se está aplicando de forma muy rigurosa.
“Prueba de ello es que también se ha incrementado el número de personas que, tras ser valoradas, no consiguen el derecho a una ayuda”, explica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Otra de las grandes reformas anunciadas por la ministra de Sanidad y Política Social, Ana Mato, es la de ir sustituyendo las excesivas ayudas económicas que se están dando para atender a los ancianos en casa por la prestación de un servicio: centros de día, residencias, ayuda a domicilio.
Tampoco parece ser el caso. De enero a abril se han recortado 1.757 plazas de residencia, es decir, aquellas que fueron quedando libres no se han ocupado. “En realidad son muchas más, porque solo en Castilla-La Mancha, donde se ha eliminado por completo el programa de estancias temporales en residencias, podrían salir otras muchas plazas perdidas por esa vía”, explica el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), Alberto Echevarría. “Además, las horas que se prestan de ayuda a domicilio han caído en España una media del 40%.
Ambas cosas son un tiro en el empleo. Por cada dos plazas de residencia que nos quiten se va un trabajador a la calle y lo mismo por cada seis horas menos de ayuda a domicilio. Las pérdidas de empleo están siendo fuertes y automáticas. Se están cargando la ley, la están dejando a cero”, critica Echevarría.
En comunidades como Castilla-La Mancha, los profesionales han recibido instrucciones verbales de que se paralicen momentáneamente todos los expedientes en los que se concedía una ayuda económica para el cuidador familiar, incluyendo aquellas en las que la familia había dado ya su conformidad; solo se tramitarían servicios, aunque eso signifique colocar a la gente en una lista de espera. Por otra parte, los trabajadores sociales de base han filtrado correos electrónicos en los que se les recomienda priorizar la concesión de un servicio.
“La idea es correcta, es preciso priorizar los servicios, pues generan empleo; pero es perverso cortar las ayudas económicas cuando no hay servicios que prestar. Curiosamente, ahora es más rentable, porque un ciudadano puede quedar eternamente en una lista de espera para una plaza de residencia (incluso morir esperando) sin que se le tenga que abonar nada; sin embargo, si se le concede una ayuda económica, habrá que pagarle con retroactividad, y estos gastos están ahogando a las comunidades, que han perdido 283 millones en los Presupuestos Generales el Estado. Se están viendo obligadas a incumplir la ley”, explica Ramírez.
“Cargarse lentamente la ley es una medida canalla que solo perjudica a los más vulnerables”, añade.
El Gobierno ha paralizado la entrada al sistema de los dependientes leves para dedicar sus esfuerzos a los más graves, pero eso tampoco está ocurriendo: en los últimos cuatro meses, de diciembre a abril, se han perdido 15.877 dependientes graves y severos, lo que quiere decir que el saldo entre los que entran al sistema y los que mueren es negativo.
Los beneficiarios que mueren no se ven sustituidos por otros que precisan ayuda. Esto, que ya venía ocurriendo con los grandes dependientes, se ha extendido a los severos (el grado intermedio de gravedad). Así pues, el sistema crece ficticiamente, porque la mayoría de los que entran son dependientes leves, que no tienen derecho a prestación hasta 2014.
Sin necesidad de un decreto anticrisis, la ley está prácticamente muerta.
Si el sistema está parado no cabe atribuirlo a que ha alcanzado una velocidad de crucero, puesto que hay 275.000 personas esperando la ayuda a la que tienen derecho. Pero de marzo a abril solo se ha atendido a 507 personas más en toda España.
¿Por qué no entran los dependientes al sistema?
Los profesionales sospechan que el baremo con el que se mide si alguien tiene derecho a una ayuda se está aplicando de forma muy rigurosa.
“Prueba de ello es que también se ha incrementado el número de personas que, tras ser valoradas, no consiguen el derecho a una ayuda”, explica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Otra de las grandes reformas anunciadas por la ministra de Sanidad y Política Social, Ana Mato, es la de ir sustituyendo las excesivas ayudas económicas que se están dando para atender a los ancianos en casa por la prestación de un servicio: centros de día, residencias, ayuda a domicilio.
Tampoco parece ser el caso. De enero a abril se han recortado 1.757 plazas de residencia, es decir, aquellas que fueron quedando libres no se han ocupado. “En realidad son muchas más, porque solo en Castilla-La Mancha, donde se ha eliminado por completo el programa de estancias temporales en residencias, podrían salir otras muchas plazas perdidas por esa vía”, explica el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), Alberto Echevarría. “Además, las horas que se prestan de ayuda a domicilio han caído en España una media del 40%.
Ambas cosas son un tiro en el empleo. Por cada dos plazas de residencia que nos quiten se va un trabajador a la calle y lo mismo por cada seis horas menos de ayuda a domicilio. Las pérdidas de empleo están siendo fuertes y automáticas. Se están cargando la ley, la están dejando a cero”, critica Echevarría.
En comunidades como Castilla-La Mancha, los profesionales han recibido instrucciones verbales de que se paralicen momentáneamente todos los expedientes en los que se concedía una ayuda económica para el cuidador familiar, incluyendo aquellas en las que la familia había dado ya su conformidad; solo se tramitarían servicios, aunque eso signifique colocar a la gente en una lista de espera. Por otra parte, los trabajadores sociales de base han filtrado correos electrónicos en los que se les recomienda priorizar la concesión de un servicio.
“La idea es correcta, es preciso priorizar los servicios, pues generan empleo; pero es perverso cortar las ayudas económicas cuando no hay servicios que prestar. Curiosamente, ahora es más rentable, porque un ciudadano puede quedar eternamente en una lista de espera para una plaza de residencia (incluso morir esperando) sin que se le tenga que abonar nada; sin embargo, si se le concede una ayuda económica, habrá que pagarle con retroactividad, y estos gastos están ahogando a las comunidades, que han perdido 283 millones en los Presupuestos Generales el Estado. Se están viendo obligadas a incumplir la ley”, explica Ramírez.
“Cargarse lentamente la ley es una medida canalla que solo perjudica a los más vulnerables”, añade.
Fuente : elpais.com
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